Dos vídeos sobre las bases del Derecho público español

En ocasiones resulta interesante reflexionar sobre cuáles son los elementos constitutivos del Derecho público español que lo singularizan (moderadamente, por supuesto, dado que a fin de cuentas formamos parte de esa tradición) respecto de lo que es la pauta común en el Derecho de Europa occidental. Aprovechando que van circulando por ahí dos vídeos con sendas intervenciones mías respecto de esta cuestión, los dejo aquí enlazados (o, más bien, “incrustados” en esta misma web), en la medida en que forman una cierta unidad, por si a alguien le resulta de interés su visitando conjunto.

El primero de ellos analiza uno de los elementos más singulares de nuestro Derecho público en su vertiente constitucional y democrática: las extraordinarias limitaciones que ha desarrollado para el ejercicio por parte de la ciudadanía de labores de control al poder, de funciones de “contrapoder” respecto de los órganos ejecutivos (y no sólo: también legislativos, judiciales…) establecidos. Estas limitaciones, por supuesto, existen en todos los sistemas, pero la singularidad  del caso español radica en que la Constitución de 1978 configura una “dieta democrática” ciertamente parca tanto en carbohidratos com en interferencias ciudadanas, que se juzgan peligrosas y de las que se desconfía enormemente. Por ello, la Constitución de 1978, siendo muy generosa por ejemplo en derechos y libertades fundamentales respecto del ejemplo comparado, es muy restrictiva en esta otra cuestión y en cambio manifiesta una desmedida confianza en los mecanismos más institucionales y mediados a la hora de ejercer el poder que normalmente, por ahí fuera, está algo más matizada. El vídeo se corresponde con una intervención realizada en un interesantísimo seminario en la UNED organizado por el prof. Ignacio Gutiérrez sobre “La democracia indignada” (en la web de la UNED, además, tenéis todos los vídeos y también hay  en la que podéis encontrar un texto escrito con estas mismas ideas). Aquí tenéis el vídeo:

El segundo vídeo recoge una intervención que se centra ya más directamente en el Derecho administrativo español, es decir, en algo mucho más concreto y ceñido al estudio de mi disciplina. En la exposición trato de identificar algunos rasgos que creo que sí diferencian (de nuevo, y como es obvio, sólo moderadamente, como no puede ser de otra manera) a nuestro Derecho administrativo actual del de los Estados de nuestro entorno. Así, a mi juicio, es indudable que nuestro Derecho administrativo es más “autoritario”, en el sentido de conceder más poderes y prerrogativas a la Administración y correlativamente menos espacios de defensa y garantía frente a los mismos a los ciudadanos, con un poder ejecutivo que dispone de más capacidad de decisión sobre todo ello y  que ha de padecer de menos interferencias judiciales de lo que es la norma al norte de los Pirineos. En la exposición, trato de explicar que creo que algunos de esos rasgos, de esas anomalías (dicho sea no en un sentido necesariamente valorativo, sino simplemente porque se separan de lo que es más común), tienen probablemente mucho que ver con la herencia que, en el momento de constitucionalidad las bases del mismo, ya acarrea el Derecho administrativo moderno español, construido durante el franquismo, gracias a la generación de la RAP liderada por García de Enterría. Esta herencia, notable en muchos aspectos, no dejaba de ser un Derecho construido en las coordenadas inevitables que suponía el franquismo (un modelo de Estado autoritario) y algunas de las divergencias tienen que ver con el hecho de que luego, en época democrática, no hemos sabido superarlo y reacondicionarlo con toda la profundidad que en ocasiones habría sido deseable. La intervención tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid, en un coloquio sobre Historia del Derecho organizado por el área dedicada a la misma en esa Universidad, y en concreto por las profesoras Marta Lorente, María Julia Solla y Laura Beck (más allá de la exposición oral, ciertas ideas sobre esos rasgos autoritarios pueden encontrarse por escrito en este trabajo mío publicado en una obra colectiva europea sobre las tradiciones jurídicas de nuestros respectivos Derechos públicos, así como la reflexión en torno a cómo el gran vector de adaptación a un paradigma más liberal está siendo el Derecho europeo se puede leer en este otro trabajo). Aquí tenéis el vídeo:

 



