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La semana pasada el Congreso de los Diputados convalidó, finalmente como proyecto de ley, el Decreto-ley aprobado por el gobierno de España a la vuelta del verano que pretendía solventar el “conflicto” entre quienes prestan servicios en el mercado del transporte de viajeros en vehículos turismo como taxistas (con la correspondientes concesión administrativa tradicional, convertidas hace unos años en autorizaciones) y los que lo hacen por medio de autorizaciones para operar como Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).
El referido “conflicto”, básicamente, se fundamenta en la pretensión de quienes tienen autorizaciones de taxi (unas 60.000 personas en toda España, número, además, que ha permanecido extraordinariamente estable desde hace 40 años, a pesar del incremento poblacional o del desarrollo económico) de seguir prestando estos servicios de transporte de viajeros en exclusiva, como ha sido tradicional hasta la fecha, gracias a un ordenamiento jurídico que no permite a nadie que no posea una autorización de taxi o equivalente entrar en este mercado. La única brecha existente desde hace años eran las licencias VTC, que la ley básica estatal y su reglamento de desarrollo concebían como servicios premium y de lujo, el clásico alquiler de un coche con conductor por unas horas o días, y que en todo caso limitaban también en número (la famosa proporción de una licencia de VTC por cada 30 licencias que no se habían de superar en ningún caso).
Dos factores han alterado el referido ecosistema en los últimos años. Por una parte, la aparición de mecanismos de intermediación digital (plataformas que usan apps y la omnipresencia de los móviles en nuestras vidas para ofrecer estos servicios de modo muy eficiente) que han reducido los costes de transacción y mejorado la eficiencia de la actividad de los VTC, que ahora, aun siendo un servicio más selecto, pueden contratarse por minutos y para un desplazamiento concreto de forma muy sencilla, incrementando así su rentabilidad y la variedad de servicios que pueden ofrecer. Por otra, los desajustes normativos que se produjeron en España como consecuencia de la adaptación de la norma básica y de su reglamento en materia de transportes a las reglas europeas derivadas de la Directiva de Servicios de 2006, una norma liberalizadora que en principio, y salvo excepción expresa y justificada, ampara la prestación de servicios económicos sin autorización administrativa previa. Estos desajustes provocaron que durante unos años la limitación de autorizaciones VTC a un máximo de una por cada 30 taxis desapareciera, con lo que ciudadanos avisados y empresas avispadas pudieron en ese paréntesis temporal solicitar autorizaciones en gran número que, aunque fueron en su mayoría denegadas por las diferentes Administraciones públicas implicadas, han acabado siendo reconocidas por los tribunales de justicia. Aunque el legislador español taponó el boquete regulatorio unos años después, las VTCs ya concedidas (y las que quedan por ser reconocidas por los tribunales) han alterado el equilibrio regulatorio de forma notable (la proporción entre taxis y VTCs en España ya no es de 1 a 30, sino más bien de 1 a 10, y aún puede reducirse más, como por lo demás ha ocurrido en la mayor parte de los países europeos con regulaciones semejantes a la nuestra, como Francia o Alemania, donde están ya casi a la par).
Obviamente, la aparición de competencia (y de una competencia muy eficiente, además) en un sector donde, como hemos visto, durante cuatro décadas las autorizaciones de taxi garantizaban el disfrute de un mercado cautivo y en el que la oferta no ha crecido a pesar de que sí lo ha hecho la demanda, perjudica notablemente a los taxistas, habituados a que sus títulos jurídicos valieran muchísimo en el mercado (porque así lo provocaba esa regulación restrictiva… y así lo permitían las normas al consentir la transmisión de los títulos habilitantes). El valor de mercado del privilegio regulatorio concedido a esos 60.000 taxistas variaba dependiendo de zonas, pero como es sabido no era inhabitual que se hubieran de pagar 200.000 o 300.000 euros por una licencia de taxi en nuestras grandes ciudades. El cambio del ecosistema referido provocó la disminución de las posibilidades de rentabilización de la actividad y, en consecuencia, del valor de los mismos. Algo que ha hecho a los taxistas reaccionar con protestas numerosas, algunas especialmente visibles antes del verano, lo que ha llevado tanto al gobierno como a una mayoría del parlamento a adoptar una modificación legal en el sentido por ellos perseguido.
Esta modificación legal, intervenida por el Decreto-ley 13/2018, que ha sido analizado brillantemente por Gabriel Doménech, es una victoria indudable de los taxistas. Supone, en un plazo de 4 años, volver más o menos al equilibrio regulatorio anterior, pero no tanto por la vía de eliminar el exceso de autorizaciones VTC como convirtiendo las mismas en inútiles, pues a partir de ese momento sólo habilitarán para realizar servicios interurbanos (también se consideran urbanos los servicios dentro de un área de prestación conjunta del taxi que abarque varios municipios, como son las de las grandes conurbaciones españolas). Más allá de los numerosos problemas que plantea esta norma, tanto en su constitucionalidad formal (es dudoso que concurriera la urgencia que habilita para acudir al Decreto-ley) como también en lo competencial (la competencia para regular estas cuestiones es autonómica, y no estatal, sin que pueda intervenir el Estado para imponer una solución a las CCAA que éstas, además, no pueden alterar en lo sustancial por mucho que luego la norma pretenda decir que se delega en ellas la competencia) y respecto del fondo de la cuestión (las autorizaciones de VTC se están expropiando, en el fondo, sin que haya una indemnización mínima; y ello por no mencionar los problemas que esto supone desde la perspectiva del Derecho de la Unión en materia de prestación de servicios) hay una conclusión evidente y que nadie puede discutir: supone una victoria indudable de los taxistas, que han demostrado hasta qué punto su capacidad de presión es grande y cómo ésta les permite lograr soluciones regulatorias en su propio beneficio erradicando la incipiente competencia a la que tenían que hacer frente desde hace unos años.
Ahora bien, además de ser beneficioso para los taxistas, ¿esta cambio normativo sobrevenido es bueno para los intereses generales y los de la ciudadanía? Resulta bastante dudoso que así sea. Baste recordar algo obvio a estos efectos: que la razón de ser de las limitaciones cuantitativas en la prestación de estos servicios, tan tradicionales y con las que hemos convivido desde hace tantos años, nunca se han reconocido o concedido en beneficio de los taxistas, sino del interés general y de los consumidores. En otro contexto social y, sobre todo, tecnológico, el Estado entendía (en España y en todos los países de nuestro entorno) que esa limitación cuantitativa, siempre y cuando no fuera tan grande como para impedir que hubiera servicios suficientes para satisfacer la demanda, era la necesaria compensación a los taxistas, a quienes así se garantizaban unas rentas mínimas, a cambio de que éstos asumieran muchas cargas y obligaciones que las normas imponían para garantizar la calidad y la continuidad del servicio en beneficio del interés general y de los consumidores: tarifas fijas para evitar abusos, normas que obligaban a que hubiera un número mínimo de taxis en las calles en todo momento, reglas sobre emisiones o accesibilidad de los vehículos, etc. Por así decirlo, el Estado aceptaba ese oligopolio a favor de los que tenían una licencia de taxi porque a cambio obtenía unas garantías sobre cómo se podría prestar el servicio que, de otro modo, no habrían existido, comprometiendo la continuidad y calidad mínima del mismo.
