Derecho de defensa

En torno a la importancia de las garantías y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente

En medio de la algarabía mediática que desde hace meses apabulla a los ciudadanos a cuenta de la sospecha de que ciertos cargos públicos del Partido Popular se hayan lucrado por vías ilegales o, incluso, de que el propio partido haya podido recibir fondos de diferentes empresas a cambio de favores de todo tipo, ha pasado lamentablemente inadvertida, y confundida por muchos como una alegación de parte sin demasiada base, lo que es sin duda uno de los ataques más brutales a las garantías procesales de cualquier procesado y al derecho de defensa que se han producido en España en los últimos años.

Casi cualquier jurista español habrá recibido estupefacto la noticia de que en el marco  de las investigaciones desarrolladas por el juez, muchas de ellas a petición del fiscal, se han interceptado comunicaciones de los imputados con sus abogados, transcribiéndolas e incorporándolas al sumario, y siendo empleadas tanto por la Fiscalía como por el juez instructor como elementos de convicción, como base que servía para proponer a su vez nuevas pruebas y como información que servía para preparar posteriores interrogatorios a los procesados. Se trata de una conducta, como cualquier jurista sabe y supongo que todo ciudadano medio con un mínimo de formación y sentido común puede intuir, gravísima. A lo largo del último siglo los Estados que han empleado su poder punitivo de esta forma y han despreciado hasta tal punto los derechos de los ciudadanos y el derecho de defensa son bien pocos. Abiertamente, esto es, entendiendo que tal comportamiento estaba justificado y era una medida razonable para defender mejor a la sociedad frente a los delincuentes, de hecho, bien pocos. Ni siquiera los totalitarismos más vergonzantes del siglo XX se han atrevido nunca a defender abiertamente su derecho a intervenir las comunicaciones cliente-abogado de manera generalizada. Excepcionalmente, eso sí, el Tercer Reich lo veía justificado en casos que ponían en riesgo la seguridad del Reich, por ejemplo.

De estos hechos hemos tenido noticia por los medios de comunicación que, sin embargo, en lo que a mi juicio constituye un ejemplo de libro de la manera muy insatisfactoria en que la prensa española cumple su función de llevar a primer plano cuestiones de verdadera y fundamental relevancia, no le han prestado demasiada atención. En cambio, en un gesto que honra a los abogados españoles, el Consejo General de la Abogacía Española sí ha reaccionado de manera rápida y, en cuanto se supo lo que había pasado, en medio de un puente festivo, se preocupó de sacar una nota impecable alertando sobre la situación.

Dado que, como digo, los medios de comunicación se han ocupado poco de este asunto, la información es todavía escasa y puede contener inexactitudes que, supongo, con el tiempo, se aclararán, pero más o menos parece que lo que ocurrió fue lo siguiente:

– en el marco de la investigación, y adicionalmente a las comunicaciones telefónicas intervenidas desde hace tiempo a los sospechosos, la Fiscalía solicita y el juez autoriza, la interceptación de las conversaciones (no se sabe si en audio o en vídeo) entre los imputados que están en prisión y sus abogados cuando éstos los visitan en la cárcel;
– la justificación que emplean Fiscalía e instructor para adoptar tal medida es la implicación de un concreto abogado en la trama delictiva, por entender que, en tal caso, no estaríamos ante un letrado que acude a prestar sus servicios a los clientes que están en la cárcel sino ante un miembro más de la banda delictiva, motivo por el que estaría justificado grabar todo (en una aplicación extensiva y cuestionable, pero muy habitual en la Audiencia Nacional, del art. 50.2 de la LO General Penitenciaria);
– sorprendentemente, y sin más apoyo que esta argumentación, al parecer plasmada en un auto del juez, se interceptan y graban conversaciones de otros abogados con sus clientes en la cárcel, a pesar de que son abogados distintos y que sobre los mismos no pesa la más mínima sospecha de implicación en la trama;
– lejos de entender que estas grabaciones son un error o un exceso, tanto la fiscalía como el instructor las incorporan a la causa en lo que  pueden servir para construir la imputación;
– por último, en lo que es un escándalo adicional, al parecer la fiscalía sí pide en varias ocasiones la retirada del sumario de parte (pero sólo de parte) de las mismas; curiosamente las que podrían servir para desvirtuar algunos de los indicios que sirven para construir la imputación de alguno de los investigados.

Ésta es la descripción de los acontecimientos que, a día de hoy, a partir de la escasa atención que el asunto ha merecido a los medios de comunicación, tenemos. Mis disculpas por adelantado si hay alguna inexactitud o si faltan datos. Por supuesto, estaré encantado de que, quien pueda, amplíe la información.

Pero, aunque incompletos, estos datos ya son suficientes para manifestar que fiscales e instructor están actuando de manera irresponsable y poniendo en peligro tanto la propia viabilidad de la acusación (o de partes de ella, como demuestra que rápidamente se anuncien recursos con muchas posibilidades de prosperar) como, lo que es más importante, una parte esencial del sistema de garantías. La actuación es tan grave que, además, y si se confirma que se ha desarrollado en estos términos, sea probablemente constitutiva de delito. Porque realizar escuchas ilegalmente, como es obvio, lo es. Y parece más que dudoso que, en este caso, podamos encontrar base legal para entender admisibles este tipo de grabaciones.

En primer término, lo que demuestra también este asunto es hasta qué punto, y con la notoria excepción de los colegios de abogados, ha perdido vigencia nuestro modelo de garantías como consecuencia de una presión mediática que busca culpables a toda costa y la aparición de juristas ambiciosos, ávidos de protagonizar titulares a cualquier precio, que no tienen el más mínimo problema en pisotar la ley y los derechos de los ciudadanos para tratar de lograr lo que, a partir de su convicción previa, sería «hacer justicia». Para estos juristas, y para quienes los jalean, hay personas que son culpables a priori porque sí, por convicción, por feeling o por lo que sea. Y, cuando el sentir social mayoritario les hace sentirse respaldados, van a por su presa entendiendo el proceso penal como una mera formalidad que sirva para apuntalar esa convicción del modo que sea, pisoteando cualquier derecho o garantía. A fin de cuentas, ¿para qué? ¡Si está claro que son culpables! En esos casos, es claro, el proceso penal ha de servir para poder construir la acusación, no para buscar de manera objetiva pruebas que permitan saber qué pasó (sean estas evidencias de cargo o de descargo). Sirve para confirmar lo que desde un principio se pretendía, para demostrar que tiene razón el juez o fiscal de turno que «ya se sospechaba que tal o cual sujeto no era trigo limpio». Y si para ello hay que forzar confesiones con todo tipo de tácticas (por ejemplo, incrementando tiempos de incomunicación de los detenidos), incentivar a «arrepentidos», intervenir comunicaciones, abrir una causa general e ir cambiando la imputación a medida que aparezcan pruebas de una cosa u otra o, incluso, violar la sacrosanta, desde un punto de vista jurídico, relación entre abogado y cliente, ¿qué más da? Estamos, como a nadie con un mínimo conocimiento se le escapa, ante la reedición de una manera de entender la justicia que tiene un nombre: Inquisición.

