Política y Derecho en la respuesta al “desafío soberanista catalán”

1 de septiembre de 2017. Son fechas de vuelta al cole, a la rutina y a la normalidad en un país, España, donde nada es normal en estos momentos. Estos días prácticamente todo queda deformado (respuesta civilizada a atentados incluida) al producirse en un contexto totalmente dominado, o contaminado, por el debate generado en torno a lo que suele denominarse “desafío soberanista” planteado por las instituciones catalanas y los partidos que en estos momentos disfrutan de mayoría en las mismas. Un “órdago” que se concreta en la intención de llevar a cabo el próximo 1 de octubre, dentro de apenas un mes, un referéndum en que se preguntará a la ciudadanía si desean que Cataluña se convierta o no en una República independiente. Independiente en todos los sentidos y respecto de todos pero, como es obvio, y en primer término, del Reino de España.

Los antecedentes

A estas alturas, considero sinceramente que tiene poco sentido recordar cómo hemos llegado hasta aquí. De todos modos, y si alguien conserva todavía paciencia suficiente como para repasar una vez más el tema, en este blog ya he explicado con cierto detalle los distintos estadios del proceso. Muy resumidamente, creo que puede decirse sin ser excesivamente subjetivo que el creciente desapego de parte de la población catalana respecto de elementos estructurales del modelo de reparto territorial del poder en España ha ido dando lugar, desde hace ya más de una década, a sucesivos intentos de “encaje”, liderados por las fuerzas políticas catalanas mayoritarias en cada momento (el PSC y sus aliados primero, CiU después, ahora la alianza en torno a Junts pel Sí), de esas pretensiones en el orden constitucional vigente en España. Todos ellos, uno tras otro, han acabado fracasando. En su penúltimo estadio, estos intentos culminaron en la pretensión de consultar a la propia ciudadanía de Cataluña sobre su deseo de seguir siendo parte o no de España, a la vista de la imposibilidad de lograr un encaje pactado con el resto del país que fuera satisfactorio para esos sectores de la población, al modo de las consultas realizadas no hace tanto en países occidentales como Quebec o Escocia. Tampoco ese referéndum pactado, o consulta dentro del marco constitucional, que en su última intentona dio lugar al “proceso participativo” del 9-N, pudo llevarse a cabo de forma jurídicamente regular y acorde al orden constitucional español, como supongo que nadie ignora: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional cualquier actuación en ese sentido, la cosa acabó realizándose al margen de las instituciones y en estos momentos hay varios dirigentes catalanes condenados penalmente por haber ayudado o colaborado con la realización del mismo, al entender el Tribunal Supremo que no haber cesado toda colaboración supuso delito de desobediencia.

Una constante repetida durante todas las etapas de este proceso es que, ante un problema en el fondo evidentemente político, y sin duda con la pretensión de blindar el discurso legitimador en que se han apoyado las sucesivas negativas que han ido cosechando los distintos intentos reseñados, la respuesta dada desde el Reino de España, sus instituciones y los actores políticos que actúan en nombre del mismo ha apelado siempre a razones estrictamente jurídicas. Así, no se trataba siquiera de que hubiera desacuerdos que se pudieran discutir o sobre los que fuera posible llegar a acuerdos y realizar cesiones pero sobre los que se estimaba mejor no transigir, sino que, sencillamente, una realidad ajena a la política y superior a la misma, el Derecho, la Constitución, nuestro orden constitucional, impedía cualquier transacción al respecto. Según se ha construido el relato, todas y cada una de las pretensiones que han ido planteando sucesivamente las instituciones catalanas estaban, sencillamente, más allá del debate y de la discusión política ordinaria. No era posible, por no haber espacio para ello en la Constitución, ni siquiera entrar a discutirlas. Para poder articular este relato y justificar que el terreno de juego para el acuerdo político es tan reducido que no permite ni Estatutos demasiado ambiciosos, ni consultas pactadas, ni pacto fiscal con cupo, ni nada de lo que han venido pidiendo desde hace una década los representantes de los ciudadanos catalanes, como es evidente, es preciso entender la Constitución española de 1978 como un texto extremadamente rígido (mucho más rígido, de hecho, que la manera en que por ejemplo lo entiendo yo y que, a mi juicio desgraciadamente, se ha demostrado francamente minoritaria en España). Esta visión de nuestra Constitución no tanto como un texto que establece reglas básicas que permiten luego cierto margen de maniobra sino un resultado de llegada muy concreto ya predefinido, que en consecuencia no permitiría articular modelos en exceso variados y diferenciados de reparto del poder territorial es una interpretación particularmente singular cuando se aplica al título VIII de la Constitución española. Recordemos que esta parte de la CE78 siempre se había entendido y explicado como  que quedó “abierta” en el debate constituyente, o al menos así lo decían hasta hace nada la mayor parte de los especialistas españoles (e incluso algún jurista persa), que aceptaban con naturalidad que su posterior concreción y determinación sería realizada por los poderes constituidos. Manifiestamente, en estos momentos esta interpretación ya no es la correcta, sino que el TC ha ha ido dejando claro durante estos últimos años que en ese Título hay un mandato claro y estricto que obliga a los poderes constituidos a declinar de forma respetuosa un muy concreto y predefinido modelo que una se encuentra en la propia Constitución. Esta visión rígida se ha impuesto, con generoso apoyo y cobertura doctrinal, incluso a previos acuerdos políticos tendentes a cierta capacidad de actualización y flexibilización, como ocurrió con la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que anuló el Estatut de Catalunya de 2006 que había sido pactado por las fuerzas políticas catalanas en su Parlament y posteriormente acordado con los representantes de la soberanía nacional en las Cortes Generales (y votado después en referéndum por el pueblo catalán). Como es lógico, con tanta más facilidad se ha consolidado esta misma visión para todos aquellos casos en que los partidos políticos de ámbito estatal han estado de acuerdo en que no había que transigir un ápice con las pretensiones de los representantes de las mayorías catalanas: la interpretación rígida ha conducido así a proclamar la imposibilidad constitucional de un referéndum para sólo una comunidad autónoma, la no admisión de preguntar a la ciudadanía sobre la pertenencia a España de un territorio del actual Estado, la inconstitucionalidad de que una Comunidad Autónoma lleve a cabo consultas equivalentes para poder luego instar una reforma constitucional…

De estos sucesivos intentos y de la respuesta jurídica, reiterada, en clave rígida, he dado cuenta en trabajos como este publicado en la revista El Cronista criticando esa orientación, porque a mi juicio no era la mejor para que la Constitución cumpliera adecuadamente la que habría de ser su función en estos casos: cumplir el papel de instrumento que ayude a resolver conflictos políticos y no a agravarlos conduciéndolos a un callejón sin salida legal (al que parece que, por lo demás, nos vamos acercando poco a poco lenta pero irremisiblemente). Sin embargo, y más allá de cuál haya podido ser la opinión que cada uno de nosotros hayamos podido tener sobre la posibilidad de otras lecturas constitucionales, es claro que nuestro Tribunal Constitucional ha avalado reiteradamente la visión de que ninguna de esas actuaciones cabían dentro del orden constitucional español expresado en el texto de 1978. Hay que asumir, pues, que ésa es la realidad jurídica en España a día de hoy. Negarlo es tan incorrecto desde un punto de vista técnico (cuestión distinta es que esa interpretación pueda cambiar en el futuro, que sin duda podría hacerlo, aunque no sea tampoco previsible en exceso) como absurdo políticamente (pues lleva a creer posibles cosas que no lo son y a confundir deseos con realidades). Esto es, sencillamente, lo que hay a día de hoy. Y a partir de aquí hay que analizar la situación.

