Habilitación nacional

Desde ayer se están celebrando en Barcelona las últimas pruebas de habilitación nacional para profesores titulares de universidad de Derecho administrativo. 27 personas se presentan para ser uno de los 12 habilitados, en lo que es un acontecimiento académico de primer orden, máxime cuando parece claro, a la vista de por dónde van los tiros de la reforma de la normativa universitaria, que en muchos años no volveremos a tener nada semejante.

Desde que a finales de 2001 se modificó la manera en que se seleccionaba a los funcionarios docentes universitarios (por medio de la LOU) hasta ahora ha habido 4 procesos de concurrencia en los que se han ventilado 20 habilitaciones (descontando, eso sí, que en este último proceso las 12 que hay en juego se cubrirán, como parece lógico). Esta última convocatoria ha sido la más masiva, con el consiguiente incremento, también, de candidatos (téngase en cuenta que, si no recuerdo mal, en anteriores pruebas había sólo 3, 3 y 2 plazas). Aunque en comparación con otros procesos selectivos el ratio habilitaciones/candidatos pueda parecer alto hay que tener en cuenta que todos los presentados han llegado al final de un proceso que supone una criba exigente y desarrollada a lo largo de sus años de dedicación universitaria, que no suelen bajar de la década. Lo que garantiza una enorme preparación y una gran competencia. Que haya pocas personas por cada “plaza” de habilitado no significa que las pruebas sean fáciles sino que, al contrario, refleja lo complicado que es el mero hecho de llegar a poder presentarse y la extrema preparación de todos los candidatos, con lo que ello implica en términos de competencia.
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Esperpento totalitario De Juana Chaos

La situación en torno al cumplimiento de condenas y posterior mantenimiento en prisión del etarra De Juana Chaos, dado que los eventos verbeneros protagonizados por la Justicia española (o el teatrillo que la representa en la Audiencia Nacional) prosiguen, obliga a dedicar más espacio a este lamentable (desde todos los puntos de vista) asunto. Aunque ya comentamos la primera parte de esta disparatada parodia, el hecho de que hoy se haya consumado la que parece la segunda pieza del vodevil obliga a actualizar algo, para ver si tratamos de entender qué está pasando en la Audiencia Nacional y en eso que veníamos llamando España democrática.

Desde la semana pasada, cuando aprovechamos para comentar lo ocurrido en torno a De Juana Chaos, los acontecimientos se han precipitado como consecuencia del empeoramiento del estado de salud del preso (resultado de su huelga de hambre “a base de chopped, jamón, queso y demás manjares”, según informaba el periodismo independiente español). Junto a esto, también, afortunadamente, se ha comenzado a producir un cierto desplazamiento en la opinión publicada, que empieza a medio recoger (por supuesto, no en todos los medios) la perplejidad del hombre común frente a la arbitrariedad con que son tratados los presos en este país dependiendo de quién sean. Los juristas, de momento, parecen preferir (en general) seguir callando, pero esto no puede durar mucho más, dado el nivel de escándalo que se está alcanzando.

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De Juana Chaos

Mientras el espectáculo político continúa a cuenta de la extinta tregua de ETA, con la brillante conclusión extraída por la oposición parlamentaria de que el Gobierno, al mostrarse débil y genuflexo, ha alentado los atentados, la kale borroka, los asesinatos… (y es que, claro, qué puede esperarse de un Presidente surgido de un sistema en el que se exige para ocupar el cargo que le vote la gente y poco más), me interesa detenerme en una afirmación que, de tan repetida, ha acabado siendo más o menos asumida (en mayor o menor medida, con más o menos profundidad según las posiciones de unos y otros) por todo el mundo excepción hecha, quizá, de la izquierda abertzale: se trata de la idea de que el actual Gobierno de España ha sido complaciente con el “entorno” de ETA. Como es obvio, yo (al igual, por cierto, que todos los que escriben y opinan sobre este asunto) no tengo ni idea de si así ha sido en cuestiones de relevancia para el común de los intereses públicos. Pero sí que he podido observar cómo ha actuado el Gobierno, a través de la Fiscalía (que depende directamente, y así es razonable que sea, del Ejecutivo), respecto de una situación concreta, la que afecta a De Juana Chaos. Y desde ese conocimiento público que compartimos todos puede afirmarse sin dudar que, si la manera en que ha actuado el Gobierno es flexible y poco exigente, miedo da pensar de qué estamos discutiendo cuando escuchamos a algunos exigir más dureza. Porque el comportamiento del Estado español (Ejecutivo, por una parte; Poder Judicial, por otra) con De Juana Chaos es, sencillamente, propio de un régimen totalitario. Como hay al menos tres cuestiones jurídicamente interesantísimas, a mi juicio, que revolotean en torno a esta cuestión, aprovecho que estos días está de moda comentar la entrega gubernamental a los postulados de ETA para analizar los motivos por los que el comportamiento en este concreto asunto, del que la opinión pública sí tiene cumplida y completa información (por lo que se puede opinar con conocimiento de causa) no sólo desmiente esta impresión sino que traza un panorama mucho más sombrío, pero por motivos justamente opuestos, respecto de la actuación de nuestros poderes públicos.

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Funcionario (III). La selección del profesorado universitario.

En una entrada anterior, y al hilo de la feliz noticia de mi acceso al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, apuntaba algunos sinsentidos consecuencia del hecho de que para empezar una carrera universitaria en España uno haya necesariamente de tratar de acceder a un puesto que, hoy por hoy, sólo puede ocuparse en tanto que funcionario. Pero desde el mismo instante en que empecé a escribir se me hacía evidente que mucho más importante que el estatuto o cualidades del puesto de trabajo son la manera en que se accede al mismo -la forma en que se selecciona en España a los profesores universitarios- y las reglas (jurídicas y gremiales, expresas y tácitas) que condicionan el posterior desarrollo de la tarea de un profesor universitario. Las respuestas a ese primer texto, así como a uno posterior no hacen sino dejar claro que se trata de cuestiones absolutamente esenciales. Allá vamos con la primera de ellas, intentaré que salga una cosa más o menos ordenada, aunque no es fácil.

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Funcionario (II)

Soy consciente de que prometí ayer mismo que me ocuparía de la selección del profesorado universitario. Lo haré en cuanto pueda. Pero vengo de tomar posesión como Profesor Titular de Universidad (Derecho Administrativo) y no puedo resistirme a dejar de comentar dos cuestiones entrañables que he podido descubrir:

– que a día de hoy todavía hay que jurar los principios del movimiento

– y que el primer contacto con MUFACE es el verdadero bautizo de todo funcionario

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Funcionario (I)

El Boletín Oficial del Estado publica hoy mi nombramiento como Profesor Titular de Universidad. En cuanto tome posesión (previsiblemente mañana) pasaré a ostentar la condición de funcionario, dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, como Profesor de Derecho Administrativo.

El acontecimiento me lleva a reflexionar sobre, al menos, dos cuestiones (más allá, como es lógico, de estar muy contento y no poder evitar pensar que… ¡por fin!): en primer lugar en torno a la lógica que tiene (o no) que los profesores de Universidad hayamos de ser funcionarios; otro día, además, habrá que hablar sobre el procedimiento de selección de personal que legalmente impera en nuestro cuerpo y que es cualquier cosa menos óptimo.

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