¿Universidad pública para todos? Costes, demanda…

A mí me pasa muchas veces que no tengo claras las cosas. No todas, pero sí algunas. En ocasiones, además, no es simplemente una cuestión de desconocimiento. Realidades que conozco muy bien, como es la Universidad española o en general la organización de la educación superior, no siempre me permiten tener claro qué es lo mejor. Así, por ejemplo, cuando analicé en este blog la propuesta de reforma de la Universidad de los expertos de Wert, aun siendo consciente de que la propuesta era muy deficiente y que no iba a ir a ninguna parte (algo que parece ya confirmado), también dije, porque es verdad, que la tarea no es fácil y que si a mí me encargaran ponerme a proponer cómo reformar la Universidad española tendría muchas, muchas dudas sobre por dónde tirar en más de un asunto.

Pues bien, en este marco de recortes en el que estamos, una cuestión que me inquieta sin saber cómo convendría resolverla es qué hacemos con la Universidad pública en un contexto de crisis. ¿Hay que recortar grados y posgrados como masivamente pide casi todo el mundo? ¿Estamos sobredimensionados? ¿Debemos enseñar a menos gente pero hacerlo con más calidad? O, por el contrario, ¿deberíamos intentar asumir cuantos más estudiantes mejor y dar el servicio de educación pública a cuenta más gente mejor?

Los parámetros en que se enmarca el debate están, creo, claros para cualquier persona que preste un mínimo de atención:

Continúa leyendo ¿Universidad pública para todos? Costes, demanda……



Las becas de Wert y las ayudas a los señoritos del cortijo

Como es sabido, una de las últimas polémicas generadas por el actual Gobierno en materia de educación tiene que ver con las becas universitarias, que se pretenden reducir de modo importante y, además, vincular a la obtención de notas más elevadas que el mero aprobado. La propuesta ha generado un reacción muy dura por parte de toda la oposición (más la social que la política, que está dedicada a sus enésimos pactos de estado) y un posicionamiento también muy crítico por parte de la Conferencia de Rectores que considera, con razones de peso, que es un ataque a la idea de que la Universidad pública ha de estar abierta a todos, con independencia de su situación económica de partida. El rechazo a las medidas, más allá de lo que se pueda decir sobre el contenido de las mismas, se enmarca en una oposición de fondo de gran parte del sector educativo a muchas medidas de recorte respecto de la enseñanza pública que tienen un tufo muy evidente a voluntad de demolición paulatina de la misma para acabar convirtiéndola en un sistema de mínimos para inmigrantes, clase trabajadora y demás ciudadanos no privilegiados. Análisis que no es aberrante que se haga en términos de clase, a la hora de la verdad, porque las explicaciones que se están dando por parte de los defensores de la reforma, desde las que ofrece el propio Wert exponiendo más o menos que entre todos pagamos a unos haraganes que no se lo merecen, a las que nos aportan antiguos miembros de gobiernos del PP que van diciendo por ahí que a los becarios les pagamos todos un sueldo mensual de casi mil euros, pasando por exóticas afirmaciones como eso de que hay niñas que usan el dinero de la beca para ponerse tetas, dan verdadera vergüenza ajena y dibujan a un tipo de español muy de toda la vida, privilegiado e ignorante, que se siente amo del cortijo por la Gracia de Dios y del Caudillo y que tiene muy claro de qué va todo esto y cómo han de ser las cosas… y a ser posible que lo sigan siendo así siempre.

Lo más llamativo de toda este follón es que en medio del lío tenemos muy oscurecidas las verdaderas claves del debate, que deberían en torno a quién y cómo ha de pagar por la educación superior, si el Estado (esto es, entre todos) la hemos de subvencionar y, ya que estamos, qué es lo que pasa con los señoritos del cortijo. ¿Pagan ellos por su educación superior? ¿Se les pide rendimiento como a los becarios? ¿Por qué unos pueden ser subvencionados a partir de un 5 y otros necesitan un 6’5 para serlo? Así que tratemos de ir a lo fundamental, para ver si nos aclaramos un poco. Y lo hago también, como siempre en este blog, con la idea de recibir feedback y críticas, porque tampoco tengo certezas inamovibles en esto (bueno, de hecho, en casi nada) y sí muchas dudas. De modo que cualquier comentario o crítica que detecte fallas argumentales o incoherencias, o que simplemente me demuestre que lo que digo son majaderías será muy bien recibido.

