El TTIP y sus sombras… ¿o sus luces? (a propósito del libro de A. Guamán)

Estaba yo en 2013 por Alemania, haciendo las cosas estas que hacemos a veces en la Universidad de irnos por ahí a buscar libros raros y aprender cosas y, como suele pasar en esos casos, me miré con más detalle la prensa de por allí de lo que hace uno de ordinario con la prensa de fuera, que nos  limitamos a mirar por Internet de vez en cuando de forma superficial y ya (salvo si eres español y pasa algo importante políticamente en España, que a veces te obliga a informarte por ahí, claro). Pero no nos dispersemos: el caso es que en Alemania hablaban de una cosa muy rara de esas suyas, jurídicamente alambicada y que, además, cuando no controlas el alemán a la perfección, siempre te quedas con la duda de si has entendido bien o no. Iba todo de unos tratados internacionales o así con Canadá que quitaban el poder a los jueces nacionales y que tenían indignada a mucha gente. A los antisistema y sospechosos habituales de turno, por supuesto, pero también a sesudos profesores que escribían en el Feuilleton de la Frankfurter Allgemaine Zeitung o en Die Zeit. Alertaban además en esos artículos de que luego venía no sé qué cosa aún peor, pactada en ese caso con los Estados Unidos. Todo era muy raro, pues en España yo no había leído nada semejante, pero dado el corralito informativo habitual en nuestro país, que hace que puedan ponerte bombas en trenes y que toda la intelectualidad patria desfile por los diarios en perfecto orden de revista a acusar de haberlas puesto a unos que ni pasaban por ahí pero a los que el gobierno tenía muy enfilados, tampoco podía descartarse que la cosa fuera algo en verdad importante y no una mera obsesión alemana rara. Cuando unas semanas después recalé en Francia y comprobé que allí también hablaban, en Le Monde y demás panfletos que dejan como bolchevique peligroso a L’Osservatore Romano, de esas cosas raras me di cuenta de que, una vez más, había vuelto a pasar: como con la Constitución Europea o el euro y demás hits de la cultura política española en relación a las cosas importantes (la soberanía, la pasta, el reparto de la riqueza, las reglas que permiten a quienes mandan seguir mandando…), nos estábamos metiendo en algo importante y en España ni siquiera se hablaba del tema.

Eso sí, por culpa de que España esté en la Unión Europea y de que exista Internet y llegue la prensa extranjera a casa fácilmente, no todo dura eternamente y tampoco el silencio absoluto durante mucho tiempo si en otras partes del mundo se comenta el tema. En 2015 ya se habla, poco y mal, pero algo, de estas cosas de tratados internacionales, árbitros que sustituyen  los jueces nacionales y negociaciones secretas. No aparece casi nada del CETA, nombre que tiene el tratado en cuestión entre la UE y Canadá, cuya negociación ya ha concluido y que está en estos momentos iniciando su proceso de ratificación, pero sí de su versión 2.0 tras las pruebas beta euro-canadienses: el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partneship), un tratado en estos momentos en negociación entre la UE y los Estados Unidos para ir un pasito más allá en la liberalización de las relaciones comerciales entre los felices estados miembros del bloque occidental este nuestro basado en los derechos humanos y la democracia, como es sabido, pero también en un desarrollo económico y una redistribución de la renta que no tiene parangón por ahí (y si tienes dudas, mira cómo están los que siguen otros modelos: ¡mira Cuba, mira Corea del Norte, mira Rusia, mira Singapur!, ups, eh… bueno, mejor ahí tampoco mires mucho, ni a China, ni a Vietnam ni a….).  Han tenido que pasar, eso sí, muchas cosas para que llegue a los medios de comunicación españoles información sobre el tema. Que haya una bulla monumental en Alemania con el asunto, hasta el punto de que una mayoría notable de alemanes no sólo sabe lo que es el TTIP sino que está radicalmente en contra de sus orientaciones. O que la influyente y prestigiosa académica y ahora senadora demócrata de los EEUU Elizabeth Warren se largara una columna contra el tratado gemelo EE.UUU-Pacífico en el Washington Post hace unos meses que fue muy comentada en todo el mundo y ha generado muchos problemas para Obama en el Senado a la hora de lograr consenso para poder negociar todo esto con toda la tranquilidad del mundo sin luz, taquígrafos, ni control parlamentario, como es habitual en estos casos y  tan bien viene para poder pactar todo como Dios manda en beneficio del bien común. E, incluso, que en el normalmente abúlico Parlamento europeo la más normalmente aún abúlica ala socialdemócrata del mismo haya tenido un arranque de vergüenza torera y haya dicho que bueno, mira, ojo, esto habrá que mirárselo con calma, eh, que si hasta en EEUU hay quien no lo ve bien, pues por no hacer el ridículo del todo la izquierda europea establishment también ha de hacer como que frunce un poco el ceño. Sin embargo, los análisis rigurosos sobre el Tratado en España han brillado por su ausencia hasta la fecha. Por esta razón es tan importante que aparezca un libro como el que ha escrito una compañera de Facultad, la profesora Adoración Guamán, sobre esta materia, una obra que ya tienen por ahí en las librerías y con notable éxito de público y crítica, de título TTIP. El Asalto de las multinacionales a la democraciaComo se vende al anticapitalista precio de 9€ todos tenemos pocas excusas válidas para no comprarlo y echarle un vistazo. Pero bueno, si les da pereza y eso, aquí les hago yo un breve spoiler y, de paso, ya que estamos, les comento un par de cositas que no me han quedado del todo claras en las críticas que se hacen en el libro al proyecto de Tratado.

