Esperpento totalitario De Juana Chaos

La situación en torno al cumplimiento de condenas y posterior mantenimiento en prisión del etarra De Juana Chaos, dado que los eventos verbeneros protagonizados por la Justicia española (o el teatrillo que la representa en la Audiencia Nacional) prosiguen, obliga a dedicar más espacio a este lamentable (desde todos los puntos de vista) asunto. Aunque ya comentamos la primera parte de esta disparatada parodia, el hecho de que hoy se haya consumado la que parece la segunda pieza del vodevil obliga a actualizar algo, para ver si tratamos de entender qué está pasando en la Audiencia Nacional y en eso que veníamos llamando España democrática.

Desde la semana pasada, cuando aprovechamos para comentar lo ocurrido en torno a De Juana Chaos, los acontecimientos se han precipitado como consecuencia del empeoramiento del estado de salud del preso (resultado de su huelga de hambre «a base de chopped, jamón, queso y demás manjares», según informaba el periodismo independiente español). Junto a esto, también, afortunadamente, se ha comenzado a producir un cierto desplazamiento en la opinión publicada, que empieza a medio recoger (por supuesto, no en todos los medios) la perplejidad del hombre común frente a la arbitrariedad con que son tratados los presos en este país dependiendo de quién sean. Los juristas, de momento, parecen preferir (en general) seguir callando, pero esto no puede durar mucho más, dado el nivel de escándalo que se está alcanzando.

Es el caso que, de resultas de su forzadísima decisión de condenar a 12 años de cárcel al etarra por unas supuestas amenazas para lograr así que siguiera en prisión y «calmar a la bestia», De Juana Chaos se les moría como consecuencia de que no se le ocurrió otra cosa que ponerse en huelga de hambre para protestar frente a una decisión judicial a todas luces indecente. Por lo visto, los más «comprensivos» con la protesta del etarra eran los propios jueces que le condenaron con tanto rigor, quizás porque no deseaban sentirse culpables de la muerte del sujeto. Que, a fin de cuentas, sería una consecuencia mediata de una decisión de la que, en tanto que jueces, no pueden sino avergonzarse. Por mucho que sirviera para calmar a la bestia sedienta de sangre y que se pasa por el forro el Estado de Derecho (y no, por increíble que parezca, así de triste es esta historia, no estamos hablando de ETA). También se había mostrado «comprensiva» con la excarcelación del preso, fíjate tú qué cosas, la Fiscalía. Sí, la misma que tan magna labor acusadora llevó a cabo para lograr que De Juana fuera condenado a 12 años de cárcel por un delito de amenazas la apreciación de las cuales obligó a modificar la jurisprudencia y, llevada al extremo, podría servir para empezar a condenar por delitos de opinión a cualquier desafecto. Ni idea de cuáles eran los motivos del cambio, podemos ponernos a elucubrar todos: ya saben, que si el proceso de paz, que si Zapatero rendido a ETA de nuevo… Pongan a esto la banda sonora habitual, la que más les guste, porque el caso es que es relativamente poco importante.

Lo cierto es que, para evitar que pasara algo tan terrible como que no se mantuviera en prisión provisional (porque al estar recurrida su condena, ésta es su situación de momento) al etarra, la caverna en pleno tocó a rebato y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reaccionó presta. Ciertos jueces se movieron para exigir al Presidente que la decisión fuera tomada por el pleno y, voilà, los deseos de la España más educada en la venganza privada y en la ética de Puerto Hurraco se hicieron realidad.

Mientras dejamos al mundo de ETA festejando por todo lo alto el empecinamiento del Estado español, de gran parte de su clase política, de casi toda la opinión publicada, en aparecer como los resortes propios de una sociedad totalitaria, centrada en el exterminio de la disidencia y del enemigo político por los medios que sean (porque, recordemos, estamos hablando de una condean por amenazas que básicamente consistieron en la expresión de críticas al aparato estatal), centrémonos en la impúdica exhibición de las vergüenzas de nuestro Estado de Derecho:

1. El mantenimiento del preso en la cárcel a toda costa, ya sea alargando su condena ilegal e inconstitucionalmente, ya sea inventando un nuevo delito por el que condenarle, descalifica al aparato judicial español y a toda la clase política que lo ha jaleado. Jean-Marie Le Pen, oficialmente apestado, no debe de entender muy bien los motivos por los que es excluido. Ynestrillas, claro, ha abandonado este estadio, dado que sus posiciones y planteamientos en materia antiterrorista son prácticamente los de una importante mayoría del arco parlamentario español.

2. El desastre anterior sólo puede solucionarse de verdad, una vez empastrado el asunto, con la absolución del preso a cargo del Tribunal Supremo. Que, esperemos, acabará llegando. Porque mejor que así sea a que España haya de padecer, dentro de una década, un revolcón más en Estrasburgo por penar la mera emisión de opiniones.

3. No es una buena solución ni respeta la dignidad y libertad del preso, tratar de forzar su alimentación. Al margen de la carga de razón que tenga en su protesta, la huelga de hambre ha de seguir su curso. Que se trate de detener a toda costa responde más a una necesidad política (que el estropicio organizado no se agrave con la muerte de De Juana) que a razones jurídicas.

4. Si los jueces que lo sentenciaron y que son los competentes para decidir sobre este asunto, creen inconveniente e innecesario que, en tanto que la condena no sea firme, De Juana Chaos esté en prisión, pueden dejarlo en libertad provisional sin necesidad de recurrir a la coartada de su grave estado de salud. Pueden valorar, sencillamente, que no concurren ninguna de las circunstancias que, excepcionalmente, permiten mantener a alguien en prisión provisional. Por ejemplo, analizando que, a fin de cuentas, se trata de una condena por un delito de amenazas (¿qué «alarma social» plantea un delito de amenazas?). O estableciendo medidas alternativas para conjurar el riesgo de fuga. Emplear una «excusa médica» es un error más sobre la larga lista de estupideces cometidas. Entre otras cosas porque, dado que no estamos ante una «enfermedad terminal», supone forzar claramente la interpretación requerida.

5. De los últimos acontecimientos lo más grave es la «sublevación» de algunos jueces de la Audiencia Nacional para lograr, como sea, que el preso siga en la cárcel. Que es de lo que se trata. Y, para ello, como ha quedado demostrado, están dispuestos a cualquier cosa. Porque se entiende que De Juana Chaos ha de estar en prisión. Sí o sí. Y cómo se consiga es lo de menos. El toque de campana para lograr avocar la decisión sobre su libertad provisional al pleno lo pone de manifiesto. Porque para hacerlo han tenido que saltarse a la torera varias garantías importantes en un Estado de Derecho. Y algunos pensarán «total, ¿qué más da, por contravenir otras tres o cuatro garantías constitucionales?». Y nadie podrá reprochárselo. Pero conviene explicarlo, aunque sean abstrusas cuestiones procesales, porque dan idea de cómo, para lograr una decisión materialmente infame y vergonzosa, ha habido que, sucesivamente, salterse un gran número de cautelas y de garantías que hacen que un Estado pueda llamarse de Derecho. Las dos últimas, esta misma mañana:

– La decisión sobre la libertad provisional de un preso es del tribunal sentenciador y no puede ser avocada por el pleno. Ignoro en qué vericueto legal habrán apoyado la posibilidad de hacerlo, pero es obvio que el hecho de que el Presidente de un tribunal pueda llevar al pleno cualquier asunto que juzgue relevante no tiene nada que ver con que se ventile en él una parte del mismo que ha de estar inescindiblemente unida a la labor de juzgar. El principio de unidad de jurisdicción exige que las decisiones sobre la libertad o prisión provisional sean adoptadas por el tribunal sentenciador, que es el que conoce las circunstancias del caso, del preso, de su personalidad… y puede en consecuencia valorar correctamente, ponderar con rigor, las circunstancias que permiten excepcionalmente decidir la prisión provisional de un ciudadano.

