11-S al País Valencià

1378918414000Ahir va haver una gran manifestació independentista a Catalunya. Tota la qüestió sobre l’origen del cabreig català i sobre tot sobre la possibilitat de la independència un tema molt interessant i jurídicament amb moltes coses a dir. Peró, com que ja n’hem parlat, hui preferiria comentar una altra cosa, més concreta però també important: el greu perill de convertir en normals certes reaccions que no són justificables dins una democràcia i el joc normal en un Estat de Dret. No parle de les evidents impresentabilitats de quatre (o els que siguen) imbècils. Perquè no estem parlant, tots ho sabem (benauradament), d’una majoria i menys encara de gent que fa aquestes coses amb suport institucional. Parle d’una cosa molt més greu, que és el que tenim quan un Govern, representant de tots els ciutadans, deixa d’actuar per respectar els seus drets i acaba convertint-se en agent de part, tractant d’utilitzar els mecanimes del poder per als seus objectius, a costa del que siga, fins i tot dels drets polítics i cívics més importants en qualsevol democràcia, com són els d’expressió lliure d’idees polítiques, quan es fa de forma pacífica, per part dels ciutadans. Això és, senzillamt, el que va fer el Govern valencià demanant la prohibició de la manifestació independentista a Vinarós i això és exactament el que va fer el Sots-delegat del Govern central a Castelló quan hi va accedir en una decisió jurídicament impresentable, que cap jurista i cap demòcrata pot justificar. Per això, malgrat que quasi ningú sembla que ho veja així (ni tan sols l’oposició polític al govern valencià sembla massa preocupada per aquesta deriva), a mi l’actuació sí em sembla molt, molt inquietant: el sotdelegat del govern no va cometre una errada en prohibir una manifestació absolutament legal que després li va corregir el jutge corresponent; va fer una barbaritat impròpia en qualsevol democràcia i, a hores d’ara, hauria d’haver estat ja remogut del seu càrrec.

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Policías sin identificar y ahora encapuchados

Al tradicional abuso policial en materia de incumplimiento de su obligación legal de ir uniformados e identificados (que, como es sabido, es una manifestación del derecho del ciudadano a saber con qué autoridad pública está lidiando, algo que como principio general recoger nuestro Derecho y se manifiesta en muchas normas) se ha unido, como hemos comentado en Twitter para después acaber teniéndolo confirmado a partir de las propias versiones de la policía española, una novedad si cabe más inquietante en algunos de los interrogatorios posteriores a las manifestaciones y movilizaciones sociales de los últimos tiempos: interrogatorios en comisaría hechos por policías encapuchados, con una clara finalidad amedrantadora y obviamente en nada cubiertos por las reglas en materia de uniformidad policial (ni, por lo demás, por el sentido común).

Las razones y excusas que se dan para una y otra actitud son grotescas. En Derecho y en cuanto a su razonabilidad. Porque las normas sobre identificación son claras y no cabe alegar algo tan peregrino como que se cumple con la norma si uno lleva la identificación aunque sea “debajo” de un chaleco o cubierta por una chaqueta. Y porque el Derecho español no sólo regula cómo han de vestir los agentes del orden (y la capucha no aparece por ahí, y por mucho que pueda entenderse que eso no la prohíbe es obvio que ello requiere que su uso, en su caso, sea muy razonado y proporcional a la necesidad de evitar daños de gravedad, algo que obviamente no se da en el caso de las labores de interrogatorio) sino porque, además, hay una serie de derechos fundamentales que protegen al ciudadano del trato inhumano, degradante y amdedrantador, máxime cuando está en una situación de particular desamaparo como es estar detenido. Las razones extrajurídicas, igualmente, no se sostienen, pues el supuesto temor a denuncias contra policías por ir identificados no se compadece con una realidad donde las exigencias de prueba para poder sancionar a agentes del orden son muy exigentes y revelan, únicamente, voluntad de impunidad. Asimismo, la alegación de que los interrogatorios hechos por encapuchados son necesarios por la falta de efectivos que obliga a realizarlos a agentes que después se van a infiltrar de nuevo entre ciertos grupos suena a excusa barata y, en todo caso, no deja de ser, caso de ser cierto, un problema organizativo interno que la policía debiera resolver sin que pueda hacerlo a costa de los derechos de los ciudadanos.