Por centrar mínimante el tema, hay que explicar primero de qué va la cosa del TTIP. El libro lo cuenta muy bien, y sitúa las negociaciones muy correctamente en su contexto económico, político y social (enunciados aquí por el orden de importancia, decreciente, que tienen en el mundo este de nuestros días, reconozcamos las cosas son como son). El TTIP es, sin duda, un instrumento liberalizador, que bebe en la idea de que cuanto más se liberalice el comercio de productos y servicios, mejor nos irá a todos, ricos y pobres, grandes y pequeños y que, en consecuencia, hay que ponerse a la faena en cuanto sea posible e ir por esa senda liberalizadora a toda la velocidad que las condiciones del camino permitan (condiciones que tienen que ver con cómo de mal se lo tome una población que no acaba de ver claras, muchas veces, todas estas ventajas de la liberalización a la vista de experiencias pasadas… ¡qué cosas pasan a veces!). La Unión Europea, artefacto de éxito en lo social y económico de acreditada solvencia, es un ente diseñado para caminar por esa senda como la Mars Pathfinder lo está para adaptarse a la superficie marciana, si bien es cierto que también se queda encallada con la misma facilidad con cierta frecuencia debido a nimios problemas de diseño de nada como el que estamos viendo con el euro. Pero frente al pesimismo que pueda aportar la constatación de los destrozos del presente, nada como el optimismo de la voluntad. De modo que ahí está la UE, tirando a muerte del carro y dispuesta a cerrar cuanto antes y con el mayor entusiasmo del mundo este tratado transatlántico de liberalización del comercio a mayor gloria del desarrollo y la equidad social.

Curiosamente, y a pesar de las evidentes ventajas que tendría para la Unión Europea difundir los beneficios evidentes que traería, a su juicio,  un Tratado como este, que liberaliza y trae más riqueza, y que deberían conducir lógicamente a una estrategia de negociación y debate público basada en cantar sus excelencias, explicar lo bien que le va la liberalización de los mercados a los ciudadanos de los países que abren sus fronteras más y más y a dar datos y más datos sobre las negociaciones y las nuevas cláusulas que se quieren meter en los nuevos tratados, la estrategia de comunicación de quienes negocian estos tratados es la contraria: que las negociaciones sean secretas y que no se pueda ni siquiera consultar el texto de los tratados en su estado actual de negociación. Por lo visto, las ventajas de los acuerdos son tales que los ciudadanos han de apoyarlas hasta sin que se las expliquen, pues a fin de cuentas ya los euroburócratas, con su reconocida solvencia y empatía para con los más desfavorecidos, nos dicen que esto es una maravilla que nos hará ganar no sé cuántos miles de euros más al año por familia. ¿Hace falta más que tener a la Comisión Europea jurándonos por Snoopy que este tratado es chupiguay para todos acaso? Hasta tal punto llegan las bondades del texto que ni siquiera se lo enseñan mucho a gentes como eurodiputados, gobiernos de países de la UE o parlamentarios nacionales, no se vayan a llevar tal alegría al ver el contenido del texto que muera mucha gente de infartos generados por la ilusión y tengamos un problema de vacío de poder. Finalmente, tras mucho lío, y aunque sólo a ciertas personas, se les ha dejado ver el Tratado. En primer lugar, a las empresas transnacionales y lobbies, por supuesto, y sin restricciones excesivas excepto la prohibición de no hablar del tema luego (que engendros como, apréciese la broma, Transparencia Internacional, en una de esas contradicciones grotescas que sólo el mundo del palanganerismo nivel premium puede aportar, han aceptado sin mayor problema, claro). También se les ha dejado echar una ojeada rápida a los eurodiputados que lo han pedido, eso sí, humillándolos todo lo posible. La cosa esta de la opacidad por nuestro bien ha generado algún problema en democracias quisquillosas, como la alemana (ya se sabe, son unos pesados y unos tiquismiquis estos alemanes), donde hay diputados que han señalado que en principio pasan de aprobar ningún tratado en nombre de la RFA si no les dejan leerlo antes. ¡Unos radicales!

