La función inspectora en la Administración española (VIII Congreso de la AEPDA)

Ha comenzado hoy el VIII Congreso de la Asociación Española de Derecho Administrativo, en la Universitat d’Alacant. La primera sesión, que está siendo extraordinariamente interesante, está analizando la función inspectora de la Administración, sus limitaciones, virtudes y problemas, en España.

Manuel Rebollo Puig, profesor en la Universidad de Córdoba, ha esbozado de manera impecable los rasgos que definen la función inspectora en nuestro ordenamiento, enmarcando los elementos clave que conviene tener en cuenta cuando analizamos cómo funciona en la práctica la inspección, en tanto que función administrativa, en España. Así, en su ponencia desgrana:
– las enormes capacidades que reconoce el ordenamiento jurídico a la Administración cuando inspecciona, que le permite hacer casi cualquier cosa, con muy pocos límites, incluyendo ejercicios de coacción sobre las personas;
– la poca capacidad efectiva que tienen algunos de nuestros clásicos instrumentos que podrían limitar ese gran poder: ni principios como el de proporcionalidad, ni supuestos secretos (piénsese en el secreto bancario y su escasa virtualidad, lo que explica el éxito de los bancos suizos) no derechos fundamentales (incluyendo manifestaciones del derecho a no declarar contra uno mismo) parecen ser capaces de oponer gran resistencia, a la hora de la verdad, a las facultades inspectoras;
– tampoco formalmente, con algunas excepciones (por ejemplo, las tributarias), tenemos en nuestro ordenamiento demasiadas exigencias para la Administración cuando inspecciona.

Frente a tan amplios poderes, sin embargo, la realidad nos muestra un amplio elenco de ejemplos donde se demuestra que los malos siguen logrando defraudar, incumplir normas… Algunos problemas estructurales sobre cómo funciona la inspección explican este resultado: una discrecionalidad enorme a la hora de dirigir y determinar qué se inspecciona, poca autonomía en esta función de los inspectores, cuya iniciativa ha de ser continuada para tener efecto (salvo las inspecciones de trabajo)… y quizás un problema estructural, cuando tenemos demasiados malos, a ambos lados del mostrador incluso, y pocos medios (comparativamente).

Antonio Jiménez Blanco, en su ponencia, se refiere a la inspección en el sector financiero. Explica muy gráficamente que esta supervisión e inspección, en el fondo, busca proteger a los depositantes (y la estabilidad del sistema) pero en la actualidad, dadas las consecuencias de la crisis financiera, suponen también una protección de contribuyentes (y contribuyentes que ya no son sólo españoles, dado que quienes están “rescatando” a nuestros bancos son a día de hoy contribuyentes europeos). Esta supervisión, en cualquier caso, se refiere esencialmente a analizar la solvencia de las entidades. Solvencia que, me permito añadir, se contrasta con indicadores legales que, en casos como el actual, han demostrado ser más el problema, muy probablemente, que la propia inspección (otra cosa son los excesos con los consumidores, por ejemplo). Como queda demostrado con la facilidad con eso de que cambiando las reglas (por ejemplo para Cajas públicas y Cajas privadas) puedan quebrar unas y no otros incluso teniendo mismos ratios de solvencia en algunos casos.

Por último, Julio Tejedor Bielsa, profesor en la Universidad de Zaragoza, nos ha hablado en su ponencia sobre la inspección en el urbanismo. Y nos ha explicado, con acierto, que la inspección en este ámbito no pretende ni ha pretendido nunca combatir la corrupción (o al menos no esencial ni directamente). Algo que es importante tener en mente para comprender sus limitaciones y concreta ambición. Dicho lo cual, no cabe duda que la inspección ha sido un agujero negro en nuestro urbanismo, con pocos medios, poca atención (es llamativo que muchas Comunidades Autónomas, como la valenciana, es lo último que han regulado en esta materia) y una enorme tolerancia social y también de la instituciones respecto de muchos ámbitos donde las irregularidades “de baja intensidad” campan a sus anchas.

