Fiestas populares, Fallas y estado de excepción jurídico

Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón… O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).

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Ruido, pasividad municipal y… ¿corrupción?

Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.

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Bruselas certifica que las normas urbanísticas valencianas se ajustan al Derecho de la Unión

El día de hoy ha alumbrado una sentencia importante para el urbanismo español y, en concreto, para el modelo de gestión indirecta que incorpora en muchas Comunidades Autónomas que siguieron la estela de la LRAU (Llei Reguladora de la Activitat Urbanística) de 1994, un norma muy innovadora aprobada por las Cortes Valencianas en un momento en que todavía mandaba el PSOE. A partir de la creciente presión que desde la Unión Europea se fue generando sobre la manera en que los estados miembros ordenaban los contratos públicos, que tiene su punto álgido con la Sentencia Scala de Milán, que tocaba de lleno actuaciones de transformación urbanística, se generó un movimiento maximalista que pretendió aspirar a modificar las normas valencianas (y otras de semejante cariz) no tanto porque se consideraran mejores o peores sino, sencillamente, por la supuesta incompatibilidad de las mismas con el Derecho de la Unión. La decisión de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone, de algún modo, un paso atrás en ese camino que se había andado hasta la fecha.

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Jóvenes indignados (primer aviso)

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 11) para El País Comunitat Valenciana

En el País Valenciano tenemos un 50% de paro juvenil y aquí no pasa nada. ¿No? ¿Seguro que no pasa nada?

Ayer por la tarde, como en el resto de España, grupos de jóvenes, esencialmente a través de Internet y redes sociales, convocaron una serie de manifestaciones de protesta que giraban en torno a dos ejes. Por un lado, la expresión pura y dura de indignación. Por otro, la exigencia de una democracia real, esto es, un modelo de convivencia donde ciertos derechos no sólo se proclamen sino que, en condiciones de igualdad, sean una realidad para todos. De manera que, mientras el discurso oficial nos dice que aquí no pasa nada y que los jóvenes van a lo suyo, de repente surgen marchas convocadas de la nada, sin el potente soporte de los entramados sindicales o de partido que garantizan el éxito de estas convocatorias, y te paralizan los centros de todas las grandes ciudades del país. Con un discurso, además, de un materialismo cívico en torno a las condiciones reales de vida que les han tocado en suerte que se parece mucho al del socialismo real de hace décadas. ¿Se nos están volviendo marxistas los jóvenes españoles y todos, ellos en primer lugar, sin saberlo?

Democracia real. Apelaciones a derechos materiales en lugar de a proclamaciones formales.
¿Qué está pasando aquí?  ¡Se nos cuela el comunismo por la ventana cuando lo habíamos
expulsado por la puerta! ¡Y todo por bajar un poco los sueldos y los derechos sociales!

Estas manifestaciones han sido un primer aviso. Vendrán más. Los canales de solidaridad se han ido debilitando de tal manera en nuestra sociedad que se ha producido por primera vez en la historia un fenómeno muy curioso. Una generación de españoles (aunque está pasando también fuera de nuestro país) está esquilmando conscientemente los ahorros legados por los antepasados para mantener un nivel de vida desconocido en la historia (porque precisamente en esto consiste el desastre ambiental sin precedentes que hemos consentido para vivir mejor que nunca) y además no tiene empacho alguno en cargar a sus hijos con todos los costes presentes y futuros de un modelo económico que para que tenga ganadores (toda una generación de gente con sueldos más o menos decentes, empleos estables y jubilaciones garantizadas) ha de contar también con numerosos perdedores en forma de inmigrantes y jóvenes condenados a la inestabilidad laboral eterna, a sueldos bajos o irrisorios que, además, producto de la precariedad, crecen poco o nada con el tiempo y, lo que es más grave, a un panorama donde parece que esto será la norma hasta su jubilación, que se adivina tardía y magra.