– Admitiendo que la decisión sea tomada por el pleno se vulnera, adicionalmente, una segunda garantía de gran importancia, relacionada con la garantía de objetividad del juez. Los ciudadanos tienen derecho a que los jueces que les juzguen no tengan una idea preconcebida sobre su caso o su persona. Es el motivo por el que un juez que haya participado en la instrucción de un asunto no puede participar en el tribunal sentenciador. Se dice entonces que se trata de un juez contaminado. Pues bien, parece ser que en la Sala que se ha reunido esta mañana en pleno para decidir sobre la libertad de De Juana Chaos había varios jueces contaminados por haber participado previamente en procedimientos contra el etarra.

Son estas últimas objeciones puramente procesales, que a lo mejor incluso habrá quien entienda que pueden salvarse por algún tipo de interpretación legal (el Derecho es así, permite casi todo, aunque en este caso esa visión por mucho que pudiera acomodarse a la letra de la ley contrariaría el espíritu de los principios y garantías constitucionales involucrados; otra cuestión es ya la importancia que cada cual quiera darles a éstas y aquellos), pero que tienen una enorme importancia en una democracia y un Estado de Derecho. Aunque sea como prueba de que estamos ante una decisión que obedece a la puesta en práctica de acciones previamente decididas, sobre la base de consideraciones políticas y de satisfacción del ansia de venganza. Por este motivo y solo por éste se explican. Motivo por el cual estos problemas aparentemente radicados en oscuras formalidades iluminan la verdad del problema de fondo. La voluntad de que, por mucho que haya que contravenir mil y un principios constitucionales, acaban llevándose a término las acciones planteadas. Y es así como podemos disfrutar de un capítulo más de este esperpento totalitario en el que, para su desgracia, actúa también, en papel principal, De Juana Chaos.



40 comentarios en Esperpento totalitario De Juana Chaos
  1. 1

    Como bien diría Guillem Martínez, por boca de Popota: la Audiencia Nacional es franquista, fascista, fachista y seguramente también madridista. Si hubiese dictaminado lo contrario, seguramente también lo sería, pero menos.

    Podéis recurrir al Tribunal Constitucional, pero ya lo dice el mismo Guillem: a más TC, más CT; y a más CT, más TC. ¿TC CT? ¡CT TC!

    Comentario escrito por Bocanegra — 25 de enero de 2007 a las 1:02 pm

  2. 2

    «El caso es que, para evitar que pasara algo tan terrible como que no se mantuviera en prisión provisional (porque al estar recurrida su condena, esta es su situación de momento) al etarra, la caverna en pleno tocó a rebato y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reaccionó presta. Ciertos jueces se movieron para exigir al Presidente que la decisión fuera tomada por el pleno y, voilà, los deseos de Mariano Rajoy se hicieron realidad.»

    Claro, claro, claro. Y si hubiesen dicho lo contrario, serían los deseos del Fiscal General (designado por el Gobierno) los que, voilà, se habrían hecho realidad.

    Si piensas mal de los demás cuando las decisiones no te gustan, Andresito, los demás también pensarán mal de ti y los tuyos cuando las decisiones te gusten.

    Por cierto: me gustaría que me explicaras el fundamento doctrinal de que, si bien los jueces son independientes (excepto los nombrados por el PP: ya se sabe que sólo la «izquierda» es democrática), los fiscales siguen una escala jerárquica de obediencia militar, y en última instancia su jefe es designado por el Gobierno.

    No me vale que esto se haga en el resto de países de Occidente: supongo que alguien le encontró un fundamento teórico, y todos los demás estuvieron de acuerdo y lo copiaron. Yo pregunto: ¿cuál es ese fundamento? Porque el fiscal defiende la legalidad, pero también lo hace el juez; y si éste no sigue órdenes ni consignas (salvo las del PP, por supuesto), ¿por qué tiene que hacerlo el fiscal?

    Comentario escrito por Bocanegra — 25 de enero de 2007 a las 1:09 pm

  3. 3

    Reconozco que lo de Mariano Rajoy es un exceso retórico injusto y desafortunado.

    El problema no es quién toma la decisión y si gusta a tal o cual. El problema es cuando la presión política provoca que se sustraiga la decisión a un órgano (por miedo a que decida en un sentido) para que lo haga otro (que adoptará la posición contraria). Cuando, además, al hacer eso se vulneran garantías la cosa es especialmente grave.

    Los fiscales dependen del ejecutivo porque sus funciones no son sólo de defensa de la legalidad, sino que, en el marco de la misma y velando por su respeto, están llamados a cumplir funciones ejecutivas: son los encargados de desarrollar la política criminal del ejecutivo. Las decisiones de política criminal, como es lógico, son cuestiones que incorporan valoraciones políticas y es lógico por ello que tengan un amparo democrático. Por eso en los países donde la fiscalía no depende del ejecutivo depende de los ciudadanos. Una tercera opción, la habitulamente propuesta en España, es que el Fiscal General del Estado sea elegido por el Parlamento. Sin embargo, dogmáticamente, supondría la paradoja de que tendríamos dos ejecutivos: uno para la política criminal, otro para el resto de mandatos constitucionales. Al margen de su convenciencia o inconveniencia, no es de momento constitucional. En cualquier caso, la unidad del ejecutivo en nuestra sistema de separación de poderes está llamada a ser puesta en cuestión tarde o temprano. Así que no sería de extrañar que empezáramos por la cuestión de los fiscales.

    A mí nunca me ha parecido demasiado grave la conexión Gobierno-fiscales, más allá de que ciertas actuaciones producto de esta correa de trasmisión sean muy criticables (por ejemplo, toda la actuación de la fiscalía en el asunto De Juana). En esos casos lo criticable es la decisión, no el origen de la misma. Quiero decir, que me parece fatal cómo se ha comportado el Gobierno pidiendo sangre de De Juana para exponerla en la plaza pública. Pero que me parece que es la función de un Gobierno en una democracia la de optar por pedir sangre o no. Lo prefiero mucho antes a que eso dependa de una casta, ya sea de Fungairiños, ya de cualquier némesis izquierdista que podamos encontrar (es curioso, ahora que caigo, que sea complicado encontrar «indomables» en la izquierda de la fiscalía). Lo que es grave es la conexión jueces-fiscales. Pero de eso casi nadie habla.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 25 de enero de 2007 a las 1:22 pm

  4. 4

    Y, por cierto, la Audiencia Nacional lo que es es un tribunal especial, que tendría que desaparecer y que genera numerosísimos problemas, los menores de los cuales no son su natural (y perfectamente explicable, dadas sus funciones y encuadre institucional) tendencia a la criminalización de ciertas actividades, la actuación exorbitante de sus fiscales, las atribuciones de sus jueces de instrucción…