El tema es importante porque, como bien señala Eduardo Melero en este magnífico análisis, estamos ante la imposición, poco a poco, de un Estado de Derecho muy particular, con categorías de ciudadanos que tienen más o menos derechos según decida, libérrimamente, la policía, que designaría como enemigos a ciertas personas y colectivos que, a partir de ese momento, pasarían a carecer, en la práctica, de muchos de los derechos propios de una democracia occidental liberal por su condición y filiación debido a una interprtación muy restrictiva de las garantías que se hace efectiva, como es obvio, según ante quién estemos.

En todo caso, no voy a analizar con detenimiento en Derecho la cuestión porque como he dicho ya lo ha hecho, de una forma clara, didáctica y sensata Eduardo Merelo Alonso en su fantástico blog. Les pongo de nuevo el enlace recomendándoles que se pasen por allí si el tema les interesa y les copio un par de párrafos muy significativos.

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Como parte de su uniforme, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía están obligados a mostrar el «distintivo de identificación personal», en el que se recoge su número de funcionario (así lo establece la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo). Esta obligación da contenido al derecho de los ciudadanos a identificar al personal de la Administración, reconocido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es además un mecanismo de protección frente a la actuación arbitraria de la policía, un instrumento modesto pero al fin y al cabo una medida garantista. El incumplimiento de esta obligación ha de considerarse como falta grave, que implica una sanción de suspensión de funciones desde cinco días hasta tres meses, según la Ley Orgánica 4/2010 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

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Mucho más preocupante que la falta de identificación es el hecho de que se están realizando interrogatorios por policías vestidos de paisano y encapuchados. Así, en la Comisaría de Moratalaz, un auténtico agujero negro de nuestro Estado de derecho, se realizaron interrogatorios de este tipo a los detenidos tras las protestas contra la reforma laboral en febrero de 2012 y tras la huelga general del 14 de noviembre.

La Dirección General de la Policía ha pretendido justificar los interrogatorios por policías encapuchados en que se trata de una medida de protección de seguridad de los agentes ante posibles atentados y en la eficacia de la acción policial; partiendo de que no está prohibido el uso de prendas que cubran el rostro de los agentes. El uniforme reglamentario de la policía no recoge ninguna prenda que cubra el rostro, según la Orden INT/2160/2008. Además de impedir el ejercicio del derecho a identificar a los funcionarios públicos, la realización de interrogatorios por policías encapuchados contribuye a crear una atmósfera intimidatoria en las comisarías. Pero sobre todo, vulnera el derecho de defensa que es parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución. Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en una recomendación formulada en diciembre de 2012, en la que se indica que debería prohibirse expresamente el uso de prendas que cubran el rostro dentro de las dependencias policiales.

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Participación política y límites al modelo de democracia representativa español

En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.

La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de “Crisis, recorte de derechos y Estado democrático” por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.

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Cargas policiales y proporcionalidad

Ante el show que tenemos montado en Valencia (que de momento está todavía en la fase de espiral creciente, esperemos que por poco tiempo) parece que toca recordar una serie de obviedades sobre la labor policial en materia de orden público. El hecho de que haya cuatro o cinco ideas relativamente sencillas y sobre las que todos estamos de acuerdo en este tema no convierte este asunto, sin embargo, en fácil, porque el paso de la teoría a la práctica es especialmente comprometido en algo de naturaleza inevitablemente viscosa como es el empleo de la violencia, donde los límites no son claros y las soluciones llega un momento en que son todas (o casi todas) malas, siendo la clave cuál sea la menos mala de todas. Pero al menos puede ayudar a analizar con algo de calma qué está pasando y permite encuadrarlo un poco. Tratando de explicar todo con sencillez, y sin saturar con referencias jurídicas, pues estas ideas están suficientemente consolidadas, allá va un resumen en 5 ideas:

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Ruido, pasividad municipal y… ¿corrupción?

Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.

