Los números del AVE

Acaba de ser inaugurada la línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia en medio de una gran fanfarria política y periodística que contrasta enormemente con la triste realidad. En un ejemplo más de cómo las políticas públicas en este país no son en absoluto fiscalizadas desde parámetros de eficiencia (y de hasta qué punto las matemáticas más sencillas como sumar y restar son un ignoto arcano para nuestros planificadores) nos hemos gastado una millonada entre todos en una obrita de una rentabilidad más que dudosa. Los expertos lo tienen claro. Afortunadamente, me da la sensación, hay una gran parte de la opinión pública (aunque sea casi milagroso que así sea dado el modelo informativo de publicitación del tema que se ha impuesto, convenientemente “regado” por el Ministerio de Fomento) que también. Basta leer los comentarios de los lectores a las noticias donde se glosa el tema a mayor gloria de Sus Majestades (el Rey, por cierto, ha demostrado en su discurso de hoy desconocer cuál fue la primera línea férrea que se construyó en España), del Presidente del Gobierno y de quien pase por delante para darse cuenta de cuánta es la distancia entre el discurso publicado y la percepción que tiene la gente de la calle de cuáles son sus necesidades y de cómo estarían mejor servidas.

Mientras tanto, las Administraciones Públicas y los partidos políticas se están gastando millones de euros en una obscena competición por ver quién logra convencernos de que esto se lo “debemos a ellos”. Da igual que haya crisis y que la indecencia de este brutal gasto publicitario sea si cabe más obvia en este contexto. Ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana, e incluso el PSPV (aunque aquí hay que reconocer que en este caso gastan “su” dinero; que viene también de los ciudadanos, vaya, pero que al menos no son fondos estrictamente públicos) se pelean por decirnos que son ellos los que “nos traen el AVE”. Así, en plan señor feudal u obispo medieval que te coge el dinero, se lo gasta en lo que le parece y, encima, te da lecciones sobre lo agradecido que has de estar. De vergüenza.

Por lo demás, conviene recordar que, para mayor escarnio, todas estas inversiones, como bien ha demostrado y documentado Germà Bel en su reciente, y fantástico, libro España, capital París, nada tienen que ver con las necesidades reales de comunicación y transporte del país. Responden únicamente a una política de construcción nacional, de refuerzo económico del centro del país frente a la periferia, nada ingenua y, sobre todo, articulada siempre con exaccciones públicas forzosas e implicación del poder estatal porque de otra forma (es decir, con inversión que aspirara a una remota recuperación de la inversión) no habría manera. Para lo cual se drenan constantemente recursos que podrían (y deberían) dedicarse a mejorar el lamentable estado en que se encuentran ejes de comunicación con mucha más demanda y estratégicamente más importantes a partir de criterios de eficiencia (al menos, si hablamos desde un punto de vista económico, no, claro, si se trata de potenciar el centralismo económico) o socialmente mucho más necesarios (cercanías, regionales) atendiendo a factores de servicio público, cohesión social o igualación territorial.

Baste un ejemplo demoledor. Desde hoy, Valencia está unida con Madrid (a unos 350 kilómetros de distancia) por dos autovías de peaje gratuitas (una en línea recta, otra por Almansa) y por hasta cinco vías de tren (las dos vías de altísimas prestaciones y carísimas del AVE hoy inaugurado, más las dos de la vía doble electrificada que va por Albacete y que permite circular a 200 km/h, más la línea única sin electrificar que hace el recorrido por Cuenca). En cambio, la conexión de Valencia con Barcelona (también unos 350 kilómetros a pesar de lo cual sigue moviendo tantos viajeros como la primera y muchísimas más mercancías) se realiza a través de una autopista de peaje (pues este eje, con mucho más tráfico, no ha recibido inversiones estatales y ha debido ser pagado por los usuarios) y por una línea ferroviaria que, en el tramo entre Castellón y Tarragona, llega a tener varias decenas de kilómetros de… ¡una vía única! Como dijo un Ministro de Transportes, ¡no sé de qué se queja esa gente de Levante, pero es que son así de pesados! ¡Si esa vía hasta está electrificada! (y quizás no le falta razón, oiga, pues la conexión con Murcia o Zaragoza sigue siendo en vía única y, efectivamente, sin electrificar). Por no mencionar el tema de las conexiones ferroviarias de cercanías y regionales de Valencia y las ciudades medias valencianas, que es un tema de echarse a llorar. Uno sale a Alemania o Francia, países a los que compramos la tecnología que nos permiten tener más AVEs radiales que nadie a precio de oro, y comprueba que allí las prioridades son otras: una red tupida, una verdadera malla de comunicación ferroviaria que permite ir a cualquier parte en tren, con cercanías y regionales mimados por la inversión pública y una red de alta velocidad reducida, construida poco a poco y sólo en tramos de altísima demanda. Debe de ser que esta gente es mucho menos inteligente que nosotros y ni siquiera saben sacar tanto prtido a su propia tecnología como aquí. En fin…