Ocurre, sin embargo, que en la actualidad la tecnología permite cruzar de modo muy eficiente oferta y demanda, y el ejemplo comparado nos permite saber que en los ordenamientos donde no hay límites cuantitativos no suele haber problemas en este punto (antes al contrario, los problemas se dan más habitualmente en los países con límites al número de licencias). También sabemos cómo fijar precios justos, o limitar la variabilidad de los criterios algorítmicos que lo fijan en las modernas apps y plataformas de intermediación, sin necesidad de recurrir a regulaciones que limiten el número de prestadores. Y, por supuesto, es posible establecer medidas ambientales (por no hablar de las impositivas o las referidas a las condiciones laborales de los conductores) por medio del ordenamiento jurídico que garanticen las condiciones de prestación que consideramos adecuadas, siempre, y en todo caso. Todo ello sin alterar los equilibrios de mercado o las condiciones de rentabilización global del mismo, en beneficio de los consumidores. Pero, y como es obvio, sí afectando profundamente a la posición de quienes tenían autorizaciones de taxi.
La cuestión, pues, es que la regulación no ha de defender ni proteger a los taxistas, sino establecer unas condiciones de prestación que sean lo mejor posibles para toda la sociedad y, también, para cualquier persona que desee trabajar en este sector. En este sentido, además, la normativa habría de ser muy exigente en temas fiscales, ambientales y laborales, pero, y como es obvio, para cualquier vehículo que preste estos servicios. No se puede admitir que parte de las transacciones realizadas en España para contratar servicios tributen en paraísos fiscales, pero tampoco que quienes realizan estos servicios tributen a módulos, por ejemplo. Y las condiciones laborales de los empleados han de ser en todo caso exigentes y garantistas, pero para todos los prestadores por igual. La clave última que no hemos de perder de vista es que desde ningún punto de vista se puede defender que la consecución de estos objetivos públicos pase, a día de hoy, por restringir la actividad de las autorizaciones VTC… y menos aún por la eliminación a efectos prácticos de toda capacidad de actuar en el mercado relevante, que es el del transporte urbano en las zonas de prestación conjunta, a las autorizaciones VTC ya concedidas. De hecho, y significativamente, en el debate público que se ha producido estos meses, tanto desde los sectores que han abanderado las protestas como desde los partidos políticos que tan receptivos a las mismas se han mostrado, estas cuestiones, sencillamente, no aparecen en el debate. Pareciera como si la regulación pública del taxi y de los mercados de prestación de servicios de transporte se hubiera de hacer atendiendo únicamente a cómo afecta la misma a un colectivo, el de los taxistas, sin que ni el interés general o el de los consumidores fueran elementos, siquiera a tener en la más mínima consideración.
A estos efectos, y como he defendido en otros trabajos con más extensión, solucionar este conflicto, si se hiciera desde una perspectiva de maximización del bienestar y de los intereses públicos, no habría de ser en absoluto complicado. Bastaría con garantizar la libre prestación a todos los interesados en competir en este mercado con exigencias ambientales, de accesibilidad y de control de precios máximos que todos hubieran de cumplir en las mismas condiciones, así como estableciendo el mismo régimen fiscal y laboral a todos los prestadores. Junto a ello, si en algunos centros urbanos se apreciara un problema de congestión, se podrían establecer medidas de restricción del acceso a los mismos diversas y, en última instancia, incluso una limitación del número de autorizaciones en esos casos excepcionales y debidamente justificados, pero que debería solventarse empleando las reglas de la Directiva europea de servicios en estos casos. Por último, y dada la pérdida de valor de las autorizaciones de taxi, se podrían establecer mecanismos de compensación temporales que sirvieran para paliar los costes de transición a la competencia, como se ha hecho en otros sectores en España y se está haciendo en otros países en estos mismos mercados.
Ninguna de esas medidas es difícil de poner en marcha y todas ellas incrementarían el bienestar social, además de ser mucho más acordes a nuestro marco constitucional y el Derecho europeo en la materia. Lamentablemente, gobierno y el legislador estatales han optado por regular esta cuestión, impidiendo que las Comunidades Autónomas, que son las competentes, puedan hacerlo en este sentido, de un modo totalmente contrario a los intereses públicos. Tarde o temprano habremos de rectificar estas normas. Eso sí, da la sensación de que habrán de pasar varios años, y habremos de padecer sus perniciosos efectos de forma intensa hasta que sean tan patentes que no puedan obviarse, antes de que las fuerzas políticas mayoritarias en España vayan a enmendar el error cometido.
En este blog ya hemos dedicado algunas entradas a los efectos de la mal llamada «economía colaborativa» tanto en un plano más general como, por ejemplo, con propuestas concretas respecto de cómo regular el fenómeno para el sector del alojamiento. Ello se debe no sólo al interés de los efectos que la intermediación digital está trayendo a muchos mercados y a cómo afectan al equilibrio regulatorio tradicional, que se ha de ver modificado, sino también al hecho de que en la Universitat de València tenemos desde hace ya años un grupo de investigación que se ha dedicado intensamente a estas cuestiones (y que, casi casi, creo que podríamos decir con justicia que fue el primero que, ya desde hace un lustro, empezó a analizar estos fenómenos desde el Derecho público). A lo largo de estos años hemos estudiado y publicado mucho sobre estos temas, incluyendo no pocos trabajos y propuestas sobre el mercado del transporte (donde los estudios liminares de nuestro compañero Gabriel Doménech siguen siendo referencia inexcusable). Pero el caso es que últimamente al taxi y al VTC le hemos dedicado menos atención porque, sinceramente, el tema jurídicamente tiene menos interés que en otros sectores y debería ser mucho más fácil de resolver en Derecho si hubiera una dirección política que tuviera una serie de cosas claras. El año pasado publicamos una obra colectiva sobre el particular que más allá de que la coordináramos nosotros creo de verdad que es muy completa, La regulación del transporte colaborativo. En este libro lo que yo traté justamente de hacer fue un estado de la cuestión, evaluando las razones por las que el sector ha sido considerado tradicionalmente un servicio público y qué consecuencias regulatorias tenía esa condición, así como analizando por qué en la actualidad no se sostiene que siga siendo regulado como tal. Si quieren acceder a una versión en abierto del trabajo completo, pueden emplear ésta que tienen aquí.
En todo caso, y dado el lío que tenemos montado este verano, con ayuntamientos y gobiernos autonómicos pretendiendo añadir nuevas restricciones adicionales a las que el Estado ya ha impuesto a los vehículos VTC para tratar de contener esta posibilidad de competencia al sector del taxi, el Estado diciendo que quiere delegar la competencia regulatoria en las Comunidades Autónomas (para librarse del lío y con un indisimulado interés en que los poderes locales actúen tan capturados como lo han estado siempre) y una huelga salvaje en varias ciudades españolas que ha puesto el tema de actualidad, quizás pueda ser útil volver sobre los elementos esenciales de ese estudio y, de paso, simplificar un poco las propuestas que se deducen del mismo. No sea que haya por ahí algún legislador o poder público despistado que las lea y le puedan ser de utilidad, tanto más cuanto con más sencillez estén explicadas.
