Regulación económica de mercados audiovisuales en Francia: el caso LCI

A finales del pasado mes de julio el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel francés dio a conocer, en medio de mucha polémica, su decisión respecto de la petición de tres grupos audiovisuales (TF1, M6 y Canal+) de que algunas de sus cadenas que emitían por ondas hertzianas en modalidad de pago (respectivamente, la cadena informativa LCI; la cadena cultural Paris Première; y la cadena de documentales Planète+) pasaran a emitirse en abierto en lo que en España llamaríamos TDT (televisión por ondas hertzianas digital). El asunto es interesante en la medida en que ilustra sobre algunos de los rasgos, y también de las paradojas (o, al menos, de las posibles incongruencias desde un plano jurídico), del modelo de regulación sobre el sector que se está imponiendo en Europa y del que Francia, con su CSA, es un exponente privilegiado que más de una vez desde España se propone copiar.

En efecto, en Francia, las decisiones sobre el número de canales que emiten en abierto y la adjudicación de los mismos a ciertas empresas y proyectos audiovisuales es competencia de una administración independiente, el mencionado CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Se trata de una administración independiente, creada en los años 80 (bajo la presidencia de François Mitterrand) para ir quitando control político directo sobre el sector televisivo al gobierno, en un momento en que comenzaba en Francia una cierta liberalización del sector (durante los años de la primera cohabitación Mitterrand se privatiza la primera cadena francesa pública, TF1; también se abre tímidamente la oferta al sector privado, con la fallida 5ème del inevitable Silvio Berlusconi, Canal+ como alternativa de pago o, poco después, M6). Como todos los administradores independientes, la fórmula CSA tiene luces y sombras. En primer y principal lugar, que la independencia predicada, por definición, no lo puede ser del todo. Así, frente a muchas garantías en su acción, la selección de los 9 miembros que componen el CSA deja claro que su legitimidad es (como por otro lado es razonable que no pueda ser de otra manera, dada la labor que realizan) política: a 3 de ellos los elige directamente el Presidente de la República, a otros 3 el Presidente de la Asamblea Nacional y a otros 3 el Presidente del Senado. El actual presidente del CSA, sin ir más lejos, es Olivier Schrameck, que fue jefe de gabinete de Lionel Jospin. Queda claro, pues, que por muy independiente que sea el organismo en su actuar no está aislado de las consideraciones políticas ni es sólo (o siquiera principalmente) un organismo “técnico”.

El caso es que, con sus luces y sus sombras, el modelo del CSA se ha consolidado. Es cierto que ha permitido actuar con mucha más intensidad sobre el sector y que, al no ser las decisiones tomadas por el gobierno, tanto la sociedad como los operadores privados han aceptado de mejor grado un mayor nivel de intervención administrativa de lo que es habitual por ejemplo en España. Hace algunos años reflexionaba sobre esta cuestión, sobre el hecho de que curiosamente una intervención a cargo del gobierno en primera persona tiende a ser mucho menos agresiva, en un trabajo hecho para la revista del órgano español que más se parece al CSA francés: el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. No sólo ello, además el CSA ha ido ganando competencias (como le ha pasado también al CAC catalán) poco a poco debido a la en general buena consideración que se tiene del funcionamiento del mismo (a nivel político, social y también académico). Ahora también nombra, por ejemplo, a los directivos de la televisión pública francesa (France Télévisions), en lugar del gobierno, como era tradicional. Y recientemente, tras una modificación del marco legal del sector, ha visto incrementadas sus competencias de modo que ahora no sólo resuelve los concursos para decidir qué cadenas pueden emitir cuando se convocan sino que desde esta primavera, también, puede evaluar en todo momento cualquier petición de un operador para pasar una cadena ya existente pero de pago a la emisión hertziana en abierto, y aprobarla caso de que considere razonable la petición. Justamente en torno a esta nueva capacidad gira la controversia de este verano en Francia.

La cuestión es que este tipo de atribuciones de regulación de un mercado son en el fondo, en un entorno supuestamente liberalizado, ciertamente peculiares. Nos encontramos ante un mercado donde se deja competir a unos actores, pero sólo a unos (seleccionados por la Administración independiente), a partir de una consideración que se hace desde el poder público (“independiente”) de lo que conviene o no al sector en términos de pluralismo, de sostenibilidad de las diversas cadenas, de equilibrio en los contenidos, de calidad de los mismos… Pero lo curioso de todo ello es que no se deja al mercado que acabe ajustando la oferta a lo que la demanda pueda preferir respecto de muchos de esos parámetros (con un control, si se quiere, de calidad, por ejemplo, si se entiende necesario más allá del de la efectiva competencia para evitar concentraciones que puedan degenerar en conductas anticompetitivas o en problemas de pluralismo, cuestiones ambas que sí son ambas esenciales en todo caso), sino que lo hace el sector público. Por medio de una autoridad independiente, sí, pero Administración al fin y al cabo.

Las declaraciones del presidente del CSA en una entrevista a la radio pública francesa a cuenta de la polémica generada por la negativa a aceptar las peticiones de los operadores privados que comentábamos antes (y, sobre todo, de la cadena LCI de información continua, que puede verse abocada al cierre por la estrechez del mercado de pago para esos contenidos existiendo alternativas en abierto) son, de hecho, muy expresivas de cómo entienden su función desde el organismo y de cuán ambiciosa es la voluntad de intervención a la hora de regular el mercado:

CELINE ASSELOT (France Inter): Alors, LCI est une entreprise privée, tout comme BFM TV et I TELE, est-ce qu’on ne pourrait pas, tout simplement, laisser jouer la concurrence ? Est-ce vraiment au CSA de décider, finalement ?

