Corrupción en la España del siglo XXI

Hemos cerrado un curso en que la corrupción ha acaparado el humor social y la actividad. No es casualidad, como a nadie se le escapa, que esta omnipresencia vaya de la mano de una pavorosa crisis económica que se prolonga ya cuatro años y de la que no se avizora todavía el final. Suele ocurrir. Por ejemplo, la fase que vivió España entre 1992 y 1995, también recesiva y plagada de escándalos, repite más o menos el patrón que estamos viviendo ahora. No se trata de que en ciertos momentos haya puntas de corrupción.  Resulta obvio, en cambio, que lo que tenemos son puntas de preocupación ciudadana.

Es bueno que los ciudadanos, aunque sea periódicamente, nos ocupemos de la corrupción. Lo malo, más bien, es lo contrario: esas épocas de bonanza o de engañosas vacas gordas en las que parece casi como de mal gusto señalar ciertas prácticas y se generaliza, incluso, la percepción social de que éstas no sólo es que sean inevitables sino que pueden, llegado el caso, hasta a ser consideradas como beneficiosas, como el inevitable y deseable «engrase» que hace que la actividad económica vaya a más y mejor. Las épocas en que las cosas van mal permiten, en cambio, elevar el listón de exigencia. Aquellas en las que las cosas se ponen feas de verdad, quizás como los meses que nos pueden tocar vivir el año que viene, llegan a servir incluso, en ocasiones, para erradicar poco a poco las prácticas socialmente más destructivas. Todo es cuestión de que se hagan socialmente insoportables. Para lo cual, desgraciadamente, suele requerirse que andemos verdaderamente jodidos.

Junto a ese incremento del umbral ciudadano de exigencia derivado de que los tiempos no estén para bromas hay un elemento adicional que resulta imprescindible para poder combatir eficazmente la corrupción: identificar bien cómo, cuándo y en qué formas se produce, tratar de analizar sus causas y valorar con mesura sus implicaciones, así como el motivo de que el sistema social la haya tolerado o incluso incentivado en condiciones de normalidad. La aproximación, propia de tiempos de depresión colectiva como los que vivimos, catastrofista, generalizadora y exagerada del tous pourris! no conduce a ninguna parte, salvo a la inacción. Es, además, injusta y supone un ejercicio simplificador que conduce a plantear soluciones radicales, sencillas y habitualmente traducidas en medidas de tipo penal condenadas a la más absoluta ineficacia.

A modo de síntesis de lo que ha sido el curso político, económico y universitario 2010-2011 voy a tratar de bosquejar un mapa de actuación que permitiría declinar medidas concretas de reforma para actuar sobre los diferentes focos de corrupción propios de la España de nuestros días. Quizás el esfuerzo sea baldío, quizás peque de ingenuo o de poco informado sobre lo que se cuece en esos mundos, pero creo que vale la pena tratar de empezar aproximaciones de este estilo:

– En España hemos logrado erradicar las formas de corrupción más groseras y salvajes. Aunque la corrupción, como decía Séneca, sea más un mal de los hombres que de los tiempos, es cierto que sus formas e intensidad sí pueden variar con el tiempo y dependiendo de cómo nos organizamos como sociedad, de los valores cívicos y de la propia eficacia de los mecanismos de control. En España ya no es posible, a diferencia de lo que ocurría hace apenas unas décadas, meter la mano en la caja pública y llevarse el dinero por las bravas. Un caso como el de Roldán en su época de director general de la Guardia civil ya era una anomalía a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, pero ahora resultaría ciertamente difícil de llevar a cabo. En general, y simplificando mucho, una democracia es eficaz para contener estas prácticas extremas, por lo que el mero tránsito de una dictadura a un Estado de Derecho más o menos homologable a los usos europeos hizo decrecer mucho el problema en España. Adicionalmente, la entrada en la Unión Europea y la obligada asunción de muchas normas comunitarias a partir de 1986 han cambiado radicalmente el panorama que había sido tradicional en nuestro país. Para bien, como es evidente. También lo es, por lo demás, que frente a estos casos graves la reacción ha de ser de tipo penal y que se ha de perseguir a los contados infractores que, todavía en la actualidad, puedan estar metiendo la mano en la caja. Ésa ha de ser la función del Derecho penal, actuar contra los comportamientos más graves y de consecuencias más negativas para el orden social. Ocurre, sin embargo, que el problema de corrupción que tenemos en España en la actualidad no tiene por lo general en su origen estas prácticas, más bien escasas, sino antes al contrario la multiplicación y canalización de otras, menos lesivas individualmente analizadas pero muy desestructuradoras si se producen de forma generalizada.

– Corrupción de baja intensidad y reforma administrativa. El drama con la corrupción de baja intensidad, y lo que hace muy difícil tratar con el problema, es la enorme facilidad con la que su misma generalización y aparente escasa entidad respecto de cada acción concreta permite la banalización de la misma. En España es cierto que probablemente no se mete la mano en la caja, como tampoco se dan contratos a lo bruto en plan ilegal y alegre a amigos incapaces de gestionar la encomienda, pero hemos logrado encontrar numerosos intersticios legales en nuestras normas procedimentales, que nadie tiene demasiado interés en tapar, que han acabado generando prácticas muy nocivas pero que se han extendido de manera masiva hasta convertirse, y vivirse, como inevitables e incluso normales. Resulta evidente que la mayor parte de estas conductas no constituyen ilícitos penales (y está bien, de hecho, que así sea), hay algunas de ellas, incluso, que pueden ser hasta perfectamente legales y es bien cierto que en ocasiones muchos de estos procedimientos llegan a ser incluso inevitables si se quiere desarrollar una acción administrativa eficaz, pero la combinación de todos estos factores acaba generando un magma de admisibilidad, banalización y generalización de prácticas dudosas, que en el fondo son cualitativamente corrupción aunque en un grado de intensidad bajo, pero que por producirse de modo masivo y en medio de un clima de comprensión social, resultan muy dañinas. No se combaten, se perciben como imposibles de erradicar y suponen unos costes sociales, económicos y de empleo eficaz de recursos que, a la larga, es muy importante.

La cuestión es, entonces, ¿es imposible actuar contra estos focos? Aunque resulta evidente que la erradicación completa de cualquier acción socialmente inicua es imposible (y de hecho los costes de pretender lograrlo serían brutales, como las experiencias totalitarias se han encargado de demostrar, así como el carácter quimérico de esta pretensión) sí que se puede (y debe) tratar, al menos, de actuar de manera decidida para minimizar mucho su incidencia y, al menos, comenzar a erradicar su carácter banal y general. Para ello es esencial identificar, en primer lugar, los focos en los que el problema es estructural.

1. Empleo público. Aunque el ordenamiento jurídico exige que los principios de mérito y capacidad primen a la hora de seleccionar al personal al servicio de los ciudadanos, es sabido que las vías de escape son muchas y que se usan profusamente. Como en todos los casos, una erradicación total del abuso es imposible, pero al menos habría que intentar atajarlo y dificultarlo. Para ello es preciso, es imprescindible, asumir que en España tenemos que cambiar las vías de acceso al empleo público y tender a modelos de entrada que objetivicen cada vez más la selección (aspecto donde se ha avanzado indudablemente en las dos últimas décadas) pero que, además, garanticen un eficaz control a posteriori de la corrección de la misma (ámbito donde, en cambio, se está casi como hace décadas debido a una configuración del proceso contencioso todavía deferente con la Administración y que dificulta mucho las posibilidades de recurso de los perjudicados con miles de trabas procesales absolutamente absurdas) y que se combinen con otra medida clave: que no se pueda consolidar nunca una persona (interinos, etc…) más de un tiempo razonable (que debieran ser antes meses que años) para evitar problemas posteriores pero, sobre todo, que nunca pudiera estabilizarse laboralmente a quien no entró pasando un concurso público digno de ese nombre sino por alguno de los mecanismos de provisión de puestos provisionales (que está bien que existan porque son necesarios, pero que no pueden excluir la selección rigurosa y pausada, en igualdad de condiciones, pasadas esas circunstancias que los justifican, a efectos de empleo público estable).

Resulta evidente que es difícil sobrevalorar la importancia que tiene que los empleados públicos sean bien seleccionados. Por lo que significa en igualdad de oportunidades y porque, además, la propia acción administrativa será mejor, más eficiente, y provocará un mayor retorno a los ciudadanos si el personal al servicio de los poderes públicos ha sido bien elegido. Pero es que, además, que estas cosas se hagan bien genera un importante efecto ejemplarizador y de construcción de una conciencia ciudadana potente. Algo que, a día de hoy, opera en la dirección contraria. Aquí todo el mundo piensa, incluso en los lugares más insospechados, que las relaciones y los enchufes sirven para colocarse. Y lo peor es que sigue siendo, aunque con un itinerario más trabajoso que antaño, verdad. Si una Facultad de Derecho cercana a mí, por poner un ejemplo significativo, se permite contratar a profesores para dar clases de Derecho administrativo y puntúa mucho más la experiencia profesional de un abogado que declara dedicarse al Derecho civil  que la de un técnico de grupo A de una Administración pública es que las cosas funcionan bastante mal. Si ante dos personas que han aprobado la misma oposición y llevan trabajando exactamente los mismos años en un mismo cuerpo funcionarial, y buscando de nuevo profesores para dar clases de Derecho Adiministrativo de forma genérica, va y resulta que la experiencia profesional de una es valorada como el triple que la de otra, es que tenemos un problema. Pero la cuestión es si cabe más grave cuando las normas y procedimientos al uso no sólo permiten hacer cosas como estas sino que incluso ante un recurso frente a estas actuaciones los mecanismos de control fallan y se producen respuestas e informes que avalan ese tipo de acciones sin que nada ocurra. Actuaciones de esta índole, que se producen en Universidades, Ayuntamientos, Administraciones Autonómicas, empresas públicas… con total impunidad, constituyen una quiebra básica de lo que en el fondo son principios esenciales para garantizar el buen funcionamiento  de una sociedad articulada de manera cívica y justa. Son, en realidad, corrupción, por mucho que no estemos ante delitos y que incluso pueda acabar declarándose tal proceder como perfectamente legal. Y deberíamos dotarnos de mecanismos de control potentes para evitar que puedan darse con la facilidad y el carácter general con los que se producen en España, todavía, en la actualidad.