Se supone que nuestro Estado de Derecho tiene una serie de garantías pensadas para que funcionen, justamente, para evitar que pasen estas cosas. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en que fiscales y jueces se saltan de modo tan obsceno estas barreras? Básicamente, porque llevamos años, demasiados años, aceptando pequeñas agresiones, que siempre hay alguien encargado de justificar, que han acabado haciendo que la sociedad y los medios de comunicación pierdan de vista, perdamos de vista, que este tipo de cuestiones afectan a la misma esencia de una democracia y están íntimamente vinculadas con la libertad de todos y cada uno de nosotros.

No se puede negar que hay una cierta ironía en que, precisamente, sea gente vinculada al PP (ariete en ocasiones de una interpretación anti-garantista impresentable, pero, ojo, con el apoyo casi siempre, más tarde o más temprano, del PSOE y de la pléyade de juristas de servicio prestos a justificar los abusos del poder que siempre aparecen en este país y menudean en los aledaños de gobiernos y altos cargos) quienes estén padeciendo ahora estos abusos. Porque se trata de salvajadas jurídicas que se han visto muy facilitadas por la construcción de la idea de que no en todos los casos han de extremarse las garantías. De que no hace tanta falta. Se trata de barbaridades que llevan años aplicándose, sin que a casi nadie le haya parecido demasiado mal (afortunadamente, hay excepciones, normalmente muy vinculadas a colectivos de juristas y a colegios de abogados), contra aquellos sospechosos de ser terroristas. Porque, como cualquiera acusado de terrorista es alguien, ya se sabe, malo por definición y, además, sin necesidad de demasiadas pruebas para confirmarlo, terrorista sí o sí a poco que comulgue con cierta ideología y haya sido empurado por algún juez de estos que saben que se ganan el titular, el agradecimiento de los que mandan y el entusiasta apoyo de la población (ayer mismo tuvimos un episodio más de este show profundamente antidemocrático, que debiera hacer saltar todas las alertas pero que, en cambio, tiene a la población anestesiada), ¿qué sentido tiene ponernos pejigueros en materia de garantías en estos casos?

Y así, empezando por el terrorismo, se ha ido deslizando en España la idea de que ciertas garantías no son demasiado importantes. Hemos visto, por ejemplo, qué ocurrió con De Juana Chaos y hasta qué punto las posiciones que han defendido, como este blog, que había que andarse con ojo con quebrar el Estado de Derecho para mantenerlo en la cárcel han sido minoritarias y, habitualmente, atacadas con la excusa de que suponían «connivencia» con el terrorismo. En este misma línea, se han instruido sumarios en la Audiencia Nacional absolutamente impresentables, condenando a gente a penas de prisión por formar parte de supuestos «entornos» que, al parecer, les hacían terroristas por compartir ideas políticas con quienes, además (y es por lo que se les condena) empuñan una pistola contra otros en su enfermiza manera de defenderlas. Alertamos en su día, más o menos solos, del peligro de rebajar garantías en casos de terrorismo. De cómo hacerlo para esas situaciones supone, como la Historia demuestra, el paso previo a que acaben generalizándose quiebras en otros casos. Nunca la famosa frase de Niemöller tuvo más sentido que en supuestos de pérdidas de garantías. Y, una vez más, se repite la historia. Porque, admitámoslo, si tenemos claro que un acusado de terrorismo lo es y que, como delincuente asqueroso, no merece el más mínimo respeto por parte del Estado, no cuesta demasiado pensar que ese mismo tratamiento merecerá cualquier acusado de esos claramente culpables y malos: narcotraficantes, violadores (por cierto, merece la pena recordar cómo abusos semejantes en materia de comunicación con su abogado interceptada los ha padecido un supuesto violador en Sevilla, sin que nadie excepto el Colegio de Abogados de Sevilla y los abogados que participan en el caso, incluyendo a las acusaciones particulares, lo que habla muy bien de ellas, hayan cuestionado la lamentable actuación del juez), pederastas… y así hasta empresarios corruptos relacionados con el PP. Puede sonar a justicia poética, pero ni siquiera la persona concreta, si la hubiera, responsable de que a otros se haya condenado sin garantías merece que el Estado, a la hora de juzgarlo a él, lo haga de manera inquisitiva.

La pérdida de fibra moral derivada de todo este proceso está en el origen de que fiscales y jueces irresponsables puedan hacer lo que han hecho. Que, como bien señala el CGAE, es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho. No hay la más mínima exageración en el adjetivo.

Una segunda consideración tiene que ver, más en concreto, no tanto con cómo se está acelerando en España la pérdida de garantías sino con cómo es posible que algo así, en concreto, ocurra. Y es preciso aquí recordar someramente las coordenadas jurídicas de la cuestión. Lo cual requiere recordar que es cierto, sin embargo, que, lamentablemente, la ley española permite (aunque de forma claramente restrictiva) para casos de terrorismo la intercepción de las comunicaciones abogado-cliente. A partir de esta penosa quiebra de las garantías (a mi juicio, de hecho,  el art. 50.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria es en ese punto claramente inconstitucional) se ha ido generalizando, como pasa siempre cuando se pretende rebajar garantías «pero sólo un poquito», una construcción analógica que ha permitido también interceptar comunicaciones en casos en que había una trama de delincuencia organizada en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado. Preponderante en la construcción de esta interpretación expansiva de una excepción que restringe un derecho fundamental ha sido la Audiencia Nacional, con algunos de sus «jueces-estrella» a la cabeza. Aunque esta interpretación expansiva carece de todo apoyo explícito en el texto de la excepción legal, es cierto que se ha admitido, así, para casos de narcotráfico y otros supuestos de delincuencia organizada. Sin que, tristemente, el Tribunal Constitucional haya actuado para meter en vereda a los justicieros de la AN, que entienden que cuando tienen claro que alguien es un criminal todo vale para conseguir las pruebas que garanticen una condena.

Ahora bien, y por mucho que se haya relativizado la garantía, todavía parecía obvio hasta ahora que estas excepciones no pueden ser tenidas por aplicables en cualquier circunstancia, pues entenderlo de otro modo supondría poner «en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal», en palabras del CGAE que suscribo plenamente.

La actuación de los fiscales y el instructor en este caso ha llevado la pérdida de garantías un paso más allá, en una lamentable muestra de cómo lo que empieza siendo una medida excepcional para terroristas, que los ciudadanos de bien, inocentemente condicionados por el clima político, aceptan complacidos (‘¡mano dura con el crimen!, ¡esa gente que lucha contra la democracia no merece que seamos tan quisquillosos con las garantías que pretenden eliminar a golpe de pistola!») acaba afectando a cualquier ciudadano. Ahora, en España, al parecer, los jueces pueden dedicarse a intervenir las conversaciones de cualquier ciudadano con su abogado. Y emplear lo que obtienen en un juicio como prueba contra él.  Sólo les basta justificar que la investigación es «muy importante» y que «hay que conseguir pruebas como sea dada la trascendencia social del asunto». Además de entender que, «si el abogado le defiende y es un delincuente, ¿acaso  no significa eso que el abogado también lo es y colabora en la comisión de los delitos?», interpretación aberrante que en este blog ya hemos tenido la ocasión de rechazar de plano en supuestos, por cierto, mucho menos comprometidos que éste. O eso, al menos, es lo que aparentemente creen los fiscales y el instructor. Para ellos es muy cómodo, además, entender que basta la sospecha de que el abogado «pueda estar colaborando en la comisión dedelitos o en su ocultamiento» para tener vía libre. ¡¡Si interpretan que por definición es lo que hace un abogado y que por ello pueden intervenir a todos, como en este caso, además, esto sería jauja!!