El gran interés del debate y de las ponencias se ha completado común elenco de comunicaciones extraordinariamente sugerentes. Gabriel Doménech ha presentado una sobre la delación, la denuncia y los incentivos para que éstas se produzcan en nuestro Derecho público, mostrándose muy partidario de beneficiarlas por los beneficiosos efectos sociales que ello supondría. Lucía Alarcón ha hecho referencia a una de las cuestiones peor resueltas de nuestro sistema de inspección: las afecciones al derecho constitucional a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo, que quedan muy en entredicho en sus perfiles clásicos en la acción de la inspección, máxime cuando todas estas pruebas recabadas en esos procedimientos donde no se reconoce este derecho pueden luego ser empleadas en una posterior imputación penal. Tomás Cano, a su vez, ha analizado los argumentos en contra de que las actas de una inspección tengan un valor probatorio privilegiado y ha defendido con vehemencia que no ha de confundirse el hecho de que la ley dé un valor privilegiado a estas pruebas con el hecho de que desaparezca la presunción de inocencia o se invierta la carga de la prueba. Por último José Carlos Laguna de Paz ha resaltado la importancia estructural de la inspección en el sector financiero y Manuel Izquierdo, en este punto, ha desgranado las dudas legales enormes que genera la entrada de participación privada en la inspección, como la que ha montado el Banco de España dando entrada y pidiendo la colaboración a auditoras extranjeras sin regular previamente está colaboración ni prever los posibles conflictos que fruto de esta interacción pueden aparecer.

En definitiva, unas ponencias, comunicaciones y debate fantásticos, sin duda los mejores de los que hemos tenido hasta ahora en la AEPDA.



La gallina de los huevos de cemento, reloaded

Estas Navidades, como casi todo el mundo, he tenido una ajetreada vida social. Muchas comidas y cenas, reuniones y encuentros, con familiares, amigos y viejos compañeros de estudios. Me ha impactado hasta qué punto muchos de los que se han dedicado en años pasado, o todavía se dedican en la actualidad, al urbanismo, contaban una misma historia: la de la aristocracia jurídica del ladrillo que tanto pinta y ha pintado en nuestra querida Comunidad valenciana que lleva desde el verano haciendo lobby a cuenta del proyecto de reforma y refundición de las leyes que regulan el urbanismo en este País Valenciano nuestro. Por lo visto, dado el parón en la reclasificación de suelo de los últimos años (y que se espera que éste continúe al menos otros tantos), hay un esfuerzo brutal de muchos por “vender” al Gobierno valenciano las bondades de un nuevo urbanismo que superara una visión pacata y ambientalista que, por increíble que parezca, es la que se juzga ahora que cristalizó en las normas actualmente vigentes que han regulado la orgía burbujística comenzada simbólicamente con la aprobación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994.

De esto, precisamente, he hablado en términos muy generales en mi primera columna de El País de este año, dando cuenta de los argumentos que se están empleando entre bambalinas, lejos de la luz y taquígrafos deseables en una democracia. Unas razones que son viejas y fallidas y nos devuelven al maravilloso concepto con el que Ramón Martín Mateo tituló su último libro (que luego no era tan agudo como el título, aunque probablemente, claro, algo así era imposible) sobre urbanismo valenciano, esto es, la gallina de los huevos de cemento:

Vuelve la gallina de los huevos de cemento

La manera en que hemos gestionado nuestro urbanismo no ha sido, la verdad, demasiado satisfactoria. La crisis, al menos, ha acabado por convencer a la práctica totalidad de la población de ello. Visto en retrospectiva, ha quedado totalmente validado el juicio de quienes alertaron de que esa vía no era la adecuada porque ni creaba tanto bienestar como nos decían, ni distribuía adecuadamente las rentas generadas, ni era (por descontado) sostenible y porque, además, acabó drenando numerosos recursos que habrían sido muy importantes y habrían generado mejores frutos a medio y largo plazo en otros sectores.

Sin embargo, y por increíble que parezca, la mítica gallina de los huevos de cemento, en afortunada expresión del profesor de la Universitat de Alicante Martín Mateo, parece que está de vuelta. Este sistema nuestro, que como es sabido tantas alegrías nos ha deparado, de gestión de los intereses públicos entre bambalinas, a base de reuniones semiclandestinas de diversos grupos de interés y supuestos expertos que luego entregan bien cocinadito un texto legal a nuestras disciplinadas Cortes Valencianas, vuelve a la carga. Y lo hace con un diagnóstico de cuáles son los problemas de nuestro urbanismo que si no fuera terrible porque uno ya se espera que nuestras castas extractivas puedan plantear en serio cualquier salvajada sería hasta divertido por directamente delirante.