Sobre estas cuestiones escribí el artículo que esta semana me publicó El País en su edición de la Comunitat Valenciana, donde los comentarios que se produjeron son buena muestra, de nuevo, de hasta qué punto la gente empieza a estar harta de que le tomen sistemáticamente el pelo. Se lo copio a continuación:

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Última hora autoritaria (II)

El Congreso de los Diputados, a petición del Gobierno, ha prorrogado el Estado de Alarma decretado el pasado día 4 hasta el próximo día 15 de enero. Se trata de la primera vez en la historia de la democracia en la que el Parlamento elegido democráticamente acuerda un estado de emergencia y permite la exacerbación de poderes del Ejecutivo y la cercenación de derechos fundamentales (aunque en este caso sea sólo de un colectivo de trabajadores) que ello supone. La razón alegada es que no puede garantizarse al 100% que los españoles podamos viajar en avión durante las Navidades. Uno ya no sabe si reír o llorar ante la deriva reaccionaria en que nos hallamos.

Los partidos políticos responsables del desaguisado han sido, pues conviene que conste:

– PSOE (ha votado a favor)
– CiU (ha votado a favor)
– PNV (ha votado a favor)
– CC (ha votado a favor)

– PP (se ha abstenido)

Sólo han votado en contra, al parecer, ERC, IU, BNG, NaBai y UPyD. También conviene que conste.

Más comentarios y enlaces a opiniones sobre el barrizal jurídico-constitucional en que nos estamos metiendo en la anterior entrada de este blog: Última hora autoritaria (I)



Última hora autoritaria (I)

El Gobierno de España pide en estos momentos a los diputados, en el Congreso, que el Estado de Alarma en que vivimos jurídicamente los españoles desde hace casi dos semanas (parece mentira lo bien que funcionan las cosas en este país: ¡dos semanas de grave calamidad pública ya y a pesar de eso estamos todos tan tranquilos!). Si ya valoramos como inconstitucional, ilegal, innecesaria y peligrosamente autoritaria la declaración inicial, ¡qué vamos a decir de la extensión de la alarma cuando, como es patente, no estamos sino ante un conflicto laboral mondo y lirondo!

Sobran los comentarios sobre cómo de triste se está poniendo la cosa. Dentro de este panorama deprimente por lo menos es de notar la creciente concienciación, siquiera sea en medios jurídicos, respecto a la barbaridad que supone este prórroga “preventiva” y “por si acaso”. No hay una fronda suficientemente generalizada en la opinión pública, todavía, por lo que  el PP parece que se va a abstener, no vaya a quedar Rajoy como un demócrata de pacotilla ante una ciudadanía que pide caña, pero todo se andará. Quizás ahora una mayoría no se dé cuenta de hasta qué punto esto es un sinsentido y, además, peligroso. Pero lamentablemente es fácil que en el futuro nuestros gobernantes, siguiendo dando rienda suelta a sus tentaciones autoritarias, acaben logrando que casi todo el mundo lo entienda a base de una medida “pedagógica” tras otra. Porque la tentación autoritaria tiene estas cosas. Dice un amigo que es como irse de putas: que como lo hagas una vez, así, a lo tonto, estás jodido de por vida porque luego es muy difícil  no volver, porque desaparecida la barrera inicial… ¡pfffff!

Lecturas recomendadas sobre el tema (por favor, vayan añadiendo en los comentarios las que Ustedes conozcan que también se lo parezcan):

Josep Ramoneda, en El País, abundando en la idea de lo delirante y peligroso del precedente.

José María Ruiz Soroa, también el El País, recordando, muy sensatamente, que incluso la pervivencia de tipos penales en la ley penal general (no militar) es una salvajada jurídica impropia de una democracia y de un Estado de Derecho.

Eduardo Rojo, en su blog (conocido vía el interesante blog de actualidad jurídica de Joan Amenós), comentando con más conocimiento de causa del que aquí podemos tener sobre el tema un aspecto interesante, que ya hemos apuntado, pero sobre el que no nos hemos extendido: qué hizo el Gobierno por Decreto ley a principios de año (y convalidó el Parlamento) en materia de regulación de las condiciones laborales de los controladores, recuperando una vieja costumbre estatutaria para ciertas relaciones de trabajo a partir de disposiciones legales que, hay que preguntarse, ¿es posible constitucionalmente en esos términos?



