Centralismo vs. federalismo en la España de las autonomías (I): Tomás-Ramón Fernández y los 17 “estaditos”

Una de las consecuencias más notables, en lo jurídico, del crack que ha hecho España en cuanto a sus estructuras e instituciones es que a día de hoy a nadie parece gustarle demasiado la estructura de reparto del poder territorial del Estado que tenemos en estos momentos: el famoso Título VIII de la Constitución. Que las reglas que regulan la convivencia y reparten el poder no acaben de gustar a nadie del todo, probablemente, es algo no sólo de lo más normal sino hasta bueno. Ocurre, sin embargo, que el nivel de desagrado que el sistema actual genera en España es quizás superior a lo aconsejable, indicando que, efectivamente, puede que haya algún mecanismo importante roto de verdad. Y ocurre, además, que las evidencias de que los problemas que tenemos no son de chapa y pintura empiezan a acumularse. Aprovechando esta situación, y dado que se están generando documentos de todo tipo con propuestas y alternativas, no parece mala actividad pre-estival ir echando un vistazo a alguno de ellos. De hecho, ya comenté en este blog la que de momento es la propuesta más trabajada que desde alguien relacionado con el estudio de estas cosas desde la Universidad ha surgido hasta la fecha dentro del espectro que preconiza una reforma constitucional e institucional profunda con cierto barniz recentralizador (pero sin pasarse): la de Santiago Muñoz Machado en su Informe sobre España.

Pues bien, con un perfil algo diferente, pues es un texto menos académico y más de polemista, como él mismo reconoce, y con el interés de contribuir a dibujar propuestas, a cargo de una persona que es muy importante en nuestro Derecho público (y además lo ha sido durante muchos años, participando en muchos elementos del diseño del actual sistema, como por ejemplo como miembro, igual que también lo fue Muñoz Machado, de la Comisión presidida por García de Enterría que dibujó a UCD y PSOE una suerte de hoja de ruta para ir desarrollando el sistema autonómico tras el “susto” que produjo el referéndum andaluz o la inminente, y abortada, consulta valenciana), Tomás-Ramón Fernández ha publicado en los Cuadernos de la Fundación Transición española (que es un chiringuito con pinta de reunir a lo más granado del establishment de lo que han sido estos casi ya cuarenta años de restauración borbónica -de hecho, el propio Tomás-Ramón Fernández invoca nada más empezar su texto a Umbral para acogerse a la “Santa Transición” como ejemplo de algo bien hecho) un trabajo que presentó en la Fundación FAES sobre la cuestión: La España de las Autonomías: un Estado débil devorado por diecisiete “estaditos”. Como puede apreciarse por el título del trabajo, estamos ante la exposición más o menos canónica (pero hecha desde la Universidad, y por una persona que de esto sabe y a esto se ha dedicado) que nos sitúa en uno de los ejes del debate: el que considera que esto no funciona por culpa, esencialmente, de las Comunidades Autónomas, de sus excesos y de su diseño y que, en consecuencia, para ir arreglando las cosas, lo que hay que hacer es arriar velas autonómicas y recentralizar lo más posible. Analicemos los argumentos que se dan para ello.

Como decía, la lectura del trabajo, a partir de su título y conociendo las coordenadas en que se ubica Tomás-Ramón Fernández, no sorprende demasiado en cuanto a su orientación. Pero sí, al menos a mí, en cuanto a su extremismo y falta de matices. Algo que es probablemente síntoma del problema al que me refería en el primer párrafo, una evidencia más de la gravedad de la avería institucional sistémica del Estado español en su actual diseño. No es que Tomás-Ramón Fernández no acabe de considerar que el Estado autonómico funcione bien o que las Comunidades Autónomas hayan de retirarse de ciertas esferas. No. Es algo más. Las Comunidades Autónomas están sin duda a la cabeza del desastre en que está metida España (p. 14) y sus gobernantes escandalizan por sus excesos, tanto a ciudadanos como a mercados (p. 15). Su actuación no sólo ha dañado la “marca España” que tan bien parada había salido de la Transición sino que además son las responsables primeras y principales, a partir de su manera de entender los números, del aumento de déficit público y consiguiente desastre multinivel que tenemos en el país:

No es cuestión de abrumar al lector con cifras y datos económicos, por lo que me limitaré a recordar muy brevemente los que Luis M. Linde ofrece en el informe publicado por el Colegio Libre de Eméritos en 2010 con el título España en crisis. Sociedad, economía, instituciones. Recuerda Linde que en el periodo “virtuoso” de 1995-2003 conseguimos pasar de un déficit público del 6’5% del PIB al 0’2% y de una deuda del 63% del PIB a un 49%, porcentaje éste que todavía se redujo diez puntos más en los años inmediatamente posteriores hasta situarse treinta puntos por debajo de la media europea.
Este envidiable margen de maniobra se malbarató en muy poco tiempo al estallar la crisis en 2008 y entrar en recesión en 2009 gracias a una política que me abstengo de calificar y que nos llevó de nuevo a finales de 2010 a un nivel de deuda del 65% del PIB. Lo que me importa subrayar aquí y ahora es que en esa loca carrera de seguir gastando en plena crisis lo que no se tenía, las Comunidades Autónomas fueron las que más corrieron, como lo prueba el hecho, que Linde destaca, de que su aportación a la deuda total pasara del 10% en 1995 al 16% en 2009.
(p. 14)