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Manifestaciones ilegales y ciudadanos calladitos

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 14) para El País Comunitat Valenciana

Como saben los habituales, este blog se ocupa durante estos días a seguir la campaña electoral en Valencia pero de ordinario es un espacio de análisis jurídico. Por lo que parece que, aprovechando que la campaña electoral ha desaparecido definitivamente, incendiada por las manifestaciones, acampadas y concentraciones de jóvenes derivadas de la jornada del #15M, tiene mucho sentido dedicar el análisis de hoy a la legalidad o ilegalidad de las concentraciones en cuestión. O, más bien, a la corrección o incorrección de las decisiones de delegaciones del gobierno y juntas electorales que por todo el país estuvieron ayer prohibiendo a los ciudadanos salir a la calle. Por lo visto, tras el éxito de la acción policial del lunes por la noche que sólo ha logrado multiplicar el problema, todavía hay quien piensa que la solución sigue siendo el palo. Aunque sea palo jurídico.

Jurídicamente la cuestión es muy interesante y tiene el interés añadido de que se supone que a lo largo del día de hoy la Junta Electoral Central hablará y sentará un criterio uniforme para todo el país. Ya hay análisis en Internet muy interesantes escritos por algunos de nuestros primeros especialistas. Sin ninguna duda, por ejemplo, hay que recomendar y leer lo que cuenta Miguel Ángel Presno, profesor en Oviedo, que apoya con abundante jurisprudencia constitucional sus argumentos. Aviso desde un principio que yo me voy a limitar, con pequeños matices, a seguir su estela, tratando simplemente, dado el seguimiento que este blog está teniendo a lo largo de la campaña, de explicar de manera sencilla algunas de las claves jurídicas, con la esperanza de que cualquier persona que lea esto, sin necesidad de formación jurídica previa, pueda tener claro cuáles son éstas.

Así que allá vamos. A mi juicio las ideas básicas que conviene retener son las siguientes:

1. En España los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos sin pedir autorización a nadie. También a manifestarnos sin que nadie haya de dar el visto bueno. Lo dice la Constitución en su artículo 21 y es un derecho fundamental. Una de esas reglas de convivencia básicas que fundamentan lo que es un Estado de Derecho y permiten detectar qué Estados no lo son. Es sabido que para esta garantía, como para todos estos derechos, la regla interpretativa es sencilla a la hora de definir sus posibles límites: hemos de tratar de restringirlos lo menos posible. Todos los poderes públicos están obligados a “mimarlos”, a tratar de expandir su ámbito y posibilidades de ejercicio, en la medida de lo posible.

2. Sin embargo, cuando una reunión se produce en la vía pública, los ciudadanos sí tienen la obligación de comunicar a la autoridad responsable en materia de orden público (la Delegación del Gobierno en casi toda España, pues la competencia es por lo común del Estado) sus intenciones a fin de que ésta pueda valorar si hay o no riesgos para bienes o personas. A partir de esta comunicación la Delegación ha de valorar si concurren o no estos riesgos y excepcionalmente, en ese caso (pero sólo si no hubiera manera de lograr compatibilizar derechos de otras personas y el de reunión de los manifestantes) podrá impedir la manifestación. Tal decisión, además, como es evidente, es controlable por un juez, que se encarga de revisar la actuación administrativa. De nuevo, como es obvio, estas posibles limitaciones han de ser adoptadas sólo cuando sea imprescindible para salvaguardar esos otros bienes de importancia constitucional, pues de nuevo lo que hemos de tratar es de limitar lo menos posible el derecho fundamental.

3. A estos efectos, el ciudadano convocante o responsable tiene 10 días para anunciar la reunión o manifestación, a fin de que haya tiempo para realizar el citado análisis o preparar medidas alternativas. En casos extraordinarios, en reacción a una situación imprevista, urgente o reciente (en definitiva, sobrevenida), la Ley orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión prevé que se pueda realizar con sólo 24 horas de antelación.

4. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General parece que prohíbe en pre-campaña y campaña electoral ciertas manifestaciones que alteren la dinámica de campaña. En concreto, dice su art. 50.5 que sólo los partidos pueden hacer campaña y hay varios preceptos que prohíben actuaciones que de una manera u otra dificulten la campaña o la pongan en riesgo. Como puede verse, la norma es poco precisa. ¿Qué es hacer campaña electoral? Pedir el voto públicamente para un partido, ¿lo es? ¿Y pedir que no se vote a un partido ? ¿Lo es plantear una reivindicación política o social del tipo que sea, respecto de la que hay que suponer que cada partido tendrá una posición? Como puede constatarse, estamos en un marco poco rígido, voluntariamente flexible pero que, recordemos, tiene que ser interpretado a la luz de que los derechos fundamentales no se pueden limitar más allá de lo imprescindible. Los ciudadanos no pierden en campaña los derechos y libertades que les reconoce la Constitución, como la libertad de expresión o el derecho de reunión. Es más, los debieran tener si cabe más protegidos.  La idea central que debe ser retenida, y que ha reiterado el Tribunal Constitucional, es que estos preceptos no pueden ni deben ser interpretados como artículos que excluyan los derechos fundamentales políticos y de participación de los ciudadanos.

Sólo una interpretación muy restrictiva de estas posibilidades, en una línea abiertamente opuesta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ampararía cosas como las que venimos escuchando estos días: que no se puede criticar públicamente a un partido, o manifestarte contra cierta política, o que no se puede convocar una acampada para pedir que no se vote en las elecciones. Nada de eso es estrictamente hacer “campaña electoral” (pedir el voto para una organización a la que perteneces y con la que te presentas a unos comicios), con lo que justificar estas restricciones carece de sentido constitucional y es abiertamente liberticida.

5. Por este motivo, la explicación que ha justificado en sentido material la prohibición de la manifestación por parte de la Junta Electoral de Madrid (por acudir al ejemplo más conocido) es jurídicamente un error. Decir que “la petición del voto responsable a que se hace referencia puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto” es, sencillamente, en Derecho, una salvajada. ¿De verdad está diciendo la Junta Electoral que un ciudadano no puede de manera pública pedir el voto responsable porque eso interfiere ilegalmente en la libertad de los demás? ¿O que no se puede pedir colectivamente eso mismo en una reunión? ¿De verdad alguien puede sostener racional y razonablemente que algo así afecta a la libertad de los ciudadanos?  La respuesta resulta tan obvia que no requiere de dar muchas más razones. Aceptar la tesis de la Junta significaría, sencillamente, que los ciudadanos perderían cualquier manifestación externa de su libertad ideológica durante estos períodos, ya fuera la libertad de expresión, ya la de reunión, pues deberían callar y aparentar neutralidad para no “alterar” la libre dinámica electoral de sus conciudadanos y que sólo los partidos políticos tendrían derecho a hablar de temas relacionados con las elecciones, entendidos con toda la amplitud que se quiera, durante esos días. Las razones de la Junta se ridiculizan por sí solas.

6. Algo más de sentido tiene la justificación material alegada para prohibir la manifestación. No se habría comunicado con los 10 días de antelación pertinentes según la ley y, en esos casos, únicamente la concurrencia de circunstancias sobrevenidas justificaría poder convocar con sólo 24 horas. Sin embargo, y siendo importante en Derecho respetar las formas y cuestiones como los procedimientos y los plazos, no podemos olvidar que la fuerza de una prohibición basada en estas razones es sensiblemente menor a una prohibición por meras razones materiales. Planteado con crudeza, ¿de verdad estamos dispuestos a prohibir la legítima, no violenta y materialmente correcta manifestación de disgusto de muchos, pero muchos, ciudadanos por una cuestión de plazo? Pues bueno, la verdad es que yo sí. Las formas son importantes en un Estado de Derecho. Así que cuando hay que cumplirlas, pues se cumplen. La cuestión es que, como casi siempre, las cuestiones formales admiten muchas lecturas y son dúctiles…

