El futuro de las pensiones: breves reflexiones y una propuesta

Una de las cuestiones políticas más importantes de nuestros días, por cuanto afecta de lleno a las políticas de reparto de riqueza (esto es, a la misma alma de la política) y porque además tiene profundas repercusiones sociales y sobre el modelo de convivencia, es al referida al futuro de las pensiones. Sin embargo, aunque se habla de vez en cuando sobre el tema, lo cierto es que se debate muy poco, aplicando ese curioso mantra de las democracias occidentales de nuestros días de que, cuanto más básica es alguna disyuntiva de organización o reparto, menos hay que debatir sobre el tema, no sea que nos llevemos algún disgusto. De manera que sobre las pensiones, al menos en España, hablamos relativamente poco (sobre su sostenibilidad, sobre cómo pagarlas, sobre el fondo de reserva, sobre planes de futuro), reformamos sin debate a golpe de decisión tecnocrática (como han sido las últimas reformas que más allá de retoques nimios para las pensiones del presente han ampliado las exigencias de años cotizados y reducido las pensiones para quienes todavía estamos a años de jubilarnos, impuestas además de forma bastante evidente por la UE) y, sobre todo, no discutimos ni debatimos nada sobre el fondo del problema.

Esta ausencia de discusión se debe a que, en realidad, hay un sorprendente apoyo bipartidista en materia de pensiones, aunque las escaramuzas políticas del día a día traten de ocultarlo. Por parte de lo que podríamos llamar “derecha tradicional” y los poderes económicos que le son afines, que en España por ejemplo ha dejado esta labor en tiempos recientes a FEDEA y sus blogs, nutridos por economistas y politólogos afines, se hace hincapié en que el actual sistema no es sostenible y la necesidad de recortar prestaciones e incrementar las exigencias. Por parte de lo que suele entenderse como “izquierda clásica”, en cambio, se plantea la conveniencia de garantizar las prestaciones como mecanismo de solidaridad y cohesión social y se apela a la posibilidad de incrementar las cotizaciones o incluso completar los recursos del sistema por vía fiscal como mecanismo para que, en unas sociedades ricas, las pensiones puedan mantenerse en términos semejantes a los que hemos vivido hasta ahora, dado que a mayor riqueza, más porcentaje de la misma puede dedicarse a estos menesteres sin que otros se resientan demasiado. El debate político planteado en estos términos es apasionante para muchos, pero esconde difícilmente una realidad: el sistema en los términos actuales es difícilmente sostenible y tanto la izquierda como la derecha clásica lo tienen claro sin estar en demasía en desacuerdo, razón por la cual van llegando sin dificultades a un punto de entente relativamente sencillo: se van recortando poco a poco las prestaciones, sobre todo para los que han de venir en un futuro medio y largo, que se quejan menos, mientras a la vez se van incrementando poco a poco las aportaciones presupuestarias al sistema, de modo que los recortes se hagan más soportables. Y así es como da la sensación que nuestros grandes partidos pretenden afrontar el futuro de los sistemas de provisión social para cuando debamos afrontar nuestra vejez quienes ahora estamos en edad (supuestamente) productiva.

El planteamiento, por tranquilizador, aun asumiendo la inevitabilidad de los recortes, que pueda ser para casi todos (y de ahí, también, su éxito electoral, pues a los pensionistas actuales se les conservan sus derechos; mientras que a todos los demás se nos dice que, dentro de lo que cabe, mejor que no nos quejemos, que podría ser peor), no es sin embargo satisfactorio. Además, lleva a soluciones crecientemente injustas, incoherentes con la propia esencia del sistema, que alguien habría de plantear de una vez.