Si trato de resumir en una serie de ideas fuerza el trabajo en cuestión, he de decir que personalmente lo que más me impacta de la situación del sector es que llevemos, desde la aprobación de la Constitución de 1978, más de 30 años de desarrollo económico y social intenso en España, con una importantísima llegada de población a ciudades que incrementa las necesidades de transporte, todo ello en un país que ha pasado de unos 35 millones de habitantes a casi 50… y que, sin embargo, tres décadas después, haya más o menos, prácticamente, las mismas licencias de taxi en las grandes ciudades españolas que había entonces. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo ha sido posible algo así?
Las razones son de muchos tipos, pero básicamente confluyen dos elementos esenciales que han coadyuvado a que a todos los actores implicados (menos a los consumidores, a los que no se ha preguntado nunca en exceso por sus preferencias) les conviniera esta solución y que en consecuencia remaran en la misma dirección:
- Por un lado, ni las propias CCAA (competentes para legislar sobre el sector desde que la CE78 les da competencias, si las asumen en sus Estatutos, en materia de transporte de proximidad) ni los ayuntamientos implicados (que en sus ordenanzas municipales tienen un amplio margen para concretar la regulación) creen lo más mínimo en el sistema de reparto que tienen regulado, y que si se sacaran licencias obligaría a unos complejísimos, absurdos y en el fondo tenidos por injustos por todos sistemas de reparto (las licencias en democracia, snif, y no digamos desde que estamos en la UE, snif, snif, ya no se pueden repartir como se hacía tradicionalmente en España, a modo de regalías por diversas razones, ya fueran de cercanía y afinidad o incluso atendiendo a criterios sociales), así que prefieren directamente no sacar licencias y de este modo no tener líos, al menos mientras la cosa pueda ir aguantándose;
- Por otro lado, la otra parte esencial, los taxistas y titulares de licencias, obviamente, estaban encantados con esta situación. Nadie que tiene una licencia de estas características tiene mucho interés en que salgan más… y además los gremios del taxi a nivel local otra cosa quizás no, pero sí han exhibido durante todas estas décadas que tienen una gran capacidad de captura (más que acreditada) del regulador para, contando además con su aversión a meterse en líos, haber logrado que no salgan apenas nuevas licencias en casi ninguna ciudad española.
Pero claro, como decíamos la España del siglo XXI no es la de los años 80 del siglo pasado. ¿Cómo se ha logrado el milagro de que sin aumentar las licencias no colapse el servicio? Pues muy sencillo: en una divertida y paradójica evolución para lo que siempre se ha vendido (y así se justificaban las restricciones) que era un «servicio público», la cuadratura del círculo se consigue aumentando paulatinamente la “liberalización interna” del sector y permitiendo a los titulares de las licencias cada vez más cosas con las mismas, desde comerciar con ellas a prestar los servicios sin ningún tipo de trabas regulatorias para lograr el máximo de eficiencia. Esta es la razón última de que en la actualidad las diversas regulaciones autonómicas y locales permitan todas ellas cosas como contratar conductores (el titular de la licencia ya no tiene por qué ser el taxista) y doblar o triplicar turno para que así un taxi pueda llegar a estar incluso 24 horas al día en la calle si es necesario (porque unos horarios de trabajo y descanso por persona sí se han de respetar, lógicamente). O que se acepte cada vez con más normalidad no sólo la transmisión onerosa inter vivos o mortis causa a los herederos, algo extravagante en un servicio público pero que los titulares lograron casi desde su inicio en este sector, sino otras liberalizaciones más recientes como que un mismo titular pueda tener varias licencias (hasta varias decenas se permiten en no pocas ciudades españolas) y convierta así la prestación en empresarial, etc. Con todo ello, sin duda, se gana en eficiencia y se facilita una mejor gestión de las flotas y que con el mismo número de taxis se puedan prestar más servicios (de las condiciones laborales de quienes llevan los taxis y las rentas para los titulares casi sin esfuerzo ni trabajo propio ya hablaremos otro día, porque lo de la apropiación de la plusvalía no es problema sólo de este sector).
Como a nadie se le escapa, esta solución es un win-win para quienes tienen licencia o licencias porque así no sólo es que puedan cubrir más servicios con éstas e ir haciendo frente al incremento de la demanda de servicios de transporte urbano (que como es obvio en estas décadas pasadas ha sido muy notable) sino que, a la vez, las rentabilizan todavía más. La divertida paradoja, y tremenda incoherencia regulatoria, es que todo esto va contra la idea de servicio público. Si estamos en un sector donde la liberalización de la prestación permite ganar en eficiencia y no hacen falta normas de servicio público que disciplinen la prestación para garantizar el servicio en una calidad suficiente y condiciones de regularidad e igualdad, ¿por qué subsisten las barreras de entrada? Muy resumidamente, ésta es justamente la idea de fondo defendida en el trabajo: si no hace ya falta regular la prestación y antes al contrario, liberalizar internamente convirtiendo el sector en prestaciones empresariales porque así se es más eficaz y ello es imprescindible para atender a la demanda, pues entonces casi todas las razones para no liberalizar totalmente el sector decaen (la cuestión del precio de los servicios es el otro elemento que subsiste, y que sí tiene un sentido público, como analizamos en el trabajo con más detalle, pero hay soluciones regulatorias que pueden conciliar proteger a los ciudadanos con la liberalización también en este aspecto)…. salvo si lo que se pretende desde el sector público es blindar un oligopolio en beneficio de licenciatarios. Y resulta evidente que ésa no puede ni debe ser nunca la pretensión, pues a nadie beneficia, ni a la sociedad ni a los ciudadanos, ni a las Administraciones públicas, sino sólo a un pequeño grupo de titulares agraciados con un verdadero (e ingente) windfall regulatorio. Beneficios caídos del cielo que se visualizan a la perfección, como es obvio, en el exponencial crecimiento del precio de las licencias (que como no puede ser de otra manera reflejan en su precio el valor que tiene el mero acceso a ese oligopolio tan lucrativo por restringido). Comparar la evolución del precio de las licencias en España con el IPC o cualquier otro indicador en estos años resulta directamente obsceno. Las cifras absolutas también (300.000 euros por licencia en Madrid antes de la crisis, niveles que se están recuperando; entre 150.000 y 200.000 en ciudades como Valencia o Barcelona, etc.). Una aberración que se convierte en normal cuando, con las mismas licencias que hace décadas pero un bestial incremento de la demanda, los títulos hbilitantes se tornan más y más lucrativos, máxime cuando la liberalización interna permite optimizarlos más y más.