7.  Como decíamos, las cuestiones formales las carga el diablo. Es indudable que la primera concentración en Sol, la que fue disuelta en la noche del lunes al martes, carecía de amparo en Derecho por no haber sido notificada en plazo. Ahora bien, esta segunda, comunicada con las 24 horas de rigor, ¿seguro que no lo tiene? ¿De veras estamos dispuestos a negar que, por ejemplo, la voluntad de protestar contra la acción policial que disolvió la primera concentración, la oportunidad y manera de llevar a cabo esa decisión, no permite una concentración de protesta a partir de la cual la misma ya evolucionaría en su contenido de manera libre? ¿No sería acaso un motivo perfectamente válido y sobrevenido que haría válida una concentración con ese fin en sólo 24 horas?  Porque aquí conviene recordar que la manifestación comunicada en 24 horas ha de responder a cuestiones de actualidad, sobrevenidas, imprevistas… que motivan una voluntad pública de expresión de apoyo, rechazo o lo que sea. La valoración de la conveniencia o importancia de hacerla es de quienes quieran convocarla y unirse a ella y no puede sustituirse por una valoración de “importancia” del evento desencadenante como suficiente para permitir el ejercicio del derecho por órgano revisor alguno. Porque cada uno da importancia a lo que quiere y se manifiesta por lo que le parece. Eso es una democracia. Nadie te dice qué es más o menos prioritario. Lo decide cada uno. ¿Acaso no podemos entender muy importante lo ocurrido en el desalojo, por muy legal que fuera, como para dar origen a concentraciones de protesta? Máxime cuando, además, de hecho, es lo que ha ocurrido. Pues ha sido la manera en liquidar la protesta inicial la que ha generado un efecto contagio inmediato.

La conclusión de todo lo expuesto es sencilla: si la razón de peso para prohibir las concentraciones es formal ese obstáculo es ciertamente menor, pues su misma naturaleza permite sortearlo, también formalmente si se quiere, con facilidad. Y habrá quien dirá que eso sería un cierto fraude de ley, pero ante tal alegación habría que apelar a la vis expansiva de los derechos fundamentales. ¿Se puede restringir o limitar un derecho porque formalmente se ejercite de manera más amplia, protestando por más cosas, que por la cuestión que ha dado origen a la reunión? Obviamente, la respuesta es no. Así que es dudoso que las Juntas Electorales tengan demasiada base legal también aquí. He de aclarar, sin embargo, que en este punto me alejo un poco de la opinión de Presno que he enlazado antes, quien entiende que la razón formal dada por la JE sí sería suficiente.

8.  Por cierto, que él también señala, con toda la razón, que las Juntas tienen competencias sobre actos electorales y acciones de agentes que están en campaña. No se comprende la razón por la que se han arrogado competencia para decidir sobre la legalidad de manifestaciones o reuniones como las que estamos viendo. Eso debe seguir haciéndolo la Delegación del Gobierno en cada provincia, que tendría que hacerse valer para recuperar la competencia, aunque parece que, de momento, están callados y satisfechos al ver cómo es otro quien hace el trabajo sucio.

El resumen es sencillo. Los ciudadanos tenemos también derecho en campaña electoral a decir lo que pensamos, y a manifestarnos, si lo hacemos cumpliendo con el marco jurídico que limita el ejercicio de estos derechos. Sin insultar o difamar, sin recurrir a la violencia, sin poner en peligro personas o bienes. Mientras las manifestaciones o reuniones derivadas del #15M sigan en esta línea, sólo  consideraciones de tipo formal de base no demasiado sólida pueden aspirar a prohibirlas. Actuar de esa manera, y más todavía si a la prohibición siguen detenciones, empleo de la fuerza para dispersar o imputaciones por los diversos tipos delictivos que nuestro ordenamiento desencadena en estos casos (desobediencia, delito electoral, amén de los que pueden producirse como consecuencia de la violencia que todo desalojo supone) significaría desconocer algunas de las bases constitucionales que permiten considerar España un Estado de Derecho.

Los manifestantes consideran que estamos en una mera “democracia formal” y que quieren una “democracia real”. Yo también quiero una democracia real, además de formal, pero no desconozco la enorme importancia que tiene, también, y como requisito sine qua non, que haya mecanismos robustos de “democracia formal”. El problema es que ciertas interpretaciones que estamos leyendo estos días, en ocasiones incluso de órganos del Estado muy autorizados, permiten detectar que incluso esas instituciones formales gozan de mala salud en estos tiempos. De otra manera no se explica que la conclusión dominante en ciertos foros sea que los ciudadanos, en una democracia, como haya campaña electoral, tienen la obligación de estar calladitos y no significarse políticamente.