OLIVIER SCHRAMECK (CSA):  Mais la question est effectivement fondamentale. Est-ce que l’on doit faire du laisser-faire, laisser passer, laisser les crises s’ajouter aux crises, au fil des années ? Faire en sorte que les acteurs de l’information en continu soient durement fragilisés ? Et je ne le dis pas parce que je suis ici, mais évidemment nous y pensons, ou est-ce que nous devons jouer le rôle que le législateur nous a confié, c’est-à-dire, le terme est un peu technique, mais de régulation économique, c’est-à-dire de faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’ordres et de stabilité, pour que les acteurs économiques de l’audiovisuel ne sont pas fragilisés, ne soient pas fragilisés. Nous sommes ici pour assurer la bonne orientation et le dynamisme dans l’ensemble du secteur audiovisuel. Nous ne sommes pas ici pour le fragiliser. 

En efecto, el CSA tiene muy claro que su función es esta: “asegurar la buena orientación y el dinamismo del conjunto del sector audiovisual”. ¡No parece un objetivo modesto ni propio de la regulación económica de un sector liberalizado con competencia entre actores privados sino, más bien una finalidad que tiene que ver con un modelo de economía muy estatista! Estamos pues ante una visión regaliana del mercado televisivo donde, por mucha competencia que pueda haber (controlada, eso sí; y con los actores que decide la Administración, a pesar de que técnicamente podría haber más operadores y de existir demandas de otras empresas diferentes a las ya presentes para entrar), es la Administración la que vela no sólo por la calidad mínima sino por la sostenibilidad financiera de las distintas ofertas. Por eso, como por ejemplo ocurre en este caso, se niega a una cadena de información que pueda emitir en abierto, alegando que la preexistencia de dos de ellas en un equilibrio financiero precario (una con beneficios, otra con ligeras pérdidas) desaconseja la entrada de un nuevo actor. Consideraciones semejantes se realizan para denegar las otras dos peticiones (puede verse un resumen de los argumentos en la página web del CSA, con enlace a los tres informes y los tres documentos con las razones y análisis técnicos referentes a cada petición completos). En definitiva, que el CSA se erige en juez de si es mejor que, en el peor de los casos, pueda desaparecer una cadena por no poder emitir en abierto frente a que, en el supuesto de dejarle emitir, de nuevo en el peor de los casos, alguna de sus concurrentes (o ambas) pudiera sufrir un riesgo parecido. Es decir, que en lugar de dejar actuar al mercado a la hora de decantar este tipo de posibilidades de futuro, decide por él.

Los argumentos que da el CSA para justificar sus elecciones, en los documentos enlazados, que son muy completos en la información que proporcionan, extensos y prolijos en argumentaciones sobre la competencia y el mercado; se refieren a razones de mercado, financieras, de equilibrio de la oferta… pero no dejan de esconder una evidencia palmaria: la decisión en cuestión es muy difícil de encuadrar jurídicamente y, por ello, de controlar a posteriori en sede judicial. Hay una enorme discrecionalidad técnica… que como además se entiende que el CSA es el organismo técnico de referencia, resulta casi imposible de cuestionar. A la postre, aceptado este esquema, la respuesta que da el CSA a cada supuesto es jurídicamente correcta o no a partir de la particular visión del organismo (de sus integrantes, en realidad) sobre lo que deba ser la oferta audiovisual. Justamente por esta razón, y he ahí una de las paradojas que mencionaba al principio, es llamativo que nos parezca mejor que este tipo de poderes estén en manos de agencias independientes (el problema es mayor, lógicamente, cuanto más independientes de verdad sean) y no de responsables políticos que deciden este tipo de cuestiones de oportunidad, al menos, a partir de una indudable y directa legitimidad democrática.

En todo caso, la actuación del CSA, más allá de la polémica que ha generado en Francia sobre si es correcta o incorrecta la concreta decisión adoptada, hace reflexionar sobre si este tipo de decisiones han de ser adoptadas por órganos independientes o, en cambio, por responsables políticos; sobre si sería mejor encuadrarlas más rígidamente en mandatos jurídicos más concretos y no en consideraciones económicas y de evaluación de la oferta, del pluralismo y de la sostenibilidad del sector por definición muy abiertas…; o, simplemente, si tiene sentido que sea la Administración, en un sector que a casi todos los efectos funciona con criterios de libre mercado (menos en la limitación arbitraria por medio del Derecho del número de actores y su identidad), quien adopte estas decisiones y no convendría, por el contrario, que fuera sencillamente el mercado quien se fuera encargando de disciplinar el ecosistema comunicativo y, por ejemplo, determinado en el caso francés si pueden sobrevivir las tres ofertas o, en caso contrario, cuáles de ellas merecerían prosperar (eso sí, siempre imponiendo reglas públicas de mínimos sobre todo aquello que sí se considere esencial, por ejemplo, en materia de calidad o de difusión de ciertos contenidos, como obligaciones de servicio y estándares mínimos perfectamente compatibles con la regulación de cualquier sector de actividad económica). Son cuestiones que, como sabemos, aunque de forma levemente diferente, también se plantean en España, donde tenemos un ordenamiento particularmente caótico e incoherente en estas materias: adjudicamos licencias en número limitado y luego permitimos comerciar con ellas sin control ninguno, convirtiendo a los concesionarios en oligopolistas privilegiados sin que se entienda muy bien la razón.

 



La LOTUP, el darrer cicle immobiliari al País Valencià i la ciutat construïda

Enhorabona, valencians, ja tenim nova llei urbanísitica. La Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) ha estat aprovada per les Corts fa uns dies (a falta de ser publicada al DOCV, que hui encara no ha estat completat el tràmit). És interessant assenyalar, com ha fet la premsa, que la norma, en contra del que és habitual al país des de fa molts anys, no ha sigut cosa només del PP valencià: el PSPV ha participat íntimament en la reforma, fins el punt de no haver votat contra la llei (la qual cosa, políticament, tots sabem què significa) i com ens conten els diaris també Compromís i Esquerra Unida, degudament alliçonats per la coalició d’emprenedors valencians ocupats pel negoci i ciutdans àvids de regularitzacions de totes les barbaritats fetes al passat, han preferit no posar massa pals a les rodes. Hossana al cel! Consens urbanístic! Visca Espanya! Visca València!

