Adjudicando licencias de televisión a la española (el TS anula el reparto de TDT de Valencia)

En Sentencia de 18 de julio de 2012 (que puede consultarse íntegramente aquí) de la que ha sido ponente Vicente Conde Martín de Hijas, recientemente publicada y notificada a las partes, el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso que una empresa que se quedó fuera del reparto de licencias de TDT local que realizó en 2006 la Generalitat Valenciana planteó contra ese proceso de adjudicación. En su resolución, el Tribunal da la razón, finalmente, a los recurrentes y anula la mayor parte de las licencias de televisión local de la Comunidad Valenciana como consecuencia de un defecto de forma (pero particularmente grave) en la valoración de las ofertas, al haberse delegado la misma en una empresa de asesoría externa a la Administración.

La decisión es extraordinariamente importante y da pie a comentar muchas cuestiones. No es, sin embargo, demasiado sorprendente. No tanto porque el Tribunal Supremo (o, en general, nuestra jurisdicción contencioso-administrativa) esté controlando con rigor los excesos de nuestras Administraciones Públicas a la hora de adjudicar con criterios más que cuestionables y de dudoso amparo legal las licencias de televisión a empresas privadas (pues no está siendo el caso) sino porque este cualificado defecto en la tramitación del procedimiento ya había sido entendido como causa de nulidad del mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un caso sustancialmente idéntico al ahora fallado, doctrina que fue expresamente avalada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de junio de 2012 (ponente Pablo María Lucas Murillo de la Cueva).

En cualquier caso, previsible o no, la ocasión nos obliga a referirnos a una serie de cuestiones: recordar cómo se han estado adjudicando por nuestras Administraciones Públicas estas licencias, analizar los argumentos que han permitido por lo general a los distintos tribunales que han resuelto los numerosos recursos que han generado estos concursos mirar para otro lado y, en última instancia, dar algo de luz sobre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y sus implicaciones presentes y futuras. Vamos a ello:

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Historias sobre la regulación de mercados en España (IV): el BCE, la CNMV y las “preferentes”

En nuestra serie sobre la regulación de mercados en nuestro país, de la que ya llevamos algunos capítulos, se hace imprescindible hacer un comentario sobre las “acciones preferentes” que tienen varias decenas de miles de ahorradores españoles merced a la magia regulativa del proceso de conversión de cajas en bancos y a ese extraño contubernio con el que nuestro modelo de autoridades reguladoras gestiona los destinos de nuestros ahorros y las posibilidades que ofrece a los actores del sector, bancos y cajas hasta hace nada, banca pública o privada ahora.

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Historias sobre la regulación de mercados en España (I)

A veces contar cosas que pasan en la vida real ejemplifica mejor que cualquier disquisición teórica cómo funciona en nuestro país eso de la liberalización de mercados, la libre competencia y lo de dejar que sean las empresas privadas las que actúen en ciertos sectores esenciales, mientras la Administración, no teman los ciudadanos, por medio de unos organismos independientes y trufados de técnicos neutrales, especializados y no politizados, velan por que todo vaya bien y no se produzcan desmanes ni nadie se aproveche de ciertas situaciones inherentes de superioridad. ¿Se saben la historia, verdad? ¿Le suena la música?

Pues pasemos a la letra, a la dura realidad. Esto es algo que ha empezado a circular por la Red. La carta y la respuesta demuestran bien a las claras cómo se las gastan las empresas españolas y hasta qué punto la actividad de “regulación” que debieran hacer nuestras autoridades es una tomadura de pelo:

I. Carta de Endesa a un usuario canario:

Estimado señor:

Endesa Distribución va a proceder próximamente a la
sustitución de su contador de electricidad por uno nuevo que
dispone de capacidad de Telegestión, en cumplimiento de la
normativa vigente (RD 1110/2007 de 24 de agosto y Orden
TC/3860/2007 de 28 de diciembre). El nuevo sistema de
Telegestión permitirá entre otras funciones la lectura a
distancia de su consumo.

A lo largo del próximo trimestre, un operario autorizado por
Endesa sustituirá el contador que usted tiene actualmente
instalado. Si su contador se encuentra en el cuarto de contadores o
es accesible desde el exterior de su vivienda, no será
necesario que usted esté presente. En caso contrario, el
operario se pondrá en contacto con usted para poder realizar
el cambio de contador.