¿Qué (limitadas) opciones quedaban a los independentistas catalanes?

Dada la situación descrita, y dada esta interpretación muy dominante y totalmente consolidada de la Constitución española en estas materias, a los catalanes partidarios bien de la independencia, bien de un cambio profundo en el reparto del poder territorial, les quedaban sólo tres opciones: (1) renunciar a sus aspiraciones, (2) tratar de vehicularlas por medio de una reforma constitucional que eliminara las rigideces de las que hablábamos antes o (3) intentar lograrlas por la vía de la ruptura con el orden constitucional español. No es complicado ver que ninguna de estas opciones es demasiado buena (y justamente por eso mi crítica a una lectura de la Constitución que sólo deja a uno de los actores malas o muy malas soluciones para dar cauce a lo que deberían ser, en un modelo donde “en libertad se puede discutir de todo”, aspiraciones políticas perfectamente legítimas).

(1) Parece obvio que pretender que una mayoría social y política en un concreto territorio, consolidada durante muchos años y que tiene capacidad de conseguir apoyos tan amplios como los que logró el Estatut de 2006 en Cataluña, simplemente renuncie a sus aspiraciones “porque no caben en la Constitución” es algo no siempre sencillo… y políticamente complejo de gestionar. De hecho, los resultados a la vista están…

(2) Pero tampoco es una opción mucho mejor la de remitir la solución del problema a una reforma constitucional para la que sería necesario que las fuerzas ampliamente mayoritarias en Cataluña que quieren mayor grado de autonomía lograran convencer a las fuerzas políticas del resto del Estado, que representan sensibilidades diametralmente opuestas y que, por una mera cuestión de número (ojo, porque además es para ello ayudada por unas reglas de reforma electoral y electorales que priman, agravando el problema, a esos territorios frente a otros entre los que está Cataluña), hacen prácticamente imposible lograr tal reforma constitucional.

(3) Por último, la alternativa de la la ruptura es también, como cualquier observador mínimamente sosegado puede colegir sin dificultades, tan poco atractiva y problemática que es absolutamente excepcional que veamos en democracias liberales que funcionan bien que haya minorías suficientemente conexionadas que opten por ella. De hecho, estamos asistiendo en estos momentos a muchos de sus inconvenientes, pues nadie puede dudar a estas alturas el grado de emponzoñamiento alcanzado por el debate respecto de la cuestión catalana en la España de nuestros días desde el momento en que las fuerzas políticas catalanas partidarias del “dret a decidir” han optado por tratar de hacer un referéndum al margen de las normas constitucionales españolas. Ahora bien, tampoco para estas fuerzas mayoritarias en Cataluña esta opción debiera ser en principio particularmente atractiva siquiera sea por las evidentes dificultades de llevar a buen puerto el empeño, que a nadie se le escapan, y que basta analizar cuántas rupturas de esta índole han llevado a buen puerto en entornos pacíficos para poder más o menos calibrar. En definitiva, esta tercera posibilidad, la de la ruptura, presenta tantos problemas que, en ausencia de enajenación mental colectiva de toda una sociedad, sólo la convierte en una opción a contemplar más o menos en serio cuando todas las demás aparecen como cegadas o tremendamente poco factibles.

La convocatoria de un referéndum unilateral y la vía de la ruptura elegida por las instituciones catalanas

El anuncio de referéndum unilateral hecho por las fuerzas políticas mayoritarias en Cataluña es, así, una consecuencia directa de la reiterada incapacidad de nuestro sistema político de dar una salida a estas pretensiones políticas por otras vías. Pero también de la de nuestro sistema jurídico y de nuestra Constitución, en la interpretación de la misma que se ha impuesto, de dar espacio para que esas vías pudieran aparecer y consolidarse. Incapacidad que ha quedado plasmada en una sucesión de decisiones del Tribunal Constitucional que han rigidificado enormemente el terreno de juego, trasladando al Derecho la responsabilidad de legitimar una ausencia de voluntad de cesión y negociación que, en el fondo, es política. Esta utilización hipertrofiada del recurso a la “legitimidad constitucional” ha provocado, y sigue provocando, una confusión de los planos jurídicos y políticos en el debate sobre el “desafío soberanista” en forma de referéndum convocado para el próximo 1 de octubre que todavía hoy continúa y que, a mi juicio, es negativa y no ayuda a calibrar adecuadamente ni qué está ocurriendo ni qué posibles soluciones habrían de tratar de arbitrarse.

En primer lugar, hay que dejar claro que no hay duda ninguna, a mi juicio, sobre la abierta ruptura que suponen tanto la anunciada ley de convocatoria del referéndum como la ley de transitoriedad jurídica que la acompaña estos días y que han sido preparadas por la coalición de Junts pel Sí y la CUP que actualmente tiene mayoría absoluta en Cataluña. Ambas son normas en este momento todavía no aprobadas, cuya tramitación ni siquiera se ha iniciado (aunque parece anunciarse la aprobación de la del referéndum para la próxima semana), pero que la actual mayoría política catalana ha presentado con mucho boato y que estarían diseñadas tanto para regular la convocatoria del referéndum como, respectivamente, pautar el proceso de transición a la independencia que se iniciaría si la consulta fuera ganada por los independentistas. Es obvio por todo lo ya explicado que ambas normas, si se aprueban en el sentido anunciado, son abiertamente contrarias al actual marco constitucional español. Jurídicamente, no creo que quepa duda alguna al respecto, por mucho que la confusión interesada de estos años entre legitimidad política y legitimidad jurídica, que se han querido hacer coincidir, lleve a algunos independentistas a considerar que, dado que ven plenamente legitimadas las leyes políticamente, las mismas debieran poder tener acomodo jurídico en nuestro orden constitucional apelando a ciertos principios constitucionales y del orden europeo o internacional que supuestamente les darían cobertura. No se trata, sin embargo, de una posición que cuente con demasiados apoyos a nivel doctrinal (y, de hecho, desde una perspectiva positivista, como la mía, el argumento merece, la verdad, más bien poca empatía) ni, por supuesto, que tenga posibilidad alguna de prosperar ante nuestro Tribunal Constitucional. De modo que parece bastante razonable asumir a nuestros efectos que, sencillamente, la pretensión política de los partidos políticos catalanes es realizar el referéndum al margen del orden constitucional español vigente y, en consecuencia, como acción de ruptura con el mismo.

