Varia

– El BOE del pasado jueves 26 de abril publica el texto refundido de la Ley de Suelo, que integra la ley 8/2007, de cuyas novedades dimos cuenta hará más o menos un año, con los contenidos que todavía quedaban en vigor del texto refundido de la ley del suelo de 1992. El motivo por el que esta integración y consiguiente derogación total de la ley del suelo de 1992, en lo que quedó aceptado competencialmente por el Tribunal Constitucional, no fue realizada ni por la ley de 1998 ni por la de 2007 es uno de esos extraños arcanos que envuelven el quehacer de nuestro legislador, que prefirió encargar al Gobierno refundir los textos. Cuando casi parecía que no lo iba a hacer ya, cumplido el plazo que tenía para ello, al fin aparece la refundición. De modo que a partir de ahora la Ley de Suelo vigente se contiene en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

A toda prisa. Siguiendo el ejemplo del Reino Unido, en lo que parece ser la tónica en los países miembros que todavía no han ratificado el Tratado de Lisboa, España acelera la marcha. Por lo que pueda pasar, no sea que las críticas vayan en aumento, parece que de momento la UE reacciona tapándose los oídos y siguiendo a su bola.

– Ignacio Zafra publica un reportaje muy interesante sobre una de las cuestiones a que menos atiende la Universidad española a la hora de poner en marcha sus reformas y diseñar los servicios que ofrece: a qué tipo de público nos dirigimos y, más en concreto, cómo son y qué quieren nuestros estudiantes. Parece ser la que Universidad de Valencia ha montado un estudio que le ha llevado a constatar lo que podría haber descubierto con mucho menos esfuerzo preguntando a cualquier profesor o estudiante mínimamente sincero. Bien está que así sea y que, al fin, se empiece a ser consciente de esta realidad. Ahora la cuestión es si alguien tiene la más mínima intención de tomar nota del fenómeno a la hora de programar cómo hayan de ser los estudios universitarios de futuro. Personalmente, constatado el entusiasmo con el que la misma Universidad de Valencia se empeña en decirme que he de impartir y programar docencia para grupos de 130 estudiantes, de los cuales unos 80 son múltiples repetidores que no tienen la más mínima intención de aparecer nunca por clase ni de presentarse a examen alguno (para lo que cuentan con el apoyo de una generosísima normativa de permanencia que garantiza que por mucho que uno suspenda o no se presente puede seguir en la Universidad costando 10.000 euros al año a la sociedad), sin que se pueda tomar medida alguna para combatir esta situación y racionalizarla mínimamente, tengo mis dudas.

– “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed“. Son unas 150 páginas, y es sólo la última sentencia sobre el particular, las necesarias para (tratar de) explicar, más o menos, qué pueda significar exactamente esto.

– Ha aparecido un Manifiesto por la lengua común firmado por diversos intelectuales españoles de campanillas donde se denuncia el maltrato que sufre el castellano en las Comunidades Autónomas bilingües y la discriminación que padecen sus hablantes. Muchos medios de comunicación lo están promocionando, lo que incluye a diversos periódicos nacionales escritos en castellano que, supongo, conocen de primera mano de las dificultades que padecen para hacer frente a la privilegiada prensa escrita en otros idiomas de España. Habitualmente, en tanto que hombre, blanco, occidental, heterosexual y muchas otras cosas, me he encontrado siempre, y bien consciente que soy de ello, en el grupo de los privilegiados. Lo cual obliga a mantener cierta prudencia estética y ética respecto de algunos excesos supuestamente reparadores. No siempre, claro, pero como norma general no está de más que sean los miembros de la minoría maltratada los que denuncien algunas aberraciones que se hacen, pretendidamente, en su defensa. Pero ha llegado al fin el día en que, como integrante, en tanto que castellanohablante en una comunidad bilingüe, del grupo o colectivo maltratado o marginado, puedo alzar mi voz con toda la legitimidad que me da este hecho y afirmar que nunca, repito, nunca, a lo largo de mi vida en España, durante la vigencia de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de mi comunidad bilingüe que declara la cooficialidad de otra lengua en este territorio, he sentido la más mínima discriminación por hablar castellano. Ni socialmente, por supuesto, ni jurídicamente. Nunca se ha dado el caso de que no haya podido expresarme en castellano, de que alguien me lo haya impedido o de que hayan dejado de tratarme o atenderme con corrección por hacerlo. Nunca he tenido el más mínimo problema para dirigirme o tratar con la Administración en castellano. Nunca se me ha impedido hacerlo, ni siquiera se me ha recomendado nunca hacerlo en otra lengua. Siempre que he hablado con un hablante de la otra lengua oficial y lo he pedido se ha pasado al castellano. Es más, en realidad nunca he pedido nada semejante y a pesar de ellos no han sido pocas las ocasiones en que, sin decir nada, simplemente por costumbre cuando están en presencia de gente que saben que no es catalanohablante, se han dirigido a mí en “la lengua común”. Y, por supuesto, nunca he tenido el más mínimo problema por hablar castellano a lo largo de mis años de escolarización en colegio, instituto y Universidad pública, como tampoco en el sistema de salud público. Por último, tampoco nunca la policía, la guardia civil o ningún juez me ha planteado el más mínimo problema por hablar castellano.