Transparencia (III): la publicación de los datos sobre financiación autonómica en España y Alemania

Hemos hablado extensamente del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en estos momentos en tramitación en las Cortes y hemos puesto de manifiesto hasta qué punto sería importante contar con un buen y suficiente despliegue de datos públicos sobre cualquier actividad administrativa (y que éstos, además, fueran desplegados de oficio, bien ordenados, fácilmente accesibles y, como es obvio, on-line para que puedan estar a disposición cómoda y efectiva de todos los ciudadanos). Los efectos sobre el debate público, sobre el control de la actividad de los gobernantes, sobre la prevención de la corrupción… de algo así serían enormes. Pensemos hoy en un sencillo ejemplo, que es el de la financiación autonómica en España, y comparemos lo que ocurre con la situación en Alemania, un país con un reparto del poder de tipo federal muy parecido al nuestro (de hecho, en muchas cosas hemos copiado de ellos nuestro modelo) a efectos de poder obtener fácilmente datos de este tipo.

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Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación

Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, dan comienzo las sesiones del Seminari interdepartamental de Dret Públic de la Facultat de Dret de València, donde una serie de profesores nos iremos reuniendo, una vez al mes (el último miércoles de cada mes) para analizar cuestiones de actualidad que afectan al Derecho público español para discutir y aproximarnos a ellas desde una perspectiva jurídica (aquí está el programa de enero a junio de 2013).

Las sesiones comienzan esta tarde con una ponencia de Roberto Viciano Pastor sobre “Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación”, es decir, y hablando en plata, sobre el lío catalán y tratando de dar respuesta, en Derecho, a la pregunta del momento: ¿tienen los catalanes derecho a decidir si quieren ser independientes y a marcharse, en su caso, de España si así lo deciden? Como a un servidor le toca posteriormente, y con la intención de abrir el debate posterior, hacer de discussant, aquí va el esbozo de unas ideas iniciales sobre la cuestión a partir del texto de Viciano, que creo sinceramente que está muy bien y define muy bien el campo.

En la ponencia se repasa, sobre todo, la existencia o no de un derecho a la autodeterminación en la Constitución española. A la luz de los pactos internacionales suscritos por España, y sobre todo debido a la extensión del Pacto de Derechos Políticos (suscrito por España), Viciano concluye que hay que hacer una interpretación amplia y flexible de la Constitución española y aceptar que, por mucho que reconozca como sujeto soberano en exclusiva a la Nación española, la introducción del contenido del pacto internacional no puede sino actualizar otros principios constitucionales (así como la mención del Preámbulo referida a la defensa de las nacionalidades y regiones del país). Esta interpretación de la norma internacional no sólo es correcta, sino a la vista de las últimas resoluciones internacionales (Kosovo), parece bastante consolidada (como recuerda en este artículo breve pero claro publicado en El Cronista el prof. Carrillo Salcedo, recientemente fallecido, por mucho que a él no le hiciera demasiada gracia esta evolución). Cuestión diferente es hasta dónde pueda llegar ese derecho, las dificultades para definir al sujeto que lo ha de ejercer (aunque en este punto también he de estar al 100% con lo que sostiene Viciano en su ponencia, al delegar esta determinación en las dinámicas políticas, de modo que es pueblo sujeto de ese derecho para decidir el que existe y, como tal, lo reclama) y, sobre todo, que sea efectivamente posible realizar una revisión de la Constitución española, que claramente pretendió en 1978 no reconocerlo, para que pueda acogerlo. En este punto soy sinceramente más escéptico que la ponencia, aunque no tanto porque crea que la Constitución española se imponga a un principio consolidado en Derecho internacional público, que no lo creo, sino simplemente porque la veo mucho más rígida en este punto de lo que el Prof. Viciano piensa. Muy a mi pesar.