Jurídicamente la razón está lejos de tenerla en este caso el juez y sus fiscales de apoyo. El derecho de defensa en España forma parte del contenido esencial, que ha ido desgranando el Tribunal Constitucional, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), unido indisolublemente a las garantías del art. 25 CE. A partir de la construcción dogmática y jurisprudencial realizada a lo largo de las últimas décadas, está consolidado que en España, como en el resto de países de nuestro entorno y como imponen los tratados internacionales en la materia, todas estas garantías son fundamentales en sus múltiples derivaciones: derecho a no autoinculparse, derecho a no declarar contra si mismo, el secreto profesional,  inviolabilidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente… Respecto de esta concreta manifestación, además, hay que recordar que el artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, dejando clara la doble importancia de la preservación de las mismas, por lo que en las comunicaciones abogado-cliente concurre una doble garantía constitucional. La labor del abogado y la información que obtenga para preparar la defensa ha de quedar aislada de toda posibilidad de indagación penal, pues sólo así se garantiza el derecho de defensa de modo eficaz y en estrecha conexión con la idea de que uno no ha de poder ser obligado a declarar contra uno mismo. Por eso el artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “la obligación (a presentar denuncia) no comprenderá a los abogados ni a los procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieron de sus clientes” y el artículo 416 de esta misma ley establece que está dispensado de la obligación de declarar “el abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor”.

Por último, el ya mencionado (y lamentable por la excepción que comporta) artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que los representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”, remarcando la especial protección que, con la excepción contenida (y a mi juicio inconstitucional) han de merecer estas comunicaciones. Por lo demás, y a pesar de la jurisprudencia expansiva antes comentada, es obvio que la expresión «salvo orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo” supone la existencia de dos requisitos cumulativos para poder aplicar la excepción, y no de dos alternativas diferentes en las que pueda ser posible. De modo que sólo habría de ser posible (si la norma es constitucional) en casos de terrorismo y siempre con autorización judicial. Y ello, al menos, por tres motivos de enorme peso a la hora de interpretar la norma:
–  Porque si no hacemos esta interpretación, en casos de terrorismo, habría que entender, correlativamente, que se podría autorizar la intervención sin siquiera lograr autorización judicial. Semejante barbaridad, que se entienda que la policía puede grabar conversaciones sin que lo autorice un juez, no es una interpretación sensata de la norma. Al margen de que sea abiertamente contraria al art.-18.3 CE que exige que siempre haya autorización judicial. Y no creo que haya nadie que la defienda.
– Porque en castellano la conjunción “y” es copulativa. Una “y” es algo diferente a una «o». Parece bastante evidente para cualquiera que sepa castellano.
– Porque incluso admitiendo, que es mucho admitir, que la interpretación expansiva es sensata, coherente y posible en castellano, se toparía con otra razón de peso: cualquier norma restrictiva de derechos ha de ser interpretada restrictivamente, máxime si restringe derechos constitucionales, y, además, ajustándose a las normas internacionales suscritas por España como el CEDH interpretado por el TEDH (por ejemplo, casos Foxley o Kopp) que, por supuesto, no autorizaría una excepción tan laxa.

Es decir, estamos ante una actuación represiva, restrictiva de derechos fundamentales, que carece de todo apoyo legal y que, además, va muchísimo más allá de las ya de por sí laxas prácticas habituales en la Audiencia Nacional.

A mi juicio, por supuesto, con el CGAE y supongo que con los abogados de las partes, es obvio que, afortunadamente, en España hay todavía garantías y estamos en un Estado de Derecho. De modo que, siendo como es evidente que la grabación de las comunicaciones ha sido realizada fuera de la legalidad vigente, que como mucho, y caso de aceptar que hubieran sido posibles a la luz de los lamentables y relajados criterios en boga desde hace un tiempo para un abogado, en ningún caso debiera haber continuado al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado. Y, por supuesto, es incomprensible, además, que se haya optado finalmente por incorporar estas grabaciones al proceso (y esto con independencia de que su contenido haya sido prueba de cargo o de descargo porque en ningún caso serían admisibles y el pecado es de origen, son nulas a radice, aunque, por cierto, es ya de chirigota que, encima, fiscales y juez instructor incial trataran de sacar partes de las grabaciones ilegales, pero sólo aquellas que podían permitir probar la inocencia de los acusados, lo cual viola abiertamente cualquier código deontológico, la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga al instructor a incluir las pruebas de descargo y el sentido de la justicia de cualquier persona; es por último de chiste que haya, además, algún medio de comunicación que ponga esta actuación del juez como prueba de que deseaba eliminar lo grabado ilegalmente del sumario, dado que en ningún caso trató de eliminar todo sino sólo ciertas, y selecctas, partes).

En definitiva, que estamos frente a una actuación que es un escándalo por la violación que supone del derecho de defensa y de no pocas garantías. Aspectos éstos sobre cuya importancia esencial en una democracia no cabe incidir. Porque si bien es cierto que el secreto profesional como parte básica del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente, no podemos perder de vista que también posee una importantísima dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado. Confianza que es esencial para que cualquier ciudadan pueda tener una defensa con todas las garantías y para que el poder punitivo del Estado actúe dentro de unos cauces que permitan a los ciudadanos tener confianza no sólo en la Justicia sino en su propia seguridad jurídica frente a posibles procesos de tipo inquisitorial que, hemos de recordar, todos somos susceptibles de padecer si las cosas se ponen mal. Por terminar de nuevo con las impecables palabras del comunicado de la AGAE:

«Por tanto, está fuera de toda duda que las grabaciones, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad».

Me parece complicado exagerar la importancia de este asunto. En materia de garantías, quiebras de esta naturaleza son de lo más grave que puede ocurrir en un Estado de Derecho. Y, le ocurra a quien le ocurra, a todos nos concierne.
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Advertencia al lector: Hasta la fecha en este bloc no se había tratado con detalle y en concreto nada relativo a la trama Gürtel. El motivo es que una persona muy cercana a quien esto escribe se ha encargado de la defensa de uno de los implicados en una de las ramificaciones de la trama. Por esta razón he preferido no escribir nada sobre el particular, para evitar emitir opiniones sobre un asunto en el que, de alguna manera, mi visión puede estar subjetivamente contaminada. Sí es posible rastrear en este blog comentarios referidos a cuestiones generales que, al hilo de la actualidad derivada del asunto Gürtel, nos han ocupado. Pero han sido siempre realizados tratando siempre de analizar, ya digo, aspectos más genéricos y sin emitir opiniones referidas a cuestiones gürtelianas concretas.