2. Contratos con las Administraciones públicas. De nuevo los tiempos han cambiado y de igual manera que ya no se puede meter de manera directa y descarada a un hijo o a una novia en un empleo público porque sí, tampoco se pueden adjudicar de forma masiva y generalizada contratos públicos ficticios o a cambio de prestaciones inexistentes o claramente sobrevaloradas. Tarde o temprano, si lo hace alguien,  le acaban pillando y tiene un problema. Bien está que así sea. Ahora bien, de nuevo, como ocurre con el empleo público, la corrupción que tenemos en España, excepción hecha de los casos más obscenos que también puedan existir y para los que el Derecho penal ha de ser la herramienta de persecución, es más light, difusa y porosa. Por lo que subsiste, se generaliza y extiende cual abceso intratable, y además se vive con normalidad e incluso como si fuera inevitable. Estamos hablando de prácticas conocidas, como el abuso del recurso a mecanismos excepcionales de contratación que permiten actuar liberados de controles,  el fraccionamiento de contratos para escapar a muchos de ellos,  la aparición y generalización de «pliegos a medida» para que el proceso de selección del contratista no contenga incógnita alguna sobre la identidad de la persona a quien se va a adjudicar el contrato… Todo ello genera un sinfín de acciones, la mayor parte de ellas, de nuevo, perfectamente legales (y una vez más, como se ha dicho, en algunos casos incluso imprescindibles para el buen funcionamiento de la Administración, por razones de eficacia) pero que si nos alejamos del detalle permiten contemplar un paisaje impresionista mucho más inquietante, con sobreprecios generalizados, empresas a las que sistemáticamente se adjudican ciertos contratos y verdaderos entramados especializados en la mera «intermediación» que resultan adjudicatarios de buena parte de la actividad de algunos órganos y que suelen acompañar a los mismos (o a las personas que los ocupan) durante años allá por donde van, sacando buena tajada de esa labor mediadora.

De nuevo el panorama descrito acaba comportando ineficiencia y sobrecostes, pero también un descrédito y desánimo cívico importante, muy destructivo. Imaginemos cómo viven la situación las empresas de la competencia, obligadas a adaptarse al sistema, trabajar para quienes son elegidos o  morir. Pensemos en los problemas estructurales para la  creación de tejido empresarial que ello supone. Una vez más, no obstante, se ha de reconocer que las normas (en este caso además reforzadas por las exigencias del Derecho de la Unión Europea, que vela porque los contratos de grandes cuantías sean ofertados en licitaciones públicas muy transparentes) y los usos han cambiado. Ya no es tan frecuente el soborno o el pago a cambio de recibir un contrato (y, de nuevo, bien está que esos casos se persigan penalmente, porque para esas excepciones más graves ha de servir el Derecho penal). Pero ahora la corrupción más habitual y generalizada, de baja intensidad, es más sutil y adopta esas formas más vaporosas, a modo de contratos fraccionados para ser adjudicados sin concurso, en forma de empresas que sistemáticamente resultan beneficiadas, por medio de repartos más o menos sutiles que desincentivan el recurso, con el montaje de entramados solitarios huecos que únicamente logran contratos y luego buscan, a si vez, a quien haga de verdad el trabajo….Una vez más nos encontramos con un problema de objetivación hasta donde sea necesario, de posibilidad efectiva de controles y de generar los incentivos correctos para ir eliminando estas prácticas. Por ejemplo, y además de ir cerrando vías excepcionales en materia de contratación, estaría bien que empezara a establecerse una efectiva vía de repetición contra los funcionarios que hubieran provocado mermas patrimoniales sustanciales a la Administración con sus decisiones en materia de contratación, lo que sin duda conllevaría un aumento notable de la diligencia. Asimismo, podrían empezar a levantarse velos societarios, porque no sólo en el Derecho mercantil esa doctrina ha de aplicarse. Y las exigencias en materia de subcontratación se podrían extremar, dificultando la acción de los intermediarios paralizadores. Por no mencionar la conveniencia de que empezaran a cumplirse las prohibiciones para contratar previstas en la la ley.

– Corrupción y especulación en materia de suelo. Si bien hemos explicado que, a día de hoy, la corrupción en España no es habitualmente «salvaje» (gente metiendo la mano en la caja, colocando a su hijo en el Ayuntamiento por sus cojones o dándole a una empresa un contrato a cambio de un precio o por mera amistad) sí es cierto, no obstante, que ha habido un entorno donde todo tipo de prácticas delictivas o rayanas en lo criminal han sido la norma y que sólo se han contenido recientemente por factores económicos, como consecuencia de que el sustrato sobre el que se actuaba para sacar el dinero se ha secado de golpe: el sector inmobiliario y todo lo relacionado con el urbanismo y la recalificación de suelos. La generalizada orgía en la materia, unida a la dificultad de controlar decisiones en el fondo discrecionales (como lo es la de recalificar o no un suelo por parte de un Ayuntamiento) adoptadas por corporaciones municipales a veces muy pequeñas y conformadas por personas muchas veces sin demasiada formación (aunque para esto, en el fondo, la formación no es tan importante, basta tener ética y sentido común para saber qué es correcto y qué es inadmisible), todo ello en un contexto social que favorecía esas decisiones (porque en la pedrea de la recalificación había muchos agraciados además de quienes se llevaban el premio gordo) y que hacía percibir las prácticas corruptas como un «coste de transacción» más y aderezado con la existencia de necesidades objetivas de financiación local debido a un modelo fiscal y de reparto de los ingresos entre Administraciones Públicas directamente delirante que hace que en España los distintos niveles administrativos tengan más dinero cuantas menos competencias tienen, así como el inevitable efecto llamada y criminógeno de un sector que promete, a cambio de asumir ciertos riesgos, retornos milmillonarios, conformaron un cóctel explosivo que ha generado muchísimos problemas que nuestro Derecho no ha sabido combatir bien. Allí donde no ha habido presión ciudadana o política para enfrentarse a los desmanes el Derecho, ya sea el penal, ya el administrativo, se ha demostrado incapaz de poner remedio a esta terrible sangría y todos los costes económicos, ecológicos, de equidad e incluso de futura sostenibilidad financiera asociados a estas prácticas predatorias.

Aprovechando la parálisis en el sector provocada con la recesión y el previsible margen con el que se cuenta hasta que se vuelva a poner en marcha la maquinita recalificadora urge diseñar un modelo de intervención pública de futuro que evite la reiteración en los próximos años de estas prácticas a gran escala, que es como desgraciadamente se han desarrollado en los últimos tiempos. Para lo cual las recetas pasan, de nuevo, por actuar asumiendo cuál es la realidad y la imposibilidad de controlar dinámicas como las que hemos vivido en la última década desde el Derecho penal y la represión pura y dura. Hay que hacer también otras cosas, adoptar orientaciones alternativas, algo que pasa inevitablemente por actuar en dos líneas:

1. Eliminación de la tentación de que los Ayuntamientos, por pequeños que sean, sucumban a los pactos fáusticos para urbanizar como bienintencionado recurso cortoplacista para allegar fondos a las arcas municipales, ergo reforma de la financiación de nuestros ayuntamientos para darles mucho más músculo y autonomía financiera de la que ahora tienen.

2. Reforma de ese modelo de reparto de los aprovechamientos del suelo que provoca el absurdo de que la decisión administrativa, poniendo la línea en el mapa más hacia un lado o hacia otro, pueda convertir en milmillonarios a los propietarios del suelo «agraciado», con todos los perversos incentivos que ello genera para «presionar» de la manera que sea (incluso a costa de una parte, por lo demás reducida, de los enormes beneficios que se pueden llegar a lograr si se opera la transformación) para lograr que la rayita pase por donde te conviene. Este modelo no sólo es gasolina para la corrupción sino que, además, no funciona como sistema de reparto equitativo de costes sociales y beneficios asociados a la propiedad si permite, como es el caso, patrimonializar casi todas las plusvalías a los propietarios, pues genera evidentes agravios comparativos. En  España lo hemos mantenido a partir de la ficción, absolutamente desmentida por la práctica, como bien consta a cualquier especulador que se precie, de que esa plusvalía nunca se la quedaba el propietario sino que iba a parar a la Administración, dado que era ella la que «ponía en valor» esos terrenos. Dado que este adánico objetivo no se ha logrado ni se ha pretendido en serio en ningún momento (y el gen propietaria español, además, no lo consentiría como alguien se pusiera manos a la obra con esa meta en serio) sería mejor ir virando hacia modelos de reparto de la capacidad de edificar entre todos los propietarios de suelo, bien con un plafond legal de densidad a la manera francesa, bien con un mercado de metros edificables en poder de los propietarios de suelo que, a la manera del comercio de los derechos de emisión de CO2, permitiera un comercio justo sobre los mismos. Este tipo de medidas, al margen de otros beneficios indudables, generarían un automático efecto sobre la corrupción urbanística, dado que la más lucrativa acabaría dejando de tener sentido económico.

En definitiva, en España, es verdad, hay corrupción. Y además hay mucha, la hay muy generalizada y está muy «institucionalizada». Pero conviene, igual que se afirma esta realidad, poner en su correcto contexto las cosas y tratar de desbrozar la realidad para que el análisis nos permita actuar sobre ella de manera eficaz. Para lo cual urge saber de verdad qué tipo de corrupción tenemos y cómo se da. Y tomar conciencia de que el Código penal no es la solución, entre otras cosas porque si así fuera y combatiéramos en serio con juicios y penas de prisión este tipo de prácticas que he denominado corrupción de baja intensidad las cárceles del país no darían abasto. No se lucha contra dinámicas sociales tan extendidas con penas de prisión. Se combaten con más controles, más rigurosos y con un diseño procedimental mejor. Se combaten con exigencia de responsabilidad no penal y con medidas ejemplarizantes quizás menos agresivas pero más efectivas a largo plazo. Y probablemente se combaten, ante todo, con ganas de cambiar, con la necesaria explicación de lo que va mal y de las razones por las que es bueno modificar pautas. Como ése es el primer e imprescindible eslabón de la cadena, y dado que no se ve a día de hoy muchas ganas en España de poner manos a la obra, estaría bien que empezáramos a exigir reformas en estos tres ámbitos (empleo, contratos, suelo) para poder aspirar a tener una sociedad más justa, más eficiente y, también, mucho menos corrupta.