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 25 de enero de 2007 a las 1:25 pm

  5. 5

    Mi exceso retórico injusto y desafortunado me persigue: Mariano Rajoy declara que la decisión de que a un ciudadano condenado por un delito de amenazas no se le conceda la libertad provisional constituye una de las grandes alegrías de su vida.

    http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276297514.html

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 25 de enero de 2007 a las 4:50 pm

  6. 6

    Totalmente de acuerdo con el artículo, que retrata maravillosamente las vergüenzas de nuestro amado Estado de «Derecho». Que un etarra cumple su condena y debe salir a la calle? No problem, 4 plumillas y voceros radiofónicos se ponen a dar gritos histéricos, el Gobierno acojonado por la «alarma social» (me encanta este término, quien aprieta el botón que la hace saltar?) y 12 añitos más al trullo por escribir un par de artículos. Y claro, después les entra el miedo de que el pajarillo se les muera en la jaula de inanición y se convierta en un mártir gudari (pasando olímpicamente de los deseos de De Juana, pues es él el único dueño de su vida y puede hacer lo que le venga en gana con ella). Pero a ver quien tiene los cojones de soltarlo tal como está el patio? Pues ala, a seguir metiéndole fabadas por la vena…

    Comentario escrito por Pésimo — 25 de enero de 2007 a las 5:01 pm

  7. 7

    No conozco bien los detalles del caso, pero desde hace tiempo he tenido la impresión de que aquí se habían ido vulnerando sucesiva y flagrantemente muchas de las garantías básicas en un Estado de Derecho (el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, en cuanto que se interpreta de manera manifiestamente irrazonable la legalidad penal en contra del reo, el principio del libre desarrollo de la personalidad, por lo del tema de la alimentación forzosa, etc.). Andrés lo ha explicado muy bien.

    Lo que me parece que Andrés no ha resaltado suficientemente es que la situación del sr. Juana es la de prisión provisional. Esto es muy importante, creo. El principio, en un Estado de Derecho, es que nadie puede ser encarcelado a menos que sea condenado a través de un proceso justo en el que se aporten suficientes pruebas incriminatorias. Pues bien, ese proceso todavía no ha terminado, porque la Sentencia (digamos) de primera instancia aún no es firme. Todavía es posible que los Tribunales declaren que el sr. Juana es inocente. ¿Qué os parecería si el mismo día en el que el Tribunal Supremo se pronuncia en este sentido la palma el colega?

    Es claro que a uno lo pueden encarcelar provisionalmente, pero esta debe ser una medida del todo excepcional, por los perjuicios irreparables que puede ocasionar. Básicamente, sólo es admisible esta medida cautelar cuando existe un riesgo muy elevado de que el reo se fugue (y, por ello, no pueda cumplir una eventual condena) o cometa un hecho antijurídico mientras los Tribunales aclaran definitivamente su culpabilidad. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que meter a alguien en la carcel (y, bueno, ya puestos, atarlo a una cama de pies y manos para alimentarlo a la fuerza) por el simple hecho de que su libertad cause «alarma social» es aberrante, impropio de una sociedad civilizada; puede causar un daño innecesario a una persona cuya presunción de inocencia todavía no ha sido destruida concluyentemente. Pues bien, a primera vista, me parece bastante improbable que el sr. Juana se dé a la fuga o cometa un nuevo delito en el ínterin. Y, en cualquier caso, parece que existen otros mecanismos igualmente eficaces para enervar estos riesgos pero mucho menos agresivos para la libertad,la dignidad y la vida del afectado. La medida es manifiestamente desproporcionada.

    El argumento según el cual el sr. Juana es un hijoputa y se merece que no se le dé el trato previsto por la ley es inadmisible por muchas razones, pero especialmente por una. Al admitir esta posibilidad, corremos, todos, el riesgo de que en un momento dado la autoridad pública de turno (que puede cometer errores y actuar movida por intereses muy diversos) nos considere unos hijosdeputa. El peligro es demasiado serio, habida cuenta de que en ningún lugar se define lo que es un «hijodeputa merecedor de un trato excepcional» ni cuál es el alcance de semejante trato. El riesgo de que se cometan errores, abusos y arbitrariedades es excesivo. Yo, desde luego, prefiero eludirlo.

    Un abrazo

    Comentario escrito por Gabriel — 25 de enero de 2007 a las 11:21 pm

  8. 8

    Lo que es un esperpento es un pais en el que a un tio que asesina a 25 personas , se rie de ellos y presiona a los jueces se le defienda en tantos medios que cuanto asesinaban a un guardia civil no le dedicaban ni media linea.

    Comentario escrito por Macanaz — 26 de enero de 2007 a las 12:38 am

  9. 9

    El escándalo De Juana no es hoy, sino cuando el Ministro de Justicia, López Aguilar, alega alarma social para meterle doce años a un tío por dos artículos de opinión que, como bien decía álvaro, pasaron el filtro de los carceleros que espían las comunicaciones de los etarras.

    Comentario escrito por popotez — 26 de enero de 2007 a las 2:09 am

  10. 10

    A ver, Andrés, tómate una tila y sosiega tu histerismo de hooligan, porque eso te lleva a gritos impropios de un gurú, acusaciones de parcialidad contra un único lado del espectro (claro, el otro no presionaba para que la decisión le favoreciera), y a mezclar conceptos que no tienen relación esencial.

    Una cosa es que a un tío le condenen a 12 años por supuestas amenazas (que en caso de ser auténticas por supuesto que generan alarma social: imagina que yo publico todos tus datos privados y luego te amenazo de muerte, a ver qué opina la peña), y otra que a un tío haya que mandarle a casa por ponerse en huelga de hambre. Imagina el efecto llamada que eso causaría: no sólo todos los terroristas, violadores y pederastas harían lo mismo (y a ver con qué justificación se les niega), sino que, ¡horror!, cualquiera podría adoptar esa medida para exigir que se paralizara Der Prozess, o incluso que dimitiera el Imbécil monclovita. Tú le considerarías culpable si no cumpliera humanitariamente tales exigencias, ¿verdad? Ah, no, que estaríamos hablando de un pepero chantajista, no de un simple asesino en serie.

    Por lo demás, volviendo a mi pregunta inicial, me parece un escándalo que el fiscal defienda la legalidad y a la vez sea un ejecutor de la política criminal del Gobierno. Por muy extendido que esté en todos los países, nos encontramos con casos como éste, donde no se sabe si el fiscal pide una pena porque se ha violado la Ley, o porque sigue ciegamente las órdenes de su jefe, y éste a su vez del Gobierno. Deberían separarse ambas funciones en dos personas distintas: por un lado, un fiscal independiente que actuara estrictamente para defender la legalidad; y por otro, el comisario político que actuara según las órdenes que recibe de arriba. Así no habría confusión y se sabria perfectamente quién actúa, por qué, y con órdenes de quién.

    Comentario escrito por Bocanegra — 26 de enero de 2007 a las 9:28 am

  11. 11

    » Lo que es grave es la conexión jueces-fiscales. Pero de eso casi nadie habla.»

    Cierto que es grave. Por eso, cuando sale el Fiscal General del Gobierno, perdón, del Estado, pidiendo a los jueces que actúen en función de la nueva realidad social, dejando al margen la legalidad, yo me echo a temblar, recordando esa conexión antedicha: voilà, los deseos del Ejecutivo de moldear toda la esfera social según sus pretensiones podrían hacerse realidad.

