Entrevista con Antonin Scalia

A partir de una pista proporcionada por Daniel Sarmiento, he llegado a la entrevista que la CBS le ha hecho al juez Antonin Scalia, miembro del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de Am√©rica y principal cabeza pensante del ala que podr√≠amos denominar “conservadora” dentro de la magistratura estadounidense. Nadie puede negar a Scalia su brillantez, su pasi√≥n por el Derecho y por una determinada forma de entenderlo y de defenderlo. Tampoco puede cuestionarse su decidido y militante alineamiento con casi todas las posiciones de la derecha conservadora, algo que es sorprendente, y contradictorio, en una personalidad tan exuberante y aparentemente poco ligada a los dogmas. Al menos, as√≠ se empe√Īa en aparecer el juez en casi todos sus votos y pronunciamientos, construidos desde una impetuosa defensa del pensamiento jur√≠dico independiente de prejuicios y posicionamientos previos (es m√°s, Scalia parece estar sincera e √≠ntimamente convencido de que as√≠ es como se ha de realizar el trabajo de un juez y de que, por supuesto, √©l es el primero que cumple con este imperativo). Pero ya digo que la figura de Scalia, que en muchos aspectos es atractiva, quiebra cuando uno comienza a cuestionarse hasta qu√© punto, en efecto, nos encontramos con alguien que de verdad cumple con su propio credo. Porque, si as√≠ fuera, ¬Ņacaso no ser√≠a razonable pensar que, aunque fuera de vez en cuando, debiera aparecer alguna nota discordante respecto del discurso pol√≠tico-ideol√≥gico con el que comulga? ¬ŅO es que la Constituci√≥n de los Estados Unidos se adapta como un guante a la agenda pol√≠tica conservadora por lo que, en consecuencia, nada de extra√Īo hay en que, interpretada desde el rigor, como har√≠a Scalia, todo cuadre a la perfecci√≥n, o casi, con sus propias convicciones?

En la entrevista se nos recuerda que Scalia, en realidad, no est√° a favor de la quema de la bandera pero no la ve inconstitucional, que est√° mucho m√°s en contra del aborto de lo que lee (o, m√°s bien, no lee) en la Constituci√≥n respecto del tema. ¬ŅEs suficiente para que el personaje resulte m√°s cre√≠ble? Al menos, creo, s√≠ debiera bastar para, al menos, tenerlo m√°s en cuenta y no limitarnos a despachar sus opiniones presumi√©ndolas meramente fundadas en un sesgo ideol√≥gico muy determinado.

En cualquier caso, la entrevista entera es muy recomendable, y gracias a los tiempos que corren la tenemos colgada en youtube en cuatro partes, con Scalia ech√°ndole la culpa a Gore de lo que ocurri√≥ en Florida en las elecciones de 2000, defendiendo con u√Īas y dientes sus posiciones en materia de aborto y derechos civiles (restrictivas a veces, muy amplias otras, claro, de nuevo confortable y curiosamente adaptado a la cosmovisi√≥n conservadora), con una explicaci√≥n de su obsesi√≥n pretendidamente contraria al activismo judicial y favorable a una interpretaci√≥n originalista de la Constituci√≥n americana y, adem√°s, justificando de alguna manera las medidas de “fuerte coerci√≥n” que se han ido introduciendo, m√°s o menos, en nuestro Derecho, ya por la puerta de atr√°s, ya aceptadas por buena parte de la comunidad jur√≠dica estadounidense, estos √ļltimos a√Īos.

Parte 1 de la entrevista (enlace a youtube.com).

Parte 2 de la entrevista (enlace a youtube.com).

Parte 3 de la entrevista (enlace a youtube.com).

Parte 4 de la entrevista (enlace a youtube.com).



Constitucionalidad de las Sperrklauseln

El Bundesverfassungsgericht (BVG, Tribunal Constitucional) alemán está recientemente declarando conformes a la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Grundgesetz) diversas leyes electorales de algunos Länder que aplican la famosa barrera del 5% de los votos emitidos para poder entrar en el cómputo de representantes a elecciones municipales. También lo están haciendo algunos tribunales constitucionales de los Estados. Estas Sperrklauseln están siendo declaradas, en general, constitucionales en la medida en que no alteren en demasía la representatividad y se fundamenten, además, en la necesidad de dotar de mayor operatividad a las comunas. Llama la atención, frente a la parquedad con la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre estas situaciones y su constitucionalidad (cuando lo ha hecho), el cuidado análisis funcional en que se entretienen los jueces de Kalsruhe.

Conviene recordar, por otro lado, que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional alemán se enfrenta a un análisis muy cuidado de las cricunstancias que permiten predicar de una ley electoral si respeta la exigencia constitucional de trasladar de manera satisfactoria la voluntad de los ciudadanos, pues ha llegado incluso a anular la aplicación de la barrera en algunas elecciones, por entender que las circunstancias concurrentes hacían que chocara con la que ha de ser su correcto funcionamiento.

Como el propio BVG se encarga de extractarnos en sus sentencias su Leitsatz, podemos preguntarnos si, nach dem Motto “Nur die mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwartende Beeintr√§chtigung der Funktionsf√§higkeit der kommunalen Vertretungsorgane kann die F√ľnf-Prozent-Sperrklausel rechtfertigen”, algunas de las leyes auton√≥micas que en Espa√Īa han restringido enormemente la representatividad de sus parlamentos regionales sin que haya pruebas de que con ello se haya logrado apreciable y constatable ganancia en t√©rminos de gobernabilidad no podr√≠an haber sido tenidas por restricciones de dudosa constitucionalidad. Es el caso, por ejemplo, de la famosa ley electoral valenciana, que al exigir un 5% de los votos v√°lidos en el conjunto de la Comunidad Valenciana (y no por circunscripci√≥n) y sin posibilidad de mandatos directos que atempere posibles paradojas, ha acabado por dejar fuera del reparto de esca√Īos a formaciones que, por ejemplo, lograban un 6-7% en alguna circunscripci√≥n mientras que formaciones con muchos menos votos en la misma s√≠ lograban representante.