En efecto, es cierto que el modelo actual no es sostenible. En lo que ha sido un rasgo generacional de lo que en España podríamos llamar “Generación T”, que ha exacerbado una dinámica que por otro lado es común a toda Europa occidental, es cierto que el modelo actual de pensiones ha beneficiado y benéfica mucho a quienes empezaron a jubilarse hace una década y media y a quienes se jubilarán en la próxima década. Con base en un sistema supuestamente de cotización pero que se aleja de todo cálculo real actuarial para el cálculo de las prestaciones, se supone que se van a recibir pensiones “según los que se ha cotizado” pero, a la postre, éstas son muy superiores, “por cuestión de justicia” social, a lo que efectivamente se ha aportado y debiera por ello tocar (al menos, si vamos a un sistema de cotización: la diferencia la puede calcular cualquier persona tan fácilmente como viendo lo que le daría un plan de pensiones privado por unas cotizaciones mensuales equivalentes a las que ha hecho, y se ve con facilidad que estamos hablando de que en tal caso se recibiría entre un tercio y la mitad, de media, de lo que a la postre acaba poniendo el sistema público; otra forma de comprobar la diferencia entre uno y otro modelo es analizar los regímenes de Seguridad Social y los de las mutuas profesionales creadas en aquellos ámbitos de actividad donde no llegaba la Seguridad Social, mutuas todas ellas que han acabado por desaparecer de facto pues a medida que las pensiones públicas se iban haciendo generosas el equilibrio aportaciones-pensiones que podían ofrecer las mutuas era cada vez más difícil de lograr). ¿Cómo se cubre esa diferencia? Pues con el esfuerzo extra, diferencial, de los cotizantes presentes, que aceptan pagar ese sobrecoste a los actuales pensionistas porque el pacto es que, llegado el día, ellos recibirán también una sobreprestación. Sin embargo, para que un sistema como el señalado, que tiene todos los elementos de esquema piramidal, funcione, hace falta que lo que en cualquier esquema Ponzi: que sigan entrando más rentas de las que salen, que se amplíe la base de la pirámide. En toda Europa occidental, y en España particularmente, ello se lograba gracias al crecimiento demográfico y al crecimiento económico: mientras ambos se mantuvieran era posible seguir pagando de más y mantener la esperanza de que en el futuro, a los que ahora ponían el dinero, se les recompensara también en mayor medida. Para ello, sin embargo, ha de haber una masa salarial suficiente detrás y un crecimiento económico vigoroso. A día de hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro desde hace unas dos o tres décadas. Y aunque no sabemos lo que nos deparará el futuro, no parece que ni la inmigración ni la mecanización vayan a ser suficientes como para paliar las necesidades de ampliar la base de la pirámide, por un lado, y el crecimiento económico, por otro, que tenemos. De ahí el recurso a ese modelo consensual de ir por una parte reduciendo poco a poco prestaciones, a ver si se nota poquito y conseguimos ir saliendo del lío (como en la vieja fábula explicativa del pez al que si se le sube la temperatura del agua de la pecera poco a poco no se entera) y, sobre todo, a ir cubriendo cada vez más parte del sistema de pensiones no con contribuciones sino con impuestos.

Y aquí es donde empiezan a aparecer no pocas contribuciones. El modelo de “reparto”, por llamarlo de alguna manera, del sistema de pensiones vigentes es, sobre todo, generacional (quienes están trabajando transfieren muchas rentas a quienes están jubilados para que cobren pensiones muy por encima de lo que cotizaron), pero en el resto, al menos como ficción, se supone que lo que se recibe se corresponde a lo “cotizado”. Por ello se paga, en teoría, no con impuestos sino con cotizaciones. Y como ha de haber un equivalente entre lo cotizado y lo recibido, pues desde siempre se han introducido elementos que no contienen los impuestos, como que las contribuciones se “topean” (es decir, que cuando se llega al tope máximo de lo que se podría recibir a partir de la cotización fijada, pues también se fijan límites máximos a lo que se cotiza). Por esta misa razón, como no estamos en un modelo de cubrir necesidades personales cuando uno llega a la vejez, sino ante, de alguna manera, un modelo que te “retribuye” según lo aportado, quien ha cotizado lo suficiente también genera pensiones incluso si muere (viudedad, orfandad…) que serán tanto mayores no atendiendo a la situación de mayor o menos amparo o necesidad de quienes las reciban sino “a lo cotizado”. Además, las cotizaciones a la Seguridad Social se pagan de un modo diferente a los impuestos, con una carga que se reparten trabajador y empleador. Y, por supuesto, a la postre cada cual recibe “según ha aportado” (razón por la cual casi todo el mundo piensa que la pensión, y en su cuantía exacta, es algo que “se ha ganado” porque “lo ha cotizado”). Adicionalmente, hay pensiones de quienes no han contribuido, que inicialmente sufragaba el propio sistema, pero que muy rápidamente, en la medida en que empezaron a ser más generosas, por una razón de justicia social por lo demás bastante evidente, pasaron a ser inasumibles y a ser soportadas por el sistema tributario. Se argumenta para ello, con cierta razón, que la protección social de quienes no han cotizado es un asunto de interés general y que a todos concierne, con lo que se habrá de pagar con impuestos, como cualquier servicio público en razón del interés general.