La tentación autoritaria

La celebración del aniversario del reférendum por el que el pueblo español votó la Constitución de 1978 ha quedado marcada este año por la muy discutible decisión del Gobierno, que el pasado 4 de diciembre declaró, por primera vez en democracia, el estado excepcional de alarma constitucionalmente previsto para situaciones gravísimas y excepcionalísimas. Como comenté en su momento, muy a vuelapluma, la declaración del estado de alarma es, a mi juicio, un exceso evidente y un error de oportunidad. Convertir un conflicto laboral en un estado de alarma es, en el fondo, una prueba de debilidad por parte del Estado. Tener que sacar a pasear el Ejército (aunque sea de la manera limitada y reducida en que se ha hecho, y entiéndase la figura retórica) para meter en cintura a un colectivo que, con independencia de las dudas jurídicas que puedan generar algunas disposiciones jurídicas que han venido a modificar sus condiciones laborales por intervención directa del legislador (o del Gobierno metido a legislador por la vía del Decreto-ley), actúa de manera impresentable saboteando el tráfico aéreo del país en lugar de optar por la vías legales de conflicto colectivo, no sólo es un exeso: también es muy triste pues se trata de la prueba más clara de que nuestro Gobierno (o nuestro Estado) carece del vigor como para aplicar la ley ordinaria para resolver un conflicto que poco tiene de excepcional.

Más allá de esta consideración, conviene analizar con algo más de calma el Decreto del pasado 4 de diciembre por el que se declaró el estado de alarma desde un punto de vista jurídico. Al aproximarnos con algo de calma al asunto se confirma la intuición inicial de inoportunidad del decreto. Ni la Constitución ni las leyes españolas que regulan la declaración de estados de emergencia permiten muchas de las cosas que se han hecho. Algo plenamente lógico. Si la Constitución sólo prevé este tipo de medidas en situaciones absolutamente excepcionales no es extraño que haya problemas de adecuación si pretendemos utilizar este cañonazo jurídico, muy del gusto de los nuevos tiempos autoritarios, para matar moscas sociales. Vamos a tratar de explicar de forma muy sencilla por qué, a mi juicio, no es correcto, además de inoportuno, lo que ha hecho el Gobierno y, en consecuencia, habría sido mucho mejor afrontar el problema con los instrumentos habituales:

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Estado de alarma

El BOE de hoy publica el primer estado de alarma de la historia de la democracia. Firmado por el Rey desde la embajada de España en Buenos Aires y remitido por el Ministro de la Presidencia y no el Presidente del Gobierno, que anda desaparecido, pues tampoco ha entendido preciso tomar la palabra para explicar personalmente a los españoles la necesidad de adoptar una medida tan dura como aplicar la ley que desarrolla las posibilidades de declaración de los estados de alarma, sitio y excepción.

De todos modos, si leemos la declaración publicada en el BOE, la cosa es muy concreta y se limita a la puesta bajo control de las autoridades militares del control aéreo y de los controladores, en una línea semejante a la que ya avanzó el Decreto de ayer que pasaba el control al Ministerio de Defensa. Con la declaración de alarma sólo se logra incrementar la presión sobre los controladores por la vía de convertirlos en personal militar de forma temporal y, por ello, quedar sujetos a disciplina militar. Debe de ser que el Gobierno piensa, y con razón, que un Consejo de Guerra acojina más que la justicia ordinaria, porque lo más absurdo de todo esto es que la Ley de Navegación Aérea ordinaria, civil, establece sanciones penales muy duras, de varios años de cárcel, para quien perturbe o sabotee el tráfico aéreo. El Gobierno, puestos a demostrar mano dura, podría haber explorado antes esta vía, sin necesidad de recurrir a algo tan extremo como la disciplina militar y la declaración de un estado de alarma, hecho insólito en democracia.

Obviamente, nadie va a indignarse en exceso porque nos pasemos dos o tres pueblos para meter en vereda a los controladores. Ni tampoco por el hecho de que, por una vez, el Estado demuestre algo de músculo contra alguno de esos colectivos de tipos poderosos y de camarillas que lo parasitan desde dentro. De hecho, resulta grotesco escucharlos hoy diciendo que están llorando, que están siendo esclavizados a punta de pistola y que sufren mucho y no llegan a fin de mes. Un Estado serio no puede permitirse que camarillas de privilegiados se aprovechen de los ciudadanos y del servicio público. Pero un Estado fuerte no necesita recurrir a estas cosas. Hace tiempo que los controladores españoles acumulan méritos para que se les despida disciplinariamente sin indemnización alguna y se contrate a sujetos perfectamente cualificados, que cumplen con los requisitos propios de la norma europea que armoniza esta cuestión, y Santas Pascuas. Porque conviene no olvidar que la prestación de estos servicios está liberalizada en la UE desde hace tiempo y hay libre circulación de trabajadores que permitiría contratar por la mitad o un tercio de lo que cobra esta gente y, aún así, ofreciendo condiciones mejores que en cualquier otro país de Europa. Así que a ver si el Estado logra tratar a sus trabajadores con el mínimo de firmeza que, con la legislación laboral española en la mano, hasta el más Bambi de los empleadores demostraría.



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