Así, los expertos, que tras haber asesorado a la Administración en el pasado y haber construido (y cobrado con huevos de oro y no de cemento) nuestro fallido sistema de expolio ambiental y territorial ahora se presentan como “técnicos independientes” que nos han de rescatar de nuestros terribles políticos, ya han empezado a insinuar por dónde irán los tiros. Según su criterio, el problema del urbanismo valenciano es, pásmense, que resulta demasiado complejo, largo y caro urbanizar. Sobre todo, según explican a solícitos consellers y a sus asesores, hay que asumir que hemos impuesto unas exigencias ambientales excesivas y unas restricciones que, sencillamente, son desproporcionadas y que no nos podemos permitir. Al parecer, haber hormigonado en una década y media más de lo que habíamos construido en toda nuestra historia como pueblo ha sido una titánica tarea de héroes enfrentados a una regulación soñada por ecologistas y antisistemas. Para rematar el cuadro del esperpento, se alerta sobre el rigor empleado contra las edificaciones ilegales, esas decenas de miles de chalets y casetes que la generación del culto al ladrillo ha erigido por doquier (suponemos que por patriotismo). Que la LUV amnistiara todas las viviendas ilegales previas no es prueba de laxitud sino de lo contrario, dado que cometió el pecado de leso hormigón de establecer, a su vez, que en ningún caso se legalizarían futuras viviendas ilegales (aunque, eso sí, solo si construidas en suelo protegido).

Frente a una gerontocracia ladrillil que, sencillamente, no quiere que se le acabe el chollo va a ser necesario recordar que el urbanismo valenciano ha sido desastroso por otras razones, que afortunadamente esta crisis permite a todos tener claras. Deberíamos ser los valencianos, y no supuestos expertos interesados, los que tomáramos decisiones al respecto. Preferiblemente, por favor, no demasiado insensatas.

Sin embargo, no es verdad que este debate esté ocurriendo en su integridad fuera del conocimiento de la ciudadanía. Hace unas semanas Mariano Ayuso publicó un texto en el diario digital Valencia Plaza titulado “Las siete claves del urbanismo valenciano” que es extraordinariamente interesante y democráticamente impecable en la medida en que plantea las cuestiones que otros tratan sólo en privado a todos los ciudadanos. Que es de lo que se trata. Así que me parece que es esencial hacer el esfuerzo de relatar y tomar en cuenta las razones de quienes sí hacen el esfuerzo de darlas en público y a todos. Porque por mucho que podamos estar en desacuerdo a veces, es de lo que se trata, de construir un debate donde muchas veces no tendremos razón, o estaremos muy solos, pero del que toda la sociedad debe conocer y participar. Especialmente cuando hablamos del destino que damos a nuestro territorio, por cuanto es algo que nos incumbe muy directamente a todos a corto, medio y largo plazo.

Las razones de Ayuso van en la línea de las que muy brevemente he criticado en el texto publicado en El País. Otras, no tanto. Repasemos brevemente todas ellas siguiendo la numeración que él mismo les da:

1. Un marco normativo estable.
Una de las premisas el desarrollo ordenado de cualquier actividad, ya sea personal o colectiva, pública o privada -y no digamos la empresarial- es un marco normativo estable en el que fundar las expectativas y conforme al que poder diseñar la planificación de las actuaciones futuras…

Nada que añadir en este punto. Que las leyes tengan un mínimo de estabilidad es, en efecto, importante para la seguridad jurídica. No sólo eso, también es, normalmente, un indicio de que la norma en cuestión funciona bien y con poca conflictividad social. De manera que no conviene perder de vista que para tener ese marco normativo estable habría que hacer un esfuerzo para dotarnos de leyes que fueran buenas, no sólo técnicamente, sino satisfactorias socialmente. Ello eliminaría conflictividad y haría más estable el marco jurídico. En todo caso, esto no es sino un pequeño matiz a lo señalado por Ayuso, con quien no se puede sino coincidir aquí.

2. Agilidad y celeridad en la tramitación administrativa.
Esta es una cuestión en la que las reformas legislativas pueden ayudar -unificando unos trámites, suprimiendo otros y reduciendo plazos-, pero lo esencial es una reforma -o una reasignación- en la dotación de elementos personales y materiales de las Administraciones y en la mentalidad y forma de trabajar de los servidores públicos. De nada sirve poner normativamente un plazo de seis meses para la tramitación de un procedimiento administrativo, si luego en la realidad son dos años.
Probablemente, en algunas materias urbanísticas, fuera necesario abrir la ventana a los organismos de control privados y que -manteniendo la decisión pública última sobre el planeamiento del territorio y del urbanismo- la verificación de los impactos paisajísticos y ambientales, en sentido amplio, fuera contratable con empresas privadas homologadas, distintas en su caso de las que hubieran realizado la proyección del planeamiento y la evaluación de esos mismos aspectos…