Ahora bien, lo cierto es que incluso con la liberalización interna a que nos hemos referido la limitación del número de prestadores acabó por generar problemas y conformar una oferta claramente por debajo de las necesidades reales. Y aquí entran las VTC, licencias de vehículo de transporte con conductor, inicialmente pensadas como servicio de lujo y premium para quienes querían alquilar el servicio de coche y chófer, normalmente de alta gama. De nuevo paradójicamente, inicialmente con estas licencias se ayudó inicialmente a cubrir el incremento de la demanda, pues atendían a un sector premium que cada vez se hizo mayor. Con la bajada de precios de estos servicios y el crecimiento económico (y también con la subida comparativa del del precio del taxi, alentada de nuevo por la escasez de licencias y capacidad de presión del sector) se tornaron competitivos paulatinamente incluso para servicios ya no tan de lujo, ampliando su radio de acción. En un primer momento, este sector de demanda que se cubrió con VTCs, más o menos, vino bien a todos: a las AAPP les quitaba presión, porque así la población no percibía del todo las insuficiencias del servicio gracias a la existencia de este parche que drenaba demanda… y para los empresarios del taxi a fin de cuentas esto no dejaba de ser una competencia menor en un nicho que nunca había sido del todo suyo y que por lo demás podía ser fácilmente controlada (donde además, por ejemplo, se podrían introducir ellos mismos con facilidad como insiders que a fin de cuentas eran y son en el sector. basta ver quiénes son los grandes propietarios de licencias VTCs en España, junto a algunos fondos de inversión, para comprobar la porosidad entre ambos sectores). En conclusión, y en un primer momento, esto parecía entrañar beneficio para todos: se lograba ir parcheando el tema y, sobre todo, ¡así no había ninguna necesidad de sacar más licencias pues la oferta medio cuadraba con la demanda y todos contentos!
Obviamente, al final esta situación ha hecho crisis, dado que con la digitalización y la llegada de apps que intermedian digitalmente la eficiencia de la prestación se multiplica hasta el punto de que los costes de transacción de lo que hace no tanto era un servicio de lujo o semi-lujo han bajado tanto que se da la paradoja de que en no pocas ocasiones puede salir más barato acudir al supuesto servicio premium que al del taxi tradicional. Con ello queda más que patente que las viejas reglas de servicio público (de las que en realidad ya sólo quedaba en pie la barrera de entrada y la restricción tarifaria) devienen totalmente innecesarias cuando el mercado te está proporcionando eso mismo que dice asegurar el servicio público (calidad de la prestación, igualdad, seguridad, continuidad…) a un mejor precio y de modo más eficiente. El problema, claro, es que esto se produce en un entorno donde las barreras de entrada subsisten (tanto para los taxis como para los VTCs, subsector para que el que tras algún vaivén se mantiene la regla estatal de limitar estas licencias a una por cada treinta de taxi). Unas barreras van contra toda lógica económica y de eficiencia, pero también de justicia y equidad social (¿por qué vedar el acceso a una actividad económica a cualquiera que quiera y pueda desempeñarla, obligándole a pasar por las horcas caudinas de unos señores que cuentan con el título habilitante a los que has de ofrendar parte de tus beneficios para trabajar), generando cada vez más problemas. Incluso para las Administraciones públicas y nuestros queridos gobiernos, que tras treinta y tantos años de sestear obviando el tema se van a ver obligadas tarde o temprano a definir una política (y medidas jurídicas coherentes con ella y con nuestro marco legal y constitucional).
Sin embargo, parece que será más tarde que temprano. Y es que, por el momento, ahí tenemos a nuestras Administraciones públicas, a todas ellas (Estado, Comunidades Autónomas y entes locales bailan a un sorprendentemente coordinado mismo compás) y con independencia de los partidos que las gobiernen (en nada se parece más a un ayuntamiento o comunidad autónomas del PSOE o del PP, o incluso de Podemos o independentista, que en su aproximación a esto del taxi), totalmente capturadas, silbando mirando al techo, y pretendiendo que un servicio que han liberalizado internamente al 100% creando con ello un bonito oligopolio ha de seguir funcionando, en cambio, con barreras de entrada… ¡y con el mismo número de licencias que en 1980! Significativamente, las huelgas y demás protestas que se producen nunca lo son contra decisiones de las administraciones públicas en el sentido de liberalizar el sector o que traten de arreglar los problemas reseñados (por inexistentes hasta la fecha), sino frente a actuaciones de autoridades de competencia o judiciales que aplican las normas europeas en la materia para detener algunos excesos proteccionistas en defensa de los titulares de los títulos habitantes y licencias (que es la única reacción producida hasta la fecha en nuestro país, con diferentes manifestaciones).
Ahora bien, y desde un punto de vista jurídico las soluciones no son difíciles de poner en marcha. Como tampoco lo sería establecer un régimen nuevo y totalmente coherente tanto con el Derecho vigente y con las normas en materia de servicios que nos vienen de la UE como con las exigencias de una sociedad más justa y eficiente. El problema es que requieren de un cambio de chip político, que pasa por entender que el Derecho y la regulación económica no han de proteger a gremios o insiders, sino buscar soluciones eficientes que mejoren la vida de todos y que, además, permitan a cualquier ciudadano, y no sólo a unos pocos privilegiados, ganarse la vida bien con su trabajo y esfuerzo (antes que viviendo de rentas regulatorias). Para ello hay que asumir sí o sí, y cuanto antes, que:
- 1) Hacen falta más prestadores en el sector (como demuestra la evolución del mercado) y no hay motivos para limitar la entrada de nuevos actores al mismo salvo que fundadas razones de congestión y de uso del espacio urbano pueden justificar limitaciones al número de prestadores a fin de garantizar que peatones, ciclistas y transporte público pueden disponer también de suficiente (y privilegiado) espacio en nuestras ciudades.
- 2) Pero si se limitaran licencias por estas razones (lo cual ha de ser excepcional y justificado y normalmente sólo lo estaría en grandes ciudades), y como es obvio, habría que repartirlas de modo coherente con un mercado liberalizado (lo que pasa por atender a la eficiencia económica y dar las mismas oportunidades a todos los posibles interesados).
- 3) Una forma alternativa de limitar la entrada pero velando por la equidad, la justicia y la eficiencia es, si cada vez hay más prestadores, aprovechar para incrementar las exigencias regulatorias sobre la prestación (esencialmente, cuestiones ambientales y de polución, que supondrían de paso internalizar parte de los costes ambientales de la actividad). Esto se puede hacer exigiendo vehículos eléctricos siempre, por ejemplo, y tiene la ventaja de que emplea parte de las ganancias de eficiencia no en bajar precios e incrementar la rentabilidad del prestador, sino en reducir las externalidades negativas de la actividad. Al decrecer la rentabilidad, además la oferta no sería tanta, alejando el riesgo de congestión. Y al repercutir la medida inevitablemente en el precio, tampoco drenaría competitividad al transporte público urbano, que por razones de sostenibilidad ambiental, reparto del espacio urbano y equidad social es esencial que se mantenga competitivo y prestando un cada vez mayor y mejor servicio.
Como puede comprobarse, no sería difícil desde un plano jurídico poner en marcha estas medidas. Quizás la mayor complejidad vendría de cómo garantizar un régimen de transición a quienes ahora son licenciatarios y adquirieron licencias a un enorme coste supuestamente amparados por un marco jurídico-público que les hacía tener expectativas de rentabilización. Para ellos se podrían diseñar normas de transición en que, por ejemplo, estos prestadores se vieran por unos años exentos de las más nuevas y exigentes normas de tipo ambiental o de accesibilidad que encarecerían el precio de la prestación del servicio para sus competidores, dándoles así una ventaja competitiva. También pueden establecerse medidas fiscales o de tipo semejante. En todo caso, y sin ser un tema menor, esta cuestión no deja de ser un problema coyuntural y que se puede resolver si se tienen claro hacia dónde se quiere ir. Lo cual, y de nuevo, depende de que un año de estos, por fin, logrero una orientación política decidida en la buena dirección por parte de los poderes públicos. Para ello, estaría bien que alguna comunidad autónoma o ayuntamiento tomaran la iniciativa y, entendiendo los condicionantes sociales y económicos en juego, se arriesgaran a promover un cambio regulatorio completo y coherente en la línea señalada. Sin duda, y vencidas las resistencias iniciales, se convertirían en ejemplo para el resto en cuanto se comprobaran los enormes y benéficos efectos de una política pública bien diseñada en este sector.