El argumento es convincente, porque es cierto que hay razones de interés público evidentes en garantizarnos a todos una vejez digna, suficientemente tranquila y asistida. Una sociedad civilizada es, entre otras muchas cosas, la que no se preocupa en dejar en situación de necesidad a sus personas mayores. Así pues, hay que asumir que va a tener mucho futuro el argumento de que se completen las pensiones en el futuro, cuando sea necesario, por vía fiscal. Ya el PSOE lo planteó abiertamente en la pasada campaña electoral, proponiendo un impuesto específico para el pago de pensiones. Y desde posiciones conservadores se asume ya con toda naturalidad que además de los recortes, van a a ser necesarios los fondos recabados vía impuestos para completar las pensiones de forma que sean suficientemente dignas para que los partidos cuya base electoral está compuesta por ciertas capas de la población puedan respirar tranquilos. Primero las no contributivas, luego viudedades y orfandades, luego alguna otra situación excepcional, luego un porcentaje de las pensiones si queremos que sigan manteniendo poder adquisitivo…

A fin de cuentas, la confusión entre cotizaciones e impuestos tampoco es tanta, se nos dice. Y no falta razón a quienes así lo defiende. ¿Hay muchas diferencias para el común de los mortales entre que nos detraigan salario para impuestos y la parte que va a la SS? La verdad, ninguna. Desde un cierto punto de vista, se dice a veces también, el sistema sería más transparente así: eliminemos las cotizaciones a la Seguridad Social, que todo se recaude vía impuestos y que el sistema de pensiones se financie enteramente de este modo. ¿Acaso no sería mejor?

El problema es que al hacerlo así afloraría con toda su crudeza una de las realidad menos amables del modelo actual de pensiones: su carácter profundamente regresivo a pesar de que aparentemente debería contener transferencias de rentas de los que tienen más a los que tienen menos. La esencia del sistema como “de cotización” protege, aun hoy, y a pesar de las quiebras que ya se han producido a esa idea, el que siga pudiendo funcionar como un peculiar redistribuidor de recursos en favor de las rentas más altas. Como no son impuestos, no estamos ante un “reparto”, sino que cada cual recibe “según ha cotizado”, y no parece haber problema por ello en que unos cobren más (y durante bastantes más años: los datos sobre esperanza de vida según nivel de renta en España son casi secreto de Estado, para que la gente no se moleste demasiado, pero basta ver la distribución de la esperanza de vida por CCAA para que el patrón aflore de forma clara): ¡es simplemente que tengo derecho a ello porque lo he cotizado, me lo he ganado! En cambio, si el sistema pasa a ser totalmente sufragado vía impuestos, claro, es difícil seguir sosteniendo el peculiar reparto basado en la renta previa de los sujetos.

Sorprende mucho por ello, la verdad, que las propuestas de cierta “izquierda” (toda, en realidad) abunden en la solución de meter dinero vía impuestos en el sistema (como hacía el PSOE en la pasada campaña electoral) sin revisar la otra pata del modelo de cotización: desparecida la base en cuanto a las entradas de dinero de la “cotización”, ¿no había de desaparecer también la consecuencia de la misma, esto es, el hecho de recibir según lo cotizado?

Es cierto que los ciudadanos, aunque lo hagan vía impuestos, también aportan más (o mucho más) si ganan más, si tienen más rentas, que se tienen menos. Pero, si de lo que hablamos es de que un Estado civilizado y una sociedad avanzada ha de proveer para sus personas mayores un suficiente nivel de protección para garantizarles una vida digna, como ocurre con cualquier servicio público o cualquier política cuyo objetivo es el bienestar general, ¿desde cuándo es razonable asumir que por pagar más, por pagar más impuestos en este caso, se ha de recibir más? Expresado de forma clara y directa: no tiene ningún sentido que el Estado pague pensiones mayores a quienes han “aportado” más (ya sea vía impuestos, pero también vía cotizaciones). El mantenimiento del sistema de “cotización” no sirve a día de hoy para nada más que para establecer una cortina de humo al respecto que aparentemente justifica estas diferencias, pero éstas no se sostienen ni justifican, en el fondo, si hacemos un análisis mínimamente racional.

  • Desde la perspectiva del Estado y de la sociedad, es evidente que cubrir las necesidades de las personas mayores es de indudable interés público, pero cubrir las de todas, y de modo suficiente, no tiene nada que ver con que el Estado se convierta en intermediario (como hace hasta ahora, en intermediario generacional) para garantizar por medio de su capacidad coactiva el mantenimiento de las mayores rentas de unas personas sobre otras: ahí no hay interés público alguno.
  • Las personas que más han contribuido con impuestos tienen los mismos derechos a recibir servicios públicos y cobertura social que los demás, pero no más: no hay escuelas públicas para quienes pagan más renta con mejores instalaciones ni hospitales de última generación para los que más han aportado al sistema nacional de salud a través de sus impuestos, afortunadamente. ¿Nos imaginamos una sociedad donde algo así ocurriera? Sería asquerosa y horrible y no la aceptaríamos, llama mucho la atención que lo hagamos con toda naturalidad con el sistema de pensiones y que, incluso, las reformas que desde la izquierda llaman al sostenimiento fiscal de las mismas sigan empeñadas en conservar estas diferencias.
  • Además, son precisamente las personas que más ganan y las que en mejor situación están las que, durante sus años productivos, más posibilidades tienen de acumular rentas y de ahorrar para la vejez, de modo que caso de que pretendan ser previsoras para conservar su nivel de vida diferenciado tras jubilarse lo pueden hacer con mucha más facilidad. Pero no debería ser el Estado quien les hiciera el papel. Y menos aún extrayendo rentas a otros para ello.