    Comentario escrito por Bocanegra — 26 de enero de 2007 a las 10:23 am

  12. 12

    Creo que, hasta el momento, nadie ha dicho nada que ni de lejos pueda ser entendido con buena voluntad como una defensa de que hay que sacar de la cárcel a De Juana Chaos por haberse puesto a hacer una huelga de hambre. Es más, probablemente sólo entraron en esa lógica quienes trataron, en sus inicios, de ridiculizar la protesta del preso hablando que si del chopped, que si del jamón de york. No es eso.

    Por supuesto que la mayor responsabilidad en este asunto es del Gobierno, que se ha comportado de manera deplorable, ya sea por dejarse arrastrar por una corriente de opinión muy mayoritaria en los medios y muy agresiva, ya sea por convicción en las tesis de que el Código penal que nos legó el Caudillo era demasiado benévolo con el crimen. Dadas las reformas del Código penal que se suyceden desde 1995, ya gobiernen unos, ya gobiernen otros, con idéntico leit motiv (endurecimiento de penas), uno se siente tentado a pensar lo segundo. Y es una pena que así sea, máxime siendo Ministro de Justicia alguien como Juan Fernando López Aguilar, a quien su formación no se le puede discutir o Vicepresidente del Gobierno alguien como María Teresa Fernández de la Vega. Todo esto hace si cabe más lamentable el asunto.

    Ocurre que, al margen de que estas medidas se adopten con el apoyo de la oposición (o, como en este caso, con la oposición pidiendo más madera), quien es el máximo responsable es el Gobierno, que a fin de cuentas es quien manda. Y es el Gobierno el responsable de haber activado a la fiscalía en plan impresentable y de todo lo que ha venido después. Es el Gobierno el máximo promotor de la búsqueda de vías para que el preso siguiera en la cárcel.

    Pero por esto está bien que la fiscalía dependa del Gobierno. Porque esta orientación, si adoptada por un Gobierno, nos permite reaccionar y decidir que a sujetos que juegan con el Código penal de una manera tan peligrosa (por el motivo que tan espectacularmente bien ha explicado Gabriel) pues que los vote Rita. Si los fiscales fueran independientes y libres de decidir según su arbitrio si meter presión al Estado de Derecho o por el contrario dejar de perseguir episodios menores de kale borroka, ¿a quién pedimos cuentas?, ¿a unos señores inamovibles en su cargo, que han accedido al mismo por una oposición, que conforman un cuerpo cerrado, que se retroalimentan en sus decisiones?

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 26 de enero de 2007 a las 11:17 am

  13. 13

    Se les pediría cuentas lo mismo que a los jueces, que también pueden no sancionar los episodios «menores» de kale borroka (¿alguna vez has visto lo que es eso ante tus propios ojitos?) o jugar con el Estado de Derecho. Estos son inamovibles e independientes, pero pueden ser sancionados por el CGPJ; pueden crear el mismo órgano para los fiscales, y no depender en línea recta de un único Comandante en Jefe.

    En cuanto a que el Código Penal que nos legó el Caudillo era muy benévolo con el crimen, y que endurecerlo no es de progres, puedes hablar con tus paisanos, y con tus vecinos del norte; a ver qué opinan sobre la ola de asaltos a chalets, joyerías y cualquier tipo de tienda, donde el criminal sale con una condena mínima, y ale, a disfrutar otra vez. Si no están de acuerdo contigo, siempre les puedes llamar neofranquistas, derecha encubierta, peperos retrógrados, antidemócratas, y todo el arsenal de vuestro diccionario.

    Yo siempre me he preguntado, cuando aparece en las noticias «Desmantelada peligrosa banda de delincuentes», si eso significa que los van a poner a la sobra una buena temporada, o que se limitan a ficharlos, añadir una nueva muesca a su «largo historial delictivo», y a la calle hasta nueva orden. De depender de ti, no tengo la menor duda de cuál sería el resultado. Animo, que sólo te faltan ¿10, 12, 15 años? para poder entrar en el CGPJ, y podrás moldearlo según tus innovadoras teorías.

    Comentario escrito por Bocanegra — 26 de enero de 2007 a las 3:46 pm

  14. 14

    El terrorista De Juana Chaos,tendrá que fastidiarse,tal vez para alguna gentuza (es decir etarras y proetarras),que campan a sus anchas por las provincias vascongadas lo sentirán mucho,pero en todo caso desde luego no se le condena a muerte,además aquí los únicos señalados para su ejecución son los no nacionalistas,en fin PNV,EA,Batasuna o como se llame,ETA,la misma basura.

    Comentario escrito por Besteiro — 26 de enero de 2007 a las 7:39 pm

  15. 15

    en definitiva supongo que todo esto ocurre porque los políticos piensan (probablemente con razón) que al español medio en el fondo se la suda si es justo o no, que lo que quiere es que se pudra en la cárcel y punto. A partir de ahí viva la demagogia.

    Comentario escrito por l.g. — 26 de enero de 2007 a las 11:07 pm

  16. 16

    resulta que a la vista de los datos de la analitica publicados, era verdad que el tio este, de huelga de hambre nada…alimentado,bien alimentado… es nomrla,estos de ETA siempre han sido unos cobardes para matar a indefensos, no van a serlo aun mas para arriegar su propia vida…

    Comentario escrito por PETERMAN — 27 de enero de 2007 a las 4:57 pm

  17. 17

    Joder,menudo sobrao.Más leer y más estudiar antes de pontificar sobre cuestiones jurídicas.Menuda sarta de gilipolleces,»La decisión sobre la libertad provisional de un preso es del tribunal sentenciador y no puede ser avocada por el pleno»,ya,porque lo digas tú,que eres un bloggerrrr muuu culto.Y la AN es un Tribunal especial(como el Constitucional,supongo,que ese si que no pertenece a la jurisdicción ordinaria),y tiene jueces de intrucción propios,desde ayer.Fale.Malegro.Tu mensaje sería divertido si no fuese irremediablemente estúpido,e ignorante.Enterao.

    Comentario escrito por M — 28 de enero de 2007 a las 2:45 pm

  18. 18

    Ah,y no había reparado en que ahora la jurisprudencia la fija la Audiencia Nacional.Otra más.

    Comentario escrito por M — 28 de enero de 2007 a las 2:59 pm

  19. 19

    Estoy de acuerdo con todo el art. pero el punto 3 se ofrece para dar una argumentación a favor del fallo y a mí me parece el más importante.
    Lo más inmediato es el estado de salud del etarra y es obvio que aquí choca frontalmente el deber del estado como responsable de su bienestar con la libertad y dignidad del individuo es decir, la propia definición de lo que es una huelga de hambre. Parece que los médicos asumen, de manera poco rotunda, que De Juana mejoraría en su domicilio pero la defensa no acompaña el pedido con una declaración de intenciones por parte del etarra en donde se indicase que depondría su actitud de serle concedida la excarcelación hasta la resolución de su recurso, contrariando al sentido común que parecería demandarlo si el obj. es la recuperación del etarra. Si lo anteriormente expuesto se ajusta a la realidad y si en ello se basase la decisión del tribunal estaría completamente de acuerdo.