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Para quien desee más información sobre estos temas y trabajos jurídicos detallados y exhaustivos sobre el particular, recomiendo una visita a la web del Regulation Research Group de la Universitat de València, donde hay muchos enlaces a artículos, libros y trabajos sobre estas y otras cuestiones relacionadas que hemos venido realizando estos últimos años:
Sobre cuestiones de movilidad colaborativa, en concreto, y además de los trabajos de Gabriel Doménech reverenciados en la web, es muy recomendable el libro colectivo que publicamos el año pasado:
Y, por último, y como ya he indicado al principio, las reflexiones de este post parten de un trabajo mío más amplio sobre el particular, que se puede encontrar en ese libro y que en una versión accesible en abierto tenéis aquí:
https://www.uv.es/regulation/papers/BoixPalop2017b.pdf
En Sentencia de 18 de julio de 2012 (que puede consultarse íntegramente aquí) de la que ha sido ponente Vicente Conde Martín de Hijas, recientemente publicada y notificada a las partes, el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso que una empresa que se quedó fuera del reparto de licencias de TDT local que realizó en 2006 la Generalitat Valenciana planteó contra ese proceso de adjudicación. En su resolución, el Tribunal da la razón, finalmente, a los recurrentes y anula la mayor parte de las licencias de televisión local de la Comunidad Valenciana como consecuencia de un defecto de forma (pero particularmente grave) en la valoración de las ofertas, al haberse delegado la misma en una empresa de asesoría externa a la Administración.
La decisión es extraordinariamente importante y da pie a comentar muchas cuestiones. No es, sin embargo, demasiado sorprendente. No tanto porque el Tribunal Supremo (o, en general, nuestra jurisdicción contencioso-administrativa) esté controlando con rigor los excesos de nuestras Administraciones Públicas a la hora de adjudicar con criterios más que cuestionables y de dudoso amparo legal las licencias de televisión a empresas privadas (pues no está siendo el caso) sino porque este cualificado defecto en la tramitación del procedimiento ya había sido entendido como causa de nulidad del mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un caso sustancialmente idéntico al ahora fallado, doctrina que fue expresamente avalada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de junio de 2012 (ponente Pablo María Lucas Murillo de la Cueva).
En cualquier caso, previsible o no, la ocasión nos obliga a referirnos a una serie de cuestiones: recordar cómo se han estado adjudicando por nuestras Administraciones Públicas estas licencias, analizar los argumentos que han permitido por lo general a los distintos tribunales que han resuelto los numerosos recursos que han generado estos concursos mirar para otro lado y, en última instancia, dar algo de luz sobre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y sus implicaciones presentes y futuras. Vamos a ello:
En nuestra serie sobre la regulación de mercados en nuestro país, de la que ya llevamos algunos capítulos, se hace imprescindible hacer un comentario sobre las «acciones preferentes» que tienen varias decenas de miles de ahorradores españoles merced a la magia regulativa del proceso de conversión de cajas en bancos y a ese extraño contubernio con el que nuestro modelo de autoridades reguladoras gestiona los destinos de nuestros ahorros y las posibilidades que ofrece a los actores del sector, bancos y cajas hasta hace nada, banca pública o privada ahora.
A veces contar cosas que pasan en la vida real ejemplifica mejor que cualquier disquisición teórica cómo funciona en nuestro país eso de la liberalización de mercados, la libre competencia y lo de dejar que sean las empresas privadas las que actúen en ciertos sectores esenciales, mientras la Administración, no teman los ciudadanos, por medio de unos organismos independientes y trufados de técnicos neutrales, especializados y no politizados, velan por que todo vaya bien y no se produzcan desmanes ni nadie se aproveche de ciertas situaciones inherentes de superioridad. ¿Se saben la historia, verdad? ¿Le suena la música?
Pues pasemos a la letra, a la dura realidad. Esto es algo que ha empezado a circular por la Red. La carta y la respuesta demuestran bien a las claras cómo se las gastan las empresas españolas y hasta qué punto la actividad de «regulación» que debieran hacer nuestras autoridades es una tomadura de pelo:
I. Carta de Endesa a un usuario canario:
Estimado señor:
Endesa Distribución va a proceder próximamente a la
sustitución de su contador de electricidad por uno nuevo que
dispone de capacidad de Telegestión, en cumplimiento de la
normativa vigente (RD 1110/2007 de 24 de agosto y Orden
TC/3860/2007 de 28 de diciembre). El nuevo sistema de
Telegestión permitirá entre otras funciones la lectura a
distancia de su consumo.A lo largo del próximo trimestre, un operario autorizado por
Endesa sustituirá el contador que usted tiene actualmente
instalado. Si su contador se encuentra en el cuarto de contadores o
es accesible desde el exterior de su vivienda, no será
necesario que usted esté presente. En caso contrario, el
operario se pondrá en contacto con usted para poder realizar
el cambio de contador.El coste de la sustitución correrá a cargo de Endesa y
usted sólo tendrá que abonar una cantidad en concepto de
Derechos de Enganche, que según se establece en la
legislación actual asciende a 9,04 euros. Por otra parte, el
coste mensual de alquiler del contador a aplicar será de 0,81
euros.Si necesita cualquier aclaración sobre esta sustitución o
desea realizar alguna consulta, puede contactar con nosotros
dirigiéndose al Teléfono de Atención de Endesa
Distribución Eléctrica 902 509 600. Estaremos encantados
de atenderle.Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial
saludo.II . Respuesta del usuario:
Estimados señores de Endesa Distribución:
He recibido su amable carta de fecha indeterminada (porque no la
ponen) en la que me comunican una serie de hechos consumados
basados, naturalmente, en que ustedes como monopolio hacen siempre
lo que les sale de los electrones y a nosotros, como miembros de la
honorable manada de borregos forzosamente consumidores, nos queda
la única opción gozosa de pagar.Les dirijo esta carta porque en el texto que me han enviado, como a
otros muchos miles de consumidores, supongo, existen algunas
cuestiones que me han sumido en un estado de estupor, catatonia y
asombro. O dicho de otra forma, que me han fundido ustedes los
plomos.Porque vamos a ver. Me dicen ustedes amablemente que van a proceder
a cambiarme «mi» contador de electricidad. Una cuestión
bastante curiosa porque resulta que en el desglose de la factura
que les pago a ustedes todos los meses les abono una cantidad en
concepto de alquiler de contador. Y digo yo, ¿cómo es
posible que les haya pagado un alquiler por algo que era
mío? ¿Habrán incurrido ustedes, mi querido
monopolio, en un involuntario y pequeño error por el que me
han estado cobrando indebidamente una modesta pero significativa
cantidad a lo largo de los últimos años?Sigo adelante con la carta y observo que me cuentan ustedes que el
nuevo contador permite la lectura a distancia (es decir, más
gente al paro, me temo, maldita tecnología) lo cual, como
fácilmente comprenderán, a los usuarios nos la
refanfinfla. Dicho de otra manera, que me da igual que lean ustedes
el contador a medio metro o desde las quintas chimbambas, a