La reacción estatal frente a la ruptura: ¿normalidad y esperar a impugnar los actos que se vayan produciendo o empleo de medios excepcionales? Y, dentro de los medios excepcionales, ¿qué medios?

Frente a esa situación, como es evidente, el citado orden constitucional español, que se vería gravemente vulnerado si las normas se aprobaran en los términos en que están previstas, habría de reaccionar. El debate sobre cómo debería vehicularse esta respuesta lleva contaminando desde hace tiempo la política española. Y, de nuevo, la tendencia a llevar toda cuestión respecto de este problema a una supuesta respuesta aparentemente técnica y aséptica porque meramente jurídica, que aspiraría a no pasar por una respuesta “política” sino, simplemente, por un “cumplimiento de la ley que nos dimos entre todos”, está contribuyendo a crear nuevos problemas y enturbiar el panorama y el análisis innecesariamente, en lugar de ayudar a aclararlo. Además, está contaminando la toma de decisiones y provocando reacciones que, en mi modesta opinión, pueden acabar contribuyendo a deslegitimar la reacción que finalmente acabe llevando a cabo el Estado. Veamos algunos de estos factores de confusión.

a) Pretender resolver por medio de una respuesta meramente “técnica” y “jurídica” un problema que evidentemente tiene una vertiente política clara obliga a órganos como el Tribunal Constitucional (o los tribunales penales) a una excesiva exposición que no es beneficiosa para estas instituciones. Por mucho que sea cierto que el Tribunal Constitucional está para resolver problemas competenciales, como por ejemplo hizo (mejor o peor) con su STC 31/2010 respecto del Estatut de 2006, los poderes públicos deberían tratar de evitar en la medida de lo posible los conflictos en esta materia altamente política para evitar el riesgo de que una iteración de acciones en una misma dirección convierta al órgano (o parezca convertirlo) en mero brazo ejecutor del gobierno del estado contra la actuación de, en este caso, las instituciones de Cataluña, algo que socava enormemente su posición. Si ya de por sí esta situación es conflictiva, la reciente reforma de la LOTC, tramitada de forma aceleradísima por la pasada mayoría absoluta con la expresa intención de dotar al Tribunal de nuevos instrumentos para hacer frente al “desafío independentista”, confiere al Tribunal instrumentos para velar por la ejecución de sus sentencias que van mucho más allá de lo habitual en un órgano de estas características y que le permitirían hacer un seguimiento de las normas ya anuladas para que no se reproduzcan o incluso suspender a autoridades que pretendan hacerlo. Dotar de estas potestades al TC es convertirlo en un órgano de control político para situaciones extremas, lo que no es exactamente la naturaleza de la institución y presenta muchos riesgos, que han sido ya señalados muy certeramente por constitucionalistas como Fran Caamaño. Aunque el TC podría protegerse empleando con extrema prudencia estas nuevas potestades, da la sensación de que, una vez se le han atribuido, habrá presión para que llegado el momento las emplee (pues ello aligera indudablemente la carga de otros órganos más políticos, como el propio gobierno del Estado o las Cortes generales). Si los magistrados del TC aceptan adoptar un papel protagonista en esta fase empleando esos instrumentos estarán entrando en un terreno aún más político de lo que es ya habitual en el órgano. Y decisiones de esta índole quedarían así investidas de una mayor aparente legitimidad jurídica aportada por el órgano… pero a costa de minar de cara al futuro la posición del mismo. Cuanto más brazo ejecutor político sea el TC frente a estos problemas, más nos costará luego a casi todos en el futuro verlo como un órgano que decide en Derecho y empleando legitimidad eminentemente jurídica (y más costará, como ya está ocurriendo, a determinadas fuerzas políticas percibirlo como un árbitro neutral). Algo que, a mi juicio, no es demasiado deseable.

Reflexiones muy semejantes puede merecer el abuso que ya hemos vivido con el recurso a la jurisdicción penal para contener supuestos “excesos” de representantes políticos cuando han actuado en un plano meramente político y además cumpliendo el programa electoral para el que han sido elegidos (casos Forcadell, Homs, Mas…). Convertir en delictivas acciones como aceptar la tramitación de una iniciativa parlamentaria presentada por diputados democráticamente elegidos en un parlamento es no sólo democráticamente cuestionable sino que puede minar la propia posición de los tribunales que acaban sentenciando a penas de cárcel a quienes simplemente llevan a término las preferencias políticas expresadas de los ciudadanos. No es, en mi modesta opinión, la posición en que deberían estar los tribunales del orden penal en nuestro país.

b)  La necesidad de emplear instrumentos exclusivamente jurídicos de respuesta frente a retos que en realidad son eminentemente políticos obliga en ocasiones a deformar y adecuar ad hoc la norma jurídica en cada caso empleada como pretendida “barrera de contención” para que ésta pueda ser eficaz en la respuesta que se persigue. El Derecho es algo pautado y por definición preestablecido. Para poder responder a ciertas situaciones a partir de sus postulados, las normas obligan a que se cumplan previamente ciertos presupuestos. Lo cual aporta garantías, pero a costa de flexibilidad. Este “problema” es tanto mayor cuando estamos ante el empleo de instrumentos jurídicos coactivos o sancionadores, donde los ordenamientos garantistas extreman, afortunadamente, las precauciones. Por esta razón, si se pretendiera de verdad una respuesta meramente jurídica a los “retos” planteados por el “órdago soberanista catalán”, habría que asumir de forma consecuente que ésta será necesariamente más lenta y se demorará más en el tiempo que si se emplearan otros instrumentos con una legitimidad y un origen político más claros. Es lo que ocurre, por ejemplo, si se pretende llevar a procedimientos penales o de anulación ante el TC el control de las acciones contrarias a Derecho. Por definición, estos mecanismos requieren del respeto a ciertas garantías y a un determinado procedimiento que no es bueno ni saltarse, ni minimizar… ni modificar ad hoc para poder dedicarlos a estos menesteres.

