La nueva ley del audiovisual y la censura administrativa

Desde el pasado 1 de mayo de 2010 está en vigor la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en adelante LGCA), una norma que está destinada a tener una gran incidencia en el audiovisual español, máxime cuando supone un cambio de paradigma radical, al menos en apariencia, respecto de las bases que ordenan y justifican la intervención administrativa en un sector, el del audiovisual, que históricamente venía siendo considerado en todas las normas previas (desde el Estatuto Básico de Radiotelevisión española de 1980 hasta la Ley de Televisión Privada de 1988) como servicio público.

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“Chupones”

Un concejal del PSE fue ayer detenido por gritar, a la entrada de los príncipes en uno de esos actos a los que se entregan con denuedo en favor de la patria, “Chupones, chupones, muerte a la monarquía“. El señor, que debe de tener ya sus años, iba acompañado de su nieto, que debió de asistir impresionado a la exhibición de tolerancia de nuestro ordenamiento jurídico (o de la interpretación liberticida de algunos de sus agentes) respecto de la emisión de opiniones políticas cuando éstas no concuerdan con ciertos dogmas mayoritarios. No es algo poco habitual en España. Así que bien hará el chaval en irse acostumbrando.

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El BOE de los recortes

Quienes hemos tratado, desde el viernes pasado, de encontrar en el BOE el Decreto-ley con el tijeretazo aplicado por el Gobierno a funcionarios, pensionistas y demás hierbas molestas del Estado del Bienestar hems tenido que esperar hasta hoy. Nos que sea grave dejar pasar unos días, a fin de cuentas eso nos ha permitido charlar sobre el asunto, de lo enfadados que estamoss, de lo alucinantes que son las medidas… especialmente entre funcionarios, pues a fin de cuentas esta primera ronda, esencialmente, corre de nuestra cuenta.

Pero no deja de ser curioso que, a pesar de la urgencia con la que se reunió el Consejo de Ministros, del empleo del Decreto-ley y de las prisas que metieron Obama e incluso el Primer Ministro chino, ¡sí, el chino!, con sus llamadas a Rodríguez Zapatero, hayan pasado varios días sin que se conozca el texto exacto que concretaba los recortes. Hasta hoy miusmo, al parecer, lo estaban peinando. Y añadiendo artículos y artículos para tratar de regular específicamente la situación, prácticamente, de cada cuerpo.

En fin, si tienen interés, ahí lo tienen, recién salido del horno. Ha habido que esperar hasta el BOE de hoy, pero al fin ha llegado. Hossana en el cielo.

Con tanto interés por descubrir cómo se concretaba el tijeretazo, los Boletines de estos pasado días habrán merecido un escrutinio bastante más intenso del habitual. Llama por ello la atención que este mismo sábado, con toda la tranquilidad del mundo, el Ministerio de Cultura se haya largado la concesión de una serie de subvenciones por vía directa, con toda la tranquilidad del mundo, y por importes en ocasiones notables.

Como no deja de ser una alegría que, en tiempos de tribulación como los que vivimos, siga habiendo dinero para lo realmente importante, copio y pego la lista de agraciados. El 22 de diciembre, más.

a) A la Fundación Cristóbal Balenciaga, para gastos de funcionamiento, 430.000 euros.
b) Al Ayuntamiento de Barcelona para las obras de reforma del Museo de Historia de Barcelona, 250.000 euros.
c) Al Ayuntamiento de Montblanc para la restauración de la muralla, 400.000 euros.
d) A la Universidad de Alcalá, para el proyecto de investigación «Relaciones Iglesia-Estado durante los siglos XVII y XVIII», 700.000 euros.
e) A la Fundación Leer León para cancelación de su déficit de explotación, 135.000 euros.
f) A la Fundación Hospital de la Santa Creu y Sant Pau para sus gastos de funcionamiento, 300.000 euros.
g) Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales, 600.000 euros.
h) A la Fundación Federico García Lorca de Granada para el desarrollo de las actividades del Centro García Lorca de Granada, 27.000 euros.
i) A la Fundación Hospital de la Santa Creu y Sant Pau para el proyecto de rehabilitación del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, 400.000 euros.
j) A la entidad cultural Foto-Film Calella para Festimatge-Certamen Estatal de la Imatge de Calella, 50.000 euros.
k) A la Coral de Cámara de Pamplona para el desarrollo de sus actividades, 204.000 euros.
l) Al Consorcio Patronato del Festival del Teatro Clásico de Mérida para el desarrollo de las actividades del Festival, 300.000 euros.
m) Al Ayuntamiento de Cassá de la Selva para la construcción del Centro de Artes Escénicas, 300.000 euros.
n) Al Ayuntamiento de Terrassa para la rehabilitación del Teatre Principal de Terrassa, 250.000 euros.
ñ) Al Ayuntamiento de Sant Martí de Riucorb para la construcción del Teatro y Centro Cultural, 250.000 euros.
o) Al Ayuntamiento de Vic para el Complejo Cultural-Teatro de Vic, 1.000.000 euros.
p) Al Ayuntamiento de Collado Villalba para la construcción del Centro Nacional de Teatro de la Discapacidad, 550.000 euros.