Adoración Guamán, en plan pejiguero y como si creyera en la democracia como si fuera una parlamentaria normal de una democracia civilizada como la alemana, vincula esta tendencia a la opacidad, y no es fácil reprochárselo, a las evidencias de que la liberalización no ha traído en el pasado ni más igualdad en la renta ni unas mejores condiciones para las clases trabajadoras o más desfavorecidas de aquellos países que ya contaban, antes de la liberalización, con ciertos niveles de renta y de protección social, así como con derechos sociales y laborales mínimamente dignos, sino más bien lo contrario. A partir de ahí, el libro vehicula una crítica con la que uno no puede sino estar de acuerdo respecto de las formas y contenidos del tratado. Sin embargo, y a diferencia de lo que hace Guamán en su libro, donde no cuestiona esa premisa de fondo, creo que sí sería posible discutir sobre el fundamento último de la tesis que niega que la liberalización de los mercados produzca más riqueza y desarrollo. Las experiencias pasadas, de hecho, apuntan, en contra de lo que en algún momento expone Guamán, a que sí se produce ese incremento de la riqueza. Cuestión distinta es que se haga a costa de ciertos bienes (ambientales y de todos, en ocasiones) o de la imposición de estructuras de reparto que incrementan las desigualdades. Lo cual es un problema igual de grave aunque, a mi juicio, diferente en sus causas. El problema de la liberalización no sería tanto que no genere riqueza y desarrollo como que necesariamente (o al menos necesariamente en la arquitectura institucional y jurídica que conocemos y que hemos empleado hasta la fecha para ir avanzando en la misma) va de la mano de un reparto de armas políticas y sociales que dejan desamparados a ciertos colectivos y les impiden luchar políticamente con eficacia por sus derechos sociales y económicos, con lo que pasito a pasito se van “reconfigurado”… a la baja, por supuesto. Esta distinción puede parece menor, y mi sensación es que la autora no se mete en el debate no porque no lo vea interesante y posible sino porque no es su objetivo analizar este asunto para lo que ella pretende: explicar y criticar el TTIP y sus objetivos. Sin embargo, a mí sí me lo parece. Más que nada porque la crítica al instrumento y sus efectos quizás no sea la misma necesariamente según partamos de una premisa o de la otra (por mucho que, eso ha de concederse, en la actual configuración del proceso de liberalización se confundan totalmente).

El libro, en todo caso, es muy didáctico y explica con enorme claridad de qué va el TTIP. Unas negociaciones en España muy desconocidas y que hacen particularmente útiles las explicaciones, detalladas y críticas, de la autora, que trata de explicarnos que el proyecto de tratado va esencialmente de 3 cosas:

1. Liberalizar más los intercambios comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América del Norte. Aunque los intercambios comerciales dentro de la OMC y en concreto los que se desarrollan entre EEUU y la UE ya estén muy liberalizados y los aranceles sean ridículos (una media del 3% o así, explica el libro), el TTIP aspira a irlos rebajando todavía más y más. Idealmente, como se sabe, el objetivo es llegar a que no haya y punto.  Y en esas estamos. Con todo, reconoce la autora que, dado el punto en que ya estamos, con aranceles que es como si no existieran, no es éste a la postre, y a fin de cuentas, el objetivo prioritario del Tratado sino profundizar en la liberalización por otras vías donde todavía queda más camino por recorrer.

