No se trata de hacer leer

Una de las consecuencias más notables, en lo jurídico, del crack que ha hecho España en cuanto a sus estructuras e instituciones es que a día de hoy a nadie parece gustarle demasiado la estructura de reparto del poder territorial del Estado que tenemos en estos momentos: el famoso Título VIII de la Constitución. Que las reglas que regulan la convivencia y reparten el poder no acaben de gustar a nadie del todo, probablemente, es algo no sólo de lo más normal sino hasta bueno. Ocurre, sin embargo, que el nivel de desagrado que el sistema actual genera en España es quizás superior a lo aconsejable, indicando que, efectivamente, puede que haya algún mecanismo importante roto de verdad. Y ocurre, además, que las evidencias de que los problemas que tenemos no son de chapa y pintura empiezan a acumularse. Aprovechando esta situación, y dado que se están generando documentos de todo tipo con propuestas y alternativas, no parece mala actividad pre-estival ir echando un vistazo a alguno de ellos. De hecho, ya comenté en este blog la que de momento es la propuesta más trabajada que desde alguien relacionado con el estudio de estas cosas desde la Universidad ha surgido hasta la fecha dentro del espectro que preconiza una reforma constitucional e institucional profunda con cierto barniz recentralizador (pero sin pasarse): la de Santiago Muñoz Machado en su Informe sobre España.

Pues bien, con un perfil algo diferente, pues es un texto menos académico y más de polemista, como él mismo reconoce, y con el interés de contribuir a dibujar propuestas, a cargo de una persona que es muy importante en nuestro Derecho público (y además lo ha sido durante muchos años, participando en muchos elementos del diseño del actual sistema, como por ejemplo como miembro, igual que también lo fue Muñoz Machado, de la Comisión presidida por García de Enterría que dibujó a UCD y PSOE una suerte de hoja de ruta para ir desarrollando el sistema autonómico tras el «susto» que produjo el referéndum andaluz o la inminente, y abortada, consulta valenciana), Tomás-Ramón Fernández ha publicado en los Cuadernos de la Fundación Transición española (que es un chiringuito con pinta de reunir a lo más granado del establishment de lo que han sido estos casi ya cuarenta años de restauración borbónica -de hecho, el propio Tomás-Ramón Fernández invoca nada más empezar su texto a Umbral para acogerse a la «Santa Transición» como ejemplo de algo bien hecho) un trabajo que presentó en la Fundación FAES sobre la cuestión: La España de las Autonomías: un Estado débil devorado por diecisiete «estaditos». Como puede apreciarse por el título del trabajo, estamos ante la exposición más o menos canónica (pero hecha desde la Universidad, y por una persona que de esto sabe y a esto se ha dedicado) que nos sitúa en uno de los ejes del debate: el que considera que esto no funciona por culpa, esencialmente, de las Comunidades Autónomas, de sus excesos y de su diseño y que, en consecuencia, para ir arreglando las cosas, lo que hay que hacer es arriar velas autonómicas y recentralizar lo más posible. Analicemos los argumentos que se dan para ello.

Como decía, la lectura del trabajo, a partir de su título y conociendo las coordenadas en que se ubica Tomás-Ramón Fernández, no sorprende demasiado en cuanto a su orientación. Pero sí, al menos a mí, en cuanto a su extremismo y falta de matices. Algo que es probablemente síntoma del problema al que me refería en el primer párrafo, una evidencia más de la gravedad de la avería institucional sistémica del Estado español en su actual diseño. No es que Tomás-Ramón Fernández no acabe de considerar que el Estado autonómico funcione bien o que las Comunidades Autónomas hayan de retirarse de ciertas esferas. No. Es algo más. Las Comunidades Autónomas están sin duda a la cabeza del desastre en que está metida España (p. 14) y sus gobernantes escandalizan por sus excesos, tanto a ciudadanos como a mercados (p. 15). Su actuación no sólo ha dañado la «marca España» que tan bien parada había salido de la Transición sino que además son las responsables primeras y principales, a partir de su manera de entender los números, del aumento de déficit público y consiguiente desastre multinivel que tenemos en el país:

No es cuestión de abrumar al lector con cifras y datos económicos, por lo que me limitaré a recordar muy brevemente los que Luis M. Linde ofrece en el informe publicado por el Colegio Libre de Eméritos en 2010 con el título España en crisis. Sociedad, economía, instituciones. Recuerda Linde que en el periodo “virtuoso” de 1995-2003 conseguimos pasar de un déficit público del 6’5% del PIB al 0’2% y de una deuda del 63% del PIB a un 49%, porcentaje éste que todavía se redujo diez puntos más en los años inmediatamente posteriores hasta situarse treinta puntos por debajo de la media europea.
Este envidiable margen de maniobra se malbarató en muy poco tiempo al estallar la crisis en 2008 y entrar en recesión en 2009 gracias a una política que me abstengo de calificar y que nos llevó de nuevo a finales de 2010 a un nivel de deuda del 65% del PIB. Lo que me importa subrayar aquí y ahora es que en esa loca carrera de seguir gastando en plena crisis lo que no se tenía, las Comunidades Autónomas fueron las que más corrieron, como lo prueba el hecho, que Linde destaca, de que su aportación a la deuda total pasara del 10% en 1995 al 16% en 2009. (p. 14)

Como alguna vez he repetido por aquí, a mí esta narrativa no me convence. No lo hacen los números, en primer lugar (que el incremento del porcentaje de deuda total atribuible a las CC.AA. a partir de 1995 pueda tener que ver con que muchas de ellas pasaran a partir de entonces a asumir los servicios que más costes generan, como son la Sanidad o la Educación, me parece que debe ser algo que no se puede obviar). Asimismo, no parece que el Estado central en España sea modelo de contención en el gasto, precisamente, pues a pesar de haber visto menguadas sus competencias desde 1978 conserva casi todo el aparato y boato de antaño. Pero como esto es algo de lo que hemos hablado mucho, simplemente dejémoslo apuntado una vez más. Porque el caso es que, sea justa o no esta acusación, es esta explicación  la que sirve de base a Fernández para, planteado el problema, pasar a explicar cómo se ha llegado aquí y cuáles podrían ser la soluciones.

Fernández expone (pp. 17-24) el proceso autonómico y su descontrol a partir del referéndum andaluz, en lo que es una historia conocida (como también lo es la manera en que la cuenta). En su exposición se aprecia la convicción de que un proceso no del todo insensato, programado desde arriba y plasmado constitucionalmente, descarriló por la irresponsable actuación de una serie de agentes (el PSOE y sobre todo el PSOE andaluz, Clavero Arévalo… las elites políticas regionales en general) que acabaron montando un innecesario follón. En ningún momento se plantea hasta qué punto las demandas sociales en este sentido eran o no mayoritarias o se indaga en las razones de que éstas existieran. La cosa se despacha con el manido recurso a imputar ese clima a una irreflexiva y poco justificada «reacción contra el centralismo de la dictadura» pero sin tomarla demasiado en serio. Desde esta óptica, que probablemente era compartida en esos años por mucha gente en los aledaños del Gobierno central, Tomás-Ramón Fernández explica también la labor de la Comisión de Expertos para las Comunidades Autónomas como un intento de «dique de contención» para que, ya que la cosa no podía pararse, al menos se encauzara. De hecho, muy probablemente, eso es lo que en efecto fue ese Informe y ésa precisamente es la función que pretendió cumplir (y por ejemplo en el País Valenciano nos acordamos mucho de que como consecuencia de eso UCD y PSOE de Madrid obligaron a sus filiales valencianas a renunciar al referéndum e incluso a cambiar el nombre de la Comunidad Autónoma que había surgido del acuerdo de más del 99% de municipios valencianos porque, al parecer, a quienes lo tramitaban en Madrid les parecía extremista, peligroso y segregador el mismo y prefirieron sustituirlo por uno más inocuo). Las propuestas de la misma, como se recuerda, iban todas en la misma dirección: reducir, minimizar el autogobierno y, sobre todo, hacerlo dependiente no de lo que los ciudadanos consideraran mejor a partir de la experiencia y de su despliegue y evolución sino de lo que una comisión desde Madrid considerara apropiado. El listado de propuestas limitadoras que recuerda el texto con nostalgia era en este sentido muy significativo: que no se replique el aparato estatal, que no generen nueva burocracia, utilización de las diputaciones provinciales para la gestión, asambleas legislativas con diputados sin sueldo y con dietas y muy poco período de sesiones, ejecutivos regionales muy limitados en número y sin asesores políticos, sino sólo funcionarios (pp. 21-22). Es decir, lo que es bueno y necesario para que el Estado, tanto a nivel legislativo y ejecutivo, funcione, no es bueno en cambio para que lo hagan las Comunidades Autónomas. En el fondo, de esta ecuación, sólo se puede deducir una cosa: es válida si, y sólo si, no se considera que las CC.AA. deban gestionar de verdad o legislar de verdad.Y el problema es que muchos de los que las querían, por no decir todos ellos, las querían para que fueran algo más que un adorno, con lo que al final pasó lo que pasó: que desde el momento en que aparecieron y se les dieron funciones reales éstas acabaron dotándose de los medios que en España consideramos normales y necesarios para ello (en esto, es cierto, con una falta de imaginación y una tendencia a copiar del Estado, tanto lo bueno como todos los vicios, inusitada).