    Comentario escrito por Carlos Arrikitown — 28 de enero de 2007 a las 10:36 pm

  20. 20

    Disculpe, señor M: ¿podría usted explayarse sobre sus afirmaciones, y enumerarnos sus títulos académicos y nobiliarios que le confieren la autoridad para sostenerlas? Es que por aquí somos unos zotes en materia leguleya, y por eso seguimos las homilías del gurú profesor Andrés con la misma Fe que exige Zapatitos para su nueva religión laica. Pero al leerle a usted se nos antoja la duda de que estemos confiando la salvación de nuestra alma a un falso profeta. Aclárelo, please.

    Comentario escrito por Bocanegra — 29 de enero de 2007 a las 1:38 am

  21. 21

    Querido M:

    – La nueva doctrina jurisprudencial en materia de cumplimiento de penas, como creo que está suficientemente explicado (y de manera harto exhaustiva) en el asunto tratado con anterioridad a este, ha sido fijada por el Tribunal Supremo (Sala Segunda, o sea, la de lo Penal).

    – La Audiencia Nacional, al pronunciarse sobre las amenazas como lo ha hecho, no «fija jurisprudencia» en el sentido de que haya otros tribunales obligados a seguir la manera de entenderlas que expresa esa sentencia. Pero es que, como supongo que Usted sabrá, eso no lo hace ninguna sentencia en España de la jurisdicción ordinaria (tampoco las del Tribunal Supremo), dado que cada juez tiene absoluta independencia para decidir en Derecho. En cambio, como supongo que Usted sabrá, la sección de la Sala de lo penal de la AN que decidió sí queda de alguna forma «vinculada» a su interpretación, como sostiene la jurisprudencia del TC, sobre la que sólo podrá venir de forma motivada (esto es, explicando expresamente por qué la decisión previamente adoptada era un error).

    – La Audiencia Nacional, por supuesto, cuenta con juzgados de instrucción. Los ¿tristemente? archiconocidos Juzgados Centrales de Instrucción. La AN es una anomalía en la planta judicial española, perpetuadora de la tradición del TOP, en cuanto que «alltera» el principio constitucional de «juez natural» (según el TC esto no significa que vulnere la prescripción constitucional de juez predeterminado por la ley, aunque supongo que sabrás de la inacabable polémica doctrinal sobre este asunto). En cualquier caso, mi planteamiento no es de constitucionalidad, por mucho que piense que está muy fundada la posición de quienes creen que con el texto de 1978 tendría que desaparecer. Se trata más bien de una reflexión sobre las patologías que conlleva, en lo judicial, la especialización funcional en labores inquisitivo. Porque eso acaba provocando tendencias, muy naturales, que no son nada sanas.

    – Y sí, las decisiones sobre la libertad provisional de un preso corresponden al tribunal sentenciador. Porque son parte inescindible de la condena y la manera en que se decide que sea ejecutable. La prueba de que así es la tienes en este mismo caso: ¿quién iba a decidir inicialmente? el tribunal sentenciador. Podría haber ocurrido que por avatares del sorteo se hubiera dado la circunstancia de que le hubiera vuelto a tocar a la misma sección resolver, pero es improbable. Y, es más, si hubiera sido entendida la cosa como una «nueva» asignación precisamente esa sección habría quedado excluida del sorteo por estar «contaminada». Lo que ocurre es que, al tratarse de una decisión que se entiende que es parte de la sentencia pues compete al tribunal sentenciador.. No es una cuestión de «cumplimiento», como por otro lado deja patente el hecho de que, en contra de lo que habría ocurrido en tal caso, no se está encargando de todo este follón el juez de vigilancia penitenciaria (que es el que lo haría en caso de terceros grados y rollos de esos).

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 29 de enero de 2007 a las 9:55 am

  22. 22

    Querido Andrés:

    Los Juzgados Centrales de Instrucción no instruyen sólo para la AN,sino para los Juzgados Centrales de lo Penal además de ocuparse de»tramitar los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, así como los expedientes de extradición pasiva, en los términos previstos en la Ley»,
    así que difícilmente puede decirse que son «propios»de la AN.La AN es un órgano legal y legítimo(criticable por supuesto),que copia el modelo italiano de Tribunal Central para crimen organizado(como la AN,basicamente,que no sólo es para ETA),y a mi me parece,que con sus defectos,ésta es una decisión acertada.Sobre tu último párrafo,art.197 LOPJ,»podrán ser llamados, para formar sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la Administración de Justicia».

    ¿Es criticable?.Por supuesto,como todo en derecho.¿Es ilegal?.De ningún modo.Y esos 3 jueces no forman sección,sino Sala(pero bueno,esto no tinen mayor importancia).

    Bocanegra,no se trata de títulos nobiliarios,sino de interpretar la Ley,que puede hacerse como lo hace el autor.Lo que no parece tan claro es que diga que una decisión que no le gusta es ilegal y «totalitaria».

    Comentario escrito por M — 29 de enero de 2007 a las 11:51 pm

  23. 23

    Debe comprender a Andrés: como no cree que los magistrados de la AN sean invitados por Popota para aportar interesantes puntos de vista a la página, no hay problema en llamarles «bestia sedienta de sangre», «caverna», «España educada en la venganza privada y la ética de Puerto Hurraco», exterminadores de la disidencia… Mientras no les llame «marquesitos clasistas», cualquier ataque personal está permitido y laureado.

    Lo de títulos nobiliarios es una broma por si tenía usted derechos históricos: algunos de por aquí le dan más importancia a su posesión o carencia que a la misma Ley, fíjese.

    Comentario escrito por Bocanegra — 30 de enero de 2007 a las 12:16 am

  24. 24

    Deberia hacer un analisis de lo que significan los «mitos» en el derecho. Uno de ellos es el que considera la AN como contraria al derecho al juez natural.A los 30 años de su creacion esa es una tesis que ya ha sido rechazada por el TC y, que yo sepa, el TEDH en ninguna sentencia ha considerado a la AN como un tribunal de excepcion.
    Naturalmente uno en el derecho puede pensar lo que quiera pero tanto si somos positivistas o realistas el derecho es lo que dicen la ley o los tribunales pero nunca los profesores de universidad comodamente instalados en su despacho sin pisar nunca una sala de justicia. Un tema para su blog podria ser la separacion entre el derecho abstracto e inutil que se suele enseñar en las facultades y el derecho del mundo real.

    Comentario escrito por Macanaz — 30 de enero de 2007 a las 11:42 am

  25. 25

    De todos los «expertos en libros de derecho» que hay por aquí, alguien debería explicar porqué a d.J.CH. se le quedan en 18 los años de trullo si eran tres mil. (no nos quedemos en el «·par de artículos».
    Alguno de vosotros debería no hablar del gobierno, en cuestiones judiciales (indepencencia judicial).
    Alguien debería discutir porqué cuando se usa la propia vida como instrumento de presión se tiene que salir «airoso» del trance por «humanidad» (Josu Jon dixit). Estos mismos asesinos usan la vida -ajena- como instrumento de presión, y no siempre salen airoso del trance (Miguel Angel Blanco). Les recuerdo que d.J.CH. intercedió con la cúpula de ETA en el secuestro de Ortega Lara … para que siguiese secuestrado, en una de las mayores infamias de la historia española del último siglo.
    Desde aquí, mi apoyo a d.J.CH. Hasta la muerte, vencerás! Hijo de puta.