Sin embargo, en España, dada la apuesta del gobierno y de gran parte de la doctrina jurídica por vehicular todas las respuestas al “órdago soberanista” por esta vía, estamos asistiendo a una peligrosa desnaturalización de algunas de estas reglas y garantías. Y es que, para que puedan ser de verdad eficaces en esta pretensión de que se conviertan en arietes aptos para responder ante un desafío político, ha habido que modificar el perfil que hasta la fecha tenían. Lo cual plantea evidentes problemas de legitimidad, pues conduce al establecimiento de dobles raseros que inciden inevitablemente en la confianza que los ciudadanos y operadores jurídicos tenemos en el sistema. Sin ánimo de exhaustividad ni de explicar en cada caso lo ocurrido, que nos obligaría a extendernos mucho más de lo deseable, aquí van algunos ejemplos ya producidos del fenómeno que comentamos, que a mi juicio no sólo ilustran el fenómeno sino que también alertan sobre la gravedad del mismo:
– el Tribunal Supremo y el TSJ de Cataluña se han visto obligados a reelaborar su doctrina en materia de desobediencia, rectificando una consolidada jurisprudencia al respecto, para poder motivar de forma técnica muy cuestionable las sentencias de condena a ciertos altos cargos catalanes que, con el rasero tradicional, nunca habrían podido producirse;
– el Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento de reclamación patrimonial a esos mismos altos cargos por la realización de la consulta del 9-N y los gastos incurridos en la misma que no tiene precedentes en la actividad del mencionado órgano en toda su historia… ni tampoco parece que haya sido un precedente que se haya extendido a otros ámbitos (como por ejemplo la corrupción, que parece un tema, claro, menor si lo comparamos con el tan traído y llevado “órdago catalán”);
– las ya referidas reformas de la LOTC permiten ahora, por vez primera en nuestra historia constitucional desde la desparición del recurso previo de inconstitucionalidad, instar a órganos parlamentarios a que no legislen ni debatan sobre ciertos temas o con determinada orientación, e incluso a anular la tramitación de una norma antes de ser aprobada por entender que incurre en ese vicio, en contra de lo que es la norma general en España, que como es sabido sólo permitía hasta la fecha el recurso de inconstitucionalidad contra una norma una vez ésta era definitivamente aprobada (por muchas y buenas razones, además);
– ya hay apelaciones a una interpretación novedosa y muy centralista de las leyes en materia de seguridad nacional que permitirían un control excepcional por parte del gobierno del estado de los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicas aun contra la voluntad de los órganos ordinariamente competentes para ello en situaciones de riesgo apreciadas… por el propio gobierno del estado y todo ello permitiendo una suerte de “155CE sin las garantías del 155CE” bastante escandaloso pero que, se decía, era del gusto del gobierno del estado hasta que la Generalitat de Catalunya, por si las moscas, relevó a los mandos del cuerpo más predispuestos a obedecer en ese supuesto y que incluso a día de hoy parece ser la preferida porque se confía en que, aun diseñada para situaciones de emergencia de otro tipo, sea mejor asumida por la opinión pública;
– el Consejo de Estado se ha visto obligado a argumentar, muy forzadamente, y el TC a aceptar el recurso planteado a partir de estas razones, que la misma norma procedimental que rige en el parlamento estatal y varios parlamentos autonómicos para la aprobación de leyes en procedimiento de lectura única, y que es empleada con toda normalidad para reformar desde la propia Constitución a la LOTC es, en cambio, inconstitucional si quien pretende aplicar ese procedimiento es el parlament de Catalunya;
– el gobierno central ha dictado normas sobre la ejecución del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) que le permiten controlar que las partidas no sean destinadas a financiar actividades que a juicio del Estado no son legales, como la preparación de un referéndum, en una aberrante interpretación de para qué han de servir los controles presupuestarios y más que probable desviación de poder…

Los ejemplos podrían multiplicarse y, me temo, se van a seguir multiplicando. Es inevitable cuando se pretende responder a una situación políticamente excepcional con las normas jurídicas ordinarias adaptadas, por definición, a la normalidad y no a la excepcionalidad: que las mismas han de acabar deformándose ad hoc para poder responder eficazmente y servir a los fines que se les pretenden dar. El enorme coste de credibilidad y legitimidad que estas consecuencias introducen en el sistema no debería ser, a mi juicio, minusvalorado.

c) Esta tendencia a emplear, y deformar, instrumentos eminentemente jurídicos, y por ello aparentemente técnicos y neutros, es tanto más sorprendente cuanto que en la Constitución española hay herramientas expresamente diseñadas para hacer frente a situaciones políticas como la que vivimos. Más allá de la posibilidad de declarar los estados de emergencia, sitio y excepción, apuntada ya por algunos constitucionalistas como Teresa Freixas pero a mi juicio manifiestamente desproporcionada en la coyuntura actual, es evidente que el tan traído art. 155 CE está expresamente previsto para una situación como la que vivimos en la actualidad. De hecho, es un precepto que ha sido señalado por no pocos juristas, desde un primer momento, como el mecanismo jurídico inevitable a aplicar por parte del Estado caso de que la situación no se recondujera (Jorge de Esteban o Roberto Blanco Valdés, por ejemplo, lo repiten en prensa cada cierto tiempo, y llevan defendiéndolo desde hace tiempo, y son lecturas consecuentes a partir de la que es su visión de la situación). Sorprende, sin embargo, cómo llegado este momento hay un esfuerzo sin duda imaginativo por proceder por vías que logren un efecto equivalente, aunque sea a costa de generar todos los problemas señalados arriba, al que se lograría de modo más directo por la vía del art. 155 CE. A mi juicio estos intentos de evitar recurrir al mismo, caso de que se considere la situación de la suficiente gravedad que no pueda ser resuelta por medio de los mecanismos ordinarios de control de la constitucional, es un error y manifestación, además, de una profunda incoherencia.

Tal y como es entendida mayoritariamente la CE por nuestra doctrina, en interpretación avalada por el TC, resulta evidente que la actuación de las instituciones catalanas pretendiendo convocar un referéndum unilateral o regulando una hipotética secesión no es compatible con el orden constitucional español. Tampoco lo es con la que es en el fondo la primera y ultima ratio que da fundamento a esta tesis, y que es la protección ultranza de una visión muy concreta de la soberanía nacional reconocida en el art. 1.2 CE. Es por ello plenamente coherente a esta visión de nuestra Constitución entender como particularmente grave lo que está ocurriendo en Cataluña, pues cuestiona de raíz la unicidad de la soberanía así considerada. Caso de que, por esta razón, se juzgara que no es conveniente siquiera dejar que el parlamento catalán tramite con normalidad un proyecto o proposición de ley y que no puede esperarse a que ésta sea finalmente aprobada para impugnarla ante el TC por su manifiesta inconstitucionalidad y la extrema gravedad de la quiebra de la soberanía nacional que supone su mero debate, habría que exigir que se empleara y activara para ello el art. 155 CE, que es el procedimiento jurídico excepcional y políticamente predeterminado previsto para estas quiebras excepcionales, antes que la deformación interesada de los instrumentos jurídicos al uso que estamos viendo.

La razón a la que se apela siempre para justificar la prudencia a la hora de recurrir al art. 155 CE es que activarlo implicaría un “coste político” evidente, pues como es sabido su aplicación requiere no sólo de que el gobierno lo solicite sino también de que la mayoría absoluta del Senado aprecie que una Comunidad Autónoma no está cumpliendo con alguna de sus obligaciones.