45 comentarios en Corrupción en la España del siglo XXI
  1. 1

    Nos hemos levantado densos hoy, ¿eh? Por lo demás, estoy de acuerdo con que las conductas generalizadas no se pueden combatir a base de mano dura y meter gente en el talego, porque eso no funciona. Fijense si no en el poco efecto que tiene la existencia o no de pena de muerte en un estado para que haya más o menos asesinatos…

    Comentario escrito por Camarada Bakunin — 04 de agosto de 2011 a las 10:39 am

  2. 2

    Se ve que las vacaciones y el descanso te moderan. Por desgracia se sigue poniendo a gente en puestos funcionariales a dedo, con la ineficacia de la institución que ello supone, y se siguen dando contratos a dedo. Solo estoy contigo en el bajón de la corrupción urbanística, pero solo por la crisis económica.
    ¿Donde están los motivos de la corrupción institucionalizada?
    Si la cabeza está corrupta el cuerpo enferma en breve.

    Comentario escrito por Mihi — 04 de agosto de 2011 a las 11:58 pm

  3. 3

    Mucho me temo, Sr. Boix, que nuestro país no es protestante y que tiene una ética distinta a la calvinista. No hay que ser Max Weber para notar que hay muchas cosas que tienen mal remedio. Si la ética social está degradada podríamos esperar que los medios de comunicación denunciasen prácticas poco éticas (especialmente unos medios públicos e independientes de poderes económicos o de otro tipo) y que una sociedad civil madura y educada, con una formación adecuada, estuviera vertebrada y alerta ante estas prácticas.
    Nada más lejos de la realidad, y sobre todo en el País Valenciano, donde la moral social está ya descrita en las novelas de Blasco Ibáñez y se puede leer y escuchar en boca de sus líderes políticos y sociales.
    Mientras la sociedad no comprenda el daño que la corrupción hace al bien común, y una mayoría busque más el beneficio propio que la cohesión social y la justicia, mientras se mantenga una moral católica demasiado humana y demasiado mediterránea, estaremos muy lejos de cualquier solución.

    Comentario escrito por Baturrico — 04 de agosto de 2011 a las 11:58 pm

  4. 4

    Joder, cómo estamos, ¿no? Optimistas respuestas de los primeros comentarios, por lo que leo, que conducen a lo de siempre. Si todos roban, todos siguen robando y además no hay manera de evitarlo, ¿para qué preocuparse?

    La cuestión es, en ese caso, ¿cómo creéis que tendría que arreglarse la cosa?

    Comentario escrito por Ander — 05 de agosto de 2011 a las 11:28 am

  5. 5

    El texto es muy sosegado, muy analítico… pero en el fondo muy optimista y complaciente. ¿Cómo que no se pueden hacer las cosas a saco? ¿Cómo que no se puede colocar a un hijo o dar un contrato a un amigo? Y, sobre todo, ¿cómo que no hay que meter en la cárcel a esta gente?

    Comentario escrito por Indignado — 05 de agosto de 2011 a las 1:31 pm

  6. 6

    Me ha gustado mucho el análisis porque se aleja de la manera en que nos suelen contar la película y porque, además, me da la sensación de que por ahí por donde apuntas van los tiros. La cuestión es, ¿se puede arreglar? ¿No debe de haber un nivel de corrupción y usos sociales que hasta en Alemania es imposible mejorar? ¿Tan anómalo es lo de España?

    Comentario escrito por Dart Vader — 05 de agosto de 2011 a las 1:40 pm

  7. 7

    Estoy de acuerdo, es optimista y complaciente. Las faltas económicas no son excepcionales, están generalizadas en toda la sociedad española. Por tanto, es una cuestión totalmente cultural y de valores, que sólo puede resolverse con enorme esfuerzo. Lo primordial sería tumbar todos los gobiernos actuales. Ese hueco de poder entonces podrá rellenarse con caras nuevas e intenciones nuevas.

    Visto en cierta perspectiva, este discurso podría ser perfectamente asimilable al de un partido fascista, cierto. Pero ese hecho no es óbice para que el problema esté ahí y cuya solución sólo vendrá de la mano de una catarsis popular hoy o dentro de un número incierto de generaciones. ¿Usted qué prefiere?

    Comentario escrito por Gekokujo — 06 de agosto de 2011 a las 1:06 am

  8. 8

    Pues a mi me da que Andrés es demasiado optimista. Si se han eliminado las formas más burdas de corrupción – llegar con una bolsa y llenarla de pasta, enchufar al hijo, al yerno, al ahijado por el articulo 33..- es únicamente porque se han refinado refinado las formas. Para no llenar la saca se sacan amañados y con sobreprecios concursos y obras varias – o se emplea a familiares con sueldos desproporcionados a su capacidad y formación- o se les designa asesores ( Busquense los asesores de Fabra, Don Carlo, a 36.000 euros el puesto ¿No es meter mano a la saca?)
    Y para no meterlos a dedo total, pues se les mete a dedo con contrato de interino, se les coloca en una contrata pública, se les asigna a un servicio formativo y luego se aplica una variante pedestre de la teoria Romanones: Tu crea la ley ( para entrar en la función pública hay que pasar un oposición) que ya haré yo los reglamentos ( valoración de formación y meritos). Y si hace falta un empujoncito, se les chiva el examen – hay casos de hermanos a los que se les ha ido la mano y han sacado nueveypicos mientras el resto no pasaban de sieteypoco en el mejor de los casos-y no pasa nada , que es indemostrable y repetir el examen provocariía una contestación mayor.
    En resumen, la misma corrupción que antes, solo que antes eran puchero de cuchara y servilleta al cuello y ahora te lo visten al estilo bulli y te ponen un cuenco con agua y esencias para que no te lleves el olor a pringue en los dedos

    Comentario escrito por galaico67 — 06 de agosto de 2011 a las 10:19 am

  9. 9

    Jajaja, muy bueno galaico… Así es, doy fe.

    Comentario escrito por Gekokujo — 06 de agosto de 2011 a las 12:18 pm

  10. 10

    Comparto la opinión de galaico67 y otros lectores del blog.
    Creo que la corrupción no ha disminuido sino que se ha profesionalizado. Hoy Roldán no metería la mano en la caja directamente. Crearía una empresa pública tipo CIEGSA para construir cuarteles y se forraría con las comisiones.
    En cuanto al acceso público, la forma de burlar los principios de mérito y capacidad también se ha sofisticado. Hoy el alcalde X no coloca a su cuñado como funcionario (o a veces sí, de todo hay) porque existen formas más sofisticadas de burlar los principios de mérito y capacidad: para eso están las fundaciones y las empresas públicas que han proliferado sin control en los últimos años.
    Si ha disminuido la corrupciónn urbanística es sencillamente porque la burbuja inmobiliaria ha estallado y los famosos PAIs han dejado de ser negocio.
    Tampoco estoy de acuerdo con que la persecución penal sea ineficaz. Si algo ha frenado la corrupción en algunos países como Italia es precisamente la reacción del poder judicial. No es el único remedio, ni siquiera el más importante, pero las conductas corruptas deben tener una respuesta ejemplarizante desde el Derecho Penal.
    Una consideración final: el enchufismo en el ámbito de la administración local se ha disparado desde que, en virtud de una interpretación antisindical del art. 60.3 del EBEP, han desaparecido de los órganos de selección los miembros designados por los representantes de los empleados públicos, de forma que todos los miembros de los tribunales son de designación política. Los cambios legislativos para mejorar la objetividad de los procesos de selección a veces apuntan en dirección equivocada.

    Comentario escrito por webmax — 07 de agosto de 2011 a las 5:53 pm

  11. 11

    Soy funcionario, veo y vivo la administración desde dentro, y una de mis funciones es la inspección en materia urbanística, y desde esta perspectiva puedo decir que has acertado plenamente en tu diagnóstico: la nueva corrupción en la administración española es la de llevarse el dinero de una nómina por un trabajo que no se realiza como se debe o simplemente no se realiza de ninguna manera, y ello es debido a dejadez de quien se sabe con un puesto fijo y no fiscalizado o como bien apuntas por incapacidad al no haber sido evaluada ésta como se debe. En cuanto a saltarse las normas de forma sutil por los órganos de la administración ante la pasividad de los órganos encargados de hacerlas cumplir: práctica habitual generalizada y asumida más de lo deseable, hasta el extremo de tildar de radical al que apela al estado de derecho como marco de funcionamiento democráticodemocrático.

    Comentario escrito por neryum — 08 de agosto de 2011 a las 1:48 pm

  12. 12

    Estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis y, de hecho, precisamente, se trata de denunciar esas prácticas y de analizamos cómo se les podría poner coto porque por generalizadas y aceptadas son muy nocivas. Ahora bien, sí creo que a la par conviene asumir que eso no es tan grave como meter la mano directamente en la caja y que eso, al menos, sí se ha logrado erradicar. Algo es algo. Pasito a paso.

    Cuestión diferente es si estas prácticas muy bien descritas como «profesionalizadas» y empleando nuevos agujeros y técnicas más depuradas (esta mayor complejidad requerida para lograr todo hace, lógicamente, que cuantitativamente el tema se reduzca) han de combatirse con el Código penal. Porque si pensamos que esa es la respuesta, deberíamos exigir que se fuera a por todos los que actúan así y no sólo contra algunos de los que lo hacen en plan ejemplarizante. Y si es así, la cosa podría ser de vértigo.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de agosto de 2011 a las 4:57 pm

  13. 13

    Y además de coincidir en que toda administración no solo está salpicada, si no, literalmente embadurnada de corrupción ¨low profile¨, ¿por qué no crear un sitio para denunciarlo de manera directa en la red? ¿no sería una manera de realizar la labor que deberían hacer los medios de comunicación independientes(ríanse en voz baja, por favor, para no molestar), la de denunciar para que el poder judicial actúe? es que, si esperamos que con la acción limitada de cada uno en su entorno la cosa cambie antes de que el mundo cambie de era y la corrupción se combata con un poco de magia y trasgos, como en Juego de Tronos, pues vamos apañaos…
    No digo que aquí en la LPD no se haga algo así, sobre todo en la variante valenciana, pero algo que funcionara como tablón de anuncios para que la gente ponga casos reales y cercanos y que luego pudieran llevarse los juzgados correspondientes, no sé si es una utópía o podría hacerse más fácil de lo que uno puede pensar.
    No digo que iniciemos un wikiliks de esos, que termina uno en el limbo jurídico internacional sin darse cuenta, pero algo a pequeña escala, podría ir poniendo algún límite a esa especia de kale borroka de la corrupción española que son los pequeños dedazos, los puestos públicos a medida (eso ya se veía en la universidad donde estudié hace 15 años, los concursos públicos con lista de requisitos copiada del currículum del favorito), los contratillos de nada a los amiguetes, etc.

