A vueltas con la financiación autonómica

Con motivo del pasado Dia del País Valencià (9 d’octubre) escribí en Agenda Pública sobre los problemas de financiación autonómica que, como es ya evidente a estas alturas para todos, padece la Comunidad Valenciana, muy similares a los que han acabado de colmar la paciencia de tantos ciudadanos de Cataluña. No puede discutirse en estos momentos la gravedad de los efectos de un sistema que funciona muy mal y que, llegados a este punto, han empezado a provocar efectos no sólo económicos sino políticos. Por esta razón, más allá de los casos concretos de Cataluña o Valencia conviene reflexionar sobre el modelo de financiación en sí mismo, que necesita de una urgente transformación en profundidad. Es un tema sobre el que ya se ha discutido en este blog (incluso tratando de esbozar hace ya cuatro años una propuesta que ahora quedará algo rectificada en sus detalles), pero al que, inevitablemente, hay que volver.

Desde un punto de vista general y abstracto, que es como vale la pena afrontar el diseño general de un sistema si uno aspira a que tenga sentido (en lo que no deja de ser sino una burda aproximación a trabajar partiendo de una posición semejante al velo de la ignorancia del que hablara Rawls), parece importante definir qué efectos serían deseables y cómo parece más lógico intentar conseguirlos. Para ello, además, hay que definir previamente qué fines nos parecen deseables. Pero eso no parece demasiado difícil de hacer. Tenemos un sistema cada vez más complicado y, la verdad, sería mucho mejor que fuera más sencillo. Tenemos un sistema que nunca ha logrado un reparto de los recursos más o menos igualitario entre la población y, la verdad, al menos mientras seamos un único país y vivamos como ciudadanos en un mismo marco estaría bien que el resultado tendiera a asignar los mismos recursos a todos. Por último, tenemos un sistema que desincentiva la corresponsabilidad fiscal y, la verdad, estaría bien que el gasto público se hiciera por entes que, a su vez, estuvieran obligados a dar la cara democráticamente para recaudar, de modo que como sociedad las decisiones sobre esfuerzo fiscal estuvieran influidas por las repercusiones directas sobre el dinero disponible por parte de las Administraciones implicadas.

Todo ello es lo que ya traté de abordar en 2008, como propuesta sobre las cuestiones claves que debieran haber sido motivo de intenso debate político con motivo de las elecciones que se realizaron ese año. Increíblemente (o no tan increíblemente dado que el problema no se abordó) estamos casi 5 años después en las mismas. Así pues, veamos qué se proponía en ese momento y cómo tendría sentido, en su caso, matizar algo de lo dicho entonces (añadidos y matizaciones en cursiva).

Continúa leyendo A vueltas con la financiación autonómica…



Indignados y desorientados

El pasado día 15, de nuevo, miles de personas desfilaron por las calles para manifestar, otra vez, nuestro disgusto e indignación. Por una crisis económica que, como siempre, se ceba con los más débiles y los menos protegidos. Por unos sistemas democráticos cada vez más formales, donde todos somos muy conscientes de que la opinión de las mayorías (si vienen de abajo) importa poco. O, al menos, importa poco cuando afecta a ciertos intereses. Por la innegable constatación de que las formas de participación política que las democracias liberales pusieron en marcha son insuficientes para canalizar los deseos de integración cívica de unas sociedades de masas muy diferentes, más profundas socialmente, complejas y heterogéneas. En resumen, porque todos tenemos la sensación de que no pintamos demasiado (por ser generosos) ni individual ni colectivamente y porque mientras ciertas elites viven muy bien, cada vez mejor, sin sufrir los costes de la transformación económica en curso, otros se llevan la peor parte sin que el reparto tenga que ver con los méritos, capacidad y trabajo de los respectivos sujetos.