Votar y callar, votar y callar…



Jóvenes más que hartos y mayores que no se enteran (segundo aviso)

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 13) para El País Comunitat Valenciana

El lunes pasado este blog dedicado a seguir la campaña electoral valenciana hablaba de las manifestaciones del #15M y les concedía una importancia acorde con la realidad del movimiento, la solidez de sus razones de fondo y la sorprendente cantidad de gente que se está involucrando. Decíamos hace apenas dos días que llamaba mucho la atención el pasotismo, cuando no desprecio, generalizado por parte de medios de comunicación y establishment. Y que a saber cómo podía evolucionar la cosa, pero que había que andarse con cuidado porque entre el expolio intergeneracional a manos llenas a que nuestras sociedades están dedicadas, la falta de profundidad democrática y de porosidad social de nuestro país y la sensación de que aquí se han taponado convenientemente todas las posibilidades de acción política que permitan la búsqueda de alternativas y que la gente pueda vehicular un compromiso cívico crítico de verdad aquí lo que tenemos es un cóctel inevitablemente explosivo en un contexto de crisis económica y degradación social como el que vivimos.

Pues bien, a estas alturas ya sabemos cómo ha evolucionado la cosa. En primer lugar, las movilizaciones del #15M se han cargado la campaña, la han retirado del foco de actualidad y previsiblemente no volverán a dejar que vuelva. Ayer por la noche estuvo Rajoy en Valencia en el mítin central de campaña del Partido Popular y hoy la noticia no es lo que allí ha pasado (que en el fondo, como siempre en estos casos, es nada). La noticia es si, de repente, a unos días de las elecciones, la mecha encendida con la manifestación del domingo y atizada con la acción policial de la noche del lunes al martes prende definitivamente.

Que esa es otra. Porque la peculiar delegada del Gobierno que el PSOE ha puesto en Madrid tan pronto decide prohibir manifestaciones ateas porque considera que la Constitución supedita un derecho fundamental como el de reunión a que los católicos no se sientan ofendidos, en una decisión más propia de tiempos del nacionalcatolicismo, como te liquida una concentración pacífica a palo limpio logrando con ello dar más publicidad al movimiento y generar una corriente de simpatía cuasi general así como… unas 200 acampadas más en España, incluyendo ya, a estas alturas, una en Valencia y otra en Alicante.

Nadie cuestiona la regularidad jurídica de tratar de desmontar una acampada obviamente no comunicada y por ello ilegal. Pero es obvio que el ejercicio de las funciones de autoridad se ha de hacer con respeto a la legalidad pero también con sensibilidad y con inteligencia. Sensibilidad para entender que a jóvenes que se manifiestan para protestar de forma absolutamente pacífica e impecable hay que tratarlos de otra manera. Equivalente, al menos, y nunca peor, al trato que reciben quienes acampan en la calle y molestan a todo Dios para ir a un concierto o comprar entradas para una final de fútbol. Por ejemplo. Inteligencia para no demostrar enviando a la policía hasta qué punto las exigencias de democracia real por parte de los jóvenes no sólo son necesarias sino que empiezan a ser imprescindibles en un entorno liberticida cada vez más irrespirable para el que sea mínimamente disidente. Por si había alguna duda, la acción de las autoridades ha demostrado hasta qué punto quienes controlan los resortes de nuestra democracia “formal” no entienden, en el fondo, nada. O entienden demasiado de qué va la cosa, pero de una manera que, la verdad, qué quieren que les diga, ni es precisamente bonita ni se compadece con el espíritu de nuestro pacto democrático y constitucional en el que los jóvenes que se están quejando han sido educados.