En este segundo punto ya no puedo estar de acuerdo con Ayuso. No parece que hayamos tenido un problema, precisamente, de rigidez y falta de rapidez a la hora de urbanizar. Los resultados que logró el “modelo LRAU” iniciado en 1994 está claro que fueron un éxito a la hora de “desatascar” la gestión del suelo. Que las normas urbanísticas que se han sucedido desde entonces tienen muchos problemas es algo indudable. Pero que uno de ellos, y de los más importantes, sea precisamente la rigidez y lentitud del modelo es bastante dudoso. Los datos, de hecho, dicen que desde 1994 a la actualidad, rigiendo ese modelo, en apenas 15 años de orgía y casi un lustro de resaca, hemos urbanizado (y hormigonado) más que en toda nuestra historia, transformando hectáreas y hectáreas de suelo. Pedir más fexibilidad siempre es posible, pero, sinceramente, llega el momento de plantear hasta qué punto renunciar a controles públicos y de legalidad (que la realidad ha demostrado que, más que sobrar, faltan) es adecuado en aras a lograr esa mayor rapidez. Por no mencionar los innumerables riesgos que conlleva, además, meter gestión privada en el control de este tipo de operaciones, algo extraordinariamente peligroso si aplicamos la lógica ciudadana más elemental (por eso de poner a la loba a defender las gallinas) y con muchos problemas jurídicos (pues hay ejercicios de competencias públicas ablativas que precisamente por serlo no debieran poder ser delegadas en manos privadas, ni siquiera aunque formalmente las retenga la Administración como a veces se pretende). Y es que, a estas alturas, habría que empezar a decir que tampoco pasa nada, por mucha crisis que haya, porque esto de hormigonar sea un poco lento. A fin de cuentas, es un proceso difícilmente reversible y con consecuencias sociales y económicas muy profundas. Bien está que el proceso sea un poco lento, si con ello conseguimos que sea algo más cuidadoso, reflexionado y consensuado.

3. Mayor atribución de derechos y protagonismo a los propietarios del suelo.
En el sistema valenciano de programación y gestión urbanística implantado en 1994 por la llamada la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) -sistema vigente desde entonces, aunque fuera mejorada la posición de los propietarios por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de 2005- la posición de los propietarios es meramente pasiva y todo el protagonismo lo asumen el Ayuntamiento y -en el caso de que el Programa de Actuación Integrada (PAI) se gestione indirectamente- la figura empresarial del Urbanizador, que actúa siempre como un agente o delegado del Ayuntamiento.
(…)
Se trataría, en suma, de posibilitar la ideación de un programa de iniciativa y gestión de los propietarios, y en el que el Urbanizador es un contratista de estos, y no del Ayuntamiento, con lo que podría facilitarse la financiación, suprimirse suspicacias y resistencias de propietarios afectados y responsabilidades administrativas. En otras Comunidades Autónomas ha funcionado.

Aparentemente, ningún problema en que los propietarios puedan gestionar la transformación del suelo. La cuestión es que con el actual modelo urbanístico valenciano ya lo pueden hacer, siempre y cuando la oferta que realicen al sector público, que es quien ha de controlar y autorizar el proceso de urbanización, sea suficientemente buena. En todo caso, no parece que este sea, a estas alturas, un gran problema. Con lo que se puede estar de acuerdo con Ayuso, siempre y cuando esto no sea un sistema para permitir al propietario o propietarios que no igualen la mejor alternativa presentada a la colectividad ser los que finalmente se lleven el gato al agua. En tal caso lo que estaríamos es aceptando que se transfirieran rentas públicas a unas manos privadas, las de los propietarios, que en todo caso, y por el hecho de serlo, van a ser siempre parte de los que recibirán beneficios (y no pequeños) con el proceso de urbanización (como a estas alturas, creo, no se le escapa a nadie, tras tanto años de aprendizaje social sobre lo que es, significa y supone un PAI).

4. Resolución de los problemas legales urbanísticos creados por el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria.
El “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria ha generado una serie de problemas legales -programas aprobados sin terminar de ejecutar o sin comenzar a ejecutar, programas en tramitación sin posibilidades de ejecución y otras patologías- que difícilmente pueden ser resueltos con una normativa pensada desde la opulencia.
Análoga razón hace inoperantes numerosas instituciones pensadas y reguladas en momentos de una expansión reclasificatoria y urbanizadora, en la que toda exigencia ambiental era económicamente razonable: cesiones desproporcionadas, estándares muy elevados de reservas de suelo y otras cargas a costa -en definitiva- de los propietarios del suelo, de los Administraciones y de los urbanizadores.
Realmente hace falta ponerse en razón y tomar medidas -al menos transitorias- que permitan la solución de estos problemas.
Para los del primer grupo haría falta un paquete de medidas de desprogramación total o parcial al menor coste posible para todos los implicados, o un paquete de medidas de reducción de los ámbitos de programación o de los costes de urbanización, y todo ello aunque supusiera una quiebra transitoria de algunos principios hasta ahora considerados esenciales.
Para el segundo supuesto, habría que reducir las exigencias en cesiones, reservas, etcétera, y dejar esos elevadísimos estándares para tiempos de más bonanza. Realismo puro y duro, en suma.