    Comentario escrito por Murdoch — 30 de enero de 2007 a las 3:18 pm

  26. 26

    Hpy, en el pleno del ayuntamiento donostiarra ha habido un bello ejercicio de talionismo de ese que por aquí se confunde con el estado de derecho.

    Comentario escrito por popota — 30 de enero de 2007 a las 4:22 pm

  27. 27

    ¿Lo cuálo? Ah, sí, como sólo lo mencionan en Gara (ya se podrán imaginar ustedes de que irá el asunto), me ha costado encontrar esa noticia. Veamos… familiares de los asesinos etarras… interrumpen el pleno con pancartas y gritos en favor del criminal De Juana… sí, ya, lo de siempre, gente pestífera que confunde el Estado de Derecho con imponer su voluntad a hostias, si no es con tiros en la nuca. Nada que no supiéramos, Popota.

    Comentario escrito por Bocanegra — 30 de enero de 2007 a las 4:56 pm

  28. 28

    Estado de derecho, TC, Juzgados centrales de lo penal ?????? hablamos de la vida de … 25 inocentes.
    Popota el talionismo es que yo coja una pistola y mate al pájaro ese y a 24 familiares queridos. Dejarle morir es simplemente dejarle consumar su voluntad última, la inanición voluntaria. Las «huelgas» se las dejamos para los autobuseros, las enfermeras, y los pilotos de Iberia, no para el hambre.
    De Juana Chaos, el día que te mueras, se me escapará una sonrisa y contaré las horas que le quedan a la siguiente víctima inocente de los asesinos de ETA. Habrá que volver a hablar de muertos, Popota.

    Comentario escrito por Murdoch — 30 de enero de 2007 a las 5:35 pm

  29. 29

    «»Que se lleven unos bollos para el muerto de hambre»»

    María José Usandizaga dixit.

    Comentario escrito por popotez — 31 de enero de 2007 a las 12:46 am

  30. 30

    No entiendes la riqueza estilística que emana de ese juego de palabras, Popota, que deriva de un dicho muy conocido en castellano: «El vivo al bollo, y el muerto al hoyo».

    Durante muchos y amargos años, los amigos de ese por el que tanto gimoteas cambiaron la expresión a: «Al vivo el 9 mm. bollo, para que envíe a más muertos al hoyo». Ahora le cambian ligeramente la expresión, recomendando la mejor medicina para el que se ha puesto a morir por propia voluntad: que coma.

    La verdad, Popota, que ponernos primero los dientes largos con el «talionismo», y luego salir con tan cándida expresión, es un auténtico y gilipollesco parto de los montes; o de los bollos.

    Comentario escrito por Bocanegra — 31 de enero de 2007 a las 1:15 am

  31. 31

    Por 25 centimos cada uno, nombres de etarras asesinos con enormes condenas que sin terminar de cumplir las mismas salieron a la calle durante los años del Gobierno de Aznar sin que nadie dijese que el Estado se había rendido. Como, por ejemplo, Iñaki Bilbao, que fue puesto en libertad el año 2000 y al poco de tiempo asesinó a un concejal socialista. Un, dos, tres, responda otra vez:

    Artola Santiesteban, José Ramón – 327 años – 02/09/1986 – 04/08/2002 – A. Acebes
    Letona Viteri, Enrique – 311 años – 09/10/1987 – 14/05/2003 – A. Acebes
    Larrinaga Echevarria, Juan José – 221 años – 28/11/1980 – 14/112000 – Mayor Oreja
    Rementería Beotegui, Jaime – 220 años – 11/08/1983 – 08/01/2004 – A. Acebes
    Esquisabel Echevarría, Francisco – 180 años – 13/101980 – 17/08/2002 – A. Acebes
    Ugarte Zincunegui, Jon J. – 174 años – 19/06/1987 – 03/07/2003 – A. Acebes
    Echeandía Zorroza, Juan Xarlos – 172 años – 26/05/1983 – 06/07/2001 – M. Rajoy
    Oteagui Arezabala, Luis Mª – 162 años – 28/04/1987 – 20/06/2003 – A. Acebes
    González García, Fidel – 160 años – 19/05/1981 – 05/09/2000 – Mayor Oreja
    Alberdi Olano, Ernesto – 135 años – 28/11/1980 – 15/09/2001 – M. Rajoy
    Bengoa Unzurranzaga, Félix – 134 años – 14/11/1980 – 21/10/1999 – Mayor Oreja
    Aguirre Aguirre, José Ángel – 133 años – 28/10/1985 – 26/05/2003 – A. Acebes
    Ancizar Tellechea, Fermín – 126 años – 19/05/1981 – 23/07/2001 – A. Acebes
    Cabello Pérez, Francisco – 120 años – 05/11/1986 – 12/02/2003 – A. Acebes
    Nazabal Auzmendi, Juan – 106 años – 03/10/1979 – 20/04/1998 – Mayor Oreja
    Galardi Sagardía, Itziar – 101 años – 01/03/1982 – 12/02/2002 – M. Rajoy
    Anza Ortuñez, Juan Mª – 101 años – 20/02/1982 – 18/10/2002 – A. Acebes
    Iraculis Albizu, Fernando – 99 años – 30/03/1982 – 27/11/2002 – A. Acebes
    Irastorza Fernández, Eugenio – 96 año – 28/02/1980 – 09/09/2003 – A. Acebes
    Echevarri Ayesta, José Antonio – 94 años – 09/07/1980 – 18/01/2002 – M. Rajoy
    Jiménez Zurbano, Jesús – 94 años – 22/11/1988 – 31/05/2003 – A. Acebes
    Zabaleta Mendía, Ángel – 94 años – 13/06/1989 – 08/03/2004 – A. Acebes
    Ormaechea Antepara, Jesús Mª – 88 años – 08/05/1984 – 24/01/2003 – A. Acebes
    Muiños Díaz, Agustín – 88 años – 16/05/1984 – 25/02/2002 – M. Rajoy
    Ostolaza Alcocer, Manuel – 85 años – 05/02/1981 – 07/07/1999 – Mayor Oreja
    Pagola Cortajarena, José A. – 78 años – 27/06/1984 – 17/10/2003 – A. Acebes
    Garciandia Solano, Ricardo – 73 año – 20/10/1981 – 23/11/1999 – Mayor Oreja
    Guridi Arocena, Pedro Juan – 68 años – 14/11/1980 – 11/04/2001 – M. Rajoy
    Alberdi Zubizarreta, Miguel – 68 años – 06/12/1984 – 14/11/2001 – M. Rajoy
    Areizaga Arozamena, Salvador – 67 años – 17/11/1981 – 12/12/2002 – A. Acebes
    Zabaleta Garmendía, José R. – 66 años – 12/12/1987 – 07/02/2003 – A. Acebes
    Recarte Gutiérrez, Gloria Mª – 65 años – 29/10/1981 – 24/11/2000 – Mayor Oreja
    Jaio Bustinduy, Jon Iñaki – 64 años – 09/06/1985 – 11/09/2003 – A. Acebes
    González Merino, Juan Manuel – 63 año – 20/06/1984 – 04/03/2000 – Mayor Oreja
    Aldanondo Luzuiriaga, Joaquín Mª – 58 años – 21/12/1986 – 27/10/1999 – Mayor Oreja
    Merino Quijano, José Luis – 57 años 28/03/1984 – 27/09/2001 – M. Rajoy
    Eguibar Michelena, Coro – 53 años 20/02/1982 – 05/08/2000 – Mayor Oreja
    Bilbao Goicoechea, Ignacio J. – 52 años – 06/07/1983 – 28/09/2000 – Mayor Oreja
    Marcos Olaizola, Luis M. – 51 años – 04/02/1981 – 7/10/2001 – M. Rajoy
    Apecechea Arozamena, Juan M. – 50 años 17/05/1980 – 08/04/1999 – Mayor Oreja
    Arluciaga Iribar, José A. – 48 años – 19/05/1981 – 27/05/1999 – Mayor Oreja
    Zumárraga Luzuriaga, Miguel G – 48 años – 31/12/1986 – 14/02/2003 – A. Acebes
    Pastor Landa, Luis Alberto – 46 años – 22/01/1982 – 19/11/1999 – Mayor Oreja
    Izaga González, Ricardo – 45 años – 07/03/1986 – 21/04/2002 – M. Rajoy
    Izaguirre Iglesias, Teodoro – 44 años – 22/01/1981 – 12/06/2003 – A. Acebes
    Aguirre Arin, Gervasio – 43 años – 01/01/1980 – 17/05/2002 – M. Rajoy
    Viaña Balda, Emiliano – 42 años – 27/10/1987 – 10/09/1999 – Mayor Oreja
    Arzallus Eguiguren, José M. – 42 años – 02/06/1980 – 15/04/2000 – Mayor Oreja
    Aguirre Echetia, Enrique – 42 años – 16/07/1980 – 14/05/2000 – Mayor Oreja
    Olagorta Arana, Juan A. – 41 años – 16/07/1980 – 11/04/2001 – M. Rajoy
    Izaga González, Luis Javier – 36 años – 03/07/1981 – 19/06/2002 – M. Rajoy
    López Domaica, Saturnino – 36 años – 03/04/1981 – 19/02/2003 – A. Acebes
    Arnaiz Echevarría, José J. – 35 años – 06/09/1982 – 20/03/2004 – A. Acebes
    Beloqui Cortajerena, José J – 33 años – 01/10/1982 – 08/06/2000 – Mayor Oreja
    Martínez Apesteguía, Francisco J – 32 años 03/03/1979 – 16/03/2000 – Mayor Oreja
    Astola Ituretagoyena, José M. – 30 años – 22/01/1982 – 17/01/2002 – M. Rajoy

