Propuestas 9-M: Batiburrillo final

A final, la idea de ir realizando propuestas de reformas con motivo del 9-M no he podido desarrollarla tanto como tenía pensado en un principio y me habría gustado. En vez de disparar muchas propuestas poco argumentadas, como la cabra tira al monte, he acabado desarrollando muy, demasiado, prolijamente sólo unas pocas. En cualquier caso, con las elecciones liquidadas, pero con la esperanza de que puedan estas ideas sobre posibles reformas del Derecho público español (pero, en realidad, sobre distintas vertientes de nuestra convivencia) contribuir al debate ciudadano y político, allá va un resumen de lo que, hasta la fecha, se ha discutido, con réplicas y aportaciones muy vivas e interesantes por parte de mucha gente:
0. Introdución a la idea.
Propuesta 1. Financiación autonómica.
Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.
Propuesta 3. Acabar con la Seguridad Social.
Además, también me mostré a favor de permitir la publicación de encuestas electorales en los últimos días de campaña, asunto ciertamente menor, pero que tampco está de más recordar.

Quiero tratar hoy de hacer un esfuerzo, necesariamente desordenado, compendiando otro tipo de reformas de nuestro Derecho público que juzgo, claro, necesarias, pero sobre todo importante que el problema que a cada una de ellas da origen pueda ser, cuanto menos, discutido. La lista es necesariamente un batiburrillo, sin que su orden señale ningún tipo de prioridad y además, desgraciadamente, no voy a poder permitirme exponer las diferentes sugerencias con todo el detalle, argumentos, razones y apoyo jurídico que me habría gustado (y que traté de plasmar en las anteriores). Espero, si la discusión da de sí para ello, poder hacerlo al hilo de la misma. Todas las cuestiones que me dispongo a tratar (y algunas que me dejo en el tintero) me parecen importantes, sin que haya una relación entre su orden y la prioridad que les concedo. En el fondo, eso sí, no puedo evitar creer que las más inaplazables son las que se refieren a la responsabilidad ineludible que tenemos quienes vivimos juntos de permitir a los demás tener las máximas posibilidades de hacer con su vida, en libertad, lo mejor posible. Y eso incluye un compromiso con la responsabilidad económica, que es la base de todo: ser conscientes de la necesidad de asegurar que obtenemos recursos para mejorar nuestras condiciones de vida que no esquilman a nadie, ni de las generaciones presentes ni de las futuras. Como es obvio, no es algo sencillo.

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9-M: Votar en una España constitucionalmente aconfesional y otras historias sobre el art. 16.3 CE

Como supongo que a la mayoría de vosotros, a mí me encantan las elecciones y me emociona votar. Me suelo poner en día de elecciones, incluso, muy contento. Vivo con interés, excitación e ilusión los resultados electorales y, generalmente, suelo disfrutar con las noches electorales y las fiestas que para vivirlas juntos organizamos los amigos. Incluso cuando, como ayer, los resultados no es que coincidan, precisamente, con mis preferencias.

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Objeción para la ciudadanía

Más allá de lo que nos parezca o deje de parecer la asignatura de Educación para la ciudadanía, se ha suscitado respecto de ella una polémica que es interesante desde la más pura teoría del Derecho y que, sobre todo, demuestra con qué dúctil facilidad cambian las visiones respecto de la idea de imperatividad, tan consustancial a la noción de norma, cuando las preocupaciones de las sociedades, a su vez, se modifican.