És significatiu de moltes coses que, encara que tenim liada la que tenim liada, el consens sobre una sèrie de coses siga encara tan clar en uns àmbits molt particulars, els que es consideren, és clar, essencials. I, com és ben palès, la manera de fer urbanisme i ordenació del territori n’és un. De fet, hi ha una clara continuïtat en com han gestionat l’urbanisme els diferents governs valencians des de la recuperació de l’autogovern. Lògicament, aquesta continuïtat s’ha traslladat a les diferentes normes que han regulat la cosa, des de la LRAU de 1994 a la LUV de 2005 i, finalment, a la LOTUP que acaba de ser aprovada fa uns dies (2014). Cada dècada es fa precís canviar algunes cosetes, fer algun retoc tècnic, però el model general (que és el reflex d’un model econòmic molt clar) roman. Com ha comentat Gerardo Roger, tècnic urbanista que se sap molt bé com funciona el nostre sistema i que ha participat en la redacció de moltes de les normes urbanístiques valencianes de les dos dècades que han passat des de la LRAU fins hui en major o menor mesura (molta per exemple en la LRAU i també en aquesta última de 2014), “per fi tenim nova llei urbanísitica“, amb llums i ombres i coses millorables, bien sûr, però en general positiva perquè presenta millores tècniques i farà millor l’urbanisme valencià i tal. Vaja, el discurs habitual que reforma rere reforma, canvi tècnic rere canvi tècnic, saluda cada nova norma, llei, reglament o modificació des de la LRAU (convé recordar el que es va dir al seu moment de la LUV, que ara es gdiu que hem de superar encara que això siga més propaganda que una altra cosa, car el model, com s’ha dit, roman).

En el cas concret de la LOTUP que acaba de ser finalment aprovada, com ja advertí fa uns anys a la meua columna d’El País (“Torna la gallina dels ous de ciment“) i torní a tractar d’explicar fa uns mesos, quan es debatia a les corts la llei (“Agente urbanizador 2.0: el retorno“), les millores tècniques en qüestió són si més no subrealistes i perilloses. El consens social que s’ha generat entre elits polítiques i econòmiques i que ha sigut el brou de conreu del que és la nova llei, per increïble que puga semblar a una persona normal, és que l’urbanisme valencià era fins ara… massa protector i rígid!, que hi havia massa normes ambientals absurdes!, que tot això encaria, retardava i dificultava el procés urbanitzador!!! Aleshores, el que fa la LOTUP, per molt que venuda a la premsa com una llei de millores tècniques i tal, és el que és: llevar requisits ambientals (el conegut metre de sòl protegit per metre a urbanitzar, per exemple), agilitzar la gestió dels nous PAIs i ATEs que transformen sòl, legalitzar massivament casetes i construccions il·legals en sòl on no era possible urbanitzar i traslladar l’exitós model d’agent urbanitzador que tantes alegries ha donat en la gestió de sòl a la gestiò de la rehabilitació de ciutat (hi ha menys negoci que abans i fins i tot les miquetes interessen als que abans se’n passaven)… Un panorama impressionant.

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¿Un Heredero inconstitucional?

Como es sabido, y he explicado muchas veces, la monarquía me parece una cosa bastante aberrante y contradictoria con todos los principios que enhebrar un orden democrático de convivencia más o menos sensato. Me parece una institución tóxica, en general, y no me convencen las explicaciones/justificaciones de sus defensores. La monarquía española, además, en tanto que impuesta por el general Franco, me resulta, como a cualquier persona normal, particularmente antipática. Lo que, como estamos viendo y leyendo estos días, deja fuera de mi definición de “persona normal” a toda la geronto-casta española (mediática, política, económica, hintelectual…) que está desfilando estos días para demostrar que a genuflexos con el Borbón no les gana nadie. Pero, dicho todo esto, la cuestión es que, a día de hoy, tenemos lo que tenemos. Y una de las misiones de los juristas es tratar de entender cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y controlar que, nos guste más o menos, las reglas previamente establecidas se cumplan de modo coherente y sin que se presenten interpretaciones o derogaciones exóticas y secundum quid. En este sentido, tiene interés analizar el problema jurídico, al menos hipotético, que plantea la sucesión en la Jefatura del Estado tal y como está definida, que puede llevar a dudar de la constitucionalidad de la coronación como Rey de España de Felipe de Borbón. Porque, en efecto, ¿estamos seguros de que el Heredero que nos han designado entre el PP y el PSOE y las elites económicas, más allá de que sea una elección sensata o no, es el que la Constitución determina?

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La Corona. Reflexiones en voz baja, de Gaspar Ariño

Con esto de que el Borbón ha abdicado su corona de repente (y a saber por qué, la verdad, lo ha hecho así, deprisa y corriendo, dado el lío jurídico que se va a organizar por no tener el tema mínimamente previsto, a falta de la ley orgánica de desarrollo del tema que prevé la Constitución y que parece que va a obligar a una acelerada aprobación de una norma ad hoc, todo tan edificante como siempre) parece obligado hoy hablar un poco de la figura del Rey en este país nuestro. Pero la verdad es que no tengo muchas ganas. Da mucha pereza repetir lo evidente. De modo que me limito a enlazar aquí las dos últimas cosas que escribí hace unos meses sobre la Monarquía en España, donde creo que queda expuesto lo fundamental (por lo demás, para los viciosos, todos los escritos en el blog sobre forma de Estado están aquí):

