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Creo que (desgraciadamente) toca seguir hablando de los diversos procedimientos que tiene abiertos Baltasar Garzón a la vista de los comentarios al anterior y primer intento de aproximación al follón y de que los acontecimientos se suceden. Lo haré, de nuevo, sin meterme en analizar los procedimientos judiciales en cursos porque, sencillamente, es una temeridad y una irresponsabilidad hacerlo. En este caso y en todos. O se tiene la información al completo (por ejemplo, por haber asistido a la vista) o me da la sensación de que es muy aventurado hablar simplemente a partir de las informaciones de prensa. En cualquier asunto. Pero más todavía en estos que son objeto de batalla mediática.
No obstante lo cual, sí se pueden comentar algunas cosas que tienen importancia, creo, a la luz del tipo de debate público en que nos movemos. Se trata de cuestiones que tienen que ver con «lo» de Garzón pero que, además, son extensibles a otros muchos temas y que sí ponen de reflejo algunos de los problemas de la Justicia española. Los trato a continuación con mucha brevedad, y siempre sin profundizar demasiado en el caso concreto, dado que creo que respecto de los juicios en proceso mejor ser prudente. Son todas, ellas, además, ideas muy básicas.
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En este blog, aun tratando temas de actualidad jurídica, aun ocupándose del Derecho público, aun prestando como presta gran atención a los problemas relativos a las garantías, no hemos hablado nada de los distintos procesos a Baltasar Garzón (sí hemos comentando en ocasiones algunas de sus actuaciones, normalmente de forma crítica, como por ejemplo las escuchas que dieron lugar al actual proceso, pero eso son cosas diferentes). Las razones son variadas, pero se pueden resumir en una: no me gustan las cacerías, ni las persecuciones, ni los shows… y tampoco tengo claro que valga la pena demasiado escribir en un contexto así (a la vista está, dada la cantidad de porquería que, sobre este tema, estamos pudiendo leer). Tampoco me gusta, además, escribir sobre procesos penales en curso. Por muchas razones (ausencia de toda la información, por ejemplo), pero también por una esencial: los procesos penales me parecen realidades tristes y dolorosas, no me gustan las condenas y que ciertos problemas sociales deban resolverse a golpe de meter a alguien en la cárcel, inhabilitarle o someterle a un proceso de estigmatización brutal (que es lo que suele suponer una condena penal). Lo cual no quita, sin embargo, para que sea perfectamente consciente de la importancia del proceso que se ha seguido en el Tribunal Supremo. Porque no me gustan las cacerías ni la manera de aplicar el Derecho que no atiende a las libertades y garantías. Cuando dan la sensación de que son contra Garzón… pero también cuando quien las ha practicado ha sido Garzón o alguno de sus seguidores e imitadores (que son legión), preferentemente desde la Audiencia Nacional.
Así que, y aunque sea brevemente y abusando de exposiciones ajenas, vamos a entrar en faena, de forma sintética, tratando de que quede claro, en la medida de lo posible, en qué coordenadas se mueve este tema.
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Ha comenzado 2012 y con él la catarata de recortes que, a la vista de cómo está el panorama (y con independencia de cuáles sean las razones por las que éstos se nos vienen encima), tiene pinta de ser sólo el comienzo. Como los lectores de este blog saben, nunca he sido entusiasta de la economía ladrillil-burbujística que fue monocultivo especializado en los años ye-ye y manifesté un enorme escepticismo respecto de la realidad latente en la aparente bonanza de esos años. Lo cual no quita para que, a efectos de recortar y de «redimensionar» el sector público, ahora que está todo el mundo entusiasmado con esa cantinela, signo de los tiempos, y parece que aceptamos todos como corderitos que nos vayan dando tijeretazos al Estado del Bienestar que nunca acabamos de construir en España, esté también lejos de adherirme al coro de incondicionales del sentir actual de los tiempos. No me parece que nos podamos permitir prescindir de demasiado sector público (al menos, no precisamente del que más gasto genera), con lo que habrá que pensar si unos servicios dignos, europeos, están dentro de nuestras posibilidades. Como sinceramente me da la sensación de que sí, intuyo que el problema es más bien otro: conseguir que todos tengamos claro que una cosa es que estén dentro de lo posible en un entorno rico como, más o menos, es un país como España por eso de estar en el seno de Europa y formar parte del mundo occidental avanzado y otra cosa, bien distinta, que para tenerlos hay que pagarlos. Y, a ser posible, pagar según la capacidad económica.