El movimiento 15-M, quienes se dicen indignados y reclaman Democracia Real Ya, han puesto en marcha algo que en la breve historia democrática de España nunca se había  intentado: canalizar debates, participación, protestas, reivindicaciones… desde la base y al margen de la agenda social, mediática y política, que en nuestro país ha funcionado siempre de manera muy engrasada para generar una especie de consenso débil que servía de pasaporte democrático para desactivar cualquier atisbo de conflictividad social… y  también de discusión política. Es una novedad muy importante, y muy de agradecer. Pero tiene el problema de que si queda en la mera reivindicación y protesta, si se queda en la potente pero desarticulada expresión de indignación será un movimiento, a la hora de la verdad, inane y poco perturbador. Por eso el 85% de la población, dice el CIS, apoya sus reivindicaciones. Porque no hay nada, o casi nada, en las mismas, que sea en verdad conflictivo. Lo que desactiva su potencia renovadora. Habrá servido, eso sí, para recuperar la política para la ciudadanía, sí, pero sólo en sus primeros estadios. ¿Qué es necesario para ir más allá?

Continúa leyendo Indignados y desorientados…



El IVA del libro electrónico se equipara al libro de papel

Como ya comenté en este blog hace unos meses, escribí no hace mucho un trabajo dedicado a analizar el concepto normativo de libro. Esto es, me dediqué durante 30 páginas a realizar disquisiciones sobre qué es un libro y, sobre todo, qué es un libro para nuestro Derecho.

La razón de acometer una tarea como ésa, aparentemente tan rara, es que la aparición de libros electrónicos y la decisión de la nueva ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas de adoptar como criterio legal para identificar a un libro no su pinta o soporte físico (que es la clave que ha definido, a la hora de la verdad, desde la generalización del formato códice hace unos 1.500 años, lo que entendemos por libro) sino el hecho de que se trate de un material legible, sea cual sea su formato, permitía despejar algunas dudas pero dejaba otras. Por ejemplo, ¿son libros ahora los “audilibros” que no son, de por sí, legibles, como es obvio? ¿Son libros los que recogen, sin texto alguno, fotografías o dibujos? Vamos, cosas así

Antes de que nadie me lo diga, lo hago yo mismo: Sí, ya sé que los que nos dedicamos al Derecho estamos chalados y perdemos el tiempo miserablemente en análisis cuyo sentido y utilidad práctica son más que dudosos. Ahora bien, tengo dos atenuantes que plantear. El caso es que, por extraño que pueda parecer, me lo pasé bien haciendo el trabajo ya que me permitió leerme algunas historias del libro y de su importancia cultural cojonudas (hay franceses y alemanes que han escrito verdadera virguerías llenas de erudicción sobre el tema) de las que aprendí muchas cosas. Pero, además, es que todo este asunto sirvem por increíble que parezca, para algunas cosas. No diré que para resolver cuestiones básicas, esenciales o muy importantes, pero sí para dejar claras algunas cosillas y permitir apreciar ciertos contrasentidos. Así, por ejemplo, para denunciar las incoherencias del legislador. Una de ellas, sangrante, era la siguiente, que trato de resumir a modo de pregunta de una manera que espero sea entendible por todos (así como deseo que sirva también para comprender que el asunto algo de incidencia económica tiene):

– Si la ley dice que libro es todo lo legible, con independencia del formato, y explícitamente se indica que un libro “normal” (de toda la vida de Dios) y un libro electrónico son lo mismo, ¿cómo era posible justificar que a una misma realidad, ontológicamente entendidas ambas opciones como “la misma cosa” por la ley, luego sean tratadas diferenciadamente por la misma ley -bueno, en realidad otra, pero en Derecho entendemos que el ordenamiento jurídico ha de ser unitario y coherente- que decía que una realidad había de pagar unos impuestos y otra -que se supone que era la misma- una cantidad diferente?