    PD: como buenos revolucionarios de salón, ahora toca decir que sí, que estaría bien, pero uffff, está muy difícil, no tengo tiempo, que tengo que leer el próximo capítulo de Crepúsculo esta noche… yo ya me estoy arrepintiendo y repitiéndo como mantra: que inventen ellos, que inventen ellos…

    Comentario escrito por Del otro lado — 08 de agosto de 2011 a las 6:50 pm

  14. 14

    Por mi iría devolviendo a sus paises a los miles de muleros que ocupan habitación en nuestras carceles para ir haciendo sitio.
    Otra cosa es que la red clientelar que tienen montada entre todos no convierta la pretensión de perseguir judicialmente el enriquecimiento ilícito en el laberinto del minotauro. Atestado, pero laberinto, al fin y al cabo

    Comentario escrito por galaico67 — 09 de agosto de 2011 a las 12:30 am

  15. 15

    DOL : ¿Tienes suficiente capital para afrontar los pleitos?

    Comentario escrito por galaico67 — 09 de agosto de 2011 a las 11:43 am

  16. 16

    http://www.interviu.es/reportajes/articulos/la-ciudad-de-los-enchufes

    Comentario escrito por Álvaro — 09 de agosto de 2011 a las 12:04 pm

  17. 17

    (perdón)

    Alcalá de Henares: denuncian que Familiares y amigos de cargos del PP y de sindicalistas copan el empleo público
    La ciudad de los enchufes

    Las más preparadas para ser conserjes fueron dos hijas de exconcejales del PP. La mejor calificada para un trabajo de administrativa fue la portavoz del PP en Loeches. Como tramoyistas y peones lograron plaza el marido y el novio de la hija de la delegada de Comisiones Obreras. Amigos y familiares de los dos grupos consiguen trabajo en Alcalá de Henares (Madrid) con fluidez. La concejala de Personal lo niega y también acusa: UGT y CGT tienen a 15 familiares colocados.

    A lista de aprobados en las oposiciones a conserje del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) –13 plazas, luego ampliadas a 20, dos de ellas para discapacitados– ha sido la comidilla de la localidad complutense: la nota más alta la obtuvo la hija de la delegada de Comisiones Obreras en el consistorio, Carmen Adrados; el cuarto, quinto y sexto puesto, empatadas a puntos, lo ocuparon Eva María Ciruelos, hija del jefe de escoltas del alcalde, Bartolomé González, del PP y al que conocen como Bartolo; Ana Belén Molina, novia del hijo del delegado municipal de CC OO Juan Francisco Rodríguez –más conocido como Dios–; y Eva Arias, hija del también delegado de CC OO Joaquín Arias. En octavo lugar quedó Mireya Cabrera, hija de la exconcejal del PP y jefa de Integración Teresa Obiol. Y la decimotercera y última plaza fue para Yolanda Paniagua, hija de la exconcejal del PP y jefa de Ordenación de la Ciudad, Beatriz Díaz Manzanares. Es decir, seis de las 13 plazas ofertadas las copaban, por sus notas, personas afines a cargos del PP y CC OO, el sindicato mayoritario en la Junta de Personal. Demasiadas dudas para un ayuntamiento en el que el PP repite –aunque sin mayoría absoluta– desde el 11 de junio.

    Por eso, muchos de los opositores excluidos –entre ellos, varios conserjes interinos que se irán a la calle– hablan de un “pacto tácito” entre PP y CCOO para colocar a sus allegados en empleos públicos. Un pacto del que las oposiciones serían la última muestra. “Tras los exámenes, recibimos cientos de quejas de opositores indignados –dice Raúl García, portavoz de UGT–. Y pedimos transparencia ante las sospechas y suspicacias habidas”.

    Lentejas guisadas

    Los afectados, opositores que no pasaron el corte de las notas, lo tienen claro: “Ahora comprendo por qué, al preguntar por las pruebas, me dijeron que el guiso ya estaba guisado, y las lentejas, repartidas –dice Victoria Encabo, empleada de biblioteca que se ha quedado fuera pese a llevar casi nueve años de interina–. Tengo compañeros [más de 30 interinos, según las listas] que no dan la cara por miedo a represalias –añade–. Pero a mí me da igual: me siento estafada”.

    Comentario escrito por Álvaro — 09 de agosto de 2011 a las 12:05 pm

  18. 18

    Galaico, para eso contaríamos con Guillermo, no? para sacarnos del trullo y no acabar con un Lassange cualquiera… No se trata de lanzarse a pecho descubierto a denunciar las injusticias, en plan Capitan Gürtel, si no de pensar si no hay manera de canalizar y fomentar las miles de denuncias con fundamento que se harían si hubiera un mínimo de soporte legal y si me apuras de apoyo moral, casa de acogida para afectados por la corrupción ya! Como el caso que copia Álvaro, los hay en cada reducto de España a donde ha llegado la administración pública. Si todos callan por miedo a las represalias, es imposible que nada cambie. Si ese es el caso, estoy con los que comentáis que Guillermo es un optimista redomado.

    Saludos

    Comentario escrito por Del otro lado — 09 de agosto de 2011 a las 6:04 pm

  19. 19

    Una vez buscado en google, corrijo: es Assange y no Lassange

    Comentario escrito por Del otro lado — 09 de agosto de 2011 a las 6:06 pm

  20. 20

    Siguiendo con las erratas, quería decir que quien nos sacaría del trullo sería Andrés, que es el experto jurista.

    Comentario escrito por Del otro lado — 09 de agosto de 2011 a las 6:27 pm

  21. 21

    Esto que cuenta Álvaro, tristemente, es el pan de cada día y como opositor longevo y actualmente interino conozco historias de éstas y he vivido en mis propias carnes morenas decenas, aún más ridículas si cabe.

    La que recuerdo con más cariño fue una a la que me presente hace años para un puesto de conserje en las instalaciones deportivas de Santander. Casi mil aspirantes, diplomados y licenciados de todo el espectro de carreras universitarias y demás gente de mal vivir pugnando duramente por fregar vómitos con contrato fijo, cuatro pruebas eliminatorias escritas sobre conocimientos generales, temario… que parecía que pedían gente para dirigir el CERN. Podré contarles a mis nietos con orgullo que llegué hasta la quinta prueba con otros nueve irreductibles y me enfrenté a la temible prueba de la entrevista personal, donde dos preguntas: «¿Cómo te llamas? y ¿De donde eres?» estaban diseñadas para que un grupo de elementos de lo más selecto del ayuntamiento pudieran juzgar lo más profundo de mi carácter y capacidades para el manejo del mocho.

    Lamentablemente vivía la experiencia sin ilusión ya que un aguafiestas de UGT, celador del hospital provincial que se había presentado a firmar el examen para cogerse la tarde libre, me iluminó frente a un café con una de esas frases zen que te tumban todos los árboles de una hostia para que puedas ver el siniestro y apestoso bosque que hay detrás. – Chaval… me has caido de puta madre así que te voy a decir una cosa que te va a ahorrar un huevo de tiempo. Fulanito y Menganita.»

    Diez minutos después 998 imbéciles estabamos peleándonos con la prueba para dos plazas. Una semana después 498. Un mes después eramos 148. Mes y medio después 28. Y sólo ocho de aquellos fuimos bendecidos con la oportunidad de observar como tras cinco minutos de sesudas deliberaciones y dos meses de eliminatorias «Fulanito» y «Menganita» se alzaron con el galardón. Y mi confidente visionario del primer día me podía haber soplado los números de la bonoloto el muy hijoputa y me hubiese hecho más feliz.

    Si quieren algún día les comento como son las de Policia Local o las de Magisterio por si tienen curiosidad.

    Comentario escrito por Watchman — 09 de agosto de 2011 a las 10:41 pm

  22. 22

    Una de las malas prácticas:interinos que llegan a un concurso oposición con muchos puntos otorgados mediante el baremo de «haber calentado la silla durante x años», sin necesidad de demostrar si se han esforzado en aprender algo durante ese tiempo (bueno muchos de ellos si que lo demuestran, demuestran que han aprendido muy poco o nada pues en los examenes de la oposición obtienen notas muy inferiores a otros opositores que no han trabajado en el sector; y frente a este «montón» de puntos por «calentamiento de silla» , los puntos por formación quedan limitados a 1/3 parte de aquéllos, así que por mucha capacidad que se tenga para aprender, por muchas carreras que se hayan cursado no hay ninguna posibilidad frente a un interino que lleve años en la administración, con independencia de que se haya ido formando o simplemente hay estado dormitando. Cuando esto empieza a ser generalizado, cuando el funcionario ni està preparado para su trabajo ni tiene la capacidad de prepararse y en algun caso ni las ganas, empezamos a tener sectores de la administración con la malas prácticas que todos conocemos.
    Estoy de acuerdo con «Del otro lado» en iniciar alguna acción que aportara un granito para el cambio.

    Comentario escrito por neryum — 09 de agosto de 2011 a las 10:48 pm

  23. 23

    Una pregunta para quienes entiendan un poco o un mucho de derecho español. Supongamos que se crea un sitio web para recibir denuncias de presuntos actos de corrupción, tratos de favor, o como se llamen, y si después de revisar la información aportada, parece que hay indicios de que realmente los presuntos hechos parecen reales, ¿que medios hay para denunciarlo? ¿lo puede hacer un ciudadano cualquiera? ¿hay alguna figura (defensor del pueblo o algo así) donde exponerlo y que pueda canalizar la denuncia? porque del extenso comentario de Galaico67 pareciera que si haces algo por denunciar la corrupción el que acabará en problemas serás tú y no el delincuente. Reconozco mi falta de conocimientos en la materia, y antes de convertirme en experto tras leer algo en la wikipedia, quería ver si alguien se sabe el tema bien.