En definitiva, las pensiones del futuro deberán ser pagadas por todos, como pagamos todos los servicios públicos, porque hay un interés público evidente en hacerlo: que esta sociedad se organice de moda que los mayores puedan (podamos, cuando nos toque) vivir con dignidad. Para ello, habrá que pagarlas con nuestros impuestos, según nuestras posibilidades presentes, lo que comportará transferencias, de ricos a pobres, y también generacionales. Pero, a cambio de todo ello, esta labor estatal ha de ser lo más eficiente y justa posible. Para que sea eficiente, ha de dejar que sean los individuos privados los que se apañen, y asuman los riesgos y las consecuencias de ello, de querer diferenciarse teniendo una mejor situación y, además, consumir lo menores recursos de todos posibles que garanticen lograr el objetivo. Para ser justa, como cualquier servicio público, ha de garantizar una misma prestación para todos, porque esa prestación se da por razón de consideraciones de ciudadanía, no económicas. Esto es, la pensión del futuro, pagada por los impuestos de todos, debiera ser igual para todos. Y ya está. Así de sencillo. No entiendo cómo es posible que los partidos de izquierdas no lo planteen desde hace años. Supongo que es una consecuencia más de la captura explicativa que sufren a cuenta de relatos “de generación, de cotización”. Y, también, resultado de que las elites estatales y de los partidos, también los de izquierdas, estén dominadas por personas a quienes el modelo descrito conviene fenomenalmente bien.

Una última cuestión es determinar ese nivel igual para todos de pensión pública cuál debería ser. A mi juicio es claro que debiera ser el suficiente para que cualquier mantuviera una vida digna, teniendo en cuenta que al final de la vida, y en un Estado como el español (donde los servicios sociales y asistenciales a la vejez son los únicos que están no sólo a nivel europeo sino por encima, mientras en todo lo demás, infancia, discapacitados, inmigrantes, pobreza, gastamos menos de la mitad de la media), las necesidades son normalmente menores que en momentos en que uno, por ejemplo, ha de sacar adelante una familia. Por esta razón me parece que esa pensión pública debiera ser, siempre, equivalente al salario mínimo mensual que consideramos socialmente suficiente y justa retribución para una persona que esté trabajando en nuestra sociedad para sacar adelante una actividad productiva. Si consideramos que esa retribución es justa para quien trabaja y suficiente para vivir estando activo, habrá de serlo necesariamente para cuando se llega a mayor. Una medida como esta, como es evidente, tendría un efecto positivo evidente e inmediato: todos los pensionistas tendrían un incentivo claro para apoyar subidas del salario mínimo y, con ello, de las retribuciones de todos aquellos que están efectivamente trabajando para producir la riqueza necesaria para que se cubran los recursos públicos de donde salen, en el fondo ya hoy, las pensiones y el resto de políticas públicas.

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PS: De las repercusiones de un modelo así y de su lógica en un mundo de trabajo cada vez más escaso y donde las prestaciones alternativas e incluso los modelos de renta básica van, por ello, a  ser cada vez más frecuentes hablamos otro día. Pero es evidente, creo, que su cohonestación con el mismo es relativamente sencilla y muy fácil de estructurar de forma coherente.



Sectores regulados en España: hoy, la reforma eléctrica

Publica el BOE de ayer el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (por cierto, en el tanteo del año llevamos 9 leyes por 9 Decretos-ley, que están perdiendo fuerza, los pobres, como si esto fuera un país normal, aunque de vez en cuando aparezcan casos como éste, donde no hay NINGUNA justificación para acudir a esta forma de legislar, como queda claro por el hecho de que la reforma lleva meses preparándose, lo que hace que cualquier persona con dos dedos de frente dude de la efectiva existencia de esa supuesta urgencia que el texto del Decreto-ley tantas veces invoca). Se trata de una “pedazo de reforma”, en palabras de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que cada vez que presenta reformas supuestamente ambiciosas que en realidad vienen a ser más de lo mismo se ve obligada a hacer fuegos de artificio verbales, como lo de los famosos 40.000 millones de euros del otro día, para tratar de tapar la triste realidad de la pobre acción reformadora del Gobierno.

