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Creo que (desgraciadamente) toca seguir hablando de los diversos procedimientos que tiene abiertos Baltasar Garzón a la vista de los comentarios al anterior y primer intento de aproximación al follón y de que los acontecimientos se suceden. Lo haré, de nuevo, sin meterme en analizar los procedimientos judiciales en cursos porque, sencillamente, es una temeridad y una irresponsabilidad hacerlo. En este caso y en todos. O se tiene la información al completo (por ejemplo, por haber asistido a la vista) o me da la sensación de que es muy aventurado hablar simplemente a partir de las informaciones de prensa. En cualquier asunto. Pero más todavía en estos que son objeto de batalla mediática.
No obstante lo cual, sí se pueden comentar algunas cosas que tienen importancia, creo, a la luz del tipo de debate público en que nos movemos. Se trata de cuestiones que tienen que ver con “lo” de Garzón pero que, además, son extensibles a otros muchos temas y que sí ponen de reflejo algunos de los problemas de la Justicia española. Los trato a continuación con mucha brevedad, y siempre sin profundizar demasiado en el caso concreto, dado que creo que respecto de los juicios en proceso mejor ser prudente. Son todas, ellas, además, ideas muy básicas.
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En este blog, aun tratando temas de actualidad jurídica, aun ocupándose del Derecho público, aun prestando como presta gran atención a los problemas relativos a las garantías, no hemos hablado nada de los distintos procesos a Baltasar Garzón (sí hemos comentando en ocasiones algunas de sus actuaciones, normalmente de forma crítica, como por ejemplo las escuchas que dieron lugar al actual proceso, pero eso son cosas diferentes). Las razones son variadas, pero se pueden resumir en una: no me gustan las cacerías, ni las persecuciones, ni los shows… y tampoco tengo claro que valga la pena demasiado escribir en un contexto así (a la vista está, dada la cantidad de porquería que, sobre este tema, estamos pudiendo leer). Tampoco me gusta, además, escribir sobre procesos penales en curso. Por muchas razones (ausencia de toda la información, por ejemplo), pero también por una esencial: los procesos penales me parecen realidades tristes y dolorosas, no me gustan las condenas y que ciertos problemas sociales deban resolverse a golpe de meter a alguien en la cárcel, inhabilitarle o someterle a un proceso de estigmatización brutal (que es lo que suele suponer una condena penal). Lo cual no quita, sin embargo, para que sea perfectamente consciente de la importancia del proceso que se ha seguido en el Tribunal Supremo. Porque no me gustan las cacerías ni la manera de aplicar el Derecho que no atiende a las libertades y garantías. Cuando dan la sensación de que son contra Garzón… pero también cuando quien las ha practicado ha sido Garzón o alguno de sus seguidores e imitadores (que son legión), preferentemente desde la Audiencia Nacional.
Así que, y aunque sea brevemente y abusando de exposiciones ajenas, vamos a entrar en faena, de forma sintética, tratando de que quede claro, en la medida de lo posible, en qué coordenadas se mueve este tema.
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Ha comenzado 2012 y con él la catarata de recortes que, a la vista de cómo está el panorama (y con independencia de cuáles sean las razones por las que éstos se nos vienen encima), tiene pinta de ser sólo el comienzo. Como los lectores de este blog saben, nunca he sido entusiasta de la economía ladrillil-burbujística que fue monocultivo especializado en los años ye-ye y manifesté un enorme escepticismo respecto de la realidad latente en la aparente bonanza de esos años. Lo cual no quita para que, a efectos de recortar y de “redimensionar” el sector público, ahora que está todo el mundo entusiasmado con esa cantinela, signo de los tiempos, y parece que aceptamos todos como corderitos que nos vayan dando tijeretazos al Estado del Bienestar que nunca acabamos de construir en España, esté también lejos de adherirme al coro de incondicionales del sentir actual de los tiempos. No me parece que nos podamos permitir prescindir de demasiado sector público (al menos, no precisamente del que más gasto genera), con lo que habrá que pensar si unos servicios dignos, europeos, están dentro de nuestras posibilidades. Como sinceramente me da la sensación de que sí, intuyo que el problema es más bien otro: conseguir que todos tengamos claro que una cosa es que estén dentro de lo posible en un entorno rico como, más o menos, es un país como España por eso de estar en el seno de Europa y formar parte del mundo occidental avanzado y otra cosa, bien distinta, que para tenerlos hay que pagarlos. Y, a ser posible, pagar según la capacidad económica.