2. Armonizar en lo posible las legislaciones actualmente existentes en los diversos bloques de tipo ambiental, laboral, sobre prestación de servicios, sobre características de productos… para facilitar los intercambios y que no haya barreras de efecto equivalente que, sin ser aranceles, eviten de facto que se pueda prestar un mismo servicio o vender un mismo bien en varios mercados. Este es un objetivo diferente y más importante a la mera rebaja de los aranceles. Un objetivo que recuerda a la evolución que la propia UE ha sufrido internamente, en su transformación de un mero mercado común (que eliminaba aranceles y no permitía discriminar entre productos, pero permitía a cada Estado imponer ciertas reglas, siempre que se aplicaran a todos por igual) a un mercado único donde, poco a poco, se ha ido entendiendo que para que pudiera haber mercado común de verdad no podía ser que cada Estado tuviera derecho a ir por ahí protegiendo a los consumidores a su manera diciendo cómo se ha de prestar tal o cual servicio (que si obligar a una compañía aérea a que te facture una maleta obligatoriamente por el billete, por ejemplo) o qué características ha de tener tal o cual producto (decir que la cerveza para llamarse así no puede tener más que ciertos ingredientes, eliminando toda creatividad industrial a base de aditivos divertidos, y cosas así). Obviamente, esta unificación se hace a costa de las preferencias de los ciudadanos de cada país, expresadas democráticamente, porque imponer una regla única exige sacrificar diversas y legítimas expresiones de prioridad (a favor de llevar maletas gratis o, por contra, a favor de dejar que las compañías abaraten el servicio por no estar obligados a ofrecer ese plus dependiendo de sensibilidades políticas y económicas que no tienen por qué ser las mismas en todas partes) y requiere de una creciente centralización de la toma de decisiones. El TTIP pretende establecer mecanismos de armonización de este tipo, para ir pasando de mero mercado común sin aranceles a mercado cada vez más único. Adoración Guamán explica muy bien el problema que ello comporta de tipo democrático, dado el tipo de instrumentos y comités que serán designados para tomar estas decisiones. Más genéricamente, y en tanto no tengamos instituciones adaptadas y democráticamente presentables a estos niveles, toda decisión que se lleve a este tipo de negociación implica una pérdida evidente de soberanía, de control democrático, de capacidad efectiva de que seamos los ciudadanos los que hagamos valer nuestras prioridades respecto de esas decisiones. La autora lo denuncia con rigor y el problema al que hace referencia es, sencillamente, cierto. No sólo es que lo sea, es que, además, no hemos sabido hasta la fecha dar una solución mínimamente presentable a la articulación democrática de las decisiones a ciertos niveles de integración (la UE es, de nuevo, un rutilante ejemplo de todas estas fallas). En este punto el TTIP es pues una oda, coherente con lo que es la UE en términos de alejar las decisiones de los ciudadanos, a la tecnocracia. Unos señores, con un acreditado historial de aciertos como demuestra la arquitectura jurídica de la zona euro, nos piden más y más poder para, en nuestro beneficio, tomar todo tipo de decisiones sobre cómo han de ser ofrecidos y enmarcados los mercados de bienes y servicios sin control democrático y dándoles carta blanca porque, sencillamente, se supone que “saben mucho”. Y, por cierto, tomando decisiones también sobre cosas como los derechos laborales y la protección del medio ambiente. ¡Suena todo muy apetitoso! Como la autora de la obra es profesora de Derecho del trabajo tiene muy presentes los efectos que la situación actual de liberalización incipiente está provocando ya en los derechos laborales de los trabajadores de países históricamente más protegidos, como eran los de Europa occidental, pues la liberalización ya producida ha generado inmediatamente un efecto competitivo hacia abajo, en la medida en que la competitividad a medio y largo plazo sólo puede mantenerse en un espacio equiparando los costes laborales a los del país que los tiene menos generosos dentro del área de libre comercio… o compensándolos por otras vías (educación , más capacidad tecnológica, creatividad…) que no siempre están al alcance de todos. El panorama suena, de nuevo, muy apetitoso, ¿verdad?