Como alguna vez he repetido por aquí, a mí esta narrativa no me convence. No lo hacen los números, en primer lugar (que el incremento del porcentaje de deuda total atribuible a las CC.AA. a partir de 1995 pueda tener que ver con que muchas de ellas pasaran a partir de entonces a asumir los servicios que más costes generan, como son la Sanidad o la Educación, me parece que debe ser algo que no se puede obviar). Asimismo, no parece que el Estado central en España sea modelo de contención en el gasto, precisamente, pues a pesar de haber visto menguadas sus competencias desde 1978 conserva casi todo el aparato y boato de antaño. Pero como esto es algo de lo que hemos hablado mucho, simplemente dejémoslo apuntado una vez más. Porque el caso es que, sea justa o no esta acusación, es esta explicación  la que sirve de base a Fernández para, planteado el problema, pasar a explicar cómo se ha llegado aquí y cuáles podrían ser la soluciones.

Fernández expone (pp. 17-24) el proceso autonómico y su descontrol a partir del referéndum andaluz, en lo que es una historia conocida (como también lo es la manera en que la cuenta). En su exposición se aprecia la convicción de que un proceso no del todo insensato, programado desde arriba y plasmado constitucionalmente, descarriló por la irresponsable actuación de una serie de agentes (el PSOE y sobre todo el PSOE andaluz, Clavero Arévalo… las elites políticas regionales en general) que acabaron montando un innecesario follón. En ningún momento se plantea hasta qué punto las demandas sociales en este sentido eran o no mayoritarias o se indaga en las razones de que éstas existieran. La cosa se despacha con el manido recurso a imputar ese clima a una irreflexiva y poco justificada “reacción contra el centralismo de la dictadura” pero sin tomarla demasiado en serio. Desde esta óptica, que probablemente era compartida en esos años por mucha gente en los aledaños del Gobierno central, Tomás-Ramón Fernández explica también la labor de la Comisión de Expertos para las Comunidades Autónomas como un intento de “dique de contención” para que, ya que la cosa no podía pararse, al menos se encauzara. De hecho, muy probablemente, eso es lo que en efecto fue ese Informe y ésa precisamente es la función que pretendió cumplir (y por ejemplo en el País Valenciano nos acordamos mucho de que como consecuencia de eso UCD y PSOE de Madrid obligaron a sus filiales valencianas a renunciar al referéndum e incluso a cambiar el nombre de la Comunidad Autónoma que había surgido del acuerdo de más del 99% de municipios valencianos porque, al parecer, a quienes lo tramitaban en Madrid les parecía extremista, peligroso y segregador el mismo y prefirieron sustituirlo por uno más inocuo). Las propuestas de la misma, como se recuerda, iban todas en la misma dirección: reducir, minimizar el autogobierno y, sobre todo, hacerlo dependiente no de lo que los ciudadanos consideraran mejor a partir de la experiencia y de su despliegue y evolución sino de lo que una comisión desde Madrid considerara apropiado. El listado de propuestas limitadoras que recuerda el texto con nostalgia era en este sentido muy significativo: que no se replique el aparato estatal, que no generen nueva burocracia, utilización de las diputaciones provinciales para la gestión, asambleas legislativas con diputados sin sueldo y con dietas y muy poco período de sesiones, ejecutivos regionales muy limitados en número y sin asesores políticos, sino sólo funcionarios (pp. 21-22). Es decir, lo que es bueno y necesario para que el Estado, tanto a nivel legislativo y ejecutivo, funcione, no es bueno en cambio para que lo hagan las Comunidades Autónomas. En el fondo, de esta ecuación, sólo se puede deducir una cosa: es válida si, y sólo si, no se considera que las CC.AA. deban gestionar de verdad o legislar de verdad.Y el problema es que muchos de los que las querían, por no decir todos ellos, las querían para que fueran algo más que un adorno, con lo que al final pasó lo que pasó: que desde el momento en que aparecieron y se les dieron funciones reales éstas acabaron dotándose de los medios que en España consideramos normales y necesarios para ello (en esto, es cierto, con una falta de imaginación y una tendencia a copiar del Estado, tanto lo bueno como todos los vicios, inusitada).

Juzga también Tomás-Ramón Fernández que en esta evolución el Tribunal Constitucional ha sido en gran parte responsable del desaguisado, por anular la LOAPA “por un escrupuloso tecnicismo” o con sentencias como la de 20 de marzo de 1997 que tuvo la ocurrencia de entender que si la Constitución permitía a las Comunidades Autónomas atribuirse las competencias en materia de urbanismo entonces habría que concluir que… la competencia era autonómica. Pero en este punto es donde mejor puede verse que, en el fondo, la radical desconfianza hacia las Comunidades Autónomas que se deduce de un modelo como el que en el fondo se defiende en el trabajo tiene que ver, sencillamente, con el mismo entendimiento de lo que han de ser las mismas. Un entendimiento que hace que cualquier competencia que vaya más allá de una mera desconcentración administrativa controlada desde el poder central sea vista como sospechosa.