En cualquier caso, y dado que está escrita, ha quedado clara la opinión que tengo sobre asuntos como lo que denominé corrupción de baja intensidad o, más recientemente, en torno a algunas sorprendentes visiones sociales que se corresponden poco a nada con la realidad jurídica de la cuestión.

Mi intención es seguir con esta política, esto es, no tengo la intención de comentar nada directamente relacionado con el caso Gürtel. El hecho de que hoy me haya referido a este asunto, que ha surgido de manera inevitablemente vinculada al caso, es su extrema gravedad, difícil de exagerar y que trasciende con mucho cualquier cuestión que esté ventilándose con la investigación de supuesta corrupción en el PP. Porque toca directamente la esencia misma del Estado de Derecho. Además, y como espero que ha quedado claro, me importa la cuestión de manera genérica, sin que me interese (ni crea excesivamente relavante a estos efectos) su conexión con el asunto de marras.

Entiendo sin embargo que esta aclaración es necesaria a efectos de que el lector pueda valorar la posible «contaminación» de quien esto escribe. «Contaminación», en todo caso, relativamente lejana: ni tengo yo nada que ver con la defensa de nadie imputado en el caso, ni he sabido nunca nada de este asunto por otro conducto que no sea la prensa, ni afecta esta concreta derivación que hoy he analizado, además, a nadie que tenga nada que ver conmigo siquiera lejanamente (las escuchas se han producido en una ramificación de la trama diferente).

En cualquier caso, y como ya digo, el motivo de analizar mínimamente el escándalo jurídico que suponen estas escuchas trasciende a este caso concreto. Justamente su gran relevancia en un Estado de Derecho es lo que justifica que me meta en este tema y por ello desde esa óptica ha sido analizado. Aclarado queda, espero, y a criterio del lector valorar si los argumentos que haya pueda manejar tienen o no un valor más allá de Gürtel. Como es obvio, a mi juicio así es, y por ello escrito queda.



51 comentarios en Derecho de defensa
  1. 1

    Lo bueno si breve dos veces bueno

    Comentario escrito por Vompla, Anibal — 14 de octubre de 2009 a las 8:02 pm

  2. 2

    ¿Dónde habré leído yo algo parecido? Ah sí: «el Derecho Penal del enemigo», de otro ilustre Boix…
    Un abrazo -aunque no nos conozcamos-

    Comentario escrito por Wellington Receso — 15 de octubre de 2009 a las 1:26 am

  3. 3

    The Best

    Comentario escrito por popota — 15 de octubre de 2009 a las 9:30 am

  4. 4

    A Popota es que le basta que un tocho como éste tenga una referencia crítica a las últimas detenciones de etarras para que se ponga palote. Es curioso cómo PP y ETA acaban siempre de la mano, ahora criticando a algunos jueces (siempre a los mismos, ¿casualidad?) y tirando mierda contra la fiscalía y la policía. Pues que se jodan y a por ellos. Como si hicieran mucha falta muchas pruebas para tener claro que los del PP están mangando a saco y que los de Batasuna son ETA. De verdad que hay veces que no entiendo cómo puede ponerse la gente a defender a chorizos y asesinos. Excepto, claro, porque ellos mismos son chorizos o asesinos.

    Comentario escrito por Español de bien — 15 de octubre de 2009 a las 10:31 am

  5. 5

    Fuente de la información: Artículo publicado en la Sección Artículos Doctrinales de la página noticias jurídicas, por parte de Guillermo Díaz Bermejo en octubre de 2009.

    http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200910-4939479023902378.html

    En relación a la relajación en las garantías de los Derechos Fundamentales que deben ser respetadas tiene, a mi modo de ver, gran importancia SITEL (Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas).

    La cobertura legal que posibilitó el empleo de este sistema se realizó a través de REGLAMENTO, a pesar de que se trata de una intromisión en un Derecho Fundamental.

    El Título V, Capítulo II del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, regula LA INTERCEPTACIÓN LEGAL DE LAS COMUNICACIONES.

    La Disposición Final Primera de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, modifica el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, regulando EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES por medio de una norma con rango de LEY, NO DE LEY ORGÁNICA como exige el artículo 81 de la Constitución.

    La actuación del Poder Legislativo, en un sistema democrático con separación de poderes, sería corregida por el Poder Judicial, pero en España no y se está convirtiendo en costumbre. El TS, Sección 3ª, en SENTENCIA de fecha 25.02.2008, frente al Recurso Contencioso -Administrativo interpuesto por la Asociación de Internautas contra el RD 424/2005, argumenta que cualquier afectado puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero en cambio no decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Recoge la sentencia que el Reglamento recurrido era insuficiente, pero que antes de dictar la sentencia, el legislador ya había aprobado la Ley 25/2007 incorporando gran parte del Reglamento, con lo que había quedado validada la norma objeto del recurso y que esta adquiría rango de ley.

    Un voto particular en el referido fallo, formulado por Don Óscar González González, sostuvo que debía de haberse planteado al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que no hay suficiente rango normativo para regular el derecho fundamental previsto en el artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. De otra parte el artículo 33 de la reformada Ley General de Telecomunicaciones impone la obligación de facilitar al Agente facultado, con carácter previo a la ejecución de la orden judicial (por tanto con desconocimiento del Juez competente), toda una serie de información que no puede estar incluida en la orden de interceptación, tal como la identificación de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc.etc. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que estas informaciones afectan a la intimidad personal y por lo tanto no pueden ser revelados sin autorización judicial, al igual que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 230/2007, de 05.11.2007.

    Entre los problemas que plantea este sistema se encuentran que la Policia y la Guardia Civil tiene los medios técnicos para interceptar comunicaciones sin la colaboración de las Compañías Telefónicas, lo cual les posibilita puentear el control judicial. ¿Quién tiene la seguridad de que las grabaciones aportadas por la Policía al proceso son de fecha posterior a la orden judicial? Sobretodo si tenemos en cuenta la protección tan garantista que nos están brindando tanto los Jueces como el Ministerio Fiscal. Estas actuaciones se desarrollan bajo secreto de sumario para no alertar al investigado y, por tanto, a la defensa del acusado se le notifican las resoluciones en el momento del levantamiento del secreto encontrándose con todas las actuaciones realizadas y si, el Juez y el Ministerio Fiscal eliminan aquella parte de las escuchas que suponen descargo de los imputados posiblemente desconozca la eliminación de las mismas.

    ¿Quién vigila al vigilante? ¿Debería el delito de prevaricación formar parte de los delitos objeto de enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado? En este último caso sería la sociedad la que, directamente a través de sus ciudadanos, controlase la actuación de los órganos de la Administración y de los Órganos Judiciales y no serían los jueces los encargados de juzgarse a sí mismos o a los cargos de la administración.