    Comentario escrito por Del otro lado — 11 de agosto de 2011 a las 5:24 pm

  24. 24

    Existe una página donde dan pelos y señales de corruptos y corruptelas llamada NOTITIA CRIMINIS. Un saludo a todos.

    Comentario escrito por kiko — 12 de agosto de 2011 a las 10:58 am

  25. 25

    UBI EXCLUSIONE IBI CORRUPTIONE : ALERTA DE «LEVANTE» CONTRA REQUISITOS PRO-CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

    El art.56.1.c.d EBEP 7/2007 del ministro castellonense
    «SEVILLA» derivado del art.30.1.c.d DLFCE 315/1964 «CARRERO
    BLANCO» y reproducido en la Ley «CAMPS» de FP Valenciana 2010, es un arma de acoso laboral que está prohibida por el art.27.2 EBFP «MOLL-RAJOY-1999» y por STC 4/1981 y 37/2002 «VIVES» (fiscal y catedratico) porque excluye a perpetuidad desde los 16 años de edad a los aspirantes de todo empleo público en todas las AAPP de los 4 Poderes del Estado exigiendose en casi todas ellas el requisito mordaza terrorífica de

    «no haber sido separado del servicio o despedido»

    que no se exige en los cuerpos de jueces, fiscales,personal de Cortes, del Movimiento,Sanidad …y Consejos Consultivos Valenciano y Canario, y en los que además se admite la posibilidad de acceso y de rehabilitación para el separado del servicio o despedido, posibilidad que es inicuamente negada en los demas cuerpos de dichas AAPP como abogados del estado, docentes, catedraticos, policias…

    Adjuntamos ALERTA “LEVANTE” CONTRA LA APLICACION DE LEYES Y REQUISITOS DRACONIANOS DE SANCIONES PERPETUAS FRANQUISTAS ANTICONSTITUCIONALES POR AAPP VALENCIANAS, ESTATALES, AUTONOMICAS, LOCALES,DOCENTES, CIVILES, MILITARES Y POLICIALES POR NULIDAD RADICAL DE OPOSICIONES,BASES, LISTAS, NOMBRAMIENTOS POR EXCLUIR SEPARADOS Y DESPEDIDOS DESDE 1978 A 2011

    http://monsieurdevillefort.wordpress.com/2011/05/04/sobre-la-seleccion-de-los-jueces-juez-funcionario-v-juez-responsable-ante-el-cuerpo-electoral/#comment-565

    //////////////////////////////

    Levante-EL MERCANTIL VALENCIANO COMUNIDAD VALENCIANA-pág.18

    Lunes, 24 de julio de 1995

    LA LEY DE 1988 SOBRE LA FUNCION PUBLICA PODRIA VULNERAR VARIOS DERECHOS FUNDAMENTALES

    UNA RESOLUCION JUDICIAL PLANTEA LA POSIBLE ANULACIÓN DE CIENTOS DE OPOSICIONES

    Numerosas oposiciones a cargos públicos realizadas en España desde 1978 podrían quedar anuladas en virtud de una Providencia dictada por una magistrada de Barcelona.Esta resolución deja pendiente de resolver la cuestión de constitucionalidad planteada por un ingeniero sobre la ley 30/1984 de medidas urgentes para la función pública, ante la posible vulneración de derechos fundamentales. De ser así, la Comunidad Valenciana es una de las once autonomías que podrían verse afectadas.

    LEVANTE-EMV. VALENCIA.

    La Magistrada de lo Social número 20 de Barcelona, María del Mar Gan, ha dictado una Providencia que deja pendiente “resolver la cuestión de constitucionalidad” planteada por un ingeniero y abogado, Juan José Moll, que podría suponer la anulación de numerosas oposiciones desde 1978, por estar viciadas de nulidad ante el presunto carácter inconstitucional de uno de los requisitos exigidos para el acceso a la función pública. La Comunidad Valenciana se encuentra entre las once autonomías a las que podría afectar este asunto.

    La Ley 30/84, conocida como “ley Moscoso” de Medidas Urgentes de Reforma de la Función Pública fue tildada de inconstitucional y una vez suprimidos varios de sus artículos, redactada de nuevo en 1988. Ni el texto vigente ni el anterior derogan expresamente el artículo 30.1.e del Decreto-Ley 315/1964 de Funcionarios Civiles del Estado, que contemplaba entre los motivos de exclusión de empleo público el de estar inhabilitado y el de haber estado separado del servicio por cualquier administración pública.

    En este sentido, homologa la inhabilitación (que exige sentencia judicial firme) y la separación del servicio (máxima sanción administrativa sin carácter ni rango penal). Mediante un vicio de lenguaje, separados y ex-separados por sanción administrativa se igualan a inhabilitados por sentencia judicial firme y pueden ser excluídos de la función pública.

    La legislación estatal vigente no rectifica un error tal vez deliberado en el régimen franquista ,que no reconocía los derechos fundamentales. Cuando en aquel tiempo se inhabilitaba o separaba del servicio a personas como Tierno Galván, Aranguren, García Calvo, Jordi Pujol o Miguel Roca, se hacía con “propósito vitalicio”.Lo curioso es que su posterior reincorporación a empleos y funciones públicas tendría que reputarse de ilegal “por haber estado separados del servicio”. En suma, la aplicación estricta del artículo 30.1.e del DL 315/1964 FCE antes y después de 1978 les mantendría separados a ellos y a muchos otros.

    La cuestión que se plantea es que la permanencia del precepto franquista en la ley democrática, y el calco más o menos literal del mismo por algunas leyes autonómicas de función pública podrían estar vulnerando los derechos fundamentales de acceso a empleo público, no discriminación, honor, presunción de inocencia, tutela judicial,legitimidad sancionadora,libertad sindical y petición, asícomo los principios de legalidad, no arbitrariedad, jerarquía e irretroactividad sancionadora.

    ONCE AUTONOMIAS AFECTADAS

    Esa vulneración afecta a todas las personas que
    “habiendo estado separadas del servicio por cualquier administración pública” -aunque ya no lo estén- aspiren a un empleo público estatal (salvo los judiciales, como se verá), autonómico, y/o local en la Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, Castilla-León, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Baleares y La Rioja, que homologan expresamente el artículo 30.1.e del Decreto-Ley 315/1964 FCE franquista e incluso agravan sus errores. Asturias, Madrid, País Vasco, Aragón, Andalucía y Cantabria se quedan fuera de este grupo porque no rectifican ni derogan expresamente este decreto-ley preconstitucional.

    La Constitución Española de 1978 deroga genéricamente todo lo que se oponga a sus preceptos, pero los dos textos de la Ley de Reforma FP 30/1984 de Moscoso y de Modificación 23/1988 de Almunia, no derogaron la ley franquista anterior para adaptarlo a los derechos fundamentales. Cuando no existe derogación expresa sobrevive la ratificación tácita.

    Existen, no obstante, leyes orgánicas, la del Consejo General del Poder Judicial y las de los Tribunales Constitucional, Supremo y de Cuentas, derogatorias del precepto franquista al presentar como único impedimento de acceso a empleos como secretarios judiciales, fiscales, jueces y magistrados la función pública las penas de inhabilitación por sentencia firme no pendiente de revisión o amparo ante el TC.

    OPOSICIONES EN EL AIRE

    La cuestión planteada por el ingeniero implica que allí donde sigue vigente la citada ley , no sólo las oposiciones y el desempeño del servicio en empleos públicos estarían viciados de nulidad si recae pronunciamiento inconstitucional; también los convenios laborales, las ofertas de empleo público, las convocatorias, concursos y nombramientos, los censos electorales y elecciones sindicales, las separaciones del servicio y determinados despidos retroactivos.

    LA APELACION DEL INGENIERO SUPUSO EL PROCESAMIENTO DE UN ALTO FUNCIONARIO

    LEVANTE-EMV. Valencia. Oviedo.

    Todo empezó cuando Juan José Moll, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, autor del Minitrasvase del Ebro por cuenta del Consorcio de Aguas de Tarragona y ex-jefe de proyectos de Obras Hidráulicas de la Generalitat de Cataluña y licenciado en Derecho en dos años, fué separado del servicio en 1986.

    Su apelación contra esta resolución puso en marcha una serie de procedimientos judiciales que desembocaron en el procesamiento por los presuntos delitos de falsedad, prevaricación y desobediencia de Joaquín Tosas Mir, alto funcionario del Gobierno catalán.

    Desde su separación, el ingeniero se presentó a todas las oposiciones convocadas por la Generalitat para empleos públicos de cualesquiera rangos o categorías y sistemáticamente fue rechazado. Ha interpuesto más de 600 recursos ante jurisdicciones diversas, sin embargo en la vía contencioso-administrativa los tribunales nunca han querido otorgarle la razón.

    Juan José Moll consiguió que se dictaran autos judiciales prohibiendo excluirle de las oposiciones, pero no que se elimine el impedimento de “haber estado separado del servicio”.

    Esa prohibición judicial ha provocado el procesamiento de Joaquim Tosas por incumplirla, pero mantiene paralizada la cuestión de fondo, que podría aparejar la revisión,y acaso la anulación de oposiciones públicas y otros actos administrativos desde 1978.

    La Generalitat catalana cambió la orden de separación de servicio del ingeniero por un despido retroactivo con rescisión de contrato. De ahí que haya terminado pronunciándose una magistrada de lo Social que ha citado a declarar al presidente del Gobierno catalán, Jordi Pujol, que lo ha hecho por escrito y por primera vez en el desarrollo de este complicado procedimiento.

    Pie de foto: Una opositora consulta el “Diario Oficial de la Generalitat Valenciana”

    ///////////////////////////////////

    ¿Qué opináis?

    Comentario escrito por UBI EXCLUSIONE IBI CORRUPTIONE : ALERTA DE "LEVANTE" CONTRA REQUISITOS PRO-CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS — 13 de agosto de 2011 a las 7:27 am

  26. 26

    La veritat és que estaria molt bé que Andrés ens comentara què pensa de les propostes que ací li han plantejat i si pensa que són viables o no… sempre i quan les vacances li ho permeten.