La reforma que ha presentado el Gobierno es muy compleja (si se van al enlace de la norma en el BOE verán que la Exposición de Motivos ocupa casi 2/3 de extensión, lo que demuestra, además, la necesidad de aclarar qué intenciones tienen algunos preceptos y cómo han de interpretarse, sentida incluso por parte del propio Ejecutivo que ha preparado el Decreto-ley) y en aras a la brevedad que siempre se me recrimina que no cuido nada en este blog voy a intentar, de la manera más sencilla posible, explicar los dos problemas esenciales que parece querer afrontar la reforma y los problemas jurídicos de fondo que plantean y que ponen de relieve algunas de las dificultades de la moderna manera de hacer ordenación económica… Boletín Oficial del Estado en la mano. Se trata de la cuestión del precio de la electricidad en España y del tema de las primas a las renovables.

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Sábado, sabadete, Decreto-ley y….

Escribo hoy en mi columna quincenal de El País Comunitat Valenciana sobre los recortes y cuento algo que es estrictamente cierto. Somos cada vez más los juristas que, con una mezcla de incredulidad, morbo, cierta resignación y espíritu sadomasoquista nos conectamos los sábados por la mañana al Boletín Oficial del Estado, donde con precisión de reloj suizo aparecen, semana tras semana, Decretos-ley de todo pelaje y condición consecuencia de que ahora los Consejos de Ministros del viernes se aprovechan para aprobar normas con rango de ley, semana sí, semana también.

Esto del Decreto-ley como costumbre semanal es una cosa que quizás al no iniciado no llame demasiado la atención, pero a los juristas nos preocupa, cuando no indigna, por muchas razones. Porque el Decreto-ley supone que sea el Gobierno quien redacte una ley, en lugar del Parlamento, que es quien tiene atribuida esa función en un Estado de Derecho normal. ¿Y qué más da algo así en un contexto como el actual, donde el partido que Gobierna tiene una amplia mayoría absoluta en las Cortes que le permite aprobar todo lo que le parezca?, se preguntarán algunos. Pero la verdad es que sí da, sí importa. Y mucho. Porque no es lo mismo hacer las normas sin debate y confrontación de ideas a tener que pasar por un trámite parlamentario donde todo esto se produce. No es lo mismo la publicidad que una norma y sus matices y detalles reciben, por parte de la opinión pública y de los agentes implicados, si se tramita como ha de hacerse a la atención que suscita si se aprueba Decretazo mediante. Y tampoco es lo mismo el incentivo al pacto y la conciliación que supone tener que aprobar la Ley, porque aunque tengas mayoría absoluta siempre queda un poco mal pasar el rodillo una y otra vez, comparado con lo que supone poder decretar cualquier cambio en una rueda de prensa tras un “intenso debate” entre tu partido y tu gobierno. Aunque luego el Decreto-ley deba ser convalidado por el Parlamento o tramitado como ley el efecto provocado por el fait accompli es tremendo. Las normas así aprobadas suelen pasar por las Cortes sin más pena que gloria, suscitando poca atención y menos debate y son enmendadas poco o nada.

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La burbuja universitaria

La vuelta al cole es dura para todos siempre. Pero este año es un poquito más deprimente de lo habitual, dado que cuatro o cinco años después, y tras un verano agitadito, todo el mundo se ha dado cuenta de la enorme crisis que se nos ha venido encima, proporcional a la ingente burbuja en que durante muchos años hemos vivido instalados. Administraciones públicas, medios de comunicación, empresarios e incluso el ciudadano medio español que pinta en nuestra sociedad (el que tiene entre 45 y 75 años, trabajo fijo o pensión generosa y que ha cortado el bacalao desde la Transición) se han dado cuenta de que, en efecto, algo se ha hecho profundamente mal. Todos estamos ya convencidos. ¿Todos? ¿De verdad? No, existen todavía unos irreductibles que resisten aún y siempre al pesimismo y a todas las evidencias que apuntan a la necesidad de hacérnoslo mirar. Estamos hablando, claramente, de quienes formamos parte del sistema universitario español.

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Historias sobre la regulación de mercados en España (I)

A veces contar cosas que pasan en la vida real ejemplifica mejor que cualquier disquisición teórica cómo funciona en nuestro país eso de la liberalización de mercados, la libre competencia y lo de dejar que sean las empresas privadas las que actúen en ciertos sectores esenciales, mientras la Administración, no teman los ciudadanos, por medio de unos organismos independientes y trufados de técnicos neutrales, especializados y no politizados, velan por que todo vaya bien y no se produzcan desmanes ni nadie se aproveche de ciertas situaciones inherentes de superioridad. ¿Se saben la historia, verdad? ¿Le suena la música?

Pues pasemos a la letra, a la dura realidad. Esto es algo que ha empezado a circular por la Red. La carta y la respuesta demuestran bien a las claras cómo se las gastan las empresas españolas y hasta qué punto la actividad de “regulación” que debieran hacer nuestras autoridades es una tomadura de pelo:

I. Carta de Endesa a un usuario canario:

Estimado señor:

Endesa Distribución va a proceder próximamente a la
sustitución de su contador de electricidad por uno nuevo que
dispone de capacidad de Telegestión, en cumplimiento de la
normativa vigente (RD 1110/2007 de 24 de agosto y Orden
TC/3860/2007 de 28 de diciembre). El nuevo sistema de
Telegestión permitirá entre otras funciones la lectura a
distancia de su consumo.