Me refiero también a las competencias, que se transfirieron igualmente a borbotones, sin pensar en sus consecuencias, y que se recibieron también con ligereza suma sin tener en cuenta las propias fuerzas. Hoy nos quejamos todos de que las Cortes Generales y el Gobierno tengan que contemplar impasibles los “desaguisados” urbanísticos, porque, según declaró el Tribunal Constitucional en su desafortunada Sentencia de 20 de marzo de 1997, el Estado carece de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Esto es sencillamente absurdo, porque absurdo es reconocer, como unánimemente se reconoce en todo el mundo, que el territorio es elemento esencial del Estado y añadir a continuación que éste no puede hacer, ni decir nada para ordenarlo. Pero ese absurdo, que nos asemeja en este punto a la Orden de Malta, único Estado soberano sin territorio, viene de muy lejos, de la época de las “pre- autonomías” incluso, en la que el Gobierno de entonces, para contentar a los líderes periféricos que iban a Madrid y acallar sus reivindicaciones, les daba sin más un Decreto transfiriéndoles todas las competencias que le reconocía el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. Es éste simplemente un ejemplo, pero muy expresivo, que me ahorra explicaciones más detalladas.
De ahí venimos y por eso hemos llegado hasta aquí.
(p. 24)

Parece bastante claro que hay en estas tesis una cierta idea latente: la idea de que si las Comunidades Autónomas ejercen con normalidad competencias de verdad eso en sí mismo entraña un riesgo de destrucción del Estado y de pérdida de soberanía. Esta idea, claro, explica que para Tomás-Ramón Fernández todo en las Comunidades Autónomas parezca desmesura y mal gobierno: desde el número de funcionarios (que se juzga excesivo para las CC.AA., cuando en un 80% sus empleados públicos son médicos y profesores, pero ejemplo de buen gobierno para ese medio millón largo de funcionarios estatales, incluyendo los de los muchos Ministerios que han ido quedando sin competencias) a las empresas públicas (que al parecer son un mal estrictamente autonómico) o los derroches en oficinas comerciales (pp. 25-26). El trabajo, además, juzga muy negativamente (en lo que es una idea que el Gobierno actual ha asumido y que aparece por ejemplo en la peculiar propuesta de reforma administrativa que tiene que ahorrar 40.000 millones de euros… de los demás que se presentó no hace mucho), a los órganos autonómicos como los equivalentes de defensores del pueblo y tribunales de la competencia o de cuentas. Además, todo esto, así como los sucesivos procesos de ampliación de competencias que han venido después (por ejemplo con el Estatuto catalán), tiene su origen en movimientos políticos que a juicio de Tomás-Ramón Fernández no tienen apoyo social y que se ponen en marcha sin que nadie los haya reclamado (p. 28), en lo que no deja de ser una idea peregrina, la verdad, si pensamos justamente en un proceso como el del Estatuto catalán.

En definitiva, y a la hora de la verdad, lo que hay en las tesis de Fernández es, sencillamente, una radical desconfianza hacia las posibilidades de que se pueda gestionar bien desde un sitio que no sea Madrid. Y de ahí se deducen todos los recelos, en lógica coherencia con esa posición de fondo. Acudiendo a los ejemplos que él mismo menciona:

Los Consejos Consultivos sustituyen al Consejo de Estado en las Comunidades que los tienen, pero cualquier parecido de aquéllos con éste es pura coincidencia, porque sus Consejeros y sus Letrados son de “quita y pon”, a diferencia de los Consejeros Permanentes de Estado, que son inamovibles, y de los propios Consejeros electivos de Estado, que tampoco pueden ser removidos por el Gobierno durante su mandato. Y del soporte técnico no hay ni que hablar porque los Consejos autonómicos no tienen nada que se parezca lo más mínimo al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.
Lo malo del asunto es que el propio Legislador estatal equipara los Consejos autonómicos al de Estado (véase el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: “Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma…”) cuando la verdad es que cuando interviene en el procedimiento el Consejo de Estado uno puede estar tranquilo, pero si el dictamen ha de hacerlo un Consejo autonómico puede darse por perdido.
Con los Jurados de Expropiación ocurre otro tanto. El Jurado estatal que regula la vieja Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 tiene una composición paritaria, en la que los intereses públicos y los privados cuentan con idéntica representación. En cambio, en los Jurados autonómicos la proporción es de ocho (representantes públicos) a uno (privado). Si te expropia la Administración del Estado tienes una cierta garantía, por lo tanto, de obtener un justiprecio razonable; si, por el contrario, te expropia una Comunidad Autónoma, lo más probable es que pierdas por goleada. Una misma finca puede ser valorada, por consiguiente, de manera muy diferente según quien te expropie, lo que no tiene justificación posible
. (pp. 30-31)

No es que yo sea un gran defensor de cómo funcionan los Consejos consultivos autonómicos, pero sinceramente me parece que, la verdad, a estas alturas, alguien debería empezar a revisar con algo más de sentido crítico la función del Consejo de Estado, la calidad de sus dictámenes, la efectiva capacidad que tiene de detectar e impedir excesos e ilegalidades por parte del Gobierno y, sobre todo, si es una estructura que podría hacer las funciones que a día de hoy hacen los Consejos autonómicos. Respecto de la expropiación forzosa, la confianza en el Estado de Tomás-Ramón Fernández quizá haya decaído ahora que la idea de composición paritaria parece también ajena a los Jurados estatales. Pero es que incluso antes de ello los datos no avalan una mayor protección de los particulares por parte del Jurado estatal, como casos míticos de justiprecios de risa (en contraste con la doctrina jurisprudencial asentada) que han sido por ello posteriormente multiplicados hasta el infinito en vía judicial como los del aeropuerto de Barajas ponen de manifiesto.