3. Con todo, no es esto siquiera lo más conflictivo del nuevo tratado ni su novedad que ha generado más revuelo. Lo más polémico del TTIP es que, como su predecesor con Canadá o el Tratado entre EE.UU. y varios países del Pacífico también en curso (aquí comentado por Julio González también respecto de esta cuestión), o como hacen ya muchos tratados bilaterales, se pretende excluir de la jurisdicción nacional muchos pleitos entre empresas y Estados por cuestiones regulatorias, llevándolos a tribunales de arbitraje internacional. Es esta medida la que ha generado más polémica en aquellas democracias occidentales normales donde estos asuntos del comer y del reparto tienen espacio en el debate público por encima de cosas como meter puros a quienes no silban el himno nacional en un partido de fútbol o tener a la policía persiguiendo a quienes se meten con antiguos y fallecidos gerifaltes franquistas en Twitter. Desde el artículo de Elizabeth Warren a las muchas dudas de algunos eurodiputados, así como parte del debate público, vienen por aquí. Hasta el punto de que se habla ya de alternativas para suavizar esta parte y que la opinión pública europea no se rebote del todo, obligando a abortar las negociaciones sin llegar a buen puerto. Adoración Guamán critica mucho también esta figura, recordando los nefastos precedentes que ya existen sobre su uso y abuso, que permiten a ciertas empresas transnacionales funcionar de facto sin tener que atenerse a reglas nacionales ni verse obligadas a dar cuenta ante sus tribunales en caso de conflicto regulatorio que les afecte. Los ejemplos de tratados bilaterales de comercio que incluyen este tipo de mecanismos, que son ya la mayoría, permiten dibujar un mundo donde los Estados pierden un elemento esencial de su soberanía y donde las grandes empresas pueden aspirar a tratarlos de igual a igual, n incluso con más armas, en una esfera de resolución de controversias más pactista y pragmática que basada en el Derecho y las reglas. En efecto, la cosa parece, también en este plano, bastante inquietante.

Así analizado, el Tratado (o propuesta de Tratado) merece sin duda muchas críticas y no puede sino compartirse con la autora la inquietud que nos transmiten sus páginas. Bueno, o no sus páginas y sus contenidos, que no los hemos podido ver, sino lo que se intuye que hay detrás por los precedentes (CETA) y las cosas que se van sabiendo. Sin embargo, y como ella misma reconoce, la liberalización de los mercados es en la actualidad tal que los fenómenos de dumping social ya se producen a gran escala,  los estándares medioambientales más bajos ya llevan desde hace años las de ganar en la competencia entre la producción entre diversos Estados y , por último, también cuentan desde hace tiempo las empresas con numerosas posibilidades de escapar de todo control nacional efectivo para la resolución de controversias acudiendo a los tribunales arbitrales ya existentes (explica Guamán cómo para ello basta con operar desde una sociedad radicada en un país que tenga tratado bilateral que incluya esta cláusula en vigor con el país donde quieres vender u operar). Analizada en estos términos la situación, al menos a mí, se me aparece una pregunta obvia: ¿cambia realmente tanto el TTIP? Si ya tenemos un entramado jurídico e institucional que permite, sin aranceles a efectos prácticos, comerciar libremente entre países y con ello presionar a la baja en todas las materias (ambientales, laborales, etc.), ¿hay un riesgo efectivo de que el TTIP vaya a rebajar estos estándares? Lo mismo, por lo demás, cabe preguntarse respecto de los tribunales arbitrales: dado que ya existen y que funcionan desde hace tiempo sin problemas, que las empresas ya pueden recurrir a ellos a poco que se lo curren, ¿es para tanto y tan grave que aparezca una estructura adicional y más estable donde los mismos estén más pautados y formalizados?

