Mitos y realidades de la Universidad española (I): Rankings… ¿a qué quieres que te gane?

En unos días comienzan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, un acontecimiento de dimensiones planetarias que no es fácil sobredimensionar en lo mediático o económico. Para bien o para mal, con razón o sin ella, el éxito deportivo es considerado en nuestras sociedades un fuerte indicativo de que un país va bien y sabe lo que se hace. Esta importancia innegable de los Juegos, además, lo es desde hace al menos un siglo… en su era moderna. Porque, como es sabido, el deporte y los Juegos también fueron muy importantes en la Antigüedad. El prestigio asociado a un buen desempeño atlético ha hecho que desde siempre se juzgue a países y grupos humanos como más o menos exitosos a partir de sus victorias en este campo.

Afortunadamente para España, como a todos nos consta, la parcela deportiva es uno de nuestros grandes orgullos. El deporte español vive una época dorada, con éxitos de todo tipo que son evidente reflejo del indudable avance de nuestro país a todos los niveles. Ya se sabe: “Soy español, ¿a qué quieres que te gane?” (el arraigo en la conciencia social de nuestro éxito como país en esta parcela hace que la frasecita de marras tenga ya más referencias en Google que no pocos refranes de toda la vida).

Obviamente, más allá de lo bien que refleja la expresión el carácter dominante en la España de nuestros días, hay un poco de exageración en eso de que los españoles ganemos en todo, ¡qué le vamos a hacer! Ahora bien, parece evidente que nuestra sociedad está bastante satisfecha respecto de cómo rinden nuestros deportistas por ahí, considerándose de forma casi unánime que en relación a nuestra población y grado de desarrollo, sin duda, obtenemos mejores resultados de los que nos corresponderían en buena lógica. Y ello porque somos, sencillamente, muy buenos en esto. Nos lo curramos. Lo hacemos bien. Y los resultados recompensan tantos esfuerzos bien orientados. ¿A qué queréis que os ganemos, pringadillos?

Así, como puede comprobarse, España ocupa la posición nº 29 del medallero histórico de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Justo por detrás de Turquía (28ª), un país más grande y poblado pero más pobre que España, y, eso sí, por delante de Bélgica (30ª), nación mucho más pequeñita aunque más desarrollada pero unos pringados en esto del deporte comparados con a-qué-quieres-que-te-gane. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, China, Francia, Italia o Reino Unido, todos ellos, están entre los quince primeros del ranking, como corresponde a países que, ya sea por población, ya por grado de desarrollo, ya por ambas cosas, lideran estas y otras actividades.

Es cierto que España se ve penalizada en este ranking, no obstante, por su escaso nivel de desarrollo durante gran parte del siglo XX. En este sentido, los éxitos deportivos españoles no sólo reflejan lo bien que lo hacemos como país sino, también, lo mucho que hemos mejorado. Para hacernos una idea más acabada de ello, lo mejor es comprobar nuestra posición en los últimos cinco JJ.OO., que no sólo abarcan dos décadas enteras, tiempo suficiente para identificar las más recientes tendencias, sino que además son los producidos después del gran salto adelante que supuso el impulso al deporte y al olimpismo en nuestro país derivados de la celebración en 1992 de unos juegos en Barcelona: decimoterceros en Atlanta 1996, vigesimoquintos en Sidney 2000, vigésimos en Atenas 2004, decimoquintos en Beijing 2008 y vigesimoprimeros en Londres 2012.

España, en definitiva, demuestra con el deporte, que tan bien se nos da, que somos un gran país. Aunque por población somos únicamente el 29ª país del mundo, posición que replica exactamente nuestro lugar en el medallero histórico, gracias a nuestro nivel de desarrollo, a la forma en que nos hemos sabido organizar y a cómo el país ha mejorado en las últimas décadas, podemos considerar que, más o menos, estamos ya entre los veinte primeros países del mundo, a juzgar por los resultados más recientes (entre el puesto 15º, si somos optimistas, y el 20º). Y es que, ya se sabe, vivimos la edad de oro del deporte español. ¡Esa suerte tenemos! ¡Deberíamos sentirnos afortunados! Bueno, de hecho, así nos sentimos. Y lo recordamos cada dos por tres saludando lo bien que lo hacemos.