Quiero decir con ello que me parece discutible la tesis de Tomás-Ramón Fernández, que ve el origen de muchos defectos de muchos órganos (siendo éstos muchas veces indiscutibles) en que sean autonómicos. Por decirlo brevemente usando otro de sus ejemplos: no creo que los tribunales de cuentas autonómicos (p. 31) funcionen mal por ser autonómicos a diferencia de la probada eficacia fiscalizadora de su homónimo estatal sino que, más bien, me parece que los defectos de funcionamiento son desgraciadamente compartidos (y de hecho, dado que las CC.AA. han copiado casi siempre mecanismos y procedimientos de los órganos estatales, estos defectos tienen en su origen mucho que ver con la forma y manera en que funcionan, pésimamente, los órganos de la Administración del Estado en España, pues éstos han sido los erróneos referentes adoptados con muy poca imaginación y una lamentable falta de ganas de experimentar).

Para solucionar estos problemas el trabajo de Tomás-Ramón Fernández apuesta por una reforma constitucional (p. 32) que, en primer lugar, debería reducir el número de Comunidades Autónomas por consideraciones de eficacia. Estando de acuerdo con que esta medida podría ser muy razonable, y coincidiendo en que el criterio rector de la misma debiera ser lograr estructuras operativas y más o menos homologables (atendiendo a ciertas consideraciones geográficas, históricas y culturales, claro, para que no salgan engendros absolutamente absurdos), asumiendo como él hace que el ejemplo comparado (alemán) da pistas de que esto se puede hacer y que no pasa nada (aunque también las da de que existen unas cosas llamadas Bremen y Hamburgo, pero bueno), lo que me pasma es la conclusión a la que llega su texto. A saber, que territorios como Navarra (650.000 habitantes) son perfectamente operativos y pueden por ello seguir como Comunidad Autónoma por no sé qué cosa de la foralidad pero que la Comunidad Valenciana (así nombrada por los señores de una Comisión de Madrid a los que no les gustó el nombre de País Valenciano que nos dimos los aborígenes), con más de 5.000.000 de habitantes, tiene que fusionarse con Murcia porque, al parecer, como ambas son zonas de playa que desde Madrid se consideran equivalentes, esos 5.000.000 no son suficientes para conformar una Comunidad Autónoma propia y además, ni la historia, ni la lengua propia ni nada de nada es un elemento a tener en cuenta para establecer una planta administrativa más o menos coherente, con cara y ojos, y con cierto sentido. En fin, que yo no lo acabo de ver. Habría que propugnar quizás procesos de fusión pero, la verdad, lo sensato sería incentivar confluencias voluntarias y más o menos razonables y coherentes. Pero si desde Madrid van a decidir que Navarra sí y Valencia no, la verdad, el sistema no creo que guste mucho a casi nadie.

Adicionalmente, esta reforma constitucional, dice Fernández, (p. 35) debería contener un reparto competencial directamente en su propio texto. Esta es una propuesta muy frecuente que a mí me llena siempre de perplejidad (por ejemplo, UPyD lleva años dando la matraca con este tema) porque, que yo sepa, esto ya está en la Constitución (lo hace el art. 149 CE). A veces la cosa se mejora y se dice que el problema es que no tenemos una “lista de competencia estatales”. ¡Pero si el art. 149 CE es precisamente eso, una lista de competencias estatales! En realidad, claro, lo que se pide en estos casos es una “clarificación” de esa lista. Pero oiga, ¿acaso no era una “clarificación” lo que los tropecientos mil artículos del Estatut catalán en materia de competencias pretendían hacer? Pues sí. Pero ese tipo de clarificación, claro, no nos gustaba. Porque dejaba todo demasiado transparente… en un sentido. Así pues, aclaremos: lo que se pide es una lista de competencias estatales que vaya más allá del 149 CE y que blinde muchas más competencias (y con más cometidos dentro de cada una de ellas) de lo que hay ahora. Es decir, no se trata de clarificar, sino de recentralizar. Para ello, además, se emplea argumentativamente el ejemplo alemán (un federalismo de ejecución diseñado de modo muy diferente al español, como demuestra el hecho de que tenga unos órganos centrales, para un país con el doble de habitantes que el nuestro, con menos funcionarios que nosotros, porque ellos dejan la ejecución de casi todo a los Länder) lo que no deja de ser tremendamente tramposo si sólo nos acogemos a una parte, la que permite más centralización de políticas, pero no para el resto (la que establece un sistema de complicados pesos y contrapesos, garantías y participación de los Länder en la puesta en marcha de casi todas las políticas de la Federación).