- Entre Hendaya y Cartagena, Su Majestad escoja

- ¿Un Rey comisionista? A vueltas con la toxicidad de la institución

Sí puede ser más interesante que repetir cosas ya dichas, sin embargo, y más allá de recordarlas y de alertar sobre el show jurídico que puede venirse encima con la Ley Orgánica express que PP y PSOE ya han prometido ofrendar a los Borbones, analizar un poco cuáles son los perfiles del pensamiento monárquico jurídicamente más elaborado de nuestros días y en nuestro país. De todo lo que tengo controlado más o menos reciente el libro que se acerca más a un intento de justificar y explicar desde el ordenamiento jurídico (y sin ofender a la inteligencia del lector) lo que es y debería (a juicio de su autor) ser nuestra Monarquía es el de Gaspar Ariño Ortiz (publicado por Iustel el año pasado y prologado por Juan Antonio Sagardoy Bengoechea). Es una de esas cosas que yo me leo porque no puedo evitar cierta tendencia necrófila, cosa que hice hace unos meses, lo que me permite dejar aquí constancia de ciertas sorpresas que me produjo el texto, pero también de algunos apuntes que quizás puedan permitir entender por dónde puedan ir algunos de los cambios que se pretendan dar a la institución monárquica con el relevo de Campechano I por Pre-parado I. Vamos allá.

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Elecciones Europeas y Multireferèndum 2014

Aiguamurcia-320x202Como es sabido y hemos comentado muchísimas veces, el modelo democrático español es francamente decepcionante y muy poco participativo. Básicamente, la construcción jurídica de la Constitución de 1978, que podríamos resumir en el constructo “esta democracia me pega lo normal”, se fundamenta en la idea de ir cogiendo de cada país de nuestro entorno las mayores restricciones posibles, puntuales, que ellos tienen, e ir sumándolas: una de aquí, una de allá, una de acullá… Cuando alguien luego se queja de una restricción concreta, entonces, siempre es posible decir “¡pero si en XXXX también es así y es un país perfectamente democrático!”. Pues sí, es verdad, pero nosotros pillamos prácticamente todas las restricciones posibles y ninguna de las posibilidades de participación democrática de otros sitios. Y así nos va (aquí, un intento de explicar esto mismo con más detalle en una charla en la UNED sobre democracia y participación en España).

Probablemente donde más se visualiza todo esto, claro, es en lo de votar. En España votamos poco (sólo para elegir representantes y como quieras montar un referéndum éste sólo puede ser consultivo y debe autorizarlo el Estado) y mal (las restricciones de la LOREG son de un ridículo que, a estas alturas, mejor tomárnoslo a coña). Lo mejor del tema es que, además, y constatada que la cosa no se sostiene y tiene ya a estas alturas de siglo tintes directamente grotescos -presidentes de mesa revisando tu sobre no sea que metas ántrax en la urna, jornada de reflexión donde no se puede hacer propaganda, la increíble prohibición de publicar sondeos…- las reformas que se introducen no son para ir eliminando estas restricciones que en el mundo de hoy ya nadie considera sensatas sino que… ¡son para meter restricciones nuevas! Por ejemplo, hace no mucho se modificó la LOREG requiriendo conseguir más firmas para presentar candidaturas a los nuevos partidos o para obligar a los medios de comunicación a tratar la información política como un parte oficial donde hay que conceder el espacio a cada partido que la Autoridad competente determina. Una cosa de locos que ya crticamos severamente en su día en este blog. Por supuesto, no se aprovechó la reforma para “aligerar” de contenido la LOREG en sus aspectos grotescos.

Pues bien, lo más interesante en términos democráticos que está pasando en estas elecciones europeas 2014 por lo demás bastante poco importantes en términos democráticos (elegir un parlamento que no se ocupa de nada de lo importante que hace la institución de turno es lo que tiene) es que muchos ciudadanos de Cataluña se han organizado para reivindicar democráticamente que las elecciones pueden servir para algo más. Y lo están haciendo por la vía de los hechos, demostrándolo por medio de un ejemplo. La idea es muy simple: ¿no estaría bien aprovechar los días en que votamos a nuestros representantes, por ejemplo hoy, para convocar a la gente a decidir sobre otros muchos temas, como pasa en casi todos los países del mundo -en muchos de ellos, además, con resultados vinculantes-? Pues como ellos (y yo, la verdad, también) creen que sí estaría bien y también que es evidente que no podemos esperar que nuestros representantes y sistema de partidos vayan a avnzar en esta línea por sí solos, han decidido organizar las consultas por sí mismos. De eso va una iniciativa chulísima, y muy interesante por las tensiones jurídicas que plantea, que se llama Multireferèndum 2014.

Cualquiera que eche un vistazo a la web verá rápido en qué consiste la cosa. Aprovechar el día de hoy, donde votamos una cosa que a muchos interesa, a otros no tanto y a algunos nada, para montar mesas electorales donde se pregunten otras cuestiones más concretas y que pueden interesar a los ciudadanos. El proyecto es ciudadano y colaborativo. Se paga con donaciones y trabajo voluntario. Cualquiera que se apunte puede colaborar y tratar de organizar su mesa. Las preguntas se han decidido entre todos. Como es obvio, la iniciativa trata con ello de:

- llamar la atención sobre los asuntos concretos respecto de los que se va a preguntar (y conocer la opinión de la gente que participe, aunque obviamente el valor de estos datos es limitado, pues es una consulta sin censo ni garantías y previsiblemente con escasa participación);

- poner en marcha un ejemplo de modelo participativo que debiera servir para que el sistema diera una respuesta a las peticiones de que integre este tipo de consultas populares (a nivel micro muchas veces) aprovechando las elecciones.

