¬ŅAlguien, por favor, me puede explicar qu√© hacen nuestras tropas en Afganist√°n?

Dado que, como me comentaban el otro d√≠a, Rodr√≠guez Zapatero es a Obama lo que Aznar era a Bush II, en cuanto a embeleso, seguidismo, actitud lacayuna y vocaci√≥n por hacer cualquier cosa con tal de salir con √©l en fotos (de momento s√≥lo se diferencian en que, es justo reconocerlo, Aznar logr√≥ un grado de intimidad con Bush que est√° a a√Īos luz de lo logrado de momento por Rodr√≠guez Zapatero, pero toda Espa√Īa conf√≠a en que, si hay suerte y se pueden hacer servicios de sicario la cosa cambie), es evidente que nuestro Gobierno va a mandar a Afganist√°n cuantas tropas sean exigidas por los Estados Unidos.

Dada la calidad de nuestro sistema de control democr√°tico de las decisiones del Gobierno, es de prever que, adem√°s, todo eso siga haci√©ndose sin excesivo debate p√ļblico.

Dado que el grueso del ej√©rcito espa√Īol se compone, gracias a la profesionalizaci√≥n del mismo, de inmigrantes, lumpenproletariado con pocas opciones adicionales (motivo por lo que la crisis ha incrementado el atractivo de la milicia) y un porcentaje de militares vocacionales (ya sea por pasi√≥n, ya por tradici√≥n familiar) con pocas man√≠as si de lo que se trata es de irse por ah√≠ a pegar algunos tiros desde una posici√≥n de superioridad log√≠stica y de equipos (por lo que, adem√°s, te pagan un plus), tampoco es probable que desde el Ej√©rcito espa√Īol vayan a levantarse cr√≠ticas o a aparecer reticencias ni que el conjunto de la sociedad espa√Īola vaya a preocuparse en exceso por lo que pueda pasar a “nuestros soldados”.

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El Tribunal de Cassació de Catalunya

A la espera de que el Tribunal Constitucional alumbre la esperada Sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut de Catalunya, que la que la propia presidente se ha encargado de informar que podemos esperar que sea un hecho para el próximo mes, leo en Bloc de Dret que tenemos a nuestra disposición desde ayer mismo una base de datos con la jurisprudencia que, desde 1934 a 1937, emitió el Tribunal de Cassació de Catalunya. La iniciativa es muy interesante, en la medida en que permite que sea accesible la labor jurídica de ese tribunal, lo que sin duda ayudará a poner en su correcto contexto cuáles son los resultados esperables del proceso de descentralización en materia de justica que el Estatut de Catalunya y los que han seguido su senda después. Pautas de descentralización recurridas ante el TC cuando se refieren al Estatuto catalán pero, en cambio, y sorprendentemente, no en otros casos.

Si el Tribunal Constitucional declarare no acordes al marco constitucional las previsiones en materia de justicia del catal√°n referidas a la obligaci√≥n de saber catal√°n que se impone a jueces y otros funcionarios de la Administraci√≥n de Justici, tendremos un foll√≥n pol√≠tico importante, como a nadie se le escapa. Pero si, adem√°s, declarare inconstitucionales toda una serie de cuestiones competenciales y organizativas, el foll√≥n ser√° tambi√©n muy virulento en lo jur√≠dico. Porque, ¬Ņqu√© habr√≠a que hacer con las disposiciones semejantes que el resto de Estatutos que han venido detr√°s, pactados por PP y PSOE, contienen y que, a diferencia de lo que ocurre con el caso catal√°n, no han sido recurridos por nadie? ¬ŅHabr√≠a que entender que quedan tambi√©n anulados? O, mientras nadie cuestione su constitucionalidad, ¬Ņpodr√≠an desplegar efectos con un contendo que, en cambio, habr√≠a quedado vedado para Catalu√Īa?

Frente al¬† excesivo dramatismo con el que en ocasiones se analizan las medidas federalizadoras en materia judicial, conviene recordar que la justicia en pa√≠ses como Estados Unidos o Alemania est√° organizada, esencialmente, con una planta radicada en cada Estado federado. Las instituciones judiciales federales son las menos y cubren los huecos dejados por la planta judicial b√°sica, de √°mbito estatal. El tipo de asuntos a los que el Tribunal de Cassaci√≥ de Catalunya se dedic√≥ en tiempos de la II Rep√ļblica, cuyas resoluciones ya se pueden consultar sin mayores dificultades, deja bien a las claras que estamos ante una opci√≥n organizativa (mejor o peor, seg√ļn los gustos) que vale la pena analizar sin excesivos dramatismos. Porque no se correspone tal actitud con los riesgos disgregadores reales que comporta su aceptaci√≥n.