A lo largo del próximo trimestre, un operario autorizado por
Endesa sustituirá el contador que usted tiene actualmente
instalado. Si su contador se encuentra en el cuarto de contadores o
es accesible desde el exterior de su vivienda, no será
necesario que usted esté presente. En caso contrario, el
operario se pondrá en contacto con usted para poder realizar
el cambio de contador.

El coste de la sustitución correrá a cargo de Endesa y
usted sólo tendrá que abonar una cantidad en concepto de
Derechos de Enganche, que según se establece en la
legislación actual asciende a 9,04 euros. Por otra parte, el
coste mensual de alquiler del contador a aplicar será de 0,81
euros.

Si necesita cualquier aclaración sobre esta sustitución o
desea realizar alguna consulta, puede contactar con nosotros
dirigiéndose al Teléfono de Atención de Endesa
Distribución Eléctrica 902 509 600. Estaremos encantados
de atenderle.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial
saludo.

II . Respuesta del usuario:

        Estimados señores de Endesa Distribución:

He recibido su amable carta de fecha indeterminada (porque no la
ponen) en la que me comunican una serie de hechos consumados
basados, naturalmente, en que ustedes como monopolio hacen siempre
lo que les sale de los electrones y a nosotros, como miembros de la
honorable manada de borregos forzosamente consumidores, nos queda
la única opción gozosa de pagar.

Les dirijo esta carta porque en el texto que me han enviado, como a
otros muchos miles de consumidores, supongo, existen algunas
cuestiones que me han sumido en un estado de estupor, catatonia y
asombro. O dicho de otra forma, que me han fundido ustedes los
plomos.

Porque vamos a ver. Me dicen ustedes amablemente que van a proceder
a cambiarme “mi” contador de electricidad. Una cuestión
bastante curiosa porque resulta que en el desglose de la factura
que les pago a ustedes todos los meses les abono una cantidad en
concepto de alquiler de contador. Y digo yo, ¿cómo es
posible que les haya pagado un alquiler por algo que  era
mío? ¿Habrán incurrido ustedes, mi querido
monopolio, en un involuntario y pequeño error por el que me
han estado cobrando indebidamente una modesta pero significativa
cantidad a lo largo de los últimos años?

Sigo adelante con la carta y observo que me cuentan ustedes que el
nuevo contador permite la lectura a distancia (es decir, más
gente al paro, me temo, maldita tecnología) lo cual, como
fácilmente comprenderán, a los usuarios nos la
refanfinfla. Dicho de otra manera, que me da igual que lean ustedes
el contador a medio metro o desde las quintas chimbambas, a
condición de que las lecturas sean las reales.

Añaden que el coste de la sustitución -en cumplimiento de
la normativa legal- correrá a cargo de Endesa. Y digo yo que
faltaría más que nos cobraran a nosotros por algo que ni
hemos pedido ni maldita la falta que nos hace. O sea, que les
agradezco la información aunque me resulte irrelevante. Lo que
me llena de asombro es que me indiquen que “solo” tendré que
abonar “una cantidad en concepto de derechos de enganche que
según la legislación actual asciende a 9,04 euros”. Vamos
a ver, querido monopolio, ¿cómo nos van a cobrar a los
usuarios un reenganche de un desenganche que ni hemos pedido, ni
hemos contratado? Porque digo yo que porque a ustedes les salga del
flujo de electrones cambiar los contadores, como les podría
dar por cambiar esas divertidas torretas eléctricas de
colorines con las que generosamente nos han adornado las autopistas
para mejorar nuestra imagen turística, ¿a mi que me
cuentan? Eso del derecho de enganche, que debe ser un asunto
más complejo que el derecho romano, es un devengo que se
produce cuando un usuario se da de alta en la red por primera vez o
lo vuelve a hacer después de que le hayan cortado la luz por
impago. ¿Pero cómo le pueden cobrar enganche a un
consumidor que no se ha desenganchado, que está al corriente
de sus pagos y que tiene un contrato vigente con ustedes para el
suministro en unas condiciones pactadas?

Es que si tenemos en cuenta que tienen ustedes, un suponer, 600.000
usuarios en Canarias, a casi diez euros por barba, se van a
embolsar así como quien no quiere la cosa unos seis millones
de euros, que hay meses que no los gana uno, créanme, aunque
sea expresidente de Gobierno y además de llevarse 80.000 del
ala al año limpios de polvo (aunque no me consta que de paja)
cobren por hacer de lobby para algunas de las grandes empresas
españolas.

