Corrupci贸n y reformas en la Administraci贸n p煤blica espa帽ola

Ayer publicaba una columna en El Pa铆s (edici贸n Comunidad Valenciana) donde explicaba por qu茅, a mi juicio, la corrupci贸n en Espa帽a no debe combatirse s贸lo con jueces y empleando el C贸digo penal. Es un argumento que ya he empleado aqu铆 muchas veces, y que se basa en la evidencia de que el C贸digo penal no es muy eficaz para resolver problemas sociales, especialmente si est谩n muy extendidos (ni llega a todos los que cometen delitos, ni es particularmente justo atribuyendo responsabilidades ni, sobre todo, puede hacer nada respecto de la cantidad de comportamientos chungos que, sin embargo, no son delito) y si, adem谩s, vivimos en un pa铆s donde la corrupci贸n de menudeo, peque帽ita, de baja intensidad, pero constante, es la regla. Y lamentablemente, entre desgobierno y astillas, como ha denunciado siempre certeramente Alejandro Nieto, se mueve este pa铆s. Toca asumirlo y empezar a asumir c贸mo afrontar el problema de una corrupci贸n bastante sist茅mica y estructural:

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Adjudicando licencias de televisi贸n a la espa帽ola (el TS anula el reparto de TDT de Valencia)

En Sentencia de 18 de julio de 2012 (que puede consultarse 铆ntegramente aqu铆) de la que ha sido ponente Vicente Conde Mart铆n de Hijas,聽recientemente publicada y notificada a las partes, el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso que una empresa que se qued贸 fuera del reparto de licencias de TDT local que realiz贸 en 2006 la Generalitat Valenciana plante贸 contra ese proceso de adjudicaci贸n. En su resoluci贸n, el Tribunal da la raz贸n, finalmente, a los recurrentes y anula la mayor parte de las licencias de televisi贸n local de la Comunidad Valenciana como consecuencia de un defecto de forma (pero particularmente grave) en la valoraci贸n de las ofertas, al haberse delegado la misma en una empresa de asesor铆a externa a la Administraci贸n.

La decisi贸n es extraordinariamente importante y da pie a comentar muchas cuestiones. No es, sin embargo, demasiado sorprendente. No tanto porque el Tribunal Supremo (o, en general, nuestra jurisdicci贸n contencioso-administrativa) est茅 controlando con rigor los excesos de nuestras Administraciones P煤blicas a la hora de adjudicar con criterios m谩s que cuestionables y de dudoso amparo legal las licencias de televisi贸n a empresas privadas (pues no est谩 siendo el caso) sino porque este cualificado defecto en la tramitaci贸n del procedimiento ya hab铆a sido entendido como causa de nulidad del mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un caso sustancialmente id茅ntico al ahora fallado, doctrina que fue expresamente avalada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de junio de 2012 (ponente Pablo Mar铆a Lucas Murillo de la Cueva).

En cualquier caso, previsible o no, la ocasi贸n nos obliga a referirnos a una serie de cuestiones: recordar c贸mo se han estado adjudicando por nuestras Administraciones P煤blicas estas licencias, analizar los argumentos que han permitido por lo general a los distintos tribunales que han resuelto los numerosos recursos que han generado estos concursos mirar para otro lado y, en 煤ltima instancia, dar algo de luz sobre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y sus implicaciones presentes y futuras. Vamos a ello:

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Corrupci贸n en la Espa帽a del siglo XXI

Hemos cerrado un curso en que la corrupci贸n ha acaparado el humor social y la actividad. No es casualidad, como a nadie se le escapa, que esta omnipresencia vaya de la mano de una pavorosa crisis econ贸mica que se prolonga ya cuatro a帽os y de la que no se avizora todav铆a el final. Suele ocurrir. Por ejemplo, la fase que vivi贸 Espa帽a entre 1992 y 1995, tambi茅n recesiva y plagada de esc谩ndalos, repite m谩s o menos el patr贸n que estamos viviendo ahora. No se trata de que en ciertos momentos haya puntas de corrupci贸n.聽 Resulta obvio, en cambio, que lo que tenemos son puntas de preocupaci贸n ciudadana.