Continúa leyendo Las becas de Wert y las ayudas a los señoritos del cortijo…



Moralidad, mayorías y Código penal

No soy un especialista en Derecho penal, pero creo sinceramente que deberíamos todos preocuparnos por la tendencia a incrementar penas e incluir más y más comportamientos en el Código penal que llevamos padeciendo desde hace años con el tragicómico estrambote, por el momento, de la reforma Gallardón. No se trata sólo de querer retroceder décadas en materia de aborto (una cuestión que, por muchas razones, debería estar fuera del Código penal), se trata de una dinámica más generalizada donde la disidencia, lo que ciertas mayorías desaprueba moralmente, comportamientos socialmente disruptivos para las clases hegemónicas pero en absoluto preocupantes para la sociedad… son incluidos Pacto por la Justicia tras pacto por la Justicia en el Código penal con la explícita voluntad de conformar la sociedad a imagen y semajanza de sólo parte de nosotros. O, lo que es peor, a imagen y semajanza de lo que algunos de nosotros quieren que seamos todos los demás (porque en muchas cosas, y eso en los temas de moral sexual se ve mejor que en ningún otro, luego ellos entienden que esas normas tan severas, por supuesto, a ellos no tienen por qué limitarles).

Lo peor de todo es que para ello se emplean instrumentos tan duros como, si es el caso, el Código penal. Es más, se trata de la herramienta preferida de muchos. Tenemos experiencia al respecto. Hasta la fecha, dado que la izquierda española se pactaba encima cada vez que el Partido Popular blandía una de estas ocurrencias (cuando no era el PP quien acudía presto a dar su apoyo a alguna iniciativa del estilo de un Gobierno del PSOE), al menos había una cosa que, para mayor oprobio de nuestra madurez como sociedad libre, salvaba mínimamente el tema: el amplio consenso social (o al menos, de partido) que apoyaban las reformas. Sin embargo, el Código Gallardón, con todo un listado de medidas que incrementan notablemente la represión penal, parece que va a aprobarse con la mera mayoría absoluta del PP. Es un grave error. Los Códigos penales, y esto conviene entenderlo bien, son el reverso de nuestros derechos y libertades, una especie de “negativo” de la Constitución. Por mucho que no se exija para su aprobación más que la mayoría absoluta que permite aprobar una Ley Orgánica, el actual Gobierno debería hacérselo mirar.

Mientras tanto, entre todos, deberíamos hacernos mirar la estupidez social generalizada en la que estamos embarcados en muchas cosas. Como, por ejemplo, en la edad para consentir tener relaciones sexuales. Que la ministra Ana Mato, movida por convicciones que ni siquiera esconde de pura moralidad católica que quiere imponer a los demás, pretenda usar el Código penal para privar a personas de 14 ó 15 años, por ejemplo, de su derecho a decidir libremente si quieren mantener relaciones sexuales es una barbaridad. Por muchísimos motivos. Por liberticida, en primer lugar. Por desconocer cómo es al realidad, en segundo lugar. Por paternalismo impresentable hacia personas que toman sus decisiones autónomas en muchísimos órdenes de la vida, también. Pero es que, además, la norma es tan absurda que generará situaciones inenarrables y absurdas sin cuento: una chica de 16 años que tenga relaciones sexuales (de cualquier tipo, además, ni siquiera hace falta penetración) con un chico de 15 años será una delincuente; un chico de 17 años que mantenga relaciones sexuales con su novia de 15, también; una persona de 18 años que se ligue en una discoteca una noche a otra de 15 y hagan lo propio, sin necesidad de saber siquiera la edad de cada uno, pues también. Son los problemas de dejar entrar la moral (y si encima es una moral retrógrada) en la regulación de estas cosas. Que al final tienes una regulación absurda, que no resuelve problemas sino que los crea.

Lo más patético de todo es que la oposición está calladita porque, al parecer, defender la libertad sexual de los menores de edad capaces de entender y comprender lo que desean y obrar a partir de eso con libertad es algo que está mal visto. Y volvemos a lo mismo. Esa moralina rancia que todo lo invade. También, cada vez más, el Código penal.



Blindar al Heredero

El tema de la imputación de la Infanta ha dado para muchos comentarios y análisis jurídicos que, la verdad, no me siento capaz de mejorar. Simplemente, como nota muy personal, creo importante apuntar que el nivel de diligencia, seriedad, respeto por los derechos fundamentales y por la presunción de inocencia (así como esa preocupación por no estigmatizarla gratuitamente) que juez e incluso en mayor medida fiscal han demostrado en este caso, lejos de parecerme mal, me encantan. Únicamente, eso sí, a ver si logramos que todos los ciudadanos españoles puedan tener a no mucho tardar ese mismo tratamiento, exquisito, que es el que merece toda persona sospechosa de haber cometido un delito y sobre la que se cierne la poderosa y siempre peligrosa maquinaria del Estado cuando pone en marcha su poder punitivo.

