Varia. En la luna

– A la luna… de Valencia, aprovechando la crisis, la Navidad y la plena asunción por el consenso silencioso de la sociedad española de que los inmigrantes están ahí para hacer el trabajo duro o, a ser posible, simplemente, el trabajo, mientras nosotros nos dedicamos a nuestro sólido modelo piramidal de especulación financiera o inmobiliaria en que hemos convertido le economía española, nos ha pillado a todos el impresentable incumplimiento del Gobierno respecto de la aplicación de la conocida como “Directiva de la Vergüenza“. ¿Recuerdan que el Gobierno justificaba la aprobación de la directiva como un avance alegando que no serviría para endurecer las medidas contra los inmigrantes en España sino que sólo represetaba algo bueno, en la medida en que países que no tenían límite alguno temporal al internamiento de inmigrantes iban, al fin, a tener cierto techo? ¿No? Pues parece que los medios de comunicación y la sociedad en general, tampoco. ¿De veras es ético dar esta noticia sin recordarlo, para ayudar a que la cosa pase sin dejar demasiado rastro? De eso se trata, al parecer, de que nos olvidemos. Y parece que, lamentablemente, funciona. Si este blog sirve para que, al menos, haya más gente que tenga presete la desfachatez de semejantes afirmaciones pasadas a la luz de la actual realidad, agravada por el hecho de que van a por el sector de personas más desfavorecidas y apaleadas, con menos posibilidades de defensa, jurídica y económica, frente a este tipo de agresiones, bien está. Nuestro Gobierno, amparado por el silencio cómplice y la tácita aquiescencia de casi todos, tiene un proyecto de sociedad donde la nacionalidad española (o de cualquier país occidetal) te convierte en poseedor de todo tipo de derechos, incluyendo, en ciertos casos, un generoso riego de subvenciones y en general la posibilidad de una vida más o menos cómoda… financiada por la fuerza de trabajo inmigrante a la que cada vez apaleamos jurídicamente con mayor impunidad. Porque, claro, en tiempos de crisis no vamos a ponernos melindrosos.

Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.
¿Quiere alguien ir comprándose un terrenito en la luna? A pesar de lo que los tratados internacionales en la materia prevén para el espacio y los cuerpos celestes (un modelo de no territorialidad y la imposibilidad por parte de los Estados de hacer declaraciones de propiedad), la lógica capitalista, tocada pero no hundida tras los recientes acontecimientos, no se resiste y hay que reconocer que, por mucho que la opinión pública en los años 60 y 70 pensara de otra manera, es difícil aventurar que nuestros sistemas jurídico e institucional, construidos y sustentados en la misma, pueda hacer frente en el futuro a las consecuencias evidentes que de los mismos se deducen. Ya hay quien empieza a hacer sonar los tambores jurídicos, por cierto. Con fuerza. Por lo demás, tampoco hay que olvidar que hace tiempo que ya se venden parcelitas en la luna. Con qué grado de razón, en Derecho, ya es otra cosa (parte todo de la base, en el fondo, de que los estadounidenses tienen per se un derecho a inscribir registralmente la propiedad de cualquier tierra en el universo conocido y, por ello, basta que una persona así lo reclame para que el Derecho estadounidense y por ende el de todos los demás países, hayan de reconocerlo). Todo esto, sin embargo, tiene bastante interés de fondo, porque en última instancia permite asistir en vivo y en directo a lo que, en realidad, no es sino el nacimiento de nuestro Derecho actual y de las pautas sociales de apropiación más básicas que luego han determinado la construcción de toda nuestra sociedad. Vamos, como decía Rousseau en el conocido Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, que en efecto fue el primer ser humano que un día llegó y, sintiéndose fuerte para defender tal tesis, afirmó que un determinado trozo de tierra le correspondía por derecho el que estableció la más importante regla de Derecho conocida. Extravagante idea que, sí, justo es reconocerlo, ¿como buenos necios que somos?, todos hemos aceptado y convalidado. La cuestión es si lo aceptaremos con la luna. Que en el fondo tampoco es tan distinto, a pesar de que pueda parecerlo, a haberlo aceptado respecto de la Tierra.

En asuntos más terrenales, es enormemente interesante, como resultado de la elección de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos, asistir a las consecuencias que el peculiar sistema de cobertura de vacantes en el Senado o en la Cámara de Representantes está provocando. Y no se trata ya únicamente de las directamente vinculadas a cuestiones mafiosas y cómo puedan salpicar a Obama (el pobre gobernador de Illionois da un poco de pena desde la perspectiva española, ¿alguien se imagina a un presidente autonómico español teniendo que mendigar, a cambio de un nombramiento de senador o de lo que sea, que coloquen a su mujer en un consejo de administración?). Se trata, también, de si este peculiar diseño institucional funciona bien a la hora de combatir ciertas tendencias. Frente a la exhibición propagandística indirecta, que soy el primero en haber comprado con gusto, que las elecciones presidenciales de este año en nuestra Roma imperial han proporcionado sobre el modelo de allí, conviene no perder de vista estas consecuencias.