Felicidades a todos los premiados.

Si alguno de ellos tiene a bien contarnos cómo se consiguen estas cosas, estaremos encantados de aprender un poco.



Huelga de funcionarios y sindicatos en la función pública (I)

El día 8 de junio hay convocada una huelga de funcionarios. Que yo no secundaré. Y no porque me parezcan presentables las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis (y, sobre todo, la actuación global en materia económica y de justicia social de estos últimos años, que no sé mi provoca más ganas de reír o de llorar), sino por un par de ideas que tengo sobre el derecho a la huelga de funcionarios. Aunque no creo que mi posición personal sobre este asunto tenga demasiado interés para nadie sí pienso, en cambio, que exponerlas y comentarlas mínimamente puede ser una buena excusa para analizar en algunos de sus trazos jurídicos más básicos la cuestión de la huelga de funcionarios públicos. Asunto sobre el que hay en estos momentos un enorme consenso político, plasmado en una serie de normas jurídicas bastante claras y poco contestadas, del que, une fois n’est pas coutume, que se suele decir, me siento bastante alejado.

Las dos razones por las que no haré huelga el próximo martes, y que en general me hacen ser bastante poco partidario de las huelgas de funcionarios públicos, son las siguientes:

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Inmunidad para Garzón

No sé si lo que cuenta el periodista Santiago González en El Mundo será verdad o no. Que parece que es más una exageración provinente de esa parte de la trinchera que algo sólido. Además, con el encono y la falta de rigor dominante, viniendo de ese medio, hay que pensar en que la cosa circula confluyendo con las intenciones y línea editorial del periódico. Es decir, que no conviene tomárselo en serio.

Ahora bien, si fuera verdad que el puesto de Garzón en el TPI lleva aparejado un estatuto que le garantizaría inmunidad durante su estancia allí (que no parece, la verdad, pues él no iría allí como fiscal adjunto por mucho que vaya a asesorar a la Fiscalía del TPI, en un puesto que no parece de lejos ser una cosa mínimamente “formalizado” dentro de la estructura del TPI), la cosa sería tan divertida que casi merecería la pena llegar a contemplarlo.

¡Suprema ironía que el gran defensor de que no hay inmunidades que valgan, ni prescripciones, ni nada de nada, se acogiera a una garantía de ese estilo!



La clínica del Rey y la sanidad pública

Las últimas peripecias de nuestro Jefe de Estado permiten deslizar algunos comentarios sobre cuestiones jurídico-públicas. Por ejemplo, la desfachatez con la que se trata de colar la especie de que estamos ante un ejemplo de funcionamiento de sanidad pública al alcance de todos los ciudadanos. O la extraña manera en que se dan las noticias sobre su estado de salud, así como el acrítico entusiasmo con el que nuestros medios de comunicación las difunden y jalean como “ejemplos de transparencia”.