Lo que ya me descalabra completamente es que añadan -supongo
que intentando convertir la carta en un relato kafkiano- que el
coste mensual del alquiler del contador a aplicar (un lapsus
sintáctico porque en todo caso querrán decir ustedes
·el costo mensual a aplicar del alquiler del
contador…·) será de 0,81 euros. A veeeeerrr. Si el
contador es mío ¿me van a pagar ustedes 0,81 euros
mensuales? ¿O será que realmente el contador es de quien
es -es decir, de ustedes- y amablemente me comunican que me van a
cobrar esa módica cantidad mensual?. Y si es de ustedes,
¿por qué principian hablando de “mi” contador?

Queridos amigos del monopolio. No se líen. El contador es de
ustedes. Lo era antes y lo es ahora. Por eso me cobraban antes el
alquiler y me lo van a cobrar ahora. Y lo cambian ustedes por
imperativo legal, con lo que esa pretensión de cobrarles diez
euros a los usuarios me parece sencillamente que es sacar las patas
del tiesto y echarle un poco de morro al asunto. Sobre todo porque
lo que realmente se callan en su amable carta -en las cartas, como
en la vida, es más importante lo que se calla que lo que se
cuenta- es que el nuevo contador tecnológicamente avanzado que
nos están cascando por decisión unilateral les va a
permitir a sus señorías detectar a aquellos usuarios
-viviendas, oficinas, bares, restaurantes y otros- que están
consumiendo ligeramente por encima de la potencia contratada. O
dicho de otra manera, que aquellos consumidores que tienen con
ustedes un contrato de potencia de 5 kw y resulta que de media
están consumiendo un poco por encima -que como bien saben son
un porrón- van a tener que pagarles esa energía extra con
un sustancioso recargo y, de propina, estarán obligados a
realizar un nuevo contrato de mayor potencia. Es decir, que con
esos nuevos contadores van a detectar ustedes los pequeños
sobreconsumos que ahora se les escapan, van a cobrarlos con
banderillas y van a hacer el negocio redondo aumentando el rango de
potencia de los contratos. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Los
usuarios no lo sabían.

Resulta descorazonador que mientras hacen ustedes todo esto, la
gente que se supone que representa los intereses de los ciudadanos
sigan discutiendo del sexo de los galgos y los podencos. Si esto
fuera un libre mercado, allá penas porque estarían
ejerciendo con toda legitimidad sus derechos como empresa y los
usuarios estarían en condiciones de elegir. Como resulta que
tienen ustedes el monopolio real de la distribución no estamos
hablando de un mercado libre y las reglas del juego deben ser
distintas. Desde luego no deberían pasar porque ustedes hagan
lo que les salga del forro de los cajones de los electrones y a los
usuarios, forzosos, no les quede otra que tragar.

Les agradezco su amable y distorsionada información en torno a
sus planes para apretarnos un poco más los bolsillos, les
recomiendo encarecidamente que su grupo de producción compre
energías renovables de los nuevos parques eólicos del
Cabildo de Tenerife (y de paso quesos, vino, yogures, piensos,
vacas… o jugarse incluso unas perritas en los casinos de la casa)
y les aseguro que como se les ocurra cobrarme diez euros por un
reenganche que no he pedido, pienso acudir a la Organización
de Consumidores y Usuarios para que no me hagan ni puñetero
caso, perder el tiempo, frustrarme y pensar una vez más que
estamos indefensos ante los monopolios, los mercados intervenidos y
los ineptos que se suponen que tienen que defendernos.

Reciban un cordial saludo.

PD. El número de información al que me indican en la
carta que debo llamar (el 902 509 600 de Atención al Cliente
de Endesa Distribución Eléctrica) es un call center -como
dicen los modernos- que está en Madrid (me gustaría que
creen puestos de trabajo donde yo pago, no sé si me
entienden). Te atiende primero un sistema robotizado y luego una
amable persona que solo acierta a repetir el manual de la
compañía que viene a ser: “Le entendemos, pero le vamos a
cobrar. Esto es lo que hay”. Ah. Y el número es de
tarificación especial, de pago, con lo cual además de
esperar, preguntar y no tener respuesta, también terminamos
pagando. Por cierto, por mucho que me he leído las
disposiciones legales que citan en su carta -y otras- sobre el
cambio en los equipos de medidas básicos, por ninguna parte he
visto otra interpretación que la de que son ustedes los que
deben instalarlos y pagar el coste de la instalación. 

Creo que no hace falta añadir mucho más porque se entiende todo perfectamente. O bueno, sí. Que han tenido que ser respuestas como ésta, de los ciudadanos, las que han hecho reaccionar a Industria para que recuerde a las empresas del sector algo evidente: que la sustitución del contador ha de ser a cargo de la empresa.