    Comentario escrito por Carlos Arrikitwon — 31 de enero de 2007 a las 10:00 am

  32. 32

    M, yo no he tachado de totalitaria la decisión concreta y última de todo este asunto, sino el conjunto de decisiones y actuaciones, que sí creo que permiten globalmente emitir ese juicio. Muy especialmente la revisión (de constitucionalidad más que dudosa, como espero que acabe quedando claro en el futuro) de la doctrina en materia de legalidad penal y la aparición de delitos «de autor». Porque, sí, la posibilidad de revisar retroactivamente la norma penal que se aplica a alguien y condenar de manera notablemente superior a lo previsto con carácter general en el momento de cometer el delito es propio de un sistema totalitario. Porque, sí, la determinación de conductas como delictivas o no, siendo idénticas, a partir de las condiciones subjetivas del sujeto por mucho que afecten y pongan en idéntico peligro al bien jurídico protegido es propia de regímenes totalitarios.

    Esta cuestión final es una mera guinda esperpéntica, que no plantea problemas de tanto calado por ser, como decía, una mera y oscura cuestión procesal. Informa, todo lo más, sobre el grado de retorcimiento al que estamos dispuestos a llegar si se trata de conseguir un determinado fin. Que jueces «contaminados» intervengan en una decisión no es totalitario. Es una irregularidad más o menos grave. El problema es que aquí eso pasa, además, como colofón a todo el asunto ya extensamente glosado.

    Dices también que el art.197 LOPJ señala que ”podrán ser llamados, para formar sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la Administración de Justicia”. Creo que desde un primer momento he reconocido la absoluta legalidad de avocar la decisión sobre asuntos a la Sala en pleno, pero indicando que en este caso no se trata de una decisión sobre un asunto (que perfectamente podría haber decidido el Presidente que tenía que ser decidido en pleno), sino de una concreción que corresponde al tribunal sentenciador. Son cosas distintas.

    Por otro lado, que yo sepa, los Juzgados Centrales de lo Penal forman parte también de la AN. Pero vamos, que a lo mejor ahí se me escapa algo.

    Respecto de la discusión sobre el «juez natural» y la AN, podemos estar de acuerdo en la cuestión jurídica. Creo recordar que ya explicaba antes que mis reparos respecto de la AN no son tanto de orden constitucional como de opinión sobre qué planta judicial es más adecuada. Reitero lo dicho: «En cualquier caso, mi planteamiento no es de constitucionalidad, por mucho que piense que está muy fundada la posición de quienes creen que con el texto de 1978 tendría que desaparecer. Se trata más bien de una reflexión sobre las patologías que conlleva, en lo judicial, la especialización funcional en labores inquisitivo. Porque eso acaba provocando tendencias, muy naturales, que no son nada sanas». Vamos, que para mí la clave es esta última cuestión. Manteniendo mis dudas sobre la constitucionalidad de la institución, lo que sí tengo claro es que su desaparición sería perfectamente constitucional. Pero es que no todas las opciones constitucionales son igual de buenas o han de parecernos igual de bien. Por eso no me he detenido en explicar el famoso y viejo pleito a cuenta de la cuestión del juez natural y he tratado de explicar someramente, en cambio, los motivos por los que me parece mal que subsista la AN.

    Aquí, por lo demás, no pedimos títulos nobiliarios para discrepar o discutir cosas. Es más, lo agradecemos mucho si es con argumentos y razones como las de tu último mensaje. Te agradecería por ello que te extendieras sobre lo de los Juzgados de lo Penal.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 31 de enero de 2007 a las 1:53 pm

  33. 33

    Bocanegra, te aseguro que mis queridos colegas de la Audiencia Nacional, algunos de ellos por estas cosas de la vida más o menos conocidos, saben que lo que se critica son sus decisiones y no a sus personas. Bueno, al menos así suele ser cuando criticamos en este ámbito. Quiero decir con esto que, espero, nada de lo que he escrito constituye un delito de amenazas por el que me puedan caer 12 años.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 31 de enero de 2007 a las 1:56 pm

  34. 34

    Y alguna cosilla suelta:

    – EL TEDH, en efecto, nunca ha cuestionado la AN. El problema es que la Constitución española es más exigente en materia de juez predetermiando por la ley que el Convenio Europeo. Pero vamos, que como hemos dicho ya varias veces tampoco nuestro TC ha cuestionado nunca el órgano. Esto constituye en el fondo una discusión vieja, muy técnica, sobre qué ha de entenderse por «juez natural» y hasta qué punto la exigencia de predetemrinación legal prevista en la CE constituye una apelación a esa doctrina en su versión más estricta. Es una vieja cuestión. A mí me interesa poco porque, como digo, la Audiencia Nacional me parece una institución que resuelve menos problemas de los que crea con independencia de que pueda aceptar su plena constitucionalidad (porque, como en muchas cosas, mi particular visión de qué sostiene la CE no me impide aceptar que las decisiones vinculantes al respecto las marca el TC,, en este y otros muchos asuntos en el fondo «menores», sin que ellos suponga graves conflictos para nadie, pues sólo un loco aspiraría a que en todo la CE fuera interpretada a su gusto -incluyáse en «sólo un loco», en consecuencia, a muchos talibanes de ciertas interpretaciones constitucionales-).

