Derechos de los ciudadanos y fiestas populares

Ayer publiqué en el diario El País, edición de la Comunidad Valenciana, un artículo sobre el descontrol que se apodera de Valencia durante las Fallas y cómo, con la aquiescencia del Ayuntamiento, prácticamento todo pasa a valer gracias a la manida excusa de que “estamos en fiestas”.

La situación de caos generalizado en beneficio de quienes quieren maximizar sus deseos de fiesta o de los múltiples negocietes asociados que menudean al socaire de las celebraciones comporta, inevitablemente, muchas restricciones en los derechos de otros ciudadanos,  que han de padecer todo tipo de incomodidades, especialmente de noche, pues se supone que los valores culturales y tradicionales de la fiesta justifican restriccions en los demás de derechos fundamentales. Ahora bien, cuando las fiestas son como las Fallas, y la actuación (por llamarla de alguna manera) del Ayuntamiento de Valencia comporta la autorización de unos 400 (sí, han leído bien, CUATROCIENTOS) emplazamientos en toda la ciudad con autorización para celebrar verbenas  emitir música en directo hasta las cuatro de la mañana durante 3 y hasta 4 noches seguidas (amén del anticipio ya tradicional, la “propina fallera” de las noches de viernes y sábado previos a las fiestas), tenemos un problema general y gravísimo de perturbación de la vida, salud y trabajo de quienes tienen la desgracia de ser niños, ancianos, dependientes o simplemente personas que trabajan y al día siguiente han de estar despiertas de buena mañana.

¿Cómo es posible que algo así se consienta jurídicamente?

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El Cronista, nº 9

Desde hace unas semanas está ya en la calle el nº 9 de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, cuyo listado de 100 libros jurídicos de 2009 ya hemos tenido ocasión de reseñar. Como intento hacer con todos los ejemplares de la revista enlaco al índice de este número, así como el formulario de suscripción para quien pudiera estar interesado en los contenidos de la revista antes de pasar a revisar someramente los diferentes artículos de este primer número de 2010.

Tony Ward escribe sobre si “¿Es en algún caso admisible la tortura?”, cerrando, de alguna manera, la serie sobre estas cuestiones (Guantánamo, la tortura en la guerra contra el terror y los límites que impone el Estado de Derecho) que se inició con los trabajos de Scheuerman y Fiss en los números 7 y 8. Es un asunto básico, tratado también en este blog, sobre el que Ward hace una reflexión canónica y muy informada. Especialmente interesante es su análisis de la ineficacia de la tortura incluso en situaciones de ticking bomb (así, por ejemplo, relata algunos casos de la guerra de Argelia). Aunque, como él mismo señala, tampoco una supuesta eficacia justificaría su empleo.

Jorge de Esteban, en “La gran paradoja de nuestra Constitución” celebra el próximo bicentenario de la primera Constitución española (no otorgada) y nos escribe sobre los problemas de nuestro actal texto constitucional, a su juicio aquejado de una excesiva rigidez que, imposibilitanto (o dificultando mucho) reformas constitucionales de acuerdo al procedimiento previsto, provoca mutaciones e incita a cambios por la puerta de atrás. De nuevo, la cuestión en torno a los problemas generados por el Título VIII, su carácter abierto y la evolución del mismo a partir de reformas estatutarias (y muy especialmente la catalana) es objeto de críticas. La posición de quien esto escribe, como he tratado de explicar aquí, no es que sea entusiasta respecto a cómo se ha llevado el proceso, pero tampoco creo que los problemas sean jurídicamente tantos ni, por supuesto, respondan sólo a excesos por parte de los nacionlismos periféricos. La reflexión de Jorge de Esteban, en cualquier caso, no sólo es interesante, sino argumentada. Obliga a repensar muchas cosas.

Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, en su artículo “Piratas contempóraneos y abogados tradicionales” explica algunas de las claves jurídicas que enmarcan el rebrote de la piratería. Para cualquier lego en Derecho internacional del Mar (como es mi caso) se trata de un análisis informativo y luminoso, que deja bien claro cómo esta cuestión tiene mucho recorrido (y viene teniéndolo desde hace años) más allá del Alakrana. Y que apunta también, con lucidez, los problemas jurídicos que pueden plantear algunas soluciones simplistas y testosterónicas (como el empleo de fuerza desproporcionada o el embarque en cualquier buque de capital español de infantes de marina) propuestas.

Miguel Ángel Presno Linera hace una “Crónica del Tribunal Constitucional italiano” que permite trazar la evolución jurídica no sólo del órgano en cuestión (en tiempos donde analizar cómo han variado históricamente las pautas de actuación de estos tribunales en países de nuestro entorno tiene una especial importancia, pues ayuda a entender qué está pasando con nuestro propio Tribunal Constitucional) sino también de todo el país. Pues la historia de la justicia constitucional es, de alguna manera, la de la evolución de la propia democracia y Estado de derecho transalpino desde el fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros días.

“La guerra de Afganistán”, por su parte, también es analizada en términos jurídicos. Eduardo Melero Alonso, con rigor y contundencia, demuestra las enormes fallas que, desde el punto de vista del Derecho, tiene la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán, en el marco de una operación de la OTAN con un dudoso aval de Naciones Unidas que, además, no ha acabado de adecuarse enteramente al marco jurídico interno. No se trata ya sólo de las dudas que pueda generar qué hacemos, y si tienen algún sentido, en Afganistán. Se trata de que, además, es muy dudoso que la operación sea legal, tanto en el plano internacional como para el Derecho español, tal y como está planteada.

Fernando Reviriego Picón, en su trabajo “Violencia de género y mujeres con discapacidad” aporta luz sobre una parte, normalmente olvidada, de la violencia contra mujeres, cuando éstas están en una situación de evidente inferioridad. Un supuesto en el que las medidad protectoras de la ley de violencia de género tienen todo el sentido.

En relación a otro problema que afecta especialmente a las mujeres, Rafael Navarro-Valls da réplica en su trabajo sonbre la “Inconstitucionalidad de la Ley del Aborto” al estudio publicado por Patricia Laurenzo en el nº 7 de esta revista, donde se exponía y defendía la constitucionalidad del actual proyecto de reforma de la respuesta penal en materia de aborto. Es una cuestión sobre la que, modestamente, me he posicionado en términos sencillos: donde no hay consenso social suficiente no se puede castigar con cárcel. Navarro-Valls, desde otras posiciones, defiende argumentada, razonadamente y de forma interesante otra visión. A su juicio, los problemas de indefinición que abre la nueva propuesta generan inseguridad jurídica. Y, sobre todo, el hecho de que hasta las 14 semanas se dé una absoluta prioridad a la decisión de la madre frente a la protección jurídica del nasciturus, supondría una ponderación por parte del legislador del respectivo peso de los bienes jurídicos dignos de protección en juego que no se podría integrar en la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo en 1985, que obligaría, para que la protección del nasciturus decayera, la existencia de un factor adicional a la mera voluntad de la mujer para que ésta sea jurídicamente admisible. Se trata de una objeción jurídica razonable y razonada. Aunque hay que tener en cuenta que el TC, en su STC 53/1985, se pronunció sobre lo que se pronunció (esto es, sobre la constitucionalidad de unos determinados supuestos), lo que genera un sesgo en su análisis. Podría dar la impresión de que la Sentencia afirma que sólo esos supuestos pasan el test de constitucionalidad. Pero en realidad lo que ocurre es que la Sentencia sólo analiza esos, porque son los que en ese momento ha planteado el legislador. Habremos de esperar, pues, hasta que el Tribunal Constitucional, que muy probablemente tendrá ocasión de hacerlo, se pronuncie sobre la reforma en curso, caso de que finalmente sea aprobada.