    Comentario escrito por Xata — 15 de agosto de 2011 a las 9:57 am

  27. 27

    Me ha gustado el análisis de Andrés, con el que coincido en no poco, especialmente en sus consideraciones sobre el empleo público y la contratación. No comparto, en cambio, buena parte de los comentarios, tanto en el fondo como en el tono general en que se realizan, para mí inmotivadamente exagerado, carente de propuestas concretas -siquiera sea en esbozo, para que puedan generar un debate- y excesivamente caústico.
    La puertas falsas siguen existiendo en el empleo público, y el EBEP no ha conseguido eliminarlas. Además, cuanto más pequeña es la Administración, más grandes y numerosas son esas puertas. Pero el interés en conservarlas y en no eliminarlas no es solo político, sino también de muchos empleados -preguntad a los miles de interinos de sanidad y educación o justicia- y de los sindicatos -y, sobre ello, disiento especialmente del apunte de webmax sobre la desaparición en los tribunales de los representantes sindicales: a mí me parece una medida estupenda, puesto que los sindicatos no han sido ajenos al mercado negro de la salección de funcionarios y provisión de puestos, sino agente principalísimo del mismo.
    Por otro lado, y con independencia de las medidas concretas que deban adoptarse para tapiar estas puertas falsas, coincido con Andrés en que son necesarias medidas generales procesales; quizás podría pensarse en recursos previos -y con efectos suspensivos- similares a los que existen en el ámbito de la contratación administrativa, aunque la eficacia de este tipo de medios es muy relativa en comparación con una sentencia firme.
    En cuanto a la contratación, creo que en ese ámbito las cosas han mejorado mucho en los últimos años, y que la inmensa mayoría, cuantitativa y cualitativa, de los contratos es ajena a cualquier corruptela. Eso sí, en los contratos de escasa trascendencia económica siguen existiendo prácticas nefastas, algunas de ellas apuntadas por Andrés, y luchar contra ellas no es nada fácil, puesto que detectar un fraccionamiento de contrato antes de la adjudicación de los diversos contratos menores que lo conforman o apreciar que ha habido connivencia entre un responsable político o administrativo y un empresario en la redacción de un pliego son tareas complejas y aventuradas, y ello al margen de que, en ocasiones, los fraccionamientos se producen, no para escapar a controles, sino para lograr una mayor agilidad o para resolver a posteriori ineficiencias previas, mientras que la «colaboración» de empresarios en la redacción de pliegos tiene mucho que ver con que, también en ocasiones, la Administración no tiene una idea clara de lo que quiere.
    Con todo, os animaría a que dejaseis propuestas concretas, que a algunos nos puedan servir para traducirías en medidas legislativas y administrativas concretas.

    Comentario escrito por José Marí Olano — 15 de agosto de 2011 a las 10:33 am

  28. 28

    Sr Olano, le alabo su fé. Lastima que sepa como se las gastan en la Diputación de Castellón – por referencias directas del padrino, nada menos – su muy familiar servicio de bomberos – por referencias indirectas de que los de fuera de la familia no se presentan a las oposiciones a sus plazas- y los servicios de los Ayuntamientos.
    Tambien es una lástima que mi persona haya participado en procesos de «agilización administrativa», tanto en la fase creativa – la Santisima Trinidad de las ofertas- como en la fase ejecutiva – ejecutar una obra como subcontrata del que se llevaba tres veces el valor que le facturabamos. Y que se llevaba el 90 % de las obras de la Diputación Provincial y Ayuntamiento. Agilidad, la ostia, pero la deuda de la empresa pública donde ejecutamos esas tareas creciendo en forma exponencial.
    ¿Propuestas concretas?
    ¿Podemos empezar por la transparencia en todos los contratos públicos, motivo por el que el gobierno de esta nuestra Comunidad viene siendo amonestado repetidamente por el Tribunal Constitucional?
    ¿Podriamos empezar porque la Administración local se sirviera de un cuerpo de funcionarios elegidos a nivel autonómico? ¿Es necesario que cada Ayuntamiento haga un proceso selectivo propio para un administrativo ó un policia local ó sería más lógica una oferta provincial ó autonómica?
    ¿Interinidad? Aqui llega Romanones resucitado. ¿Tengo que recordarlecuantas plazas se quedan en la interinidad hasta que se acumulan meritos suficientes para que la plaza caiga matematicamente en manos del aspirante? ¿Alguna idea vinculada a otra forma de selección de personal sobre la forma de valoración de meritos ó de como es posible ser interino durante años? ¿ Alguna idea sobre como se llega a interino en muchas Administraciones?
    Por último, brinda usted por el traslado de los sindicatos a su verdadera función, la defensa de los derechos de los trabajadores y no la selección de personal. Yo brindaría , si pudiera, por el traslado de los políticos a su verdadera función, la orientación de la politica que ejecutaran funcionarios y gestores profesionales, evitandonos caso vergonzosos como el de la CAM y su directivo vendedor de coches ó los de C9 y como varias mujeres se empeñan en señalar al sultán ó los aeropuertos sin aviones pero con inauguración oficial y estatua del prócer ( en fabricación).
    Sinceramente Sr Olano, lo que tiene vivir en un mundo ideal es que le deja a uno poca imaginación…

    Comentario escrito por galaico67 — 15 de agosto de 2011 a las 1:36 pm

  29. 29

    Ah, Sr Olano, dos siglas : LUBASA y PIAFF
    Tan eficientes que no tienen competencia en su ambito de actuación, aunque la primera sufra por un exceso de ladrillo.
    Seguro que las conoce bien…

    Comentario escrito por galaico67 — 15 de agosto de 2011 a las 1:41 pm

  30. 30

    Estimado Galáico67:
    Gracias por responder a mi comentario, si bien le aclaro que mi primer apellido es Marí, siendo Olano mi segundo apellido.
    Le aclararé unas cuantas cosas:
    En primer lugar, yo he tratado de desvincular mi opinión de casos concretos, sea cual sea el color de las Administraciones de que se traten. Conozco supuestos de todo tipo y de todos los colores, pero intento huir en este blog de referencias concretas.
    En segundo lugar, la Generalitat no ha sido amonestada reiteradamente por el TC por falta de transparencia, sino que han sido los órganos de las Cortes los que entendieron improcedente -de forma errónea, según el TC- no dar curso a determinadas iniciativas de control, por considerarlas contrarias al reglamento de la Cámara.
    En tercer lugar, la Generalitat hace públicos los datos y actos relativos a su actividad contractual y subvencional que exige la normativa básica estatal. No existe norma estatal alguna que requiera que se dé publicidad, por ejemplo, a un contrato de servicios por importe de 3.000 euros, a un suministro por importe de 13.000 euros o a una obra por importe de 25.000 euros, ni de cara a la licitación ni una vez adjuidicado y ejecutado el contrato. Yo no veo inconveniente alguno a que así lo dispusiera una norma, pero creo que es una modificación que debería realizarse a nivel de la legislación básica estatal.
    En cuarto lugar, yo creo que deberían existir cuerpos de funcionarios locales seleccionados, no solo a nivel autonómico, como propone usted, sino incluso a nivel estatal. Y refiero esta afirmación no solo a los tradicionales cuerpos de habilitados nacionales (secretaría, intervención y tesorería), a los que los dos grandes partidos, tanto el PP en el que milito como el PSOE, pero muy especialmente las grandes leyes propuestas por este último, han capitidisminuido; no solo a estos cuerpos, sino también a otros inexistentes pero que, a mi entender, deberían existir, como los arquitectos e ingenieros municipales, los técnicos de asuntos generales -similares a los TAC estatales- o los funcionarios especilizados en la gestión medioambiental, urbanística y de actividades.
    En quinto lugar, me gusta la oposición y me disgusta -o me gusta menos- el concurso. Y la oposición me gusta con preguntas y temas elegidos al azar, con tribunal público, con varios ejercicios, con miembros del tribunal designados por autoridades distintas del órgano convocante y, si es preciso, también al azar.
    En sexto lugar, creo que una reforma necesaria y urgente es prohibir que un interino pueda serlo durante más de unos pocos meses, 24 a lo sumo. Si la plaza no se ha provisto con funcionario de carrera, provéase con otro interino distinto, y si es necesario dese potestad a los jueces para convocar la provisión de tal plaza a petición de parte interesada.
    En séptimo lugar, sé cómo se llega a ser interino en no pocas administraciones, y lo que es peor, sé cómo se llega a ser funcionario de carrera tras haber sido interino. Y no me gusta, es más, me disgusta tremendamente, y no he tenido inconveniente, cuando he ocupado responsabilidades de gestión, en decirlo y en actuar en consecuencia, a pesar de las denuncias penales que me ha puesto algún sindicato y de las presiones e insultos que he tenido que soportar. Le remito, en este sentido, a los periódicos del año 2005 y 2006 y las noticias que aparecieron en ellos sobre el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, que se creó a sugerencia mía.
    Por último, coincido con usted que los políticos nos deberíamos dedicar a la política, y que una Caja de Ahorros o una Televisión Pública no es lugar para políticos. Desgraciadamente, ni lo uno ni lo otro se ha conseguido en España, cualquiera que sea el color del partido de gobierno.
    Por último, y como ejercicio de transparencia, me permito recordarle que, si no me falla la memoria, las únicas dos personas que se suelen identificar por su nombra y apellidos en este blog somos el autor principal del mismo y un servidor. Además, y aunque a veces un poco subidas de tono -y, en ocasiones, cargadas de grosería y mala educación, por mucho que se las quiera revistir de sarcasmo o ironía-, aprecio las críticas a mis postulados, algunas de las cuales me han obligado a replantearme ciertas ideas.

    Comentario escrito por José Marí Olano — 16 de agosto de 2011 a las 10:08 pm

  31. 31

    Bueno muchachos, soy incapaz, más por pereza que por ineptitud, de calcular lo que se ahorraría el estado eliminando diputaciones, eliminando la corrupción tanto desde cargos públicos como el beneficio derivado para algunas empresas, etc… Pero creo que, posiblemente, problemas como la deuda española irían menguando y los números cuadrando. En este sentido me duele reconocer que lo que piden la Merkel y Sarkozy, déficit cero, tiene cierto sentido.

    Lo que ocurre es que dudo de que nadie esté dispuesto a sacrificar nada. En todo caso el programa de recortes, ejecutado o en proyecto, deja claro que la austeridad se aplica a los de abajo. Y eso sí que tiene un claro coste para la economía española en conjunto ya que se oprime la capacidad de gasto de los españoles. Dicho de otro modo, las políticas keynesianas promovidas por la izquierda no son de recibo mientras no se ponga orden en este estado de laxitud fiscal y de corrupción generalizada.

