Razones para el contrato único

Con eso de que la Unión Europea ha propuesto para España, en plan informal pero que más o menos todos sabemos por estos lares de qué va el tema, que reformemos nuestro mercado laboral y sustituyamos los tropecientos modelos de contratación por uno solo, se ha vuelto a lanzar el debate en España sobre el contrato único. Afortunadamente, nuestro país ha hecho un frente común y sindicatos, patronal, Gobierno y oposición se han aprestado a decir que de eso nada, que si ellos tienen ONU nosotros tenemos dos, que nuestro modelo laboral funciona fenomenalmente (al menos, hasta que se haga necesaria la próxima reforma laboral, claro) y que no hay nada que ver aquí, circulen, circulen… Incluso desde LPD, aunque con otros argumentos mucho más atendibles (y que hay que leer), se ha alertado sobre el riesgo de que este contrato único sirva, a la postre, para hundirlos a todos.

Y, sin embargo, a mí me parece muy sensato ir hacia un contrato único. He aquí algunas razones, jurídicas y extrajurídicas:

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Participación política y límites al modelo de democracia representativa español

En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.

La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de “Crisis, recorte de derechos y Estado democrático” por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.

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Algunas reflexiones sobre la reforma laboral y el contrato único

Como la vida del profesor universitario no siempre es fácil (no se rían, por favor) no había tenido hasta hoy un rato para mirarme con calma el Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, que publicó el BOE del pasado sábado 11 de febrero (llevamos una colección de BOEs emocionantes, sábado tras sábado, que pá qué). A estas alturas está todo prácticamente dicho sobre la reforma. Y mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, que no soy un especialista en esto. Sin embargo, ayuno de anális por parte del maravilloso y temporalmente en pausa blog Tiempos Interesantes me voy a lanzar a la piscina comentando cosas que están y, también, alguna que creo que falta. Trataré de ser breve, dentro de lo que cabe.

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Algunos (tenues) límites a la funcionarización de personal laboral y al dedazo en materia de empleo público

Las crisis tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, en países como el nuestro son prácticamente los únicos momentos en que aflora cierta indignación popular frente a desmanes por lo demás habituales y si la cosa se generaliza empiezan a llegar incluso sentencias que ponen un mínimo coto al cortijo admnistrativo que, en corruptelas varias de baja intensidad (pero extendidas por todos los órganos de nuestra Administración, cual absceso de una virulencia y agresividad inigualables) asuelan nuestra organización pública y la convierten en un monstruo que nada tiene que ver con los principios constitucionales en que ha de inspirarse. Hace no mucho hablábamos de que uno de los agujeros negros de nuestro Derecho público se refiere al empleo público y las numerosas puertas falsas que hemos dejado entreabiertas, para uso de quienes saben dónde se encuentran. Comentábamos también que el hecho de que el control judicial sobre estas prácticas sea tan insuficiente es una de las razones de que no haya manera de erradicar esta lacra. Ahora, bien, de vez en cuando aparece algún juez o tribunal que se pone las pilas. Es lo que ha ocurrido hace poco en un par de ocasiones.

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Recortes laborales sociópatas y paro desbocado

Ayer su publicaron nuevas cifras de desempleo en nuestro país. Los recortes a que se vienen dedicando las Administraciones Públicas, y que desde las últimas semanas empiezan a afectar también gravemente a sanidad y educación, se cobran varios miles de parados más. Y vamos camino de los cuatro millones y medio. Esto es una espiral desenfrenada que, por lo visto, nadie sabe cómo detener.

O sí. Porque hay algunos que, insaquibles al desaliento, siguen asegurando que sí, que ellos sí que saben. Justamente esto es lo más sorprendente de todo el panorama: que economistas y lobbies varios  (con el Banco de España a la cabeza, que se ha dedicado mucho a este tema en la última década en lugar de a sus tareas de supervisión) de todo pelaje siguen empeñados en convencernos de que la solución pasa por cambiar normas, por hacer modificaciones legales. En concreto, y como es sabido, por ir cambiando todas aquellas normas que limitan la autonomía de la voluntad entre las partes a la hora de disciplinar las relaciones laborales. Todo el entramado tuitivo que los Estados europeos (y España con mucho retraso y de forma incompleta) han ido poniendo en pie para evitar que el desequilibrio entre trabajador y patrón a la hora de negociar fuerce al primero a aceptar cláusulas muy injustas está puesto en cuestión en España en estos momentos. El clima de opinión es el que es. Tras 20 años de recortes y más de un 20% de tasa oficial de paro, por lo visto la solución pasa por ir jibarizando más y más nuestro Derecho laboral. La cosa, la verdad, merece algún comentario porque es para tirarse de los pelos.