Artículo 155 de la Constitución española de 1978. 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Como puede verse, el precepto, por ser cláusula de cierre, es muy abierto y sustituye las cautelas procedimentales y las garantías jurídicas por mecanismos de legitimación política. Es algo plenamente lógico cuando de lo que se trata es de dar respuesta a conflictos, en definitiva, políticos. Por ello la decisión para aplicarlo es política pero incluso las consecuencias son muy abiertas y discrecionales (un hipotético control del Tribunal Constitucional sobre la corrección de su aplicación, por ejemplo, sería muy difícil). Por esta razón, y caso de que se actuara por esta vía, la decisión habría de indicar los concretos incumplimientos achacados a los responsables de la Comunidad Autónoma en cuestión  (Cataluña, en este caso) y establecer, según su gravedad, en qué ámbitos, parciales o totales, de las potestades y competencias autonómicas acepta el Senado que el Estado sustituya a las autoridades de la Comunidad Autónoma en cuestión. Todo ello debería hacerse tras un debate en el que participarían diversas fuerzas políticas, que sin duda generaría mucha atención social y mediática, así como discusión ciudadana, y donde todo el mundo debería verse obligado a expresar su posición política, pues político es el problema a la postre, sobre la cuestión y las medidas a adoptar, sin coartadas jurídicas que valgan. ¿Acaso no sería algo así profundamente saludable si en algún momento se decide actuar de manera excepcional frente a lo que pueda ocurrir en Cataluña?

A modo de conclusión, pesimista, sobre los excesos que se avizoran para supuestamente defender la Constitución… que pueden acabar dejándola muy dañada

En definitiva, y para concluir, a mi juicio hay tres posibles salidas jurídicas ante la quiebra y ruptura que se avecina. Bien tratarla como una actuación contraria a Derecho normal y actuar, en consecuencia, con los mecanismos ordinarios de control de constitucionalidad que tenemos (esperar a que se aprueba la norma, impugnarla, suspenderla, anular cualquier acto de aplicación que pretenda realizarse…) y que a mi juicio es la opción más razonable por prudente y porque evita mayores enconos; bien pretender que aquí no se sobreactúa pero tratar de cortar de raíz el referéndum por medio del tipo de medidas arriba expuestas y que en mi opinión suponen deformar instituciones y procedimientos de manera a mi juicio peligrosa (y que ya he explicado que, por esta razón, me parece muy desaconsejable); o bien por último, y caso de que se entienda que la situación es tan grave que requiere una actuación acorde a la amenaza, activar el mecanismo constitucionalmente previsto al efecto, que no es otro que el referido art. 155 CE, sin hacer trampas ni recurrir a trilerismo jurídico alguno que sólo perjudica a la defensa de la Constitución y a nuestras instituciones. Sólo una interesada, y muy peligrosa, confusión entre los ámbitos de la política y del Derecho ha llevado a que sea mayoritaria en España en estos momentos la tesis de que es conveniente acudir a instrumentos jurídicos aparentemente ordinarios pero deformados para responder a lo que, paradójicamente, es tenido como un excepcional y fuera de todo orden, por lo gravísimo y su abierto desprecio a las bases mismas de nuestra Constitución, “desafío soberanista”. Lo correcto sería, sencillamente, o adoptar la normalidad o asumir la excepcionalidad con todas sus consecuencias (políticas y de garantías), lo que pasa por activar el 155 CE. Todo lo que no sea asumir con normalidad esta situación ahonda en interesadas confusiones y puede acabar llevando a quiebras de legitimidad, por deformación de instrumentos ordinarios de gran importancia para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho, de las que podríamos acabar arrepintiéndonos mucho más que de haber pecado de “blandos” frente a los independentistas.



20 comentarios en Política y Derecho en la respuesta al “desafío soberanista catalán” »
  1. 1

    Ay, Andrés, Andrés, Andrés… ¿Ahora va y resulta que apoyas que se aplique el 155 CE? Ya veremos lo que dices cuando lo hagan.

    Comentario escrito por PLTK — 02 de septiembre de 2017 a las 7:56 am

  2. 2

    ¡Esa comprensión lectora…! ;-)

    Andrés, #aproudfriendof155CE

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 02 de septiembre de 2017 a las 9:58 am

  3. 3

    El artículo 155 de la CE, como todo el mundo sabe, es una copia literal del artículo 37 de la constitución alemana. Si un Land o Comunidad Autónoma no cumple con sus obligaciones, entonces el Bundesrat o Senado puede facultar al Bundesregierung o Gobierno a tomar medidas. Parece razonable, teniendo en cuenta que las obligaciones de los Länder o Comunidades Autónomas son claras.

    Ahora bien, ¿copia literal? Pues no, porque algún pillo del 78 introdujo en el artículo español la coletilla “[…] o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España […].”

    ¿A qué viene esa coletilla? ¿Qué coño se entiende por “interés general de España” y quién lo ha de interpretar así? ¿El Gobierno español o el Senado (pero no el Congreso) pueden interpretar el “interés general de España” como les salga de los… y dicha interpretación sería en cualquier caso plenamente constitucional?

    Absolutismo revestido de constitucionalismo: El Estado soy yo y yo digo lo que atenta o no al llamado “interés general de España”. Que para eso mando yo.

    Comentario escrito por Guerau — 02 de septiembre de 2017 a las 4:59 pm

  4. 4

    #3 Estoy bastante de acuerdo en lo que comentas, pero en el fondo esa indeterminación tampoco es tan anómala en un instrumento que, como pretendo explicar, es eminentemente político. De modo que las “garantías” jurídicas de previsión expresa previa y estricta, o procedimentales, son aquí sustituidas por la intervención de los representantes de los ciudadanos y su debate público con luz y taquígrafos, asumiendo las consecuencias a la vista de todos de lo que es su evaluación de las circunstancias y de las medidas que pueadan decidir.

    Muchas gracias por tu comentario y un fuerte abrazo.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 02 de septiembre de 2017 a las 7:19 pm

  5. 5

    #4 Andrés, el art. 155 CE es una injerencia muy peligrosa en el derecho fundamental a la autonomía territorial que reconoce el art. 2 CE. Es decir, el Gobierno, a través del Senado, puede recortar la autonomía territorial de manera arbitraria apelando a un difuso “interés general de España.” El art. 37 de la constitución alemana, en cambio, NO hace referencia a ningún “interés general de Alemania”, simplemente autoriza al Bundesregierung a hacer cumplir a los Länder sus obligaciones.

    Agradezco tus reflexiones, Andrés, y sigo con interés tus posts, bien fundamentados desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, seamos realistas. En estas semanas estamos asistiendo a la cuenta atrás que desencadenará el colapso de la CE del 78.

    Como afirma el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, los hechos de Cataluña conducen directamente a una “implosión” de la CE.
    http://www.publico.es/politica/pasa-catalunya-acabara-pasando-resto.html

    La historia de España así nos lo muestra: En dos siglos ha habido hasta ocho constituciones diferentes en España: 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. Ninguna de las constituciones españolas anteriores a 1978 fue reformada y todas ellas han implosionado. Y la del 78 va indefectiblemente por el mismo camino. En cuarenta años sólo se ha admitido la reforma de un único artículo (el 135) (y además por la vía de urgencia con el fin de evitar un rescate). La CE del 78 está, incluso ya desde su nacimiento en el contexto de una dictadura, claramente condenada a acabar en una implosión, igual como las siete constituciones anteriores.