Es bueno que los ciudadanos, aunque sea peri贸dicamente, nos ocupemos de la corrupci贸n. Lo malo, m谩s bien, es lo contrario: esas 茅pocas de bonanza o de enga帽osas vacas gordas en las que parece casi como de mal gusto se帽alar ciertas pr谩cticas y se generaliza, incluso, la percepci贸n social de que 茅stas no s贸lo es que sean inevitables sino que pueden, llegado el caso, hasta a ser consideradas como beneficiosas, como el inevitable y deseable “engrase” que hace que la actividad econ贸mica vaya a m谩s y mejor. Las 茅pocas en que las cosas van mal permiten, en cambio, elevar el list贸n de exigencia. Aquellas en las que las cosas se ponen feas de verdad, quiz谩s como los meses que nos pueden tocar vivir el a帽o que viene, llegan a servir incluso, en ocasiones, para erradicar poco a poco las pr谩cticas socialmente m谩s destructivas. Todo es cuesti贸n de que se hagan socialmente insoportables. Para lo cual, desgraciadamente, suele requerirse que andemos verdaderamente jodidos.

Junto a ese incremento del umbral ciudadano de exigencia derivado de que los tiempos no est茅n para bromas hay un elemento adicional que resulta imprescindible para poder combatir eficazmente la corrupci贸n: identificar bien c贸mo, cu谩ndo y en qu茅 formas se produce, tratar de analizar sus causas y valorar con mesura sus implicaciones, as铆 como el motivo de que el sistema social la haya tolerado o incluso incentivado en condiciones de normalidad. La aproximaci贸n, propia de tiempos de depresi贸n colectiva como los que vivimos, catastrofista, generalizadora y exagerada del tous pourris! no conduce a ninguna parte, salvo a la inacci贸n. Es, adem谩s, injusta y supone un ejercicio simplificador que conduce a plantear soluciones radicales, sencillas y habitualmente traducidas en medidas de tipo penal condenadas a la m谩s absoluta ineficacia.

A modo de s铆ntesis de lo que ha sido el curso pol铆tico, econ贸mico y universitario 2010-2011 voy a tratar de bosquejar un mapa de actuaci贸n que permitir铆a declinar medidas concretas de reforma para actuar sobre los diferentes focos de corrupci贸n propios de la Espa帽a de nuestros d铆as. Quiz谩s el esfuerzo sea bald铆o, quiz谩s peque de ingenuo o de poco informado sobre lo que se cuece en esos mundos, pero creo que vale la pena tratar de empezar aproximaciones de este estilo:

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Bruselas certifica que las normas urban铆sticas valencianas se ajustan al Derecho de la Uni贸n

El d铆a de hoy ha alumbrado una sentencia importante para el urbanismo espa帽ol y, en concreto, para el modelo de gesti贸n indirecta que incorpora en muchas Comunidades Aut贸nomas que siguieron la estela de la LRAU (Llei Reguladora de la Activitat Urban铆stica) de 1994, un norma muy innovadora aprobada por las Cortes Valencianas en un momento en que todav铆a mandaba el PSOE. A partir de la creciente presi贸n que desde la Uni贸n Europea se fue generando sobre la manera en que los estados miembros ordenaban los contratos p煤blicos, que tiene su punto 谩lgido con la Sentencia Scala de Mil谩n, que tocaba de lleno actuaciones de transformaci贸n urban铆stica, se gener贸 un movimiento maximalista que pretendi贸 aspirar a modificar las normas valencianas (y otras de semejante cariz) no tanto porque se consideraran mejores o peores sino, sencillamente, por la supuesta incompatibilidad de las mismas con el Derecho de la Uni贸n. La decisi贸n de hoy del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea supone, de alg煤n modo, un paso atr谩s en ese camino que se hab铆a andado hasta la fecha.