En todo caso, y como es obvio, el tema es complejo y tiene mucha tela que cortar. No quería hoy hablar de eso sino de algo más sencillo, más relacionado con los recortes concretos que se han aprobado e indirectamente conectado con un tema jurídico de primer nivel y de gran actualidad: la idea de igualdad y cómo la acción pública la moldea. En este sentido me ha llamado mucho la atención una serie de medidas que, englobadas todas ellas, responden a una misma idea, que no por española y tradicional deja de ser, a mi juicio, a la vez reveladora, curiosa y preocupante. Repasemos algunas de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno o que promete adoptar el el futuro (siguiendo la senda de lo que el anterior Ejecutivo ya hizo):
- Paralizar cualquier iniciativa en materia de empleo público (que si ya estaba anémico desde hace dos años ahora entra en coma) mientras, sin embargo, la promoción interna entre los que ya están dentro sigue activada a todos los niveles.
- Congelar el salario mínimo, en un marco de recortes y congelaciones generalizadas, pero del que se escapan, eso sí, las pensiones, que se revalorizan (poco, pero algo).
- Eliminar las ayudas al alquiler, pero sólo para los nuevos solicitantes (las ayudas ya concedidas siguen).
- Dejar de reconocer subvenciones por dependencia de grado medio aunque las personas que ya las tengan reconocidas seguirán disfrutando de ellas.
- Anunciar una inminente reforma laboral (recordemos en este punto que las últimas que se han producido lo han sido siempre en la misma línea, que garantizaba los derechos adquiridos de los ya contratados y reducía sensiblemente los mismos para aquellos que van a ser contratados en el futuro como medida de “incentivo para la contratación”).
Si analizamos mínimamente estas medidas, todas ellas tienen un elemento en común que casi nadie destaca y que entronca con una tradición muy española a la hora de redistribuir esfuerzos y sacrificios: dejar indemne al que “ya ha pillado” y cargar con toda la carga a los que todavía no están instalados. Ya sea en materia de pensiones (garantizadas e incrementadas incluso en los tramos más altos de renta) frente a la situación de los ciudadanos activos, ya sea en materia de contrato de trabajo (con unas nuevas generaciones que no van a disfrutar un contrato estable y con derechos en su vida mientras los ya instalados están blindados por tierra, mar y aire), ya sea incluso en la concesión de subvenciones (donde convivirán ciudadanos en una misma situación pero unos tendrán derecho legal a percibir ayudas mientras otros no simplemente porque llegan después), se trata de una tónica repetida. Y muy negativa desde todos los puntos de vista. Desde la lógica de reparto del esfuerzo (tiene mucho más sentido quitar un poquito a todos que dejar sin nada a unos para que otros continúen disfrutando de todo) pero, sobre todo, y también, desde una perspectiva de lo público y de pedagogía social. Viene a decir que a los españoles, tanto individualmente como colectivo, que lo que tenemos que hacer es blindar nuestras posiciones, llegar como sea a consolidar ciertas posiciones y derechos y, después, permitir que sean los no instalados, los no colocados, los que están por llegar, los que arreen. No tiene, la verdad, mucho sentido.