condición de que las lecturas sean las reales.Añaden que el coste de la sustitución -en cumplimiento de
la normativa legal- correrá a cargo de Endesa. Y digo yo que
faltaría más que nos cobraran a nosotros por algo que ni
hemos pedido ni maldita la falta que nos hace. O sea, que les
agradezco la información aunque me resulte irrelevante. Lo que
me llena de asombro es que me indiquen que «solo» tendré que
abonar «una cantidad en concepto de derechos de enganche que
según la legislación actual asciende a 9,04 euros». Vamos
a ver, querido monopolio, ¿cómo nos van a cobrar a los
usuarios un reenganche de un desenganche que ni hemos pedido, ni
hemos contratado? Porque digo yo que porque a ustedes les salga del
flujo de electrones cambiar los contadores, como les podría
dar por cambiar esas divertidas torretas eléctricas de
colorines con las que generosamente nos han adornado las autopistas
para mejorar nuestra imagen turística, ¿a mi que me
cuentan? Eso del derecho de enganche, que debe ser un asunto
más complejo que el derecho romano, es un devengo que se
produce cuando un usuario se da de alta en la red por primera vez o
lo vuelve a hacer después de que le hayan cortado la luz por
impago. ¿Pero cómo le pueden cobrar enganche a un
consumidor que no se ha desenganchado, que está al corriente
de sus pagos y que tiene un contrato vigente con ustedes para el
suministro en unas condiciones pactadas?Es que si tenemos en cuenta que tienen ustedes, un suponer, 600.000
usuarios en Canarias, a casi diez euros por barba, se van a
embolsar así como quien no quiere la cosa unos seis millones
de euros, que hay meses que no los gana uno, créanme, aunque
sea expresidente de Gobierno y además de llevarse 80.000 del
ala al año limpios de polvo (aunque no me consta que de paja)
cobren por hacer de lobby para algunas de las grandes empresas
españolas.Lo que ya me descalabra completamente es que añadan -supongo
que intentando convertir la carta en un relato kafkiano- que el
coste mensual del alquiler del contador a aplicar (un lapsus
sintáctico porque en todo caso querrán decir ustedes
·el costo mensual a aplicar del alquiler del
contador…·) será de 0,81 euros. A veeeeerrr. Si el
contador es mío ¿me van a pagar ustedes 0,81 euros
mensuales? ¿O será que realmente el contador es de quien
es -es decir, de ustedes- y amablemente me comunican que me van a
cobrar esa módica cantidad mensual?. Y si es de ustedes,
¿por qué principian hablando de «mi» contador?Queridos amigos del monopolio. No se líen. El contador es de
ustedes. Lo era antes y lo es ahora. Por eso me cobraban antes el
alquiler y me lo van a cobrar ahora. Y lo cambian ustedes por
imperativo legal, con lo que esa pretensión de cobrarles diez
euros a los usuarios me parece sencillamente que es sacar las patas
del tiesto y echarle un poco de morro al asunto. Sobre todo porque
lo que realmente se callan en su amable carta -en las cartas, como
en la vida, es más importante lo que se calla que lo que se
cuenta- es que el nuevo contador tecnológicamente avanzado que
nos están cascando por decisión unilateral les va a
permitir a sus señorías detectar a aquellos usuarios
-viviendas, oficinas, bares, restaurantes y otros- que están
consumiendo ligeramente por encima de la potencia contratada. O
dicho de otra manera, que aquellos consumidores que tienen con
ustedes un contrato de potencia de 5 kw y resulta que de media
están consumiendo un poco por encima -que como bien saben son
un porrón- van a tener que pagarles esa energía extra con
un sustancioso recargo y, de propina, estarán obligados a
realizar un nuevo contrato de mayor potencia. Es decir, que con
esos nuevos contadores van a detectar ustedes los pequeños
sobreconsumos que ahora se les escapan, van a cobrarlos con
banderillas y van a hacer el negocio redondo aumentando el rango de
potencia de los contratos. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Los
usuarios no lo sabían.Resulta descorazonador que mientras hacen ustedes todo esto, la
gente que se supone que representa los intereses de los ciudadanos
sigan discutiendo del sexo de los galgos y los podencos. Si esto
fuera un libre mercado, allá penas porque estarían
ejerciendo con toda legitimidad sus derechos como empresa y los
usuarios estarían en condiciones de elegir. Como resulta que
tienen ustedes el monopolio real de la distribución no estamos
hablando de un mercado libre y las reglas del juego deben ser
distintas. Desde luego no deberían pasar porque ustedes hagan
lo que les salga del forro de los cajones de los electrones y a los
usuarios, forzosos, no les quede otra que tragar.Les agradezco su amable y distorsionada información en torno a
sus planes para apretarnos un poco más los bolsillos, les
recomiendo encarecidamente que su grupo de producción compre
energías renovables de los nuevos parques eólicos del
Cabildo de Tenerife (y de paso quesos, vino, yogures, piensos,
vacas… o jugarse incluso unas perritas en los casinos de la casa)
y les aseguro que como se les ocurra cobrarme diez euros por un
reenganche que no he pedido, pienso acudir a la Organización
de Consumidores y Usuarios para que no me hagan ni puñetero
caso, perder el tiempo, frustrarme y pensar una vez más que
estamos indefensos ante los monopolios, los mercados intervenidos y
los ineptos que se suponen que tienen que defendernos.Reciban un cordial saludo.
PD. El número de información al que me indican en la
carta que debo llamar (el 902 509 600 de Atención al Cliente
de Endesa Distribución Eléctrica) es un call center -como
dicen los modernos- que está en Madrid (me gustaría que
creen puestos de trabajo donde yo pago, no sé si me
entienden). Te atiende primero un sistema robotizado y luego una
amable persona que solo acierta a repetir el manual de la
compañía que viene a ser: «Le entendemos, pero le vamos a
cobrar. Esto es lo que hay». Ah. Y el número es de
tarificación especial, de pago, con lo cual además de
esperar, preguntar y no tener respuesta, también terminamos
pagando. Por cierto, por mucho que me he leído las
disposiciones legales que citan en su carta -y otras- sobre el
cambio en los equipos de medidas básicos, por ninguna parte he
visto otra interpretación que la de que son ustedes los que
deben instalarlos y pagar el coste de la instalación.
Creo que no hace falta añadir mucho más porque se entiende todo perfectamente. O bueno, sí. Que han tenido que ser respuestas como ésta, de los ciudadanos, las que han hecho reaccionar a Industria para que recuerde a las empresas del sector algo evidente: que la sustitución del contador ha de ser a cargo de la empresa.
La verdad es que yo consumo poco material audiovisual (nada de música, poco cine, alguna serie… y huelga decir que casi nada de lo consumido es español) y que además tengo tendencia a pagarlo, porque es mucho más cómodo (al menos para mí, que soy poco amigo de meterme en líos informáticos). Pero incluso una persona como yo no puede dejar de alucinar ante lo voluntariamente complicado que es conseguir ciertas cosas, rápidamente, de modo sencillo y a un precio decente, en España. La de cosas que hay en la iTunesStore americana que me gustaría tener, por ejemplo, y que en cambio desde la española no se pueden conseguir (y eso por no hablar de las versiones originales, que la industria ha decidido que no vende on-line, al parecer, al menos en España). Así que no puede parecerme más sensato el siguiente manifiesto:
THE CRITERIA
1. Pricing:
In general I want the pricing model to be simple and transparent. I don’t mind a slight difference in pricing between movies with regard to the age of the movie.