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El Cronista, n潞 9

Desde hace unas semanas est谩 ya en la calle el n潞 9 de la revista El Cronista del Estado Social y Democr谩tico de Derecho, cuyo listado de 100 libros jur铆dicos de 2009 ya hemos tenido ocasi贸n de rese帽ar. Como intento hacer con todos los ejemplares de la revista enlaco al 铆ndice de este n煤mero, as铆 como el formulario de suscripci贸n para quien pudiera estar interesado en los contenidos de la revista antes de pasar a revisar someramente los diferentes art铆culos de este primer n煤mero de 2010.

Tony Ward escribe sobre si “驴Es en alg煤n caso admisible la tortura?”, cerrando, de alguna manera, la serie sobre estas cuestiones (Guant谩namo, la tortura en la guerra contra el terror y los l铆mites que impone el Estado de Derecho) que se inici贸 con los trabajos de Scheuerman y Fiss en los n煤meros 7 y 8. Es un asunto b谩sico, tratado tambi茅n en este blog, sobre el que Ward hace una reflexi贸n can贸nica y muy informada. Especialmente interesante es su an谩lisis de la ineficacia de la tortura incluso en situaciones de ticking bomb (as铆, por ejemplo, relata algunos casos de la guerra de Argelia). Aunque, como 茅l mismo se帽ala, tampoco una supuesta eficacia justificar铆a su empleo.

Jorge de Esteban, en “La gran paradoja de nuestra Constituci贸n” celebra el pr贸ximo bicentenario de la primera Constituci贸n espa帽ola (no otorgada) y nos escribe sobre los problemas de nuestro actal texto constitucional, a su juicio aquejado de una excesiva rigidez que, imposibilitanto (o dificultando mucho) reformas constitucionales de acuerdo al procedimiento previsto, provoca mutaciones e incita a cambios por la puerta de atr谩s. De nuevo, la cuesti贸n en torno a los problemas generados por el T铆tulo VIII, su car谩cter abierto y la evoluci贸n del mismo a partir de reformas estatutarias (y muy especialmente la catalana) es objeto de cr铆ticas. La posici贸n de quien esto escribe, como he tratado de explicar aqu铆, no es que sea entusiasta respecto a c贸mo se ha llevado el proceso, pero tampoco creo que los problemas sean jur铆dicamente tantos ni, por supuesto, respondan s贸lo a excesos por parte de los nacionlismos perif茅ricos. La reflexi贸n de Jorge de Esteban, en cualquier caso, no s贸lo es interesante, sino argumentada. Obliga a repensar muchas cosas.

Luis Ignacio S谩nchez Rodr铆guez, en su art铆culo “Piratas contemp贸raneos y abogados tradicionales” explica algunas de las claves jur铆dicas que enmarcan el rebrote de la pirater铆a. Para cualquier lego en Derecho internacional del Mar (como es mi caso) se trata de un an谩lisis informativo y luminoso, que deja bien claro c贸mo esta cuesti贸n tiene mucho recorrido (y viene teni茅ndolo desde hace a帽os) m谩s all谩 del Alakrana. Y que apunta tambi茅n, con lucidez, los problemas jur铆dicos que pueden plantear algunas soluciones simplistas y testoster贸nicas (como el empleo de fuerza desproporcionada o el embarque en cualquier buque de capital espa帽ol de infantes de marina) propuestas.

Miguel 脕ngel Presno Linera hace una “Cr贸nica del Tribunal Constitucional italiano” que permite trazar la evoluci贸n jur铆dica no s贸lo del 贸rgano en cuesti贸n (en tiempos donde analizar c贸mo han variado hist贸ricamente las pautas de actuaci贸n de estos tribunales en pa铆ses de nuestro entorno tiene una especial importancia, pues ayuda a entender qu茅 est谩 pasando con nuestro propio Tribunal Constitucional) sino tambi茅n de todo el pa铆s. Pues la historia de la justicia constitucional es, de alguna manera, la de la evoluci贸n de la propia democracia y Estado de derecho transalpino desde el fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros d铆as.