Pues bien, parece que esta extraña situación ha variado, al fin. El Gobierno ha decidido equiparar el IVA del libro electrónico al del libro de papel. No sé si la medida es buena o sensata. Sí sé que, jurídicamente, a la luz de que la ley del libro dice que ambas cosas son lo mismo y deberían en lógica consecuencia ser tratadas igual por el Derecho, hacía ya tiempo que la medida urgía. Ya era hora, vamos.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Por cierto, si se me permite, allá va una coda sobre el trabajo de los juristas, la llamada “investigación jurídica” y a qué nos dedicamos en mi oficio:

Como es evidente y a nadie se le escapa, nada ha tenido que ver mi explicación de la situación en el trabajo referido con el cambio legislativo. Las dos o tres veces que una idea mía, sostenida en un artículo o libro, ha acabado siendo la solución escogida por nuestro legislador o por la Administración (me pasó sobre todo con un trabajo sobre las licencias de obras menores, que propugnaba su desaparición y sustitución por una simple notificación del inicio de las obras por parte del ciudadano, que es una solución que luego se ha ido extendiendo y generalizando) tengo la íntima convicción de que nada ha tenido que ver con lo que yo escribí, argumenté y defendí. Simplemente, es que lo que a mí se me ocurrió era tan obvio y evidente que se les ocurrió, también, a otros muchos. O que algún otro factor, por casualidad, propició el cambio (en el caso del libro electrónico, por ejemplo, tiene mucha pinta de que en el fondo es una rebaja del IVA alentada por la crisis y la presión del sector, que es cada vez más potente) en un sentido semejante a lo que yo sustuve. Pero, no me engaño sobre el particular, en ningún caso tiene que ver con que alguien haya leído lo que yo escribí y se haya convencido. Lo puedo afirmar con tanta seguridad porque conozco los datos de lectura efectiva de la mayor parte de las cosas que escribo (y sí, en efecto, cualquier entrada de este blog, que suele ser consultada por unas 500 personas a lo largo de la semana de su publicación, lo cual puede indicar que a lo mejor se la leen efectivamente unas 25-50 personas siendo optimistas, tiene más lectores que cualquier trabajo o artículo jurídico que escriba yo en libros o revistas especializadas). Asimismo, soy perfectamente consciente de que la capacidad de influencia y convicción que tenemos, incluso cuando somos leídos, es más bien escasa.

De todos modos, y por si sirve de algo, invito a leer el trabajo (o a pedírmelo por correo electrónico si no lo tienen a mano) a quien pueda interesar el tema. Hay más ejemplos de paradojas en la actual regulación y de efectivo trato jurídico diferenciado a unos y otros tipos de libro a pesar de que se supone que normativamente son lo mismo. ¡A ver si recordándolo alguien se anima a cambiar la situación!



Confiscatoriedad

Jurídicamene es del mayor interés que el asunto de las primas de AIG, que tiene al gobierno de Barack Obama en una situación incomodísima, esté generando reacciones que ponen en cuestión dogmas que se habían instalado recientemente en nuestras conciencias con sorprendente facilidad. Como, por ejemplo, la idea de que establecer tipos fiscales de, digamos, un 90% supone entrar de lleno en ese ámbito donde el carácter confiscatorio de la medida la hace inconstitucional a la luz de las previsiones, ya explícitas, ya implícitas, que la mayoría de textos constitucionales (y también la Constitución española, cuyo artículo 31.1 lo señala textualmente cuando afirma que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio“) contienen en este sentido. Pues bien, parece que el Congreso de los Estados Unidos ha decidido aprobar una ley, por cierto (y para más inri) con efectos retroactivos, que implica un tipo del 90% sobre las ganacias en cuestión. Y su constitucionalidad no parece excesivamente cuestionada. Al menos, no para lo que podría ser.