En todo caso, y como es obvio, el tema es complejo y tiene mucha tela que cortar. No quería hoy hablar de eso sino de algo más sencillo, más relacionado con los recortes concretos que se han aprobado e indirectamente conectado con un tema jurídico de primer nivel y de gran actualidad: la idea de igualdad y cómo la acción pública la moldea. En este sentido me ha llamado mucho la atención una serie de medidas que, englobadas todas ellas, responden a una misma idea, que no por española y tradicional deja de ser, a mi juicio, a la vez reveladora, curiosa y preocupante. Repasemos algunas de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno o que promete adoptar el el futuro (siguiendo la senda de lo que el anterior Ejecutivo ya hizo):
– Paralizar cualquier iniciativa en materia de empleo público (que si ya estaba anémico desde hace dos años ahora entra en coma) mientras, sin embargo, la promoción interna entre los que ya están dentro sigue activada a todos los niveles.
– Congelar el salario mínimo, en un marco de recortes y congelaciones generalizadas, pero del que se escapan, eso sí, las pensiones, que se revalorizan (poco, pero algo).
– Eliminar las ayudas al alquiler, pero sólo para los nuevos solicitantes (las ayudas ya concedidas siguen).
– Dejar de reconocer subvenciones por dependencia de grado medio aunque las personas que ya las tengan reconocidas seguirán disfrutando de ellas.
– Anunciar una inminente reforma laboral (recordemos en este punto que las últimas que se han producido lo han sido siempre en la misma línea, que garantizaba los derechos adquiridos de los ya contratados y reducía sensiblemente los mismos para aquellos que van a ser contratados en el futuro como medida de «incentivo para la contratación»).
Si analizamos mínimamente estas medidas, todas ellas tienen un elemento en común que casi nadie destaca y que entronca con una tradición muy española a la hora de redistribuir esfuerzos y sacrificios: dejar indemne al que «ya ha pillado» y cargar con toda la carga a los que todavía no están instalados. Ya sea en materia de pensiones (garantizadas e incrementadas incluso en los tramos más altos de renta) frente a la situación de los ciudadanos activos, ya sea en materia de contrato de trabajo (con unas nuevas generaciones que no van a disfrutar un contrato estable y con derechos en su vida mientras los ya instalados están blindados por tierra, mar y aire), ya sea incluso en la concesión de subvenciones (donde convivirán ciudadanos en una misma situación pero unos tendrán derecho legal a percibir ayudas mientras otros no simplemente porque llegan después), se trata de una tónica repetida. Y muy negativa desde todos los puntos de vista. Desde la lógica de reparto del esfuerzo (tiene mucho más sentido quitar un poquito a todos que dejar sin nada a unos para que otros continúen disfrutando de todo) pero, sobre todo, y también, desde una perspectiva de lo público y de pedagogía social. Viene a decir que a los españoles, tanto individualmente como colectivo, que lo que tenemos que hacer es blindar nuestras posiciones, llegar como sea a consolidar ciertas posiciones y derechos y, después, permitir que sean los no instalados, los no colocados, los que están por llegar, los que arreen. No tiene, la verdad, mucho sentido.
Lo más grave de todo el asunto es que esta peculiar visión de la igualdad «a la española», tan anclada en nuestro ADN, ni siquiera genera comentario algunos ya. Lo tenemos asumido. Y todos sabemos que lo que hay que hacer es «moverse» para quedar «dentro» de los agraciados. Es un país peculiar éste, donde la igualdad se tiene en cuenta dentro de grupos colectivos, pero atendiendo a factores como el temporal, el momento de llegada, sin que a nadie le parezca anómalo. Ocurre que, a este paso, los colectivos que por edad y posición pueden blindarse (y de hecho se blindan) se acabarán llevando un susto. Cuando los jóvenes productivos y formados se larguen al extranjero uno tras otro; cuando a base de mini-jobs, subempleo y sueldos donde el mileurismo ha pasado a ser una aspiración no haya manera de pagar pensiones blindadas y que tripliquen el salario de la masa trabajadora del momento; cuando las ayudas del pasado, consolidadas e irrenunciables, acaben drenando recursos esenciales porque no hay más cera ardiendo; cuando, en definitiva, un modelo basado en la desigualdad entre los asentados y los recién llegados se encuentre con que la masa de derechos, garantías, prestaciones y cantidad de destinatarios de los blindados es tan grande que no hay manera de que entre los pringados que queden se puedan hacer cargo. Y entonces, por supuesto, será tarde.
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