Propuestas 9-M: Batiburrillo final

A final, la idea de ir realizando propuestas de reformas con motivo del 9-M no he podido desarrollarla tanto como tenía pensado en un principio y me habría gustado. En vez de disparar muchas propuestas poco argumentadas, como la cabra tira al monte, he acabado desarrollando muy, demasiado, prolijamente sólo unas pocas. En cualquier caso, con las elecciones liquidadas, pero con la esperanza de que puedan estas ideas sobre posibles reformas del Derecho público español (pero, en realidad, sobre distintas vertientes de nuestra convivencia) contribuir al debate ciudadano y político, allá va un resumen de lo que, hasta la fecha, se ha discutido, con réplicas y aportaciones muy vivas e interesantes por parte de mucha gente:
0. Introdución a la idea.
Propuesta 1. Financiación autonómica.
Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.
Propuesta 3. Acabar con la Seguridad Social.
Además, también me mostré a favor de permitir la publicación de encuestas electorales en los últimos días de campaña, asunto ciertamente menor, pero que tampco está de más recordar.

Quiero tratar hoy de hacer un esfuerzo, necesariamente desordenado, compendiando otro tipo de reformas de nuestro Derecho público que juzgo, claro, necesarias, pero sobre todo importante que el problema que a cada una de ellas da origen pueda ser, cuanto menos, discutido. La lista es necesariamente un batiburrillo, sin que su orden señale ningún tipo de prioridad y además, desgraciadamente, no voy a poder permitirme exponer las diferentes sugerencias con todo el detalle, argumentos, razones y apoyo jurídico que me habría gustado (y que traté de plasmar en las anteriores). Espero, si la discusión da de sí para ello, poder hacerlo al hilo de la misma. Todas las cuestiones que me dispongo a tratar (y algunas que me dejo en el tintero) me parecen importantes, sin que haya una relación entre su orden y la prioridad que les concedo. En el fondo, eso sí, no puedo evitar creer que las más inaplazables son las que se refieren a la responsabilidad ineludible que tenemos quienes vivimos juntos de permitir a los demás tener las máximas posibilidades de hacer con su vida, en libertad, lo mejor posible. Y eso incluye un compromiso con la responsabilidad económica, que es la base de todo: ser conscientes de la necesidad de asegurar que obtenemos recursos para mejorar nuestras condiciones de vida que no esquilman a nadie, ni de las generaciones presentes ni de las futuras. Como es obvio, no es algo sencillo.

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Prohibición de publicación de encuestas

Tiene toda la razón el editorial de hoy de El Periódico de Catalunya al criticar el mantenimiento de la prohibición de publicación de encuestas electorales. La norma no tiene sentido, por muchos motivos:
– Porque las encuestas no son tenidas ya por nadie como alfa y omega electoral. Todos nos las tomamos con cierto distanciamiento pero, a la vez, en su justa medida, constituyen información (o datos que nos permiten construirnos una concreta imagen de cómo van las cosas) que puede que sea importante para algunas personas.
– Porque la pluralidad de medios de comunicación, de empresas que realizan encuestas, de entidades que las contratan… hace que no sea razonable pensar en un riesgo de manipulación electoral utilizando encuestas voluntariamente falsas para orientar el voto.
– Porque tenemos en nuestro entorno múltiples ejemplos de democracias más que consolidadas donde se publican encuestas hasta el último día, incluso el mismo día de las elecciones, sin que se haya demostrado nunca que ello supone el más mínimo problema.
– Porque en los tiempos que corren no se pueden poner puertas al campo. A la vista está.
– Pero, sobre todo, porque es difícil de entender que se prohíba la difusión de materiales e informaciones lícitas, impidiendo que la opinión pública, en su globalidad, pueda construir un debate abierto y contradictorio, en libertad. Con una minoría “de enterados” que disponen de encuestas (y serán más o menos fiables, más o menos importantes, pero lo cierto es que nadie en condiciones de saber qué dicen las últimas encuestas prescinde de ellas) y un pueblo llano al que se juzga más conveniente mantener en la ignorancia respecto de los últimos acontecimientos demoscópicos.

Así que podríamos añadir una nueva (y más modesta, menos ambiciosa pero no por ello menos importante, aunque sí, y es una ventaja, más fácil de poner en práctica) propuesta para el 9-M: derogar el artículo 69.7 de la LOREG.



Propuestas 9-M: Acabar con la Seguridad Social

0. Introdución a la idea.
Propuesta 1. Financiación autonómica.
Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.

Propuesta 3. Acabar con la Seguridad Social

Perdonen Ustedes, en primer lugar, el título un tanto agresivo de la propuesta, pero la cuestión es que, a día de hoy, creo más sensato empezar a asumir que tarde o temprano tendremos que liquidar la Seguridad Social y construir algo nuevo y diferente que tratar de aferrarnos con uñas y dientes a la defensa de un modelo que, entre los embates habidos y los que están por venir (y que todos sabemos ya a estas alturas, con toda certeza, que llegarán), tiene poco futuro y plantea enormes problemas de equidad con sus sucesivos parcheos. De modo que mejor acabar con el actual modelo de Seguridad Social, proponer algo más realista y eficiente para el futuro (y más justo, sobre todo) y ponernos, además, manos a la obra cuanto antes.

De eso se trata, no con la idea de lograr una alternativa acabada e intachable, sino con la de proponer ciertas pautas que creo sensatas que podrían orientar una reforma pero reconociendo de antemano que la intención, en este caso, es más provocar e incitar al debate y a la existencia de contrapropuestas que tratar de sentar cátedra. Vamos, en realidad, como casi siempre, pero esta vez con más motivo porque lo de hoy es más una inevitable ocurrencia que una propuesta acabada.