    – La cuestión no es si 18 años son muchos o pocos. O sí, pero ése es otro debate (el de la resocialización y sus exigencias constitucionales, por ejemplo). La cuestión aquí es que cuando se condena a alguien, sea quien sea, ha de hacerse a poartir del Código penal vigente en ese momento y de la misma manera que se haría con cualquier otro ciudadano.

    – Por otra parte, en estas cuestiones y otras conexas, puede ser divertdo en breve el festival de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en no mucho tiempo empezarán a llegar. La primera, ya veremos en qué términos, parece ser que será la que enjuicia la Ley de Partidos y su aplicación a Batasuna.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 31 de enero de 2007 a las 2:05 pm

  35. 35

    le propongo una serie de cuestiones respecto a lo que ha de exigirse a un estado para ser calificado » de derecho».
    – ¿ es admisible que un real decreto paralice la aplicacion de una LO?
    – ¿ es admisible que la policia detenga ilegalmente a dos militantes de un partido de la oposicion?
    – ¿es admisible que las escuchas telefonicas a concejales del partido de la oposicion ordenadas judicialmentes se filtren a los medios de comunicacion?
    – ¿ es admisible que a un funcionario que ocupa un puesto de libre designacion se le cese pq en su despacho hay un cartel critico con el presidente del gobierno?
    Efectivamente estoy de acuerdo con usted en que nos deslizamos ante un estado totalitario.

    Comentario escrito por Macanaz — 03 de febrero de 2007 a las 7:39 pm

  36. 36

    – El ámbito de aplicación de los decretos-leyes (figura en sí misma muy criticable, y más con los límites tan jurisprudencialmente atenuados como tenemos en España) no permite afecciones a derechos fundamentales. De forma que, dado que las leyes orgánicas se ocupan de estas materias es bastante anómalo lo que refieres. ¿De qué estamos hablando?

    – Es perfectamente normal, dentro de la actuación de los poderes públicos (y también de la policía), que haya equivocaciones. Incluso que afecten a militantes de partidos políticos, porque estos son ciudadanos como cualquier otro y pueden padecerlas también. En este caso la existencia de ciertos indicios llevan a la policía a detener a unas personas, siempre bien tratadas (como ellos mismos declaran), que quedan en libertad tras tomarles declaración. La clave es que en un Estado de Derecho estas actuaciones son controladas por jueces indepedientes. Como así fue en ese caso. Un posible error de la policía, o incluso un inicuo ejercicio de poder ejecutivo y policial susceptible de poner en riesgo la libertad de unos ciudadanos, queda en nada (o en apenas unos trastornos mínimos) para los ciudadanos gracias al sistema de garantías. Lo anómalo del asunto de Chaos es que con contumacia estamos modificando nuestras propias normas y aplicándolas de manera explícita y confesadamente «excepcional» para retener a alguien en prisión nada más y nada menos que 14 años. Son cosas evidentemente diferentes, que cualquiera con buena fe no puede poner en un mismo plano. La cuestión no es que no hayan de producirse errores o incluso que fallen los controles, la cuestión es cuando los desactivamos a conciencia.

    – El asunto de las escuchas es, de nuevo, algo del mismo estilo. Una lamentable irregularidad, que no es nueva (el espectáculo de los años de instrucción del sumario de los GAL es difícilmente repetible), y que por motivos para mí ignorados es analizada por todos con sorprendente benevolencia. Excepto cuando le toca a uno. Es decir, que sea precisamente «El Mundo» quien se haga eco de estas críticas raya la desvergüenza. En cualquier caso, se trata de algo lamentable, por lo que habría que depurar responsabilidades, empezando por los jueces de instrucción de turno. Pero no deja de ser una cuestión menor comparada con la quiebra de principios básicos y de garantías esenciales. Dado que estamos hablando de irregularidades y delitos, cometidos por agentes públicos. No de algo que el Estado avale. Otra cosa es que no se persiga lo suficiente o que, aun haciéndolo, no siempre se pueda poner coto a todos los abusos y delitos. Es algo que pasa en una democracia.

    – Yo entiendo que cualquier puesto de libre designación se ocupa, por definición, como consecuencia de una confianza personal de quien nombra en el nombrado. Y sólo al que nombra incumbe qué motivos tiene para nombrar y para cesar, siempre y cuando cumpla con los límites legales. Pero, en lo que se refiere a sus motivos, es un ejercicio discrecional. Para algo es un cargo de libre designación. Si a mí mi Rector me coloca de jefe de algún servicio de mi Universidad de los que son ocupados por funcionarios de libre designación es claro que en cualquier momento me puede cesar y que dependo para seguir de que siga confiando en mí. Esta confianza puede perderse porque le critique, ponga posters contgra él, escriba algo en este bloc que no le guste o por hacerme socio del Real Madrid. Como dice el Antiguo Testamento, «el Señor te lo dio y el Señor te lo quitó».

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 04 de febrero de 2007 a las 3:05 pm

  37. 37

    ¡Los juristas se pronuncian! Y alguien de tanto criterio como Roberto L. Blanco Valdés.

    http://www.lavozdegalicia.es/buscavoz/ver_resultado.jsp?TEXTO=5487517&lnk=BLANCO,VALDES

    Como creo que se deduce fácilmente de leer con atención lo que llevo escrito, puede considerarse, paradójicamente, que estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice Blanco Valdés. La aparente contradicción brutal entre sus opiniones y las mías radica en que, además del concreto asunto que él trata, hay en torno a esta cuestión otros muchos problemas, sobre los que él, cuidadosa y convenientemente, elude pronunciarse.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 04 de febrero de 2007 a las 3:07 pm

  38. 38

    Como puede verse, por lo demás, la cosa no está tan lejos de empezar a ser reclamada con insistencia por quienes más se beneficiarían:

    http://libertaddigital.com/noticias/noticia_1276298273.html

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 04 de febrero de 2007 a las 4:41 pm

  39. 39

    Madre de Dios:

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/rebaja/anos/pena/carcel/Juana/amenazas/terroristas/elpepuesp/20070212elpepunac_4/Tes

    Dos Magistrados del Tribunal Supremo de España consideran que las cartas que escribió De Juana Chaos constituyen una acción que ha de ser penada con 96 años de cárcel. Ardo en deseos de que nos informen de quiénes son, porque con gente así de peligrosa hay que andarse con cuidado.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 12 de febrero de 2007 a las 8:12 pm

  40. 40

    Mucho Aznar, mucho Aznar y tenemos otra realidad:

    ¿Cómo se llama el juez que ha avalado la prisión atenuada para De Juana Chaos en 2007?

    El juez de vigilancia penitenciaria José Luis de Castro.

    http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070301130213&ch=66

    ¿Cómo se llamaba el juez de vigilancia penitenciaria que dio los 175 a De Juana por su libro?

    José Luis de Castro.

    http://www.elmundo.es/papel/2005/03/18/espana/1772280.html

    Anulados por el mismo Juez Bermúdez que ahora preside el juicio del 11 M.

    Comentario escrito por surscrd — 11 de marzo de 2007 a las 2:33 am

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