El coste de la sustitución correrá a cargo de Endesa y
usted sólo tendrá que abonar una cantidad en concepto de
Derechos de Enganche, que según se establece en la
legislación actual asciende a 9,04 euros. Por otra parte, el
coste mensual de alquiler del contador a aplicar será de 0,81
euros.

Si necesita cualquier aclaración sobre esta sustitución o
desea realizar alguna consulta, puede contactar con nosotros
dirigiéndose al Teléfono de Atención de Endesa
Distribución Eléctrica 902 509 600. Estaremos encantados
de atenderle.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial
saludo.

II . Respuesta del usuario:

        Estimados señores de Endesa Distribución:

He recibido su amable carta de fecha indeterminada (porque no la
ponen) en la que me comunican una serie de hechos consumados
basados, naturalmente, en que ustedes como monopolio hacen siempre
lo que les sale de los electrones y a nosotros, como miembros de la
honorable manada de borregos forzosamente consumidores, nos queda
la única opción gozosa de pagar.

Les dirijo esta carta porque en el texto que me han enviado, como a
otros muchos miles de consumidores, supongo, existen algunas
cuestiones que me han sumido en un estado de estupor, catatonia y
asombro. O dicho de otra forma, que me han fundido ustedes los
plomos.

Porque vamos a ver. Me dicen ustedes amablemente que van a proceder
a cambiarme “mi” contador de electricidad. Una cuestión
bastante curiosa porque resulta que en el desglose de la factura
que les pago a ustedes todos los meses les abono una cantidad en
concepto de alquiler de contador. Y digo yo, ¿cómo es
posible que les haya pagado un alquiler por algo que  era
mío? ¿Habrán incurrido ustedes, mi querido
monopolio, en un involuntario y pequeño error por el que me
han estado cobrando indebidamente una modesta pero significativa
cantidad a lo largo de los últimos años?

Sigo adelante con la carta y observo que me cuentan ustedes que el
nuevo contador permite la lectura a distancia (es decir, más
gente al paro, me temo, maldita tecnología) lo cual, como
fácilmente comprenderán, a los usuarios nos la
refanfinfla. Dicho de otra manera, que me da igual que lean ustedes
el contador a medio metro o desde las quintas chimbambas, a
condición de que las lecturas sean las reales.

Añaden que el coste de la sustitución -en cumplimiento de
la normativa legal- correrá a cargo de Endesa. Y digo yo que
faltaría más que nos cobraran a nosotros por algo que ni
hemos pedido ni maldita la falta que nos hace. O sea, que les
agradezco la información aunque me resulte irrelevante. Lo que
me llena de asombro es que me indiquen que “solo” tendré que
abonar “una cantidad en concepto de derechos de enganche que
según la legislación actual asciende a 9,04 euros”. Vamos
a ver, querido monopolio, ¿cómo nos van a cobrar a los
usuarios un reenganche de un desenganche que ni hemos pedido, ni
hemos contratado? Porque digo yo que porque a ustedes les salga del
flujo de electrones cambiar los contadores, como les podría
dar por cambiar esas divertidas torretas eléctricas de
colorines con las que generosamente nos han adornado las autopistas
para mejorar nuestra imagen turística, ¿a mi que me
cuentan? Eso del derecho de enganche, que debe ser un asunto
más complejo que el derecho romano, es un devengo que se
produce cuando un usuario se da de alta en la red por primera vez o
lo vuelve a hacer después de que le hayan cortado la luz por
impago. ¿Pero cómo le pueden cobrar enganche a un
consumidor que no se ha desenganchado, que está al corriente
de sus pagos y que tiene un contrato vigente con ustedes para el
suministro en unas condiciones pactadas?

Es que si tenemos en cuenta que tienen ustedes, un suponer, 600.000
usuarios en Canarias, a casi diez euros por barba, se van a
embolsar así como quien no quiere la cosa unos seis millones
de euros, que hay meses que no los gana uno, créanme, aunque
sea expresidente de Gobierno y además de llevarse 80.000 del
ala al año limpios de polvo (aunque no me consta que de paja)
cobren por hacer de lobby para algunas de las grandes empresas
españolas.