No soy un entusiasta de la objeción de conciencia. Nunca lo he sido. Me parece, y en alguna ocasión lo he referido en este bloc cuando hemos tratado temas conexos, que las ideas, ocurrencias, extravagancias e incluso creencias religiosos de todos merecen un respeto (dentro de un orden, eso sí, esto es, cuando no son aberrantes, y teniendo en cuenta siempre que “respeto” no significa que no se puedan criticar o combatir, ¡faltaría más!). Que las sociedades, de hecho, para una mejor articulación de la convivencia han de tenerlas en cuenta y han de ser extraordinariamente atentas, en todos los sentidos de la expresión, con ellas. Ahora bien, el lugar de las creencias, también de las religiosas, con ser importante en la sociedad, no puede ir más allá de pretender imponerse respecto de los consensos ciudadanos que objetivizan, de una parte, las ideas a partir de las cuales se articula la mejor manera de defender los intereses de la comunidad y, de otra, el concreto umbral a partir del cual las mismas pueden ser tenidas en cuenta (y con qué extensión o intensidad) para modular esta consecución de intereses acordados por todos como relevantes. En una sociedad como la nuestra esta conformación de equilibrios se lleva a cabo por medio del ordenamiento jurídico. Con leyes.

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Prohibición de publicación de encuestas

Tiene toda la razón el editorial de hoy de El Periódico de Catalunya al criticar el mantenimiento de la prohibición de publicación de encuestas electorales. La norma no tiene sentido, por muchos motivos:
– Porque las encuestas no son tenidas ya por nadie como alfa y omega electoral. Todos nos las tomamos con cierto distanciamiento pero, a la vez, en su justa medida, constituyen información (o datos que nos permiten construirnos una concreta imagen de cómo van las cosas) que puede que sea importante para algunas personas.
– Porque la pluralidad de medios de comunicación, de empresas que realizan encuestas, de entidades que las contratan… hace que no sea razonable pensar en un riesgo de manipulación electoral utilizando encuestas voluntariamente falsas para orientar el voto.
– Porque tenemos en nuestro entorno múltiples ejemplos de democracias más que consolidadas donde se publican encuestas hasta el último día, incluso el mismo día de las elecciones, sin que se haya demostrado nunca que ello supone el más mínimo problema.
– Porque en los tiempos que corren no se pueden poner puertas al campo. A la vista está.
– Pero, sobre todo, porque es difícil de entender que se prohíba la difusión de materiales e informaciones lícitas, impidiendo que la opinión pública, en su globalidad, pueda construir un debate abierto y contradictorio, en libertad. Con una minoría “de enterados” que disponen de encuestas (y serán más o menos fiables, más o menos importantes, pero lo cierto es que nadie en condiciones de saber qué dicen las últimas encuestas prescinde de ellas) y un pueblo llano al que se juzga más conveniente mantener en la ignorancia respecto de los últimos acontecimientos demoscópicos.

Así que podríamos añadir una nueva (y más modesta, menos ambiciosa pero no por ello menos importante, aunque sí, y es una ventaja, más fácil de poner en práctica) propuesta para el 9-M: derogar el artículo 69.7 de la LOREG.



Propuestas 9-M: Acabar con la Seguridad Social

0. Introdución a la idea.
Propuesta 1. Financiación autonómica.
Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.

Propuesta 3. Acabar con la Seguridad Social

Perdonen Ustedes, en primer lugar, el título un tanto agresivo de la propuesta, pero la cuestión es que, a día de hoy, creo más sensato empezar a asumir que tarde o temprano tendremos que liquidar la Seguridad Social y construir algo nuevo y diferente que tratar de aferrarnos con uñas y dientes a la defensa de un modelo que, entre los embates habidos y los que están por venir (y que todos sabemos ya a estas alturas, con toda certeza, que llegarán), tiene poco futuro y plantea enormes problemas de equidad con sus sucesivos parcheos. De modo que mejor acabar con el actual modelo de Seguridad Social, proponer algo más realista y eficiente para el futuro (y más justo, sobre todo) y ponernos, además, manos a la obra cuanto antes.

De eso se trata, no con la idea de lograr una alternativa acabada e intachable, sino con la de proponer ciertas pautas que creo sensatas que podrían orientar una reforma pero reconociendo de antemano que la intención, en este caso, es más provocar e incitar al debate y a la existencia de contrapropuestas que tratar de sentar cátedra. Vamos, en realidad, como casi siempre, pero esta vez con más motivo porque lo de hoy es más una inevitable ocurrencia que una propuesta acabada.

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