Terroristas en la Universidad

Una. Dos. Y tres. Por tercer día consecutivo el diario Las Provincias dedica su portada a difundir la idea de que la Universidad de Valencia está copada de terroristas y de amigos de los terroristas.  A falta de nuevas portadas y de nuevos escándalos, a buen seguro por venir, los hechos que fundamentan la acusación se reducen a (y eso tomando como única fuente la información aportada de parte, esto es, por los “acusadores” que desde el diario valenciano señalan con el dedo y reprochan tan lamentable situación):

– Una asociación de estudiantes (el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, de ideas, como su nombre permite intuir, afines al independentismo catalán) ha organizado unas jornadas sobre la evolución y situación actual del proyecto separatista empleando para ello instalaciones de la Universidad. Jornadas a las que ha invitado, entre otras personas vinculadas al mundo del independentismo catalán, a una persona que formó parte de Terra Lliure y que, en su día, cometió tres asesinatos, por los que fue juzgado y condenado. Cumplió condena, salió de la cárcel y, desde entonces, se dedica a cuestiones sindicales y al activismo ideológico en la línea referida.

– En espacios que la Universidad cede a grupos estudiantiles para que puedan reunirse y organizar sus actividades estuvo colgado, durante unos meses, un poster con la imagen de Iñaki de Juana Chaos. Al parecer, fue retirado finalmente por acuerdo de los propios estudiantes.

¿Por qué estos dos incidentes, estas dos situaciones, permiten afirmar que la Universitat de València es cómplice de alguna manera con el terrorismo? Al parecer, según la interpretación, delirante y cavernaria, así como altamente ofensiva hacia la institución y sus componentes, defendida por quienes están orquestand el show mediático porque lo que debería haber hecho la Universidad es prohibir tanto la conferencia como la colocación del cartel en cuestión.

Con permitir la situación abundar también en esa otra vertiente, y con todo, a mi juicio, lo verdaderamente grave de todo este asunto no es tanto la ofensa o la mala fe que pueda albergar la campaña. Más preocupante si cabe es que una línea de pensamiento como la que suscribe esa lógica pueda ir ganando terreno. O, al menos, así me lo parece a mí. Porque, sencillamente, no tienen ninguna razón, lo que convierte en altamente inquietante que haya muchos que puedan acabar convencidos de lo contrario. Y no sólo es que no se tenga razón en la acusación, sino que la desviada defensa de ciertas ideas que sus promotores pretenden llevar a cabo  no puede ser, en el fondo, más contraria a algunos principios constitucionales de los más básicos, así como al respeto a las libertades que una Universidad pública en España, afortunadamente, no puede menos que defender.

En cualquier caso, y por si alguien tiene alguna duda al respecto, que espero que no (o, al menos, que no sean excesivas), analicemos mínimamente ambas situaciones. Que tampoco está de más aprovechar estas situaciones para reiterar algunas obviedades. No sea que por falta de quien las enuncie, poco a poco, la mayor parte de la sociedad acabe perdiéndolas de vista.

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El lío del iPhone, el delito de receptación y los bloggers periodistas

La verdad es que uno aprende cosas curiosas sobre cómo es el Derecho americano gracias a cualquier cosa que ocurre en el mundo. Es lo que tiene el Imperio, lo que tienen sus usos, lo que tienen sus normas, que todos prestamos atención.

A estas alturas de la película es de suponer que todo el mundo tendrá noticias sobre el asunto del prototipo de nuevo iPhone perdido por un ingeniero, encontrado por una persona que lo vendió a una página de tecnología y publicado en la misma por sus responsables. Lo que ya se llama el iPhonegate. Lo más divertido del asunto es que, al parecer, Apple está enfadada con el tema y ha pedido a la policía que investigue. Porque el asunto, de modo directo e indirecto, puede poner en juego mucho dinero (secreto industrial, publicidad del medio que publicó las fotos…). En España parece que todo el mundo anda muy extrañado de que algo así pueda dar lugar a una investigación policial. Y no paran de contarnos que una extraña ley americana pena a quien adquiere un bien cuyo origen es dudoso y cuya procedencia puede no estar del todo clara. ¡Qué cosas más extrañas tiene el modelo jurídico angloajón! ¡Hay que ver!

Lo más divertido del asunto es que, al parecer, el artículo en cuestión del Código penal de California establece lo siguiente:

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Primeras quinielas sobre el sustituto del Juez Stevens

Stevens, al filo de que la naturaleza tome la decisión por él, decide poner, ya con unos 90 años largos en su haber, término su labor como Associate Justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es, como no puede ser menos, el más anciano y veterano de los jueces de la US Supreme Court. Lógicamente, la identidad del sustituto va a dar mucho que hablar. Como es inevitable, ya han sido numerosos los movimientos en torno a las diversas alternativas con las que cuenta Obama (cuyo elegido habrá de pasar por un severo examen en el Senado). Con Stevens, por cierto, pasó una cosa curiosa. Cuando lo nombró Ford hace casi cuarenta años nadie lo veía como un jurista ideológicamente significado. Estaba dentro de los parámetros habituales de la época. Ahora, décadas después, Stevens es la encarnación, sin ninguna duda, del ala más progresista y comprometida con derechos y libertades dentro del Tribunal. Lo que entonces era el mainstream de la comunidad jurídica americana hoy es la expresión de las posiciones más escoradas a la izquierda y al garantismo (que en Estados Unidos, más o menos, siguen yendo habitualmente de la mano, al revés de lo que empieza a ocurrir en España en medio de la oleada de populismo infame que nos invade). Significativo de cuánto, y hacia dónde, nos hemos movido en estos años. FuenteSCOTUS Blog 



Justicia pascuera (de nuevo sobre la Audiencia Nacional y sus prácticas)

Enlazo un artículo del que se puede suscribir casi todo, hoy en El País, de Pablo Salvador Coderch sobre la Audiencia Nacional. Como hemos tratado de hacer aquí, no pone tanto el acento sobre Garzón y sus prácticas sino en el cada vez más evidente problema estructural que supone la Audiencia Nacional, sus formas y costumbres, de las que Garzón no es sino máximo exponente y, probablemente, su aplicador más osado e indudable y meritorio innovador y profundizador. Porque, como también hemos tenido ocasión de mencionar, muchas de sus ocurrencias e inventos procesales, tanto en materia de interrupción de comunicaciones, de medidas provisionales, de intervención en el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación… han acabado siendo asumidas por la propia Audiencia y por otros jueces, que los han explotado y explotan con tanto o más éxito que el propio creador. Desgraciadamente, en España, es ponerse a hacer cosas de estas y empezar a recibir atención mediática, portadas, alabanzas sin mesura y reconocimiento social. Que se lo digan a los nuevos fichajes (Grande Marlaska, Eloy Velasco…) que llegan con la lección tan bien aprendida que apenas les cuesta unas horas poner en marcha shows restrictivos de derechos de los ciudadanos a mayor gloria de Sus Señorías, inmediatamente aclamadas por público y crítica.

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