    Seamos pragmáticos y vayamos pensando ya en la nueva constitución española. No malgastemos más energías en tratar de entender un texto caducado que tiene los días contados. Y si hay que copiar de otras constituciones, ¿por qué no una República Federal de España a imagen de la Bundesrepublik Deutschland?

    Ah, por cierto, preparémonos además para disfrutar del espectáculo que nos promete la lluvia de inhabilitaciones de cargos públicos (sin juicio, ergo sumarísimas) ejecutadas por el TC. Algo que el Consejo de Europa ya ha criticado abiertamente a través de la Comisión de Venecia. Implosión de CE junto con bochorno internacional por parte de una democracia occidental. Spain is different.

    “Varapalo del Consejo de Europa a la reforma del Constitucional de Rajoy.”
    http://www.elperiodico.com/es/politica/20170311/opinion-comision-venecia-reforma-constitucional-suspension-mas-5890524

    Comentario escrito por Guerau — 02 de septiembre de 2017 a las 11:17 pm

  6. 6

    Probablemente la via constitucionalmente más limpia a corto plazo que le queda al Partido Popular sea la del 155 CE. No te falta razón, Andrés. Pero no deja de ser sintomatico el rearme del arsenal jurídico “alternativo” que señalas, justamente, por lo que parece, para orillar el 155 y de paso seguir llevando el asunto por la jaula de hierro de lo jurídico-constitucional; el just business del positivismo jurídico del que somos cautivos. Sin embargo, en el actual contexto, activar el 155 puede señalar un punto de no retorno, que genere la desobediencia institucional – y popular – propias de las situaciones ruptura, independencia, revolución cívica o como se le quiera denominar. En Madrid, hasta la superabogada del Estado al mando parece darse cuenta. En este punto, es innegable que acertó en su momento Pérez Royo al señalar que el 155, más que extintor, puede ser un bidón de gasolina que consolide definitivamente el soberanismo catalán. La partida de ajedrez sigue, y los movimientos me temo que se precipitarán de aquí al 1 de octubre. Tengamos las orejas tiesas.

    Comentario escrito por Amoedo — 03 de septiembre de 2017 a las 10:28 am

  7. 7

    El post es interesante, sin duda, pero pierde de vista un factor. Si como es verdad, y comenta Amoedo arriba, el 155 CE no se puede emplear porque daría lugar a una reacción social peligrosa porque quizás el Estado no la podría controlar, no se puede exigir al Estado que se quede inerme.

    Tampoco se le puede exigir al Estado, como haces tú, que se limite a emplear las vías ordinarias si no quiere activar el 155CE. Se hizo con el 9-N y no funcionó. Los independentistas se chotearon del Estado y del ordenamiento jurídico, es decir, del resto de los españoles. No se puede consentir que esto vuelva a ocurrir, que es lo que pasaría si aceptamos tu tesis, Andrés. Hay que defender el Estado y hay que defender la Constitución. Si para ello hay que alterar ciertas normas y procedimientos, que además hasta ahora se ha hecho siempre con el aval de todos los partidos y con el sello del Tribunal Constitucional de que todo era correcto, no veo problema. Un Estado tiene Derecho a defenderse a sí mismo y a su Constitución.

    Comentario escrito por CS — 03 de septiembre de 2017 a las 4:41 pm

  8. 8

    El intento de Ibarretxe que tantas y tantas páginas llenó fue más serio que lo que plantea JxSí y la CUP. Jugaron al límite, y el estado se quedó “en deuda”…que junto con la necesidad de una mayoría para la investidura se ha traducido en beneficios.

    Uno piensa si la motivación para jugársela tanto es que medio JxSí puede ir a la cárcel por robar y mejor evitarlo con la independencia o si tienen que pisarlo que sea por una causa no bolsillo-crematística.

    El problema es que el 155 no está reglamentado y la ley de seguridad nacional sí y parece más fácil la aplicación (aunque la fundamentación haya que cogerla con pinzas). Es difícil de creer que los mossos se jueguen su puesto de trabajo de 2000€ netos al mes permitiendo que se pongan urnas si se les ordena que se retiren. La pela es la pela.

    Comentario escrito por juan — 03 de septiembre de 2017 a las 4:56 pm

  9. 9

    A problemas políticos, más Consitución con perfume franquista. Vaya tela, así va España y no me estraña que los catalanes se quieran ir.

    Comentario escrito por Juanjo Garcia López — 03 de septiembre de 2017 a las 8:55 pm

  10. 10

    Yo creo que es bastante irreal seguir pensando que esto es un enjuague de dos cúpulas de apandadores en fuga o locos anarcoides pasados de petas. De momento, la Diada 2017 va como un tiro, más de 198.000 apuntados. Gente que, bueno, vale, no llegará a tener el pico de cojonina de los vascos, pero que no se va a arrugar con la primera sentencia por desobediencia que manden en nombre del Rey, o con la orden de entrega de armas de los Mossos en las taquillas de la Guardia Civil en la Delegación de Gobierno. La ANC no es un grupillo de aficionados al mus. Es nuevamente irreal pensar que la amenaza de querellas por desobediencia a los políticos o a los funcionarios catalanes puede conducir a la prevención general, el clima y la partida política se juega en otro nivel. Ni a los mariscales del glorioso ejército soviético se les ocurriría en 1990 mandar los tanques a reprimir las repúblicas soviéticas en fuga. Los mandaron en abril de 89 a Georgia y les salió el tiro por la culata del kalashnikov. Escarmentaron.
    Por lo demás, todo eso de que el Estado tiene el derecho de defenderse queda bien. El problema es que, en el caso de España, la legitimidad constitucional del Estado (republicano) se quebró en el 39, durando esa quiebra 40 anos y endosando a la Constitución de 1978 un importante déficil de legitimidad que, a la postre, no ha hecho más que agravarse en los últimos años, no sólo en el plano territorial. Ese es el problema de fondo. No un problema de legalidad constitucional, sino de agotamiento de la función integradora que debe tener una constitución para seguir siendo aceptada por una parte sustancial de la población a la que se dirige. Que constitucionalistas tan finos y ponderados como Carles Viver Pi-Sunyer hayan llegado a la conclusión que hay que marcharse de España resulta ser un buen testimonio de hasta qué punto la sociedad catalana, probablemente con no poca razón, ve el Reino y su Constitución como irreformables.

    Comentario escrito por Amoedo — 03 de septiembre de 2017 a las 9:12 pm

  11. 11

    Solo me gustaría aclarar que los independentistas no nos choteamos de nadie, excepciones casposas al margen. Estamos arriesgando mucho por una causa que consideramos justa y que entendemos que tenemos legitimidad para llevar adelante. Evidentemente el proceso no es legal en la interpretación que se hace del actual ordenamiento jurídico español. La forma de reprimirlo sea vía 155, multas vergonzosas o picoletos encapuchados es un debate que interesa más a los que quieran mantener un sistema democrático en el Reino de España que a los que deseamos irnos.