En un ejemplo adicional de la brutal deconexión entre las elites socioeconómicas, las oligarquías que mandan en el país, que dirían los clásicos, y la realidad social de esta crisis, estos días nos han dejado claro qué opinan del tema a través de todos los medios de comunicación, que sin apenas excepciones han transitado del pasotismo y la incomprensión a la abierta hostilidad con el movimiento. Ha sido tachado de inmaduro, de rebelión adolescente, de potencialmente violento, de peligroso, de anarquista, de antisocial, de poner en riesgo la democracia… e incluso de ser el resultado de un extravagante complot de la derecha y la banca para engañar a los jóvenes y hacer el trabajo al Partido Popular. La lista de tonterías que se han dicho sobre quienes se han manifestado y han protestado es larguísima. Pero se resume en una idea muy sencilla: en el fondo nos están confesnado que no entienden qué está pasando y de qué va el tema. Punto.

Los partidos políticos, por su parte, andan manifiestamente incómodos frente la protesta. Entre otras cosas porque uno de los mensajes esenciales de la misma es denunciar la falta de mecanismos reales de participación negándose a legitimar la estructura de partidos dominante. Y con algo así, como cuaje, es muy peliaguado lidiar. Hay que tener en cuenta que la manera de obrar para actuar contra la legitimidad del sistema que se propone va desde no votar a votar en blanco. O, como mal menor, no votar a los partidos mayoritarios. Son mensajes muy disruptivos para la clase política y el consenso en que viven instalados. Lógico que no sepan por donde tirar.

La incomodidad de una Izquierda Unida desbordada por los acontecimientos es patente. La perplejidad del PSOE, absolutamente desarbolado y con dirigentes y opinadores afines que apenas si tratan de esconder o disimular la indignación que les produce que alguien pueda cuestionar que la obligación de toda persona que no quiere que gane la derecha tiene una suerte de obligación de votarles, es manifiesta. Tras los balbuceos iniciales, han optado por empezar con los guiños al movimiento, entre otras cosas colgando en su web el manifiesto que se ha publicado, aparentemente sin caer en la cuenta de que el escrito va, en gran parte, dirigido contra ellos y sus políticas. Kafkiano. Por su parte el Partido Popular y la derecha mediática está abiertamente inquieta, no por lo que esto le pueda suponer a corto plazo (ahí la preocupación, y enorme, la tiene desde hace dos días el PSOE), sino por el efecto de estos movimientos a medio y largo plazo. Entre Federico Jiménez Losantos y La Gaceta acusando a Rubalcaba de montar todo con vete tú a saber qué intenciones y la estigmatización de la protesta por gente como González Pons o Pedro Jota Ramírez, que nos está explicando a todos amablemente que la democracia sólo existe si es formal y que además en España sólo pueden regenerarla los grandes partidos, el cuadro deja bastante claro de qué estamos hablando.

En resumen: los jóvenes están hartos y apelan a principios básicos de nuestras democracias, exigen una democracia real y participativa y un modelo económico mínimamente justo, que escuche a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, en lugar de apuntalar un modelo que machaca sistemáticamente a las mayorías menos pudientes. Las elites sociales y económicas del país, sencillamente, no entienden nada. Es hasta cierto punto lógico, porque ni por edad ni por sus condiciones están pasando personalmente por lo que millones de ciudadanos. Y ya se sabe que no es lo mismo escarmentar en cabeza propia que ajena. ¡Ni siquiera ver a tus hijos enfrentándose a estas dificultades es tan eficaz como sufrirlas en primera persona! Así es la vida. ¡Qué trabajen! ¡Que se lo curren! Más difícil lo teníamos nosotros, que desmontamos la dictadura con nuestras manos desnudas, piensan ellos, y gracias a ese tesón y valentía nos ha ido más o menos bien en la vida. Vamos, que no se enteran.

Obviamente, un país como España, donde todo está normalmente atado y bien atado, que decía el abuelo, no se desmadrará así como así. Y lo más normal es que esto se diluya (sobre todo si los delegados del gobierno de todo el país tratan el tema con delicadeza y con inteligencia y no como mastuerzos salidos de a saber dónde) con el tiempo. Pero la manera en que la protesta ha prendido, la capacidad para copar la campaña, la rapidez con la que se ha añadido gente… son todos ellos síntomas que dan muestra de que el descontento es real, profundo y muy denso en las generaciones jóvenes. Segundo aviso, pues, en menos de una semana. A ver si alguien empieza a darse cuenta de que la cosa puede ponerse seria de verdad en cualquier momento.