En todo caso, bien está que se rehaga la lista del art. 149 CE en el sentido que sea, que se establezcan muchos más mecanismos de coordinación y clarificación (pp. 35-36) como propone Tomás-Ramón Fernández o vimos en su día que también propugnaba Muñoz Machado. Pero conviene no perder de vista una cosa: nada de ello va a eliminar el conflicto ni la existencia de confusión, nada va a acabar con que a veces no nos pongamos de acuerdo, unos lo veamos de una manera otros de otra, nada va a evitar que haya que acudir a una instancia como el Tribunal Constitucional muchas veces. Es más, cuantas más reglas de coordinación haya, presumiblemente, más habrá que acudir a él. Resulta por ello un poco naif, a mi juicio, que se pretenda (p. 36) conseguir con ello eliminar conflictos. Ello sólo sería posible en un entorno de total capitisdimución autonómica, pero entonces ya no estaríamos hablando de un Estado de las Autonomías sino de un Estado centralizado (hay indicios, cuando le texto propugna mecanismos complementarios a los del 155 CE en poder del Estado, o cuando se proponen reformas del régimen local en esta misma línea, que permiten intuir que, en el fondo, por ahí van los tiros, con órganos cuanto más arriba mejor y con capacidad para suprardenar la actividad de los de abajo, porque, de nuevo en el ámbito local “en pleno siglo XXI es obligado optar por la provincia y por las Diputaciones Provinciales como base del Régimen Local” (p. 40)). Es decir, que cualquier reparto territorial del poder es conflictivo si es un verdadero reparto, y genera fricciones y problemas constantes. Si lo que se pretende lograr es que éstas no existan, en la práctica, no nos engañemos, hay sólo una solución: que mande claramente alguien siempre. Y en el fondo, la verdad, de eso es de lo que, por lo que se ve, se trata.

Por último, como traca final, esta reforma constitucional debería ir acompañada, explica Tomás-Ramón Fernández, de una reforma electoral para evitar el peso de los nacionalistas, que juzga desmedido en nuestro sistema y primado artificialmente, por encima del peso que los ciudadanos les otorgan con su voto:

Los datos de las últimas elecciones del 20 de noviembre de 2011 no pueden ser más elocuentes. Izquierda Unida consiguió 1.680.810 votos con los que obtuvo once diputados, cinco menos que Convergencia i Unió que apenas rebasó el millón de votantes (1.014.263), 126.000 menos, concretamente, que UPyD, que tuvo que conformarse con sólo cinco diputados, los mismos que consiguió el Partido Nacionalista Vasco con sólo 323.517 votos.
Más claro, si esto es posible: Izquierda Unida necesita más de 150.000 votos para conseguir un escaño y UPyD más de 200.000; en cambio, a CiU le basta con 63.000 y al PNV con 64.000.
¡Parece mentira que algo tan injusto y tan contrario a la representatividad que está en la base de todo sistema democrático haya podido mantenerse durante treinta y cinco años!
(pp. 43-44)

En el fondo, es bastante descorazonador tener que escuchar o leer esto una y otra vez. Parece mentira, de hecho, que el trabajo emplee estos datos y no vaya más allá, por ejemplo comparando esas cifras con los votos que necesitan PP o PSOE para lograr diputados. Pero como ya hemos explicado muchas veces qué cosas funcionan mal en nuestro modelo electoral (y que los partidos nacionalistas estén sobrerrepresentados no es una de ellas), mejor dejarlo estar porque en este tipo de sesgo, voluntario o involuntario, quedan de manifiesto demasiadas cosas. De un lado la hostilidad manifiesta que las Matemáticas tienen por el buen pueblo español. Pero de otro, también, que llegado un momento dado parece que todo vale, incluso las más groseras exposiciones de lo que es la realidad, para construir justificar ese cambio constitucional en un determinada dirección.

En definitiva, que Tomás-Ramón Fernández, en el fondo, lo que está presentado es un programa recentralizador, aunque lo llame Estado de las Autonomías: las quiere pequeñitas, gestionando menos competencias, a las órdenes del Estado, dependiendo de él para casi todo y, muy importante, con un Estado con capacidad para zanjar conflictos unilaterlamente en su favor cuando éstos se presenten. Ese programa recentralizador ve bien, aunque cortas e insuficientes, medidas como las leyes de estabilidad presupuestaria impuestas desde el Estado (aunque luego habla de la importancia de la corresponsabilidad fiscal) o ve bien cosas como la reforma del régimen local que está propugnando el Gobierno (aunque se explique a la vez que la democracia de base local a pequeña escala es muy importante… pero sin gestionar nada, por favor). Y es un programa cada vez más en boga en determinados círculos españoles (y quizás, podría decirse, cada vez más acariciado por amplias mayorías en algunas regiones que curiosamente coinciden con el centro peninsular que acabaría recogiendo la mayor parte de los nuevos poderes). Muchas de sus ideas inspiran el programa de reformas recientemente presentado, de hecho. Y es perfectamente legítimo que así sea, mientras los votos lo avalen y se desarrolle por los cauces previstos. Lo que conviene es tener claro, eso sí, de qué estamos hablando pues mejor no llevarse a engaño con estas cosas: estamos hablando, sencillamente, de liquidar el Estado de las Autonomías y volver, poco a poco, a un modelo de desconcentración administrativa con las riendas donde toca, esto es, en el Centro.