Desafortunadamente, en otros ámbitos casi tan importantes para una sociedad como el deporte no vamos tan bien. No lo sabemos hacer. Es lo que ocurre, por ejemplo, con nuestras Universidades, que son un conocido desastre, como en general lo es todo el sistema educativo español, y particularmente nuestro modelo de educación superior. ¡Nos iría mucho mejor si fuéramos capaces de hacerlo tan bien como lo hacemos en el ámbito del deporte!

No sé si tiene sentido recordar con datos hasta qué punto estamos mal, porque nos los repiten a menudo. Pero, por si acaso, vamos allá. Y es que ya se sabe, no hay ninguna Universidad española entre las 10 mejores del mundo. Ni entre las 100 mejores. ¡Ni siquiera entre las 200 mejores! (O bueno, quizás haya una, pero para compensar tampoco entramos en el Top 50 europeo). Es bastante inquietante, la verdad. Especialmente en un país donde nos cuesta leer esto de los datos y las tablas más o menos bien (como bien se recuerda aquí, de esos estudios en realidad se podría deducir perfectamente que lo que tenemos es el 8º sistema de Universidades del mundo y, además, low-cost). Pero no nos despistemos, que lo importante, según nos cuentan siempre, es que todo esto dice muy poco de las prioridades de un país que, mientras hemos logrado asombrar al mundo en lo deportivo, nos arrastremos por ahí con un sistema universitario claramente tercermundista a la vista de los indicadores, ¿no?

Las Universidades, esencialmente, aportan formación a la población e investigan. Por ambas vías diseminan conocimiento (transfieren, se dice ahora, pero este nombre vale sólo cuando se cobra por ello, al parecer). Medir la capacidad formativa de cada sistema de educación superior es complicado, como es sabido, y no hay muchos rankings específicos al respecto, pero podemos partir de la base y de la asunción de que, si el sistema universitario español es un desastre y las clasificaciones globales también tienen esto en cuenta, pues lo debe de hacer bastante mal. Por cierto, además de dar mala formación, probablemente nuestro sistema orienta, además, muy mal sus esfuerzos, según se nos dice constantemente. Pero ya hablaremos otro día del segundo gran mito sobre la Universidad española de nuestros días: “aquí hemos hecho que todo el mundo vaya a a Universidad, no como en el resto del mundo“.

En cambio, sí podemos medir bastante bien con las clasificaciones al uso (los particulares “medalleros” de la ciencia a nivel mundial) cómo lo hace nuestro sistema universitario en materia de investigación. Obviamente, antes de dar los datos conviene recordar de nuevo, para no deprimirnos demasiado, eso de que somos el 29º país del mundo por población, de modo que tampoco sería normal que fuéramos de los primeros de la lista. ¡Si ni siquiera en nuestro exitoso deporte, que es el mejor del mundo, lo logramos porque es imposible competir con quienes son mucho más grandes, pues menos en ciencia y universidades, con lo mal que funcionamos!

Con todo, también es cierto que España es un país relativamente desarrollado en lo económico y que por ello probablemente habría que aspirar, al menos, a tener una producción científica acorde a ese potencial, ¿no?

pib còpia

PIB por países con datos de 2014 según datos, respectivamente, del FMI y del Banco Mundial (fuente: Wikipedia)

 

 

 

 

A partir de esa posición 11-12 por PIB tenemos ya una cierta referencia de por dónde deberíamos andar. Y una referencia más ambiciosa que la población. ¿Cómo quedamos si comparamos esa posición con la ciencia que producimos?