PS: Por supuesto, la base de datos tambi√©n servir√° para consultar una jurisprudencia, que por estas cosas que tiene Espa√Īa, ha revivido recientemente como criterio interpretativo v√°lido para el Codi civil catal√°n, especialidad foral que permite a Catalu√Īa darse sus propias normas civiles en los √°mbitos en que pervivi√≥ una regulaci√≥n propia (hay m√°s CC.AA. en esta misma situaci√≥n desde hace m√°s de un siglo y Espa√Īa tampoco ha sufrido en exceso por ello), lo que fue constitucionalmente convalidado por el art. 149.1.8¬™ de la Constituci√≥n. Otra cosa es que, debido al cambio en la mayor√≠a de los preceptos sobre los que dictamin√≥ en su d√≠a¬† el Tribunal, esta declaraci√≥n tenga alg√ļn efecto real importente, m√°s all√° de los simb√≥licos.

En cualquier caso, esta reviviscencia de viejas normas llama la atención. El Estatuto valenciano, por ejemplo, se retrotrae a normas anteriores a 1707 para fundamentar su competencia en Derecho civil (algo que, por lo demás, ha aceptado el Estado retirando el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que ha desarrollado el régimen civil del matrimonio en Valencia) e incluso, en lo que ya parece un exceso que afortunadamente no pasará de ser retórico, proclama que las instituciones han de tratar de proporcionar soluciones jurídicas acordes a lo que esas disposiciones forales previas a la Nueva Planta disponían.



Despenalización del aborto

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que reforma la regulación en materia de supuestos donde el aborto está despenalizado. Como es sabido, la regulación tradicional entendía que la realización de un aborto suponía la comisión de un grave delito por parte del médico o persona que lo llevara a cabo. Si la intervención era consentida también se penaba a la mujer que autorizaba o incluso instaba la misma. Esta regulación, como es evidente, planteaba problemas obvios cuando nos enfrentábamos a casos en los que la interrupción del embarazo y consiguiente intervención sobre el cuerpo de la mujer se realizaba con el consentimiento de ésta.

En un Estado de Derecho han de estar protegidos y garantizados los derechos de todos, y muy especialmente los de los m√°s d√©biles. En un Estado de Derecho, tambi√©n, el Derecho penal interviene √ļnicamente para reprimir aquellos actos que merecen un reproche social de la suficiente gravedad, por constituir ataques a bienes jur√≠dicos protegidos de la suficiente entidad como para que se justifique una reacci√≥n por parte de la colectividad no s√≥lo punitiva sino extremadamente violenta, como es el empleo de la ultima ratio para la orientaci√≥n de la conducta de los ciudadanos que supone anudar a la prohibici√≥n de una acci√≥n el prever para la misma como castigo penas de privaci√≥n de libertad.

Este es el motivo por el que es especialmente complejo establecer como delictivas conductas que para una gran parte de la sociedad, aunque no sea necesariamente mayoritaria, son perfectamente leg√≠timas y por el que, normalmente, en una sociedad democr√°tica y respetuosa con los derechos de los dem√°s y sus creencias, en tales casos de conflicto social se trata de convencer a los que opinan de modo diferente y lograr espacios de convergencia pero no reprimir con la c√°rcel a quienes piensan, y act√ļan en consecuencia, con otra escala de valores.

