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Ayer publicaba una columna en El País (edición Comunidad Valenciana) donde explicaba por qué, a mi juicio, la corrupción en España no debe combatirse sólo con jueces y empleando el Código penal. Es un argumento que ya he empleado aquí muchas veces, y que se basa en la evidencia de que el Código penal no es muy eficaz para resolver problemas sociales, especialmente si están muy extendidos (ni llega a todos los que cometen delitos, ni es particularmente justo atribuyendo responsabilidades ni, sobre todo, puede hacer nada respecto de la cantidad de comportamientos chungos que, sin embargo, no son delito) y si, además, vivimos en un país donde la corrupción de menudeo, pequeñita, de baja intensidad, pero constante, es la regla. Y lamentablemente, entre desgobierno y astillas, como ha denunciado siempre certeramente Alejandro Nieto, se mueve este país. Toca asumirlo y empezar a asumir cómo afrontar el problema de una corrupción bastante sistémica y estructural:
Corrupción valenciana
ANDRÉS BOIX
Que en la Comunidad Valenciana tenemos un problema con la corrupción no es una afirmación que, a estas alturas, me temo, sorprenda demasiado a nadie. Tampoco, a la vista de cómo la realidad se acaba imponiendo machaconamente frente a ciertos prejuicios, resulta llamativo ya en estos momentos sostener que es un problema compartido con España. Lo que, por otro lado, no deja de ser normal, dado que no son tan diferentes los códigos culturales que en el fondo están en la base de todo el chapapote de comisiones, defraudación y trinques (sean legales o no) de que se compone gran parte de nuestro tejido económico. Pero, sobre todo, porque también compartimos un sistema legal y de incentivos (y desincentivos) que acaban condicionando y orientando comportamientos. Quizás nuestra estructura económica (el monocultivo ladrillista de los últimos años, por ejemplo) agrave el problema, pero poco más.
En todo caso, llama la atención que por aquí, donde desgraciadamente sí tenemos identificada la existencia de la patología y de su gravedad desde hace ya tiempo, no hayamos tratado de iniciar algún tipo de reflexión sobre qué habríamos de cambiar. La doctrina oficial dice que la corrupción no es general y que se combate con procesos penales para quienes cometen delitos. Esta visión está gravemente equivocada, por cuanto, más allá de la función ejemplarizante que puedan tener estas reacciones, ni se logra así combatir toda la corrupción ni, sobre todo, se ataja el mal esencial, que no son las grandes ilegalidades, sino las pequeñas y generalizadas situaciones donde la corrupción de baja intensidad, día a día, lo acaba contaminando todo. Entre otras cosas porque, además, muchas veces, estos comportamientos ni siquiera están considerados delictivos, de tan generalizada que está la pauta y asumida socialmente.
Urge pues modificar muchas normas y dotarnos de un ordenamiento jurídico administrativo talibanístico en esta cuestión. La rigidez tiene muchos problemas, como es sabido, y genera ineficiencias. Pero no hay otra. Cuando alguien es alcohólico no se puede permitir tomar ni un vaso de buen vino ocasionalmente. Lo que es un fastidio que, sin duda, le hace perder calidad de vida. Ahora bien, no hay más remedio que actuar así porque, si no, a la larga, la cosa se descontrola. Con esta misma aproximación habría que afrontar la reforma de normas y procedimientos, de forma general, en la Administración valenciana. Porque, a la vista está, es suicida que nos permitamos siquiera una copichuela de vez en cuando.
Muchas de las normas que han de ser más estrictas dependen del Estado que, a la vista está, tiene poca intención de hacer cambios al respecto. Pero al igual que en otras ocasiones hemos llevado al límite nuestras competencias (para crear normas neoforales civiles, por ejemplo) tiene sentido experimentar aquí y cambiar algunas leyes, así como extremar las exigencias en la aplicación reglamentaria propia de las mismas, para dar transparencia, rigidificar la contratación pública, eliminar personal no funcionario de la toma de decisiones sobre dinero público e impedir cualquier contratación de personal que no se base en concursos muy serios. Si la autonomía sirve para algo es para, precisamente, tratar de arreglar por uno mismo las cosas cuando detecta que hay un problema. Así que habría que intentarlo.