He copiado en su integridad lo que propone Ayuso porque es extremadamente importante lo que escribe y la defensa de la propuesta que hace, en la línea de lo que se viene escuchando cada vez más en cada vez más foros. Y en este punto no se puede estar más en desacuerdo con lo planteado. Porque estamos hablando, pura y llanamente, una vez más, de pretender que la colectividad “rescate” a emprendedores privados a los que, sencillamente, por su mala cabeza y previsiones carentes de toda base, no les salen las cuentas. De manera que lo que habría que plantearse, dado que estamos hablando de que la colectividad, todos, asumamos unos costes en beneficio de unos pocos, es qué beneficios saca la sociedad en su conjunto de todo ello y a cambio de qué cargas. Los beneficios, a la vista está tras la experiencia de los últimos años, no serán demasiados: algo de empleo poco cualificado y una artificial subsistencia de un sector ladrillero burbujístico que ha hecho ya mucho daño y que tanto más hará cuanta más asistencia pública reciba. La evaluación correcta, pues, debería pasar por analizar si las medidas de estímulo público tiene sentido que sigan en esa dirección y seguir permitiendo que se drenen esfuerzos, inversiones y capital de otros sectores productivos en beneficio de hacer más y más grande el altar del Dios ladrillo, de quien se beneficia mucho una casta de sacerdotes urbanistas pero que, la verdad, ha dejado más bien poca riqueza al país. Es más, lo ha dejado destrozado.

Respecto de la propuesta de aligerar las exigencias ambientales o en materia de cesiones, se trata de nuevo de lo mismo: de aligerar cargas y beneficiar unas actividades económicas por su supuesta importancia económica. Se olvida Ayuso, sin embargo, de las tremendas externalidades que tiene esta actividad, su carácter muy difícilmente reversible y el hecho de que normalmente supone traer riqueza del futuro al presente, para su uso, disfrute y gasto aquí, pero dejando vacías las arcas de futuras generaciones, de cuyo patrimonio territorial hacemos uso intensivo nosotros, extrayendo la parte del león de los beneficios. Una política sensata al respecto, pues, sería, al contrario, incrementar las exigencias para encarecer y dificultar urbanizar y transformar más suelo. Máxime en un contexto en el que, como todos sabemos, ni faltan viviendas vacías, ni suelo programado en nuestras ciudades ni decenas de miles de segundas residencias fantasmagóricamente vacías. Frente a tal panorama, ¿de veras tiene sentido favorecer que se urbanice todavía más, que se construya aún más?

5. Una actividad de planeamiento sostenible y sencilla.
La actividad de planeamiento urbanístico ha llegado a ser una pesadilla. La cantidad de estudios diversos y la complejidad de los instrumentos complican terriblemente la elaboración y aprobación del planeamiento, además de hacerlo muy costoso.
(…)
Por cierto, que una buena solución a muchos problemas sería el ejercicio real de las competencias de la Generalitat -de la Conselleria competente- en materia de planeamiento territorial. Hay varios Planes de Acción Territorial -por ejemplo el futuro Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje o, en un ámbito concreto, el de Protección de la Huerta que podrían simplificar y mejorar, si abordan las determinaciones precisas, el ámbito municipal.
Este aspecto de la potenciación del planeamiento territorial -y el desarrollo del magnífico instrumento indicativo que es la Estrategia Territorial Valenciana- puede generar unos efectos realmente positivos en la calidad del planeamiento municipal y en su facilitación.

Personalmente me parece un error entender como un problema que el urbanismo sea complejo y su tramitación multinivel. No creo que sea malo que haya una intervención y, por ello, un control, tanto en sede autonómica como municipal. Pretender dinamitar esta última (que, en rigor, es la primera) o reducirla a al mínima expresión presenta muchos riesgos: se pierde un control y, además, se aleja democráticamente la decisión sobre qué hacer con el suelo de sus más directos usuarios e interesados: los vecinos de un municipio. Es más, a mi juicio lo que sería interesante es poder aprovechar este parón para “complicar” más si cabe el sistema y empezar a atrevernos a obligar a que la planificación urbana sea más “incómoda” su cabe: con más participación ciudadana, alegaciones, exposiciones públicas, fases de consulta abiertas… e incluso con consultas y referéndums entre los vecinos para la aprobación de las modificaciones mayores. Porque la democracia podría ser el más eficaz control (y más todavía en una sociedad como la valenciana, que debiera haber aprendido la lección de estos años) para evitar excesos y recaer en las masivas recalificaciones que sólo aportan miseria, desigualdad y destrozo ambiental.