“La guerra de Afganist谩n”, por su parte, tambi茅n es analizada en t茅rminos jur铆dicos. Eduardo Melero Alonso, con rigor y contundencia, demuestra las enormes fallas que, desde el punto de vista del Derecho, tiene la actuaci贸n de nuestras Fuerzas Armadas en Afganist谩n, en el marco de una operaci贸n de la OTAN con un dudoso aval de Naciones Unidas que, adem谩s, no ha acabado de adecuarse enteramente al marco jur铆dico interno. No se trata ya s贸lo de las dudas que pueda generar qu茅 hacemos, y si tienen alg煤n sentido, en Afganist谩n. Se trata de que, adem谩s, es muy dudoso que la operaci贸n sea legal, tanto en el plano internacional como para el Derecho espa帽ol, tal y como est谩 planteada.

Fernando Reviriego Pic贸n, en su trabajo “Violencia de g茅nero y mujeres con discapacidad” aporta luz sobre una parte, normalmente olvidada, de la violencia contra mujeres, cuando 茅stas est谩n en una situaci贸n de evidente inferioridad. Un supuesto en el que las medidad protectoras de la ley de violencia de g茅nero tienen todo el sentido.

En relaci贸n a otro problema que afecta especialmente a las mujeres, Rafael Navarro-Valls da r茅plica en su trabajo sonbre la “Inconstitucionalidad de la Ley del Aborto” al estudio publicado por Patricia Laurenzo en el n潞 7 de esta revista, donde se expon铆a y defend铆a la constitucionalidad del actual proyecto de reforma de la respuesta penal en materia de aborto. Es una cuesti贸n sobre la que, modestamente, me he posicionado en t茅rminos sencillos: donde no hay consenso social suficiente no se puede castigar con c谩rcel. Navarro-Valls, desde otras posiciones, defiende argumentada, razonadamente y de forma interesante otra visi贸n. A su juicio, los problemas de indefinici贸n que abre la nueva propuesta generan inseguridad jur铆dica. Y, sobre todo, el hecho de que hasta las 14 semanas se d茅 una absoluta prioridad a la decisi贸n de la madre frente a la protecci贸n jur铆dica del nasciturus, supondr铆a una ponderaci贸n por parte del legislador del respectivo peso de los bienes jur铆dicos dignos de protecci贸n en juego que no se podr铆a integrar en la interpretaci贸n que el Tribunal Constitucional hizo en 1985, que obligar铆a, para que la protecci贸n del nasciturus decayera, la existencia de un factor adicional a la mera voluntad de la mujer para que 茅sta sea jur铆dicamente admisible. Se trata de una objeci贸n jur铆dica razonable y razonada. Aunque hay que tener en cuenta que el TC, en su STC 53/1985, se pronunci贸 sobre lo que se pronunci贸 (esto es, sobre la constitucionalidad de unos determinados supuestos), lo que genera un sesgo en su an谩lisis. Podr铆a dar la impresi贸n de que la Sentencia afirma que s贸lo esos supuestos pasan el test de constitucionalidad. Pero en realidad lo que ocurre es que la Sentencia s贸lo analiza esos, porque son los que en ese momento ha planteado el legislador. Habremos de esperar, pues, hasta que el Tribunal Constitucional, que muy probablemente tendr谩 ocasi贸n de hacerlo, se pronuncie sobre la reforma en curso, caso de que finalmente sea aprobada.

En relaci贸n a la crisis econ贸mica y a la manera en que nuestro Derecho est谩 reaccionando, es muy interesante el an谩lisis que sobre contrataci贸n p煤blica, su efecto en la lucha contra la crisis y en la consecuci贸n de mayor eficiencia econ贸mica, y especialmente sobre la articulaci贸n en Derecho del famoso Plan E puesto en marcha por el Gobierno de Espa帽a, Jos茅 Mar铆a Gimeno Felie explica las relaciones entre “Contrataci贸n p煤blica y crisis econ贸mica”. Es un resumen informado y muy interesante, donde afloran adem谩s algunas sombras de nuestro modelo (y del plan E), debido a que su instrumentaci贸n jur铆dica no ha facilitado excesivamente la libre competencia de ofertas, por cuestiones de publicidad, cuant铆a y plazos.