La cuestión es, exactamente, estas medidas, ¿en qué deben concretarse? Voy a tratar de bosquejar mínimamente las que parecen más esenciales, partiendo de la base de que los focos esenciales de esa corrupción generalizada y de baja intensidad a partir de la cual todo se inunda y todo acaba pringado y extendido son, como ya hemos explicado alguna vez, tres: contratación pública, empleo público y urbanismo. Para ello vale la pena plantear algunos ejemplos y conectarlos con estos ámbitos a fin de que se entiendan los efectos de algunas medidas.
1. Transparencia. Es absolutamente esencial a todos los niveles. La lamentable y anómala situación al respecto de nuestro país no merece ser glosada mucho más. Sí conviene recordar, sin embargo, la de excusas chungas que están apareciendo cada dos por tres en este país para esquivar el tema, excusas que adquieren dimensiones preocupantes.
Por ejemplo, la manida protección de datos, que se ha convertido en barrera infranqueable al parecer y que, la verdad, genera cierta perplejidad que nadie ponga en cuestión en la esfera pública. Porque la protección de mis datos (o la de los de cualquiera) es muy importante, pero cuando me relaciono con el poder público empiezo a perder derecho a ser protegido siempre con carácter preferente. Por eso hay países donde, incluso, se considera que las declaraciones de la renta no deben ser protegidas, como recordaba certeramente ayer en El País Víctor Lapuente.
Un segundo ejemplo que demuestra hasta qué punto tenemos un problema en España es que el secreto industrial permita que incluso unos contratos televisivos hechos con la Administración (por poner un ejemplo de cutrez máxima) puedan ser secretos, sin que los fiscalice ni la oposición, ni el consejo de administración de la empresa pública de turno ni nadie. Acojonante comparar esta situación con la de las democracias normales donde incluso secretos militares clave son accesibles.
Y eso por no mencionar la situación de la Casa Real o las múltiples deficiencias de la prevista Ley de Transparencia, que es propia, ya que hablamos de nuestra querida Monarquía, de Botswana (y perdón porque hablo desde el prejuicio y muy probablemente Botswana tiene una norma mucho más digna que la nuestra en esto).
La transparencia es extraordinariamente importante a todos los efectos y la regla ha de ser sencilla y clara: todo lo que hace la Administración ha de ser público excepto cuando razones cualificadísimas de privacidad, seguridad nacional o existencia de otros derechos obliguen a no dar ciertas partes de la información (que no el resto) que puedan comprometer esos otros bienes. Y siempre, además, estableciendo mecanismos para que la oposición y, por supuesto, los jueces, puedan indagar por medio de procedimientos prudentes, en su caso, sobre estas partes opacas.
La transparencia, además, tiene efectos sobre las otras reglas sencillitas de control «talibán» que habría que poner en marcha, pues permite controlar su cumplimiento y hace más difícil que alguien la eluda, incrementando los riesgos (y con ello los costes) de la infracción.