    Comentario escrito por menipo — 15 de octubre de 2009 a las 12:12 pm

  6. 6

    Hola,

    La aclaración que has puesto es una mierda. Yo venía a decir que hace falta una y, antes de darle a «Publicar» he subido de casualidad y he visto la itálica.

    Esto es una aclaración:

    Joseph Antos is the Wilson H. Taylor Scholar in Health Care and Retirement Policy at the American Enterprise Institute and a health advisor to the Congressional Budget Office. Before joining AEI, he was assistant director for health and human resources at the CBO.

    Esto no sería una aclaración:

    Joseph Antos trabaja en una empresa que podría o no ser un think tank conservador y se dedica a, entre muchas otras cosas, alguna que tiene que ver con temas lejanos al presente artículo, aunque es un experto perfectamente cualificado y se puede confiar en él al respecto de las opiniones expresadas, ya que lo hace porque que la reforma sanitaria es un tema que nos afecta a todos y hay que valorarla en su justa medida.

    Un saludo,

    Comentario escrito por Johnnie Alemania — 15 de octubre de 2009 a las 12:19 pm

  7. 7

    Menipo, de amigo de los terroristas y de los chorizos a amigo de los terroristas y de los chorizos, muchas gracias por la referencia, que aporta datos muy interesantes relacionados con esta misma historia. Y es que la relajación de los últimos años en materia de garantías es tremanda. Y la complacencia de los tribunales con todo tipo de excesos, preocupante.

    Johnnie, probablemente tienes razón y la aclaración, dada mi total lejanía con este asunto concreto y mi cercanía sólo relativa a otras partes de la trama, sobra. Ocurre, sin embargo, que como en España hay mucha gente que prefiere juzgar a personas y su situación (y, en concreto, si es de «unos» o de «otros») en vez de los argumentos o razones que pueda dar me parecía mejor que ese tipo de lector tuviera claro que, si le desagrada pensar que alguien relacionado con la Gürtel pueda tener sus razones para quejarse y prefiere no dedicar demasiado tiempo a preocuparse porque sus convicciones queden mínimamente afectadas, puede despachar el asunto displicentemente: «¿Qué va a decir este pájaro, si está relacionado con la defensa de los corruptos?», «los abogados, ya se sabe, unos sinvergüenzas al servicio de quien paga». Y santas Pascuas. Todos más tranquilos.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 15 de octubre de 2009 a las 12:46 pm

  8. 8

    Si alguien quiere cotillear a fondo en las escuchas ilegales a abogados, hay transcripciones bastante detalladas aquí:

    CAPÍTULO 1: El proceso se podría anular por las escuchas que ordenó Garzón: http://www.diariocritico.com/2009/2009/Octubre/nacional/177286/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
    CAPÍTULO 2: El PP gallego de Fraga ingresó 1.000 de pesetas en cinco años: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177344/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
    CAPÍTULO 3: Correa, a su abogado: «Sí hombre… vas a comprar a un presidente de una Comunidad con una chaqueta»: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177438/gurtel-camps-trajes.html
    CAPÍTULO 4: Crespo dice que se aprovecharon del PP pero que no lo financiaron: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177525/crespo-gurtel.html
    CAPÍTULO 5: Correa acusa al denunciante del caso Gürtel de recibir cobros de la propia trama corrupta: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177567/correa-gurtel-pp-pendrive-penas.html
    CAPÍTULO 6: Todas las claves del informe policial sobre las ‘escuchas’ en prisión de Correa, Crespo y Sánchez: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177596/gurtel-pp-escuchas-correa-prision.html
    CAPÍTULO 7: Las filtraciones iniciales a los medios provinieron de los propios denunciantes: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177803/barcenas-gurtel-filtraciones-denunciante-correa.html
    CAPÍTULO 8: Empiezan a aparecer nombres de empresarios, políticos y periodistas en la trama ‘Gürtel’: http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177978/gurtel-correa-balin-ulibarri-ortega.html

    Comentario escrito por Diario-crítico — 15 de octubre de 2009 a las 3:09 pm

  9. 9

    El escrito es impecable. De premio. Lástima que no tenga más publicidad. Lo único que me queda por reseñar es cómo se ha violado y vapuleado la imagen, el honor y el buen nombre de muchas de las primeras planas de los periódicos. Aún no hay ni una sola imputación, pero tenemos, seguro, una trama de corrupción… o no.

    Lo cierto es el uso y abuso de los medios públicos judiiales en beneficio de intereses políticos. Caen cabezas menos las que deben caer.

    Menudo pais bananero.

    Comentario escrito por Congruky — 15 de octubre de 2009 a las 3:17 pm

  10. 10

    Bueno, bueno, no se pongan estupendos, señores letrados, con sus exageraciones en base a jerga de abogados que los demás no entendemos. Aquí lo han dejado muy clarito los señores español y alemán. Es bastante sospechoso esto de ponerse a defender a corruptos, mangantes y terroristas. Pero yo iría aún más lejos. Ni el español ni el alemán se han dado cuenta de que Andrés defiende también a un violador y a los pederastas. Los abogados son así. Por dinero te defienden lo que sea, incluyendo la violación y la pederastia. A mí no me extraña nada que se defienda aquí a los mangantes del PP cuando también se justifican y apoyan violaciones, atacando al juez que ha tratado de condenar a Miguel Carcaño.

    Creo que esto requiere ir un paso más allá. Para ciertos delitos los abogados sobran, son perjudiciales para la sociedad. Con cosas graves como el terrorismo, la corrupción del PP o las violaciones no podemos permitirnos, como sociedad, que haya abogados que por dinero o por vicio estén dispuestos a cualquier cosa para evitar que esta gentuza reciba su merecido.
    Habría que reformar la ley y prohibir que hubiera abogados para esos delitos. Que la instrucción la hagan los fiscales, que son juristas independientes y preparados, con la ayuda de la policía, que aunque depende del Gobierno, como están los fiscales independientes dirigiéndoles, hay que entender que no habría problemas. Y luego pues que decida un juez y punto, que para algo los jueces son profesionales independientes encargados de velar por las garantías. Yo, la verdad, no sé qué pintan ni qué necesidad hay de abogados en esos procedimientos. Con que se garantice que el juez sea quien decida, objetivamente, si la instrucción hecha por el fiscal y la investigación hecha por la policía están bien hechas y prueban que hay delitos, creo que ya basta. Al menos en esos delitos tan graves de terrorismo, corrupción o violaciones.

    Que si no los abogados lo acaban enredando todo. Y con esta gente que todos sabemos que son culpables ya va tocando los cojones que se salgan de rositas por la complicidad criminal de los picapleitos.

    Y esa doctrina expansiva de los jueces de la Audiencia Nacional entendiendo que pueden poner escuchas a todos los abogados porque, joder, por definición seguro que, si son abogados, son unos mangantes compinchados con sus clientes (¿acaso no les pagan con el dinero obtenido de las mangancias y acaso no les pagan para que les saquen de rositas?), es intachable. Si los corruptos abogados y sus lobbies han hecho aprobar en la Unión Europea o en el Tribunal de Derechos Humanos normas que van contra esta idea lo que tendría que hacer España es salirse de ahí.