Juzga también Tomás-Ramón Fernández que en esta evolución el Tribunal Constitucional ha sido en gran parte responsable del desaguisado, por anular la LOAPA «por un escrupuloso tecnicismo» o con sentencias como la de 20 de marzo de 1997 que tuvo la ocurrencia de entender que si la Constitución permitía a las Comunidades Autónomas atribuirse las competencias en materia de urbanismo entonces habría que concluir que… la competencia era autonómica. Pero en este punto es donde mejor puede verse que, en el fondo, la radical desconfianza hacia las Comunidades Autónomas que se deduce de un modelo como el que en el fondo se defiende en el trabajo tiene que ver, sencillamente, con el mismo entendimiento de lo que han de ser las mismas. Un entendimiento que hace que cualquier competencia que vaya más allá de una mera desconcentración administrativa controlada desde el poder central sea vista como sospechosa.

Me refiero también a las competencias, que se transfirieron igualmente a borbotones, sin pensar en sus consecuencias, y que se recibieron también con ligereza suma sin tener en cuenta las propias fuerzas. Hoy nos quejamos todos de que las Cortes Generales y el Gobierno tengan que contemplar impasibles los “desaguisados” urbanísticos, porque, según declaró el Tribunal Constitucional en su desafortunada Sentencia de 20 de marzo de 1997, el Estado carece de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Esto es sencillamente absurdo, porque absurdo es reconocer, como unánimemente se reconoce en todo el mundo, que el territorio es elemento esencial del Estado y añadir a continuación que éste no puede hacer, ni decir nada para ordenarlo. Pero ese absurdo, que nos asemeja en este punto a la Orden de Malta, único Estado soberano sin territorio, viene de muy lejos, de la época de las “pre- autonomías” incluso, en la que el Gobierno de entonces, para contentar a los líderes periféricos que iban a Madrid y acallar sus reivindicaciones, les daba sin más un Decreto transfiriéndoles todas las competencias que le reconocía el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. Es éste simplemente un ejemplo, pero muy expresivo, que me ahorra explicaciones más detalladas.
De ahí venimos y por eso hemos llegado hasta aquí. (p. 24)

Parece bastante claro que hay en estas tesis una cierta idea latente: la idea de que si las Comunidades Autónomas ejercen con normalidad competencias de verdad eso en sí mismo entraña un riesgo de destrucción del Estado y de pérdida de soberanía. Esta idea, claro, explica que para Tomás-Ramón Fernández todo en las Comunidades Autónomas parezca desmesura y mal gobierno: desde el número de funcionarios (que se juzga excesivo para las CC.AA., cuando en un 80% sus empleados públicos son médicos y profesores, pero ejemplo de buen gobierno para ese medio millón largo de funcionarios estatales, incluyendo los de los muchos Ministerios que han ido quedando sin competencias) a las empresas públicas (que al parecer son un mal estrictamente autonómico) o los derroches en oficinas comerciales (pp. 25-26). El trabajo, además, juzga muy negativamente (en lo que es una idea que el Gobierno actual ha asumido y que aparece por ejemplo en la peculiar propuesta de reforma administrativa que tiene que ahorrar 40.000 millones de euros… de los demás que se presentó no hace mucho), a los órganos autonómicos como los equivalentes de defensores del pueblo y tribunales de la competencia o de cuentas. Además, todo esto, así como los sucesivos procesos de ampliación de competencias que han venido después (por ejemplo con el Estatuto catalán), tiene su origen en movimientos políticos que a juicio de Tomás-Ramón Fernández no tienen apoyo social y que se ponen en marcha sin que nadie los haya reclamado (p. 28), en lo que no deja de ser una idea peregrina, la verdad, si pensamos justamente en un proceso como el del Estatuto catalán.