2. Una función pública mucho más rígida. Sí, ya sé que las rigideces son malas. Pero a veces, cuando eres incapaz de comportarte en un entorno de confianza y libertad, no hay más remedio que poner reglas muy rígidas. Así pues habría que empezar a exigir:
– que nadie sea funcionario, ni pueda serlo, sin haber pasado una oposición con pruebas públicas, exámenes abiertos, transparentes (de nuevo) y competitivos;
– que todos los puestos de responsabilidad de gestión administrativa sean siempre (sin excepciones, lo siento, esto de la rigidez tiene costes pero no hay más remedio) ocupados por funcionarios de carrera y que cualquier decisión que comporte el empleo de recursos públicos deba ser estudiada siempre, en punto al análisis de su legalidad (su oportunidad es otro tema) por funcionarios públicos encargados de controlar esta cuestión, sin cuyo visto bueno no pueda aprobarse el gasto (y sí, es fácil «incentivar» a los funcionarios para que acepten lo que los políticos quieren, pero es mucho más difícil que sean convencidos de avalar ilegalidades que personas eventual colocado a dedo, máxime si además estamos en un modelo rígido de función pública);
– los funcionarios cobran por lo que hacen y el trabajo que desempeñan mientras lo desempeñan: se acabó «consolidar» niveles retributivos por pasar unos años en cargos de dirección y en ningún caso los pluses por estar en esos puestos de responsabilidad deben ser excesivos comparados con la retribución de un funcionario que esté en tareas propias de máximo nivel (cortocircuitando algunas de las vías de presión que la clase política tiene sobre los funcionarios en la actualidad)
– por lo demás, los empleados públicos que no tomen decisiones sobre cuestiones de autoridad o de tipo económico, no han de ser funcionarios, aunque han de ser seleccionados con garantías de transparencia y competitividad semejantes (y estos empleados públicos no podrán desempeñar, ni siquiera provisionalmente, las funciones de los funcionarios).
Idealmente estas medidas debieran reforzar los controles internos, a fin de evitar que ciertas medidas puedan pasar los filtros como actualmente los pasan porque conviene «mirar para otro lado» para no verte perjudicado en tu promoción o porque, directamente, se pone ahí, de controlador, a dedo, a alguien «comprometido» con la causa. Además, esto se completa con
3. Un régimen de incompatibilidades durísimo. El cachondeo español en la materia se tiene que acabar. No puede ser que se permita que un abogado del Estado (o un letrado de cualquier Comunidad Autónoma) trabaje por las tardes en un despacho privado, por poner un ejemplo de hasta dónde llega el absurdo de la laxitud de nuestras dedicaciones parciales o de las posibilidades de trabajar por ahí simplemente renunciando al complemento específico del sueldo. No se puede consentir que haya dedicaciones completas que a la vista de todo son, en la práctica, parciales. No se puede consentir que la gente trabaje (y cobre) de lo suyo pero luego dedique el grueso de sus horas a hacer cosas por lo privado. Por la falta de dedicación que ello conlleva, por no mencionar los potenciales conflictos de intereses. Hay que acabar con esto. Talibanísticamente. Y de nuevo habrá rigideces que desincentivarán a algún que otro tipo muy cualificado a dedicarse a esto. Da igual. Es mejor eso que tener lo que tenemos ahora.
Por otro lado, las incompatibilidades de cargos públicos han de extremarse. Nada de sólo dos años de «abstinencia» Si has tomado decisiones que afectan a un sector, que pasen 10 años hasta que te metes ahí en la privada. Y, por favor, reformemos la ley para evitar bochornos como una Ministra de Economía de España fichando por Endesa al mes de cesar pero que nos explica que es todo legal porque es una empresa chilena que nada tiene que ver con las empresas españolas sobre las que ha tomado decisiones. Menos bromas con esto.
Además, hay que actuar no sólo sobre el lado de la oferta sino también sobre el lado de la demanda. ¿Que Usted como empresa ficha a un ex-cargo público, aunque sea de un sector que no tuvo nada que ver con sus gestiones? Pues muy bien, que sepa que durante 10 años tendrá prohibido recibir cualquier tipo de ayuda o subvención pública no competitiva. A lo mejor, en estas condiciones, ya no es tan interesante contratar a esta gente.
Y, por cierto, hay una incompatibilidad muy importante que hay que establecer en relación a la función pública: nadie que sea asesor, personal eventual de confianza o cualquier cosa de esas debiera poder opositar en un plazo de diez años a cualquier puesto en la administración donde ha prestado sus servicios. Por si acaso.