Pues bien, y al parecer, nuestras Universidades, lo que es producir, producen. Lo hacen, de hecho, por encima de lo que nos correspondería por población… y también por encima de lo que nos correspondería por PIB:

SJR total còpia

SJR por países:  http://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=it&ord=desc

 

Si tenemos en cuenta, además, que España dedica un porcentaje menor de su PIB que la mayor parte de países de la OCDE a educación e inversión en investigación científica, los resultados que vemos ahí arriba son todavía más meritorios. ¡Más aún para un sistema que es juzgado casi unánimemente como muy deficiente! Ahora bien, si queremos ser rigurosos, es cierto que estos datos en bruto son quizás en exceso cuantitativos (lo que, por otro lado, es normal dado que así es como se mide habitualmente en estos rankings cómo va la cosa) y que conviene descartar la posibilidad de que en España se esté haciendo mucha investigación pero, a la hora de la verdad, muy mala o no del todo buena. Esto suele medirse así:

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Índice H por países: http://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=h&ord=desc

 

En efecto, al corregir los daros por el factor de impacto, la producción científica española es algo menor a lo que era la producción en bruto estrictamente cuantitativa. Pero, aun así, esta producción científica de alta calidad sigue estando estrictamente en línea con lo que sería de esperar dado cuál es el PIB español… y bastante por encima de lo que sería de esperar si matizáramos ese PIB en bruto teniendo en cuenta el rácano porcentaje que dedicamos a investigación superior e investigación en nuestro país. No podemos decir ahí en plan chulo eso de “¿a qué quieres que te gane?”… ¡pero no estamos tan mal!

Este particular ranking de países punteros en ciencia e investigación, por lo demás, no parece funcionar del todo mal. Basta ver qué países aparecen en los primeros lugares para hacerse una idea de que, efectivamente, se corresponden con los mejores países en esta materia. Así que no es descabellado asumir que, más o menos, si España anda por ahí, podríamos empezar a dejar de tirarnos de los pelos y analizar con más calma y menos dramatismo qué hacemos mal o no del todo bien y cómo ir mejorando poco a poco (aún más). La desastrosa Universidad española, en su “medallero” particular, mejora mucho la posición que correspondería a nuestro país por población, está donde le toca por PIB y también mejora su posición respecto de lo que sería esperable si analizamos no a partir del PIB sino de la inversión realizada.

Por acabar de comparar un poco, la edad de oro del deporte español, aunque ha logrado situarnos un pelín mejor de donde debíamos estar por población, sigue sin lograr que nos situemos a la altura de lo que nuestro PIB o la inversión en deporte podría hacernos presuponer (y por donde andan, de hecho, no pocos países que tienen niveles de riqueza semejantes a los nuestros). Eso sí, es verdad que no tenemos en ciencia personalidades individuales (premios Nobel, por ejemplo) como las que sí aparecen a veces en ciertos deportes, más que nada porque la ciencia es un trabajo colectivo que requiere de un esfuerzo que implique a muchas personas coordinadamente más allá de la aparición de aportaciones individuales, a diferencia de lo que ocurre en ciertas disciplinas deportivas. Y, cómo no, tampoco tenemos un Real Madrid o F.C. Barcelona de la investigación, sencillamente, porque no destinamos los recursos suficientes ni agregamos en dos mastodontes gran parte de los recursos del sistema como sí hacemos con el fútbol (lo cual no es, además, necesariamente malo). Sin embargo, la salud de nuestro “deporte de base” en ciencia parece bastante más sana que en esto otro del olimpismo, en contra de lo que se transmite constantemente a nuestra sociedad. Y es una suerte que sea así, ya que probablemente eso es bastante más significativo e importante para un país que ganar muchas Ligas de Campeones (algo por lo demás no tan raro, siendo el único país que destina ayudas públicas ingentes a su fútbol profesional  hasta el punto de que han merecido una investigación absolutamente única por parte de la Comisión Europea).

