Bruselas certifica que las normas urbanísticas valencianas se ajustan al Derecho de la Unión

El día de hoy ha alumbrado una sentencia importante para el urbanismo español y, en concreto, para el modelo de gestión indirecta que incorpora en muchas Comunidades Autónomas que siguieron la estela de la LRAU (Llei Reguladora de la Activitat Urbanística) de 1994, un norma muy innovadora aprobada por las Cortes Valencianas en un momento en que todavía mandaba el PSOE. A partir de la creciente presión que desde la Unión Europea se fue generando sobre la manera en que los estados miembros ordenaban los contratos públicos, que tiene su punto álgido con la Sentencia Scala de Milán, que tocaba de lleno actuaciones de transformación urbanística, se generó un movimiento maximalista que pretendió aspirar a modificar las normas valencianas (y otras de semejante cariz) no tanto porque se consideraran mejores o peores sino, sencillamente, por la supuesta incompatibilidad de las mismas con el Derecho de la Unión. La decisión de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone, de algún modo, un paso atrás en ese camino que se había andado hasta la fecha.

El tema es complejo técnicamente, pero si tratamos de ir a la raíz, la clave jurídica reside en determinar hasta qué punto es legítimo, y posible, que desde el Derecho de la Unión, empleando normas que aspiran a garantizar únicamente la igualdad y transparencia ante las licitaciones públicas con el fin de ordenar la concurrencia entre empresas en el seno de un mercado integrado, se pueda aspirar a condicionar la manera en que se ordena nuestro urbanismo o, incluso, se determina el contenido del derecho de propiedad en nuestro país. Materias ambas para las que la Unión Europea carece de competencias, puesto que los sucesivos tratados entre los diversos estados que han dado origen a la misma nunca han entendido conveniente otorgárselas. La política de ordenación del territorio, a día de hoy, es una competencia de los Estados, no de la Unión Europea (y, en España, de las Comunidades Autónomas, no del Estado). Igualmente, la concreta manera en que se regula el derecho de propiedad, su contenido, límites y garantías, siempre y cuando se respete el marco definido por el correspondiente Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, es una competencia de los Estados miembros. Pues bien, la nueva sentencia determina que, cuando se gestiona el urbanismo de manera indirecta, no estamos estrictamente, ni sustancialmente, ante una licitación de obra pública por parte de la Administración sino ante algo diferente, ante otra cosa. Porque estamos hablando de una delegación por parte del poder público de ciertas potestades de planeamiento, pero sobre todo, de la ejecución del mismo, en sujetos privados. Algo que tiene similitudes con un contrato de obras pero que es evidente que no es lo mismo.Estamos, qué duda cabe, ante una distinción lábil. El mismo texto de la sentencia y su hasta cierto punto procelosa argumentación lo ponen, de hecho, de manifiesto. El quid de la cuestión es que la esencia conflictiva del asunto, en el fondo, radica en una segunda derivada más que en este tema central.

La cuestión no es tanto si esta actuación ha de estar regida o no por ciertas normas y se han de establecer una serie de controles. Laclave es quién ha de diseñarlos y en qué sede, y con qué base normativa, se despliegan. Las personas que llevaron la LRAU a Europa, que trabajaron para que el Parlamento Europeo actuara contra la ley y contra la Llei Urbanística Valenciana (LUV), su sucesora, lo hicieron, con mucha inteligencia, empleando una jurisprudencia maximalista que pretendía extraer de las normas que la UE da para armonizar las licitaciones públicas una serie de principios y reglas jurídicas que se deberían extender a casi cualquier actividad de la Administración, incluyendo la manera en que decide u opta por realizar una determinada planificación urbanísitca, y sus correspondientes racalificaciones, que deberían quedar impregnadas, además, de determinados valores. Se trata de una pirueta jurídica, cuando mínimo, dudosa. Y potencialmente peligrosa.

Si se acepta la intervención en un caso como éste habría que pensar que también deberemos aumirla en otros. Así que, por mucho que no gusten muchos contenidos de nuestro Derecho urbanístico, conviene ser prudente al aspirar a que el arreglo se produzca por medio de una intervención exterior. Es una competencia de la Comunidad Valenciana, y a lo que deberíamos aspirar es a arreglar desde aquí el modelo, sin congraturlarnos de que sea una intervención exterior la que actúe. De modo que es una buena noticia lo que ha decidido el Tribunal de la Unión, algo por otra parte, ya previsto desde hace unos meses, pues las conclusiones del Abogado General ya fueron esta línea. Nos obliga a mirar frente a frente al urbanismo valenciano. Y a asumir que en gran parte es como es en respuesta a un amplio consenso social, que es el que hay que ir tratando de cambiar. De eso se trata.



3 comentarios en Bruselas certifica que las normas urbanísticas valencianas se ajustan al Derecho de la Unión
  1. 1

    Siento disentir de tu opinión Andrés, realmente la Sentencia, mala en cuanto a su valor técnico pues no entra en el fondo del asunto, no es en nada favorable a los intereses de la Comunidad, tan sólo da una prórroga a los PAI hasta una nueva denuncia de la Comisión a la que el propio TJUE da un nuevo motivo de incumplimiento al considerar que pudiera tratarse de un contrato de servicios.

    Comentario escrito por mihi — 27 de mayo de 2011 a las 9:23 am

  2. 2

    Gracias por el comentario, mihi.

    Yo en esto estoy con Roger, no creo que sea un contrato público. Ni de obras, ni de servicios:

    http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Roger/contrato/publico/elpepuespval/20110527elpval_8/Tes

    Además me parece un error emplear la norma comunitaria como palanca, que es lo que pretendían los recursos, de cambio respecto de la manera en que se trata a los propietarios, sus derechos y garantías. Lo siento, pero esos temas no me parecen de competencia europea. Mejor o peor, es algo que hemos de arreglar aquí.

    No es bueno aceptar de buen grado una inmisión de otros poderes cuando coyunturalmente la decisión que pueden tomar va en la línea de lo que a nosotros nos gustaría. Estamos poniendo la semilla para futuras intervenciones que no tienen por qué ser de nuestro agrado siempre.

    La sentencia no validad la gestión urbanística que hemos hecho aquí, que en algunos aspectos es manifestamente mejorable. Pero concluye sensatamente que esos problemas no deben arreglarse hipertrofiando el alcance de normas comunitarias de licitación de contratos públicos pensadas para unos tipos de contratos muy concretos, para un tipo de acciones administrativas muy determinados.

    De sostenibilidad, derechos de los propietarios, reparto de cargas y plusvalías… habrá que hablar mucho en el futuro y, esperemos, cambiar muchas cosas. Pero habrá que hablar aquí, en las Cortes Valencianas.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 27 de mayo de 2011 a las 11:26 am

  3. 3

    Quina llàstima! Tocarà fer propostes polítiques i no confiar-ho tot als tribunals. Una mala notícia per a l’esquerra valenciana, certament.

    Comentario escrito por Mitrídates — 28 de mayo de 2011 a las 5:21 pm

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