4. Contratación pública. Que hay que cambiar muchas cosas y rigidificar es obvio. De momento lo vamos haciendo poco a poco, a golpe de condena de los tribunales de la Unión Europea, pero habría que hacerlo por nosotros mismos y de golpe. Por ejemplo:
– aplicar las normas de la UE en materia de contratos no sólo a los contratos que por cuantías ahora lo son obligatoriamente sino, en plan bestia y talibán, a todos (quizás podrían excepcionarse los de cuantías verdaderamente ridículas) y problema resuelto (por la vía de nuevo de crear rigideces pero, lo reitero, me da igual, porque no hay otra manera, y si hay que sacar a concurso y tardar un mes en comprar una fotocopiadora pues que se haga, caramba, que ahora con Internet, las subasta electrónicas y los medios actuales seguro que podemos hacer un procedimiento que materialmente sea suficientemente garantista y que no sea imposible de gestionar);
– si dejamos que haya contratos que se adjudican directamente (como pasa ahora por debajo de ciertas cuantías) una regla muy sencilla: a una misma persona o empresa, sólo uno al año (o uno cada cinco años) y a ver si así nos libramos de la porquería de los contratos fraccionados en fraude de ley;
– y por supuesto, en las mesas de contratación, sólo funcionarios y nada de persona eventual ni carguitos que están ahí colocados a dedo.
El problema en materia de urbanismo es un poco distinto y, además, menos acuciante ahora porque se ha producido un importante parón que hace que la corrupción esté bajo mínimos en el sector, dado que lo está la actividad. Pero conviene tener presente que las medidas generales antedichas ya tendrían efectos en el urbanismo, al margen de que sean necesarias medidas adicionales y específicas que, por no extenderme hoy demasiado, dejamos para otro día.
En todo caso, el listado de propuestas, como he explicado, es muy rígido, propio de un régimen de absoluta desconfianza que no duda en sacrificar eficiencia porque no se fía de cómo se hacen las cosas en caso contrario. Lo cual no significa que no pueda y deba haber entornos donde se deje cierta libertad, pero en ese caso hay que establecer controles basados en la transparencia y la competencia (por ejemplo, así podría actuarse en el sistema universitario para muchas cosas). Ahora bien, mientras no tengamos de las dos en grados muy importantes, talibanismo. Porque, si no, ya sabemos lo que pasa.
16 comentarios en Corrupción y reformas en la Administración pública española
Comentarios cerrados para esta entrada.
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Amén D. Andrés. Pero respecto al primer punto de su batería de propuestas, con las posibilidades que hoy nos brindan las plataformas informáticas, no me conformo con la posibilidad de que sólo sean los jueces y oposición los que puedan indagar. Quiero un portal web que refleje con facturas escaneadas cualquier gasto de cualquier administración, excepto las salvedades que señala en su exposición.
Como contribuyente quiero saber si:
a) La intervención se ha realizado.
b) Que el importe por la construcción, adquisición o servicio prestado está en precios de mercado.
c) Que no se favorece a determinados proveedores consiguiendo reiteradamente los concursos públicos que se liciten.
Esto, tecnológicamente, es posible. Y serìa un sincero gesto de madurez democrática.
Comentario escrito por ocnos — 05 de febrero de 2013 a las 9:10 pm
Por supuesto, ocnos, de eso se trata. Lo de jueces y oposición, por medio de procedimientos pautados, es para los casos de cuestiones donde haya problemas de Protección de datos, de seguridad nacional o de secretos industriales. En todo lo demás, como Usted dice.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 05 de febrero de 2013 a las 9:37 pm
Transparency and accountability es todo lo que se necesita. Bueno, y eduqueision.
Comentario escrito por David — 06 de febrero de 2013 a las 12:15 am
Estoy de acuerdo con el enfoque de las propuestas, sobre todo en el ámbito de la transparencia. En relación a las oposiciones también establecería la obligación de publicar en web los exámenes de las personas que han obtenido la plaza, así como el desglose individualizado de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del tribunal. Propondría una solicitud similar para los procedimientos de contratación administrativa.