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En otros capítulos de esta serie iremos analizando eso de que aquí todo el mundo va a la Universidad y otros mitos habituales, como lo de que tenemos poca movilidad de alumnos y profesores o muy escasa financiación privada en nuestro sistema de investigación. Algunos son verdad, más o menos; otros no tanto. Además, intentaré entender cómo estamos combinando sector público y esfuerzo privado en este mundo nuestros de la educación superior, lo que no siempre es fácil porque no parece responder a un patrón demasiado lógico o coherente. Mientras tanto, pueden ver un resumen de estas reflexiones aquí.



¿Universidad pública para todos? Costes, demanda…

A mí me pasa muchas veces que no tengo claras las cosas. No todas, pero sí algunas. En ocasiones, además, no es simplemente una cuestión de desconocimiento. Realidades que conozco muy bien, como es la Universidad española o en general la organización de la educación superior, no siempre me permiten tener claro qué es lo mejor. Así, por ejemplo, cuando analicé en este blog la propuesta de reforma de la Universidad de los expertos de Wert, aun siendo consciente de que la propuesta era muy deficiente y que no iba a ir a ninguna parte (algo que parece ya confirmado), también dije, porque es verdad, que la tarea no es fácil y que si a mí me encargaran ponerme a proponer cómo reformar la Universidad española tendría muchas, muchas dudas sobre por dónde tirar en más de un asunto.

Pues bien, en este marco de recortes en el que estamos, una cuestión que me inquieta sin saber cómo convendría resolverla es qué hacemos con la Universidad pública en un contexto de crisis. ¿Hay que recortar grados y posgrados como masivamente pide casi todo el mundo? ¿Estamos sobredimensionados? ¿Debemos enseñar a menos gente pero hacerlo con más calidad? O, por el contrario, ¿deberíamos intentar asumir cuantos más estudiantes mejor y dar el servicio de educación pública a cuenta más gente mejor?

Los parámetros en que se enmarca el debate están, creo, claros para cualquier persona que preste un mínimo de atención:

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Las becas de Wert y las ayudas a los señoritos del cortijo

Como es sabido, una de las últimas polémicas generadas por el actual Gobierno en materia de educación tiene que ver con las becas universitarias, que se pretenden reducir de modo importante y, además, vincular a la obtención de notas más elevadas que el mero aprobado. La propuesta ha generado un reacción muy dura por parte de toda la oposición (más la social que la política, que está dedicada a sus enésimos pactos de estado) y un posicionamiento también muy crítico por parte de la Conferencia de Rectores que considera, con razones de peso, que es un ataque a la idea de que la Universidad pública ha de estar abierta a todos, con independencia de su situación económica de partida. El rechazo a las medidas, más allá de lo que se pueda decir sobre el contenido de las mismas, se enmarca en una oposición de fondo de gran parte del sector educativo a muchas medidas de recorte respecto de la enseñanza pública que tienen un tufo muy evidente a voluntad de demolición paulatina de la misma para acabar convirtiéndola en un sistema de mínimos para inmigrantes, clase trabajadora y demás ciudadanos no privilegiados. Análisis que no es aberrante que se haga en términos de clase, a la hora de la verdad, porque las explicaciones que se están dando por parte de los defensores de la reforma, desde las que ofrece el propio Wert exponiendo más o menos que entre todos pagamos a unos haraganes que no se lo merecen, a las que nos aportan antiguos miembros de gobiernos del PP que van diciendo por ahí que a los becarios les pagamos todos un sueldo mensual de casi mil euros, pasando por exóticas afirmaciones como eso de que hay niñas que usan el dinero de la beca para ponerse tetas, dan verdadera vergüenza ajena y dibujan a un tipo de español muy de toda la vida, privilegiado e ignorante, que se siente amo del cortijo por la Gracia de Dios y del Caudillo y que tiene muy claro de qué va todo esto y cómo han de ser las cosas… y a ser posible que lo sigan siendo así siempre.