    Como siempre felicidades por el artículo, aunque con un punto de tristeza.

    Comentario escrito por Jordi P. — 05 de septiembre de 2017 a las 7:07 pm

  12. 12

    Tan importante como las cuestiones jurídicas son las económicas. La principal motivación para la independencia de Cataluña es económica. Simplemente no compartir los ingresos fiscales con regiones más pobres y al mismo tiempo, eso sí, seguir conservándolas como mercado. Es como si os ciudadanos residentes en el barrio de Pedralbes, el más rico de Barcelona van a realizar un referéndum para pagar el 50% de los impuestos que pagan actualmente. Eso sí, solo van a votar ellos, tienen derecho a decidir, y los ciudadanos del resto de Barcelona y Cataluña no pueden votar en ese referéndum. Tampoco pueden oponerse a su realización, serían unos dictadores fascistas antidemocráticos, aunque sea ilegal y el barrio de Pedralbes no tenga competencia para ello. La ventaja fundamental de separarse es que parte de los impuestos recaudados no irá al resto de España, pero separados no se recaudará tanto ni de lejos pero no se puede pretender establecer una frontera para separar la recaudación de impuestos y que no exista para el resto de cosas.

    Está claro que tanto estar unidos como dejar de estarlo tienen ventajas e inconvenientes, lo que no puede ser es querer separarse para dejar de tener los inconvenientes, pero querer seguir teniendo las ventajas de estar juntos. Eso no es ni justo ni realista. O todo o nada. La independencia es eso, separarse, crear una frontera. Si Cataluña se separa saldrá de la Unión Europea y del euro, habrá una frontera, con sus aranceles y pasaportes, los impuestos de las ventas en España se pagarán en España por sociedades españolas, las pensiones de Cataluña se pagarán por los trabajadores de Cataluña, y el Barça no jugará en la Liga Española….Y esto no es por querer mal a los catalanes o querer fastidiarles, es de sentido común. Ni es un discurso del miedo, simplemente sería la realidad, y no buscada por el resto de España, sino conseguida por los independentistas.

    Solo les están contando las ventajas de separarse, pero no los inconvenientes y los costes de una fractura y de un Estado nuevo. El mercado de la economía catalana es el mercado español. Las empresas catalanas venden más en Aragón que en Francia, que están a la misma distancia, pero el efecto frontera es demoledor. Esos productos en Aragón ya no se comprarían a empresas catalanas sino a otras, el hundimiento en recaudación y empleo sería tremendo en Cataluña. Económicamente no es un buen negocio.

    Eso de decidir uno mismo separarse quitándose los inconvenientes pero manteniendo las ventajas de estar juntos, es muy bonito, pero es engañar a la gente, la realidad es que esas ventajas no dependen de quien se separan, el reparto de ventajas e inconvenientes ha de negociarse antes para saber qué es lo que se vota. Independizarse quedando fuera de la Unión Europea es otra cosa absolutamente diferente a independizarse con un acuerdo de acceso al mercado español y europeo. El que quiera, ya sabe, reforma de la Constitución, ley de Claridad y a votar legalmente.

    La solución, que tampoco quieren los más españolistas, es como en Canadá, hacer una Ley de Claridad, porque antes hay que aclarar lo que se vota. Ahora les están vendiendo a los ciudadanos catalanes que con la independencia van a dejar de tener los inconvenientes de estar juntos, pero van a poder mantener las ventajas de estarlo. Y eso no es posible.
    Una Ley de Claridad que regule claramente la pregunta, plazos, mayorías y condiciones del referéndum, las garantías para las partes y ciudadanos que no quieran separarse, reparto de activos y pasivos estatales, condiciones y plazos de entrada en la Unión Europea, gestión de las fronteras, aranceles, impuestos y pensiones, en definitiva, que queden claras las condiciones, ventajas e inconvenientes de la separación, sin poder mantener las ventajas de la unión si se quieren evitar sus inconvenientes. Esto evidentemente debe ser aprobado por el conjunto de los ciudadanos españoles. Y el Parlament puede instar la reforma de la Constitución, que sería la vía democrática y dentro del Estado de Derecho para hacerlo. De esta manera, como en Quebec, no querrán separarse, porque a la gran mayoría de catalanes no les compensa.

    Comentario escrito por Pablo — 06 de septiembre de 2017 a las 5:51 am

  13. 13

    Eso de que solo por votar, algo es democrático, no es así, la democracia es mucho más. Es seguir los propios procedimientos y garantías establecidos democráticamente, en definitiva, el Estado de Derecho. No hacerlo no solo es ilegal y antidemocrático, es un ataque a los derechos y libertades de los ciudadanos catalanes. Y el Parlament puede instar la reforma de la Constitución, que sería la vía democrática y dentro del Estado de Derecho para hacerlo.

    La democracia tiene como requisitos imprescindibles el estado derecho y el principio de legalidad, sin ellos no se puede decir que algo es democrático. Votar un referéndum no es en sí mismo algo democrático sin más, de hecho suele ser un instrumento utilizado por las dictaduras, Franco, sin ir más lejos, hizo varios.

    El Artículo 222 del Estatut de Catalunya establece que es necesaria una mayoría de dos tercios de los diputados del Parlament para poder realizar una modificación del mismo. Es absurdo pensar que una declaración unilateral de independencia del Parlament, que supone mucho más que una modificación del Estatut, se pueda hacer por la mitad más uno de sus diputados que ni siquiera representan la mitad más uno de los votantes.

    El Tribunal Constitucional de Alemania ha dictaminado que no es posible hacer un referéndum de independencia en el Estado de Baviera. Dice claramente que el poder constituyente reside en el conjunto del pueblo alemán, y que un Estado individual no puede separarse sin antes haber cambiado la Constitución. Para algunos Alemania debe ser un Estado antidemocrático, dictatorial, autoritario y fascista, claro, como España.

    Los Estados de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, no pueden permitir una secesión unilateral saltándose la legalidad, que afectaría a la propia estabilidad interna de muchos de ellos y a la del conjunto de la Unión. Baviera, Véneto, Córcega, Cataluña francesa….Van a luchar contra una República ilegal, antidemocrática, creada al margen del estado de Derecho y del principio de legalidad, es un precedente imposible para ellos.

    ¿Por qué el resto de España habría de permitir sin defenderse que Cataluña se separase manteniendo las ventajas de estar juntos, dentro de la UE y accediendo al mercado español? Una ruptura dura haría que gran parte del PIB de Cataluña, sus negocios, domicilios sociales, impuestos, aranceles, empresas y empleos acabasen en España. Por no hablar del precedente, en España y en la Unión Europea. Y harían de Cataluña un Estado inviable.