En todo caso, la discusión es materialmente poco relevante. Porque sí coincido plenamente con la ponencia en que, pueda aceptarse en su seno el derecho de autodeterminación o no, lo que nuestra Constitución sí excluye en todo caso es que un hipotético ejercicio de ese derecho pueda conducir a la independencia. Esta salida, sencillamente, no cabe en un texto, el de 1978, anclado en la idea de unidad de la nación española y en la imposibilidad de su ruptura. De modo que, ante una eventual hipótesis de autodeterminación que condujera a ese anhelo por parte de una parte de España (o ante una dinámica política evidente y clara en este sentido, aunque sea extrajurídica por no entender posible la autodeterminación en España), las alternativas no son muchas si se pretende dar solución al “problema”: o reforma constitucional o quiebra de la legitimidad constitucional con un proceso que, a partir de un determinado momento, debería soslayarla para poder seguir. En este punto, recuerda Roberto Viciano, acudiendo por ejemplo a este texto de Rubio Llorente, algo que por muy evidente que sea no deja de ser olvidado en nuestro país con frecuencia: que lo sensato y razonable es ordenar y pactar el proceso, antes que bloquear jurídicamente todas las salidas.

En este punto no se puede sino recordar la civilizada manera en que países como el Reino Unido o Canadá están afrontando sus procesos, con un Derecho público flexible y que actúa actualizando principios básicos (como el democrático) que no pueden desconocerse en pleno siglo XXI así como así. En este punto, una clarificación de las reglas del juego (no en vano en Canadá se ha llamado “Ley de Claridad” al texto que sido aprobado por su Parlamento para definir los principios sentados por su Tribunal Constitucional en materia de derecho a la secesión por cauces democráticos y pactados) es muy deseable. Lo cual incide sobre algunos otros elementos del proceso español que, desde un punto de vista jurídico, se ven muy perjudicados por la ausencia de voluntad de flexibilizar y actualizar nuestro Derecho público. Frente a una total cerrazón por parte del Estado español a contemplar siquiera la opción de un referéndum, los gobernantes catalanes avanzan preguntas para el mismo (¿quiere una Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea?) que manifiestamente serían imposibles en el marco de una norma equivalente a la canadiense y que, por ello, Viciano critica con razón. Y no tanto porque la Cataluña independiente del futuro pueda o no ser parte de la Unión Europea (que parece que debería pedir su ingreso, como ejemplos históricos pasados como el de la independencia de Argelia demuestran, aunque es cierto que hay confusión al respecto, algo que motiva aceradas críticas políticas de eximios internacionalistas dedicados a la construcción europea como Weiler que consideran que estas dinámicas debieran ser cortadas de cuajo), sino porque, sencillamente, la pregunta no es clara, no incide sobre lo esencial. Despista.

Y en esa misma línea, todo lo que debiera ser claridad, como las mayorías exigidas (algo que para ser justos los canadienses tampoco han concretado en exceso por mucho que hablan de “claridad”) o el modo de llevar la negociación para la hipotética separación queda en penumbras. En un equilibrio muy inestable donde nuestro Derecho público sólo ofrece optar entre statu quo o ruptura, con todos los traumas que tanto una como otra opción, si la composición política y ciudadana del país no se acomoda a la primera de ellas, pueden generar.

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EXTRAS:

[Vídeo de la intervención de Roberto Viciano]

[Vídeo de mi intervención como discussant]



Corridas de toros constitucionales en Francia… ¡y también en España!

El Conseil Constitutionnel francés, equivalente a nuestro Tribunal Constitucional (con diferencias notables, pues enjuicia leyes con carácter previo, suele darse prisa en hacerlo, etc.) acaba de anunciar que organizar corridas de toros en Francia es perfectamente constitucional con las restricciones legales existentes en la actualidad, que limitan los festejos a las localidades donde hay evidencias históricas de arraigo de los mismos. La decisión del Conseil Constitutionnel puede consultarse aquí en su integridad (incluyendo enlaces al archivo documental que permite seguir todo el proceso, con vídeo de la vista y todo, abundando en algunas diferencias con nuestra justicia constitucional) y es, como suele ser el caso (a diferencia, también, de lo que ocurre en la tradición española), muy sucinta. Va directamente al grano. Y se agradece (sobre todo, claro, en tanto que jurista interesado por esto desde fuera del país).