    Comentario escrito por Abogado corrupto y cabreado con algunos comentarios — 15 de octubre de 2009 a las 3:33 pm

  11. 11

    Abogado corrupto tiene bastante razón, aunque creo que su propuesta se puede mejorar. Dadas las importantes sinergias que se pueden constatar entre la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional se podrían abaratar costes, evitar problemas (de vez en cuando aparece algún juez pejiguero) y multiplicar la eficacia en defensa de la sociedad si, directamente, la instrucción realizada por el fiscal fuera a misa y pudiera significar condena, sin necesidad de revisión alguna por parte de un juez.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 15 de octubre de 2009 a las 4:34 pm

  12. 12

    Retiro el comentario número 3.

    Abogado corrupto y cabreado con algunos comentarios:

    The Best.

    Comentario escrito por popota — 15 de octubre de 2009 a las 4:35 pm

  13. 13

    ¡Si que me ha durado poco el título! Entre amigos de los terroristas tendríamos que cuidarnos más, joder.

    Por cierto, se agradece la información de los enlaces de arriba, que más o menos certifica lo que cuento en el post: Garzón se marca un auto autorizando escuchas a unos abogados justificadas en que forman parte de la trama y, con esa «autorización», se ponen a grabar como locos conversaciones con todos los abogados, incluyendo a Rodríguez Mourullo y Choclán (manda cojones, en ambos casos, teniendo en cuenta que la supuesta justificación es que no se graba a abogados sino a «presuntos delincuentes mangoneando con sus compinches»); posteriormente, una vez la poli, las fiscales y el juez se dan cuenta de que están grabando más allá de lo que autorizaba el auto inicial deciden seguir adelante e incluir las conversaciones que les vienen bien para construir la acusación en el sumario, lo que descarta que fuera un «error» que en cuanto detectaron trataran de corregir. Si fue un error, decidieron tirar p’alante. Con dos cojones.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 15 de octubre de 2009 a las 5:01 pm

  14. 14

    Yo siempre me lo he planteado: ¿no vulnera el derecho constitucional de igualdad ante la ley la legislación especial prevista para delitos de terrorismo? Desde su perspectiva positiva, punitiva y penitenciaria.

    Comentario escrito por piterino — 15 de octubre de 2009 a las 5:14 pm

  15. 15

    Lo de los fiscales está bien, pero se puede mejorar. De hecho hay películas encomiables de esas que acaban con el bueno delante del malo y la frase «tienes derecho a… que te llene la cabeza de plomo, bang-bang» que dan ideas al respecto.

    En todo caso, a ver si las escuchas llegan al TC y, por lo menos, echamos un rato discutiendo si los jueces «conservadores» -esto es, puestos a dedo por el PP- son más de Mariano, de Camps o de Aznar.

    Comentario escrito por popota — 15 de octubre de 2009 a las 6:36 pm

  16. 16

    Na, ni jueces ni nada:

    Un barranco, si vuela es que es terrorista, corrupto, violador y demás…; si no vuela es que es inocente. Joder, si en la Edad Media les funcionó ¿porqué aquí no?

    Comentario escrito por Congruky — 15 de octubre de 2009 a las 8:58 pm

  17. 17

    es tremendo como tenemos que ejercer nuestrao profesion de abogasdos sin contar con las mas minimas garantias constitucionales.

    Comentario escrito por rinberabogados — 16 de octubre de 2009 a las 12:24 pm

  18. 18

    Yo en la cuestión de fondo no he entrado, entre otras cosas porque no creo que importe lo más mínimo si tampoco importa que un juez no se tenga que inhibir. O follamos todos o la puta al río.

    No veo por qué se me ha de juzgar como amigo de los totalitarismos por pedirle a Andrés que, en vez de soltar una parrafada ininteligible, diga lo que tiene que decir sin más rodeos. Y luego que cada uno juzgue por sí mismo.

    Comentario escrito por Johnnie Alemania — 16 de octubre de 2009 a las 6:27 pm

  19. 19

    Acabas de entrar. Te parece que el hecho de que un juez al que ni una sola de las partes procesales (fiscal, acusaciones particulares, defensas) entendió incurso en causa de recusación no se abstuviera justifica que la policía y la fiscalía, con la ayuda de un juez, realicen todo tipo de escuchas a los abogados y acusados en un procedimiento, al amparo de la leyes contra el terrorismo, y empleen (eso sí, selectivamente, eliminando lo que pueda venirles mal) lo obtenido en las escuchas para construir la acusación.

    Es decir, que quienes sospechaban que tu preocupación por la advertencia significaba exactamente eso tenían toda la razón.

    Básicamente, en materia de garantías, hay dos tipos de personas:
    – los que piensan que sólo hay que tenerlas en cuenta y considerarlas importantes cuando puedan beneficiar a uno mismo o a tu familia, o a las personas a las que quieres, o a los que entiendes que son «de los tuyos», mientras que para los demás no tendrían demasiada importancia y, para los malos, directamente consideramos que sobran y que, claro, los que las invocan son unos hijos de puta y tienen, cómo no, intereses espurios;
    – las personas que creen en el Estado de derecho y respetan los derechos de los demás.
    Es una ecuación bastante sencilla. E inquietante, cuando analizamos los resultados de la misma aplicada a España.

    Aclarado este punto, ¿qué es exactamente lo que se supone que tendría que haber dicho en vez de escribir «una parrafada inintelegible»?

    (Así, a ver si logramos que cada uno pueda empezar a juzgar por sí mismo dado que, al parecer, de momento, no es así debido a no sé qué cosa que yo he escrito o he omitido que, supuestamente, lo dificultaría gravemente)

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 16 de octubre de 2009 a las 7:20 pm

  20. 20

    Puestos a postear…. al respecto de juzgar y lo nefasto que es hacerlo dejándose llevar por la cólera y la venganza, un ilustre antepasado nuestro( Séneca) dijo:

    » La razón concede a las dos partes su turno; luego solicita también para ella un plazo, a fin de tener tiempo de averiguar la verdad; la ira se aloca. La razón quiere fallar lo que es justo: la ira quiere que parezca justo lo que ha fallado. La razón no considera nada fuera de aquello mismo de lo que está tratando; la ira se deja llevar por cosas vanas y que pululan al margen de la causa. A ella un rostro un tanto sereno, una voz clara, un discurso lo suficientemente suelto, un porte ciertamente cuidado, una defensa pródiga en demasía, la simpatía pupular, la exasperan; muchas veces enconada con el abogado, al reo condena. Aunque se le meta por los ojos la verdad, prefiere y defiende el yerro; no quiere ser replicada y en lo mal hecho más honrosa le parece la terquedad que el pesar»

    Creo que es plenamente aplicable no sólo al caso gürtel sino también a todos aquellos que frente a quienes como A. Boix aportan argumentos en defensa de los derechos y garantías de todos, contestan simplemente: caca, culo, pedo, pis.