En definitiva, y a la hora de la verdad, lo que hay en las tesis de Fernández es, sencillamente, una radical desconfianza hacia las posibilidades de que se pueda gestionar bien desde un sitio que no sea Madrid. Y de ahí se deducen todos los recelos, en lógica coherencia con esa posición de fondo. Acudiendo a los ejemplos que él mismo menciona:

Los Consejos Consultivos sustituyen al Consejo de Estado en las Comunidades que los tienen, pero cualquier parecido de aquéllos con éste es pura coincidencia, porque sus Consejeros y sus Letrados son de “quita y pon”, a diferencia de los Consejeros Permanentes de Estado, que son inamovibles, y de los propios Consejeros electivos de Estado, que tampoco pueden ser removidos por el Gobierno durante su mandato. Y del soporte técnico no hay ni que hablar porque los Consejos autonómicos no tienen nada que se parezca lo más mínimo al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.
Lo malo del asunto es que el propio Legislador estatal equipara los Consejos autonómicos al de Estado (véase el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: “Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma…”) cuando la verdad es que cuando interviene en el procedimiento el Consejo de Estado uno puede estar tranquilo, pero si el dictamen ha de hacerlo un Consejo autonómico puede darse por perdido.
Con los Jurados de Expropiación ocurre otro tanto. El Jurado estatal que regula la vieja Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 tiene una composición paritaria, en la que los intereses públicos y los privados cuentan con idéntica representación. En cambio, en los Jurados autonómicos la proporción es de ocho (representantes públicos) a uno (privado). Si te expropia la Administración del Estado tienes una cierta garantía, por lo tanto, de obtener un justiprecio razonable; si, por el contrario, te expropia una Comunidad Autónoma, lo más probable es que pierdas por goleada. Una misma finca puede ser valorada, por consiguiente, de manera muy diferente según quien te expropie, lo que no tiene justificación posible. (pp. 30-31)

No es que yo sea un gran defensor de cómo funcionan los Consejos consultivos autonómicos, pero sinceramente me parece que, la verdad, a estas alturas, alguien debería empezar a revisar con algo más de sentido crítico la función del Consejo de Estado, la calidad de sus dictámenes, la efectiva capacidad que tiene de detectar e impedir excesos e ilegalidades por parte del Gobierno y, sobre todo, si es una estructura que podría hacer las funciones que a día de hoy hacen los Consejos autonómicos. Respecto de la expropiación forzosa, la confianza en el Estado de Tomás-Ramón Fernández quizá haya decaído ahora que la idea de composición paritaria parece también ajena a los Jurados estatales. Pero es que incluso antes de ello los datos no avalan una mayor protección de los particulares por parte del Jurado estatal, como casos míticos de justiprecios de risa (en contraste con la doctrina jurisprudencial asentada) que han sido por ello posteriormente multiplicados hasta el infinito en vía judicial como los del aeropuerto de Barajas ponen de manifiesto.

Quiero decir con ello que me parece discutible la tesis de Tomás-Ramón Fernández, que ve el origen de muchos defectos de muchos órganos (siendo éstos muchas veces indiscutibles) en que sean autonómicos. Por decirlo brevemente usando otro de sus ejemplos: no creo que los tribunales de cuentas autonómicos (p. 31) funcionen mal por ser autonómicos a diferencia de la probada eficacia fiscalizadora de su homónimo estatal sino que, más bien, me parece que los defectos de funcionamiento son desgraciadamente compartidos (y de hecho, dado que las CC.AA. han copiado casi siempre mecanismos y procedimientos de los órganos estatales, estos defectos tienen en su origen mucho que ver con la forma y manera en que funcionan, pésimamente, los órganos de la Administración del Estado en España, pues éstos han sido los erróneos referentes adoptados con muy poca imaginación y una lamentable falta de ganas de experimentar).