En relación a la crisis económica y a la manera en que nuestro Derecho está reaccionando, es muy interesante el análisis que sobre contratación pública, su efecto en la lucha contra la crisis y en la consecución de mayor eficiencia económica, y especialmente sobre la articulación en Derecho del famoso Plan E puesto en marcha por el Gobierno de España, José María Gimeno Felie explica las relaciones entre “Contratación pública y crisis económica”. Es un resumen informado y muy interesante, donde afloran además algunas sombras de nuestro modelo (y del plan E), debido a que su instrumentación jurídica no ha facilitado excesivamente la libre competencia de ofertas, por cuestiones de publicidad, cuantía y plazos.

Además, José Eugenio Soriano García, en un artículo titulado “Juristas y economistas”, apuesta decididamente por el análisis económico del Derecho y la liberalización de nuestros mercados. A su juicio, la aportación de ambos gremios a las ciencias sociales es imprescindible y ha de ser tenida en cuenta recíprocamente, lo que obliga al ordenamiento jurídico a abrir mercados y eliminar trabas. La propia dinámica generada por las recientes normas transponiendo la Directiva de Servicios es saludada por el autor, en una reflexión más filosófico-política que jurídica, apoyada en citas de Vargas Llosa o de Hayeck.

En una línea temática semejante, Santiago Muñoz Machado cierra el número con una reflexión sobre “Las regulaciones por silencio” donde, a su vez, analiza, en este caso en clave jurídica, hasta qué punto las mencionadas normas han supuesto, o supondrán paulatinamente, una efectiva transformación de calado de nuestro ordenamiento jurídico y, más en particular, de nuestro Derecho administrativo en cuestiones de regulación económica. Absolutamente convencido de que así será, Muñoz Machado esboza un primer intento de análisis jurídico de las repercusiones estructurales de estos cambios. En la línea de lo que, sin duda, ha de ser el análisis más fructífero sobre esta cuestión. Ha pasado ya el tiempo de dar cuenta de las novedades. Siguiendo la estela de trabajos como éste, empieza a ser imprescindible pensar en cómo ha cambiado, profunda y estructuralmente, nuestro Derecho administrativo en un entorno donde, cada vez más, la autorización desaparece y deja a paso a actuaciones informativas del particular, a verificaciones por terceros o a un ampliado ámbito de actuación del silencio positivo. Ya es sabido que uno no es que sea un entusiasta de la institución, pero hay que asumir que es lo que tenemos (y, previsiblemente, cada vez más). Por el contrario, como dejé escrito casi cuando me salían los dientes de iusadministrativista, soy un decidido partidario de la sustitución de al autorización por las comunicaciones de los particulares allí donde, de facto, la autorización no se lleva a cabo realizando una efectiva inspección (así lo propuse respecto de las obras menores, en su día).

Por último, y como ya se ha dicho, el número contiene una lista de 100 recomendaciones de lectura que los  que hacemos la revista consideramos que reflejan bien lo que ha sido 2009 a través de los libros sobre Derecho que se han publicado. Tienen aquí el listado (aunque no todos los comentarios a los libros seleccionados).

Como siempre, espero que la revista tenga contenidos que puedan resultar de interés. Y dentro de nada tenemos ya el número de febrero.

Sumario del número 9

Tony Ward ¿Es en algún caso admisible la tortura?
Jorge de Esteban La gran paradoja de nuestra Constitución
Luis Ignacio Sánchez Rodríguez Piratas contemporáneos y abogados tradicionales
Miguel Ángel Presno Linera Crónica del Tribunal Constitucional italiano
Eduardo Melero Alonso La guerra de Afganistán
Fernando Reviriego Picón Violencia de género y mujeres con discapacidad
José María Gimeno Feliu Contratación pública y crisis económica
José Eugenio Soriano García Juristas y economistas
Rafael Navarro-Valls Inconstitucionalidad de la Ley del aborto
Santiago Muñoz Machado Las regulaciones por silencio
“El Cronista” selecciona 100 libros de Derecho de 2009


100 libros de 2009

El primer número de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho de 2010 (nº 9 de la revista, de cuyos contenidos daré cuenta con un pequeño resumen en cuanto tenga un rato, del mismo modo que he tratado de venir haciendo con los anteriores a medida que han apareciendo) contiene una iniciativa, desarrollada por los miembros del equipo de personas que trabajamos para buscar trabajos de interés para la publicación a sugerencia de su director, que me parece que es muy interesante: hemos seleccionado 100 libros jurídicos que creemos son interesantes y reflejo de lo que ha sido, en el papel, el año pasado en lo que al mundo del Derecho se refiere.