Continúa leyendo Confiscatoriedad…



Las vergüenzas fiscales de las elites occidentales

Como es sabido por todos, el mejor indicador del nivel de desarrollo de un país es su sistema fiscal. Si éste no existe, estamos en Sudán, por ejemplo, y las cosas, es de temer, han de ir más o menos mal a la generalidad de quienes allí viven, luego para nosotros lo más probable es que también. Los que logran cierta autotutela de sus bienes, haciendas e intereses lo hacen porque pueden (y como pueden), lo que equivale a condenar a esa sociedad al imperio de la ley del más fuerte, de la violencia y del subdesarrollo para grandes masas de la población. Muy poca gente con un mínimo de sentido común, velo de la ignorancia mediante, preferiría vivir en una sociedad así a hacerlo, qué sé yo, en Suecia, con su sistema fiscal expoliatorio, que dicen algunos (¡ay, qué tiempos, cuando países tan poco sospechosos como EE.UU. podían tener tipos marginales para rentas muy altas del 60%,  y las democracias escandinavas del 80%, permitiendo esos buenos viejos debates sobre qué tipo era constitutivo de “expolio” inconstitucional!).

Pagar impuestos es lo que hace a un pueblo civilizado. Y lo que le libera de la tiranía. Sólo una sociedad que disponga de un sistema fiscal justo, o mínimamente justo, es capaz de mejorar y prosperar. Y sólo en una sociedad así es posible el desarrollo en un mínimo de libertad e igualdad de cualquier persona, con independencia de su origen, de su cuna y de condicionantes adicionales varios. El éxito de Europa y de Occidente en los últimos siglos se basa, en gran parte, precisamente en esto. No es que tengamos sistemas fiscales perfectos (o que los hayamos tenido), pero sí hemos disfrutado de los mejores, comparativamente, disponibles hasta la fecha. Y eso ha permitido a nuestras sociedades convertirse en insólitas islas de prosperidad y de justicia e igualdad social.

Ahora bien, la imperante degradación del compromiso cívico, la “italianización” de la cosa pública que cada día es más evidente, está minando hasta unos extremos hace apenas 30 ó 40 años impensables este elemento básico de la convivencia que es la redistribución fiscal. Porque, como es sabido por todos, y no hace falta explicar con detalle, nuestro actual Derecho se basa en la canonización de todo tipo de ventajas fiscales y vías de escape para quienes más tienen. Las razones y justificaciones que han permitido esta tendencia son muchas y variadas. No ha lugar reiterqarlas aquí. La extraña complacencia con las que las clases medias, a cambio de algunas migajas, han consentido el expolio fiscal de los poderosos, tristísima, tampoco merece mayor glosa. Pero, se comente o no por extenso, y esto es lo que importa, los daños son enormes y serán más graves, si cabe, en el futuro. Indicios de que ésta es la imparable dirección no faltan. Cada día.
Así, mientras los recién nombrados miembros del Gobierno de Obama han de dimitir uno a uno porque a poco que son investigados aparecen numerosas vergüenzas fiscales (todas con un mismo común denominador: la élite política, cultural y económica de ese país, como la de cualquier democracia occidental, a poco que nos pongamos exigentes analizando sus declaraciones de la renta, demuestra ser sospechosamente lerda en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aunque con una muy curiosa y selectiva torpeza, pues los errores, olvidos y omisiones se acumulan sistemáticamente de modo que lo que de hecho han pagado es menos de lo que tocaba, y no al revés), la escena se completa con delirantes situaciones a cargo de la clase baja asalariada (sobre la que recae el grueso del esfuerzo impositivo en la actualidad) o de quienes están todavía por debajo: porque la fuerza de trabajo que alimenta la máquina con sudor inmigrante “ilegal” sí paga impuestos. A veces, incluso, se empeña en pagar por todos los medios, cometiendo ilegalidades para poder hacerlo.