Adem谩s, Jos茅 Eugenio Soriano Garc铆a, en un art铆culo titulado “Juristas y economistas”, apuesta decididamente por el an谩lisis econ贸mico del Derecho y la liberalizaci贸n de nuestros mercados. A su juicio, la aportaci贸n de ambos gremios a las ciencias sociales es imprescindible y ha de ser tenida en cuenta rec铆procamente, lo que obliga al ordenamiento jur铆dico a abrir mercados y eliminar trabas. La propia din谩mica generada por las recientes normas transponiendo la Directiva de Servicios es saludada por el autor, en una reflexi贸n m谩s filos贸fico-pol铆tica que jur铆dica, apoyada en citas de Vargas Llosa o de Hayeck.

En una l铆nea tem谩tica semejante, Santiago Mu帽oz Machado cierra el n煤mero con una reflexi贸n sobre “Las regulaciones por silencio” donde, a su vez, analiza, en este caso en clave jur铆dica, hasta qu茅 punto las mencionadas normas han supuesto, o supondr谩n paulatinamente, una efectiva transformaci贸n de calado de nuestro ordenamiento jur铆dico y, m谩s en particular, de nuestro Derecho administrativo en cuestiones de regulaci贸n econ贸mica. Absolutamente convencido de que as铆 ser谩, Mu帽oz Machado esboza un primer intento de an谩lisis jur铆dico de las repercusiones estructurales de estos cambios. En la l铆nea de lo que, sin duda, ha de ser el an谩lisis m谩s fruct铆fero sobre esta cuesti贸n. Ha pasado ya el tiempo de dar cuenta de las novedades. Siguiendo la estela de trabajos como 茅ste, empieza a ser imprescindible pensar en c贸mo ha cambiado, profunda y estructuralmente, nuestro Derecho administrativo en un entorno donde, cada vez m谩s, la autorizaci贸n desaparece y deja a paso a actuaciones informativas del particular, a verificaciones por terceros o a un ampliado 谩mbito de actuaci贸n del silencio positivo. Ya es sabido que uno no es que sea un entusiasta de la instituci贸n, pero hay que asumir que es lo que tenemos (y, previsiblemente, cada vez m谩s). Por el contrario, como dej茅 escrito casi cuando me sal铆an los dientes de iusadministrativista, soy un decidido partidario de la sustituci贸n de al autorizaci贸n por las comunicaciones de los particulares all铆 donde, de facto, la autorizaci贸n no se lleva a cabo realizando una efectiva inspecci贸n (as铆 lo propuse respecto de las obras menores, en su d铆a).

Por 煤ltimo, y como ya se ha dicho, el n煤mero contiene una lista de 100 recomendaciones de lectura que los聽 que hacemos la revista consideramos que reflejan bien lo que ha sido 2009 a trav茅s de los libros sobre Derecho que se han publicado. Tienen aqu铆 el listado (aunque no todos los comentarios a los libros seleccionados).

Como siempre, espero que la revista tenga contenidos que puedan resultar de inter茅s. Y dentro de nada tenemos ya el n煤mero de febrero.

Sumario del n煤mero 9

Tony Ward 驴Es en alg煤n caso admisible la tortura?
Jorge de Esteban La gran paradoja de nuestra Constituci贸n
Luis Ignacio S谩nchez Rodr铆guez Piratas contempor谩neos y abogados tradicionales
Miguel 脕ngel Presno Linera Cr贸nica del Tribunal Constitucional italiano
Eduardo Melero Alonso La guerra de Afganist谩n
Fernando Reviriego Pic贸n Violencia de g茅nero y mujeres con discapacidad
Jos茅 Mar铆a Gimeno Feliu Contrataci贸n p煤blica y crisis econ贸mica
Jos茅 Eugenio Soriano Garc铆a Juristas y economistas
Rafael Navarro-Valls Inconstitucionalidad de la Ley del aborto
Santiago Mu帽oz Machado Las regulaciones por silencio
鈥淓l Cronista鈥 selecciona 100 libros de Derecho de 2009