Lo más llamativo de toda este follón es que en medio del lío tenemos muy oscurecidas las verdaderas claves del debate, que deberían en torno a quién y cómo ha de pagar por la educación superior, si el Estado (esto es, entre todos) la hemos de subvencionar y, ya que estamos, qué es lo que pasa con los señoritos del cortijo. ¿Pagan ellos por su educación superior? ¿Se les pide rendimiento como a los becarios? ¿Por qué unos pueden ser subvencionados a partir de un 5 y otros necesitan un 6’5 para serlo? Así que tratemos de ir a lo fundamental, para ver si nos aclaramos un poco. Y lo hago también, como siempre en este blog, con la idea de recibir feedback y críticas, porque tampoco tengo certezas inamovibles en esto (bueno, de hecho, en casi nada) y sí muchas dudas. De modo que cualquier comentario o crítica que detecte fallas argumentales o incoherencias, o que simplemente me demuestre que lo que digo son majaderías será muy bien recibido.

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La Ley de Transparencia, la marea que sube y los diques de contención (I)

Está resultando muy interesante la tramitación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A estas alturas tiene poco o ningún sentido explicar las razones por las que una norma así es necesaria (por ejemplo, en este post y debate posterior quedó sobradamente explicado) y extendernos sobre su contenido y fallas dado que, a medida que veamos en qué queda finalmente el proyecto, habrá ocasión de comentar cosas en el futuro. De momento, eso sí, lo que permite ser analizado ya a estas alturas es el empleo de esta iniciativa como un intento por parte del Gobierno de interponer cierto dique de contención frente a la marea de cabreo y creciente exigencia ciudadana (en este y en otros muchos ámbitos) y constatar el fracaso de la maniobra. La marea sube más y más y el dique de contención inicialmente previsto (un proyecto presentado por el Gobierno y vendido como abierto y participativo, pidiendo sugerencias, de hecho llegaron más de 3.000 para luego desatenderlas prácticamente todas sin dignarse a explicar nada sobre las razones por las que no se atendieron) se demuestra incapaz de taponar con un mínimo de sentido esa inundación de cabreo ciudadano. Un cabreo ciudadano que es cada vez más informado y consciente, porque además gracias a iniciativas como la de la Coalición Pro-acceso (que ha hecho una labor fundamental en este tema) o la de la Fundación Civio (interesantísimo el trabajo que hacen) ya contamos todo con muchos ejemplos de cómo en el Derecho comparado la situación es muy distinta no sólo a lo que tenemos en España sino a la endeblez técnica y al alcance timorato de la nueva reforma, por mucho que se venda como avanzada. Es una de las cosas mejores de esta crisis, que resulta increíble el acelerado proceso de alfabetización de una sociedad, donde casi cualquier iniciativa ciudadana da ejemplo de tener un rigor y seriedad inimaginables hace muy poco… y que dejan en evidencia a nuestras “elites oficiales” cada dos por tres.

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Algunas reflexiones sobre las propuestas de reforma de la Universidad

Finalmente el informe que la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha entregado al Ministerio de Educación se parece bien poco en un par de cuestiones esenciales a lo que decía la filtración de la que me hice eco el otro día. De modo que, una vez leído con calma el informe y el “voto particular” en forma de addenda a partes del mismo hecho por dos miembros de la Comisión (significativamente, los dos juristas que formaban parte de la misma, pues en el gremio nunca perdemos ocasión de quedar como los más clásicos siempre que es posible), creo que vale la pena hacer alguna reflexión al respecto. Y eso aunque a estas alturas nadie sabe muy bien de qué va a servir el informe ni si el Ministerio, que guarda un piadoso silencio al respecto, piensa asumir su espíritu y sus propuestas, descartar algunas, pasar de todo… o encargar otro informe.