A mí la cuestión central no me parece aquí, en puridad, jurídica. Estamos ante un tema estructural y político, que más allá de pequeñas miserias y de dramas como el que tenemos, por capítulos, con Noos, apunta a lo que apunta: la toxicidad de una institución que, per se, como es la Monarquía, no puede sino contaminar todo lo que toca y todo lo que le rodea. Su mismo fundamento, asqueroso en sí mismo, propicia todo tipo de desmanes y desafueros. Cualquier Monarquía parte de la base de que unos son mejores que otros por simple razón de cuna. Una cuestión de pene o de vagina determina cargos públicos y una vida regalada a costa de otros ciudadanos. Además de ser esperpéntico y grotesco, más allá de consideraciones éticas, lo peor del asunto es que esto lleva a una sucesión de inevitables comportamientos que traen causa de esa diferencia y superioridad jurídica: cómo viven, a qué se dedican… La institución, además, para sobrevivir ha de tejer complicidades. Complicidades donde se hacen amigos, negocios y se riega todo con festejos pagados, directa o indirectamente, por todos. Es inevitable. No puede ser de otra manera. La diferencia es el grado de descaro y sinvergonzonería con que se haga. Desde el trabajo de las infantas en la Caixa o Mapfre, por el que cobran varios cientos de miles de euros al año al parecer, a los negocios de Urdangarin como mediador, figurín, o lo que fuera para medio disfrazar que la cosa consiste en pasar el platillo y acabando en las cosas que se hacen, supuestamente, y según cuentan los propios periodistas aúlicos de Su Majestad, al margen de la legalidad (comisiones y demás) que a diferencia de lo de Urdangarin se beneficia, justamente, de que nadie ha pretendido nunca (hasta últimamente) que eso fuera algo respetable y legítimo. Es decir, que la institución es tóxica y todo lo que ocurre no es sino lo que no puede dejar de ocurrir. Ya lo vivimos en España con Isabel II y luego con Alfonso XIII. Una degradación consumada a base de negocietes y demás toxicidades con el inevitable chalaneo y la complicidad de ciertas elites políticas y económicas que diciendo que buscan estabilidad y preservarnos a todos lo que hacen, claro, es poner el cazo para ver si se quedan con alguna migaja. En esta tesitura, como ya he dicho otras veces, la solución no es imputar o no imputar sino ir a la raíz del mal: Entre Hendaya y Cartagena, Su Majestad escoja (como Urdangarin y familia parece que se van a Qatar, a ver si cunde el ejemplo y en unos años no queda Borbón en territorio español).

En este contexto, resulta divertido comprobar cuáles están siendo las maniobras para tratar de salvar la imagen pública de una institución que, a pesar de sus intentos, no ha logrado esta vez vender la cabra a la población de que la culpa era de una oveja negra que se había aprovechado de una pobre Infanta. Como todo el mundo se ha hecho mayor la marea está llegando a Palacio y ante eso, PP y PSOE han decidido salir al rescate con una serie de propuestas e iniciativas que ya veremos en qué acaban pero que son significativas del entuerto en que está la Monarquía española. Porque la ecuación es sencilla: cualquier mejora real en términos democráticos del estatuto jurídico privilegiado que tienen lleva a que esta gente acabe teniendo que salir por piernas del país, mientras que cualquier maniobra Real de protección necesita, a la hora de la verdad, incrementar el estatuto jurídico privilegiado excepcional de esta gente Veamos algunos ejemplos:

Continúa leyendo Blindar al Heredero…



Participación política y límites al modelo de democracia representativa español

En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.

La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de “Crisis, recorte de derechos y Estado democrático” por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.

Continúa leyendo Participación política y límites al modelo de democracia representativa español…



Fiestas populares, Fallas y estado de excepción jurídico

Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón… O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).

Continúa leyendo Fiestas populares, Fallas y estado de excepción jurídico…



2012 y el festival de recortes contra la igualdad entre instalados y recién llegados

Ha comenzado 2012 y con él la catarata de recortes que, a la vista de cómo está el panorama (y con independencia de cuáles sean las razones por las que éstos se nos vienen encima), tiene pinta de ser sólo el comienzo. Como los lectores de este blog saben, nunca he sido entusiasta de la economía ladrillil-burbujística que fue monocultivo especializado en los años ye-ye y manifesté un enorme escepticismo respecto de la realidad latente en la aparente bonanza de esos años. Lo cual no quita para que, a efectos de recortar y de “redimensionar” el sector público, ahora que está todo el mundo entusiasmado con esa cantinela, signo de los tiempos, y parece que aceptamos todos como corderitos que nos vayan dando tijeretazos al Estado del Bienestar que nunca acabamos de construir en España, esté también lejos de adherirme al coro de incondicionales del sentir actual de los tiempos. No me parece que nos podamos permitir prescindir de demasiado sector público (al menos, no precisamente del que más gasto genera), con lo que habrá que pensar si unos servicios dignos, europeos, están dentro de nuestras posibilidades. Como sinceramente me da la sensación de que sí, intuyo que el problema es más bien otro: conseguir que todos tengamos claro que una cosa es que estén dentro de lo posible en un entorno rico como, más o menos, es un país como España por eso de estar en el seno de Europa y formar parte del mundo occidental avanzado y otra cosa, bien distinta, que para tenerlos hay que pagarlos. Y, a ser posible, pagar según la capacidad económica.