La segunda cuestión es lo verdaderamente importante. Las preguntas del Multireferèndum, de hecho, casi son lo de menos excepto porque pueden simbolizar, a modo de ejemplo, el tipo de cuestiones sobre las que no es nada descabellado pensar que la ciudadanía, si así lo reclamase en unos números mínimos, debiera poder pronunciarse: si han de autorizarse los transgénicos en  agricultura en Cataluña o no, si ha de pagarse la deuda “ilegítima”, si el sector eléctrico tiene que pasar a ser controlado por el sector público o si una iniciativa legislativa popular con suficiente número de firmas debiera poder ser sometida a referéndum en lugar de tramitada por el parlamento. Además, hay preguntas locales, referidas a cuestiones que afectan sólo a ciertas áreas de Cataluña: si se está de acuerdo con el mega-proyecto inmobiliario y de casinos de BCN World, si el servicio de abastacimiento de agua de Lleida se quiere que sea de gestión pública directa o no y si se está o no de acuerdo con una línea de alta tensión que se prevé construir en Girona. Quizás las preguntas puedan no ser óptimas para muchos, quizás cada uno de nosotros hubiera elegido otras, obviamente, pero da igual. La cuestión es que todas estas cuestiones, tanto las más macro como las más micro, ¿por qué no pueden ser contestadas por los ciudadanos? ¿Qué problema habría en que votáramos, aprovechando las europeas o cualquier otra elección, sobre este tipo de cosas también? ¿No sería mejor que sobre ciertas decisiones la última palabra la pudiera tener la ciudadanía? O, al menos, ¿no estaría bien saber lo que piensa la gente, cuánta gente efectivamente preocupada por estos temas hay y en qué sentido, dando sencillamente la opción de votar a efectos consultivos?

Las respuestas a estas preguntas me parecen bastante obvias, pero la LOREG no permite nada de esto ni la cosa está en la agenda de nuestros queridos representantes, faltaría más. Es más, aunque yo no veo en los tipos de delitos electorales (arts. 139 y ss LOREG) nada que remotamente se parezca a entender esta conducta como delictiva, uno puede esperar cualquier cosa de nuestras autoridades, que en esto de votar tienen muy claro que mejor exclusivamente como dicen ellos y con la pata quebrada. ¡A saber son capaces de entender que el 146.1 LOREG, cuando habla de dificultar que la gente vote, pudiera resultar aplicable! De esta gente no te puedes fiar, a la vista de que ellos son así de peculiares y no se cortan en extender hasta el infinito los tipos penales por vía de interpretación auténtica hecha por el Ministro del Interior. En cualquier caso, sea delictivo eso de montar una mesa en la calle o no, lo que está claro es que si el Poder se empeña lo que sí será es una infracción administrativa porque si no te lo autorizan, como ocupas la vía pública y además aquí se considera que la junta electoral tiene que supervisar todo lo que se mueve… Con lo que hacer esto tiene el valor no sólo del ejemplo sino de una cierta desobedicencia civil frente a restricciones absurdas.

Así, los acontecimientos que se han sucedido desde entonces, más o menos previsibles por otro lado, han sido los siguientes:

1. La Junta Electoral Central prohíbe el referéndum y el Tribunal Supremo confirma la prohibición. Lo cierto es que el auto del Supremo es interesante porque ha de recurrir a formulaciones generales muy imprecisas, como la idea de lo que es votar en la Constitución y a una estrafalaria argumentación sobre cómo el multireferèndum podría condicionar el voto de los electores (por no mencionar que argumenta que el clima en Cataluña es un elemento adicional para justificar que se prohíba hacer esto de votar impunemente, o algo así, en lo que es una razón que da directamente un poco de miedo), a fin de justificar la prohibición. Que quienes impiden algo y afirman que está prohibido tengan tantos problemas para buscar la norma en qué apoyarse, en una sociedad liberal, debería llevarnos a una conclusión clara sobre si esto es posible o no. De hecho, es lo que hace un voto particular, que dice que ha de primar la libertad (de expresión, en este caso) y que, en consecuencia, mejor dejar que se instalen las mesas.

2. Los organizadores, dado que por lo legal no les dejan, pero no creen la decisión ni constitucional ni acorde, en todo caso, a lo que debiera ser una democracia pluralista, deciden seguir adelante.

3. Hoy hay mesas instaladas en más de 130 municipios catalanes donde la gente puede votar.

4. Los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Ministerio del Interior, están tomando los datos de las personas que han instalado mesas y al parecer, incluso, de algunas que se acercan a votar. En otros casos, incluso, han retirado las mesas. Las razones por las que se actúa o no, en unos casos sí y en otros no, son un misterio, parece. Lo que sí está claro es que es una actuación bastante absurda y donde el Gobierno tiene poco claro qué debe hacer porque la base legal para reprimir algo pacífico y que no genera ninún problema de orden público es muy escasa.

Todo el proceso es muy interesante y, en su conjunto, demuestra palmariamente varias cosas:

- Que no pasa nada por dejar que algo así se haga y es absurdo (y muy dudosamente constitucional por falta de base legal para prohibirlo) que la Junta Electoral no lo autorice o que el Supremo se sume a estas tesis (de la valoración que merece que lo haga con invocaciones al “actual clima político en Cataluña” mejor ni hablar).

- Que las elecciones pueden servir perfectamente para algo más que elegir representantes y que deberíamos empezar a pensar cómo usarlas para ello, a todos los niveles: barrio, ciudad, territorio.

- Que hay que lograr que nuestros representantes, un día de estos, se pongan las pilas. Pero que mientras no lo hagan, nosotros tenemos también un espacio para jugar, donde la desobediencia civil en algunos casos está plenamente justificada. Y que todo esto, también, es una forma de participar en la vida política y contribuir a su mejora.