A mi juicio esta es una pregunta en el fondo enormemente pertinente, pues de su respuesta depende la evaluación correcta de los verdaderos riesgos del TTIP y de su origen, así como de lo que sería necesario para su corrección, y la autora la deja sin responder, lo que es sin duda una pena. Sin duda lo hace partiendo de la base de que la dinámica es, a día de hoy, la que es y que, por ello, no puede esperarse del TTIP sino que sea un eslabón más en el recorrido que venimos realizando. Y no le falta razón, a buen seguro, pues justamente para ello está definido y diseñado el TTIP. Sin embargo, de su propio discurso se deduce que la única manera de establecer mejores estándares de protección social, por ejemplo, al menos en un contexto como el actual, pasaría por un acuerdo que impusiera unos estándares mínimos de condiciones laborales para poder entrar en los mercados en cuestión. Unas exigencias mínimas que operaran como una suerte de barrera no arancelaria común o, si se quiere, como una regla armonizada de mínimos. Esto es… justo el tipo de arquitectura que un tratado como el TTIP permite o, al menos, permitiría potencialmente. Que su actual versión no concrete estas posibilidades tiene que ver con una evaluación política que, en efecto, es la que es. Pero que el modelo sea en sí mismo malo para contener la liberalización y sus problemas de dumping y competencia a la baja me parece, personalmente, algo mucho más dudoso en abstracto. Más que nada porque, a día de hoy, y con lo que ya tenemos… ¡no hace falta ningún tratado adicional para rebajar más y más condiciones sociales a la baja! ¡Para lograrlo basta sencillamente dejar que la inexistencia de aranceles haga poquito a poquito, pasito a pasito, su papel y, a medio y largo plazo… voilà!

En definitiva, el libro es interesantísimo y muy informativo, está bien escrito y abre muchos debates e interrogantes, empezando por este último que acabo de señalar, como todo buen libro ha de hacer. Contribuye, además, y por fin, a divulgar esta cuestión en España y acercarnos a lo que en otros países llevan años discutiendo con toda normalidad. Es, por ello su aparición tremendamente importante. Más que nada porque así nos enteramos de una vez de qué va esta cosa que, visto como se está poniendo la cosa en el resto de Europa, a saber si se acaba aprobando en esta primera intentona (una vez más, otros nos habrían hecho el trabajo sucio a los españoles, que gracias a vivir en Europa podemos ser más impresentables que otros pueblos y pasar de todo, confiados en que nuestra ubicación geoestratégica hará que lo que otros luchen revierta también en nuestro beneficio). La primera prueba es ver si la UE consigue que sus miembros ratifiquen sin problemas el CETA con Canadá: ya está habiendo problemas para ello. Y después vendría la ratificación del TTIP que, poniéndose la cosa como se está poniendo en Francia o Alemania, pinta difícil en sus coordenadas actuales. Veremos, en todo caso, qué acaba pasando. Pero mientras tanto, la verdad, yo me leería el libro. Porque esto es un tema esencial para el futuro de nuestras sociedades, como todos los que tienen que ver con riqueza y reparto, y estaría bien que por una vez nos pusiéramos las pilas en este país nuestro con estos temas. No todo es el tema ese de los himnos tan apasionantes o el patriotismo constitucional. También hay que comer y tener claro cómo se reparte el fruto del trabajo de todos. Las decisiones sobre esas cuestiones son precisamente las que identifican a una sociedad madura. A ver si un año de estos…



La ordenación de la carrera de los profes universitarios y las acreditaciones

El otro día en Twitter @unnombrealazar colgaba este gráfico, muy interesante a mi juicio por lo que nos cuenta y por las implicaciones que tiene para la eterna discusión sobre cómo ordenar la carrera universitaria de los docentes.