Menos tonterías y más escuela

Mi colaboración de la semana pasada con la edición de la Comunidad Valenciana de El País versó sobre un tema clásico pero que, desgraciadamente, hay que revisitar. Porque probablemente nada más tópico y ritual, desde un cierto punto de vista, que denunciar la situación de nuestro modelo público de escuela. Y es lamentable que, quizás, me temo, suene incliso tan obvia y evidente la queja como que nada hay que hacer para arreglar el problema. Que nada se puede hacer. Mientras tanto, la degradación continua. Y en la Comunidad Valencia, de manera acelerada (los ejemplos son numerosos y se suceden a toda velocidad, el último de ellos en forma de suelo público regalado de manera infame a los empresarios, y a la Iglesia, especializados en la enseñanza privada y concertada).

La escuela pública no sólo es mejor y esencial para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más eficiente, por mucho que las dinámicas sociales de los últimos años nos cieguen y nos hagan no darnos cuenta. Es, además, la única que permite que poco a poco una sociedad avance y se desarrolle, alcance cuotas de libertad y de pluralismo modernas y, además, logre, aunque sea en parte, igualar las oportunidades de todos.  Que algo va mal en España, mucho peor que en otros países, se ve, mejor que en ningún otro sitio, en lo mal que va la escuela pública en España. Porque la educación pública no sólo es mejor, más importante y a medio y largo plazo más eficiente. Es que, si se me permite copiar la broma de un profesor de mi Facultad, es algo más. Es la única y verdadera.

Mientras no seamos plenamente conscientes de ello las cosas no mejorarán. Pero no basta ser consciente. Porque, a día de hoy, me temo, creo que casi todos lo somos. Hay, además, que rebelarse contra el sentimiento de que, aunque la cosa dé vergüenza ajena y propia, como uno solo nada puede hacer, lo mejor es seguir la corriente general y buscar, dentro del desastre, salvar a tu familia y a tus hijos. La triste realidad española es que todo el mundo, con muy contadas excepciones, es consciente del suicidio colectivo que supone fomentar que con dinero público, de todos, se incentive la enseñanza privada. Pero las clases medias, e incluso las bajas, a pesar de ser conscientes de ello, plenamente conscientes, y de sentir vergüenza por participar en el juego, piensan que el tema no tiene arreglo. Y que, por ello, lo que hay que hacer es tratar de minimizar problemas dentro de ese contexto y, si se puede, lograr que sea a ellos y a sus hijos a quienes el Estado financie, en lugar de una escuela pública de calidad e integradora (quimera a la que se renuncia por imposible), una escuela privada, pagada por todos, pero que excluya a las clases sociales más desfavorecidas. Así el niño va con las monjitas, pero sin pagar, como si esto fuera un público. Pero sin moros, ni gitanos, ni inmigrantes (o con muy poquitos, y muy seleccionados) gracias a unos apaños infames que entre todos consentimos y alentamos. El hecho de que a nadie se le escape lo asqueroso del modelo que construimos y que a pesar de eso tenga la fuerza que tiene hace que la cosa sea más deprimente si cabe.

En fin, que allá va lo que escribí. Sin mucha esperanza de que a corto plazo vayamos a asistir a un cambio, pero con la convicción de que, al menos, hay que decir estas cosas en voz alta a ir tratando de ayudar a que cambien.

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El porno y la nueva Ley del audiovisual

Ya tuve ocasión en este blog de transmitir en directo mi participación en una mesa redonda sobre la LGCA. Como era la mesa que cerraba el congreso y empezó a las 19.30 de la tarde, y como los organizadores montaron las jornadas en el marco de un proyecto de investigación sobre violencia de género y sexismo, entendí que convenía ejemplificar lo que trataba de explicar recurriendo al ejemplo de la pornografía. Al escribir con algo más de calma parte de esas reflexiones, y dado que el asunto de los contenidos sexistas reaparecía como ejemplo,  se suscitó en este blog un divertido debate sobre la cuestión.Aprovechando el interés público que genera esta cuestión de la pornografía, y con el ánimo de que puedan calibrar lo entretenido que puede ser el Derecho, les enlazo el contenido no sólo de mi intervención sino de toda la mesa redonda en que se produjo, así como el subsiguiente debate. Pueden seguir a partir del minuto 8.20 (no llega a los 15 minutos) mi exposición. Les recomiendo, también, si se ponen, la de quien cierra la mesa redonda, Juan José Montero, que se sabe muy bien todo lo relativo a estas cuestiones y que nos regaló una intervención muy interesante sobre el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (a partir del minuto 35). También hay cosas curiosas, a continuación, en el debate que suscitaron las intervenciones.La Universitat de València está subiendo también, poco a poco, el resto de audios de las jornadas.



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