Lo que ya me descalabra completamente es que añadan -supongo
que intentando convertir la carta en un relato kafkiano- que el
coste mensual del alquiler del contador a aplicar (un lapsus
sintáctico porque en todo caso querrán decir ustedes
·el costo mensual a aplicar del alquiler del
contador…·) será de 0,81 euros. A veeeeerrr. Si el
contador es mío ¿me van a pagar ustedes 0,81 euros
mensuales? ¿O será que realmente el contador es de quien
es -es decir, de ustedes- y amablemente me comunican que me van a
cobrar esa módica cantidad mensual?. Y si es de ustedes,
¿por qué principian hablando de “mi” contador?

Queridos amigos del monopolio. No se líen. El contador es de
ustedes. Lo era antes y lo es ahora. Por eso me cobraban antes el
alquiler y me lo van a cobrar ahora. Y lo cambian ustedes por
imperativo legal, con lo que esa pretensión de cobrarles diez
euros a los usuarios me parece sencillamente que es sacar las patas
del tiesto y echarle un poco de morro al asunto. Sobre todo porque
lo que realmente se callan en su amable carta -en las cartas, como
en la vida, es más importante lo que se calla que lo que se
cuenta- es que el nuevo contador tecnológicamente avanzado que
nos están cascando por decisión unilateral les va a
permitir a sus señorías detectar a aquellos usuarios
-viviendas, oficinas, bares, restaurantes y otros- que están
consumiendo ligeramente por encima de la potencia contratada. O
dicho de otra manera, que aquellos consumidores que tienen con
ustedes un contrato de potencia de 5 kw y resulta que de media
están consumiendo un poco por encima -que como bien saben son
un porrón- van a tener que pagarles esa energía extra con
un sustancioso recargo y, de propina, estarán obligados a
realizar un nuevo contrato de mayor potencia. Es decir, que con
esos nuevos contadores van a detectar ustedes los pequeños
sobreconsumos que ahora se les escapan, van a cobrarlos con
banderillas y van a hacer el negocio redondo aumentando el rango de
potencia de los contratos. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Los
usuarios no lo sabían.

Resulta descorazonador que mientras hacen ustedes todo esto, la
gente que se supone que representa los intereses de los ciudadanos
sigan discutiendo del sexo de los galgos y los podencos. Si esto
fuera un libre mercado, allá penas porque estarían
ejerciendo con toda legitimidad sus derechos como empresa y los
usuarios estarían en condiciones de elegir. Como resulta que
tienen ustedes el monopolio real de la distribución no estamos
hablando de un mercado libre y las reglas del juego deben ser
distintas. Desde luego no deberían pasar porque ustedes hagan
lo que les salga del forro de los cajones de los electrones y a los
usuarios, forzosos, no les quede otra que tragar.

Les agradezco su amable y distorsionada información en torno a
sus planes para apretarnos un poco más los bolsillos, les
recomiendo encarecidamente que su grupo de producción compre
energías renovables de los nuevos parques eólicos del
Cabildo de Tenerife (y de paso quesos, vino, yogures, piensos,
vacas… o jugarse incluso unas perritas en los casinos de la casa)
y les aseguro que como se les ocurra cobrarme diez euros por un
reenganche que no he pedido, pienso acudir a la Organización
de Consumidores y Usuarios para que no me hagan ni puñetero
caso, perder el tiempo, frustrarme y pensar una vez más que
estamos indefensos ante los monopolios, los mercados intervenidos y
los ineptos que se suponen que tienen que defendernos.

Reciban un cordial saludo.

PD. El número de información al que me indican en la
carta que debo llamar (el 902 509 600 de Atención al Cliente
de Endesa Distribución Eléctrica) es un call center -como
dicen los modernos- que está en Madrid (me gustaría que
creen puestos de trabajo donde yo pago, no sé si me
entienden). Te atiende primero un sistema robotizado y luego una
amable persona que solo acierta a repetir el manual de la
compañía que viene a ser: “Le entendemos, pero le vamos a
cobrar. Esto es lo que hay”. Ah. Y el número es de
tarificación especial, de pago, con lo cual además de
esperar, preguntar y no tener respuesta, también terminamos
pagando. Por cierto, por mucho que me he leído las
disposiciones legales que citan en su carta -y otras- sobre el
cambio en los equipos de medidas básicos, por ninguna parte he
visto otra interpretación que la de que son ustedes los que
deben instalarlos y pagar el coste de la instalación. 