Aunque las funciones del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el enjuiciamiento de sentencias arbitrarias que realiza en Argentina su Corte Suprema tienen muy distinto origen y una naturaleza ciertamente dispar, parece que los problemas a los que se enfrentan allí no distan mucho de los que han propiciado la reforma de la admisibilidad del amparo aquí.

Algo se mueve en China, y puede tener su importancia desde un punto de vista político y jurídico, si no a corto plazo, sí como corriente de fondo (vía Balkinization).

Por último, en los tradicionales conflictos entre intimidad y libertad de expresión, importante cambio en la doctrina del Tribunal Supremo que venía amparando el uso de cámara oculta como instrumento legítimo dentro del llamado “periodismo de investigación”.

– ¿Quiere Usted montarse una Universidad? Pues que sepa que es fácil. La cosa, gracias a Bolonia, a la ANECA y a un Gobierno impresetable (o dos, en este caso, el valenciano y el estatal). La cosa, ahora, funciona como eso de los bares de copas, que uno pasa de pedir licencia y lo abre. Luego, con los años, ya la va pidiendo uno. Y si no te la dan, tampoco pasa nada. Tú sigues a lo tuyo. Tarde o temprano, si logras consolidar de hecho la situación, acabarán autorizándote. Por supuesto, igual que ocurre con el negocio de los bares de copas, un diseño institucional así favorece que el sector quede en mano de gente de la catadura moral que todos sabemos. En este caso, las enseñanzas de Medicina en Valencia se las queda el Arzobispo que inaugura estatuas de sí mismo (pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos). Lo más triste de esta historia, alucinante, es que su final hace tiempo que se veía venir. Y lo mucho que significa sobre la destrucción orquestada por los poderes públicos del sistema público de enseñanza. Así le va, y a sí le irá, a nuestra sociedad (eso sí, con muchos inmigrantes sin derechos para hacer el trabajo sucio a los doctorsitos “que no matan” y que, como sus papás, seguirán viviendo de rentas con mucha facilidad).



No win, no fee, también en España

Como es sabido, el ejercicio de la profesión en los Estados Unidos está muy mal y por ello hay un subsector, creciente, potentísimo, de abogados especializados en vender sus servicios cobrando únicamente una cuota de los posibles beneficios obtenidos por el cliente, caso de que tenga éxito el pleito. Y, si no se gana, pues no se cobra. Hay especies de abogados absolutamente especializados, como los conocidos ambulance chasers, muchos de los cuales incluso han prosperado y ahora van a por la caza mayor (accidentes de aviación, class actions…).

En España, como en casi toda Europa continental, esto ha estado tradicionalmente mal visto y, de hecho, con sus matices, el llamado pacto de quota litis ha estado históricamente prohibido (véase, por ejemplo, el artículo 3.3 del código deontológico europeo, aclarando eso sí que el citado código tiene el valor que tiene). Hasta hoy, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008.

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El Cronista, nº 0

Acaba de aparecer el nº 0 de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, una ambiciosa publicación dirigida por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, acontecimiento del que este blog no puede sino dar cuenta porque la revista y sus contenidos son dignos de ser reseñados y, además, porque es de esperar que los mismos sean motivo de debate y discusión, tanto por su calidad como por la orientación de la revista. Si dándola a conocer a través de este medio y reseñando alguno de sus trabajos contribuyo mínimamente a conseguir ampliar este necesario debate entre la comunidad de los juristas, bien estará. Pero también he de dar cuenta de la novedad editorial porque tengo la suerte de, junto a otro joven compañero, Luis Medina Alcoz, conformar (en estos primeros momentos) el Comité Ejecutivo de la misma. La verdad es que tampoco huelga aprovechar este momento, por cierto, para agradecer una vez más al Director de la Revista la confianza depositada en nosotros y el verdadero privilegio que supone estar encargándonos de algo así.

El número de presentación de El Cronista se abre con un trabajo de Santiago Muñoz Machado que sirve de presentación y declaración de intenciones. “El Cronista (del Estado Social y Democrático de Derecho): ideas y propósitos” se encarga de plantear, además, una serie de cuestiones centrales y de actualidad sobre nuestro Derecho, en una línea coincidente con lo que pretende ser la orientación de la revista: poner sobre el tapete grandes asuntos de interés, tratados por especialistas y en términos jurídicos, pero cuya importancia trasciende a toda la sociedad. Como mi intención es tratar de ir dando cuenta de los diferentes números de la revista y de sus contenidos me extenderé un poco más, en breve, sobre los concretos problemas que refiere.