Para solucionar estos problemas el trabajo de Tomás-Ramón Fernández apuesta por una reforma constitucional (p. 32) que, en primer lugar, debería reducir el número de Comunidades Autónomas por consideraciones de eficacia. Estando de acuerdo con que esta medida podría ser muy razonable, y coincidiendo en que el criterio rector de la misma debiera ser lograr estructuras operativas y más o menos homologables (atendiendo a ciertas consideraciones geográficas, históricas y culturales, claro, para que no salgan engendros absolutamente absurdos), asumiendo como él hace que el ejemplo comparado (alemán) da pistas de que esto se puede hacer y que no pasa nada (aunque también las da de que existen unas cosas llamadas Bremen y Hamburgo, pero bueno), lo que me pasma es la conclusión a la que llega su texto. A saber, que territorios como Navarra (650.000 habitantes) son perfectamente operativos y pueden por ello seguir como Comunidad Autónoma por no sé qué cosa de la foralidad pero que la Comunidad Valenciana (así nombrada por los señores de una Comisión de Madrid a los que no les gustó el nombre de País Valenciano que nos dimos los aborígenes), con más de 5.000.000 de habitantes, tiene que fusionarse con Murcia porque, al parecer, como ambas son zonas de playa que desde Madrid se consideran equivalentes, esos 5.000.000 no son suficientes para conformar una Comunidad Autónoma propia y además, ni la historia, ni la lengua propia ni nada de nada es un elemento a tener en cuenta para establecer una planta administrativa más o menos coherente, con cara y ojos, y con cierto sentido. En fin, que yo no lo acabo de ver. Habría que propugnar quizás procesos de fusión pero, la verdad, lo sensato sería incentivar confluencias voluntarias y más o menos razonables y coherentes. Pero si desde Madrid van a decidir que Navarra sí y Valencia no, la verdad, el sistema no creo que guste mucho a casi nadie.

Adicionalmente, esta reforma constitucional, dice Fernández, (p. 35) debería contener un reparto competencial directamente en su propio texto. Esta es una propuesta muy frecuente que a mí me llena siempre de perplejidad (por ejemplo, UPyD lleva años dando la matraca con este tema) porque, que yo sepa, esto ya está en la Constitución (lo hace el art. 149 CE). A veces la cosa se mejora y se dice que el problema es que no tenemos una «lista de competencia estatales». ¡Pero si el art. 149 CE es precisamente eso, una lista de competencias estatales! En realidad, claro, lo que se pide en estos casos es una «clarificación» de esa lista. Pero oiga, ¿acaso no era una «clarificación» lo que los tropecientos mil artículos del Estatut catalán en materia de competencias pretendían hacer? Pues sí. Pero ese tipo de clarificación, claro, no nos gustaba. Porque dejaba todo demasiado transparente… en un sentido. Así pues, aclaremos: lo que se pide es una lista de competencias estatales que vaya más allá del 149 CE y que blinde muchas más competencias (y con más cometidos dentro de cada una de ellas) de lo que hay ahora. Es decir, no se trata de clarificar, sino de recentralizar. Para ello, además, se emplea argumentativamente el ejemplo alemán (un federalismo de ejecución diseñado de modo muy diferente al español, como demuestra el hecho de que tenga unos órganos centrales, para un país con el doble de habitantes que el nuestro, con menos funcionarios que nosotros, porque ellos dejan la ejecución de casi todo a los Länder) lo que no deja de ser tremendamente tramposo si sólo nos acogemos a una parte, la que permite más centralización de políticas, pero no para el resto (la que establece un sistema de complicados pesos y contrapesos, garantías y participación de los Länder en la puesta en marcha de casi todas las políticas de la Federación).

En todo caso, bien está que se rehaga la lista del art. 149 CE en el sentido que sea, que se establezcan muchos más mecanismos de coordinación y clarificación (pp. 35-36) como propone Tomás-Ramón Fernández o vimos en su día que también propugnaba Muñoz Machado. Pero conviene no perder de vista una cosa: nada de ello va a eliminar el conflicto ni la existencia de confusión, nada va a acabar con que a veces no nos pongamos de acuerdo, unos lo veamos de una manera otros de otra, nada va a evitar que haya que acudir a una instancia como el Tribunal Constitucional muchas veces. Es más, cuantas más reglas de coordinación haya, presumiblemente, más habrá que acudir a él. Resulta por ello un poco naif, a mi juicio, que se pretenda (p. 36) conseguir con ello eliminar conflictos. Ello sólo sería posible en un entorno de total capitisdimución autonómica, pero entonces ya no estaríamos hablando de un Estado de las Autonomías sino de un Estado centralizado (hay indicios, cuando le texto propugna mecanismos complementarios a los del 155 CE en poder del Estado, o cuando se proponen reformas del régimen local en esta misma línea, que permiten intuir que, en el fondo, por ahí van los tiros, con órganos cuanto más arriba mejor y con capacidad para suprardenar la actividad de los de abajo, porque, de nuevo en el ámbito local «en pleno siglo XXI es obligado optar por la provincia y por las Diputaciones Provinciales como base del Régimen Local» (p. 40)). Es decir, que cualquier reparto territorial del poder es conflictivo si es un verdadero reparto, y genera fricciones y problemas constantes. Si lo que se pretende lograr es que éstas no existan, en la práctica, no nos engañemos, hay sólo una solución: que mande claramente alguien siempre. Y en el fondo, la verdad, de eso es de lo que, por lo que se ve, se trata.