Creo que no hace falta añadir mucho más porque se entiende todo perfectamente. O bueno, sí. Que han tenido que ser respuestas como ésta, de los ciudadanos, las que han hecho reaccionar a Industria para que recuerde a las empresas del sector algo evidente: que la sustitución del contador ha de ser a cargo de la empresa.



¡No me hagas robar!

La verdad es que yo consumo poco material audiovisual (nada de música, poco cine, alguna serie… y huelga decir que casi nada de lo consumido es español) y que además tengo tendencia a pagarlo, porque es mucho más cómodo (al menos para mí, que soy poco amigo de meterme en líos  informáticos). Pero incluso una persona como yo no puede dejar de alucinar ante lo voluntariamente complicado que es conseguir ciertas cosas, rápidamente, de modo sencillo y a un precio decente, en España. La de cosas que hay en la iTunesStore americana que me gustaría tener, por ejemplo, y que en cambio desde la española no se pueden conseguir (y eso por no hablar de las versiones originales, que la industria ha decidido que no vende on-line, al parecer, al menos en España). Así que no puede parecerme más sensato el siguiente manifiesto:

THE CRITERIA

1. Pricing:
In general I want the pricing model to be simple and transparent. I don’t mind a slight difference in pricing between movies with regard to the age of the movie.
Rentals should not exceed 1/3 of the cinema price.
Purchases should not exceed the cinema price.
Monthly flat rate prices should not exceed 3 visits to the cinema.
Pricing of TV shows is about 1/3 of movies.
Payments are for the content, not bandwidth.


2.Languages:I can obtain the audio in every language produced for the content.
After purchasing a movie, all the languages are available.
Fans are legally allowed to create and share subtitles for any content.


3. Convenience:
The content I paid for is instantly available.
Content is delivered without ads, or disrupting infringement warnings.
I can find movies or TV shows by year, director, language, country, genre, IMDB ID, etc.


4. Choice And Release Dates:
The release date is global. There are no limits regarding the country you live in.
I can download nearly every movie ever made.


5. Rights:
I can watch the movie on any device, without any differences in how the movie is presented.
Movies are not bound to the service provider, and must be DRM-free in the case of purchases.
I can easily understand my rights regarding movies that I rent, buy, or stream at a flat rate.

Yo ya he firmado, aunque esto es una cosa americana y a nosotros no nos afecta. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor, con suerte, al cabo de 10 ó 15 años de que la industria americana se haya dado cuenta de lo que hay que hacer, pues esta cosa nuestra, tan española, de nuestro artisteo y la Ley Sinde acaba dándose cuenta de que hay que hacer las cosas de otra manera.



Tras el tiro de gracia, empiezan los fastos funerarios: bye, bye, Cajas

Lo que se empezó a hacer, por medio de un Decreto-ley, en mitad del Mundial de Fútbol del pasado verano, se ha completado en este inicio de 2011, según ha anunciado la Minstra de Economía Elena Salgado esta tarde en rueda de prensa. Ignoramos cómo se plasmará la reforma, pero no es arriegado que de nuevo tendrmeos un Decreto-ley, que es la nueva forma “ordinaria” de legislar”. Esperaremos al viernes, en cualquier caso, a ver qué dice el Consejo de Ministros. Lo importante, de todos modos, no es eso. Lo importante es que ya se ha culminado el derribo de las Cajas de Ahorros   su puesta a diposición de la banca privada, aprovechando la sensación de que para afrontar la crisis hay que hacer “lo que sea”.

Lo que sea, en este caso, se resume en los siguientes pasos, claramente dirigidos a acabar con las Cajas de Ahorros y que ya estaban perfectamente esbozados en los cambios que se introdujeron el verano pasado, que conducían inexorablemente hacia donde conducían, por mucho que nos dijeran que no, que no tenían la intención de acabar con el modelo de entidades financieras públicas que hemos venido construyendo desde hace siglo y medio:

– obligar a las cajas de ahorros a fusionarse para diluir el control regional sobre las mismas y ponerlas en manos de los dos grandes partidos políticos de ámbito nacional, que tienen muy claro que no quieren poner palos en las ruedas al proceso, a diferencia de lo que ocurre con algunos de sus miembros “de provincias” (primer paso ya conseguido a lo largo de 2010 con amenazas de intervención del Banco de España y con el caramelito del dinero del FROB puesto ahí para facilitar liquidez en momentos como éstos, de contracción del circulante);

incrementar repentinamente las exigencia de solvencia, con la excusa de la crisis, de la desconfianza de los mercados y de Basilea III (que no es tan exigente, y que además da un plazo de adaptación mayor), yendo más allá de lo que se pide a España desde fuera y completándolo, en una vuelta de tuerca asombrosa, según ha explicado hoy en rueda de prensa la Ministra Salgado, con la retorsión, incluso, de exigir más cobertura a las Cajas que a los Bancos y, en concreto, anunciando que serán si cabe más exigentes con las Cajas que “voluntariamente” no se transformen en bancos (la razones de esta exigencia adicional es que, como no están sometidas al escrutino de los mercados, al no cotizar, hay que ser más cuidadosos con ellas… ¡pero no habíamos quedado en que el Banco de España era el mejor supervisor del mundo!, ¡pero no se suponía que los mercados eran irracionales, como cuando atacan la deuda española!, pues no, ahora va y resulta que a las Cajas les metemos más caña que a sus homólogos privados por estar menos expuestas a sus vaivenes, dicen; en la práctica esto servirá para señalar a las cajas como insolventes y a los bancos como una maravilla);

– tras este inopinado incremento de las exigencias por parte del regulador, que lógicamente provoca una tensión adicional en un momento en que la crisis ha hecho que la gestión de cualquier entidad financiera sea muy complicada y ajustada a los límites y márgenes de maniobra (como les pasa a los gobiernos y los límites de déficit, por ejemplo; o a todos nosotros con el presupuesto familiar en un momento de recortes: el colchón de seguridad es menor), el Gobierno declara tajantemente que quien no cumplan estas normas sobrevenidas es que está en situación de insolvencia y, por ello, habrá de ser intervenido, rescatado:- se anuncian unos meses de plazo para ajustar (pero ese ajuste será muy difícil, por no decir imposible en muchos casos, debido a lo que hemos explicado sobre el colchón) las cuentas a las nuevas normas, pero si no se logra en septiembre el Gobierno, sencillamente, nacionalizará las cajas para “sanearlas”;

– vamos, que aquellas Cajas que no se rindan directamente desde un primer momento aceptando ellas mismas convertirse en corderitos bancarios prestos a ser engullidos (que alguna habrá, dado que ahora están ya más que nunca controladas directamente por los partidos estatales) tendrán muchos problemas para justificar ante la opinión pública su solvencia y enormes dificultades, en este contexto recesivo, para incrementar el mínimo de capital exigido hasta el 8% (y el extra anunciado para las Cajas, que no se sabe cuál será), con lo que vamos a asistir a una mortandad brutal;

el Gobierno meterá dinero en las Cajas, dinero público, dinero de todos, y a continuación (¿alguien lo duda?) las venderá a la banca española, previsiblemente a precio de saldo, alegando que las Cajas están en una situación pésima y que casi nos están haciendo un favor al quitárnoslas de encima; a esto lo está llamando la peña “nacionalización” (algo curioso, porque las Cajas ya son sector público) cuando es una mera inyección de capital destinada, simplemente, a hacer más digerible el bocado.

Y ya está. De golpe y porrazo, el sector bancario español se habrá zampado, como lleva 3 décadas pretendiendo hacer (eso sí, siempre esparando para lograrlo contar con la ayuda del legislador y del gobierno, dado que no ha habido manera de expulsarlas del mercado a base de ofrecer mejor servicio y de dar más ventajas a sus clientes, ¡a pesar de las constantes críticas a la ineficiente gestión de las Cajas!, -una sorprendente ineficiencia que les permitía, increíblemente, competir de tú a tú con “la banca más solvente del mundo”) a las Cajas de Ahorro, que representan la mitad del sector financiero español, y, además, la mitad más próxima y cercana a la sociedad, a los pequeños ahorradores y, por cierto, las únicas entidades gestionadas desde la periferia y desde núcleos de población no centrales.