- Por último, que a mí me gustaría poder votar, empezando por ciertas cosas del barrio, como si tiene sentido restringir el tráfico en las calles cercanas al colegio o ampliar aceras en algunos lugares para facilitar recorridos escolares…

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ACTUALIZACIÓN: Entre retiradas de mesas, denuncias y demás problemas, al final, más de 50.000 personas votaron ayer



¿Qué es suficiente para expulsar a un parlamentario de un pleno? (sobre la expulsión de M. Oltra)

Les Corts Valencianes no son a día de hoy el Parlament más ejemplar que uno pueda imaginarse. Y no lo son por muchas razones. Entre lo poco que trabajan muchos de sus miembros -porque quienes planifican sus sesiones tienen muy claro que es más importante estar en las fiestas populares de farra con los ciudadanos de los distintos pueblos y ciudades del país antes que dedicarse a otros cometidos-, la absoluta inutilidad de las mismas como foro de discusión y debate de cuestiones que tengan un mínimo de relevancia -lo que hace que un día se dediquen a discutir si el valenciano viene del ibero y otro a plantear no sé qué cosas de unos malvados Països Catalans que nos han arruinado o algo así-, los desmayos de parlamentarios porque ven una exposición que recuerda cómo fue el proceso autonómico y las bullas habituales de la política española, que con tanta frecuencia sustituye el debate de verdad por el insulto y la gresca, la verdad es que la institución da un poco de pena. Si sumamos a ello que las leyes, al parecer, se las hacen los promotores inmobiliarios directamente, que los crucifijos aparecen a la que uno se descuida sin venir a cuento y que cuando aprueban una cosa importante, como una reforma del Estatut d’Autonomia, luego en Madrid pasan del asunto cantidad y el propio partido que gobierna en la Comunidad Valenciana decide meter el tema en un cajón, pues la verdad es que no es raro pensar que para tener algo así casi que mejor cerrarlo y eso que nos ahorramos, en la línea de solucionar los problemas de la autonomía valenciana por la vía de cepillárnosla que, por nuestra mala cabeza, cada día gana más adeptos.

Como ocurre con las instituciones que, a la hora de la verdad, y por lamentable que sea decirlo respecto del parlamento que da sentido a la autonomía política recuperada por el País Valenciano, no sirven de casi nada (al menos en su estado y configuración actual), el horror al vacío hace que éste se cubra inevitablemente con shows constantes. El parlamento valenciano es un ejemplo paradigmático y ha sido pródigo en los últimos años a la hora de protagonizar incidentes y esperpentos varios. No tiene sentido hacer un recuento porque, entre otras cosas, son demasiados. Pero sí es importante constatar cómo, frente a esas situaciones de tensión -o de risa-, la reacción de quienes dominan desde hace años les Corts es siempre extremar el celo represor para con los partidos de la oposición. Lo cual deja interesantes enseñanzas. Ya tuvimos aquí ocasión de comentar el muy peculiar reglamento que aprobó hace no mucho la mayoría del PP valenciano con normas sobre decoro indumentario y demás medidas absurdas y decimonónicas que incluían medidas de segregación de personas dentro del parlamento. Normas que, como era de prever y ya apuntamos en su día, se han usado bien poco -o nada-, por ser las mismas una idiotez soberana, pero que ahí están a mano de quienes mandan por si un día les da una volada represora y deciden que alguien de la oposición ha hecho algo inaceptable y hay que castigarlo ejemplarmente.

En esa misma línea, es interesante la movida generada hace ya dos días a cuenta de la expulsión de Mónica Oltra, diputada de Compromís -partido como es sabido de la oposición al gobierno valenciano del PPque la parlamentaria se negó a acatar, provocando un revuelo no menor y la suspensión del pleno (de hecho, el mismo sigue suspendido a día de hoy, a saber hasta cuándo). Me interesa relativamente poco, en estos momentos, entrar a analizar la batalla por las legitimidades entre quienes dicen que al President de les Corts hay que obedecerle siempre y quienes sostienen que hay una legitimidad de ejercicio que se perdió hace mucho por su parte debido a su manifiesta parcialidad, lo que ampararía desobediencias fente a comportamientos material y manifiestamente injustos (además de que tiene poco sentido abundar en esta cuestión porque ya hay un artículo muy interesante en Información sobre el tema escrito por el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat d’Alacant Manuel Alcaraz y respecto del que poco cabe añadir). Pero, sobre todo, me interesa relativamente poco opinar sobre esto porque, a fin de cuentas, no deja de ser una cuestión de valoración muy personal y difícilmente objetivable. Una batalla, en definitiva, política, respecto de la que yo tengo mi opinión (y no me gustan, no tengo problema en decirlo, los juegos de estar en el mundo institucional pero a la vez legitimar insurrecciones selectivas) pero tampoco creo que ésta valga mucho más que la de cualquier otro. Así que no abundo en el tema. Tampoco, en este mismo plano, me interesa demasiadola discusión sobre si esto beneficia políticamente a unos u a otros. Cada cual tendrá su opinión, a unos les puede gustar más cómo actúa Oltra, a otros menos; a unos les puede gustar mucho cómo actúa el President de les Corts, a otros nada. La ventaja es que esa distinta valoración en más o menos un año veremos cómo queda zanjada de la manera en que solucionamos estos temas, afortunadamente, desde hace unas décadas: votando.

Incluso, y aunque es un asunto sin duda relevante a la hora de juzgar el comportamiento de la diputada expulsada -por ejemplo para evaluar la gravedad del hecho en sí y modular proporcionalmete una posible sanción por su negativa a abandonar el pleno-, me interesa poco analizar y evaluar si efectivamente hubo insultos previos de otros diputados que generaran la reacción de Oltra por la que fue llamada al orden o el contenido exacto de esta reacción -que por lo que muestra el vídeo, por cierto, tampoco parece para tanto-. Tampoco me parece esencial analizar, aunque quizás esto sea algo que sí convenga tener en mente, que Oltra es una diputada que ha sido insultada gravemente en esa sede parlamentaria, con zafias menciones a su familia, sin que pasara absolutamente nada en el pleno en cuestión, considerando la mayoría en el poder, al parecer, que este tipo de manifestaciones son absolutamente normales en sede parlamentaria (más allá de unas disculpas a posteriori).