Debate sobre el sentido de la investigaci贸n universitaria en Derecho p煤blico

Continuando con la serie de jornadas centradas en el an谩lisis de las Misiones de la Universidad para el siglo XXI que ya iniciamos el lunes pasado con un debate sobre Bolonia y los estudios de Derecho, ma帽ana jueves se celebrar谩 en la Facultad de Derecho de Valencia (Departamento de Derecho Administrativo) un debate-seminario m谩s espec铆fico, referido al sentido de la investigaci贸n que realizamos desde la Universidad en materias de Derecho p煤blico y, m谩s en concreto, si aporta alg煤n elemento valioso y que la diferencia de la que puedan realizar otros profesionales del Derecho desde otros lugares.El seminario contar谩 con la asistencia de varios j贸venes profesores de Derecho administrativo de diversas Universidades espa帽olas, que desarrollar谩n el tema a partir de su experiencia como investigadores, analizando si, en su opini贸n, el hecho de haber trabajado ciertos temas desde la Universidad ha podido aportar a su visi贸n de los mismos alg煤n valor a帽adido que los haga especialmente valiosos frente al an谩lisis de las relaciones sociales, de las normas y de los fen贸menos jur铆dicos que pueden producir otros operadores.

Por supuesto, al seminario est谩 invitado cualquier miembro de la comunidad universitaria que desee participar y enriquecrlo (as铆 como, por supuesto, est谩 tambi茅n abierto a cualquier persona interesada).

EL SENTIDO DE LA INVESTIGACI脫N UNIVERSITARIA EN DERECHO P脷BLICO

Lugar y fecha de celebraci贸n: Jueves, 19 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en la Sala 3P12 del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universitat de Val猫ncia.

Programa

10.00 horas. La labor del profesor de Derecho p煤blico
Prof. Dr. Antonio Fortes (U. Carlos III de Madrid) – La investigaci贸n en Derecho del profesor universitario: 驴obligaci贸n, devoci贸n o negocio?
Xavier Bernad铆 Gil (U. Pompeu Fabra)- Yo estar铆a -o muchos estar铆amos- en el paro. 驴A qui茅n le interesa lo que no da dinero?

12.00 horas. Derecho p煤blico y creaci贸n doctrinal
Maria Merc猫 Darnaculleta (U. Konstanz) – Aportaciones de los profesores universitarios al Derecho Administrativo global
Silvia D铆ez (U. Aut贸noma de Madrid) – La autovinculaci贸n de la Administraci贸n como ejemplo de construcci贸n doctrinal

16.30 horas. La aportaci贸n del an谩lisis acad茅mico a la regulaci贸n econ贸mica
Luis Arroyo Jim茅nez (U. Castilla La Mancha) – La investigaci贸n en el Derecho p煤blico y la regulaci贸n de la econom铆a
Juan Guti茅rrez Alonso (U. de Granada) – Calificaci贸n crediticia, los para铆sos fiscales y la supervisi贸n financiera

18.30 horas: Estudio desde la Universidad de cuestiones de aplicaci贸n p煤blica y privada del Derecho p煤blico espa帽ol
Luis Medina Alcoz (U. Complutense de Madrid) - El estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administraci贸n desde la Universidad
Eduardo Melero Alonso (U. Aut贸noma de Madrid) – El r茅gimen jur铆dico de las operaciones militares en el exterior, visto desde fuera del conflicto

Participaci贸n en la jornada:
La jornada est谩 destinada a un p煤blico acad茅mico y est谩 abierta a toda la comunidad universitaria. El sistema de ponencias y posterior debate permitir谩 un amplio intercambio de ideas y opiniones entre todos los asistentes. No es preciso registro de ning煤n tipo para poder asistir a las mismas.