Quizás, a nivel judicial, y con las lógicas cautelas y cortapisas, también sería necesario que se pudiese acceder a parte de la información existente en los expedientes judiciales como medio de control de actuaciones de ciertos fiscales y jueces.
Comentario escrito por menipo — 06 de febrero de 2013 a las 10:56 am
Compro todas sus propuestas, menipo.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 06 de febrero de 2013 a las 11:37 am
Más claro imposible, Andrés.
Yo añadiría un punto más: todo gasto tiene que llevar la firma de un responsable político o de un funcionario de carrera. Para que quede claro quien lo autorizó. Y a partir de ciertas cuantías (1% del presupuesto, o algo así), firma del responsable y de su supervisor.
Comentario escrito por Regularizado — 06 de febrero de 2013 a las 3:48 pm
Lo de limitar contratar una vez al año o así, ahora el uso de la TICs permitiría que se llevaran otro tipo de controles mediante la explotación de datos sin necesidad de adoptar esa medida que puede ir contra la eficiencia y quizás el libre mercado
Y transparencia a saco
Comentario escrito por Mar — 06 de febrero de 2013 a las 10:23 pm
Ben vist!
Lo suscribo, con algun matíz. No se cambia la sociedad por decreto. Nos falta cultura democrática, cultura política, cultura administrativa y cultura a secas. 40 años de dictadura no pasan en vano. Añado a tus propuestas, establecer una retribución digna -y hablo en serio- para políticos y funcionarios. Y más si incrementamos las exigencias. Y claro está, responsabilidad. Pagar bien y no perdonar.
Comentario escrito por Xavier Bernadí — 06 de febrero de 2013 a las 10:57 pm
Andres, las medidas que propones me parecen bien en general.
Quizá la medida más afectiva a mi entender sería la 1. Transparencia: es cierto que las normas sobre protección de datos son un arma de doble filo y que muchas de las irregularidades que se producen, por ejemplo en la contratación pública, no serían tan fáciles de acometer si hubiera transparencia…Como ciudadanos (y paganos) deberíamos poder saber siempre y en cada momento en qué, en quién y cómo se gasta la Administración nuestro dinero…Me da igual que sea la compra de una fotocopiadora, un vino de honor, un viaje de un alto cargo o la adjudicación del stand Fitur….Si los ciudadanos pudiéramos tener esa información (y saber pormenorizadamente en qué se ha gastado el Capítulo II) estoy segura de que el gasto público caería en picado.
En relación con la medida número 2. Función pública: en cuanto a la Administración valenciana se refiere, cabría añadir lo que quizá sea más importante. Los puestos de Jefatura deberían ser, a mi entender, por concurso (mérito, capacidad, antigüedad…)…Las libres designaciones y las comisiones de servicio hacen a los funcionarios más vulnerables a la presión. La tendencia en la Generalitat en los últimos años ha sido precisamente la contraria. Las Comisiones de Servicio son la única posibilidad de mobvilidad…porque no hay concursos…Y las Jefaturas de Servicio de nueva creación hace años que se crean de libre designación. Es más, en la reestructuración de la Administración del Consell de 2011, fueron amortizadas casi todas las Jefaturas de Servicio que quedaban en la GVA por concurso (incluso las que tenían titular -lo que ha generado obviamente una avalancha de contenciosos-).
En cuanto al asunto de la consolidación de las retribuciones, yo creo que en cambio actua más como garantía al contrario de lo que dices…(y en cualquier caso en la práctica supone la consolidación del complemento de destino, que no es muy significativo en el montante total de las retribuciones…hablamos a lo mejor de 100€ o 200€ en el más extremo de los casos…).