    Comentario escrito por Pablo — 06 de septiembre de 2017 a las 5:52 am

  14. 14

    Al final los ciudadanos del resto de España nos jugamos el futuro de nuestra calidad de vida, dependiendo de la forma en que Cataluña saliera, y sobre todo de la forma en que finalmente Cataluña se quede. Jurídicamente, porque simplemente seguir los procedimientos democráticos establecidos en un Estado de Derecho, el principio de legalidad, es la base de la democracia. Y económicamente. Lo increíble es que hay gente que se traga que una Cataluña separada de esta manera estará en la UE, tendrán doble nacionalidad, accederán al mercado español, que la Seguridad Social española les pagará las pensiones o que el Barça jugará en la Liga Española…….

    Lo de la doble nacionalidad establecida en la Ley de Transitoriedad es de chiste sino fuera por la miseria moral y la indignidad personal que muestra. Si te quieres separar y dejar de ser español no puedes querer a la vez mantener la nacionalidad española. Eso es pretender no tener los inconvenientes de estar juntos pero si tener sus ventajas, es pretender no tener los inconvenientes de estar separados pero si tener sus ventajas. En resumen, tener las ventajas de ambas situaciones y no tener los inconvenientes de ninguna. Y los demás españoles justo al revés. Y además la doble nacionalidad depende del Estado Español, que obviamente en ningún caso lo va a poder aceptar.

    Respecto a esto la Constitución dice:
    Art.1.2 La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
    Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles
    Art. 11.1 La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
    2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionali¬dad.
    3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad

    Es curioso que quien quiere vulnerar lo establecido en la Constitución sin cambiarla y pretende que no se aplique a través de una secesión ilegal y antidemocrática, luego eche mano de esa Constitución para garantizar derechos de los ciudadanos de ese territorio supuestamente escindido. Evidentemente eso no es posible, si en Cataluña se dejara de aplicar la Constitución al separarse, se dejaría de aplicar toda, no solo unas partes que no interesan sí y las que no interesan no. Además la doble nacionalidad depende del Estado Español, que obviamente en ningún caso lo va a poder aceptar.

    Especulando en modo ciencia ficción, en el supuesto caso de que se diera en la realidad, en el periodo transitorio se produciría una reforma de la legislación vigente en el resto de España. La nacionalidad se regula en el Código Civil. En su Art. 17 se dice quiénes son españoles de origen, los nacidos de españoles, pero al quedar Cataluña fuera de España habría que reformar este artículo aclarando que los nacidos de catalanes ya no son españoles de origen.

    Y sobre todo el art. 24.1 del Código Civil, que dice: Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad. Es decir, al adquirir la nacionalidad catalana, cosa que ocurriría automáticamente al independizarse, se pierde la nacionalidad española.
    Este artículo dice que la pérdida se producirá una vez que transcurran tres años a contar desde la adquisición de la nacionalidad extranjera. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil.
    Solo cambiando éste último párrafo, por mayoría en el Congreso, sin cambiar la Constitución, se pueden cambiar las condiciones de pérdida de la nacionalidad. Por ejemplo, reduciendo el plazo de 3 años a 1 mes y estableciendo como requisito para el caso de adquirientes de nacionalidad catalana residir efectivamente en territorio de España al menos 185 días al año, de forma que sean residentes fiscales en España.

    Comentario escrito por Pablo — 06 de septiembre de 2017 a las 6:00 am

  15. 15

    Miguel presno también se pronuncia en esta misma línea sobre al LSN:

    http://agendapublica.elperiodico.com/remedio-equivocado-1/

    Comentario escrito por AMM — 09 de septiembre de 2017 a las 10:44 am

  16. 17

    He encontrado ésto en eldiario.es, un artículo de Javier Pérez Royo con fecha de ayer:

    http://www.eldiario.es/zonacritica/inconfesable-Gobierno-recurrido-articulo_155_6_688091224.html

    Comentario escrito por Teodoredo — 19 de septiembre de 2017 a las 12:55 pm

  17. 18

    El gran problema para llegar a un pacto es que el Gobierno Central no puede ofrecer nada, y todo gracias a su actuación estando en la oposición en cuanto se aprobó el Estatut2006 y fue cepillado por el T.C. Las soluciones que podrían ofrecer, en resumidas cuentas son:
    1.- Nuevo Estatut, remasterizado o con mejoras del actual. El problema surge que el techo estatutario, tal como ANDRES ya indicó, ha llegado a los topes, de hecho, este TC que ha vuelto con sentencias “recentralizadoras” en lugar de “interpretadoras” sería un obstáculo para el nuevo. Si el anterior, cepillado tanto en el Parlamento como por el propio Constitucional era “inconstitucional”, uno que lo mejore y supere, como puede argumentarse. ¿Reconociendo que el TC de aquel momento hizo una chapuza?
    2.- Nuevo encaje de financiación. Lo que aparejaría las quejas de las restantes CC.AA o nuevos incumplimientos presupuestarios. Recordemos que el Estatut2006 ya recoge unas inversiones mínimas, que por cierto, no se cumplen aunque se presupuesten. Del mismo modo, dicho ofrecimiento sería visto como “nos tratan como judíos”.
    3.- Promesa de una reforma constitucional para el encaje concreto. A estas alturas de la partida, y con la vista como tienen los partidos de la misma en los votos, simplemente pueden ofrecer promesas vacías de contenido. Tanto PP como PSOE como C’s temen muy mucho la abertura en canal del melón de la reforma constitucional, dado que si se abre, quien asegura que no se tocarán ciertos artículos que no interesa (monarquía, pactos de estado con confesiones, etc.)
    4.- Consulta no vinculante. ¿Hace falta comentarla? Por unos sería insuficiente, para los otros una bajada de pantalones.

    Entonces, llegados a este punto, qué puede ofrecer el gobierno de la nación para pacificar y convencer a los catalanes. La respuesta es un referendum pactado a tiempo vista, que no queme al actual gobierno, y que les de tiempo para realizar actuaciones tendentes a “volver al redil” a aquellos que estén disconformes con su actuación (se avergüencen de su actuación despótica) así como un plan de inversiones, para convencer que mejor dentro que fuera.

    Comentario escrito por mercadeodeideas — 26 de septiembre de 2017 a las 11:58 am

  18. 19

    […] que sea posible desde hace tiempo, como es evidente, el empleo al menos del primero de ellos –y así lo he defendido desde hace tiempo, junto a su mayor conveniencia frente al empleo de otros in…-. Cuestión distinta es si estas mismas especiales características hacían y hacen aconsejable una […]

    Pingback escrito por Sobre el encuadre jurídico y democrático de la "cuestión catalana" | Blog jurídico | No se trata de hacer leer — 01 de noviembre de 2017 a las 9:16 pm

  19. 20

    […] – Septiembre de 2017: Política y Derecho frente al desafío soberanista catalán (sobre por qué ante el anuncio de las leyes catalanas de referéndum y ruptura con el orden constitucional hay que reaccionar por medios políticos y, caso de emplear el Derecho, usando los instrumentos más “políticos” existentes en la Constitución, como el 155 CE, antes que otras herramientas): http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=1469 […]

    Pingback escrito por Una década de "cuestión catalana": recopilación de textos | Blog jurídico | No se trata de hacer leer — 01 de noviembre de 2017 a las 10:33 pm

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