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¿Qué nos cuenta el gráfico? Nos dice que en general en la Universidad española, a día de hoy, los catedráticos de Universidad son profes que tienen 3 o más sexenios reconocidos, por un lado. Por otro, que los profesores titulares son personal con 1, 2 ó 3 sexenios y que pasa a ser muy extraño que haya TUs con más sexenios. Básicamente, ello se debe, como es fácil inferir, a que no es muy normal que un TU que ha demostrado capacidad investigadora suficiente (3 ó más sexenios) no acabe siendo catedrático y, en paralelo, a que en general para acabar como tal has de haber acreditado ese nivel mínimo (al menos, por lo general) de 3 sexenios. Obviamente, hay excepciones, como titulares con 6 sexenios (el máximo) y catedráticos sin tener reconocido ni uno solo. Estas anomalías suponen una evidente disonancia entre un método de evaluar méritos y valía y otro… y en general intuyo que todos tenemos claro cuál de los dos, aparentemente y desde fuera, sin conocer nada sobre cada caso concreto, es por lo general más fiable para hacernos una idea de la concreta calidad como docente universitario e investigador del profesor en cuestión: es obvio que puede haber razones históricas que tienen que ver con cómo era la Uni hace años, así como pueden darse cosas raras de perfiles muy profesionales que han pasado olímpicamente todos estos años de los sexenios a pesar de ser muy buenos, pero en general un CU sin tramos reconocidos es algo que da una imagen clara de que la razón última de esa situación fue simplemente un procedimiento de selección muy deficiente (y probablemente altamente endogámico e impresentable); en cambio, ni siquiera estas explicaciones generosas con el sistema pueden explicar fácilmente lo de que haya TUs con cinco y seis sexenios por ahí…

A partir de esta situación y de estos datos creo que podríamos y deberíamos replantear el actual sistema de acceso basado, como es sabido, en una evaluación (acreditación) muy parecida en cómo se hace (sin pruebas públicas) y en gran parte de lo que examina (investigación) a la evaluación de los sexenios, pero al que se tiene que añadir luego una posterior asignación de plaza como TU o CU por la Universidad en un concurso interno. Este sistema presenta muchos problemas, como es sabido. Básicamente, genera quejas masivas por su arbitrariedad en no pocos casos, por la diversidad de la vara de medir que se aplica muchas veces dependiendo de épocas, momentos o área de conocimiento… y además está generando una bolsa enorme de acreditados que todavía no tienen plaza acorde con esa acreditación, problema ya señalado en 2013 por el Informe del Comité para la reforma Universitaria que convocó el propio Ministerio de Educación de la mano del ministro Wert  (en su p. 19 ya se hablaba, con datos de finales de 2012, de más de 5.000 acreditados sin plaza, es fácil intuir que en estos momentos debemos de tener muy probablemente en torno a 10.000).

¿Se podría plantear como solución a esta situación, para facilitar la gestión por un lado pero también, y sobre todo, para evitar evaluaciones discordantes entre sexenios y acreditaciones, eliminar el atasco de los acreditados, etc. plantear un sistema más sencillo de conversión automática del profesorado con 3 sexenios en Catedráticos de Universidad? A la luz de los datos, la situación final, la foto fija, no cambiaría demasiado. Pero ganaríamos, sin duda, en muchos aspectos con el cambio. A vuelapluma se me ocurren ventajas evidentes como que:

– el sistema primaría sin duda la investigación y además podría favorecer una reforma, para hacer más exigente, el sistema de sexenios que sin duda sería muy positiva;
– la automatización evitaría evaluaciones discordantes (TU con 5 o 6 sexenios mientras hay CU con 1 o ninguno) que normalmente, como todos intuimos, son consecuencia de anomalías que se producen en el procedimiento de acreditación y no tanto en el sexenios (más que nada porque es mucho más sencillo y difícil de remediar y controlar un sistema que permite de una sola tacada mandar al cielo o al infierno a alguien, mientras que una sucesión de evaluaciones a lo largo de años, como los sexenios, difumina los riesgos de arbitrariedad pues es más difícil que te traten varias veces seguidas, cada seis años, de forma injusta, ya sea a favor, ya sea en contra -ojo, con todo, esto es la Uni española, luego ya sabemos que imposible tampoco es-),
– esta propuesta, y no es una ventaja menor, evitaría además líos departamentales por estas cosas y las batallas por la prioridad en promocionar, que suelen ser chungos y descentran muchísimo a la gente, generando dinámicas de trabajo académico muy nocivas y problemas de todo tipo que drenan esfuerzos en mucha mayor medida de lo que mucha gente de fuera pueden creer.