6. La apuesta por la rehabilitación urbana.
Ésta es una apuesta muy interesante tanto para mejorar el parque de viviendas y otros edificios urbanos con relativamente escasos recursos, como para evitar el consumo de suelo no urbanizado y optimizar las zonas ya urbanizadas…

Nada que objetar a esta propuesta de Ayuso. Es más, todo lo contrario. Ahora bien, hay que decir que “apostar por la rehabilitación”, si se hace de verdad, sólo puede pasar por un camino: que rehabilitar sea más barato que transformar suelo nuevo. Algo que debiera ser a lo que tendieran nuestras normas, pues es mucho mejor que se rehabilite antes todo lo ya edificado si con ello se puede hacer frente a la demanda sin necesidad de usar más suelo. Pero, desgraciadamente, ello no es posible si, a la vez, estás “flexibilizando”, “dinamizando” y “aligerando” el régimen jurídico de la transformación de suelo. Porque en tal caso los seres humanos, que somos como somos, nos vamos a lo más barato. Y seguimos hormigonando más terreno… mientras los centros urbanos valencianos (véase el caso de la ciudad de Valencia) tienen más solares que Sarajevo o Alepo. Vamos, exactamente lo que ha pasado en estos últimos años.

7. Solucionar el problema de los miles de edificaciones ilegales.
Es un hecho grave que en nuestra Comunidad hay miles de edificaciones ilegales. Hay que poner remedio en dos sentidos: evitar que se siga edificando ilegalmente y resolver de alguna manera la situación de las edificaciones ya existentes.
Para evitar nuevas edificaciones hay que utilizar nuevos recursos -ya que los tradicionales, de encomendar a los Ayuntamientos la tutela y protección de la legalidad, han fracasado en muchos lugares-, que probablemente pasen por la ampliación de las competencias de la Generalitat en esta materia, incluso la creación de una Agencia específica, la vigilancia aérea y semejantes.
Es necesario actuar preventivamente y proceder a paralizar las obras antes de su conclusión. Mejor esta solución que generar inseguridad jurídica -que nos desfavorece mucho, incluso en la opinión pública internacional- dejando abierta muchos años la posibilidad legal de proceder a la demolición de la edificación ilegal.
Pero para estas miles de edificaciones ilegales es necesario alcanzar una solución que otorgue seguridad jurídica a lo ya edificado y calidad urbanística a sus entornos. Probablemente sea necesaria una actuación urbanizadora, o reurbanizadora, adecuada a los distintos tipos de edificaciones ilegales y su forma de generación.

En este punto la retórica de Ayuso plantea de forma civilizada (en plan “amnistía fiscal”, que combina decir que a partir de ahora seremos muy serios con pedir una regularización a cambio de algún pequeño sacrificio) lo que se escucha cada vez más en plan más salvaje: que hay que legalizar todas las viviendas. Algo sumamente curioso, dado que nuestro ordenamiento jurídico ya ha “legalizado” casi todas. La amnistía como tal tuvo lugar con la Ley del Suelo estatal de 1990 (“Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de conformidad con la ordenación urbanística aplicable o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular”). En clave valenciana nuestra querida LUV, sucesora de la LRAU, a efectos de la restauración de la legalidad urbanística, declaró la imprescriptibilidad de esta acción respecto al suelo protegido y con destino dotacional mientras que la legislación estatal sólo daba este tratamiento al suelo con destino dotacional. Como puede verse, y más allá de que eso implique patrimonializar o no la edificación (que es la madre del cordero cuando te pilla un PAI y se tiene que calcular lo que aportas a la causa y si tu maravillosa casita ilegal se tiene que contar como un haber o no), la LUV no es que se caracterice por un exceso de rigor ambiental (aunque sí eleve algo más el listón que la ley estatal). Y tampoco, basta mirar a nuestro alrededor, Administraciones o jueces y tribunales se han lucido demasiado controlando esta cuestión o “restaurando la legalidad urbanística” en tiempo y forma. Decenas de miles de edificaciones ilegales así lo atestiguan. De manera que menos lobos. Tenemos un problema, sí. Pero si queremos solucionarlo lo mejor es asumir, de una vez, que hay que ser serios y no plantear parches que convaliden, más si cabe, actuaciones pasadas impresentables que, caso de resultar legalizadas no están sino confirmando al español medio en lo que ya sospecha: que conviene seguir con estas trampas y haciendo todo tipo de barbaridades, a la espera de que la nueva aministía urbanística llegue y recompense de nuevo a quien se pasó la ley por el forro.