En este caso, la cuestión es analizar las alegaciones de dos asociaciones, de una parte el “Comité radicalement anti-corrida Europe” y de otra la asociación “Droits des animaux”, que alegaban que la prohibición del maltrato animal existente en Derecho francés y vehiculada en concreto a través del Código penal francés, cuyo artículo 521.1 castiga el maltrato de cualquier animal doméstico, domesticado o en cautividad (“animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité“), debía significar el entendimiento de que también las corridas de toros tenían que entenderse subsumidas en el mismo y, por tanto, prohibidas, en contra de lo que el séptimo párrafo de ese mismo artículo prevé, ya que las excluye de formar parte del tipo penal, expresamente ,allí donde haya tradición al respecto (“une tradition locale ininterrompue peut être invoquée“). Para ello invocan el principio de igualdad ante la ley. No sería constitucional, dicen las asociaciones, establecer esta diferenciación en el trato para las corridas de toros pues no hay diferencia de fondo material que la justifique. Como tampoco, por cierto, para las peleas de gallos que, en idénticas condiciones, están también excluidas. La discusión se centra, pues, en analizar si el legislador está en condiciones, a la hora de delimitar acciones punibles como las mencionadas,  de ir discriminando distintos supuestos de esta manera, introduciendo excepciones que priman valores como “la tradición” o “el arraigo” en detrimento de una protección uniforme e igualitaria del bien jurídico protegido por el Código penal.

Así pues, el Constitucional francés, esencialmente, analizará hasta qué punto  el legislador está constitucionalmente vinculado a reglar con carácter general e igual situaciones próximas o muy próximas. Y la respuesta, remitiéndose a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (que, como es sabido, está integrada en el contenido de la Constitución francesa de 1958) no puede ser más clara… y más clásica:

4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse»; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit; que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789 l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire

Es decir, el legislador ha de hacer leyes que sean iguales para todos y para los casos que son iguales. Pero puede diferenciar el trato para casos cuando no son estrictamente iguales y haya razones de interés general que lo puedan justificar. Sentada la base teórica, la aplicación al caso concreto realizada por el legislador es fácil:

5. Considérant que le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité; que la première phrase du septième alinéa de cet article exclut l’application de ces dispositions aux courses de taureaux; que cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée; qu’en procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521 1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti; que l’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ; que, par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit; qu’en outre, s’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire…

El Constitucional francés acabará considerando constitucional la regulación francesa que hace que, con esas limitaciones (arraigo, límites territoriales), las corridas de toros no queden prohibidas por aplicación del Código penal y del precepto que castiga el maltrato animal. La regulación es matizada, suficientemente precisa para eliminar riesgos de arbitrariedad y tiene en cuenta elementos diferenciadores suficientes y reales que permiten, para amparar otros bienes, entenderla justificada, en opinión del Conseil Constitutionnel.

Jurídicamente la sentencia es interesante. Aunque más por la normalidad con la que aplica principios generales del Derecho y, además, demuestra respeto y deferencia por la labor realizada por el legislador en el ejercicio de sus funciones que porque sea una gran novedad. O porque tenga algo que ver o que aportar a la discusión española sobre el particular. Frente a las alharacas y excesos que puedan esperarse al “traducir” esta decisión al debate español sobre la prohibición de las corridas conviene recordar algo muy obvio: Francia acaba de reconocer la constitucionalidad de permitir corridas de toros, ¡algo que en España ya es así y siempre ha sido así! Porque, como es sabido, que el legislador ampare su celebración es, también, perfectamente constitucional en España. O sea, que nada demasiado importante aporta esto al debate español, por mucho que seguro que algunos se empeñen en hacernos ver lo contrario.

La discusión en España es enteramente diferente, aunque desde fuera no lo pueda parecer. Lo que aquí discutimos no es si es constitucional que el legislador permite que haya festejos taurinos de todo tipo y condición, incluyendo algunos particularmente salvajes, algo que, como digo, está dispuesto en sentido semejante al francés sin duda alguna por parte, caso, de nadie. No. Aquí de lo que se trata es de saber si es constitucional algo bien distinto: prohibir las corridas de toros. Y a este respecto las mismas razones que da el Constitucional francés en su decisión, precisamente las mismas, son algunas de las que permiten concluir que, si el legislador lo entiende así, no pasa nada por prohibirlas y tal decisión perfectamente constitucional. Eso es, de hecho, lo que ha pasado en Cataluña. Y la legislación catalana pasaría, al igual que la francesa, perfectamente la prueba de contraste constitucional que ha hecho el Conseil Constitutionnel francés, pues la deferencias al legislador y la capacidad de éste para diferenciar por motivos de arraigo son argumentos que van que ni pintados para justificar una norma como la catalana, que prohibía las corridas pero autorizaba otros festejos taurinos en razón de su mayor tradición. Las razones por las que la ley catalana de prohibición de las corridas de toros pueda no ser constitucional son esencialmente de otro tipo, y tienen que ver con el debate en torno a si la protección de los animales puede justificar restricciones a derechos fundamentales como la libertad de creación artística o, sobre todo, la libertad de empresa. Es una discusión jurídicamente muy interesante (aquí, por ejemplo, hay artículos realmente buenos desde todos los puntos de vista sobre el tema) que en este blog ya tuvimos ocasión de analizar y que, como expusimos en su día, no nos genera ninguna duda: prohibir las corridas de toros también es constitucional.