    Comentario escrito por josé luis — 16 de octubre de 2009 a las 8:23 pm

  21. 21

    Llegado este punto, yo también tengo un cita:

    «It is a fool’s prerogative to utter truths that no one else will speak.»

    Así que mejor me callo y lo dejo aquí.

    Comentario escrito por Johnnie Alemania — 16 de octubre de 2009 a las 9:52 pm

  22. 22

    Joder, la ultraderecha, qué políglota ha venido hoy.

    Comentario escrito por J.D.R. — 17 de octubre de 2009 a las 2:59 am

  23. 23

    Mira, Alemania, aquí hay varias cosas:

    1. Relato de los hechos. Yo, a partir de lo que han publicado los medios de comunicación (contrastado también por el CGAE), he realizado un sucinto relato fáctico. Puede ser ajustado a la realidad o no. Supongo que habrá, inevitablemente, inexactitudes y omisiones. Pero es lo que hay, de momento, a partir de lo publicado. O, al menos, a partir de lo que yo he podido encontrar. Asumo que pueda haber errores, como desde un primer
    momento he dicho. Si tú los encuentras, te agradecería mucho que indicaras dónde están y nos permitieras corregirlos. De eso modo, todos sabríamos mejor de qué va el asunto.

    2. “Calificación”, por así decirlo, jurídica de estos hechos. Una vez más o menos clarificado qué pasó (o qué podemos asumir, a día de hoy, que pasó), se trata de analizar dos cosas:
    a) Si los comportamientos de las autoridades estaban amparados en la ley. Es decir, si efectivamente las normas con las que nos regimos permitían que se interceptaran esas comunicaciones o no.
    b) Si, en el caso de no existir cobertura en Derecho a esas escuchas, se ha cometido un delito al hacerlas.
    En este punto, como es obvio, pueden caber opiniones, pero las preferiría argumentadas y basadas en razones jurídicas. Esto es, decir algo así como «¡claro que es legal, por algo se han hecho!» y cosas así, como que no aportan demasiado. A día de hoy no he encontrado a nadie, y te aseguro que he tratado de seguir el tema, que haya defendido jurídicamente estas escuchas. Pero puede que tú sí conozcas a quien haya justificado en Derecho las escuchas. Estaría bien que nos lo indicaras y nos aportaras las razones. O, si no, que nos dieras las tuyas para creer que la cosa es perfectamente legal. Pero en ese caso hay que preocuparse mínimamente de desmontar las razones de quien ha argumentado en sentido contrario.

    3. Grado de importancia jurídica y político-cívica de la quiebra de garantías. Un tercer elemento, mucho más valorativo y que por ello depende más de la aproximación subjetiva de cada cual, es si una quiebra de esta naturaleza ha de preocuparnos mucho, poco o nada a los juristas, y a los ciudadanos n general, a partir de lo que significa en un Estado de Derecho que estas cosas pasen.

    Como es obvio, con debates de este tipo queda retratada fácilmente la ideología global de una persona o, al menos, su posición respecto de algunas disyuntivas básicas a la hora de valorar cómo ha de ordenarse la convivencia.

    Personalmente, y con eso probablemente me retrato, sí, me parece que nos debe preocupar. Y mucho. He tratado de explicar el motivo. Puede estar mejor o peor explicado, puede ser un rollo que te interese más o menos. Me parece perfecto. Tienes todo el derecho del mundo a no verlo importante, a considerar que me equivoco o, sencillamente, a pensar que todo esto es un
    coñazo y pasar del tema. A ti, por el contrario, más bien parece que el asunto de las escuchas te parece satisfactoriamente llevado y, en todo caso, justificado. Como bien has dicho, no sé qué supuesta irregularidad
    procesal en una parte de la trama justificaría que en otra ramificación se vulneraran todo tipo de garantías. Es tu opinión. Me parece perfecto que la expreses.

    Eso sí, respecto de este último punto, que es al parecer respecto del que manifiestas críticas a la posición que he defendido, me voy a repetir para recordar lo que he dicho antes, porque a continuación, rollero como soy, lo voy a matizar:

    “Básicamente, en materia de garantías, hay dos tipos de personas:
    – los que piensan que sólo hay que tenerlas en cuenta y considerarlas importantes cuando puedan beneficiar a uno mismo o a tu familia, o a las personas a las que quieres, o a los que entiendes que son “de los tuyos”, mientras que para los demás no tendrían demasiada importancia y, para los malos, directamente consideramos que sobran y que, claro, los que las invocan son unos hijos de puta y tienen, cómo no, intereses espurios;
    – las personas que creen en el Estado de derecho y respetan los derechos de los demás.
    Es una ecuación bastante sencilla. E inquietante, cuando analizamos los resultados de la misma aplicada a España.”

    En efecto, ésa es la distinción básica: defendemos las garantías para todos o no. Pero también es cierto que los motivos por los que no se defienden las garantías para todos también pueden ser muchos y variados. Se me ocurren, al menos, las siguientes posibilidades:

    – eso de los derechos de defensa, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de los imputados son mariconadas que lo único que hacen es amparar a los chorizos (si los investigan, por algo será, joder, así que menos cautelas y a por ellos sin tantos miramientos);

    – los derechos de defensa están muy bien, hasta un punto, en concreto hasta eso del secreto profesional de los abogados (para los periodistas o los médicos, por ejemplo, está muy bien que se proteja, y es importante para una democracia y un Estado de Derecho que así sea, pero, ¿para los abogados?, ¡si se trata de gente que gana dinero defendiendo a
    delincuentes, corruptos, ladrones, violadores y terroristas -recordemos, de hecho, la premisa anterior, si los investigan, joder, será por algo-!), que a fin de cuentas son objetivamente cómplices de los delincuentes;

    – se defienden todos los derechos, sí, pero no en este caso o en otros en los que sospecho que se han producido (o se han producido claramente) irregularidades procesales en favor de los presuntos delincuentes (o de presuntos delincuentes relacionados con estos delincuentes); cualquier sospecha de que puedan ser favorecidos por la Justicia debe
    compensarse eliminando sus garantías constitucionales (aunque, eso sí, de modo excepcional);

    – se asume retóricamente que sí, que hay que respetar y defender los derechos fundamentales, pero en el fondo no nos parece mal que se eliminen con quienes consideramos que son objetiva e indudablemente perversos: terroristas, para empezar. Violadores, para continuar. Personas relacionadas con el PP, en estos momentos. La lógica es siempre la misma: ciertos colectivos, per se, no merecen protección por parte del
    Derecho y la sociedad ha de estar satisfecha si se la eliminamos. Los problemas, como es obvio, vienen a la hora de determinar quién integra ese listado. Yo, como no me fío de lo que haría el Estado si le dejara hacer esto con los colectivos que él definiera como nocivos per se, porque acaba siendo el Estado quien hace la definición, no nos engañemos, pues prefiero curarme en salud, la verdad.