Corrupción en la España del siglo XXI

Hemos cerrado un curso en que la corrupción ha acaparado el humor social y la actividad. No es casualidad, como a nadie se le escapa, que esta omnipresencia vaya de la mano de una pavorosa crisis económica que se prolonga ya cuatro años y de la que no se avizora todavía el final. Suele ocurrir. Por ejemplo, la fase que vivió España entre 1992 y 1995, también recesiva y plagada de escándalos, repite más o menos el patrón que estamos viviendo ahora. No se trata de que en ciertos momentos haya puntas de corrupción.  Resulta obvio, en cambio, que lo que tenemos son puntas de preocupación ciudadana.

Es bueno que los ciudadanos, aunque sea periódicamente, nos ocupemos de la corrupción. Lo malo, más bien, es lo contrario: esas épocas de bonanza o de engañosas vacas gordas en las que parece casi como de mal gusto señalar ciertas prácticas y se generaliza, incluso, la percepción social de que éstas no sólo es que sean inevitables sino que pueden, llegado el caso, hasta a ser consideradas como beneficiosas, como el inevitable y deseable “engrase” que hace que la actividad económica vaya a más y mejor. Las épocas en que las cosas van mal permiten, en cambio, elevar el listón de exigencia. Aquellas en las que las cosas se ponen feas de verdad, quizás como los meses que nos pueden tocar vivir el año que viene, llegan a servir incluso, en ocasiones, para erradicar poco a poco las prácticas socialmente más destructivas. Todo es cuestión de que se hagan socialmente insoportables. Para lo cual, desgraciadamente, suele requerirse que andemos verdaderamente jodidos.

Junto a ese incremento del umbral ciudadano de exigencia derivado de que los tiempos no estén para bromas hay un elemento adicional que resulta imprescindible para poder combatir eficazmente la corrupción: identificar bien cómo, cuándo y en qué formas se produce, tratar de analizar sus causas y valorar con mesura sus implicaciones, así como el motivo de que el sistema social la haya tolerado o incluso incentivado en condiciones de normalidad. La aproximación, propia de tiempos de depresión colectiva como los que vivimos, catastrofista, generalizadora y exagerada del tous pourris! no conduce a ninguna parte, salvo a la inacción. Es, además, injusta y supone un ejercicio simplificador que conduce a plantear soluciones radicales, sencillas y habitualmente traducidas en medidas de tipo penal condenadas a la más absoluta ineficacia.

A modo de síntesis de lo que ha sido el curso político, económico y universitario 2010-2011 voy a tratar de bosquejar un mapa de actuación que permitiría declinar medidas concretas de reforma para actuar sobre los diferentes focos de corrupción propios de la España de nuestros días. Quizás el esfuerzo sea baldío, quizás peque de ingenuo o de poco informado sobre lo que se cuece en esos mundos, pero creo que vale la pena tratar de empezar aproximaciones de este estilo:

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Ruido, pasividad municipal y… ¿corrupción?

Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.

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Bruselas certifica que las normas urbanísticas valencianas se ajustan al Derecho de la Unión

El día de hoy ha alumbrado una sentencia importante para el urbanismo español y, en concreto, para el modelo de gestión indirecta que incorpora en muchas Comunidades Autónomas que siguieron la estela de la LRAU (Llei Reguladora de la Activitat Urbanística) de 1994, un norma muy innovadora aprobada por las Cortes Valencianas en un momento en que todavía mandaba el PSOE. A partir de la creciente presión que desde la Unión Europea se fue generando sobre la manera en que los estados miembros ordenaban los contratos públicos, que tiene su punto álgido con la Sentencia Scala de Milán, que tocaba de lleno actuaciones de transformación urbanística, se generó un movimiento maximalista que pretendió aspirar a modificar las normas valencianas (y otras de semejante cariz) no tanto porque se consideraran mejores o peores sino, sencillamente, por la supuesta incompatibilidad de las mismas con el Derecho de la Unión. La decisión de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone, de algún modo, un paso atrás en ese camino que se había andado hasta la fecha.

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El urbanismo valenciano ante el espejo (y ante el Derecho de la UE)

Ayer publicó el diario El País, en su edición de la Comunidad Valenciana, una pequeña reflexión sobre las conclusiones del Abogado General en el conflicto que enfrenta al Gobierno valenciano con la Comisión Europea a cuenta de las normas urbanísticas valencianas. Copio a continuación el texto, que espero pueda contribuir al debate sobre esta cuestión, donde al menos yo detecto un enorme (y generalizado) fariseísmo social:

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¿Qué hacer cuando un Ayuntamiento protege a quienes incumplen y masacra los derechos de los ciudadanos para beneficiar económicamente a los infractores?