Todas estas vertientes de lo ocurrido puede ser necesario tenerlas en mente para muchas cosas, pero en puridad son innecesarias para evaluar lo que me ha llamado más la atención de todo el incidente por el poco comentario que ha merecido: cómo y por qué se suceden los avisos y se decreta la expulsión de Oltra por parte de la presidencia. Pareciera como si nada hubiera que decir al respecto, como si no fuera analizable y, en su caso, criticable, como si lo que hace la presidencia de la sesión hubiera de ser asumido como bueno o malo en sí mismo -o apartir de esa lucha de legitimidades. y ya está. Pero, antes al contrario, conviene comentar el tema. Porque en el vídeo del incidente se ve la sucesión en apenas 15 segundos de tres llamadas al orden por, aparentemente -al menos las dos primeras-, unos mismos hechos, deviniendo en expulsión las mismas sin que apenas diera tiempo a la diputada apercibida a procesarlas y modular su comportamiento a partir de las mismas -entre las dos primeras y la tercera y definitiva pasan unos diez segundos apenas-. Vaya por delante que yo no soy ningún experto en Derecho parlamentario ni tengo ni idea de cuál es la práctica al uso en estos casos porque normalmente los ciudadanos nos enteramos poco de estos shows parlamentarios (y bien que hacemos, dado que son algo políticamente bastanet prescindible, la verdad). Podría ser que esto fuera lo normal en les Corts valencianes y en el resto de parlamentos occidentales y yo no lo supiera. A saber. Sin embargo, me extrañaría que así fuera, dado que hay elementos que son realmente llamativos en el incidente. Ahora bienm y, en todo caso, si en efecto así fuera, la crítica habría que extenderla a todos los parlamentos que operen de esta misma manera y ya está (les Corts habrían tenido simplemente la mala suerte de que sus modos de funcionar sean más visibles debido a su peculiar función política a medio camino entre el circo y la tragedia, que hace que cada sesión allí rematada de esperpento tenga más trayectoria mediática). Ocurre, sin embargo, que no da la sensación  de que éste sea el modo en que se aplica la policía de sesiones como norma general por ahí. Y a este respecto no hace falta saber de Derecho parlamentario sino simplemente echar un vistazo rápido al vídeo del suceso, muy significativo de suyo:

 

Desde una perspectiva jurídica, y dado que el President de les Corts está ejerciendo competencias sometidas a Derecho de contenido no sólo ordenador de los debates sino que acarrean consecuencias sancionadoras -la expulsión del pleno tiene un contenido sancionador claro y no digamos la posterior suspensión de la condición de diputada que se baraja-, es exigible un exquisito cuidado, una cierta mesura y una incuestionable prudencia a la hora de actuar desde la presidencia en este sentido. Así como sería de desear, ya que estamos, también cierta equidad y que de la misma manera que unos comportamientos merecen reprobación otros estrictamente equivalentes la suscitaran también, pero ya es sabido que en España nuestro benemérito Tribunal Constitucional siempre ha dicho que no es exigible a nuestras autoridades respetar el principio de igualdad cuando sancionan y que por ello no es controlable eso de sancionar a unos y a otros no porque “no hay igualdad invocable cuando se está incurso en el incumplimiento de la ley” o algo así (STC 43/1982 y muchísimas otras más después). Una doctrina que nunca he entendido muy bien, pero que ahí está, con lo que no vamos a pedir unicornios a quienes mandan en España -y menos todavía a quienes mandan en les Corts- si el TC ampara todo tipo de arbitrariedades selectivas en el ejercicio de las potestades sancionadoras. ¡Con que cumpliera de vez en cuando las sentencias que les condenan por no permitir el trabajo dee los diputados de la oposición ya iríamos que chutaríamos!

Sí sería en todo caso deseable, sin embargo, y al menos, que se cumplieran ciertas reglas que no sólo es que sí que están en todos los principios que regulan estas cosas y que inspiran cómo han de ejercerse estas atribuaciones sino que, además es que son, directamente, de sentido común. A saber:

- Si un apercibimiento tiene que servir para que alguien module su conducta en el futuro éste ha de hacerse de forma que se se pueda tener conocimiento del mismo, pues, si no es así, ¿cómo puede pretenderse que sirva de algo? Por esta razón, si efectivamente alguno de los avisos del Presidente de la cámara no fue audible en medio de la trifulca, la subsiguiente expulsión parece obvio que cojea porque debería haberse hecho previamente un esfuerzo para que quedara claro a Oltra que había sido apercibida. Obviamente, si todo pasa en 15 segundos, pues como que es difícil asegurarte de que el apercibido (varias veces) ha sido efectivamente consciente de haberlo sido. Es por ello un mal uso de libro de esta potestad de ordenación de los plenos no modular el apercibimiento para que pueda cumplir su función. Algo así equivaldría en un campo de fútbol, más o menos, a haber sancionado con tarjeta amarilla a un jugador que se aleja del árbitro enfadado haciendo aspavientos exagerados y críticos tras una decisión arbitral, que el jugador no viera que ha sido sancionado por estar de espaldas al colegiado y siguiera con las quejas y los gestos airados y que, a continuación, el árbitro le sacara una segunda amarilla y lo expulsara. Es obvio que el colegiado no habría actuado leal y correctamente.

- No se puede sancionar dos veces por la misma acción. Si en el vídeo vemos que el president de les Corts apercibe por dos veces en un lapso de apenas 2-3 segundos a la diputada Oltra (no se ve muy bien por qué, pero parece que es por estar manteniendo una conversación airada con otros diputados), ¿no está sancionando dos veces un mismo comportamiento y desvirtuando así totalmente la función de la “llamada al orden” prevista y su orientación moduladora? Volviendo al símil futbolístico, ¿puede un árbitro sacar una amarilla a un jugador que le ha pegado una patada a otro y porque éste se queje un poco más mientras sigue en el suelo sacar a continuación una segunda amarilla por esa misma acción ya pasada y sancionada? O por poner un ejemplo más cercano, en medio de un trifulca entre dos jugadores, y tras sacar tarjeta amarilla a uno de ellos porque están discutiendo, ¿podría dos segundos después sacar la segunda amarilla porque la discusión no se corta en seco o simplemente porque mientras estaba sacando la primera amarilla todavía se oía al jugador chistar? Parece que no, es evidente que hay que dar un mínimo tiempo -que no son sólo dos segundos- de asimilación de la sanción y por eso ningún árbitro se atrevería a actuar así pero cosas así de raras sí pasan, en cambio, en les Corts valencianes: como se ve en el vídeo,  no hay tiempo material para que Oltra haga o diga nada y que sea mínimamente procesado entre la primera y la segunda amonestación. En realidad, los dos primeros apercibimientos son, sencillamente, por la misma acción y por ello dudosamente ajustados a lo que prevé la norma.

