Fiestas populares, Fallas y estado de excepción jurídico

Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón… O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).

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Nueva ley del tabaco y confianza legítima

El BOE del pasado 31 de diciembre publicó la Ley 42/2010, que modifica una norma anterior, la 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Y desde ayer domingo 2 de enero, como establece expresamente la propia disposición, esto es, sin apenas vacatio legis, la norma está en vigor. Como síntoma o resultado de esta urgencia es notable comprobar que en estos momentos, ya con la ley no sólo publicada sino en marcha, la por otra parte excelente base de datos del BOE, que permite consultar cualquier texto en versión consolidada, no ha sido capaz de actualizar debidamente la ley 28/2005, y sigue mostrando como última modificación de su articulado la que tuvo lugar en marzo de 2010.

La nueva regulación ha generado una intensa curiosidad y un debate social que a mí, en general, me interesa más bien poco pues me parece obvio que el legislador puede restringir ciertas libertades si hay una justificación suficiente y no creo que haya dudas de que, cuando hablamos de lo que hacemos o podemos hacer en espacios públicos y de lugares compartidos, su capacidad de regular limitando la capacidad de acción de los ciudadanos es grande. Cuando se trata de prohir el consumo de tabaco, que afecta de manera probada y clara a la salud de los demás (más allá de que, además, genere indudables molestias), en presencia de personas que no tienen por qué desear que se haga en su presencia, no me caben dudas de la constitucionalidad de la medida. Tampoco de su absoluto sentido común. La norma actual me parece, pues, no sólo constitucional sino sensata.

Lo anómalo y extravagante era que en 2005 se hubiera aprobado una ley que condenaba a muchos trabajadores por cuenta ajena a desarrollar sus funciones en un ambiente potencialmente peligroso para su salud. Se trató, en su momento, de proteger la tenida por sacrosanta libertad del fumador de poder dedicarse al cilindrín en cualquier momento y lugar, que al parecer era una de las pocas libertades que una democracia no podía restringir. También se trató de hacer el caldo gordo a uno de los sectores más  reaccionarios y antipáticos del país: el de la hostelería, a quien parece que no se le puede exigir el más mínimo rigor porque enseguida te dicen que eso se carga los numerosos empleos cualificados y muy bien pagados que generan y que, además, supone un camino directo a liquidar la muy beneficiosa actividad económica que conllevan bares, pubs y discotecas, con todas las repercusiones para el bien común que sus “cuantiosas” aportaciones fiscales suponen.

La norma aprobada el pasado mes y que entró en vigor ayer viene a solucionar, en parte, esa increíble tolerancia que tan lejos como en 2005 parió una ley muy deficiente. Pero, a mí, la verdad, me surge una duda jurídica como consecuencia, precisamente, de que exista esa norma de hace apenas 5 años. Y no es que tenga uno mucho cariño por el sector de la hostelería, como es conocido de los lectores de este espacio, pero la verdad es que sí es llamativo que el legislador pueda obligarle a uno a hacer cuantiosas inversiones para aislar espacios de no fumadores o fumadores, según los casos, en un local, y apenas unos años después cambiarte la norma y hacer que toda esa inversión devenga inútil y superflua. ¿Puede hacer algo así el legislador?  ¿No hay acaso ningún tipo de límite para paliar los daños que puedan  suponer vaivenes constantes? ¿Qué pasaría si la ley exigiera para este año que todos los suelos fueran de mármol, para el año siguiente que todos fueran de parquet y para dentro de 3 un nuevo cambio al gres cerámico?

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