El pasado jueves el diario El País, en su edición de la Comunitat Valenciana, me publicaba un artículo sobre la desidia del Ayuntamiento de Valencia a la hora de atajar los problemas relacionados con el ruido nocturno generado por actividades autorizadas por el propio Ayuntamiento. Al margen de comentar cuestiones más o menos conocidas, como es el hecho, sorprendente, de que las Administraciones aprueben normas que luego no tienen el más mínimo interés en cumplir (es el caso de la propia ordenanza de contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia o de su normativa en materia de actividades) o de la dantesca imagen que produce la reiterada y abierta negativa de las autoridades a cumplir no ya con las leyes estatales, autonómicas o de la Unión Europea sino, incluso, ¡con sentencias judiciales que les condenan a adoptar medidas para limitar el ruido una vez constata su responsabilidad por la inacción continuada! trataba de alertar sobre hasta qué punto era preocupante la pinta que tenía la actuación del Ayuntamiento y sus claras intenciones de colaborar con los infractores para que continúen campando a sus anchas. Porque, si ni siquiera hace cumplir las normas actualmente en vigor, ¿acaso se puede esperar que se tome en serio la adopción de nuevas medidas para atajar el problema del ruido en una zona ya declarada judicialmente como acústicamente saturada? Porque, si es ya evidente a estas alturas que quien dicta las normas es la mafia del ruido y del copazo, ¿acaso podía confiar alguien en que todo este proceso de consultas y reflexión condujera a un fin diferente al de tratar de conseguir que, pese a las condenas y las leyes, todo siga igual para preservar el modelo de negocio de algunos, fundamentado en avasallar los derechos de los demás ciudadanos para llevarse un buen dinerito?

Pues con sorprendente rapidez, apenas dos días después, las peores previsiones se cumplen. Un 31 de julio, muy convenientemente (eso sí, para compensar y que no se diga, ¡dan un mes para presentar alegaciones, los tíos, en plan rumboso!), aprovechando las vacaciones y tratando de que pase inadvertido el escándalo que supone esta situación de abierta rebeldía frente a la ley y frente a las sentencias de condena (y aprovechando también, por cierto, el silencio cómplice de casi toda la prensa local, invadida de anuncios de la mafia de ruido y del copazo, muy eficaces, al parecer, para dejarles claro, también, a qué intereses han de servir), el Ayuntamiento aprueba provisionalmente las medidas con las que, según estiman sus responsables, dan cumplimiento a la orden del juez.

El resumen de las nuevas limitaciones es fácil de hacer: ninguna (porque eso de que se adelante media hora el cierre de las terrazas, “excepto de marzo a octubre y los fines de semana” y además “dando media horita para que se desmonten con calma” es, qué quieren que les diga, una burla impresentable). O bueno, sí. Hay una medida: joder a los inmigrantes. La única restricción novedosa es contra los kebabs y los chinos. Curiosamente, las bestias negras de los hosteleros de la mafia del copazo y del ruido, que llevaban un tiempo quejándose de “competencia desleal” y de que “degradaban la zona”. A ellos sí les restringirán el horario mientras los otros, los responsables de la degradación y de la invasión de todo el centro con turismo basura de botellón, les dan vía libre para seguir a su bola. No sólo son los responsables de la degradación del entorno y de que el tipo de turismo que lo frecuente sean turistas borrachos buscando garrafón y un lugar donde “todo valga” para hacer el salvaje que en ningún otro lugar de Europa se autoriza. Es que, además, la autoridad municipal les va a permitir monopolizar a los que ya han creado el problema su rentabilización económica, expulsando a las alternativas adicionales de baratillo que, lógicamente, son las únicas que se sienten atraídas por un entorno de esas carcacterísticas. Porque, claro, como esa gente no es de aquí, por lo visto no sabe cómo hay que “engrasar” (por vías siempre legales, por supuesto) a las autoridades y medios de comunicación locales para que, caiga quien caiga, la ciudad te sea rendida a tus pies y puedas hacer tu buen dinero sin tener licencia, sin pagar impuestos, sin seguridad social, ocupando la vía pública, cerrando a la hora que te dé la gana e incumpliendo todo tipo de normativas y leyes sin que pase absolutamente nada. Porque lo peor de todo es que las laxas, laxísimas medidas son, además, papel mojado. Aún está por ver el barrio eso de que un local sancionado y clausurado por no tener licencia, por cerrar a la hora que más le agrade, por ocupar la vía pública, por vender alcohol a menores… (y si me lee alguien del Ayuntamiento y piensa que miento que se ponga en contacto conmigo o con la asociación de vecinos y les pasamos un listado de infractores que llevan años haciendo lo que les pluge sin tener el más mínimo problema).

No por previsible, dado el evidente secuestro de nuestras autoridades locales, que en vez de velar por los vecinos tienen como prioridad la protección de los intereses espurios de unos pocos, es menos lamentable el desenlace.

Dejo a continuación copiado el artículo de prensa publicado el jueves.

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