Las normas de incompatibilidades, me parecen suficientemente estrictas…Pero como en muchas otras cosas, es esencial que se exija su cumplimiento…Como en todo, hay siempre dobles raseros. (A mi me denegaron una vez la compatibilidad porque mi horario de clases de asociada empezaba un día de la semana a las 15,00 y mi Subsecretaria entendía que no podía llegar sin incumplir mi horario laboral….-obviando que el horario de permanencia obligatorio finalizaba a las 14:00 y que podía compensarlo cualquier otro día de la semana- No recuerdo como acabó el asunto…hace ya muchos años..pero seguramente mal…)
En cualquier caso, y aún pudiendo mejorar muchas cosas…muchísimas cosas…Me niego a aceptar que el problema sea solo «el sistema» (las normas vigentes, los funcionarios, etc…) Es la imagen que pretende darse…, que conviene, pero no es justa.
Aquí lo que hay es un problema fundamental de dirección, de gestión, de ética política…y en muchos casos falta de formación, de vocación de servicio público y de sentido común de quienes nos dirigen…
Directores Generales que no son funcionarios, por
ejemplo..al contrario de lo que exige la LOFAGE para los DGs de la Administración del Estado…
Que ya se que ser funcionario no es garantía de mucho…., pero al menos presupone que uno ha ido a la Universidad y tiene una formación básica, que además ha querido hacer el esfuerzo de estudiar una oposición dura (y que sabe que las cosas cuestan un esfuerzo y que no siempre caen del cielo, del partido o de los amigos de la familia) que ha querido ser funcionarios (y eso presupone una cierta vocación)que han estudiado alguna cosa en su temario de oposición,…por ejemplo que saben qué es la Hacienda Pública, de quien se nutre y por qué no puede derrocharse, cuáles son los principios que deben regir cualquier actuación administrativa y por qué, qué está garantizando la ley de contratos de las administraciones públicas…
No se…algo…Que no estén de políticos porque no tienen donde caerse muertos….
En estos años, he tenido «Jefes» buenos y malos…También hay gente formada…que se lo curra y que se lo cree…que que vienen con la intención de dejar esto mejor que lo encontrarón…que pudiendo hacer otras cosas, están aquí dando el callo…Decir lo contrario sería ser injusta con algunos altos cargos que me han hecho creer q es posible…
Pero desgraciadamente, son los menos.
En fin, perdonen el rollo.
Comentario escrito por Begoña — 07 de febrero de 2013 a las 9:16 am
Yo también creo que este país necesita una terapia de shock, sobre todo en el tema de la transparencia. Me pregunto si habrá alguna relación en que una de las autonomías más sanas, la vasca, haya sido la más controlada policialmente. Es decir, que haya sido la vigilancia (e incluso espionaje) policial en busca de impuesto revolucionario y financiación de ETA en las empresas vascas lo que ha mantenido la corrupción en niveles europeos. Me suena lo de unas oposiciones al Osakidetza pero no recuerdo ningún escándalo gordo con el PNV de prota. También es cierto que la vivienda en la CAV ya era la más cara antes de la burbuja y no quedaba margen para inflarla un poco más. A menos burbuja menos corrupción y menos crisis.
Al mismo tiempo la extorsión de ETA ha servido como la excusa perfecta para ocultar datos al ciudadano del resto de administraciones españolas. Ahora que no hay terrorismo ya no queda excusa para que la transparencia sea total.
Comentario escrito por emigrante — 07 de febrero de 2013 a las 11:16 am
Bonito, pero insuficiente.
En algunos puntos tienes razón, y lo digo desde la fuerza moral que me da lo que defines como ABSURDO: soy Abogado Consistorial con regimen de COMPATIBILIDAD.
Dicho lo anterior en mi opinión la primera medida necesaria pasa necesariamente por invertir -pero de verdad- en la Administración de Justicia. Solamente con una Sentencia en un plazo realmente breve (hablo de 3-4 meses) pero garantista conseguiríamos algo. Mantener una justicia lenta -y farragosa- solamente sirve para cachondeo generalizado cuando ante el incumplimiento de la ley se advierte del riesgo de que los Tribunales tumben la disposición o acto.