Lo más grave de todo el asunto es que esta peculiar visión de la igualdad “a la española”, tan anclada en nuestro ADN, ni siquiera genera comentario algunos ya. Lo tenemos asumido. Y todos sabemos que lo que hay que hacer es “moverse” para quedar “dentro” de los agraciados. Es un país peculiar éste, donde la igualdad se tiene en cuenta dentro de grupos colectivos, pero atendiendo a factores como el temporal, el momento de llegada, sin que a nadie le parezca anómalo. Ocurre que, a este paso, los colectivos que por edad y posición pueden blindarse (y de hecho se blindan) se acabarán llevando un susto. Cuando los jóvenes productivos y formados se larguen al extranjero uno tras otro; cuando a base de mini-jobs, subempleo y sueldos donde el mileurismo ha pasado a ser una aspiración no haya manera de pagar pensiones blindadas y que tripliquen el salario de la masa trabajadora del momento; cuando las ayudas del pasado, consolidadas e irrenunciables, acaben drenando recursos esenciales porque no hay más cera ardiendo; cuando, en definitiva, un modelo basado en la desigualdad entre los asentados y los recién llegados se encuentre con que la masa de derechos, garantías, prestaciones y cantidad de destinatarios de los blindados es tan grande que no hay manera de que entre los pringados que queden se puedan hacer cargo. Y entonces, por supuesto, será tarde.
Pues la verdad es que hoy podría hablar de muchas cosas. Del excelente (como siempre) artículo de José Yoldi sobre uno de los muchos efectos disfuncionales de la salvaje ley contra la violencia de género , que demuestra que la paciencia de los operadores jurídicos empieza a estar más que colmada con algunas de las cositas de esta ley. O de la conferencia que hoy han dado en Valencia, invitados por la Academia de Jurisprudencia y Legislación valenciana (o como se llame esa cosa, que la verdad es que no lo sé muy bien), dos penalistas de primer nivel, Córdoba Roda (U. de Barcelona) y Rodríguez Morullo (U. Autónoma de Madrid) sobre el patético estado de las garantías en el proceso penal. Han hablado de detenciones para forzar a los sospechosos a confesar, de escuchas telefónicas a abogados, de registros inconstitucionales, de conformidades que sirven de mecanismo de presión y que se pretenden emplear para condenar a otros sospechosos… Y es que el proceso de degradación es imparable, como el Tribunal Constitucional se encarga de recordar cada dos por tres, con sentencias de esas que abochornan a cualquier juristas con un mínimo sentido de las garantías (véase el ejemplo más reciente, donde justifican que se te meta la policía en el ordenador sin pedir permiso del juez ni nada para ver qué tienes y todo porque el delito -posesión de pornografía infantil- es especialmente odioso y las chorradas al uso que parecen justificar cualquier cosa… ¡cómo si el resto de delitos, un asesinato, por ejemplo, no fueran también odiosos!).
Vamos, todo muy edificante, como es norma en este país en lo últimos y comentábamos hace nada en relación a indultos a banqueros (¡para que luego digan que no hay garantías en este país para los delincuentes!). Pero una noticia se ha cruzado en mi intención de charlar sobre alguno de estos temas. La que informa de la última ocurrencia de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que por lo visto está notificando a electores que fueron identificados por la Policía de Madrid por ir a votar con una camiseta verde para que hagan alegaciones respecto de un posible incumplimiento de la legislación electoral, lo que habría supuesto un delito del art. 144 LOREG, por realizar propaganda electoral acabada la campaña.
La cosa viene a ser así, por resumirla de manera fácil para que se entienda:
- En España en 2011 puedes tener que votar en lugares (centros escolares concertados) donde hay mesas electorales debajo de inmensos crucifijos, pósteres conmemorando visitas del Papa o mensajes antiabortistas. A pesar de que el Estado tiene una obligación de neutralidad mucho más fuerte que la de los ciudadanos (por motivos obvios que no vale la pena ni desarrollar), este tipo de mensajes se entienden por las distintas Juntas Electorales como perfectamente apolíticos y, por ello, no se aceptan las reclamaciones de los electores que las hacen (algo que me consta perfectamente porque he estado votando durante años en un asqueroso colegio concertado que llenaba el hall de proclamas contra el matrimonio gay y el aborto para el día de las elecciones -o a lo mejor para todos los días, y que así el Estado pague un concierto para que se adoctrine a los niños a gusto- sin que ninguna de las reclamaciones realizadas haya fructificado nunca).
- En cambio, esas mismas Juntas Electorales consideran que el hecho de que un ciudadano vaya a votar vestido con una camiseta verde con un mensaje a favor de la escuela pública es un acto de campaña, de propaganda, y que por esta razón supone un delito electoral del art. 144 LOREG.