- Por último, y por mucho que esa legendaria doctrina del Tribunal Constitucional ya comentada sobre la “no igualdad en la ilegalidad” pueda cubrir muchas cosas, ¿en serio permite también amonestar tres veces -hasta llegar a expulsarla- a una diputada que se enzarza con otros parlamentarios en un cruce de reproches más o menos subidos de tono mientras que los demás partícipes en la trifulca no reciben ni un mísero apercibimiento? No sé yo ustedes, pero a mí, si fuera uno de esos diputados del PP, casi me traumatizaría el poco efecto de mis gritos y mis invectivas que de tan inadvertidos que pasan vay resulta que mientras mi compañero de bulla se lleva tres broncas yo acabo impoluto y virginal ¡como si nadie me hubiera hecho el más mínimo caso!

Visionado el vídeo, en definitiva, no parece muy proporcional ni sensato el comportamiento de la presidencia de les Corts valencianes a la hora de decidir esta expulsión express en 15 segundos por unos intercambios verbales tampoco tan anómalos ni insólitos en un parlamento. Podría pensarse que la expulsión es, por ello, contraria a Derecho pues por muy amplias que sean las facultades de apreciación de la presidencia en su política de ordenación y policía de las sesiones éstas no son totales y no pueden darse de bruces contra la realidad constatada. Este modo de operar, eso sí, se antoja, en cambio, si no coherente con las funciones de arbitrio de un buen presidente sí totalmente en consonancia con esas normas represoras que prohíben llevar ciertas camisetas o dicen que la gente que visita el parlamento valenciano debe ser conducida prácticamente cual ganado y ha de evitar el contacto con los parlamentarios no sea que les contagien algo. Es una manifestación más de una manera autoritaria, rígida y muy poco inteligente (así como partidista) de conducir una institución. No es de extrañar, por ello, la triste degradación de un parlamento que, así considerado, ha acabado como ha acabado.

Aunque manifestamente fuera de proporción, sería muy interesante jurídicamente que este incidente acabara en una sanción grave para la parlamentaria y que ello llevara a su recurso en sede judicial y, con ello, a que se obligara a que un tribunal revisara la legitimidad y corrección de la misma. En un país donde desde hace ya demasiados años el poder está desgraciadamente acostumbrado a creer que ninguna regla le vincula, que ninguna norma le obliga, sería muy bueno que se empezara a dejar claro que no, que cuando se ejercen ciertos poderes ello implica tener muchas responsabilidades, lo que obliga a un cierto “decoro”, esta vez sí, en el modo de comportarse. Por ejemplo, lo decoroso, y lo legítimo, es que un president de les Corts valencianes haga un esfuerzo por tratar a todos los parlamentarios igual, que sea prudente en su comportamiento y que si reprime o sanciona lo haga con exquisito cuidado y prudencia. No expulsando en 15 segundos de bronca verbal -sin que medien ni insultos ni nada particularmente grave- a una diputada. Más que nada porque a nadie se le escapa que algo así habría sido inconcebible tratándose de otros diputados. Y nadie debería perder de vista que la dignidad y la legitimidad de una institución no depende de lo que una diputada o un diputado puedan hacer en un día de cabreo, en un día en que se equivocan o en un día en que hacen el tonto. Pero sí depende en cambio, y mucho, de cómo quienes la dirigen y son sus responsables la hacen comportarse y aparecer ante los ciudadanos. Veremos qué pasa, pero el tema es, cuando menos, muy instructivo.



Inaudito: se da cumplimiento a una sentencia y se cierran canales que fueron concedidos ilegalmente

Desde esta madrugada a las 23.59 una serie de canales de televisión han dejado de emitir, generando mucho revuelo en este país nuestro. Se trata de nueve canales emitidos por diversos grupos privados que el Tribunal Supremo, tras haber declarado ilegal la adjudicación de los mismos, instó a que fueran cerrados en cumplimiento de la sentencia. Es extraordinariamente llamativo, en general, el sesgo con el que se ha informado en los medios de comunicación de la situación. Por poner un ejemplo, incluso grupos sin participación en el mercado televisivo y supuestamente por ello poco inclinados a defender los intereses oligopolísiticos de los cuatro grupos afectados por esta situación (que son los cuatro únicos grupos privados que disfrutan de licencias para emitir en televisión por ondas hertzianas de ámbito estatal), tratan el tema de un modo extraordinariamente crítico con la decisión del Tribunal Supremo y, más todavía, lo que resulta si cabe más inaudito, con la decisión del gobierno de acatar la sentencia en cuestión y darle cumplimiento. Por lo visto está muy mal cumplir sentencias y es particularmente aberrante que se liquiden situaciones de hecho constituidas a partir de una flagrante ilegalidad jurídica. Así es la vida y así es la manera en que nos cuentan el Derecho en este país. Aunque, como es obvio, en este caso tiene mucho que ver cómo nos cuentan el cuento con quién lo cuenta, lo que si estamos discutiendo sobre licencias de televisión y grupos de comunicación acaba suponiendo una pescadilla que se muerde la cola que no es de extrañar que produzca visiones sicalípticas de lo ocurrido. A fin de entender hasta qué punto es absurda esta visión, por ello, conviene exponer brevemente de dónde vienen los problemas y cómo se ha construido este peculiar modelo de mercado televisivo muy concentrado y protegido que tenemos.

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