Traigo aquí parte de las reflexiones de julio pasado, que como el Mundial lo ocupaba todo, seguro  que pasaron inadvertidas, pero que son de plena actualidad, en las que trataba de explicar las razones por las que esto, por mucho que nos digan, no es algo bueno:

¿Por qué es grave que algo así ocurra? Pues al margen de la ausencia de debate, de la espectacular silenciación de cualquier oposición por parte de una prensa española que tiene bien claro quién manda, de la manera en que poco a poco, esos mismos dueños del país han acabado logrando convencer a las elites políticas y funcionariales de que cedan también en su resistencia, de la manera en que se aprueba la norma, del momento elegido… al margen de todo eso, porque las razones de fondo para cambiar el modelo de Cajas de Ahorro no se sostienen. Voy a tratar de trazar una serie de puntos, señalados a vuelapluma y enunciados de modo necesariamente breve, por lo que esto es así. Espero se me disculpe la concisión en cada una de las razones:

En primer lugar porque las Cajas de Ahorro, contra la línea de opinión dominante, han jugado un importantísimo papel en este país y han funcionado moderadamente bien, satisfactoriamente. Son rentables, ganan dinero y están gestionadas de modo más que competente. De hecho, ésa es la razón por la que la gran banca desea cargárselas como competencia y comérselas para quedarse con sus clientes (que se han ganado compitiendo en buena lid en el mercado). Si fueran un desastre no necesitarían ayuda pública, vía una norma que se las ofrece en bandeja, para liquidarlas por medio de su mejor acción en el mercado.

En segundo lugar, porque la tan criticada influencia política en las mismas, que es innegable, no ha generado, si miramos el mapa global del sector, una peor gestión que la que se ha realizado siguiendo criterios puramente “empresariales”. De hecho, si miramos a la historia de los últimos 40 años, y también a la actual crisis, los pufos más espectaculares los han protagonizado, en general, en España, bancos más que Cajas de Ahorro. Otra cosa es que las medidas del Banco de España tengan todo este asunto en el armario y que, de momento, la “entidad supervisora” esté escondiendo las vergüenzas del secrtor (y las suyas propias) tras una sucesión de normas impresentables que permiten no actualizar balances. Eso sí, toda esa “comprensión” con el sector privado se torna exigencia radical cuando miramos a las Cajas, a las que han obligado a fusionar para centralizar en Madrid todo el poder económico posible (el caso de la fusión entre Bancaja y Cajamadrid es probablemente uno de los ejemplos más escandalosos de cómo funcionan las cosas en este país) y están ahora conduciendo con descaro al matadero para que BBVA y Santander se las vayan quedando en un futuro no muy lejano.

En tercer lugar, porque, como es obvio, si las Cajas dedican sus beneficios a pagar dividendos habrá mucha menos obra social. Y la obra social de las Cajas ha sido muy importante en este país. Unas instituciones que revertían en la sociedad de donde extraían sus beneficios gran parte de éstos pasarán a funcionar con una lógica estrictamente capitalista. Se supone, sí, que por esos dividendos que reciban los inversores los ciudadanos obtendremos una parte, vía impuestos. Dado cómo está el asunto de las SICAV y, en general, la imposición a las rentas de capital, la cosa es para ponerse a llorar. En todo caso, y dado que la obra social de las Cajas, además de para cosas interesantes, sirve para pagar favores, uno tiene la esperanza de que, al menos, esto conlleve ciertas estrecheces al sector de artistas y Familia Real especializados en vivir de estos dineros. Pero no caerá esa breva. La obra social que primero desaparecerá será la otra.

En cuarto lugar, porque las Cajas han nacido y crecido con el esfuerzo de clientes, impositores, gestores y, en general, sociedad civil. Que ahora se permita que se regale por cuatro duros todo este patrimonio público acumulado al sector privado no tiene nombre. O sí. En cualquier caso, a la vista de la ausencia total de preocupación ciudadana porque este robo a plena luz del día se consume, cuando no el apoyo entusiasta a que se las queden los bancos “para que desaparezcan los chupópteros” (a la vista está que, en estos tiempos, al ciudadano no se la hace posible imaginar que haya chupópteros que viven de nuestro dinero en el sector privado), hay que concluir que es la propia sociedad civil la que parece encantada con regalar su patrimonio.

En quinto lugar, porque el sector financiero funciona mejor con Cajas de Ahorro que sin ellas. La experiencia comparada lo demuestra sin dificultades. Países de la situación, talla y músculo financiero de España sin cajas de ahorro hay pocos, porque es un coste que no se puede uno permitir. En nuestro país, su función de “pequeña banca de proximidad”, que recoge el ahorro privado de muchos ciudadanos y luego lo pone en el mercado del crédito ha sido básica debido a las dificultades de nuestra banca para acceder al mercado del crédito interbancario a tipos de interés asequibles. De hecho, parte de la crisis económica y financiera actual se debe a que, debido a las presiones sufridas por las Cajas en los últimos años, éstas han actuado cada vez más como la banca tradicional, abandonando (en parte) ese negocio de proximidad tradicional. En cuanto han venido mal dadas, eso ha drenado el crédito y los riesgos excesivos han impedido que funcionara el lubricamente para la pequeña y mediana inversión que suponía esa tradicional captación de capitales que hacían las Cajas.