    Ese debería ser el mensaje que debería calar, independientemente de que uno sea de izquierdas o de derechas.

    Comentario escrito por Gekokujo — 17 de agosto de 2011 a las 11:29 am

  32. 32

    Por alusiones. Parece que para J. Marí Olano los sindicatos son los principales reponsables de lo que llama «mercado negro» de la selección y provisión. Aunque ultimamente parece ser que todos los males del país son culpa de los sindicatos, y mantener la idea contraria sea poco menos que una herejía, insisto en que la desaparición de los representantes de los trabajadores (sean designados por los sindicatos, las juntas de personal o los comités de empresa) de los órganos de selección y provisión ha dejado estos órganos en las manos exclusivas de personas que han sido designadas por cargos de elección política y que en muchos casos ocupan puestos de trabajo de libre designación, circunstancia que favorece la sumisión a las indicaciones de sus jefes políticos.
    Hablo de esto con conocimiento de causa: he formado parte de bastantes tribunales y comisiones de valoración. En muchos casos designado por la administración. En otros designado por la junta de personal o por alguna organización sindical. He recibido más presiones, más o menos veladas o más o menos explícitas, por parte de mis superiores que por parte de las organizaciones sindicales.
    No seré yo quien diga que el comportamiento de las organizaciones sindicales en este tipo de procesos ha sido siempre angelical. Pero al menos había la posibilidad de una voz crítica o discrepante que ahora ha desaparecido, dejando el campo libre al clientelismo político más descarado, especialmente en el ámbito de la administración local.
    ¿Alternativas? Son conocidas y lo que falta es voluntad política para implantarlas: reforzar la objetividad de los procesos de selección y provisión creando órganos especializados cuyos miembros sean empleados públicos especialmente formados para estas tareas, cuyo designación garantice la pluralidad (por ejemplo mediante la participación de la Universidad y de otras administraciones distintas de la convocante), evitando que los miembros de los tribunales sean designados mayoritariamente por la autoridad de la que dependan los puestos convocados, eliminar pruebas de dudosa objetividad tales como entrevistas o similares (o al menos estableciendo unos criterios objetivos para su valoración), extender los principios de mérito y capacidad a la selección del personal interino (evitando los consiguientes procesos «excepcionales» de consolidación de empleo temporal dirigidos a colocar con caracter definitivo a los que han entrado por la puerta falsa) etc…
    No estoy inventando nada que no se sepa. Pero aplicar estas medidas supone que el político de turno que deba implantarlas limite su capacidad de influir en los procesos de selección y provisión. Y, desgraciadamente, en muchos casos se antepone conservar ese ámbito de influencia, a implantar métodos objetivos para la selección de los aspirantes mejor preparados, que son la garantía de una administración eficaz.
    En cualquier caso, espero sinceramente que mi contradictor, desde su escaño en las Cortes Valencianas, impulse y apoye iniciativas dirigidas a combatir cualquier forma de corrupción.

    Comentario escrito por webmax — 18 de agosto de 2011 a las 12:40 am

  33. 33

    Estimado webmax:
    No, los sindicatos no han sido los principales responsables de ese mercado negro de selección de funcionarios, pero sí han participado en él -junto con políticos de partido, grupos de presión y representantes de intereses parciales- en el mismo, y lo han hecho con fruición y, en no pocas ocasiones, con descaro, impunidad y buenos resultados para su causa. Por eso es bueno que el EBEP los haya excluido de estos procesos, como también ha excluido a los cargos electos -no más concejales decidiendo quien será el próximo jardinero municipal- o al personal eventual -no más asesores del presidente de la Diputación seleccionando al abogado de la corporación.
    Respecto del resto de su post, coincido con usted prácticamente al ciemto por ciento, y propone medidas muy similares a las que yo propuse, complementarias de las mismas. Cuando ha estado en mi mano, las he propuesto: le remito a la composición del tribunal de oposiciones del cuerpo de Abogados de la Generalitat (artículo 3.5 de la Ley 10/2005, de Asistencia Jurídica a la Generalitat), en el que 4 ó 5 de sus 7 miembros son propuestos por autoridades ajenas a la Administración de la Generalitat, uno de ellos siempre a propuesta de un rector de Universidad pública.
    Respecto de mi impulso y apoyo desde mi escaño a medidas de lucha contra la corrupción, creo que el grupo parlamentario al que pertenezco lo hace, si bien no está dispuesto -como tampoco lo estoy yo- a admitir que la administración valenciana esté viciada o que el Partido Popular sea una formación corrupta o plagada de corruptos, como por razones electoralistas, partidistas y cargadas de demagogia y falsedad se pretende transmitir desde ciertos sectores políticos y partidistas.
    Ello no quere decir que mi partido sea puro e inmaculado como los ángeles, o que por el hecho de ser del PP estemos vacunados contra la corrupción. La organización en la que milito puede verse afectada por la corrupción como cualquier otra, y por eso creo que es bueno que las medidas que pueden prever la corrupción, evitarla, disminuir sus nocivos efectos y garantizar la exigencia de responsabilidades -administrativas y económicas, fundamentalmente: de las políticas acaban encargándose los electores- deben perfeccionarse al máximo.
    En este sentido, creo necesario reforzar el papel de la intervención general, elaborar una Ley de Contratos de la Generalitat que desarrolle la normativa básica estatal y objetivizar al máximo en vía reglamentaria los procesos de selección de empleados públicos (incluyendo empresas y fundaciones públicas), puesto que la ley ( tanto el EBEP como la de Función Pública Valenciana de 2010) dejan gateras abiertas.
    Estaré encantado de extenderme sobre este asunto, si usted lo entiende oportuno.

    Comentario escrito por José Marí Olano — 19 de agosto de 2011 a las 9:03 am

  34. 34

    Sr Mari Olano, en un contexto de mayoría absoluta y sabiendo como funcionan los partidos politicos españoles,su democracía interna ( en todos los colores), su forma de liderazgo (en todos los colores) y la selección de candidatos ( y sobre todo puesto de salida) se me hace tremendamente florentina esa distinción entre Parlamento y Gobierno de la Generalitat.
    Tan florentina que raya en la grosería. Ya que me aconseja recurrir a la hemeroteca, y dado su dominio y saber político, le ruego, de todo corazón , me indique algún caso en el que el Parlamento Valenciano, en este periodo de mayoría absoluta del Partido Popular, haya votado alguna resolución contraria a los deseos del Ejecutivo. Hablo de resoluciones de obligado cumplimiento, no de brindis al sol que a nada obligan,.
    Tambien me parece muy bien que ustéd crea no obligatoria la muestra de contratos de ridiculos importes, pero me parece que usted y yo sabemos que no se trata de esos importes ni de esos conceptos, y que los contratos que nos importan no se refieren a comprar folios, reformar un despacho (pequeñito, que aun recuerdo lo publicitado que fue por uno de sus correligionarios gallegos la reforma de algún que otro despacho) ó contratar un vino español para agasajar al concejal de algún pueblo.
    Bueno, podriamos seguir jugando al mus ambos los dos, respondiendo a sus envidos a chico- uy, a mi no me parece mal que sea público el contrato de compra de lapiceros – y a sus envidos a grande – ¿Oposiciones a nivel provincial para cargos locales? No, mejor a nivel español, que digo español, europeo ó mundial, hagamos una liga de las estrellas funcionarial ( Aquí es donde me entra la vena sarcástica, grosera segun usted, y es donde empiezo a dudar de la comprensión del concepto de «brindis al sol». O eso, o que me toma por tonto, que no se si es peor). Bueno, como iba diciendo, replicar a ocho puntos puede llevarmos a parcticar el genero epistolar, y no se trata de eso. Tochos solo está autorizado a editarlos el Sr Boix

    Bueno, por último y no menos importante, viendo que no coge el «concetu»
    a) Yo no soy funcionario público ni manejo bienes ó capitales públicos, luego no estoy obligado a ser totalmente transparente. Asi que sus referencias a la realción entre mi persona y la transparencia las archivo – con su venia- en la P
    b) Esto es un blog donde se permite comentar de forma totalmente anónima. Esto es así desde el principio. Hay unas ciertas normas de cortesia y educación que – salvo que nos tomen por tontos ó párvulos – solenmos respetar, pero no es un mérito usar – supuestamente, ya que no tengo la absoluta seguridad de es usted quien escribe…- nombre y apellidos. No se si se dará cuenta de que tambien podriamos crearnos una identidad falsa, con nombre y apellidos pero más falsa que un duro de seis pesetas. Si eso le hace más feliz, podriamos estudiarlo
    c) Uno de los motivos para el anonimato es, precisamente, uno de los que comenta. Entender el sarcasmo como grosería, llegar a sentirse ofendido por la forma en la que se expresan ciertas opiniones ( y más cuando ni siquiera indica lo que le parece una grosería, más que nada para saber cuan bajo ó alto tiene su nivel de indignación )sin llegar a comprender que en esta España una a la que nos aproximamos existe multiples formas de aproximación a la realidad y que cosas que hieren la delicada sensibilidad de un valenciano no se tienen en consideración por otras tierras más frias.
    Y dado que soy un extranjero en la tierra de las naranjas y limones, de la luz y del color, que mis apellidos son muy, pero que muy inusuales y que conozco lo mucho que se resptan los principios de equidad, capacidad y tal en esta tierra ( y en este país en general), el que quiera conocer mis datos personales, que contrate a un detective. No le costará mucho rastrear IP y encontrarme, pero ponerme en plan quinceañero espinilloso buscando amor/sexo va a ser que no.

    Por lo demás, y aunque no lo crea, me parece de lo más decente – sino lo más – que aparece por este «universo», viendo las colaboraciones con las que se han lucido correligionarios suyos en esta misma «paginadefinitiva» y admiro su estomago, viendo la defensa que hace de criterios absolutamente abandonados por sus compañeros de partido con responsabilidades de gobierno, sin que ello le haga replantearse cual es su lugar en el mundo político y manteniendo la fé en que alguna vez verá realizadas esas reformas que se plantean en su mente.