En relación con la contratación pública… en esto mi crítica no es constructiva, porque no sé que alternativa podríamos adoptar- pero desde luego sé que el sistema actual no funciona. La teoría del órgano de contratación y de la mesa queda muy bonita, pero todas las ocasiones en las que he asistido jamás he visto nada malo, y no porque no prestara atención, es que en ese punto ya está todo el pescado vendido. La obligación de emitir Informe por la asesoría jurídica durante la preparación del contrato ciertamente mejora la cosa, pero ni aún así es suficiente. El cambalache se produce incluso antes. Mención honorifica corresponde a los contratos menores, que no entiendo ni como pueden existir.
Dicho lo anterior, y aunque las medidas que propones no van mal enfocadas, creo que la verdadera solución pasaría por hacer un «Estatuto del Político» con sus deberes y obligaciones. Y lo digo en serio. La solución sería desde luego compatible con tus propuestas.
Comentario escrito por Juan — 07 de febrero de 2013 a las 12:08 pm
Querido Andrés, buenas dos columnas la de la corrupción y el urbanismo. Como constitucionalista he de decir, no sé si con melancolía o alivio, que nuestro derecho político (subrayo el término) en las dos últimas décadas ha estado en la ley de financiación de partidos, la ley de contratos y el correspondiente régimen urbanístico…
Comparto tu idea de que las Comunidades Autónomas pueden empezar a pensar por sí mismas, porque los dos grandes partidos, en sus sedes nacionales, parecen pensar que el vaso no se va a derramar…
Lo interesante sería pensar un decálogo de medidas (o menos), es decir, cómo podemos descender un escalón a partir de tu artículo. Se me ocurren algunas y si quieres seguimos pensando juntos:
1. Una ley de contratación de los partidos políticos cuya actuación sea del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (en verdad lo ideal sería que fuese una ley estatal).
2. Que la gestión de tesorería de los partidos políticos de ámbito autonómico fuese realizada por funcionarios de la Consejería de Hacienda correspondiente.
3. Contabilidad conjunta de los partidos y sus subvenciones.
4. Inelegibilidad al Parlamento autonómico de las personas que ostentasen cargos de dirección en el partido en el tiempo que el partido cometió financiación ilegal.
5. Responsabilidad civil subsidiaria en la que hayan incurrido los altos cargos por delitos contra la administración pública, cuando fueron propuestos por un partido o elegidos en las listas de un partido. El pago se cargará sobre las subvenciones autonómicas a los partidos dictada la sentencia en primera instancia.
6. Constitución de una Agencia Autonómica de planificación, ejecución y disciplina urbanística, con la que los ayuntamientos pudieses concertar estas tareas (el bipartito gallego la creo y fue un éxito rotundo: diez intocables estaban empezando a poner orden y casi todos los Ayuntamientos estaban empezando a conveniar). Con el PP desapareció.
7. Constitución de una Agencia Autonómica de contratación pública, con la que los Ayuntamientos pueden conveniar la gestión de concursos y el control de la correcta ejecución. ¿No hacen ya en el fondo las diputaciones el trabajo de zapa?
8. Y, lógicamente, designación de los directores de tales agencias mediante extracción parlamentaria con 2/3 previa selección de tres candidatos por una comisión independiente.
A mí se me pueden seguir ocurriendo disparates, pero me parece que no hay otra.
Un abrazo fuerte.
PD. Oye, en una columna tienes que comentar el problema del urbanismo y el problema olvidado del acceso a la primera vivienda.
Comentario escrito por Miguel — 07 de febrero de 2013 a las 1:32 pm
Excelente reflexión, y lo más importante, clarito todo…5 medidas directas.
Como funcionario la 2 me parece muy importante….casos como el de los ERE’s en Andalucía, por poner un ejemplo, solo se pueden explicar en un contexto de falta absoluta de controles derivado todo ello de un sistema clientelar de función pública.