- Mientras tanto, candidatos de diversos partidos políticos, algunos de manera tan notoria como el Presidente de Baleares, han osado pedir el voto en la tele el mismo día de las elecciones. Incluso mediando denuncia de los partidos rivales, la Junta Electoral de Mallorca no ha entendido que esa acción sea un acto de campaña y tampoco que constituya un delito electoral del 144 LOREG.
- Por último, como es sabido, el art. 145 LOREG prohíbe publicar encuestas a partir de cierto día de la campaña y castiga también con penas de cárcel a quien incumpla esta obligación. Una norma absurda, una de tantas, en los tiempos que corren. Lo que no quita para que llame la atención que ciertos diarios o directores de periódicos la incumplan de manera notoria, exhiban su falta de respeto por la norma y que tampoco pase nada.
Las reglas en 2011, al menos según nuestras Juntas Electorales, se resumen en lo siguiente: #anchopamí (es decir, para el Estado, para la Iglesia, para los banqueros importantes del país, para los políticos en activo, para los medios de comunicación potentes, para los directores de periódicos famosos) y #ojodeunaagujapati (es decir, para el ciudadano de a pie). Ya veremos cómo acaba esta historia, pero de momento, con el historial reciente de las Juntas Electorales españolas (por ejemplo, con las acampadas del 15-M) uno se puede esperar cualquier cosa de esta gente. Y no, precisamente, buena.
Está claro que conviene dejar un tiempo entre el momento en que se producen unas elecciones y la constitución de las Cámaras parlamentarias. Así se pueden recontar con calma los votos, meter el voto de no residentes, resolver recursos e impugnaciones… pero, sinceramente, ¿no da la sensación de que tenemos unas reglas un poco desfasadas en cuanto a tiempos? Con lo rápido que va todo hoy en día, las posibilidades tecnológicas, la eficacia en recuentos, lo profesionalizados que están los partidos políticos, ¿no sería conveniente acortar un poco los plazos? Aunque, bien visto, quizás esto no deja de ser una pequeña tontería. En Estados Unidos votan a principios de noviembre y el Presidente no toma posesión hasta finales de enero, por eso de dar tiempo a quienes iban en carro a poder reunirse en el Colegio Electoral una vez seleccionados por los electores y que la información llegara. Y tampoco les ha pasado nunca nada demasiado grave (claro, si no tenemos en cuenta lo de Bush vs Gore; en fin…).
PS: No es por nada, pero así, también, nos libraríamos de cosas como estas, que la verdad es que dan como un poquito de vergüenza. Es sencillamente bochornoso esto de que se saque la basura así, de esta manera, sin coste político alguno…
Las elecciones del domingo han confirmado que, como se preveía, la izquierda española agrupada en torno al PSOE ha padecido un descalabro notable. Más allá de la mayoría absoluta del PP y lo que ello suponga en clave estatal para el PSOE se abre también ahora una fase importante para su marca local, un PSPV que lleva mucho tiempo más que difuminado. De eso hablo hoy en mi columna quincenal en El País Comunidad Valenciana. La columna entera, aquí.
Las crisis tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, en países como el nuestro son prácticamente los únicos momentos en que aflora cierta indignación popular frente a desmanes por lo demás habituales y si la cosa se generaliza empiezan a llegar incluso sentencias que ponen un mínimo coto al cortijo admnistrativo que, en corruptelas varias de baja intensidad (pero extendidas por todos los órganos de nuestra Administración, cual absceso de una virulencia y agresividad inigualables) asuelan nuestra organización pública y la convierten en un monstruo que nada tiene que ver con los principios constitucionales en que ha de inspirarse. Hace no mucho hablábamos de que uno de los agujeros negros de nuestro Derecho público se refiere al empleo público y las numerosas puertas falsas que hemos dejado entreabiertas, para uso de quienes saben dónde se encuentran. Comentábamos también que el hecho de que el control judicial sobre estas prácticas sea tan insuficiente es una de las razones de que no haya manera de erradicar esta lacra. Ahora, bien, de vez en cuando aparece algún juez o tribunal que se pone las pilas. Es lo que ha ocurrido hace poco en un par de ocasiones.
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