Les dejo hoy con una selección de lecturas sobre el tema, con enlaces a comentarios que se acompañan de algunos extractos (muy aconsejable acudir a los textos completos, de verdad) que demuestran cómo de lejos está la opinión de gente joven, muy lista y que tiene la suerte de tener trabajo y una buena posición pero que como sí viven en el mundo real de su generación pues no pueden evitar llamar a las cosas por su nombre:

– Guillermo López, en Chapapote Discursivo:  El problema lo tienen, claramente, en el PSOE. Es lo que ocurre cuando tensas tanto la cuerda: que al final la gente, sobre todo la gente que te ha votado para que hagas unas políticas, se te cabrea cuando defiendes a capa y espada las políticas contra las cuales votabas. ¡Hay que ver, cómo es la gente!

Por eso, en un alarde de genialidad, ahora en el PSOE hay una especie de movimiento surrealista consistente en tratar de atraerse a los manifestantes “para la causa común de la izquierda”. ¡Y eso al mismo tiempo que les envían a la policía para disolver la concentración de la Puerta del Sol, con nocturnidad, alevosía y en menos de 24 horas!

Que a ver cómo podemos explicárselo: se están manifestando CONTRA TI. No contra una causa etérea, no contra la injusticia social o la degradación del planeta. No: la movilización tiene por objeto protestar contra tu partido y sus lamentables políticas al servicio del poder; contra la doctrina Dominique Strauss-Kahn que el PSOE ha aplicado a los trabajadores y, muy particularmente, a los jóvenes.

Maketo Power: Sin entrar en las discrepancias con las que contemplo el manifiesto y a alguno de los presentes -no así al anarquismo organizado de por aquí o colectivos como Inflexió-, es un avance de varios millones de años-luz el carácter adolescente de la manifestación en comparación con el infantilismo que, desde el “milagro” de la transición, caracteriza la vida política, social y cultural de la monarquía bipartidista -sin olvidarnos de sus colaboradores en Barcelona y Bilbo- española.

– Ignacio Escolar en escolar.net:

1 Es un éxito incuestionable que una organización creada hace apenas tres meses sea capaz de movilizar a decenas de miles de personas en más de 50 ciudades de España sin el apoyo de ningún partido político, de ningún sindicato, de ningún gran medio de comunicación.

2. Un dato esclarecedor: el 15-M sacó más gente a la calle que las manifestaciones sindicales del último 1 de mayo.

– Íñigo Sáez de Ugarte, en Guerra Eterna:

Todo esto es una enmienda a la totalidad a la clase política.

No sabemos quién se verá beneficiado. Quién se llevará los golpes.

No les importa.

Ese es el tipo de cálculo político que nos ha llevado a esta situación. No hagas esto porque se beneficiarán los otros. No te quejes de la corrupción porque los otros también roban. No protestes porque no servirá de nada. No salgas a la calle porque seréis cuatro gatos. No pidas un cambio porque las cosas nunca cambiarán. No hagas nada.

– Javier Pérez de Albéniz, en El Descodificador: Los jóvenes quieren reventar el sistema. ¡Serán hijoputas! Dicen que el sistema está agotado y podrido, pero en lugar de esperar a que muera de viejo, como hicieron sus padres, los muy irresponsables pretenden dinamitarlo. Los jóvenes piensan que tienen derecho a ello por cuatro minucias: no tienen trabajo (45% paro juvenil), cada vez se invierte menos en educación, los políticos son unos corruptos, los bancos empobrecen a sus familias, la democracia es una farsa y el bipartidismo una mierda, los grandes medios de comunicación son cómplices del poder… ¡Quieren un mundo mejor, más justo y equilibrado, los muy anti sistema! “Este tipo de jóvenes no va a ir a votar, que es lo que deberían hacer”, dice un tertuliano de Radio Nacional. “Y eso que hoy viven mucho mejor que hace 30 años”.



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