Adicionalmente, creo que es preciso añadir que me consta que ninguno de los valencianohablantes que me rodean (y son muchos) está en condiciones de poder afirmar todo lo que yo acabo de decir. Y es una pena, porque eso viene, en el fondo, a negar la mayor: no sólo es que sea hombre, blanco, occidental, heterosexual…, es que, además, soy castellanohablante en una comunidad bilingüe de la España constitucional. Y ninguno de estos grupos, tampoco el último, puede calificarse a sí mismo de perseguido, marginado o maltratado, cuando no jurídicamente discriminado, al menos como colectivo, sin provocar otra cosa en cualquier persona sensata y consciente que cierta estupefacción o, mejor tomárselo así, simplemente una buena carcajada.



La “Directiva de la Vergüenza”, el signo de los tiempos y la democracia en la UE

Como a estas alturas sabe ya cualquier lector de este bloc, la ratificación del Tratado de Lisboa que acordaron los 27 países miembros de la Unión Europa hace bien poco para superar el impasse producido por el descalabro refrendatario del texto anterior (la llamada Constitución Europea) está a punto de acabar también muy mal. Irlanda, único país que a estas alturas osa planntear a sus ciudadanos un referéndum sobre la cuestión, ha visto cómo el “No” ganaba con contundencia, sin que ni siquiera sirva el consuelo de una baja participación que pueda hacer pensar que una nueva consulta fuera a solucionar el problemilla. Y aunque el Reino Unido, ratificación parlamentaria mediante, ha acudido presto a ratificar apenas una semana después, con la esperanza de que el guirigay no se incremente demasiado, los problemas van en aumento: la República Checa ya ha anunciado que, en estas condiciones, no tiene previsto de momento ratificar el Tratado y aunque se anuncien todo tipo de presiones es difícil a estas alturas imaginar cómo pueda acabar todo.

Mientras tanto, en España, escaldados por el papelón ingenuo en que muchos piensan que quedamos como consecuencia de nuestro entusiasmo en refrendar la Constitución Europea antes que nadie, a pesar de que estamos (Gobierno, oposición, medios de comunicación) muy a favor del Tratado de Lisboa, seguimos esperando a ver qué pasa, con la esperanza de acabar ratificando cuando el panorama se despeje. Es decir, que a estas alturas parece que lo acabaremos haciendo, más que nada porque la reacción de las instituciones comunitarias en estos casos suele ser tratar de hacer como si no pasara nada. Y, para ello, es básico que las ratificaciones continúen e Irlanda quede como un caso aislado, que ya se verá con qué tipo de apaños se puede solucionar.

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La España (jurídica) del Caudillo

El Presidente del Congreso de los Diputados, según se ha puesto de manifiesto esta semana, entiende que la ostentación de ciertos símbolos, como es el caso de una bandera republicana, en una reunión que tenga lugar en las Cortes Generales, aunque no se lleve a cabo para incidir o influir sobre la actividad de los parlamentarios, es algo que no ha de permitirse. Por lo visto, además, ha explicado que la bandera en cuestión es “ilegal” (sic).

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Sobre la libertad de expresión, otra vez (FJL)

No es la primera vez que este bloc manifiesta su sorpresa por los estrictos límites con los que, en algunos casos, ciertos jueces y tribunales ahorman el ámbito del discurso protegido por la libertad de expresión. Y aunque la condena a Federico Jiménez Losantos es de momento una decisión de un juzgado de instancia, lo que hace que no tenga la trascendencia de decisiones sobre el particular adoptadas por otros órganos jurisdiccionales, sí la tiene porque es un elemento que se cuela por la puerta grande en el debate público sobre esta cuestión. Más que nada por que llama la atención el entusiasmo con el que algunos que hace bien poco estuvieron defendiendo amplios límites para la expresión de ideas y opiniones han acogido la sentencia.

El pliego de descargo que tiene colgado Federico Jiménez Losantos en su web es extenso y un poco cansino. Pero se entiende que así sea. Y tiene razón en algunas de sus apreciaciones. Por ejemplo, en que no se entiende que la idea de honor de los políticos y de cualquier persona pública quede matizada por el ejercicio de sus funciones y por la discusión política, en términos que suelen exculpar, y es jurisprudencia reiterada que así sea, a quienes participan en la contienda; pero sólo cuando es otro político el que actúa. Semejante razonamiento obvia que FJL, en realidad, cuando hace su programa está participando también de la discusión política. Algunos pensarán que es bueno que así sea, otros lo verán nefasto, pero las cosas son, simplemente, así.

Esencialmente, a Jiménez Losantos lo condenan porque dijo algo así como que al Alcalde Madrid no le importaban nada las víctimas del 11-M y quería dar carpetazo a la investigación por motivos de cálculo político. Según Ruiz Gallardón, en plan blandito biempensante, esto es “lo peor” que le ha dicho nadie nunca en toda su vida, lo más hiriente. Y según la juez, al parecer, la frasecita de marras constituiría un hecho típico que permite condenar al periodista por “injurias graves”.