Reformas electorales post-indignados

Es curioso cómo la clase política asume e integra casi cualquier movimiento social o planteamiento reivindicativo que asome en los medios de comunicación, lo deglute y lo acaba logrando incorporar a un estado de cosas muy estable, legado de la transición, que hace que aquí casi todo pueda cambiar sin que, en el fondo, nada haya variado. Pero cuando se habla del sistema electoral es muy complicado tocar nada en serio sin que haya profundos equilibrios que se vean alterados. Por este motivo, y a salvo de que se trate de introducir meros retoques cosméticos, hay un punto de las reivindicaciones de los llamados “indignados” que es muy complejo que nuestra clase política asuma: cualquier cambio de una mínima profundidad respecto de cómo se traducen votos en poder real. Sería, más o menos, como que el Real Madrid y el Barça se avinieran de buenas a primeras a cambiar el modelo de reparto de derechos televisivos de nuestra Liga de Fútbol. Tanto en un caso como en otro, sólo veremos cambios de verdad si se produce una situación de crisis tal del modelo actual que no haya más remedio que cortar por  lo sano. Que sea tan evidente que el tinglado se desmorona que incluso el que ha disfrutado de una arquitectura que le ha situado, y apuntalado, bien alto sea consciente de que ya ni a él le conviene estar ahí arriba si todo se está viniendo abajo (o puede acabar así).

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Puestos a cerrar teles autonómicas, ¿por qué no cerrar TVE?

Una de las consecuencias más evidentes de la crisis económica que nos azota es que las autonomías están en el punto de mira como sospechosas por definición de ser causa de derroche e ineficiencia. En el fondo, es un viejo prejuicio, que resulta sencillo de entender si atendemos a los orígenes de las autonomías y a nuestro modelo de reparto de poder. En los Estados Unidos, donde el federalismo se ha construido desde otras coordenadas, el que suele ser sospechoso de tener cierta tendencia al derroche es el Estado federal. Y probablemente, tanto allí como aquí, este prejuicio en favor de unas Administraciones y en contra, sistemáticamente, de otras, tiene más que ver con la manera social y psicológica con la que se construye el debate público que con la realidad.

Lo cierto es que en nuestro país los datos no avalan el prejuicio de que las Administraciones derrochadoras por excelencia sean las Comunidades Autónomas. Globalmente, y excuida la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas tienen a su disposición más o menos el mismo presupuesto en España que el Estado. Teniendo en cuenta que los dos grandes vectores de gasto y presión asistencial existentes, que son sanidad y educación (podría haber un tercero, asistencia social y dependencia, pero de momento no ha sido desarrollado en demasía, en parte porque el Gobierno central ha pretendido que la mayor parte del nuevo gasto que generaría su puesta en marcha lo asumieran también las propias CC.AA., ya bastante exprimidas), corren a cargo de las Comunidades Autónomas, es sencillo entender las razones por las que el Gobierno central, como hemos de reconocer si somos sinceros, suele ir siempre bastante más desahogado que las autonomías. Y se puede permitir, a la hora de la verdad, más gasto suntuorio, más derroche electoral, más cositas como enterrar 10 millones de euros en diccionarios históricos hechos con el único objetivo de repartir dinero entre amigotes, así como ser el único responsable de hacer grandes infraestructuras (lo que permite controlar con puño de hierro ciertos resortes importantes, pues a una comunidad poblada y rica como por ejemplo la Comunidad Valenciana plantearse hacer y pagar 50 kilómetros de vía férrea de prestaciones modernas le cuesta hipotecar cualquier otra obra pública en 10 años)… así como, también, recortar gasto con más facilidad cuando vienen mal dadas. Las Comunidades Autónomas, en cambio, como no se pongan a recortar en Sanidad o Educación (ya vemos qué está pasando desde hace meses en Cataluñam en anticipio de por dónde irán los recortes en breve en todas partes) mal tienen esto de meter la tijera y que la cosa tenga efectos económicos apreciables.