En el caso del aborto, es obvio que el embri√≥n es un proyecto de vida (proyecto, adem√°s, ya en un cierto estado de evoluci√≥n) y que ha de merecer la protecci√≥n del Derecho, aunque no necesariamente sea titular, todav√≠a, de derechos fundamentales. As√≠, por ejemplo, lo ha dejado claro tambi√©n el Tribunal Constitucional cuando se ha tenido que ocupar de esta cuesti√≥n a cuenta de la constitucionalidad de la primera ley que en Espa√Īa, en 1985, despenaliz√≥ algunos supuestos de aborto. Por este motivo, por ejemplo, es l√≥gico y perfectamente proporcionado que se castigue a quien provoca un aborto en una mujer sin su autorizaci√≥n. Porque socialmente hay un consenso ampl√≠simo sobre la existencia de un bien jur√≠dico de la suficiente entidad como para que su protecci√≥n justifique una reacci√≥n penal. Pero tambi√©n es evidente que hay una enorme discusi√≥n en torno a si este bien jur√≠dico ha de ser protegido incluso frente a la voluntad de la madre de poner t√©rmino a su embarazo, al entender que tiene derecho a disponer de su cuerpo, de su sexualidad y de su maternidad de forma libre. Y, en consecuencia, es muy discutido si la protecci√≥n que ha de dar el Derecho al embri√≥n ha de primar incluso frente a la decisi√≥n de la madre que desea abortar. Cuando digo “muy discutido” me refiero a que hay amplios sectores de la sociedad que tienen claro que el aborto es moralmente equivalente a acabar con una vida humana, as√≠ como los hay que est√°n convencidos de que, al menos en los estadios iniciales de la gestaci√≥n, ese proyecto de vida no tiene la suficiente entidad como para que su protecci√≥n se imponga a la manera en que una mujer quiere vivir, programar su maternidad o no maternidad y disponer de su cuerpo. ¬ŅC√≥mo es sensato resolver este conflicto en una sociedad democr√°tica?

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La inconstitucionalidad de los mandatos residuales y las elecciones del domingo en la RFA

Trae hoy La Vanguardia un titular espectacular sobre las elecciones que el próximo domingo se celebran en Alemania, anticipando una grave crisis constitucional en caso de que los resultados sean tan ajustados como la evolución de las encuestas prevé.

Tal perspectiva, en efecto, no es totalmente descartable (aunque es remota, no ya tanto porque los resultados debieran ser diab√≥licamente ajustados, algo que entra dentro de lo posible, como porque, en tal caso, es f√°cil pensar que siempre se podr√≠a recurrir a la alternativa “indolora” de prorrogar la Grosse Koalition entre la CDU y el SPD y todos tan tranquilos). El deterioro en sus perspectivas electorales que la coalici√≥n de gobierno entre¬† cristianodem√≥cratas y socialdem√≥cratas est√° provocando a los dos grandes partidos (y especialmente al SPD, como suele ocurrir en estos casos con el socio que no tiene la proyecci√≥n que da la canciller√≠a) ha provocado que el mapa de partidos en Alemania se haya complicado enormemente. No s√≥lo porque han ido apareciendo en las √ļltimas d√©cadas m√°s fuerzas (previsiblemente seguir√° habiendo 5 partidos representados en el Bundstag) como por el incremento de voto a las fuerzas minoritarias, Gr√ľne (ecologistas), FDP (liberales reconvertidos al radicalismo pro-econom√≠a de mercado) y Die Linke (ex-comunistas del SED aliados con disidentes socialdem√≥cratas descontentos con la derechizaci√≥n del partido). Si ya en las anteriores elecciones, en 2005, su notorio ascenso impidi√≥ que se formara ninguna de las coaliciones “tradicionales” (SPD-Gr√ľne; SPD-FDP o CDU-FDP), por no ser posible ninguna de esas mayor√≠as, la situaci√≥n puede acabar siendo semejante a partir del pr√≥ximo domingo.

Aunque el hecho de que la buena imagen de Merkel y su gesti√≥n hayan paliado su desgaste electoral, as√≠ como el correlativo ascenso de los FDP, beneficiados por ese fen√≥meno tan europeo de que la presente situaci√≥n de depresi√≥n econ√≥mica ha reforzado en vez de perjudicado a los m√°ximos y m√°s extremistas defensores del capitalismo, parec√≠a que iba a permitir una coalici√≥n “can√≥nica” entre el FDP y la CDU, las √ļltimas encuestas empiezan a poner en duda que entre ambos partidos logren una mayor√≠a de los votos (lo que significa no un 50%, sino superar el porcentaje que sumen los otros tres partidos) e incluso la encargada por el Handelsblatt parece descartarla definitivamente. De modo que entre que la tendencia demosc√≥pica parece clara en el sentido de que cada d√≠a que pasa las opciones de un pacto entre cristianodem√≥cratas y liberales son menores y el recuerdo de la espectacular falta de acierto de los sondeos en 2005 (primaron mucho el voto a Merkel e infravaloraron el voto al SPD), a d√≠a de hoy muy pocos, tal vez con la excepci√≥n de Llu√≠s Basset, dan por seguro que la coalici√≥n CDU-FDP vaya a tener mayor√≠a. Entra dentro de lo posible, pero tambi√©n lo es que, aunque por los pelos, no la logren.