Y, en sexto lugar, porque este proceso, además, fomenta la concentración en el sector financiero. Y a la vista está (tenemos, de hecho, experiencias recientes)  que las bancas y cajas que tanto en España como en el mundo, en general, mejor se han comportado, han sido las pequeñas y medianas, mientras que las grandes se han apalancado que da gusto y han pasado (y pasan) por dificultades mucho mayores (eso sí, socorridas con dinero público si es preciso por eso de que son “demasiado grandes para caer”). Por no hablar de la diferente afección al sistema que supone que quiebre alguna entidad pequeña que el que lo haga una grande, que debiera llevar a la conclusión de que es más sano un entorno con diversas entidades medianas que otro con un par de mastodontes. Llama la atención hasta qué punto las leyes sagradas del capitalismo (fomentar la competencia entre los diversos actores del mercado, por un lado; y no poner todos los huevos en la misma cesta, por otro) son normas que el consenso de sabios dedicados a esto de la regulación del sector financiero entiende que no han de aplicarse, precisamente, al propio sector.

Pues ya está. Se acabó. Adiós a las Cajas. Ya veremos quién, cómo y a qué precio se las quedan. Y cuánto tardan. Pero la partida ha terminado.  Game over. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

P.S.: En el texto anteriormente enlazado y en parte reproducido de julio del año pasado se inició un muy interesante debate sobre el comentario que realicé y la situación de las Cajas. No he cambiado sustancialmente de opinión y, de hecho, creo que la evolución de los acontecimientos demuestra que muchos de, por no decir todos, los recelos expresados en julio tenían mucho sentido. Pero ello no quita para que en los comentarios se pusieran de manifiesto objeciones muy interesantes y se generara un debate que, aprovechando que el tema vuelve a estar de actualidad, les recomiendo que relean porque, de verdad, vale la pena. También, por cierto, porque hubo quien aportó información muy interesante con evidente conocimiento de lo que estaba hablando. Ya digo, les recomiendo que repasen los comentarios.



Chiringuitada (ocupación de dominio público y negocio privado)

Ayer publicó de nuevo un pequeño texto escrito por un servidor el diario El País, en su edición de la Comunidad Valenciana. No teman, no vamos a pasar a ocupar el blog, a partir de ahora, únicamente con cosas que pueda publicar otro medio. Y tampoco se preocupen quienes aspiren a comprar ese periódico y tengan escalofríos pensando en que existe el riesgo de que, casi a diario, puedan encontrarse con una columna mía. Se supone que, más allá de cuestiones puntuales (como la del urbanismo que tratamos el otro día y que fue publicada la semana pasada de forma excepcional), lo que me han pedido es una colaboración que aparecerá un lunes de cada dos semanas. La cosa empezó ayer, como pueden comprobar. Mi intención es ir colgando aquí estas columnas uno o dos días después de que salgan publicadas en papel. De modo que irán intercalándose con los contenidos habituales del bloc, que en cuanto me recupere del impacto de trabajo derivado del inicio del curso es de esperar que sigan apareciendo con la frecuencia normal de otros años (irregular pero más o menos constante).

Esta semana he tratado una cuestión muy local, referida al drama político y mediático que hay montado en Valencia a cuenta de una actuación del Gobierno central, a través de la Dirección de Costas,  que ha obligado a unos supuestos chiringuitos playeros (en realidad restaurantes con todas las de la ley y estructuras de hormigón armado) a desmontar sus pretendidas terrazas (en realidad extensiones de los  restaurantes, con obra fija, cristal, aluminio, pladur e incluso ladrillo cerrando todo que en la práctica suponían, simplemente, una brutal ampliación de los metros de local) porque no cumplían con los términos de la concesión de que disfrutaban para ofrecer el servicio de hostelería en un paseo marítimo que es parte del dominio público marítimo-terrestre. Las reacciones y argumentos habidos aquí, supongo, no se alejan demasiado de lo que puede ser la tónica en otros muchos lugares de la costa española, por lo que puede que el comentario interese también a quien no conozca el concreto problema habido en Valencia:

Chiringuitada
ANDRÉS BOIX 18/10/2010     

Las terrazas (en realidad, sendas ampliaciones de los locales hechas con materiales desmontables) de los chiringuitos de la Malva-rosa han sido finalmente retiradas por sus propietarios. Finaliza así uno de los espectáculos políticos del año, a cuenta de una cuestión aparentemente menor, pero que simbólicamente ha tenido gran importancia, en la medida en que ha servido a los dos grandes partidos para exhibir sus señas de identidad. El PP, defendiendo a los hosteleros, habría mostrado su preocupación por la generación de riqueza y empleo, mientras la gestión de Costas sería un ejemplo de la mayor sensibilidad ambiental y el alto grado de respeto por nuestras costas y playas de que hace gala el PSOE.

Lamentablemente, la realidad tiene más que ver con la política-espectáculo que con la efectiva defensa de esos valores. Costas, que hace bien en exigir que se cumpla la ley vigente, se equivoca al apelar en este caso a la protección del medio como razón última de sus acciones. Y es que resulta obvio que la mayor o menor extensión de unos restaurantes (porque de eso estamos hablando) situados en un paseo marítimo altamente urbanizado e integrado en la ciudad tiene, en realidad, pocos o nulos efectos ambientales. Se trata de decidir, más bien, qué usos preferimos dar a un entorno que es de todos y de las razones que pueden justificar ciertas restricciones a una utilización masiva del espacio para la hostelería. Pero a nadie se le escapa que el nivel de saturación de restaurantes en la Malva-rosa, que puede gustar más o menos según sensibilidades, no afecta de modo capital a la preservación de la costa. En cambio, de Vinaròs a Pilar de la Horadada tenemos cientos de ejemplos de flagrantes infracciones a la Ley de Costas, de consecuencias mucho más graves, que parecen no generar preocupación alguna. Si de verdad se tratara de defender la legalidad vigente y el medio ambiente lo cierto es que las prioridades debieran ser otras.

Nada de lo dicho, sin embargo, justifica la impresentable defensa, usando como bandera la preservación de empleos y de la actividad económica, de unos chiringuitos que han ocupado ilegalmente un espacio público para hacer negocio privado. No porque esas extensiones de los restaurantes supongan un peligro ambiental, sino porque se han quedado con patrimonio de todos. El dominio público no puede ser ocupado así como así ni es admisible que los hosteleros, a lo largo de los años, hayan aprovechado una situación de privilegio (pues las concesiones de que disfrutaban para ofrecer servicios de restauración constituyen una indudable oportunidad de negocio de la que pocos gozan) para ir ampliando sus locales más allá de lo autorizado, sin pedir el permiso debido, sin control de la Administración, sin pagar canon alguno por los metros adicionales ocupados y, en definitiva, sin entender que no pueden hacer lo que más les convenga a ellos individualmente. No, al menos, mientras su negocio dependa de ocupar un espacio público muy goloso.

Si se trata de generar riqueza y empleo usando un paseo marítimo urbano para negocios de hostelería, hágase como toca. Pero obviemos las actuales terrazas. La defensa a toda costa de esa usurpación nada tiene que ver con estar a favor de la creación de riqueza o la protección de los empleos existentes. Es otra cosa.

Andrés Boix Palop es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.



Hoy desaparecen, para siempre, las Cajas de Ahorros

Con mundialidad y decretoleyía, el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros (o eso esperamos todos, que con la manera en que este Gobierno se reúne, aprueba normas y las modifica uno nunca sabe ya quién aprueba, en verdad, los textos que van al BOE) hoy una modificación de la norma que regula las Cajas de Ahorros que, en la práctica, supone la desaparición de estas instituciones y la definitiva bancarización del sector financiero español, que a partir de ahora funcionará esencialmente (no decimos exclusivamente ya que siempre hay canales de “comunicación” entre el poder político y la gran banca que permiten decisiones no exclusivamente basadas en criterios de mercado sin necesidad de estar hablando de Cajas de Ahorros para que se detecte esta influencia) a partir de criterios de rentabilidad económica y de gestión puramente financiera. El proceso de evolución hacia este punto final puede llevar unos años, pero es evidente que hoy se inicia definitivamente una senda que llevará, sí o sí, a ese destino.

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