Frente a esta situación, en los últimos tiempos se empieza a escuchar un unánime coro que lo tiene claro. Si no hay dinero, pues que se cierren las televisiones autonómicas, caray, que cuestan una pasta y, a la hora de la verdad, no sirven de nada. Son gasto superfluo, nos dicen, que lo único que pretende es servir a objetivos electorales de los dirigentes regionales cuando no, directamente, a construir y alentar sentimientos antiespañoles sin cumplir con ningún objetivo público a cambio del dinero enterrado en ellas. Para dar servicio público, además, ya está TVE, ¿verdad? Que hace lo mismo o más que las autonómicas y mucho mejor. Pues eso, que se cierren.

La propuesta, sin embargo, desconoce muchas realidades que no conviene perder de vista. La primera, que TVE es mucho más cara que las cadenas autonómicas. La segunda, que es dudoso que competencialmente, desde un punto de vista estrictamente jurídico, TVE esté más legitimada constitucionalmente que las autonómicas, sino más bien al contrario. Y la tercera y principal, que además el hecho de que la Constituciónvaya en esa línea tiene un sentido, y éste es que, por definición, los objetivos de un servicio público audiovisual de calidad y moderno, en un Estado como el nuestro, se cumplen mucho mejor con televisiones autonómicas que con una gran televisión estatal. Veámoslo por partes.

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#estoesreflexión

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 16) para El País Comunitat Valenciana

Bruce Ackerman, uno de los más importantes iuspublicistas del momento, profesor en Yale y conocido defensor de la causa de la democracia y los derechos humanos (por ejemplo, ha sido uno de los más significados opositores a las prácticas de tortura y restricción de derechos que la Administración Bush puso en su momento en marcha) ha publicado hace poco un libro fantástico sobre la decadencia del modelo de democracia liberal y su evolución hacia una partitocracia controlada por las grandes empresas ribeteada de populismo y tendente a ceder a las tentaciones autoritarias cada vez con mayor facilidad. El libro, con el expresivo título de The Decline and Fall of the American Republic es, sencillamente, imprescindible, porque por mucho que algunas de las cosas que allí se cuentan afecten sólo a los Estados Unidos hay otras muchas, casi todas, que de una manera u otra reflejan problemas de todas las democracias occidentales de nuestros días.

Los americanos no sólo escriben libros jurídicos muy,
muy buenos. Además ponen unas portadas chulísimas.

Ackerman no se limita a diagnosticar problemas. También aporta propuestas de solución. Y una de ellas es muy llamativa. Se trata de una figura, llamada Deliberation Day (sobre la que también ha escrito con James Fishkin otro libro, detallando la propuesta), que es esencial a juicio de Ackerman y otros muchos para mejorar la calidad democrática y lograr que los ciudadanos se impliquen en el debate público de forma más madura y responsable, como única vía para tratar de frenar los riesgos que nuestras democracias padecen como consecuencia de la extensión de discursos simplistas y populistas. Planteado de manera resumida, lo que Ackerman pide es que más o menos una semana antes de las elecciones se establezca un día festivo en los Estados Unidos, que permitiría a los ciudadanos reunirse en espacios públicos para charlar, comentar la situación política, intercambiar ideas, plantear debates… La propuesta, incluso, impone que las autoridades se impliquen en facilitar y organizar estos encuentros, no sólo decretando un día festivo sino cediendo equipamientos, instalaciones, etc. Se supone que con algo así se reforzaría la calidad democrática y aunque los resultados serían difíciles de medir es indudable que la idea es muy buena, que mal no podría hacer y que muy probablemente tendría efectos tanto tangibles como intangibles muy positivos. Tiene sólo un problema: es un proyecto muy complicado de poner en práctica, no tanto porque sea difícil establecer un día festivo, sino porque lograr que los ciudadanos lo empleen de forma masiva en discutir y debatir en lugar de en irse a pescar es cuando menos difícil.