Otras jornadas dentro del ciclo Misiones de la Universidad para el siglo XXI:

9-XI-2009. Bolonia y los estudios de Derecho. Misiones de la Universidad para el siglo XXI (I)
[M谩s informaci贸n]

26-XI-2009. El futuro de la Universidad de Valencia. Misiones de la Universidad para el siglo XXI (III)
[M谩s informaci贸n]

Organizaci贸n:
- Financiado por Generalitat Valenciana (Ajudes per a la organitzaci贸 de congressos, jornades i reunions de car脿cter cient铆fic, tecnol貌gic i human铆stic), por el Vicerrectorado de Investigaci贸n de la Universitat de Val猫ncia y por la Facultad de Derecho de Valencia.
- Coordinador de la organizaci贸n y actividades: Andr茅s Boix Palop



Varia

- Mientras Europa y sus tribunales van en una direcci贸n, en Espa帽a hay Audiencias Provinciales que van en la contraria. Contra el criterio del Fiscal, por cierto. La cuesti贸n, con todo, es interesante jur铆dicamente, en la medida en que, como es sabido, el Derecho penal tradicionalmente ha considerado que los nacionales han de someterse a sus reglas aunque est茅n en pa铆ses que no entiendan que ciertas conductas son delictivas. Es decir, que si aceptamos que un espa帽ol no puede consumir prostituci贸n infantil aunque lo haga en un pa铆s donde tal conducta sea legal y entendemos razonable que la ley penal espa帽ola le alcance dado que la conducta en Espa帽a s铆 se considera delito, 驴acaso no tendr铆amos que admitir jur铆dicamente que cualquier aborto practicado por un espa帽ol ha de cumplir con la legislaci贸n espa帽ola adem谩s de con la del lugar donde se realice para garantizar la inmunidad penal del m茅dico y de la mujer que consiente que le practiquen la intervenci贸n?
En el fondo, tras esta pregunta late, como casi siempre, la necesidad de que nuestro C贸digo penal deje de ser uno de los 煤nicos de Europa que castiga severamente (aunque sea m谩s una prohibici贸n formal que otra cosa, y 茅ste es otro motivo por el que urge el cambio) conductas sobre las que dista de haber consenso social respecto de su aceptabilidad. Porque 茅sa es la clave y de eso de lo que estamos hablando: de meter en la c谩rcel a quienes realizan una conducta sobre cuya admisibilidad dista de haber el consenso m铆nimo necesario para que una sociedad civilizada est茅 legitimada para castigarla.
Por este motivo es de agradecer que, al fin, el Gobierno haya iniciado la reforma de la ley espa帽ola en materia de aborto a partir de las recomendaciones de un comit茅 de expertos al que lejos de condenar viene bien recordar por su sensata y equilibrada labor. Y resulta c贸mico el esc谩ndalo relativo a alguna de sus previsiones, como es la posibilidad de que mujeres de 16 a帽os decidan por s铆 mismas sobre su cuerpo y una intervenci贸n quir煤rgica. 隆Qu茅 barbaridad! 驴Menores de edad decidiendo sobre si se someten a una operaci贸n sin consentimiento paterno? 驴D贸nde se ha visto una barbaridad semejante? Pues en Espa帽a, desde hace a帽os, y sin que la medida haya supuesto el m谩s m铆nimo esc谩ndalo, dado que, como es evidente, es de lo m谩s razonable. Por cierto, fue la mayor铆a partlamentaria del PP la que aprob贸 la ley 41/2002 de Autonom铆a del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Informaci贸n y Documentaci贸n Cl铆nica que permite con car谩cter general que los mayores de 16 a帽os se sometan a operaciones sin autorizaci贸n de los padres. Medida que, por lo dem谩s, se encuentra en la l贸gica de normas anteriores sobre derechos de los pacientes, aunque no estuviera explicitada.