Publicación de las balanzas fiscales

El Gobierno de Espa√Īa, cumpliendo con el compromiso parlamentario que adquiri√≥ en el debate de investidura su Presidente, y tras la creciente presi√≥n de algunos Gobiernos auton√≥micos y de diversos grupos parlamentarios, ha publicado, al fin, una estimaci√≥n, de acuerdo con diversos m√©todos (no todos los posibles, evidentemente), de las llamadas balanzas fiscales. Tienen la importancia de que son la estimaci√≥n que, con todo lo que ello implica, viene avalada por el propio Estado. Y demuestra que s√≠ que existen importantes diferencias entre lo que aportan unos territorios y otros, con varios contribuyentes netos (se calcule como se calcule) y varios receptores netos (se calcule como se calcule). Los datos demuestran tambi√©n un cierto respeto (aunque menor del que ser√≠a razonable, si uno mira con atenci√≥n la exacta relaci√≥n entre renta per c√°pita en cada Comunidad Aut√≥noma y d√≥nde queda cada territorio en el reparto) a la¬† idea de que aporten quienes m√°s tienen y reciban quienes menos tienen. Ahora bien, como digo, es evidente que hay Comunidades con mayor renta per c√†pita que otras que aparecen, sin embargo, como receptoras netas mientras que alguna de las contribuyentes tiene en cambio niveles de renta muy inferiores. Asimismo, los datos permiten observar que las diferencias y desajustes son mayores (agravados, adem√°s, desde este segundo punto de vista) con los modelos que atienden a la efectiva realizaci√≥n del gasto. Por √ļltimo, los datos, aun en su condici√≥n de estimaciones imperfectas, permiten dar una idea sobre la magnitud del esfuerzo redistributivo que se hace en Espa√Īa. Ya es cuesti√≥n de opiniones si este dato es muestra de un defecto o de una virtud de nuestro modelo. Por ejemplo, basta comparar estos datos con la situaci√≥n en Alemania, t√≠pico paradigma de funcionamiento federal, para descubrir que probablemente la tradicional opacidad en la materia ha permitido que este esfuerzo redistribuidor sea tan grande. Como en Alemania la transparencia vino antes, tambi√©n lo hicieron, de la mano, las exigencias de que, por ejemplo, las transferencias de renta de regiones ricas a las m√°s pobres nunca supusieran que estas √ļltimas llegaran a disponer de m√°s recursos por habitante que las primeras. Es previsible, y el nuevo Estatut de Catalunya es buena muestra de ello, que a mayor conocimiento de la realidad, mayores sean tambi√©n en Espa√Īa las exigencias de moderaci√≥n en la labor redistributiva.

En cualquier caso, conviene dejar claro que estos cálculos no dejan de constituir una estimación, porque como es sabido hay de todo menos consenso a la hora de valorar cómo es más razonable clacular estos flujos. Sin embargo, sus datos son importantes a efectos de analizar cómo funciona el modelo para a partir de ahí poder analizar si es redistributivo o no, si es justo o no, si los equilibrios son o no desproporcionados. Para poder juzgar todo ello, con un mínimo de conocimiento de causa, es básico que haya un mínimo de transparencia. De modo que el hecho de que el Estado publique sus estimaciones es un paso importante que, en contra de lo que se dice en algunos foros, no puede sino contribuir a que el debate sobre la cuestión sea mejor.

A partir de este momento ya podremos discutir con algo m√°s de rigor. Ya sea de cuestiones como la propia manera de hacer el c√°lculo (¬Ņtiene o no sentido, como ocurre en cuatro de los seis modelos que se han presentado por parte del Gobierno, que, por ejemplo, los sueldos de todos los funcionarios del Estado que viven en la capital se entiendan como riqueza que se distribuye por toda Espa√Īa?, por ejemplo, por anticipar una de las primeras cr√≠ticas que van a recibir estos c√°lculos). Ya sea de si estas t√©cnicas son las id√≥neas para el c√°lculo (¬Ņest√° realizada con criterios sensatos la atribuci√≥n de IVA e impuesto de sociedades?). En cualquier caso, est√° claro que los datos publicados sirven desde ya para empezar a ir diluyendo algunos mitos. Porque, por as√≠ decirlo, y a pesar de que han sido realizados por el Gobierno de Espa√Īa, son sorprendentemente coincidentes con lo que ven√≠an avanzando desde el Gobierno de Catalu√Īa sus responsables. Dibujan una situaci√≥n mucho m√°s parecida, de hecho, a la que ven√≠an denunciado (por ser seg√ļn su criterio injusta) las instituciones catalanas que la que se deduc√≠a de algunos estudios de entidades financieras o de investigadores universitarios.

El poder contar con estos datos, sobre todo si fu√©ramos capaces de afinarlos definitivamente, habr√≠a de ser la base a partir de la cual podr√≠amos empezar a hablar, en Derecho, de la incardinaci√≥n de las previsiones de los nuevos Estatutos en materia de financiaci√≥n y, tambi√©n, de la conveniencia de redise√Īar algunos de los pilares que tradicionalmente han sostenido nuestro modelo de financiaci√≥n auton√≥mica, evidentemente necesitado de una profunda reforma.



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