Personalmente tengo muchas dudas respecto de las bondades de esta solución, como he ido manifestando y, sobre todo, tengo menos claro si cabe que esta solución sea posible, en términos de lograr una legitimidad suficiente, como guía para reformar el marco constitucional actual por uno mejor, que resuelva los problemas de España en estos momentos (o, al menos, ayude un poquito a hacerlo) y que facilite la suma de voluntades de construir este país juntos y entre todos (con catalanes y vascos, pero también con gallegos y valencianos, y con andaluces y con…). Me parece, de hecho, que es más bien lo contrario. Pero es cierto que esto ya no pretende ser un análisis ni siquiera remotamente jurídico. Es, sencillamente, mi opinión.



22 comentarios en Centralismo vs. federalismo en la España de las autonomías (I): Tomás-Ramón Fernández y los 17 “estaditos”
  1. 1

    Un gran artículo, Andrés. Un único pero, “como casos míticos de justiprecios de risa que han sido multiplicados hasta el infinito en vía judicial como los del aeropuerto de Barajas ponen de manifiesto” quizás no sea el mejor ejemplo ( desde mi punto de vista) para hacer referencia a los problemas de funcionamiento de los Jurados. La doctrina del TS en ese caso, a mi juicio no es del todo acertada.

    En todo caso, comparto tu rechazo a que el calificativo de autonómico sea el defecto esencial de las instituciones.

    Comentario escrito por Bárbara — 08 de julio de 2013 a las 9:44 pm

  2. 2

    Sí, en eso tienes razón. Pero vamos, que como ciudadano, los Jurados del Estado no me han estado valorando muy bien, a la vista de lo que luego han dicho los tribunales ni en este caso, ni en las radiales de Madrid, etc… Lo interesante a estos efectos sería tener estadísticas sobre los diversos jurados y a quiénes le tumban más valoraciones. En el VII Congreso de la AEPDA se comentó que en el caso de Cataluña, que no son nada paritarios, funcionaban bastante bien (pero no tengo datos).

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de julio de 2013 a las 9:53 pm

  3. 3

    Cojonudo. Otro “honesto intento de racionalización del Estado” de un señor castellano (de Burgos este) al que racionalmente se la sopla lo que puedan pensar los de sus comunidades y hace y deshace porque él lo vale. Valencia, Murcia si es todo Levante no, pues listo. De hecho un poco cobarde, porque habiendo empezado ya con el delirio haber fusionado Cataluña con Aragón y ya se queda usted mas contento, don Tomás-Ramón.

    Comentario escrito por Latro — 09 de julio de 2013 a las 6:31 am

  4. 4

    Andrés ¿No te resulta descorazonadora toda esta burrez? Burrez con estudios, pero burrez. Burrez que va a tener buenos altavoces, y bien pagados, pero burres al fin y al cabo.
    Es que ya paso de intentar ir desmontando los argumentos – por llamarlos de alguna manera – de este señor. No es un catedrático al servicio de la política, es un catedrático al servicio de la propaganda. Y en este país la propaganda funciona.
    Esi, la ocurrencia esa de unir administrativamente la Comunitat Valenciana a la Comunidad Murciana merece un articulo en Valencia Plaza y en la prensa de la Comunidad. Els centralistes mos voren furtar la identidat, no mos fareu murcians…

    Comentario escrito por galaico67 — 09 de julio de 2013 a las 7:30 am

  5. 5

    Sí, un poco descorazonador sí me parece. Como digo en el texto, sobre todo, me cabrea especialmente lo de comparar los diputados que saca UPyD con los que sacan CiU o el PNV, porque me parece un ejercicio muy poco edificante intelectualmente.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 09 de julio de 2013 a las 8:05 am

  6. 6

    Andrés, es que solo con apuntar esa circunstancia es para levantarse y salir de cualquier foro donde se apunte. pero salir haciendose notar, con educación pero sin disimulo.
    Eso es insultar la inteligencia, llamarte tonto a la cara y quedarse tan anchos.
    Con esta gente hay que ser para-opusdeista y aplicar la santa intransigencia. No puedo dialogar con quien lleva la mala fé – otra cosa es la ignorancia- por delante y hace bandera de ello.

    Comentario escrito por galaico67 — 09 de julio de 2013 a las 8:39 am

  7. 7

    ¿El argumento de que en las CCAA hay mucha corrupción, no como en el Gobierno central y en la Administración estatal no lo usa TRF? Porque en la época en que escribió eso era muy corriente. Ahora, en cambio, parece que ha pasado de moda.

    Comentario escrito por Juancho — 09 de julio de 2013 a las 9:48 am

  8. 8

    Es que cada vez lo ponen más difícil para no ser nacionalista periférico rompe_españa

    Comentario escrito por tabalet i dolçaina — 09 de julio de 2013 a las 11:11 am

  9. 9

    ¡Cómo sois los catalanes del sur!

    Comentario escrito por josé luis — 09 de julio de 2013 a las 11:45 am

  10. 10

    Murcianos del norte

    Comentario escrito por Murcilenciano — 09 de julio de 2013 a las 2:14 pm

  11. 11

    La idea de juntar Murcia con Valencia es de traca, casi casi como la propuesta que tubo UPD de juntar Navarra y Aragón ¿Y por qué no La Rioja con Euskadi, o Asturias con Cantabria?
    Que consideren que Navarra puede ser viable por si misma es principalmente para evitar que se una con el vecino con el que comparte más cultura e instituciones, los pérfidos vascongados.
    Vamos que el señor este defiende con datos parciales (lo de los escaños es como si le llamasen tonto a la cara a uno) sus ideas que no tienen nada que ver ni con racionalidades ni con nada que no sea “en Madrid lo hacemos mejor y más barato”.