El que así sea me parece una grave deformación del prisma con el que se han de analizar los contenidos injuriosos, que han de serlo objetivamente, no porque a la víctima se lo parezcan mucho. Y, objetivamente, las afirmaciones de FJL pueden ser más o menos delirantes, pueden incluso considerarse de mal gusto, pero constituyen sólo un osadísimo juicio de intenciones sobre los motivos y sentimientos de una persona que, por su misma naturaleza, se emiten desde un intensísimo prisma subjetivo que impiden que sean tomadas demasiado en serio como cosa diferente a lo que son: opinión y crítica política, inducción a partir de comportamientos concretos de una idea de fondo que los explicaría, pero nada más. Ocurre, sin embargo, que en el mundo de pensamiento blandito que nos invade mentar estas cosas así, acusar a alguien de no ser suficientemente comprensivo con las víctimas de un atentado, parece que sea denunciar que esa persona está cometiendo el más grave crimen de los crímenes. Pero no es así. Y conviene tenerlo claro, dejar las cosas en su sitio y asumir que la libertad de expresión está ahí, precisamente, para amparar majaderías, expresiones de mal gusto y críticas injustas. ¡Faltaría más!



Ruina inminente

Alguna vez he comentado en este bloc, porque creo que es importante ser consciente de ello cuando uno se dedica a lo que se dedica, que el Derecho administrativo llega hasta donde llega. Que es un instrumento para conseguir la realización del interés general, o de la percepción que tienen de cuál sea aquel quienes son los encargados de actuar utilizándolo. Pero que tiene sus límites. Y, muy especialmente, que no es demasiado eficaz para luchar contra la incuria de la Administración cuando ésta hace gala de un abierto desprecio por la legalidad, por sus propias normas o por los fines por los que ha de velar. Continúa leyendo Ruina inminente



El principio del fin del estado de excepción

La impresentable situación en que se ha visto estos últimos años el sistema de garantías estadounidense empieza a remitir. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido liquidar la excepción que daba sentido y significado a la aberración del campo de detenidos de Guantánamo, reconociendo a los mismos el derecho a acudir a tribunales ordinarios. Como es evidente, se trata de un primer paso. Quedan muchos más para poder reparar la situación, por supuesto, porque el problema es de fondo, mucho más básico, de una degradación gravísima de las esencias de un Estado de Derecho. Pero, aunque quede mucho para que se cierre el campo de detenidos más vergonzoso que hemos visto últimamente (por haberlo montado quien lo ha montado, por ser una creación de un Estado de Derecho avanzadísimo), hay que felicitarse de que la inmensa mayoría de juristas que han denunciado en todo tipo de instancias esta aberración sean cada vez más comprendidos por la sociedad.



Opiniones sobre el “caso Casas”

Hay que comentar algo más sobre el caso Casas. Sorprende que, ante la información que facilitaba ayer El Mundo, nadie se haya puesto a la tarea de averiguar un par de cosas que, la verdad, tienen cierto interés. A saber, ¿qué ocurrió con el recurso de amparo presentado por la ciudadana con la que Casas charló recomendándole, precisamente, que hiciera lo que aquélla acabó por hacer (forzar una actuación judicial nueva con una demana absurda para, a continuación, solicitar el amparo)? Porque nadie parece destacar que se trata de un fraude procesal de esos por los que los tribunales suelen abroncar con estrépito en sus autos a los abogados impresentables que se dedican a ellos. Y que generan inadmisiones rápidas y limpias. Llama la atención no sólo que Casas recomendara esta opción sino que nadie hasta la fecha se haya preocupado de seguir la pista a ese recurso de amparo. ¿Sigue en el TC? ¿Fue inadmitido?

Mientras tanto, eso sí, continúa apareciendo información plena de detalles verbeneros, como señala muerto de la risa (por no llorar) Arcadi Espasa al referir la facilidad con la que circula el móvil de la presidente del Tribunal Constitucional. El asunto es fascinante, porque a la gravedad de fondo une unos rasgos de tipismo y pandereta que lo convierten en una delicia para quien tenga un mínimo de interés en hacer sangre. Ocurre que, al parecer, no hay tampoco demasiadas ganas. Ya se sabe que, en este país, eso de poner a la Administración, en cuanto uno puede, a disposición de familiares y conocidos se ve más como algo “normal” porque demuestra que uno es buena persona y amigo de sus amigos que algo reprobable. Máxime si no media precio o beneficio personal directo en ello. Así que está el asunto más o menos quedo, por lo que pudiera pasar si empezamos a ponernos exigentes. Vale. Pero eso sí, por favor, que alguien nos informe de que el TC inadmitió rapidito y por derecho ese recurso de amparo construido sobre el vacío, como se hace siempre, no vaya a ser que la cosa se ponga seria y dejemos de poder reírnos un poquito con todo este vodevil.

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