La indignación juvenil comienza a aflorar cuando constatas que trabajas más o menos lo mismo que tus padres, que estás más o menos igual de formado (o más), pero que los mismos que han disfrutado de empleos estables y sueldos fijos ahora apoyan sin dudar un modelo de precarización para que “la gente no se acomode y deje de currar, que con eso del empleo fijo ya se sabe lo que pasa, y así no se puede funcionar ni competir ni nada de nada”.  Se agudiza cuando se hace patente que los sueldos en el entorno de los 1.000 euros al mes se consideran suficientes, e incluso excesivos, para retribuir el trabajo de quienes están empezando a integrarse en la vida laboral (o llevan ahí ya unos añitos) y que con ese dinero la sociedad entiende que te tienes que apañar para organizarte la vida de adulto, buscar un lugar donde vivir, tener hijos y ser “alguien de provecho”. Mientras tanto, en cambio, una pensión de esa cuantía se considera escasa y es inconcebible recortarla, en una peculiar manera de entender la solidaridad a la inversa en virtud de la cual nuestro sistema se va a apoyar cada vez más en transferencias de rentas intergeracionales de quienes tienen menos a quienes más acumulan. Ciertamente curioso para un modelo de solidaridad (porque, recordemos, no estamos en un sistema actuarial). La indignación se desborda cuando descubres que años y años de especulación inmobiliaria sin freno han permitido acumular patrimonio inmobiliario a muchos, así como consolidar situaciones de flagrante ilegalidad de todo tipo, a unos, pero que para quienes vienen detrás lo que era y es comprensión y convalidación de la norma para que acumulen capital se convierte en rigideces y estrechez en los mercados de venta y alquiler, consolidando el expolio intergeneracional de rentas.

Mileuristas por una buena causa. Por un reparto intergeneracional
y de clase de la richesse foncière.

Y para rematar la faena, las sucesivas reformas laborales y en materia social tienen todas un denominador común: que paguen los que vienen detrás. Que paguen, eso sí, sin que se considere prioritario que tengan empleo fijo o estable. O que los salarios tengan cierto nivel. De aquí a 10 ó 20 años no se sabe muy bien quién ni cómo se encargará de pagar para que otros reciban esas prestaciones blindadas. En fin, ya veremos qué pasa pero a mí, qué quieren que les diga, no me parece que todo esto esté pensado para aguantar bien a medio y largo plazo, sino más bien como el típico proyecto cortoplacista: jo m’apanye el meu saquet i el que vinga darrere ja s’arreglarà com puga. Dicho a la francesa, que queda más fino: Après moi, le déluge!

Junto a estos vectores de indignación discurre otro elemento que permite explicar cómo se ha manifestado el movimiento: los jóvenes que se manifiestan tienen la sensación de que las actuals estructuras políticas representativas no funcionan demasiado bien y andan secuestradas por colectivos e intereses ajenos a los de los ciudadanos y, por supuesto, a los suyos. Intuyen que además los actuales partidos políticos poco o nada tienen que ofrecer. Y por este motivo optan por una protesta externa y paralela al mundo de la política oficial. Acompañanado estas protestas han surgido, por esta razón (y también por otras como la Ley Sinde), movimientos como #nolesvotes que piden que no se vote en estas elecciones ni a PP ni a PSOE, algo que tiene a mucha gente muy enfadada. Esta misma mañana, en la radio, tertulianos de mucho nivel se manifestaban absolutamente indignados con esta juventud impresentable, manipulada por no se sabe quién, que en lugar de votar a quién toca instaban a reberlarse. ¡Acabáramos!

¡Hasta ahí podríamos llegar! ¿Qué es eso de pedir a la gente que no nos vote? Nada, nada,
cuatro radicales indocumentados. 

Harían bien PP y PSOE en no menospreciar la importancia de estas manifestaciones y, sobre todo, del malestar de fondo que es su caldo de cultivo. Probablemente la manera menos inteligente de reaccionar, la que más avala las razones de quienes se quejan, sea esa actitud que niega la legitimidad de la protesta y acusa de antidemocráticos a quienes animan a no votar. En primer lugar, porque no es verdad que se anime a no votar (se anima a no votar a los partidos mayoritarios). En segundo lugar, porque no votar también es un ejercicio legítimo y profundamente político. En tercer y definitivo lugar, porque lo que reflejan las críticas es la sensación de que, como denuncian quienes exigen una “democracia real”, aquí hay quienes se sienten amos del cortijo y creen que los ciudadanos estamos casi obligados a votarles, ya sea a unos, ya sea a otros, cada cuatro años. Liturgia que serviría para renovar la pureza democrática del sistema y todos tan contentos. Sobre todo ellos, claro.