    Comentario escrito por galaico67 — 19 de agosto de 2011 a las 9:34 am

  35. 35

    Estimado Galaico67:
    Sí, soy yo el que escribe estos posts en este blog, y no otra persona distinta aunque, naturalmente, no lo puedo probar con plena certeza por este solo medio; no obstante, determinadas referencias personales que hago en él pueden garantizar una relativa alta seguridad de que, por ahora, nadie ha suplantado mi identidad.
    Yo no le pido, ni a usted ni a nadie, que se identifique, sino que me limito a destacar que yo lo hago: creo que, aunque tampoco estoy obligado a ello, no es mala muestra de transparencia de un representante de los ciudadanos, sin que ello quiera decir nada más que eso. Es más: si usted tiene algún temor a que comentarios suyos le puedan reportar algún inconveniente, sea el que sea, hace bien en disfrazarse.
    Mire, yo tengo opinión propia en muchas cosas, con independencia de lo que opinen mi partido o mis mayores o compañeros en el partido o en el grupo parlamentario. En ocasiones la expongo, como he tenido ocasión de hacer recientemente con la Ley de Custodia Compartida, y que la exponga no quiere decir que no obre en las Cortes de acuerdo con la decisión del grupo parlamentario, puesto que, salvo supuestos excepcionales de conciencia, sé que he sido elegido en un sistema de listas cerradas, por decisión de los órganos del partido y, por ende, si quiero ir de independiente o discrepar continuamente con el voto de las decisiones colectivas, lo tengo fácil: renuncio a mi escaño y me afilio a otro partido o monto uno.
    Gracias por sus referencias a mi «decencia» y a mi «estómago», aunque de este último yo no estoy muy orgulloso y preferiría tener un poco menos, que ochenta y pico quilos son demasiados. Lamentablemente, me cuesta tener cerrada la boca, sea para comer en exceso, sea para hablar en demasía. Llevo años intentando corregirme, sin grandes resultados, que domar el carácter es tan difícil como domar un tigre.
    El grupo paramentario popular no ha votado nunca contra el gobierno, ni tiene por qué hacerlo. Está para sostener al gobierno y respaldarle, no para hacerle oposición. Cuestión distinta es que el grupo no tenga opinión propia, que se hace llegar y que es escuchada, reflejándose en no pocas ocasiones en las iniciativas del gobierno, sea antes de proponerse éstas, sea como enmienda a las mismas.
    Y, por cierto, lo de la grosería no iba esta vez por usted, aunque en ocasiones las tintas se cargan en exceso y otras veces su manera de expresar sus opiniones me ha parecido falta de tacto. Pero, en fin, tampoco es que yo sea un alma cándida o un colmo de la susceptibilidad, por lo que me imagino que lo superaré.
    Un cordial saludo,

    Comentario escrito por José Marí Olano — 19 de agosto de 2011 a las 10:37 am

  36. 36

    mari cual es su mombre entonces , no lo tengo claro. puedo tutearlo en mis comentsrios. gracias de antemano por sus aclaraciones.

    Comentario escrito por salvate — 19 de agosto de 2011 a las 3:58 pm

  37. 37

    Sr. Marí Olano: Le agradezco su respuesta. Obviamente no compartimos la visión sobre el papel que pueden desempeñar los representantes del personal en los órganos de provisión y selección, aunque creo que compartimos la necesidad de mejorar estos procedimientos para que se ajusten a los principos de igualdad, mérito y capacidad y esto creo que es lo esencial.
    Solo una cosa me ha llamado la atención de su respuesta: la vehemente defensa de su grupo político al que yo en ningún momento he acusado de ser «una formación corrupta o plagada de corruptos». Cuando en mi anterior comentario me refería a esperar su apoyo parlamentario a cualquier medida contra la corrupción lo hacía sin el menor asomo de ironía.
    En fin, no quiero convertir este espacio en un debate personal. Supongo que tendremos ocasión de seguir aportando opiniones a los temas que propone Andrés Boix con tanto acierto. Un saludo.

    Comentario escrito por webmax — 19 de agosto de 2011 a las 4:58 pm

  38. 38

    Estimado webmax:
    Quizás me haya expresado mal, pero ya sé que en ningún momento ha acusado usted al PP de nada, y también he notado la ausencia de carga irónica en sus comentarios acerca de mi apoyo a las medidas contra la corrupción. Es más, lo que he apreciado es llaneza y convicción, lo que le alabo.
    En mi post, yo me refiero a que muchas iniciativas de la oposición, muchas frases de mis adversarios políticos (y, a la par, compañeros de escaño) en debates parlamentarios, muchas de sus declaraciones en los medios, y muchas opiniones de columnistas y comunicadores de ideologías más o menos cercanas a la izquierda política, no tienen por finalidad luchar efectivamente contra la corrupción (o incluso contra las corruptelas o las simples irregularidades administrativas) sino, pura y simplemente, ganar espacio electoral y comérselo al PP. Lo que, por lo demás, es perfectamente legítimo, pero a mí me permite poner en mi cabeza a cada uno en su sitio.
    Un saludo y buen fin de semana.

    Comentario escrito por José Marí Olano — 19 de agosto de 2011 a las 9:25 pm

  39. 39

    Estimado Salvate:
    Mi nombre es José, aunque casi todo el mundo me llama Pepe. Mis apellidos son Marí (marino en valenciano) Olano (una vez me dijeron que significa en vasco lo mismo que Puig en valenciano, colina o cerro).
    Un saludo y buen fin de semana.

    Comentario escrito por José Marí Olano — 19 de agosto de 2011 a las 9:29 pm

  40. 40

    Lo siento, Sr Marí Olano, pero me veo en la obligación de hacerle notar dos cosas. Una, para indicarle que en ningún la decencia sirve para muchas cosas y otra, que aun compartiendo un apetito sobradadamente demostrado y una viscera acorde con él, mi otro «estomago» no me permitiría soportar ciertas cosas, por mucho que hayan servido, por ejemplo, para salvarle la vida al hombre que gobierna y manda – eso dicen y escriben -el partido en el que usted milita en Castelló.
    Tambien comparto, aunque sea tangencialmente una de sus opiniones: No son sus contrapartes, supuestamente » de izquierdas» los más indicados para dar lecciones de moralidad en el gobierno y ni siquiera apuntan maneras en ese sentido. Ese es uno de los dramas de este pais – y de este Estado-, por lo menos para las gentes con un sentido básico de lo que se debe hacer y no hacer con la cosa pública: la falta de alternativa, el saber que «los otros» ó son su imagen especular ó adolecen de una serie de inconsistencias que hacen difícil considerarlos alternativa.
    Un saludo

    Comentario escrito por galaico67 — 20 de agosto de 2011 a las 9:45 am

  41. 41

    «Una, para indicarle que la decencia sirve para muchas cosas»

    Comentario escrito por galaico67 — 20 de agosto de 2011 a las 9:46 am

  42. 42

    En una encuesta en el diario Ara preguntaban acerca de si la amnistía fiscal a los que trabajan en negro y propuesta por el gobierno iba a servir de algo. La respuesta abrumadoramente mayoritaria fue que no. No, porque se trata de un problema de raigambre cultural.

    En conjunto, porque siempre hay excepciones, la casta política española ha fracasado estrepitosamente, independientemente de las siglas. El hecho de que se vote a candidatos presuntamente corruptos demuestra hasta que punto se ha interiorizado el discurso del pelotazo. Un modus operandi que alcanza a todos los estratos de la sociedad. Ahora bien, esto no excusa que quienes detentan cargos de responsabilidad, especialmente los públicos, continuen actuando sin mirarse al espejo, sin plantearse honestamente un cambio de rumbo. Me remito a Platón en su planteamiento de que los líderes políticos han de ser un modelo para el resto de la sociedad. Si no en el ámbito privado, por lo menos en su actuación pública.

    No puedo hablar por los demás, pero un servidor cree haber hecho los deberes de autocrítica. Y, ahora, basándome en lo que ha venido sucediendo este último decenio, lo que hace falta es que el español piense un poco en cómo va a jubilar a esta generación perdida. Porque, a pesar de todo, siempre quedan las urnas.

    Comentario escrito por Gekokujo — 20 de agosto de 2011 a las 5:23 pm

  43. 43

    con respecto a la corrupcion en la adjudicación de los contratos, he tenido muy cerca un caso que se sucedio tal como sigue: el concejal que adjudica a las empresas la contrata para un servicio x no mete la mano al cazo, no, no adjudica el contrato a dedo, tampoco; se limita a informar a la empresa que le ha pagado un viaje carisisimo a él y a su familia, cosas así (sobornos dificilmente detectables), de cual es la mejor oferta para que la rebajen, y claro, se la adjudican; las empresas (normalmente pequeñas o medianas) pierden la contrata y tienen que despedir al 50% de sus empleados, o cerrar, y la empresa adjudicataria tiene en la siguiente ocasión poca o niguna competencia, con lo cual pone los precios que le da la gana, porque ya van a tener que aceptarla sí o sí; una práctica fraudulenta que al principio no suponia un gran coste (el soborno lo pagaba la empresa) sí supone un gran coste social- despidos, cierre de empresas- y finalmente un incremento en el propio precio de los servicios públicos

    en otros casos, fuera de servicios públicos, hay bares o empresas privadas que sí no pasan por el aro del soborno puro y duro, les hacen la vida imposible con multas, retrasos en las licencias, cierres administrativos, etc…ultimamente he oido de todo, y yo que creia que el nivel de corrupción habia bajado, para nada, es desesperanzador

    enfin, ni quiero ni entrar en lo urbanistico, todos sabemos las increibles e inmorales plusvalias generadas estos años que vamos a pagar bien caro, eso sí, mensualmente y a 40 años

    Comentario escrito por pescadilla — 24 de agosto de 2011 a las 12:13 pm

  44. 44

    ¿què os parece esto, entra dentro de la libertad de expresiòn (para mi sì) o es un acto delictivo? :http://www.youtube.com/watch?v=ecR2dGOO66s

    Comentario escrito por adur — 15 de septiembre de 2011 a las 3:13 pm

  45. 45

    Caray, cuántas cosas para comentar se han acumulado. En cuanto tenga un ratito esta tarde me pongo, prometido.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 21 de septiembre de 2011 a las 9:57 am

Comentarios cerrados para esta entrada.

No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,228 segundos
En La Red desde septiembre de 2006