El listado es mejorable, como es obvio. Lo es, esencialmente, en la medida en que lo es el criterio de quienes hemos seleccionado los libros, nuestro conocimiento de la actualidad bibliográfica de nuestras disciplinas y nuestras capacidad de lectura de todo lo que se publica.  Pero también porque lo hemos hecho con poco tiempo y porque se trata de la primera vez que acometemos la tarea. Y, sobre todo, porque estas cosas funcionan bien y son interesantes, o lo son más todavía, cuando hay posibilidades de comentario, crítica, enmienda, sugerencias adicionales. Desde la revista estamos interesadísimos en recibir reacciones al listado de esta u otra índole por parte de los lectores, para lo que hemos dispuesto un correo electrónico al efecto que esperamos sea muy utilizado: libros@elcronista.es).

Sin embargo, como no creo que esté de más tratar de tener todos los canales abiertos, y dado que este año no hemos tenido tiempo de hacerlo desde la revista, me voy a permitir excepcionalmente copiar el listado, a efectos de que puedan hacernos llegar esos comentarios. Las obras en la revista vienen, además, en todos los casos, con un comentario (que aquí sólo voy a conservar en algunos casos). Allá va, pues el listado publicado por la revista:

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El Cronista, nº 8

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho cumple su primer año de vida con el último número de 2009 (nº 8, noviembre de 2009), que acaba de aparecer y la mayoría de los suscriptores habrá recibido ya. Tal y como vengo haciendo desde que la revista salió a la calle enlazo el índice de este número, así como el formulario de suscripción para quien pudiera estar interesado en los contenidos de la revista.

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El Cronista, nº 7

Con la vuelta al trabajo en septiembre empezamos a preparar el primer número de otoño de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho (año 2009, nº 7), que acaba de aparecer y la mayoría de los suscriptores habrán recibido ya. Como es costumbre de la casa dejo aquí mismo un enlace al índice de este número y al formulario de suscripción para los interesados.

La revista de octubre se abre con un trabajo de Mario P. Chitti, de título “Am Deutschen Volke”, donde analiza la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de Kalsruhe sobre la constitucionalidad, a la luz de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, del Tratado de Lisboa. En este bloc hemos tenido ya ocasión de referirnos a la importancia de este envite, así como a la aparentemente europeísta solución del BVG. Lo que nosotros interpretamos como una “luz ámbar” al Tratado de Lisboa, y entendimos como un serio aviso para navegantes por parte del tribunal constitucional alemán, Chitti lo analiza directamente como una exhibición de músculo frente a la construcción europea, con la novedad de que, por primera vez, a su juicio, dejan claro desde Alemania que de ceder soberanía, nada de nada y que, en todo caso, la Constitución alemana prima sobre el Tratado. Se trata de un análisis muy interesante.