La democracia es mucho más que convalidar periódicamente el buen hacer de las estructuras dominantes de manera dócil y obediente. O, al menos, habría de ser mucho más. Ocurre, sin embargo, que es lógico que éstas tengan la tentación de empujar al máximo la frontera de control y apropiación sobre bienes que su situación de partida les permite disfrutar. Lo llevamos viendo estos años sin ningún pudor. Ahora bien, ojito con pasarse de frenada. Ya comentaba Carlos Marx que el reconocimiento de derechos en favor de trabajadores, desfavorecidos o jóvenes no se hacía nunca por consideraciones éticas sino pragmáticas. Para evitar estallidos disruptores, e incluso revoluciones. Así que cuidado con la presión a que nuestro modelo está sometiendo, creciente y sin visos de detenerse a los jóvenes. De momento, ya tenemos un primer aviso. Porque la otra parte de toda esta historia es que quienes estamos ahí abajo, más o menos machacados según los casos (no, es verdad, precisamente yo no me puedo quejar), hemos de trabajarnos el que se nos vea, se nos tenga en cuenta y nuestros intereses sean defendidos. Y si no se logra por una vía, pues habrá que intentar otras. Y todo ello es de todo menos fácil. Pero resulta mucho más sencillo concebir que algo así pueda ocurrir cuando la caldera se pone  a hervir a fuego vivo que en otros contextos. De manera que pueden llagra más avisos. Empezando por el día 22.

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Actualización 16:40: Leo ahora, en Valencia Plaza, una interesantísima opinión de Carlos González Triviño sobre este mismo tema. La verdad es que lo cuenta mucho mejor que yo, así que la lectura, creo, resulta obligada.



Un país de bicis

Publicado ayer en El País, en su edición de la Comunidad Valenciana:

Un país de bicis
ANDRÉS BOIX 15/11/2010   

A veces da la sensación de que a la alcaldesa de Valencia y a quienes mandan en la ciudad ni les gusta demasiado el Cap i Casal ni tienen excesivo cariño a sus vecinos. Hay ejemplos paradigmáticos, como la permisividad, cuando no agrado, con la que contemplan el masivo incumplimiento de todo tipo de normas que logra convertir todos los fines de semana el centro histórico en un gigantesco vertedero. O, en una línea semejante de desconexión con la realidad social de un barrio emblemático y desprecio por su patrimonio histórico, así como por la opinión de los vecinos, la desconcertante obcecación con la que defienden el delirante proyecto de embaldosar los espacios peatonales de las grandes vías de la ciudad al módico precio de casi 5 millones de euros. Los residentes en la zona andan alucinados. El resto, también. Aunque sólo sea por descubrir que incluso en tiempos de crisis se puede destinar con alegría dinero público a semejante extravagancia. Como es evidente, ni la alcaldesa ni su equipo desean, en realidad, hacer daño a la ciudad y a sus vecinos. Los apabullantes resultados electorales que vienen obteniendo demuestran, de hecho, que no es ésa la percepción que se tiene sobre ellos. Pero sí es verdad que su apego a viejas modas y realidades caducas a veces le hace a uno dudar. Es cierto que el cambio de orientación en las políticas públicas es siempre lento y difícil. Pero hay cerrazones especialmente llamativas. Como cuando, como en este caso, los ciudadanos han pasado página de forma masiva y son los políticos, en cambio, quienes se resisten a acompañarlos.

Una creciente marea social, cada vez más visible, cree que el dinero (y no necesariamente tanto, por cierto) hay que gastarlo en reformar la planta viaria actual, hija de políticas desarrollistas actualmente superadas y desacreditadas, para permitir que ganen espacio, comodidad y seguridad tanto peatones como ciclistas. Pero, desgraciadamente, la realidad demuestra que no es fácil que los políticos municipales lo entiendan. El inmovilismo, además, no sólo es cosa de Rita Barberá. De hecho, son muchas las ciudades del país que, a medida que van ganando población y tamaño, se enfrentan a estos mismos problemas y, lamentablemente, están cometiendo errores semejantes a los que se han padecido en la capital. Elche, Alicante, Castellón… incluso Torrent o Paterna empiezan a dotarse de carriles-bici con la timidez y falta de proyecto global que ha lastrado el diseño en Valencia.

Conviene, por ello, aprovechar el inminente debate parlamentario en torno a la ley valenciana de movilidad para forzar a los ayuntamientos a garantizar mejor que los ciudadanos puedan elegir libremente cómo desplazarse gracias a un diseño urbano que permita cierta tranquilidad sea cual sea la opción elegida. Incluso cuando van a pie o en bici. La ley tiene que habilitar a las ciudades que así lo decidan a establecer peajes en sus centros más castigados por el tráfico. E imponer medidas de planificación para cualquier nuevo vial en proyecto, o para el momento en que se acometa la reforma de los ya existentes, de tal modo que se garanticen espacios suficientes a los peatones y vías ciclistas reservadas allí donde son esenciales (en las calles de más de dos carriles). Sólo de esta manera acabaremos logrando que peatones y ciclistas tengan también derechos. Y un país con más bicis y menos coches.

