Transparencia (III): la publicación de los datos sobre financiación autonómica en España y Alemania

Hemos hablado extensamente del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en estos momentos en tramitación en las Cortes y hemos puesto de manifiesto hasta qué punto sería importante contar con un buen y suficiente despliegue de datos públicos sobre cualquier actividad administrativa (y que éstos, además, fueran desplegados de oficio, bien ordenados, fácilmente accesibles y, como es obvio, on-line para que puedan estar a disposición cómoda y efectiva de todos los ciudadanos). Los efectos sobre el debate público, sobre el control de la actividad de los gobernantes, sobre la prevención de la corrupción… de algo así serían enormes. Pensemos hoy en un sencillo ejemplo, que es el de la financiación autonómica en España, y comparemos lo que ocurre con la situación en Alemania, un país con un reparto del poder de tipo federal muy parecido al nuestro (de hecho, en muchas cosas hemos copiado de ellos nuestro modelo) a efectos de poder obtener fácilmente datos de este tipo.

En primer lugar, como recordaba ayer el economista Germà Bel en La Vanguardia, en España los datos más sencillos nos son presentados con un retraso enorme. La última reforma sobre el modelo de financiación autonómica en España es de 2009. Desde entonces, y de acuerdo con ese sistema, se han asignado recursos para 4 ejercicios: 2010, 2011, 2012 y 2013 (este último, como es obvio, todavía por cerrar y además con increíbles indeterminaciones pendientes, por cuanto a estas alturas, transcurrido medio año, las Comunidades Autónomas todavía no saben el techo de endeudamiento que el Gobierno pretende fijarles gracias a esas normas verticales de coordinación aprobadas al socaire de la reforma del art. 135 CE de las que ya hemos hablado en alguna ocasión que están demostrando ser una juerga de las buenas). Pues bien, a estas alturas el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde como no es para menos sí tienen la costumbre de colgar esta información (si no la cosa sería ya propia de Uganda), sólo tiene colgados los datos de la liquidación de 2010 (datos y tablas en la web oficial en este enlace, con información muy interesante, eso sí, aunque atrasadísima). Que en junio de 2013 no se puedan tener siquiera datos iniciales de 2012 es llamativo, pero que no estén los de 2011 da una idea muy acabada de cómo (de mal) funcionamos en esta materia en España. Y eso no hay Ley de Transparencia que lo arregle. Porque para ser transparente con los datos primero hay que tenerlos… y por lo visto nuestras Administraciones públicas carecen de la capacidad para poder procesarlos en tiempos propios del primer mundo.

¿Son importantes estos datos? Pues, la verdad, sí. Sin ellos es imposible analizar cómo funciona el sistema de financiación, si crea desigualdades injustificadas, si distribuye satisfactoriamente rentas, si es en definitiva como ha de ser, esto es, eficiente y justo asignando recursos. Por ejemplo (de nuevo vía el artículo de Germà Bel) estos datos son los que permiten a académicos como Ángel de la Fuente analizar el funcionamiento del sistema (“El sistema de financiación regional: la liquidación del 2010 y algunas reflexiones sobre la reciente reforma”) y a otros economistas comprobar si efectivamente los números de De la Fuente, como parece, están bien hechos o no o directamente sacar sus propias conclusiones. Estos números son los que permiten comprobar cosas como que el País Valenciano, como hemos explicado infinidad de veces aquí y como puede verse también en análisis más currados, sufre un maltrato en términos de financiación por habitante absolutamente sin parangón en el mundo, año tras año, y que no hay reforma del sistema de financiación que logre acabar con eso, por mucho que Montoro diga lo contrario… en contradicción con sus propios datos (y para eso es importante la transparencia y que los datos se den, para poder comprobar cuándo dice majaderías un Ministro, por ejemplo). Pero estos datos también permiten ver cómo está financiada Cataluña (un poco por debajo de la media), Madrid (en la media prácticamente) o cualquier otra Comunidad autónoma. Son datos, en definitiva, importantes.