Por último, como traca final, esta reforma constitucional debería ir acompañada, explica Tomás-Ramón Fernández, de una reforma electoral para evitar el peso de los nacionalistas, que juzga desmedido en nuestro sistema y primado artificialmente, por encima del peso que los ciudadanos les otorgan con su voto:

Los datos de las últimas elecciones del 20 de noviembre de 2011 no pueden ser más elocuentes. Izquierda Unida consiguió 1.680.810 votos con los que obtuvo once diputados, cinco menos que Convergencia i Unió que apenas rebasó el millón de votantes (1.014.263), 126.000 menos, concretamente, que UPyD, que tuvo que conformarse con sólo cinco diputados, los mismos que consiguió el Partido Nacionalista Vasco con sólo 323.517 votos.
Más claro, si esto es posible: Izquierda Unida necesita más de 150.000 votos para conseguir un escaño y UPyD más de 200.000; en cambio, a CiU le basta con 63.000 y al PNV con 64.000.
¡Parece mentira que algo tan injusto y tan contrario a la representatividad que está en la base de todo sistema democrático haya podido mantenerse durante treinta y cinco años! (pp. 43-44)

En el fondo, es bastante descorazonador tener que escuchar o leer esto una y otra vez. Parece mentira, de hecho, que el trabajo emplee estos datos y no vaya más allá, por ejemplo comparando esas cifras con los votos que necesitan PP o PSOE para lograr diputados. Pero como ya hemos explicado muchas veces qué cosas funcionan mal en nuestro modelo electoral (y que los partidos nacionalistas estén sobrerrepresentados no es una de ellas), mejor dejarlo estar porque en este tipo de sesgo, voluntario o involuntario, quedan de manifiesto demasiadas cosas. De un lado la hostilidad manifiesta que las Matemáticas tienen por el buen pueblo español. Pero de otro, también, que llegado un momento dado parece que todo vale, incluso las más groseras exposiciones de lo que es la realidad, para construir justificar ese cambio constitucional en un determinada dirección.

En definitiva, que Tomás-Ramón Fernández, en el fondo, lo que está presentado es un programa recentralizador, aunque lo llame Estado de las Autonomías: las quiere pequeñitas, gestionando menos competencias, a las órdenes del Estado, dependiendo de él para casi todo y, muy importante, con un Estado con capacidad para zanjar conflictos unilaterlamente en su favor cuando éstos se presenten. Ese programa recentralizador ve bien, aunque cortas e insuficientes, medidas como las leyes de estabilidad presupuestaria impuestas desde el Estado (aunque luego habla de la importancia de la corresponsabilidad fiscal) o ve bien cosas como la reforma del régimen local que está propugnando el Gobierno (aunque se explique a la vez que la democracia de base local a pequeña escala es muy importante… pero sin gestionar nada, por favor). Y es un programa cada vez más en boga en determinados círculos españoles (y quizás, podría decirse, cada vez más acariciado por amplias mayorías en algunas regiones que curiosamente coinciden con el centro peninsular que acabaría recogiendo la mayor parte de los nuevos poderes). Muchas de sus ideas inspiran el programa de reformas recientemente presentado, de hecho. Y es perfectamente legítimo que así sea, mientras los votos lo avalen y se desarrolle por los cauces previstos. Lo que conviene es tener claro, eso sí, de qué estamos hablando pues mejor no llevarse a engaño con estas cosas: estamos hablando, sencillamente, de liquidar el Estado de las Autonomías y volver, poco a poco, a un modelo de desconcentración administrativa con las riendas donde toca, esto es, en el Centro.

Personalmente tengo muchas dudas respecto de las bondades de esta solución, como he ido manifestando y, sobre todo, tengo menos claro si cabe que esta solución sea posible, en términos de lograr una legitimidad suficiente, como guía para reformar el marco constitucional actual por uno mejor, que resuelva los problemas de España en estos momentos (o, al menos, ayude un poquito a hacerlo) y que facilite la suma de voluntades de construir este país juntos y entre todos (con catalanes y vascos, pero también con gallegos y valencianos, y con andaluces y con…). Me parece, de hecho, que es más bien lo contrario. Pero es cierto que esto ya no pretende ser un análisis ni siquiera remotamente jurídico. Es, sencillamente, mi opinión.

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