En España, de repente, y espontáneamente, hemos montado una especie de Deliberation Day casero. Y ha funcionado. Las concentraciones que desde hace casi una semana se suceden en ciudades y pueblos son foros donde manifestar la indignación ante la esclerosis de nuestro sistema político, pero también están actuando como entornos para la reflexión y el intercambio de pareceres, para la discusión política. En las redes sociales, en Internet, vía Facebook y a través de Twitter, las ideas fluyen, la información se comparte. Se habla de participación política y de derechos sociales, aparecen muchas preguntas y hay quienes las van resolviendo. Han sido muy distribuidos vídeos y explicaciones sobre cómo funciona nuestro sistema electoral y se han comentado propuestas de reforma… La gente que ha estado en las concentraciones, y se cuentan ya por decenas de miles en toda España los que hemos pasado al menos unas horas por ahí con otros ciudadanos brindando por la democracia, ha disfrutado de un entorno reivindicativo pero festivo, donde el debate y el compromiso cívico han sido la norma.

Sorprendentemente, la Junta Electoral Central ha decidido que algo así es incompatible con la jornada de reflexión que determina nuestra ley electoral. Una jornada respecto de la que la única restricción explícitamente recogida en la ley electoral es la prohibición de que los partidos que se presentan a las elecciones pidan el voto se ha convertido, a partir de una interpretación muy restrictiva y retrógrada de cómo es una sociedad democrática, en un día en el que, al parecer, los derechos de participación política y de expresión de los ciudadanos pasarían a estar severamente limitados. De una norma que parece aspirar, con la visión proteccionista pasada de moda que es propia de nuestra norma electoral (por ejemplo, prohibiendo la publicación de encuestas estos últimos días), a proteger a los ciudadanos de la ofensiva publicitaria de los partidos, que éstos se retiren y dejen espacio a la sociedad civil para que “reflexione” sin interferencias externas e interesadas guiadas por el interés y el dinero, hemos pasado a convertir este día en un espacio hipócritamente virginal en lo político donde se limitan derechos de los ciudadanos y se pretende protegerlos… ¿de sí mismos?, ¿del debate?, ¿de la discusión cívica?

La fiesta en Valencia. ¿Hace falta que nos protejan de esto?
(el enlace a la foto nos lo ha pasado orayo en el anterior post)

No nos hace falta una jornada de reflexión destinada a protegernos, como si fuéramos menores de edad, de nuestra capacidad de reflexionar en grupo. Porque, como dicen los concentrados, #estoesreflexión. Precisamente esta es una de las maneras (obviamente, hay otras muchas) de reflexionar, de participar, de comprometerse cívicamente. De hecho, una tan interesante que hay quien aspira a tratar de generar algo semejante, como comentábamos. Aquí, en cambio, como somos así, consideran las estructuras de poder dominantes que lo que hay que hacer es prohibirlo. ¡Los americanos más listos de sus mejores Universidades suspirando por tener algo como esto y a nosotros nos aparece como caído del cielo y nos lo queremos liquidar! Que a chulos no nos gana nadie es indudable.

Afortunadamente parece que el sentido común se va a imponer y el civismo ciudadano, la falta de incidentes, la manifiesta desproporción de emplear violencia para acabar con estos espacios ciudadanos espontáneos… va a conducir a una reacción pausada por las fuerzas de orden público. Aunque sean ilegales, las concentraciones no parece que vayan a ser disueltas. Lo que demuestra desde muchos vectores que sí, que #estoesreflexión y que hay que protegerla, no liquidarla. ¡Ha logrado incluso que cierta dosis de sentido común se introduzca en nuestra vida política y que nadie con dos dedos de frente esté pidiendo que se disuelvan a palos a quienes están de fiesta democrática!

Al contrario, lo que está pasando es que los ciudadanos han hecho suyas las protestas y las concentraciones. Es de prever que el día de hoy sean muchos miles los que se aproximen a las plazas de nuestras ciudades y pueblos a tratar el debate sobre asuntos públicos como una fiesta. Que es lo mejor que le puede pasar al debate público, la verdad.



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