El día que en España alguien empiece a contar verdades sobre quién paga aquí y quién no la cosa será de echarse a llorar. No a reír porque, muy, probablemente, será demasiado tarde como para que la cosa pueda tener un remedio no demasiado traumático. Entre otras cosas, por lo mal que funcionan los posibles mecanismos de alerta. Por ejemplo, en la Universidad española, convertida en desgraciado símbolo de estos tiempos de aprovechamiento privado impresentable de lo público, el “utópico” profesorado, rehén de sus miserias y de las ganas de poder comprar, ellos también, el Mercedes, lejos de aprovechar nuestra privilegiada situación (de independencia, de autonomía y de que nuestro trabajo consista precisamente en “estudiar” y denunciar qué cosas pasan) para arrimar el hombro se ha generalizado la opción de, ya puestos, poner también el cazo y cobrar la sumisión con que nos ponemos al servicio de quien manda. Que, para suerte de los profesores de Universidad, todavía se paga algo mejor que otras sumisiones (aunque esto durará poco, claro, porque en el fondo la institución, por esta vía, está perdiendo toda capacidad de influencia, que es de donde viene que se pueda rentabilizar poner su nombre al servicio de la defraudación fiscal). Por eso, entre otras cosas, a veces, hasta se nos “olvida” ir a clase. Siempre que haya algún trabajillo retribuido por ahí al que se pueda dar prioridad, a ser posible fiscalmente opaco, la clase será algo secundario, preterido por la noble actividad de convertirse en asalariado partícipe en cualquier negocio turbio. Así están las cosas, de tristes. Con los universitarios haciendo ímprobos esfuerzos por pasar a ser de esos que no pagan impuestos, o pagan muy pocos, a pesar de ganar más, en vez de denunciar el estado actual de cosas. Y con los inmigrantes, eso sí, deslomándose por trabajar y por pagar a la Seguridad Social.



Cambiar el pasado – Miguel Azpitarte

Cambiar el pasado es excelente un libro que acaba de publicar Miguel Azpitarte, profesor de Derecho constitucional en Granada, en la editorial Tecnos. La obra versa sobre una de las cuestiones asociada a más problemas prácticos pero, a pesar de ello, menos tratada en nuestro Derecho: la retroactividad de la ley no punitiva. Y es que, si bien hay una abundante bibliografia y una sólida y precisa jurisprudencia en lo que se refiere a la ley penal (y por extensión a cualquier norma sancionadora), resulta llamativo hasta que punto, en cambio, subsisten las vacilaciones en lo que respecta a los concretos perfiles y, muy especialmente, límites constitucionales a la retroactividad fuera de ese ámbito.

Es ésta una cuestión, además, a la que me tuve que enfrentar en su día, de forma tangencial, cuando estudié los problemas de constitucionalidad de las leyes de convalidación. En la medida en que, por definición, una convalidación legislativa despliega efectos retroactivos, es obvio que constitucionalmente no será posible aprobarlas allí donde haya un límite a la retroactividad. Así, como es evidente, no podrá haber convalidación legislativa cuando estemos dentro del ámbito proscrito por el art. 9.3 de la Constitución, esto es, referidas a “disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Y, como decía, si bien es más o menos posible aprehender qué entiende nuestro Derecho por “disposiciones sancionadoras no favorables” (con lo que respecto de éstas no cabrá convalidación legislativa alguna) no es, ni mucho menos, fácil ni pacífico concluir de manera categórica qué es lo que la Constitución española entiende por “restrictivas de derechos individuales”. Aunque esté claro, pues, que no habrá convalidación legislativa, como no habrá ley retroactiva de otro orden, que genere tal efecto de “privación” sobre lo que sean “derechos individuales”, la discusión en torno a qué signifique exactamente aquélla y a cuál es el concreto ámbito de los derechos individuales dista de estar zanjada (pueden consultarse aquí algunas conclusiones al respecto, necesariamente sintetizadas).