    En una encuesta del CIS de este año sobre el estado autonómico las diferencias de opinión más/menos autonomía eran muy marcadas entre el centro (Castilla, Cantabria, Murcia) y la periferia -yo pensaba que la ola recentralizadora era más homogénea-, con independencia del signo político de la comunidad.

    Comentario escrito por Beltza — 09 de julio de 2013 a las 2:45 pm

  12. 12

    ¿Cantabria y Murcia centro… y marca gol?

    Comentario escrito por josé luis — 09 de julio de 2013 a las 7:20 pm

  13. 13

    Jose Luís.
    Son la excepción, por eso las he puesto -no he citado Madrid, las dos castillas, extremadura, la rioja y Aragón-. El resto de comunidades periféricas con acceso al mar la mayoría estaba por mantener el invento, retroceder poco o avanzar en la autonomia (País Vasco y Cataluña, obviamente). En un mapa se ve bastante claro la dicotomía.

    Comentario escrito por Beltza — 09 de julio de 2013 a las 8:17 pm

  14. 14

    No entendí bien. Mis disculpas.

    Lo de centralismo vs federalismo en l’Espagne es el día de la marmota.

    Aportaciones: Propongo para València en vez de ese refrito de País Valencià las siguientes posibilidades:

    – Levante feliz.
    – La tierra de las flores, de la luz y del amor.

    PS: Muñoz Machado también abogó por la posible disolución de las Diputaciones Provinciales ( no todas, entiendo).

    Comentario escrito por josé luis — 10 de julio de 2013 a las 7:09 am

  15. 15

    No dejemos que los datos ofusquen el debate! Porque si lo hiciesemos alguno se iba a llevar alguna sorpresa. La primera, que preguntados por si quieren reducir la autonomia de su respectiva CCAA , el CIS desvela que los ciudadanos de todas las comunidades autonomas dicen que prefieren incrementarla o mantenerla . Como ven un autentico clamor recentralizador…. Sobre la distribucion geografica, veamos si eso de perifericos y centrales se sostiene por algun lado. A continuacion la lista de CCAA cuyos habitantes (en porcentaje) se muestran mas proclives a recortar sus competencias autonomicas (datos CIS 2012)

    Madrid 40.9 %
    Comunidad Valenciana 39.6%
    Castilla La Mancha 36.2%
    Asturias 35.3%
    Baleares 34.4 %
    Castilla y Leon 34.4%
    Cantabria 32 %
    La Rioja 31.8%
    Murcia 31.8 %
    Extremadura 27.4 %
    Aragon 26.2%
    Galicia 25.5 %
    Andalucia 22 %
    Canarias 22 %
    Catalunya 8.1 %
    Navarra 7.3 %
    Pais Vasco 3.1 %

    Vamos, que no veo yo mucha correlacion geografica, a no ser que en la mente de este sr este constituir una macrocomunidad que incluya Madrid, Valencia y Castilla La Mancha….

    Pasemos ahora a ver quienes son los defensores del “status quo” . A continuacion, y en porcentaje de votantes a favor, las CC.AA que prefieren mantener intactos sus respectivos estatutos…

    Navarra (44.7%)
    La Rioja (43.5%)
    Galicia 41.7%
    Andalucia 42.3%
    Pais Vasco 41.1 %
    Extremadura 41.1 %
    Cantabria 38.8%
    Canarias 35.5 %
    Asturias 35.3%
    Madrid 34.6%
    Castilla La Mancha 33.1 %
    Castilla y Leon 33.1 %
    Aragon 31.4%
    Comunidad Valenciana 31.1 %
    Baleares 29.8%
    Murcia 25.6%
    Catalunya 19.1 %

    Esta lista a mi me resulta de lo mas interesante. Entre los mas satisfechos yo distinguiria tres grupos. Por un lado tenemos a las provincias forales en Navarra y la CAV, estas yo creo que defienden su sistema por motivos evidentes. Por otro tenemos a las pequenyas uniprovinciales de La Rioja y Cantabria, que supongo contemplan sus propios estatutos como algo que defender mas que aumentar (probablemente debido a que se encuentran permanentemente cuestionadas), aunque su relacion de vecindad con las provincias forales es posible que algo tenga que ver. Por ultimo están el sur (Extremadura y Andalucia) y Galicia , comunidades que hasta bien entrado el siglo XX sufrian un considerable retraso respecto del pais. La campeona del descontento es, como no, Catalunya y sospecho que sus razones son muy parecidas a las del grupo de cabeza: els diners.

    Comentario escrito por InVino(Veritas) — 10 de julio de 2013 a las 2:11 pm

  16. 16

    “Vamos, que no veo yo mucha correlacion geografica, a no ser que en la mente de este sr este constituir una macrocomunidad que incluya Madrid, Valencia y Castilla La Mancha….”