Rentals should not exceed 1/3 of the cinema price.
Purchases should not exceed the cinema price.
Monthly flat rate prices should not exceed 3 visits to the cinema.
Pricing of TV shows is about 1/3 of movies.
Payments are for the content, not bandwidth.
2.Languages:I can obtain the audio in every language produced for the content.
After purchasing a movie, all the languages are available.
Fans are legally allowed to create and share subtitles for any content.
3. Convenience:
The content I paid for is instantly available.
Content is delivered without ads, or disrupting infringement warnings.
I can find movies or TV shows by year, director, language, country, genre, IMDB ID, etc.
4. Choice And Release Dates:
The release date is global. There are no limits regarding the country you live in.
I can download nearly every movie ever made.
5. Rights:
I can watch the movie on any device, without any differences in how the movie is presented.
Movies are not bound to the service provider, and must be DRM-free in the case of purchases.
I can easily understand my rights regarding movies that I rent, buy, or stream at a flat rate.
Yo ya he firmado, aunque esto es una cosa americana y a nosotros no nos afecta. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor, con suerte, al cabo de 10 ó 15 años de que la industria americana se haya dado cuenta de lo que hay que hacer, pues esta cosa nuestra, tan española, de nuestro artisteo y la Ley Sinde acaba dándose cuenta de que hay que hacer las cosas de otra manera.
Lo que se empezó a hacer, por medio de un Decreto-ley, en mitad del Mundial de Fútbol del pasado verano, se ha completado en este inicio de 2011, según ha anunciado la Minstra de Economía Elena Salgado esta tarde en rueda de prensa. Ignoramos cómo se plasmará la reforma, pero no es arriegado que de nuevo tendrmeos un Decreto-ley, que es la nueva forma «ordinaria» de legislar». Esperaremos al viernes, en cualquier caso, a ver qué dice el Consejo de Ministros. Lo importante, de todos modos, no es eso. Lo importante es que ya se ha culminado el derribo de las Cajas de Ahorros su puesta a diposición de la banca privada, aprovechando la sensación de que para afrontar la crisis hay que hacer «lo que sea».
Lo que sea, en este caso, se resume en los siguientes pasos, claramente dirigidos a acabar con las Cajas de Ahorros y que ya estaban perfectamente esbozados en los cambios que se introdujeron el verano pasado, que conducían inexorablemente hacia donde conducían, por mucho que nos dijeran que no, que no tenían la intención de acabar con el modelo de entidades financieras públicas que hemos venido construyendo desde hace siglo y medio:
– obligar a las cajas de ahorros a fusionarse para diluir el control regional sobre las mismas y ponerlas en manos de los dos grandes partidos políticos de ámbito nacional, que tienen muy claro que no quieren poner palos en las ruedas al proceso, a diferencia de lo que ocurre con algunos de sus miembros «de provincias» (primer paso ya conseguido a lo largo de 2010 con amenazas de intervención del Banco de España y con el caramelito del dinero del FROB puesto ahí para facilitar liquidez en momentos como éstos, de contracción del circulante);
– incrementar repentinamente las exigencia de solvencia, con la excusa de la crisis, de la desconfianza de los mercados y de Basilea III (que no es tan exigente, y que además da un plazo de adaptación mayor), yendo más allá de lo que se pide a España desde fuera y completándolo, en una vuelta de tuerca asombrosa, según ha explicado hoy en rueda de prensa la Ministra Salgado, con la retorsión, incluso, de exigir más cobertura a las Cajas que a los Bancos y, en concreto, anunciando que serán si cabe más exigentes con las Cajas que «voluntariamente» no se transformen en bancos (la razones de esta exigencia adicional es que, como no están sometidas al escrutino de los mercados, al no cotizar, hay que ser más cuidadosos con ellas… ¡pero no habíamos quedado en que el Banco de España era el mejor supervisor del mundo!, ¡pero no se suponía que los mercados eran irracionales, como cuando atacan la deuda española!, pues no, ahora va y resulta que a las Cajas les metemos más caña que a sus homólogos privados por estar menos expuestas a sus vaivenes, dicen; en la práctica esto servirá para señalar a las cajas como insolventes y a los bancos como una maravilla);
– tras este inopinado incremento de las exigencias por parte del regulador, que lógicamente provoca una tensión adicional en un momento en que la crisis ha hecho que la gestión de cualquier entidad financiera sea muy complicada y ajustada a los límites y márgenes de maniobra (como les pasa a los gobiernos y los límites de déficit, por ejemplo; o a todos nosotros con el presupuesto familiar en un momento de recortes: el colchón de seguridad es menor), el Gobierno declara tajantemente que quien no cumplan estas normas sobrevenidas es que está en situación de insolvencia y, por ello, habrá de ser intervenido, rescatado:- se anuncian unos meses de plazo para ajustar (pero ese ajuste será muy difícil, por no decir imposible en muchos casos, debido a lo que hemos explicado sobre el colchón) las cuentas a las nuevas normas, pero si no se logra en septiembre el Gobierno, sencillamente, nacionalizará las cajas para «sanearlas»;
– vamos, que aquellas Cajas que no se rindan directamente desde un primer momento aceptando ellas mismas convertirse en corderitos bancarios prestos a ser engullidos (que alguna habrá, dado que ahora están ya más que nunca controladas directamente por los partidos estatales) tendrán muchos problemas para justificar ante la opinión pública su solvencia y enormes dificultades, en este contexto recesivo, para incrementar el mínimo de capital exigido hasta el 8% (y el extra anunciado para las Cajas, que no se sabe cuál será), con lo que vamos a asistir a una mortandad brutal;
– el Gobierno meterá dinero en las Cajas, dinero público, dinero de todos, y a continuación (¿alguien lo duda?) las venderá a la banca española, previsiblemente a precio de saldo, alegando que las Cajas están en una situación pésima y que casi nos están haciendo un favor al quitárnoslas de encima; a esto lo está llamando la peña «nacionalización» (algo curioso, porque las Cajas ya son sector público) cuando es una mera inyección de capital destinada, simplemente, a hacer más digerible el bocado.
Y ya está. De golpe y porrazo, el sector bancario español se habrá zampado, como lleva 3 décadas pretendiendo hacer (eso sí, siempre esparando para lograrlo contar con la ayuda del legislador y del gobierno, dado que no ha habido manera de expulsarlas del mercado a base de ofrecer mejor servicio y de dar más ventajas a sus clientes, ¡a pesar de las constantes críticas a la ineficiente gestión de las Cajas!, -una sorprendente ineficiencia que les permitía, increíblemente, competir de tú a tú con «la banca más solvente del mundo») a las Cajas de Ahorro, que representan la mitad del sector financiero español, y, además, la mitad más próxima y cercana a la sociedad, a los pequeños ahorradores y, por cierto, las únicas entidades gestionadas desde la periferia y desde núcleos de población no centrales.