Es precisamente si tal resultado se diera cuando se podr√≠a producir una situaci√≥n cr√≠tica. A saber, que, aun sin tener los votos, s√≠ tuvieran los esca√Īos y eso, adem√°s, gracias a una ley electoral que, por producir ese efecto y caso de que lo produzca, ya ha sido declarada por el Tribunal Constitucional alem√°n contraria a la Ley Fundamental de Bonn aunque, parad√≥jicamente, no haya sido anulada ni tampoco parezca que los partidos pol√≠ticos mayoritarios deseen modificarla. ¬ŅC√≥mo es posible semejante embrollo?

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Algunas reflexiones sobre el Decreto-ley de la TDT de pago

La actualidad en Espa√Īa pasa sorprendentemente desde hace unas semanas por un atento an√°lisis a un aparentemente abstruso Decreto-ley aprobado por el Gobierno espa√Īol en pleno mes de agosto (con el bonito elemento ex√≥tico, por ello, de que est√© firmado en Palma de Mallorca, lo cual siempre da un tono sandunguero, entre regata y copichuela agost√≠, a la cosa que se agradece) y convalidado por una amplia mayor√≠a en el Parlamento hace unos d√≠as.

La norma en cuesti√≥n se ha dictado al amparo del art√≠culo 86 de la Constituci√≥n que, como es sabido, concede en Espa√Īa al Gobierno la posibilidad, excepcional en el Derecho comparado (pr√°cticamente, en nuestro entorno, s√≥lo en Italia el Gobierno cuenta con una habilitaci√≥n comparable), de dictar disposiciones con fuerza de ley que tendr√°n una validez provisional (de un m√°ximo de 30 d√≠as), hasta su convalidaci√≥n por el Congreso. Ahora bien, el apartado primero de ese precepto se√Īala que tal posibilidad queda restringida √ļnicamente a los casos “de extraordinaria y urgente necesidad”.

Como se puede ver, eso de “extraordinaria y urgente necesidad” queda bastante dram√°tico y hace pensar que s√≥lo muy excepcionalmente estar√° justificado el recuros a tal medida. Pero dada la que se ha montado con el decretazo de marras, da la sensaci√≥n de que, en efecto, estamos enfrentados en este caso a una situaci√≥n realmente fuera de lo ordinario y grave, grav√≠sima, para el pa√≠s. Porque, en efecto, el contenido de la norma aprobada por el Gobierno ha generado tal pol√©mica que ha provocado un ataque sin precedentes por parte de Juan Luis Cebri√°n, alma mater del diario El Pa√≠s y de todo el entramado editorial de PRISA, quien ha considerado que estamos ante una gresi√≥n inusitada al Estado de Derecho, propio de un Gobierno dictatorial y que supone el m√°s claro ejemplo de corrupci√≥n y autoritarismo que en Espa√Īa ha habido y que pueda recordar el empresario (es de suponer, adem√°s, que eso incluye todo lo que ha vivido Cebri√°n a lo largo de su ya dilatada carrera profesional, incluyendo su actividad directiva en la televisi√≥n p√ļblica de la dictadura franquista, lo que dota de un especial dramatismo a la denuncia). Como es sabido, al jefe le han seguido en la pataleta todos los medios y periodistas del grupo, que han dedicado desde entonces, con unos aires de vendetta imposibles de ocultar, una enorme atenci√≥n a la incapacidad del Gobierno para afrontar la crisis y a supuestas desafecciones masivas por parte de amplios sectores del propio PSOE. De los m√ļltiples an√°lisis de la reacci√≥n, valgan los publicados en La P√°gina Definitiva como muestra de la valoraci√≥n m√°s o menos un√°nime que est√° mereciendo el show.