El resto de trabajos de este primer número, igualmente, irán siendo comentados a lo largo de la semana y, con el tiempo, estarán también disponibles en abierto en la Red en su integridad, dado que se trata del número 0 de la revista y su objetivo es darla a conocer y lograr la mayor difusión posible de la misma. Igualmente, si alguien está interesado en conocer la revista con más detalle o desea hacernos llegar cualquier sugerencia o crítica, le animo a que se ponga en contacto con nosotros o, directamente, conmigo.

En 2009 El Cronista iniciará su andadura de forma ya definitiva. Esperamos contar con todos aquellos juristas interesados en hacer oír su voz y contribuir a este debate público del que, tantas veces, hemos criticado su discurrir sin atender demasiado a razones que para nosotros son importantes, así como hemos lamentado en no pocas ocasiones la ausencia de vías para manifestarnos y dar nuestra opinión. La idea es que, a partir de ahora, haya menos motivos para lamentarnos y que, si lo hacemos bien, podamos colmar alguna de estas lagunas. Esperamos, para todo ello, vuestra colaboración.

Sumario del número 0

 
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO El Cronista (del Estado Social y Democrático de Derecho): idea y propósitos.
LUIS ENRIQUE DE LA VILLA GIL El patrimonio sindical
MANUEL OLIVENCIA Los Códigos de Buen Gobierno: valoración
MANUEL CLAVERO ARÉVALO Uniformismo y singularidad histórica en el Estado autonómico
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ De la banalidad a la incoherencia y la arbitrariedad. Una crónica sobre el proceso, al parecer imparable, de degradación de la Ley
MANUEL ATIENZA
y FRANCISCO LAPORTA
Diálogo sobre el imperio de la ley y constitucionalismo
MARIANO DE ORO-PULIDO Y LÓPEZ El control del planeamiento urbanístico
PETER M. HUBER Unificación a través de los derechos fundamentales comunitarios
MARIANO YZQUIERDO TOLSADA El canon. Debate sobre los derechos de autor en el audiovisual
TOMÁS SALA FRANCO La incapacidad temporal: una visión crítica de su actual régimen jurídico
JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO Igualdad de género y poder de decisión en la empresa: la participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles


Manifest

MANIFEST DE PROFESSORS  DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE LES REACCIONS DE LES AUTORITATS ACADÈMIQUES A LA PROTESTA CONTRA LA REFORMA EUROPEA

Els sotasignats, professores i professors de la Universitat de València, davant dels últims esdeveniments ocorreguts al sí de la nostra comunitat –i amb independència de l’opinió que cadascú tinga davant el procés de reforma –Bolonya- i el tancament dels estudiants- manifestem el següent:

 1. Considerem que una part essencial de la tradició de la Universitat és la consolidació d’espais de llibertat, de contrast d’opinions, de debat, de reflexió i d’ acció.

2. Considerem que una conseqüència lògica de les anteriors afirmacions és propiciar la solució dels conflictes al si de la comunitat acadèmica, sense intervencions exògenes. Sabem que sovint els conflictes i protestes col•lectives es plantegen al marge dels òrgans i procediments de representació institucionals. La flexibilitat, la ductilitat i la prudència universitària, si és oberta, reclama sempre una resposta de diàleg, de raonament, de negociació. De construcció civilitzada del conflicte.

3. Considerem que, davant del conflicte, tota resposta coactiva de les autoritats acadèmiques ha de ser l’excepció: quan les greus alteracions vulneren els valors o interessos col•lectius jurídicament protegits. En aquest supòsit també hi ha una gradació de respostes; la Universitat està dotada de mecanismes propis per resoldre aquelles suposades actituds que poguessin trencar el normal desenvolupament de la vida acadèmica.

4. Considerem que el moviment estudiantil de protesta front al procés de Bolonya s’ ha desenvolupat sempre de forma pacífica i responsable. La llarga durada del mateix, prop de mes i mig de tancament als edificis universitaris, no pot estar exempta de tensions i friccions puntuals (jornada de mobilització,…). Però, mai han sobrepassat els paràmetres de respecte i consideració a les persones, els bens i institucions de la nostra Universitat.