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Ruido, pasividad municipal y… ¿corrupción?

Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.

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Jóvenes indignados (primer aviso)

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 11) para El País Comunitat Valenciana

En el País Valenciano tenemos un 50% de paro juvenil y aquí no pasa nada. ¿No? ¿Seguro que no pasa nada?

Ayer por la tarde, como en el resto de España, grupos de jóvenes, esencialmente a través de Internet y redes sociales, convocaron una serie de manifestaciones de protesta que giraban en torno a dos ejes. Por un lado, la expresión pura y dura de indignación. Por otro, la exigencia de una democracia real, esto es, un modelo de convivencia donde ciertos derechos no sólo se proclamen sino que, en condiciones de igualdad, sean una realidad para todos. De manera que, mientras el discurso oficial nos dice que aquí no pasa nada y que los jóvenes van a lo suyo, de repente surgen marchas convocadas de la nada, sin el potente soporte de los entramados sindicales o de partido que garantizan el éxito de estas convocatorias, y te paralizan los centros de todas las grandes ciudades del país. Con un discurso, además, de un materialismo cívico en torno a las condiciones reales de vida que les han tocado en suerte que se parece mucho al del socialismo real de hace décadas. ¿Se nos están volviendo marxistas los jóvenes españoles y todos, ellos en primer lugar, sin saberlo?

Democracia real. Apelaciones a derechos materiales en lugar de a proclamaciones formales.
¿Qué está pasando aquí?  ¡Se nos cuela el comunismo por la ventana cuando lo habíamos
expulsado por la puerta! ¡Y todo por bajar un poco los sueldos y los derechos sociales!

Estas manifestaciones han sido un primer aviso. Vendrán más. Los canales de solidaridad se han ido debilitando de tal manera en nuestra sociedad que se ha producido por primera vez en la historia un fenómeno muy curioso. Una generación de españoles (aunque está pasando también fuera de nuestro país) está esquilmando conscientemente los ahorros legados por los antepasados para mantener un nivel de vida desconocido en la historia (porque precisamente en esto consiste el desastre ambiental sin precedentes que hemos consentido para vivir mejor que nunca) y además no tiene empacho alguno en cargar a sus hijos con todos los costes presentes y futuros de un modelo económico que para que tenga ganadores (toda una generación de gente con sueldos más o menos decentes, empleos estables y jubilaciones garantizadas) ha de contar también con numerosos perdedores en forma de inmigrantes y jóvenes condenados a la inestabilidad laboral eterna, a sueldos bajos o irrisorios que, además, producto de la precariedad, crecen poco o nada con el tiempo y, lo que es más grave, a un panorama donde parece que esto será la norma hasta su jubilación, que se adivina tardía y magra.

La indignación juvenil comienza a aflorar cuando constatas que trabajas más o menos lo mismo que tus padres, que estás más o menos igual de formado (o más), pero que los mismos que han disfrutado de empleos estables y sueldos fijos ahora apoyan sin dudar un modelo de precarización para que “la gente no se acomode y deje de currar, que con eso del empleo fijo ya se sabe lo que pasa, y así no se puede funcionar ni competir ni nada de nada”.  Se agudiza cuando se hace patente que los sueldos en el entorno de los 1.000 euros al mes se consideran suficientes, e incluso excesivos, para retribuir el trabajo de quienes están empezando a integrarse en la vida laboral (o llevan ahí ya unos añitos) y que con ese dinero la sociedad entiende que te tienes que apañar para organizarte la vida de adulto, buscar un lugar donde vivir, tener hijos y ser “alguien de provecho”. Mientras tanto, en cambio, una pensión de esa cuantía se considera escasa y es inconcebible recortarla, en una peculiar manera de entender la solidaridad a la inversa en virtud de la cual nuestro sistema se va a apoyar cada vez más en transferencias de rentas intergeracionales de quienes tienen menos a quienes más acumulan. Ciertamente curioso para un modelo de solidaridad (porque, recordemos, no estamos en un sistema actuarial). La indignación se desborda cuando descubres que años y años de especulación inmobiliaria sin freno han permitido acumular patrimonio inmobiliario a muchos, así como consolidar situaciones de flagrante ilegalidad de todo tipo, a unos, pero que para quienes vienen detrás lo que era y es comprensión y convalidación de la norma para que acumulen capital se convierte en rigideces y estrechez en los mercados de venta y alquiler, consolidando el expolio intergeneracional de rentas.

Mileuristas por una buena causa. Por un reparto intergeneracional
y de clase de la richesse foncière.