A cambio, un modelo así tiene también inconvenientes que habría que analizar. Aunque, la verdad, son desventajas más teóricas que reales, pues confrontadas con la práctica actual española no lo son, en realidad, pues en nada empeoran la situación (como mucho, la empeorarían desde algún modelo alternativo ideal y mejor). Así:

-es evidente que en este modelo promocionar dependería sólo de la investigación, de modo que no incendiaría la docencia bien hecha (lo que ocurre es que hay que ser conscientes de que lo que ahora tenemos ahora tampoco lo hace más allá de computar la mera acumulación de años de docencia como mérito, pues es sabido que nuestro sistema ha tenido y mantiene un total desinterés por evaluar de manera mínimamente real la efectiva calidad de la docencia y los efectos que tiene, en positivo o negativo, sobre los estudiantes la labor que hacemos con ellos),
– el modelo, analizado más en general, es cierto que introduce cierta rigidez, pues nos “ataría” a un sistema de carrera profesional bastante mecánico (nadie podría llegar a la cúspide jovencísimo por buenísimo que fuera, por ejemplo, lo que impide primar a los fueras de serie) y en el que se perdería también la posibilidad de valorar, no sólo la docencia sino también otras cosas (o una valoración de conjunto sobre el perfil de cada candidato, que es algo muy subjetivo pero que si pudiéramos hacerlo de modo fiable es verdad que sería muy chulo… lo que pasa es que, ¿de quién nos fiamos para hacer algo así?). Ocurre, de nuevo, que este problema tampoco es, a mi juicio, tan grave, pues el hecho es que de facto esas otras cosas se evalúen ya por otras vías (prestigio y visibilidad social, para algunas de ellas; capacidad de rentabilizar económicamente en el mercado las otras, como la manida “transferencia”, para otras) hace que este inconveniente no (me) parezca tan dramático y que no desaparezcan los incentivos, sino al contrario, para ser un gran profesional en el campo donde enseñas o para ser un gran divulgador o participar activamente en otros ámbitos de la vida social y política.

Por último, y desde la perspectiva de ordenación de la carrera del profesorado, creo que conviene no quitar mérito al valor que una automatización de este tipo tendría para la propia Administración a la hora de ordenar sus recursos humanos, tenerlos contentos, con incentivos adecuados y, además, hacerlo de un modo que le permite realizar fácilmente previsiones de carrera, gasto y estructura de personal que ayudarían a facilitar la ordenación de las actividades de docencia e investigación a las que se dedican nuestras Universidades. Por ejemplo, serían ventajas evidentes e inmediatas que:

– el sistema permitiría plantear también un modelo de inmediata y automática conversión de los contratados doctores que así lo deseen y que tengan, por ejemplo, reconocido un tramo de investigación, a profesores titulares funcionarios, evitando uno de los grandes problemas que tienen en la actualidad las Universidades públicas (recambio generacional, modelo de carrera que dificulta mucho a los profesores jóvenes el acceso y se lo retarda de manera absurda, incentivos muy diversos y peculiares para que este personal joven haga muchas cosas bastante locoides en lugar de centrarse, como sería mucho mejor, en la investigación de calidad);

– asimismo, con este modelo, se podría modular el punto de acceso óptimo a la condición de catedrático (a la vista de las gráficas parece que son los 3 sexenios, pero quizás podría pretenderse que fueran 4, a fin de exigir más para llegar a ese punto y evitar eso que obsesiona a mucha gente de que “haya departamentos donde todos los profesores sean catedráticos”, que es algo que preocupa a mucho docente y gestor y que, aunque yo nunca he entendido bien del todo por qué, puedo asumir que tenga sentido si se me escapa algo… o incluso, si se quiere, en plan mezquino, por una cuestión de mera ordenación del gasto y consideraciones de tipo presupuestario de las Administraciones públicas… ¡aunque lo inteligente sería tratar lo mejor posible al personal y no putearlo gratuitamente!).

Como coda final, es necesario recordar que, puestos a introducir este cambio, que haría a los sexenios más importantes aún de lo que ya lo son, no estaría mal aprovecharlo para reforzar las exigencias, controles y garantías del modelo de sexenios. Que en principio no sea tan peligroso en materia de arbitrariedad como el de acreditaciones (más que nada porque te evalúan varias veces, a lo largo de tu carrera, personas y comisiones que van cambiando) no significa que no haya a día de hoy riesgos, que los hay, ni problemas con distintas varas de medir y exigencias (o, en ocasiones, criterios absurdos de base sobre lo que es la investigación universitaria y cómo imputársela a sus autores). Pero ello no quita para que la mera automatización supusiera ya, a día de hoy, y desde el primer día en que se aplicara, una evidente mejora para todos.



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