5. Considerem que en les dues últimes setmanes, després de la manifestació que va aplegar milers d’estudiants i que va transcórrer sense cap incident, des de determinades instàncies acadèmiques, s’ha procedit a una creixent campanya de desqualificació del moviment estudiantil de protesta adreçada a desacreditar-los de cara a l’opinió pública, magnificant, per exemple, el desordre i brutícia dels espais d’ocupació, qualificant la protesta de moviment molt minoritari que no respon al sentiment majoritari de l’estudiantat ni és recolzat pel mateix; i fins i tot titllant-lo d’antidemocràtic per situar-se fora dels òrgans institucionals de representació; i violent per vulnerar el normal desenvolupament de la vida acadèmica. A la fi, s’ha produït la criminalització del moviment. A la premsa, farcida de comunicats, l’estudiantat implicat ha segut acusat de segrest de persones, coaccions i desordre públic de manera unilateral.

6. Considerem, per altra banda, que els esdeveniments de la jornada d’eleccions deixen algunes qüestions sense resoldre respecte a les actuacions d’alguna autoritat acadèmica als espais d’’ocupació del Campus de Tarongers. Tot i indica que l’acord de facilitar les votacions (retirant-se l’estudiantat dels espais de pas a la sala de les votacions) fou instrumentat tot elevant els nivells de tensió. Ens preguntem qui i per què va decidir la intervenció de la policia, justament eixe dia a mitjan matí, demanant la identificació de l’estudiantat? Després d’una jornada sense més incidents i acabades les votacions, amb els acampats fora de l’edifici, qui i per què va prendre la decisió de tancar totes les portes de l’edifici impedint-ne l’accés? Qui i per què va cridar la policia com si es tractara d’un gran desordre?

7. Considerem que la Universitat té un compromís científic amb la transparència de la informació que transmet i no pot comportar-se com alguns mitjans de comunicació coneguts per tots, tot i ser públics. La pàgina web de la Universitat de València i el Nou Dise, periòdic de la Universitat, han d’estar al servei de la informació de i per al conjunt de la comunitat universitària i no han de ser usats com un instrument de propaganda de l’equip rectoral contra les mobilitzacions dels estudiants. Per què no s’ha publicat el manifest de l’Assemblea d’Estudiants del Campus de Tarongers que desmentia els greus fets dels quals se’ls acusava?

Per tot això, entenem que fins ara mateix no trobem cap motiu per continuar amb una estratègia de descrèdit, assetjament i repressió d’una part en conflicte, desviant el focus d’atenció del debat d’idees i propostes. Així mateix, condemnem rotundament els intents de judicialitzar i criminalitzar el moviment de protesta i reclamem l’immediata retirada de les denúncies que les autoritats acadèmiques (degà dret, rectorat) han posat contra els estudiants.

El Manifest està penjat en Internet, on qualsevol professor de la Universitat de València pot adherir-s’hi per tal de demanar un canvi en la resposta que els nostres representants estan donant als tancaments pacífics dels estudiants.



Constitución española de 1978, año 30.

La Constitución española votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 está a punto de cumplir 30 años (en términos de vigencia lo hará el próximo día 29) y la efemérides ha permitido comprobar que, a estas alturas, es tan generalizada la sensación de que su reforma es necesaria y conveniente (lo cual, como es obvio, no significa, ni mucho menos, que la reforma sea imprescindible o urgente) como la impresión de que la misma no será fácil (y que, por ello, no es previsible que se lleva a cabo a corto plazo).

Las desleídas celebraciones oficiales, desprovistas de las otrora habituales manifestaciones de emoción y comunión orgullosa en torno al texto constitucional, han dejado prácticamente sola a Victoria Prego en su labor apostólica, cada vez que se aproxima un aniversario de este tipo, con su consabida celebración del espíritu de la transición (a cuenta, esta vez, de unos adictivos vídeos), mientras los partidos políticos desertan en masa del festejo y algunos aprovechan, en medio de la incomprensión general sobre lo que ha de significar la libertad de expresión de ideas perfectamente defendibles en una democracia madura como pueda ser la defensa del republicanismo, para atacar legítima aunque severamente el pacto constitucional. En el fondo, todo esto no deja de ser un síntoma de normalidad. Una sociedad sana, con una democracia asentada y no traumatizada por el pasado reciente tampoco se recrea en exceso en alabar el pacto constitucional. Bien está, por ello, que España se incorpore a este club.

Ahora bien, especialmente interesante es que esta suerte de crisis de edad haya dado paso a un debate centrado esencialmente en la necesidad, conveniencia, urgencia y contenidos de una posible reforma constitucional, idea en torno a la cual han girado prácticamente todos los especiales conmmorativos de medios de comunicación y casi todos los comentarios de juristas que han terciado en el asunto. Y digo que es interesante porque la maduración de esta idea va en paralelo a un creciente enroque de la clase política a la hora de ponerse manos a la obra.

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