En otro trabajo del máximo interés, William E. Scheuerman se detiene en reflexionar “Sobre la tortura y las «nuevas guerras»”. Se trata de un texto esencial, que entronca con preocupaciones que, de nuevo, han sido ya recogidas en este blog. Hace ya mucho tiempo alertábamos, junto a sectores jurídicos que entonces no encontraban demasiado eco en la sociedad estadounidense, de los peligros totalitarios que la deriva política y jurídica post-11-S estaba comportando en EE.UU. y, por extensión, en el mundo. Todavía entonces, aquí y más todavía en Estados Unidos, esas posiciones eran muy criticadas por quienes cabalgaban a lomos de consideraciones de necesidad mal entendidas. Las cosas han cambiado mucho desde entonces pero todavía tenemos que escuchar todo tipo de extravagantes justificaciones para tratar de convencernos de la necesidad de no se sabe qué nuevas tácticas y técnicas para enfrentarnos a nuevas y peligrosas realidades como la de Afganistán. Este trabajo deslegitima muchos de estos planteamientos y pone de manifiesto cuán antiguas son las amenazas a que en realidad nos enfrentamos y cuán mentirosas las razones que, con apoyo en supuestas novedades, incitan a arrumbar décadas de tradición jurídica grantista y civilizada.

Aurora Ribes Ribes, por su parte, nos brinda un trabajo de gran interés sobre “La irrelevancia penal de la prescripción tributaria”. En materia de garantías, como es sabido, importa tanto lo macro como, por así decirlo, lo micro. Bien está ocuparse de la tortura pero también de cómo se articula el ejercicio del poder punitivo del Estado y de comprender cómo es posible y hasta qué punto el hecho de que ciertas inmunidades que puedan derivarse para el ciudadano en sede administrativa no signifiquen, sin embargo, la imposibilidad de la persecución penal caso de que se haya producido un ilícito.

También en relación directa con la actualidad más cercana y española, Patricia Laurenzo Copello se ocupa de “Aborto y derecho a la sexualidad” en un momento en que la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Gobierno, que amplía los casos en que esta práctica queda, si es realizada con el consentimiento de la mujer, despenalizada está en la mente de muchos. También aquí nos hemos ocupado del tema. Es muy oportuno recordar, respecto de la respuesta penal que la sociedad entienda justificada frente a estas conductas, que estamos ante situaciones vinculadas a derechos de las mujeres tales como su libertad sexual y que un análisis riguroso  desde un punto de vista jurídico no puede desconocer esta vertiente. Por mucho que haya sido fácil y tradicional, desde los análisis jurídicos tradicionalmente hechos por hombres y para hombres, obviarla.

En relación (y, en parte, en respuesta) a cuestiones ya tratadas por El Cronista en otros números (Antonio Embid nos ilustró sobre el particular en el nº 4 y Benito Aláez escribió sobre el tema en el nº 5) Pablo de Lora se pregunta “¿Puede mi hijo ser utilitarista? (o neoliberal, para el caso)”. Se trata de una reflexión inteligentísima, informada, provocadora, original y (sí, digámoslo) muy divertida en torno a la polémica asignatura de Educación para la ciudadanía, actualmente obligatoria en el currículo escolar de nuestros niños. Para quienes, como es quien escribe este bloc, estamos interesados por esta cuestión y nos alejamos un poco de la retórica oficial al uso, es un trabajo imprescindible.

Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, en la línea ya comenzada por Luciano Parejo y José Carlos Laguna de Paz en el nº 6 de la revista, se ocupa de “La Directiva de servicios y la libertad de empresa”. Y lo hace desde una perspectiva esencial. El panorama cartografiado de modo excelente por Laguna de Paz y justificado por las consideraciones que tan acertadamente exponía Parejo, ¿hasta qué punto planteao, por el contrario, elimina restricciones el ajercicio de un derecho fundamental como es la libertad de empresa cada día más vinculado a su definición por agentes comunitarios?

Por último, en trabajos básicos e interesantísimos para cualquier persona culta, Nicolás López Calera hace un repaso a la importancia del krausismo en España, al contenido de esta corriente y a su origen a partir de un análisis de quien da origen al movimiento en “Krause según Krause”; mientras que, por su parte, Lucio Pegoraro regala un análisis sobre “Derecho constitucional y Derecho público comparado” de alto interés dogmático con algunos ribetes deliciosos.