Pero hay una medida que no mencionas, y me parece muy importante…hasta el propio Mariano Rajuá la tenía en su programa electoral , pero no la cumple….y es la movilidad intra y sobre todo interadministrativa de los funcionarios públicos….sería muy bueno para «airear y ventilar» todo lo que hay por ahí….
Comentario escrito por pachu — 09 de febrero de 2013 a las 7:07 am
Hola, antes de nada, agradecerte la labor didáctica que también nos haces desde la red a los que te seguimos. Ha sido muy interesante leer las ponencias sobre derecho administrativo que has colgado recientemente. Y también muy completo y acertado este post sobre la corrupción en la administración y las reformas necesarias. Trabajo en una administración y tengo “potestad” para contratar y fiscalizar gasto, y es francamente tedioso lidiar con más de un reponsable político. Yo aplicaba todas las propuestas una a una YA!.
Dicho ésto, no puedo evitar transmitirte -a los simples efectos informativos- un caso verídico que me ha venido a la mente después de leer la “inocente” y parcial bula que concedes a la Universidad al final del artículo, y esa corrupción de baja intensidad que periódicamente denuncias. Actualmente la Universitat de València tiene en marcha bastantes procesos selectivos de personal, entre ellos tres destinados a técnicos (arquitectura y prevención de riesgos). Son de muy similar perfil profesional, atribuciones y clasificación; de hecho bastantes técnicos podrían presentarse a todas ellas, en función de su CV, formación y dedicación previa. El hecho denunciable es que, para tan similares procedimientos, en uno de ellos se requiere superar el requisito lingüístico con anterioridad a cualquier prueba selectiva (o bien aportas el C1 o haces prueba de nivel) mientras que en otro caso, los opositores pueden pasar todo el proceso selectivo y sólo al final, los aprobados deberán acreditar su nivel, o bien tienen un año (o dos, no recuerdo) para acreditarlo… ¿Tendrá algo que ver la posesión o no de dicha titulación por los interinos que ocupan actualmente las plazas? Ciertamente es sospechoso, además de claramente discriminatorio/subjetivo. Veo que en la Universitat cada convocatoria pasa un filtro sobre igualdad de género, cosa que no me parece mal. ¿Se debería proponer también que se pasara un filtro sobre demandas relativas al conocimiento de la lengua? Quede claro que no me parece mal en absoluto que se reclamen esos conocimientos, pero a veces sorprende que una administración tan seria -en general- (risas) tenga estos vicios tan “de administración chusquera”. Por tanto, cualquier talibanismo que propongas se queda corto, y creo que a fecha de hoy ninguna administración se merece presunción de inocencia.
(BOE’s de publicación de las bases referidas 26/11/12 (2) y 16/10/12)
Saludos
Comentario escrito por el insociable funcionario — 12 de febrero de 2013 a las 9:40 am
A ver, a ver, insociable funcionario, que no se me entienda mal. La bula en ningún caso creo que debiera aplicarse a la Universitat «administración» sino a la Universitat «equipos de científicos que hacen cosas». Es decir que yo creo que, en un entorno de competencia y transparencia estaría bien decirle a un equipo de ciencia puntero que contrate a su gusto al personal con el que va a contar, dado que como lo haga mal las consecuencias negativas recaerán sobre sí mismos. Pero vamos, en entornos muy específicos y, además, si y sólo si, existe esa situación de competencia y transparencia que haga que, como la cagues o uses la pasta en plan chingo todo el mundo lo sabrá y, además, estarás tirándote piedras contra tu propio tejado. En ningún caso relajaría las reglas para el resto de cuestiones, por ejemplo para las que tú comentas, con un ejemplo tan expresivo de cómo funcionan las cosas. Muchas gracias por el comentario.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 12 de febrero de 2013 a las 9:48 am
[…] Corrupción y reformas en la Administración pública española By lejosdeltiempo 1 marzo 2013 Publicado el 05 de febrero de 2013 | LA PÁGINA DEFINITIVA […]
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