Cuestión distinta, que tiene que ver con estos datos pero que va más allá de los mismos, es el tema de las balanzas fiscales (donde no se calcula cuánto toca a cada Comunidad para cubrir sus competencias sino algo más complejo, la diferencia entre lo que le toca y lo que aporta, lo que obliga a calcular tanto todo lo aportado como a distribuir algunas prestaciones que desarrolla el Estado), tarea ciertamente más compleja. Por lo visto esta complejidad influye en la pereza con la que el Gobierno de España se toma esto de aportar estos datos, hacer estos cálculos y difundirlos. Sólo una vez lo ha hecho, en 2008, con datos que ya son de hace ya casi una década (2005) (y porque ERC presionó lo indecible haciendo valer su condición de socio del PSC en el Gobierno catalán y de apoyo parlamentario del Gobierno de ZP). Desde entonces, nos tenemos que conformar con los estudios que sí hace el Gobierno catalán año tras año a medida que Hacienda va dando datos de cierre de ejercicio (y como es el único que se preocupa de hacerlo, de dar los datos que maneja, de publicitar las diferentes hipótesis con las que juega, pues es deporte nacional lincharlo por publicar algo así, claro, porque eso de hacer algo del trabajo normal de un Gobierno de un país civilizado, por lo visto, es algo de mal gusto en España), pero con el problema de no referirse a toda España (y, si se quiere, de ser un “análisis de parte”, pero también lo sería el del Gobierno de España, si nos ponemos así, y aquí en todo caso hablamos de la importancia de dar los cálculos para que luego los demás podamos verlos y en su caso analizarlos y señalar sus deficiencias, si las hay). Fuera de eso, nos tenemos que conformar con informes hechos por agentes privados… que además se enfrentan al problema de que lograr los datos precisos para ello con el apagón estadístico que hay en España y el retraso de dos o tres años incluso para las cuentas de la liquidación del sistema autonómico de financiación. En fin, un panorama triste.

¿Es esta situación normal? ¿Las balanzas fiscales son imposibles de hacer de año en año? Entre la dificultad de tener cuentas sobre el cierre de presupuesto y que luego hay que trabajar los datos, ¿es la pauta este retraso o incluso que no se den los datos? Yendo más allá, ¿puede ser razonable que este tipo de datos no se tengan en el Ministerio o no se publiquen? Las respuestas a mí me parecen obvias, pero si alguien tiene alguna duda puede ir a Google y meter “Länderfinanzausgleich” en el buscador para descubrir que le aparecen cientos de referencias con datos y con datos de mucha calidad. Cuyo origen último, por supuesto, es el propio Gobierno alemán, que los cuelga y los trabaja con mimo. Aquí está el enlace a los últimos publicados, que son, claro… los de 2012. Estos datos, además, son un resumen ya trabajado, pero si se desea toda la información estadística disponible al respecto, ésta está también a golpe de click. Así que basta saber un poco de alemán (porque en realidad esto son números, así que ni siquiera es preciso dominar la lengua más allá de lo que un traductor automático puede ofrecer) para poder pasarse un buen rato descubriendo muchas cosas sobre el sistema alemán de perecuación entre territorios y sus mecanismos de solidaridad, números en la mano. La pena es no tener datos españoles homologables de fiar, porque si los tuviera uno podría hacer comparaciones graciosas (allá va una tomando la hipótesis más restrictiva sobre la aportación de la Comunidad Valenciana, con un renta per cápita de un 90% de la media española, a la “solidaridad” interreregional, que nos dice que los 5 millones de valencianos aportamos como mínimo lo mismo en solidaridad, siendo más pobres que la media española, que los bávaros, que son 12 millones de habitantes y son el Land con un PIB per cápita mayor).

En definitiva, que la escasez de datos en España, su tardía actualización y el hecho de que el Gobierno no tenga (o al menos, no publique) estudios sobre balanzas fiscales no es una característica de los sistemas que funcionan como el nuestro, sino un elemento peculiar y característico de la “Marca España” que ahora nuestro gobierno se da tanto trabajo en publicitar. No es de extrañar, por ello, que el debate público en esta materia sea tan pobre en España, se tenga que basar muchas veces en intuiciones o en aproximaciones gruesas (por ejemplo, para intuir qué ha pasado en 2012) y que de todo ello se deduzca un cochambroso nivel de discurso y efectos muy nocivos para el control público de nuestros gobernantes, de sus decisiones y del funcionamiento del sistema. Incluso las páginas de la wikipedia española y alemana, como consecuencia de esta situación, reflejan la situación a la perfección y lógicamente presentan notables diferencias de rigor, cantidad y calidad de los datos en uno y otro caso (y aquí no todo es achacable a que la wikipedia española sea legendariamente cutre, es que sencillamente si las fuentes oficiales son pésimas hay poca solución).

Más allá de poner el foco sobre esta peculiar deficiencia española en materia de datos sobre financiación autonómica y balanzas fiscales, que a estas alturas de la película uno empieza a temerse que es una voluntaria política de opacidad en la esperanza de que así el debate no se pueda producir en condiciones y, en consecuencia, no se produzca (algo que afecta también a la discusión jurídica, pues sencillamente una sentencia como esta del Tribunal Constitucional Federal alemán, que maneja DATOS para decidir, es no sólo inconcebible sino sencillamente imposible por carencia de los mismos aquí), sirva esta reflexión para anotar una posible deficiencia que no se soluciona con transparencia: y es que por medio de incrementarla podemos lograr que se publiquen y sepamos qué datos e informes hay pero, ¿qué pasa cuando un país y sus Administraciones son tan cutres que ni tienen los datos a tiempo ni hacen los informes debidos?



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