M√°s all√° del rid√≠culo, este s√≠ sin precedentes, que supone leer el art√≠culo de Cebri√°n o escuchar sus declaraciones de esos d√≠as (porque viniendo de quien vienen, producen verg√ľenza ajena cuando no, directamente, una carcajada) y de la obscenidad que supone que todo un grupo medi√°tico monte tal escandalera, una vez m√°s, para defender sus intereses empresariales (aunque se intente argumentar de forma alambicad√≠sima que la situaci√≥n afecta a los derechos de los ciudadanos y su bienestar), la cuesti√≥n que me interesa tratar es si, jur√≠dicamente, la cosa es para tanto. Esto es, ¬Ņde verdad supone una anomal√≠a o un abuso, aunque no sea necesariamente como para poner en riesgo la democracia espa√Īola, la aprobaci√≥n de un Real-decreto como el que analizamos? O dicho de otra manera, aunque sea obsceno que precisamente Cebri√°n se queje, ¬Ņtienen algo de fundamento sus quejas?

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Justificar la tortura, la labor del abogado, la del Profesor y la libertad de c√°tedra

Hace 3 a√Īos, cuando este bloc estaba todav√≠a en sus inicios, tuvimos ocasi√≥n de comentar algunas de las peligros√≠simas derivas que, en relaci√≥n a la misma esencia del Estado de Derecho, estaban d√°ndose en los Estados Unidos y de su capacidad de contagio en el resto del mundo. En esos momentos, en Estados Unidos comenzaba ya, tras a√Īos de generalizado silencio (con contadas y muy meritorias excepciones que, por cierto, vinieron en la mayor parte de los casos del mundo del Derecho, de juristas comprometidos, mientras la prensa, la opini√≥n p√ļblica y la oposici√≥n pol√≠tica, por lo general, se limitaban a jalear acr√≠ticamente los excesos de la war on terror), a articularse una crecientemente potente oposici√≥n al desmantelamiento del sistema de garant√≠as propio de un Estado de Derecho que se hab√≠a comenzado a esbozar. En Europa, aunque la cosa no haya llegado a tanto, s√≠ que se han reproducido, tambi√©n, efectos muy perniciosos como consecuencia de la importaci√≥n de esta corriente. Como han pasado m√°s inadvertidos, incluso Gobiernos supuestamente progresistas como el espa√Īol pueden permitirse colaborar en el env√≠o de menores de edad a Guant√°namo sin que pase demasiado, sin que apenas nadie se escandalice y sin que se generen, en consecuencia, los anticuerpos contra el avance lento y fuera de los focos de atenci√≥n de esa terrible enfermedad que es la asunci√≥n de que, en ciertas situaciones (cada vez menos excepcionales, por cierto), “todo vale”. Con todo, resulta edificante releer textos de 2006 en los que la defensa de ciertas posiciones en Estados Unidos conllevaba aislamiento y soledad (y, en Espa√Īa, numerosas cr√≠ticas, como puede verse en los comentarios a la entrada) y comprobar que ahora, a√Īos despu√©s, ese rechazo a ciertas pr√°cticas de ha convertido en (al menos p√ļblicamente) posici√≥n oficial de casi todos.

Una de las personalidades m√°s controvertidas implicadas en la acci√≥n jur√≠dica del Gobierno Bush II contra los calificados de “terroristas” es el Profesor (en la Universidad californiana de Berkeley) John Yoo. Mientras trabaj√≥ como asesor legal del Gobierno fue el autor de parte de los informes y dict√°menes que defend√≠an y fundamentaban la constitucionalidad de toda una serie de actos e inciativas sin duda conflictivos (ir a la segunda guerra de Irak sin autorizaci√≥n del Congreso, por ejemplo, ser√≠a perfectamente posible seg√ļn la Constituci√≥n de los EE.UU.), cuando no directamente aberrantes (admisibilidad de torturas con l√≠mites ciertamente laxos, del tipo “si Usted no cree que con lo que hace le inflige lesiones permanentes, adelante, que no es tortura”). Esta labor de Yoo como asesor legal est√° en estos momentos cuestionad√≠sima, hasta el punto de que hay quien la entiende directamente como delictiva, en la medida en que supuso el aval legal para que se dieran instrucciones a las tropas que conten√≠an la orden de torturar y una detallada enumeraci√≥n de t√©cnicas aceptables.

En estos momentos, tres a√Īos despu√©s, y cuando el Profesor Yoo ya ha regresado a sus clases en Berkeley, se desarrolla en su contra una intensa campa√Īa de hostigamiento p√ļblico en su Universidad, con manifestantes que recuerdan sus actos y opiniones all√≠ donde va, campa√Īa que ha llegado a solicitar su expulsi√≥n como profesor de la Universidad, en una iniciativa que lleva recogidas no pocas adhesiones.

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