A estos efectos, y como valoración global, se puede anticipar que el trabajo que han hecho los miembros de la Comisión es informado, hijo de su tiempo, muy influido por el perfil de sus miembros y extremadamente interesante como documento para iniciar el debate (aquí, de hecho, es donde más se nota lo “anglosajón” que es, en contraste con los comentarios de los juristas que, incluso en las notas al pie, se empeñan en parecer hijos del tópico como pesados europeos que hablan largo, no se les entiende y citan mucha bibliografía alemana en vez de blogs o de hacer bromas en las notas al pie). Mojándome más, también me parece un informe poco operativo en las soluciones que plantea y extraordinariamente conservador (en el sentido de que no aspira a hacer reforma estructural alguna y también en el sentido de que los cambios que plantea producirán efectos, también, de tipo “conservador”). Voy a tratar de explicarme, intentando ser breve y listando los puntos que me parecen más llamativos.

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Primeras ideas del “informe Wert”

El diario El Mundo publica hoy la filtración de lo que parecen que pueden ser algunas de las líneas maestras del “informe Wert” que encargó el Ministerio de Educación a un grupo de expertos para plantear propuestas en materia de reforma de las Universidades (muchas gracias a Eduardo Vírgala por informar vía Twitter del tema).

Actualización 13.45 horas: aquí está el informe completo (vía web del Ministerio de Educación). Además, el contenido del mismo difiere sustancialmente en algunas parcelas respecto a lo filtrado, de modo que cuidado con los comentarios que siguen (al final sí proponen tocar el sistema de acreditación y volver a una suerte de habilitación nacional otra vez, sí se hacen eco del escándalo de que la gestión cuente y sí proponen cambiar el modelo de elección del Rector, que quedaría en manos de ese nuevo consejo mixto).

Allá va una mínima valoración, de urgencia, sobre alguna de las ideas filtradas:

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Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación

Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, dan comienzo las sesiones del Seminari interdepartamental de Dret Públic de la Facultat de Dret de València, donde una serie de profesores nos iremos reuniendo, una vez al mes (el último miércoles de cada mes) para analizar cuestiones de actualidad que afectan al Derecho público español para discutir y aproximarnos a ellas desde una perspectiva jurídica (aquí está el programa de enero a junio de 2013).

Las sesiones comienzan esta tarde con una ponencia de Roberto Viciano Pastor sobre “Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación”, es decir, y hablando en plata, sobre el lío catalán y tratando de dar respuesta, en Derecho, a la pregunta del momento: ¿tienen los catalanes derecho a decidir si quieren ser independientes y a marcharse, en su caso, de España si así lo deciden? Como a un servidor le toca posteriormente, y con la intención de abrir el debate posterior, hacer de discussant, aquí va el esbozo de unas ideas iniciales sobre la cuestión a partir del texto de Viciano, que creo sinceramente que está muy bien y define muy bien el campo.

En la ponencia se repasa, sobre todo, la existencia o no de un derecho a la autodeterminación en la Constitución española. A la luz de los pactos internacionales suscritos por España, y sobre todo debido a la extensión del Pacto de Derechos Políticos (suscrito por España), Viciano concluye que hay que hacer una interpretación amplia y flexible de la Constitución española y aceptar que, por mucho que reconozca como sujeto soberano en exclusiva a la Nación española, la introducción del contenido del pacto internacional no puede sino actualizar otros principios constitucionales (así como la mención del Preámbulo referida a la defensa de las nacionalidades y regiones del país). Esta interpretación de la norma internacional no sólo es correcta, sino a la vista de las últimas resoluciones internacionales (Kosovo), parece bastante consolidada (como recuerda en este artículo breve pero claro publicado en El Cronista el prof. Carrillo Salcedo, recientemente fallecido, por mucho que a él no le hiciera demasiada gracia esta evolución). Cuestión diferente es hasta dónde pueda llegar ese derecho, las dificultades para definir al sujeto que lo ha de ejercer (aunque en este punto también he de estar al 100% con lo que sostiene Viciano en su ponencia, al delegar esta determinación en las dinámicas políticas, de modo que es pueblo sujeto de ese derecho para decidir el que existe y, como tal, lo reclama) y, sobre todo, que sea efectivamente posible realizar una revisión de la Constitución española, que claramente pretendió en 1978 no reconocerlo, para que pueda acogerlo. En este punto soy sinceramente más escéptico que la ponencia, aunque no tanto porque crea que la Constitución española se imponga a un principio consolidado en Derecho internacional público, que no lo creo, sino simplemente porque la veo mucho más rígida en este punto de lo que el Prof. Viciano piensa. Muy a mi pesar.