Y para rematar la faena, las sucesivas reformas laborales y en materia social tienen todas un denominador común: que paguen los que vienen detrás. Que paguen, eso sí, sin que se considere prioritario que tengan empleo fijo o estable. O que los salarios tengan cierto nivel. De aquí a 10 ó 20 años no se sabe muy bien quién ni cómo se encargará de pagar para que otros reciban esas prestaciones blindadas. En fin, ya veremos qué pasa pero a mí, qué quieren que les diga, no me parece que todo esto esté pensado para aguantar bien a medio y largo plazo, sino más bien como el típico proyecto cortoplacista: jo m’apanye el meu saquet i el que vinga darrere ja s’arreglarà com puga. Dicho a la francesa, que queda más fino: Après moi, le déluge!

Junto a estos vectores de indignación discurre otro elemento que permite explicar cómo se ha manifestado el movimiento: los jóvenes que se manifiestan tienen la sensación de que las actuals estructuras políticas representativas no funcionan demasiado bien y andan secuestradas por colectivos e intereses ajenos a los de los ciudadanos y, por supuesto, a los suyos. Intuyen que además los actuales partidos políticos poco o nada tienen que ofrecer. Y por este motivo optan por una protesta externa y paralela al mundo de la política oficial. Acompañanado estas protestas han surgido, por esta razón (y también por otras como la Ley Sinde), movimientos como #nolesvotes que piden que no se vote en estas elecciones ni a PP ni a PSOE, algo que tiene a mucha gente muy enfadada. Esta misma mañana, en la radio, tertulianos de mucho nivel se manifestaban absolutamente indignados con esta juventud impresentable, manipulada por no se sabe quién, que en lugar de votar a quién toca instaban a reberlarse. ¡Acabáramos!

¡Hasta ahí podríamos llegar! ¿Qué es eso de pedir a la gente que no nos vote? Nada, nada,
cuatro radicales indocumentados. 

Harían bien PP y PSOE en no menospreciar la importancia de estas manifestaciones y, sobre todo, del malestar de fondo que es su caldo de cultivo. Probablemente la manera menos inteligente de reaccionar, la que más avala las razones de quienes se quejan, sea esa actitud que niega la legitimidad de la protesta y acusa de antidemocráticos a quienes animan a no votar. En primer lugar, porque no es verdad que se anime a no votar (se anima a no votar a los partidos mayoritarios). En segundo lugar, porque no votar también es un ejercicio legítimo y profundamente político. En tercer y definitivo lugar, porque lo que reflejan las críticas es la sensación de que, como denuncian quienes exigen una “democracia real”, aquí hay quienes se sienten amos del cortijo y creen que los ciudadanos estamos casi obligados a votarles, ya sea a unos, ya sea a otros, cada cuatro años. Liturgia que serviría para renovar la pureza democrática del sistema y todos tan contentos. Sobre todo ellos, claro.

La democracia es mucho más que convalidar periódicamente el buen hacer de las estructuras dominantes de manera dócil y obediente. O, al menos, habría de ser mucho más. Ocurre, sin embargo, que es lógico que éstas tengan la tentación de empujar al máximo la frontera de control y apropiación sobre bienes que su situación de partida les permite disfrutar. Lo llevamos viendo estos años sin ningún pudor. Ahora bien, ojito con pasarse de frenada. Ya comentaba Carlos Marx que el reconocimiento de derechos en favor de trabajadores, desfavorecidos o jóvenes no se hacía nunca por consideraciones éticas sino pragmáticas. Para evitar estallidos disruptores, e incluso revoluciones. Así que cuidado con la presión a que nuestro modelo está sometiendo, creciente y sin visos de detenerse a los jóvenes. De momento, ya tenemos un primer aviso. Porque la otra parte de toda esta historia es que quienes estamos ahí abajo, más o menos machacados según los casos (no, es verdad, precisamente yo no me puedo quejar), hemos de trabajarnos el que se nos vea, se nos tenga en cuenta y nuestros intereses sean defendidos. Y si no se logra por una vía, pues habrá que intentar otras. Y todo ello es de todo menos fácil. Pero resulta mucho más sencillo concebir que algo así pueda ocurrir cuando la caldera se pone  a hervir a fuego vivo que en otros contextos. De manera que pueden llagra más avisos. Empezando por el día 22.

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Actualización 16:40: Leo ahora, en Valencia Plaza, una interesantísima opinión de Carlos González Triviño sobre este mismo tema. La verdad es que lo cuenta mucho mejor que yo, así que la lectura, creo, resulta obligada.



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