El número se cierra, como ha venido ocurriendo en 2009 en cada edición de al revista, con una nueva entrega del serial “Riofrío” (VII, en este caso), a cargo de Santiago Muñoz Machado. ¡Y es que es ya una constante que muchos de los lectores comiencen, en cuanto la reciben, la revista por el final! Pero por mucho que la serie “Riofrío” sea divertida y adictiva como novela conviene no perder de vista la denuncia que supone de una serie de prácticas que, por haber sido pocas veces aireadas y casi nunca tomadas demasiado en serio por la comunidad de los juristas y la sociedad en general no hacen sino repetirse, con todo lo que ello comporta para un Estado de Derecho. Desgraciadamente, como también hemos tenido ocasión de comentar en este blog, no faltan ejemplos recientes cada vez más preocupantes.

En cualquier caso, desde el consejo de la revista, esperamos que este número, como los anteriores, esté al nivel de nuestros lectores. Quedamos, como siempre, abiertos a cualquier crítica, sugerencia o propuesta para próximos números.

Sumario del número 7

Mario P. Chitti Am Deutschen Volke
William E. Scheuerman Sobre la tortura y las «nuevas guerras»
Aurora Ribes Ribes La irrelevancia penal de la prescripción tributaria
Patricia Laurenzo Copello Aborto y derecho a la sexualidad
Pablo de Lora ¿Puede mi hijo ser utilitarista? (o neoliberal, para el caso)
Tomás de la Quadra-Salcedo
Fernández del Castillo
La Directiva de servicios y la libertad de empresa
Nicolás López Calera Krause según Krause
Lucio Pegoraro Derecho constitucional y Derecho público comparado
Santiago Muñoz Machado Riofrío – VII

Números anteriores:

nº 6, junio de 2009.

nº 5, mayo de 2009.

nº 4, abril de 2009.

nº 3, marzo de 2009.

nº 2, febrero de 2009.

nº 1, enero de 2009

nº 0, 2008.



El Cronista, nº 6

Ya ha aparecido el último número de este semestre, el correspondiente a junio, de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho (año 2009, nº 6). Como hago siempre dejo aquí mismo un enlace al índice de este número y al formulario de suscripción para los interesados.

El número es especialmente interesante, a mi juicio, e importante dado que se abre con el manifiesto, del que ya hemos hablado, que han firmado ya unos 800 profesores de Derecho de toda España pidiendo que Derecho quede fuera del proceso de Bolonia, al que por lo demás la revista viene dedicado mucha atención (con un monográfico en el nº 4 y un trabajo muy agudo de García Amado en el nº 5).

Además, firmas de la talla de Juan Antonio Sagardoy (con un tema tan de actualidad como la reforma del mercado de trabajo), Herrero de Miñón o Oliver Lepsius abren un número que, entre otras cosas, mezcla reflexión teórica con atención a cuestiones no sólo de indudable importancia sono también actualidad. Así Luciano Parejo y José Carlos Laguna de Paz ayudan a desentrañar las claves del proceso de transposición al Derecho español de la importante directiva de servicios, ilustrando sus límites, insuficiencias y dejando constancia de las importantes implicaciones sociales y económicas de las decisiones de los legisladores, respectivamente, comunitario y estatal. Allan R. Brewer demuestra una vez más la preocupación de la revista por la evolución de las instituciones propias del Estado de Derecho en los países iberoamericanos con una interesante, y combativa, reflexión, a cuenta de los procesos de cambio que se suceden en Venezuela.  Y Antonio Bueno Armiño se estrena en nuestra revista con un trabajo sobre las consultas autonómicas que, a propósito del reciente libro de Iñaki Lasagabaster sobre esta cuestión, va más allá, como siempre es la intención de El Cronista, de la mera recensión para iniciar un debate y la defensa de una tesis propia.