- La verdad es que yo no s茅 si hay o no fundamento para que se investiguen los pagos que un juez recibe estando de sab谩tico a cambio de conferencias y dem谩s. O sin estar de sab谩tico. Pero convendr谩n conmigo, al menos, en dos cuestiones. La primera es que empieza a ser urgente que se revise la laxitud con la que las normas en materia de incompatibilidad de las que habl谩bamos hace poco se entienden y aplican, ya sea a diputados o jueces. Y la segunda es que est谩 feo, cuando menos, que si, pongamos por caso, el Banco de Vladivostok te ha pagado unos milloncejos de pesetas por dar clases, organizar jornadas o montar una capea bien regada con vinito, luego t煤, como juez, atiendas casos en que el mencionado Banco o sus responsables puedan estar implicados. Parece de sentido com煤n. En cualquier caso, y volviendo de nuevo a la corrupci贸n de baja intensidad, lo que es evidente es que no estamos ante un asunto que convenga solucionar en una sociedad democr谩tica madura a base de condenas penales simb贸licas y supuestamente ejemplarizantes respecto de conductas sorprendentemente generalizadas y socialmente aceptadas. Porque, como dice reiteradamente un alto cargo de la Generalitat Valenciana que contrataba a un amiguete, haci茅ndolo rico con una empresa cuya 煤nica actividad era pr谩cticamente la de servir esos contratos, lo m谩s probable es que, efectivamente, todo o casi todo sea jur铆dicamente regular. “Todo legal“. Ese es el problema, precisamente. Que sea todo legal y que socialmente se asuma como normal. Contra este estado de cosas no es bueno que reaccionen los jueces, que normalmente cazar谩n al m谩s burro, al que peor suerte ha tenido o, simplemente, al que pillan por delante. Quienes hemos de reaccionar somos los ciudadanos. Lamentablemente, no parece que en Espa帽a sea el caso, de momento, eso de exigir est谩ndares 茅ticos demasiado elevados a los dem谩s, a la hora de la verdad. No sea que haya mala suerte, claro, y luego me toque cumplirlos a m铆 tambi茅n.

- Ya est谩 publicada la Sentencia completa sobre la supuesta posibilidad de objetar a la asignatura de educaci贸n para la ciudadan铆a. Con bastante sentido com煤n, el Tribunal Supremo se esfuerza en explicar que el hecho de no compartir ciertos contenidos de normas jur铆dicas perfectamente constitucionales, incluso cuando la oposici贸n a las mismas viene dada por motivos ideol贸gicos o de conciencia, no es base suficiente como para pretender conculcado tales derechos caso de que no se pueda objetar. Algo, como dijimos en su d铆a, perfectamente razonable y previsible. Llama la atenci贸n que la cosa haya llegado a tanto.

- Y una sentencia sobre la que quer铆a haber comentado algo hace unos d铆as pero respecto de la que no dije, a la postre, nada, pero que es interesante en torno a las relaciones entre intimidad y actividad period铆stica. La cuesti贸n aqu铆 es que, igual que est谩 feo que la polic铆a “provoque” para que uno delinca y luego le detenga, tambi茅n lo est谩 que un periodista “provoque” determinada conducta y a continuaci贸n la grabe con c谩mara oculta. Eso no es ejercer derecho alguno a informar sobre cuestiones veraces sino una intromisi贸n ileg铆tima en la intimidad de las personas. (Actualizaci贸n: art铆culo de Marc Carrillo sobre esta misma cuesti贸n).

- La reforma de la ley electoral parece que est谩 en marcha. No he encontrado el informe del Consejo de Estado en cuesti贸n en su web, de modo que todo lo que se pueda comentar ha de ser con la necesaria prudencia, dado que a lo mejor el informe contiene elementos que no han sido reflejados por la informaci贸n de la SER. Ahora bien, parece que no se afronta el an谩lisis de la constitucionalidad o de las posibilidades de una reforma que trate de suplir algunos de los d茅ficits de representatividad que hemos comentado en otras ocasiones. Dicho lo cual, las l铆neas del informe que han trascendido parecen sensatas: tratar de dar derecho de voto a residentes en Espa帽a con un m铆nimo de arraigo es una medida democratizadora e integradora que ha de ser alabada (y vincularlo a la reciprocidad parece constitucionalmente necesario aunque ser铆a mejor, probablemente, poder prescindir de la exigencia); cuestionar la necesidad de que voten los no residentes que lleven mucho tiempo instalados en otro pa铆s y voten en 茅l tiene bastante sentido; y, por 煤ltimo, plantear objeciones a la extravagante (y posiblemente ajena a la l贸gica constitucional, que tan dolorosamente ser铆a desatendida para esta reforma mientras se esgrime de valladar infranqueable para otras) pretensi贸n de crear una circunscripci贸n para votos en el extranjero es de agradecer.
Actualizaci贸n: Aqu铆 est谩 el informe, v铆a El Derecho y el rev茅s.



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