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Propuestas 9-M: Reforma de la ley electoral

0. Introdución a la idea.

Propuesta 1. Financiación autonómica.

Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.

La ley electoral en España es una norma que no ha cambiado en lo sustancial en nada desde las primeras elecciones democráticas. Es el resultado de una serie de disposiciones constitucionales (mínimas, la verdad, pero relevantes, en la medida en que consagran la provincia como circunscripción inevitable y establecen el número mínimo y máximo de posibles diputados en Cortes) y de la Ley orgánica de Régimen Electoral General, que data de 1985 y que, además, vino a recoger lo que habían sido las pautas establecidas legalmente con anterioridad  (y que, a su vez, copiaron los iniciales decretos que regularon las elecciones constituyentes de 1977). La enorme estabilidad de la ley electoral, que se ha trasladado, a su vez, a las diversas normas electorales autonómicas (que más o menos han replicado el modelo estatal, dejando muy poco margen a la imaginación, la innovación o la experimentación, lo que no deja de ser una pena), no es en sí misma mala cosa. Es más, estoy por decir que es algo más bien bueno.

No obstante lo cual, creo que ha llegado el momento de tratar de reformarla, y estaría bien que así lo plantearan los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones, porque son cada vez más patentes una serie de problemas que convendría tratar de resolver cuanto antes. Así, puede constatarse que la actual forma de traducir votos de los ciudadanos en representación parlamentaria tiene los siguientes efectos negativos:

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Propuestas 9-M: Financiación autonómica

Tal y como he expuesto anteriormente, inicio una serie de propuestas de reforma legal con motivo de las elecciones de 9 de marzo de 2008.

Propuesta 1. Sobre el modelo de financiación autonómica y, más en general, en torno al modelo de financiación pública de nuestro país

El actual modelo de financiación de las diferentes Administraciones públicas que rige en España tiene numerosos problemas (que no es el momento de detallar exhaustivamente y mucho menos de justificar pero que sí conviene recordar, al menos, en sus elementos estructurales más importantes):
– Es muy complicado.
– Es diferente para unas partes del territorio y para otras (algo que, más allá del sistema del cupo vasco, pudo tener sentido cuando los niveles competenciales de las distintas regiones diferían mucho, pero que en la actualidad sólo es fuente de conflictos).
– Fomenta una constante lucha en los diferentes agentes (CC.AA., pero no exclusivamente) por una mayor parte del pastel, desviando esfuerzos que serían mejor empleados en buscar un óptimo rendimiento al dinero de que se dispone o mejores formas de luchar contra el fraude o de idear sistemas impositivos más eficaces y justos.
– Genera irresponsabilidad fiscal, en la medida en que los ingresos con los que cuentan las Administraciones públicas no dependen, en su gran mayoría o un porcentaje muy elevado, de su propia actividad recaudatoria (con la excepción del Estado, que es el “gran racaudador” del que todos se aprovechan).
– Compromete la estabilidad de ciertos servicios básicos prestados por algunas Administraciones (CC.AA., municipios…), en la medida en que la financiación de los mismos, dada la insfuciencia financiera de estas administraciones para hacerles frente, depende de transferencias que, aunque siempre acaben llegando (porque es ley de vida), no dejan de ser jurídicamente “graciosas” por parte del Estado o de la Comunidad Autónoma, respectivamente.
– Plantea enormes problemas en lo que se refiere a la financiación de los entes locales.
– Ha fracasado como agente de redistribución de la riqueza (como demuestra el incremento de los últimos años en las diferencias de renta regional, simbolizado a la perfección en la “escapada” de la región de la capital).
– Genera enormes diferencias, más allá de toda justificación, en la renta disponible pér cápita de la que disponen para prestar servicios equivalentes a sus ciudadanos las Administraciones encargadas de ello.

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Propuestas 9-M: introducción a la idea

Dado que se nos vienen encima las elecciones generales en apenas seis semanitas, y aprovechando una ocasión tan bonita, voy a permitirme ir lanzando, a medida que se me ocurran y tenga tiempo de plasmarlas, una serie de propuestas de reforma legislativa que me gustaría que fueran acometidas en la próxima legislatura. Y que, huelga decirlo, me parece que sería importante que pudieran llevarse a buen puerto.

Con ello, como es obvio, me alejaré (según el sentir de muchos) de lo que es el Derecho público para adentrarme en el pantanoso territorio de la política. Hay, de hecho, quienes afirman esto de que una cosa es el Derecho administrativo y otra la política con toda la buena voluntad. Los hay, incluso, quienes así lo hacen a pesar de tener la actividad política en muy buen concepto (supongo que también los habrá que afirmarán la separación, antes al contrario, para tratar de dignificar la política separándola del nefando mundo del Derecho, eso seguro). Si tales planteamientos son comunes entre quienes ven muy digno que a uno le guste una u otra cosa pero están poco por la labor de aceptar de buen grado que haya quienes pretendan maridarlos hasta un punto no digamos ya lo que ocurre con quienes comulgan con una de las más dominantes ideas sobre la cosa pública en estos tiempos de pensamiento único y facilón: ésa que tacha la política de actividad indigna per se. Mucho me temo que, para ellos, estas nuevas series del bloc puedan ser particularmente obscenas (en sentido estricto). Pero no pierdo la esperanza de poder convencerles de que, a lo mejor, la ocurrencia no es tan excéntrica.

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