    A mi me parece una unidad de destino evidente: Poder económico, campo, cotos de caza, playas…una razzia para incorporar Murcia y La Rioja- el vino de La Mancha no es lo suficentemente bueno..- y empezaría a pensar en himno y bandera…

    Comentario escrito por galaico67 — 10 de julio de 2013 a las 3:41 pm

  17. 17

    Lamento ser especialmente duro. Aqui tenemos otro artículo de un salvador de la patria desde la altura de su cátedra, donde, a vista de pájaro (nunca mejor dicho) puede contemplar España y sus males.
    TRF no solo da soluciones sino que incluso reorganiza el pais uniendo su nombre a la lista gloriosa de Napoleón Bonaparte y Javier de Burgos.
    Jurados de Expropiación… Pues sí, la expropiación ese fue uno de los males de la patria. Resulta que uno tenia un patatal donde se cultivaba una cebada rala y de repente llegaba la Sala (TSJ/TS, me da igual) y decía “crear ciudad” y 1000 €/m2. ¡Con un par!
    Lo malo del asunto es que en muchos casos el que cobraba no era el dueño original del terreno sino una persona que lo habia comprado antes y que ¡oh, casualidad! escribia libros defendiendo esa doctrina mágica del crear ciudad.
    Como además las CCAA creaban organos para apartarse de la doble vara de medir de los jurados estatales, TRF se dedico a publicar artículos defendiendo la inconstitucionalidad de los autonómicos (el bufete, es lo que tiene) y le compró la doctrina el TS y algunos TSJ. Lastima que el TC no lo entendio así. Curiosamente, daba muchas más garantias para valorar el aprovechamiento de un terreno un notario que un arquitecto (¿?).
    No importa, consiguio que algun jurado autonómico cambiara su composición en tanto que años despues el estatal incrementó el numero de vocales técnicos (da igual, total ya no se expropia y no entran clientes expropiados al bufete).
    En fin, creo que el artículo lo ha publicado en varios sitios para difundir mejor su mensaje por el mundo.
    Podría seguir con dictamenes del Consejo de Estado en los que se bendice con entusiasmo un decreto de Aznar y luego meses más tarde elogia uno de ZP absolutamente contrario, pero no merece la pena.
    Que le vamos a hacer, por cierto si alguien quiere leer algo distinto, puede comenzar por la STS 11-4-2003 (recurso de casacion 1861/1998).
    Y no digo más…

    Comentario escrito por Macanaz — 10 de julio de 2013 a las 3:44 pm

  18. 18

    In Vino
    Yo los datos los ví aquí http://www.territoriomagenta.com/t5567p15-centralismo-vs-independentismo-por-autonomias (masoca que es uno) y de los mismos la conclusión que saqué era la que he explicado antes. Hay datos entre los que ha puesto usted y los del foro que son diferentes.

    Los mapas los colgo en su cuenta de Twitter el dibujante del cómic “Hispanistán”, y ahora no los encuentro.

    Comentario escrito por Beltza — 10 de julio de 2013 a las 8:12 pm

  19. 19

    Los datos son del CIS de 2012 (pueden verlos en un mapa interactivo aqui http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2940_2959/2956/Es2956_mapa_html.html, en la pregunta numero 13) y a mi no me parecen muy “cocinados”, basicamente porque el panorama que arrojan se presta poco al maniqueismo de los pérfidos rompepatrias vs tenebrosos centralistas.

    Mi conclusion particular es que casi todo el mundo esta de acuerdo con recortar las autonomías de los demás, pero poco o nada de acuerdo en hacer lo mismo con la propia. Ni siquiera Madrid -donde la cercanía del poder central y el vetusto concepto de “en provincias” hace mas probable a priori tal opinión- los recentralizadores son mayoría. Tampoco se puede sacar una correlacion clara con los gobiernos de distinto signo político: aunque el PP gobierna desde tiempos inmemoriales Madrid y la Comunidad Valenciana, tambien lo hace en La Rioja y en Galicia, y los resultados son diametralmente opuestos.

    Aunque no he visto la interpretacion que UPyD hace de los resultados sospecho que la division entre “patriotas buenos” y “anti-patriotas malos” tiene mas que ver con sus propias filias y fobias que con los frios numeros. Cosa que no creo que le sorprenda si es observador habitual del “territorio magenta”. Pero hagalo con cuidado Beltza, que eso puede provocar una ulcera…

    Comentario escrito por InVino(Veritas) — 10 de julio de 2013 a las 11:34 pm

  20. 21

    In Vino.
    Gracias por la información. Mirando las otras preguntas me ha dejado alucinado la pregunta de ¿quién recauda los impuestos en Euskadi?: Sólo han respondido correctamente el 54%.

    Lo de Territorio Magenta lo observo para divertirme un rato y tomo precauciones, aunque tal vez tanto jacobino junto me provoque una reacción alérgica y luego me pase de frenada; Les dejas gobernar España durante cinco minutos a algunos de los habituales y el pitote que te montan es de órdago a la grande.

    “se presta poco al maniqueismo de los pérfidos rompepatrias vs tenebrosos centralistas”
    No tenía la intención de transmitir esa idea de buenos/malos.

    Comentario escrito por Beltza — 11 de julio de 2013 a las 11:22 pm

  21. 22

    A mi no termina de cuadrarme lo de tanta Administración y órganos de gobierno.
    ¿No sería mejor un Estado con un poder legislativo de representación territorial e ir cediendo soberanía a Europa?

    Comentario escrito por Peter — 18 de agosto de 2013 a las 9:47 am

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