Traigo aquí parte de las reflexiones de julio pasado, que como el Mundial lo ocupaba todo, seguro que pasaron inadvertidas, pero que son de plena actualidad, en las que trataba de explicar las razones por las que esto, por mucho que nos digan, no es algo bueno:
¿Por qué es grave que algo así ocurra? Pues al margen de la ausencia de debate, de la espectacular silenciación de cualquier oposición por parte de una prensa española que tiene bien claro quién manda, de la manera en que poco a poco, esos mismos dueños del país han acabado logrando convencer a las elites políticas y funcionariales de que cedan también en su resistencia, de la manera en que se aprueba la norma, del momento elegido… al margen de todo eso, porque las razones de fondo para cambiar el modelo de Cajas de Ahorro no se sostienen. Voy a tratar de trazar una serie de puntos, señalados a vuelapluma y enunciados de modo necesariamente breve, por lo que esto es así. Espero se me disculpe la concisión en cada una de las razones:
En primer lugar porque las Cajas de Ahorro, contra la línea de opinión dominante, han jugado un importantísimo papel en este país y han funcionado moderadamente bien, satisfactoriamente. Son rentables, ganan dinero y están gestionadas de modo más que competente. De hecho, ésa es la razón por la que la gran banca desea cargárselas como competencia y comérselas para quedarse con sus clientes (que se han ganado compitiendo en buena lid en el mercado). Si fueran un desastre no necesitarían ayuda pública, vía una norma que se las ofrece en bandeja, para liquidarlas por medio de su mejor acción en el mercado.
En segundo lugar, porque la tan criticada influencia política en las mismas, que es innegable, no ha generado, si miramos el mapa global del sector, una peor gestión que la que se ha realizado siguiendo criterios puramente “empresariales”. De hecho, si miramos a la historia de los últimos 40 años, y también a la actual crisis, los pufos más espectaculares los han protagonizado, en general, en España, bancos más que Cajas de Ahorro. Otra cosa es que las medidas del Banco de España tengan todo este asunto en el armario y que, de momento, la “entidad supervisora” esté escondiendo las vergüenzas del secrtor (y las suyas propias) tras una sucesión de normas impresentables que permiten no actualizar balances. Eso sí, toda esa “comprensión” con el sector privado se torna exigencia radical cuando miramos a las Cajas, a las que han obligado a fusionar para centralizar en Madrid todo el poder económico posible (el caso de la fusión entre Bancaja y Cajamadrid es probablemente uno de los ejemplos más escandalosos de cómo funcionan las cosas en este país) y están ahora conduciendo con descaro al matadero para que BBVA y Santander se las vayan quedando en un futuro no muy lejano.
En tercer lugar, porque, como es obvio, si las Cajas dedican sus beneficios a pagar dividendos habrá mucha menos obra social. Y la obra social de las Cajas ha sido muy importante en este país. Unas instituciones que revertían en la sociedad de donde extraían sus beneficios gran parte de éstos pasarán a funcionar con una lógica estrictamente capitalista. Se supone, sí, que por esos dividendos que reciban los inversores los ciudadanos obtendremos una parte, vía impuestos. Dado cómo está el asunto de las SICAV y, en general, la imposición a las rentas de capital, la cosa es para ponerse a llorar. En todo caso, y dado que la obra social de las Cajas, además de para cosas interesantes, sirve para pagar favores, uno tiene la esperanza de que, al menos, esto conlleve ciertas estrecheces al sector de artistas y Familia Real especializados en vivir de estos dineros. Pero no caerá esa breva. La obra social que primero desaparecerá será la otra.
En cuarto lugar, porque las Cajas han nacido y crecido con el esfuerzo de clientes, impositores, gestores y, en general, sociedad civil. Que ahora se permita que se regale por cuatro duros todo este patrimonio público acumulado al sector privado no tiene nombre. O sí. En cualquier caso, a la vista de la ausencia total de preocupación ciudadana porque este robo a plena luz del día se consume, cuando no el apoyo entusiasta a que se las queden los bancos “para que desaparezcan los chupópteros” (a la vista está que, en estos tiempos, al ciudadano no se la hace posible imaginar que haya chupópteros que viven de nuestro dinero en el sector privado), hay que concluir que es la propia sociedad civil la que parece encantada con regalar su patrimonio.
En quinto lugar, porque el sector financiero funciona mejor con Cajas de Ahorro que sin ellas. La experiencia comparada lo demuestra sin dificultades. Países de la situación, talla y músculo financiero de España sin cajas de ahorro hay pocos, porque es un coste que no se puede uno permitir. En nuestro país, su función de “pequeña banca de proximidad”, que recoge el ahorro privado de muchos ciudadanos y luego lo pone en el mercado del crédito ha sido básica debido a las dificultades de nuestra banca para acceder al mercado del crédito interbancario a tipos de interés asequibles. De hecho, parte de la crisis económica y financiera actual se debe a que, debido a las presiones sufridas por las Cajas en los últimos años, éstas han actuado cada vez más como la banca tradicional, abandonando (en parte) ese negocio de proximidad tradicional. En cuanto han venido mal dadas, eso ha drenado el crédito y los riesgos excesivos han impedido que funcionara el lubricamente para la pequeña y mediana inversión que suponía esa tradicional captación de capitales que hacían las Cajas.
Y, en sexto lugar, porque este proceso, además, fomenta la concentración en el sector financiero. Y a la vista está (tenemos, de hecho, experiencias recientes) que las bancas y cajas que tanto en España como en el mundo, en general, mejor se han comportado, han sido las pequeñas y medianas, mientras que las grandes se han apalancado que da gusto y han pasado (y pasan) por dificultades mucho mayores (eso sí, socorridas con dinero público si es preciso por eso de que son “demasiado grandes para caer”). Por no hablar de la diferente afección al sistema que supone que quiebre alguna entidad pequeña que el que lo haga una grande, que debiera llevar a la conclusión de que es más sano un entorno con diversas entidades medianas que otro con un par de mastodontes. Llama la atención hasta qué punto las leyes sagradas del capitalismo (fomentar la competencia entre los diversos actores del mercado, por un lado; y no poner todos los huevos en la misma cesta, por otro) son normas que el consenso de sabios dedicados a esto de la regulación del sector financiero entiende que no han de aplicarse, precisamente, al propio sector.
Pues ya está. Se acabó. Adiós a las Cajas. Ya veremos quién, cómo y a qué precio se las quedan. Y cuánto tardan. Pero la partida ha terminado. Game over. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
P.S.: En el texto anteriormente enlazado y en parte reproducido de julio del año pasado se inició un muy interesante debate sobre el comentario que realicé y la situación de las Cajas. No he cambiado sustancialmente de opinión y, de hecho, creo que la evolución de los acontecimientos demuestra que muchos de, por no decir todos, los recelos expresados en julio tenían mucho sentido. Pero ello no quita para que en los comentarios se pusieran de manifiesto objeciones muy interesantes y se generara un debate que, aprovechando que el tema vuelve a estar de actualidad, les recomiendo que relean porque, de verdad, vale la pena. También, por cierto, porque hubo quien aportó información muy interesante con evidente conocimiento de lo que estaba hablando. Ya digo, les recomiendo que repasen los comentarios.
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