Porque si hemos logrado leer, creer, asumir y jalear como ejercicio de destape público absoluto la secuencia que se ha desarrollado en dos semanas según la siguiente evolución: “chequeo rutinario demuestra que todo está OK y no hay nada anormal – operación de urgencia por un nodulito poco después – nodulito convertido en tumor benigno tras una primera autopsia realizada con una celeridad, pues fue prácticamente instantánea, que ha de ser la envidia de la ciencia médica comparada – segunda autopsia definitiva, un día despúes, confirmando los resultados de la primera” (y a saber lo que nos queda por vivir de la secuencia), eso no puede sino significar que los partes médicos de Fidel Castro nos han de merecer una credibilidad igualmente máxima (recomendamos, en este sentido, disfrutar con la evolución de las crónicas de nuestra admirada Mábel Galaz, siempre al pie de la noticia, desentrañando con rigor y espíritu crítico las claves de la realidad monárquica: tienen aquí una evolución de lo que ha ido escribiendo estos días).

En cualquier caso, hay cuestiones probablemente más atractivas que ésta que han salido a la luz gracias a la atención mediática que ha merecido la intervención a que ha sido sometido el Rey. Esencialmente, el original modelo de colaboración público-privada en materia sanitaria que tiene montado el Hospital Clínc de Barcelona y que gracias a este asunto ha sido posible que salga mínimamenta a la luz. No es que haya generado demasiadas portadas el tema, pues aquí, en este país, se es muy respetuoso con estas cosas, pero no por ello el tema deja de tener bastante más miga de la que se pretende. Porque mientras los palmeros de turno se felicitaban de que Su Majestad ingresara en un centro público, “como todos los españoles” (lamentablemente, años y años de sanidad y escuela privada para la Familia Real no han merecido nunca el más mínimo comentario en sentido inverso), otros descubríamos perplejos que hay ya hospitales públicos que se han montado chiringuitos paralelos para “descremar” los mercados más interesantes y pudientes. Merece un mínimo comentario tan avanzado modelo de colaboración público-privada, la verdad.

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¿Recortes, al fin, al abusivo e indiscriminado canon por copia privada?

Es sabido que una de las críticas más habituales (y, a mi juicio, oportuna) respecto del actual modelo de retribución a los creadores y autores, implantado y aplicado gracias a una intervención pública que altera el equilibrio del mercado privado, se refiere no tanto a esta intervención como al hecho de que la misma no parece, la verdad, que esté demasiado bien modulada. Hay, al respecto, dos cuestiones que siempre han aparecido llamativas a los críticos que van en esta línea (entre los que me cuento) y que pueden resumirse así (con mucha más extensión tienen estas cuestiones desarrolladas, por ejemplo, aquí):

– Si a la hora de la verdad una intervención pública impone un canon que, en la práctica, funciona como una exacción parafiscal obligatoria, ¿no sería mejor que fueran los poderes públicos quienes la gestionaran y distribuyeran esos ingresos, en lugar de delegar en asociaciones como la SGAE que, más allá de que tengan buena a mala prensa, de que sean más o menos opacas, de que se aprovechen de su situación o de que por el contrario actúen con una enorme prudencia, son siempre y en todo caso actores privados disfrutando de un enorme privilegio público y gestionándolo, como es lógico y no puede ser de otra manera, dada su condición, desde criterios privados en lugar de públicos?

– Si aceptamos la conveniencia de un canon por el ejercicio del derecho de copia privada, ¿no debería poder quedar excluido del canon la compra de material que pueda demostrarse que no se va a emplear para realizar tales copias? Frente a la tendencia del legislador español (que ha venido siendo más bien la de extender el canon digital a toda suerte de dispositivos que sean potenciales receptores o reproductores de copias privadas, lo que por cierto lo asemeja cada vez más a un impuesto) ¿acaso no es más sensato gravar sólo aquellos aparatos que puedan ser susceptibles de ser dedicados a ese uso con mayor frecuencia y dejar libres de canon a los que están llamados, esencialmente, a ser destinados a otros usos? Si suficientemente alucinante es que yo pague canon por grabar en un CD fotos de mi familia hechas con una cámara digital, esto es, que pague derechos de autor, por ejemplo, a Serrat o Ramoncín por haber “usado” la imagen y derechos de mis propios hijos,  más estremecedor y directamente indignante es que haya de pagar también por tener un teléfono móvil, un ordenador, un reproductor de DVDs o incluso una cámara de fotos digital. Vale que todos ellos pueden ser empleados para reproducir o realizar copias privadas. Pero, ¿es acaso éste su uso normal o más habitual? ¿Es suficiente la mera posibilidad para que haya motivos suficientes para gravar parafiscalmente, con el canon, también a todos esos productos?

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