En todo caso, la discusión es materialmente poco relevante. Porque sí coincido plenamente con la ponencia en que, pueda aceptarse en su seno el derecho de autodeterminación o no, lo que nuestra Constitución sí excluye en todo caso es que un hipotético ejercicio de ese derecho pueda conducir a la independencia. Esta salida, sencillamente, no cabe en un texto, el de 1978, anclado en la idea de unidad de la nación española y en la imposibilidad de su ruptura. De modo que, ante una eventual hipótesis de autodeterminación que condujera a ese anhelo por parte de una parte de España (o ante una dinámica política evidente y clara en este sentido, aunque sea extrajurídica por no entender posible la autodeterminación en España), las alternativas no son muchas si se pretende dar solución al “problema”: o reforma constitucional o quiebra de la legitimidad constitucional con un proceso que, a partir de un determinado momento, debería soslayarla para poder seguir. En este punto, recuerda Roberto Viciano, acudiendo por ejemplo a este texto de Rubio Llorente, algo que por muy evidente que sea no deja de ser olvidado en nuestro país con frecuencia: que lo sensato y razonable es ordenar y pactar el proceso, antes que bloquear jurídicamente todas las salidas.

En este punto no se puede sino recordar la civilizada manera en que países como el Reino Unido o Canadá están afrontando sus procesos, con un Derecho público flexible y que actúa actualizando principios básicos (como el democrático) que no pueden desconocerse en pleno siglo XXI así como así. En este punto, una clarificación de las reglas del juego (no en vano en Canadá se ha llamado “Ley de Claridad” al texto que sido aprobado por su Parlamento para definir los principios sentados por su Tribunal Constitucional en materia de derecho a la secesión por cauces democráticos y pactados) es muy deseable. Lo cual incide sobre algunos otros elementos del proceso español que, desde un punto de vista jurídico, se ven muy perjudicados por la ausencia de voluntad de flexibilizar y actualizar nuestro Derecho público. Frente a una total cerrazón por parte del Estado español a contemplar siquiera la opción de un referéndum, los gobernantes catalanes avanzan preguntas para el mismo (¿quiere una Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea?) que manifiestamente serían imposibles en el marco de una norma equivalente a la canadiense y que, por ello, Viciano critica con razón. Y no tanto porque la Cataluña independiente del futuro pueda o no ser parte de la Unión Europea (que parece que debería pedir su ingreso, como ejemplos históricos pasados como el de la independencia de Argelia demuestran, aunque es cierto que hay confusión al respecto, algo que motiva aceradas críticas políticas de eximios internacionalistas dedicados a la construcción europea como Weiler que consideran que estas dinámicas debieran ser cortadas de cuajo), sino porque, sencillamente, la pregunta no es clara, no incide sobre lo esencial. Despista.

Y en esa misma línea, todo lo que debiera ser claridad, como las mayorías exigidas (algo que para ser justos los canadienses tampoco han concretado en exceso por mucho que hablan de “claridad”) o el modo de llevar la negociación para la hipotética separación queda en penumbras. En un equilibrio muy inestable donde nuestro Derecho público sólo ofrece optar entre statu quo o ruptura, con todos los traumas que tanto una como otra opción, si la composición política y ciudadana del país no se acomoda a la primera de ellas, pueden generar.

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EXTRAS:

[Vídeo de la intervención de Roberto Viciano]

[Vídeo de mi intervención como discussant]



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