Andrés Boix Palop es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.



El urbanismo valenciano ante el espejo (y ante el Derecho de la UE)

Ayer publicó el diario El País, en su edición de la Comunidad Valenciana, una pequeña reflexión sobre las conclusiones del Abogado General en el conflicto que enfrenta al Gobierno valenciano con la Comisión Europea a cuenta de las normas urbanísticas valencianas. Copio a continuación el texto, que espero pueda contribuir al debate sobre esta cuestión, donde al menos yo detecto un enorme (y generalizado) fariseísmo social:

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Debate sobre el sentido de la investigación universitaria en Derecho público

Continuando con la serie de jornadas centradas en el análisis de las Misiones de la Universidad para el siglo XXI que ya iniciamos el lunes pasado con un debate sobre Bolonia y los estudios de Derecho, mañana jueves se celebrará en la Facultad de Derecho de Valencia (Departamento de Derecho Administrativo) un debate-seminario más específico, referido al sentido de la investigación que realizamos desde la Universidad en materias de Derecho público y, más en concreto, si aporta algún elemento valioso y que la diferencia de la que puedan realizar otros profesionales del Derecho desde otros lugares.El seminario contará con la asistencia de varios jóvenes profesores de Derecho administrativo de diversas Universidades españolas, que desarrollarán el tema a partir de su experiencia como investigadores, analizando si, en su opinión, el hecho de haber trabajado ciertos temas desde la Universidad ha podido aportar a su visión de los mismos algún valor añadido que los haga especialmente valiosos frente al análisis de las relaciones sociales, de las normas y de los fenómenos jurídicos que pueden producir otros operadores.

Por supuesto, al seminario está invitado cualquier miembro de la comunidad universitaria que desee participar y enriquecrlo (así como, por supuesto, está también abierto a cualquier persona interesada).

EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN DERECHO PÚBLICO

Lugar y fecha de celebración: Jueves, 19 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en la Sala 3P12 del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Programa

10.00 horas. La labor del profesor de Derecho público
Prof. Dr. Antonio Fortes (U. Carlos III de Madrid) – La investigación en Derecho del profesor universitario: ¿obligación, devoción o negocio?
Xavier Bernadí Gil (U. Pompeu Fabra)- Yo estaría -o muchos estaríamos- en el paro. ¿A quién le interesa lo que no da dinero?

12.00 horas. Derecho público y creación doctrinal
Maria Mercè Darnaculleta (U. Konstanz) – Aportaciones de los profesores universitarios al Derecho Administrativo global
Silvia Díez (U. Autónoma de Madrid) – La autovinculación de la Administración como ejemplo de construcción doctrinal

16.30 horas. La aportación del análisis académico a la regulación económica
Luis Arroyo Jiménez (U. Castilla La Mancha) – La investigación en el Derecho público y la regulación de la economía
Juan Gutiérrez Alonso (U. de Granada) – Calificación crediticia, los paraísos fiscales y la supervisión financiera

18.30 horas: Estudio desde la Universidad de cuestiones de aplicación pública y privada del Derecho público español
Luis Medina Alcoz (U. Complutense de Madrid) – El estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración desde la Universidad
Eduardo Melero Alonso (U. Autónoma de Madrid) – El régimen jurídico de las operaciones militares en el exterior, visto desde fuera del conflicto

Participación en la jornada:
La jornada está destinada a un público académico y está abierta a toda la comunidad universitaria. El sistema de ponencias y posterior debate permitirá un amplio intercambio de ideas y opiniones entre todos los asistentes. No es preciso registro de ningún tipo para poder asistir a las mismas.

Otras jornadas dentro del ciclo Misiones de la Universidad para el siglo XXI:

9-XI-2009. Bolonia y los estudios de Derecho. Misiones de la Universidad para el siglo XXI (I)
[Más información]

26-XI-2009. El futuro de la Universidad de Valencia. Misiones de la Universidad para el siglo XXI (III)
[Más información]

Organización:
– Financiado por Generalitat Valenciana (Ajudes per a la organització de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic i humanístic), por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat de València y por la Facultad de Derecho de Valencia.
– Coordinador de la organización y actividades: Andrés Boix Palop



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