Continúa leyendo Cambiar el pasado – Miguel Azpitarte…



Publicación de las balanzas fiscales

El Gobierno de España, cumpliendo con el compromiso parlamentario que adquirió en el debate de investidura su Presidente, y tras la creciente presión de algunos Gobiernos autonómicos y de diversos grupos parlamentarios, ha publicado, al fin, una estimación, de acuerdo con diversos métodos (no todos los posibles, evidentemente), de las llamadas balanzas fiscales. Tienen la importancia de que son la estimación que, con todo lo que ello implica, viene avalada por el propio Estado. Y demuestra que sí que existen importantes diferencias entre lo que aportan unos territorios y otros, con varios contribuyentes netos (se calcule como se calcule) y varios receptores netos (se calcule como se calcule). Los datos demuestran también un cierto respeto (aunque menor del que sería razonable, si uno mira con atención la exacta relación entre renta per cápita en cada Comunidad Autónoma y dónde queda cada territorio en el reparto) a la  idea de que aporten quienes más tienen y reciban quienes menos tienen. Ahora bien, como digo, es evidente que hay Comunidades con mayor renta per càpita que otras que aparecen, sin embargo, como receptoras netas mientras que alguna de las contribuyentes tiene en cambio niveles de renta muy inferiores. Asimismo, los datos permiten observar que las diferencias y desajustes son mayores (agravados, además, desde este segundo punto de vista) con los modelos que atienden a la efectiva realización del gasto. Por último, los datos, aun en su condición de estimaciones imperfectas, permiten dar una idea sobre la magnitud del esfuerzo redistributivo que se hace en España. Ya es cuestión de opiniones si este dato es muestra de un defecto o de una virtud de nuestro modelo. Por ejemplo, basta comparar estos datos con la situación en Alemania, típico paradigma de funcionamiento federal, para descubrir que probablemente la tradicional opacidad en la materia ha permitido que este esfuerzo redistribuidor sea tan grande. Como en Alemania la transparencia vino antes, también lo hicieron, de la mano, las exigencias de que, por ejemplo, las transferencias de renta de regiones ricas a las más pobres nunca supusieran que estas últimas llegaran a disponer de más recursos por habitante que las primeras. Es previsible, y el nuevo Estatut de Catalunya es buena muestra de ello, que a mayor conocimiento de la realidad, mayores sean también en España las exigencias de moderación en la labor redistributiva.

En cualquier caso, conviene dejar claro que estos cálculos no dejan de constituir una estimación, porque como es sabido hay de todo menos consenso a la hora de valorar cómo es más razonable clacular estos flujos. Sin embargo, sus datos son importantes a efectos de analizar cómo funciona el modelo para a partir de ahí poder analizar si es redistributivo o no, si es justo o no, si los equilibrios son o no desproporcionados. Para poder juzgar todo ello, con un mínimo de conocimiento de causa, es básico que haya un mínimo de transparencia. De modo que el hecho de que el Estado publique sus estimaciones es un paso importante que, en contra de lo que se dice en algunos foros, no puede sino contribuir a que el debate sobre la cuestión sea mejor.

A partir de este momento ya podremos discutir con algo más de rigor. Ya sea de cuestiones como la propia manera de hacer el cálculo (¿tiene o no sentido, como ocurre en cuatro de los seis modelos que se han presentado por parte del Gobierno, que, por ejemplo, los sueldos de todos los funcionarios del Estado que viven en la capital se entiendan como riqueza que se distribuye por toda España?, por ejemplo, por anticipar una de las primeras críticas que van a recibir estos cálculos). Ya sea de si estas técnicas son las idóneas para el cálculo (¿está realizada con criterios sensatos la atribución de IVA e impuesto de sociedades?). En cualquier caso, está claro que los datos publicados sirven desde ya para empezar a ir diluyendo algunos mitos. Porque, por así decirlo, y a pesar de que han sido realizados por el Gobierno de España, son sorprendentemente coincidentes con lo que venían avanzando desde el Gobierno de Cataluña sus responsables. Dibujan una situación mucho más parecida, de hecho, a la que venían denunciado (por ser según su criterio injusta) las instituciones catalanas que la que se deducía de algunos estudios de entidades financieras o de investigadores universitarios.

El poder contar con estos datos, sobre todo si fuéramos capaces de afinarlos definitivamente, habría de ser la base a partir de la cual podríamos empezar a hablar, en Derecho, de la incardinación de las previsiones de los nuevos Estatutos en materia de financiación y, también, de la conveniencia de rediseñar algunos de los pilares que tradicionalmente han sostenido nuestro modelo de financiación autonómica, evidentemente necesitado de una profunda reforma.



No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,647 segundos
En La Red desde septiembre de 2006