En todo caso, y como es obvio, el tema es complejo y tiene mucha tela que cortar. No quería hoy hablar de eso sino de algo más sencillo, más relacionado con los recortes concretos que se han aprobado e indirectamente conectado con un tema jurídico de primer nivel y de gran actualidad: la idea de igualdad y cómo la acción pública la moldea. En este sentido me ha llamado mucho la atención una serie de medidas que, englobadas todas ellas, responden a una misma idea, que no por española y tradicional deja de ser, a mi juicio, a la vez reveladora, curiosa y preocupante. Repasemos algunas de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno o que promete adoptar el  el futuro (siguiendo la senda de lo que el anterior Ejecutivo ya hizo):

– Paralizar cualquier iniciativa en materia de empleo público (que si ya estaba anémico desde hace dos años ahora entra en coma) mientras, sin embargo, la promoción interna entre los que ya están dentro sigue activada a todos los niveles.

– Congelar el salario mínimo, en un marco de recortes y congelaciones generalizadas, pero del que se escapan, eso sí, las pensiones, que se revalorizan (poco, pero algo).

– Eliminar las ayudas al alquiler, pero sólo para los nuevos solicitantes (las ayudas ya concedidas siguen).

– Dejar de reconocer subvenciones por dependencia de grado medio aunque las personas que ya las tengan reconocidas seguirán disfrutando de ellas.

– Anunciar una inminente reforma laboral (recordemos en este punto que las últimas que se han producido lo han sido siempre en la misma línea, que garantizaba los derechos adquiridos de los ya contratados y reducía sensiblemente los mismos para aquellos que van a ser contratados en el futuro como medida de “incentivo para la contratación”).

Si analizamos mínimamente estas medidas, todas ellas tienen un elemento en común que casi nadie destaca y que entronca con una tradición muy española a la hora de redistribuir esfuerzos y sacrificios: dejar indemne al que “ya ha pillado” y cargar con toda la carga a los que todavía no están instalados. Ya sea en materia de pensiones (garantizadas e incrementadas incluso en los tramos más altos de renta) frente a la situación de los ciudadanos activos, ya sea en materia de contrato de trabajo (con unas nuevas generaciones que no van a disfrutar un contrato estable y con derechos en su vida mientras los ya instalados están blindados por tierra, mar y aire), ya sea incluso en la concesión de subvenciones (donde convivirán ciudadanos en una misma situación pero unos tendrán derecho legal a percibir ayudas mientras otros no simplemente porque llegan después), se trata de una tónica repetida. Y muy negativa desde todos los puntos de vista. Desde la lógica de reparto del esfuerzo (tiene mucho más sentido quitar un poquito a todos que dejar sin nada a unos para que otros continúen disfrutando de todo) pero, sobre todo, y también, desde una perspectiva de lo público y de pedagogía social. Viene a decir que a los españoles, tanto individualmente como colectivo, que lo que tenemos que hacer es blindar nuestras posiciones, llegar como sea a consolidar ciertas posiciones y derechos y, después, permitir que sean los no instalados, los no colocados, los que están por llegar, los que arreen. No tiene, la verdad, mucho sentido.

Lo más grave de todo el asunto es que esta peculiar visión de la igualdad “a la española”, tan anclada en nuestro ADN, ni siquiera genera comentario algunos ya. Lo tenemos asumido. Y todos sabemos que lo que hay que hacer es “moverse” para quedar “dentro” de los agraciados. Es un país peculiar éste, donde la igualdad se tiene en cuenta dentro de grupos colectivos, pero atendiendo a factores como el temporal, el momento de llegada, sin que a nadie le parezca anómalo. Ocurre que, a este paso, los colectivos que por edad y posición pueden blindarse (y de hecho se blindan) se acabarán llevando un susto. Cuando los jóvenes productivos y formados se larguen al extranjero uno tras otro; cuando a base de mini-jobs, subempleo y sueldos donde el mileurismo ha pasado a ser una aspiración no haya manera de pagar pensiones blindadas y que tripliquen el salario de la masa trabajadora del momento; cuando las ayudas del pasado, consolidadas e irrenunciables, acaben drenando recursos esenciales porque no hay más cera ardiendo; cuando, en definitiva, un modelo basado en la desigualdad entre los asentados y los recién llegados se encuentre con que la masa de derechos, garantías, prestaciones y cantidad de destinatarios de los blindados es tan grande que no hay manera de que entre los pringados que queden se puedan hacer cargo. Y entonces, por supuesto, será tarde.



No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,597 segundos
En La Red desde septiembre de 2006