Además, y permítaseme el autobombo, tengo la suerte de que la revista haya decidido publicar un trabajo mío, por entenderlo de interés, lo que me honra enormemente. Se trata de un texto sobre una cuestión que, como saben los seguidores de este bloc, me preocupa desde hace años, y es la referida a cómo nuestro Derecho manifiesta de manera cada vez más clara su patente disfuncionalidad a la hora de arbitrar correctamente entre los intereses públicos, sociales, de la colectividad y las legítimas expectativas y derechos privados de creadores o de quienes comercializan en el mercado sus trabajos. El motivo es que la tecnología ha supuesto cambios sociales tremendos, ha abierto enormes posibilidades antes inexistentes y ha transformado radicalemente el mercado en que se mueve la industria cultural y se comercializan sus productos; mientras que el Derecho, afinado para otro entorno, ha permanecido sustancialmente idéntico, lo que ha permitido que el viejo equilibrio, más o menos satisfactorio para unos y para otros, haya desaparecido.

Por supuesto, además, el número se cierra con una nueva entrega de la saga Riofrío, en lo que viene siendo habitual desde el primer número de la revista y es ya una cita obligada con los lectores. Que lo disfruten, como siempre.

Sumario del número 6

Eduardo García de Enterría, Luis Díez-Picazo, Aurelio Menéndez, Francisco Laporta, Enrique Gimbernat Ordeig, Francesc de Carreras, Tomás-Ramón Fernández, Santiago Muñoz Machado, Manuel Atienza, (…) SAQUEMOS LOS ESTUDIOS DE DERECHO DEL PROCESO DE BOLONIA
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea La reforma del mercado de trabajo (Ideas para un debate)
Miguel Herrero de Miñón Del derecho terrible al derecho entrañable
Oliver Lepsius La vinculación de las sentencias del TC
Luciano Parejo Alfonso La desregulación de los servicios con motivo de la Directiva Bolkenstein
José Carlos Laguna de Paz El estruendo del parto de los montes
Allan R. Brewer-Carías La demolición del Estado de Derecho en Venezuela
Andrés Boix Palop Creación, mercado, cambio tecnológico y Derecho
Antonio Bueno Armiño Referéndums autonómicos
Santiago Muñoz Machado Riofrío – VI

Números anteriores:

nº 5, mayo de 2009.

nº 4, abril de 2009.

nº 3, marzo de 2009.

nº 2, febrero de 2009.

nº 1, enero de 2009

nº 0, 2008.



El Cronista, nº 5

Está ya en las librerías jurídicas y los domicilios de los suscriptores el número de mayo de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho (año 2009, nº 5). Como es la norma indico aquí mismo un enlace al índice de este número y al formulario de suscripción para los interesados. La revista contiene este mes una reacción al intenso debate sobre Bolonia y el Derecho del anterior número, a cargo de García Amado, que me parece enormemente lúcida. También dos importantes trabajos en materia de responsabilidad de los jueces y de la Justicia, la continuación del debate ya iniciado en la revista en torno a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre educación para la ciudadanía, así como estudios de indudable actualidad sobre ciertas medidas laborales muy propias de tiempos de crisis. También cuenta con dos trabajos de profundidad e interés que ponen de relieve cómo, a veces, el Derecho más clásico ayuda a entender la realidad más próxima. Y una aportación de Caffagi, que como es sabido es uno de los civilistas más importantes de Italia y de Europa, de obligatoria lectura para cualquier jurista.

Y una nueva entrega de la saga Riofrío, claro. Que lo disfruten, como siempre.

Sumario del número 5

Jacques Moreau La responsabilidad de la jurisdicción contencioso-administrativa
Diego Córdoba Castroverde Responsabilidad del Estado-juez
Benito Aláez Corral Ideario educativo constitucional y las convicciones morales de los padres
Jaime Cabeza Pereiro Expedientes de regulación de empleo suspensivos
Juan Antonio García Amado Bolonia y la enseñanza del Derecho
Fabrizio Cafaggi La regulación privada en el Derecho contractual europeo
Javier Paricio El modelo romano de democracia
Federico Fernández de Buján Roma conforma España
Santiago Muñoz Machado Riofrío – V

Números anteriores:

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nº 1, enero de 2009

nº 0, 2008.



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