    Más o menos, éste es el listado que se me ocurre. Dejando claro que, en realidad, la penúltima opción, a mi juicio, no deja de ser un artificio mental para evitar reconocerse a uno mismo que, en realidad, está en la última. Como esa gente que dice “a los terroristas, ¿les vamos a aplicar todas las garantías contra las que ellos luchan?”, tratando de poner una base técnica a su negativa a aplicarles las garantías.

    En resumen:
    – si hay hechos mal expuestos, por favor, rectifícalos;
    – si hay valoraciones jurídicas a tu juicio incorrectas, por favor, arguméntanos cuáles y por qué;
    – si se trata únicamente de que para ti no es demasiado importante este tema, o no lo ves grave, o te la trae floja o, por el contrario, que te parece cojonudo, como dices, que en este caso se pase de las garantías (sea por la razón que sea, incluida la que nos has aportado aunque ya te digo que a mí me parece muy endeble), encantados de que nos lo cuentes. Pero no puedes evitar que ese tipo de opiniones, por estar íntimamente relacionadas con el núcleo garantista de una una democracia y un Estado de Derecho, digan mucho sobre quien las expresa. Así que no creo que sea demasiado sensato que te sientas ofendido porque, ante opiniones que reflejan y sustentan posiciones que tradicionalmente son lo que son y se llaman como se llaman, todos más o menos las ubiquemos ahí.

    Hasta aquí, de lo que tiene sentido hablar. También podemos hablar de otras cosas anejas que, según tú, desvirtúan totalmente el escrito y lo descalifican. Como es el caso, a tu parecer, de mi advertencia. Te he invitado a que lo desarrolles mínimamente porque, de momento, la verdad es que no creo que se sostenga esa supuesta crítica lo más mínimo. Mientras no lo hagas, la verdad, la actitud de tirar la piedra y esconder la mano suena pataleta de quien, porque no quiere o no puede defender su posición con otras razones (en este caso, que las escuchas de marras son cojonudas, legales y lo que todo Estado de Derecho requiere), prefiere
    recurrir a la insidia extendiendo un velo de sospecha sobre quien sí da opiniones y razones (para tratar de descalificarlas por esta vía) de frente y a pecho descubierto.

    En cualquier caso, muchas gracias por dar tu opinión. Un abrazo.

    Por cierto, perdón de nuevo por el rollo. ¡Pero ya saben los habituales de por aquí que esto es marca de la casa!

    PS: En cuanto a la dedicatoria, Alemania, ya sabes que hay quienes consideramos una obligación cívica, aunque pasemos por locos, decir la verdad. Entiendo que a quienes valoran el consenso social a toda costa la verdad les importe muchas veces muy poquito. Nada tan cohesionador del grupo, aunque de vez en cuando haya que quemar a alguien, que una serie de buenas mentiras en las que la masa se pueda identificar y que le permita vivir tranquila y confiada de que las cosas «están en orden».

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 17 de octubre de 2009 a las 9:55 am

  24. 24

    A mi me gustaría formularle, Sr. Boix, varias preguntas, ya que ha hecho una exposición interesante sobre el derecho a la defensa en España:

    1.- ¿Usted cree que la batería normativa para la persecución del blanqueo de capitales no contiene elementos inconstitucionales en su articulado al señalar como sujetos obligados a abogados y asesores? Que los notarios estén, creo que puede tener un pase, ¿pero los dos últimos? ¿No le parece que estas maravillas que nos llegan de fuera también tienen puntos que chocan con el derecho a la defensa?

    2.- Si cree que es constitucional negociar que las Comunidades limítrofes no puedan recurrir las cuestiónes tributarias forales, ta y como recogía esta noticia ayer el Expansión:

    http://www.expansion.com/2009/10/17/economia-politica/1255733306.html?a=2219269347c984063561f999b6e7e134&t=1255771011

    3.- ¿Qué le parece el que no haya recurso previo de inconstitucionalidad cuando se están tramitando leyes que pueden tener puntos claros de inconstitucionalidad y obligan al Tribunal Constitucional a enfrentarse a los poderes legislativos en medio del circo mediático?

    También le iba a preguntar por el SITEL, pero ya ha quedado claro antes.

    Un saludo, y espero que siga haciendo buenas reflexiones como las que ha hecho en este caso sobre los numerosísimos defectos y ataques a la democracia y al Estado de Derecho que hay en España. He de confesar que me ha gustado bastante su escrito.

    Comentario escrito por Yo mismo — 18 de octubre de 2009 a las 12:06 pm

  25. 25

    1. Totalmente de acuerdo. De hecho, así lo han denunciado también muchos colegas y, si no me engaño, los representantes de la abogacía española.

    2. La reformita de marras para «blindar» las normas forales vascas se las trae. Básicamente, porque, como bien señalas, supone justamente eso, impedir a los ciudadanos defenderse frente a ellas, dado que, sin ser leyes, será como si lo fueran a efectos de su impugnación. Tengo pensado escribir algo sobre el asunto esta semana.

    3. A mí no me parece mal que, en asuntos donde hay dudas sobre si algo es o no constitucional, demos cierta prioridad a la decisión del parlamento, con los representantes de los ciudadanos. Es lo que ocurre en casos como éste. Si hubiera un contenido claramente inconstitucional el TC habría actuado rápida y expeditivamente.

    Gracias por el comentario.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 18 de octubre de 2009 a las 12:24 pm

  26. 26

    Tengo que disentir en lo de «rápida y expeditivamente», y en lo de dar prioridad al Parlamento, pues a menudo vemos que en España se están pisoteando derechos fundamentales por parte del Parlamento con total impunidad por no tener el recurso previo de inconstitucionalidad, lo que dice mucho de nuestra peculiar democracia.

    A las cuestiones que le he expuesto anteriormente, que pueden tener puntos de colisión fuertes con el derecho a la defensa, yo añadiría otras muchas reformas legislativas recientes bastante dudosas y contra las que habrá que presentar contienda. Ultimamente nos estamos acostumbrando a las injerencias entre los poderes de una forma peligrosa, y a echar en el tejado del ciudadano la defensa de derechos fundamentales pisoteados por «Decretazo», con el coste que supone para este defenderse en una contienda desigual. Por eso lo de la prioridad del Parlamento, salvo que invoquemos un estado de excepción por un motivo justificado, no lo veo nada claro.

    Una de las reformas que más indignación me ha causado últimamente es la reforma de la Ley de Suelo de 2007 y la forma «curiosa» de tratar el tema de las valoraciones y los derechos asociados a la propiedad, pues la «administrativitis» española se está pasando de los límites de la Constitución en no pocas materias con la equiescencia de muchos. Si ya la Administración disponía den o pocas potestades expropiatorias en aras del «interes general», le damos unas cuantas más. Por eso es que lo de la prioridad de adelantamiento por la derecha del Parlamento no lo he entedido muy bien.

    Y si ya nos ponemos con los Estatutos, ¿qué decir? Aquí dejo unas opiniones interesantes:

    http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090922/opinion/constitucional-estatut-20090922.html

    http://guindasenaguardiente.blogspot.com/2009/09/tribunal-constitucional.html

    Comentario escrito por Yo mismo — 18 de octubre de 2009 a las 1:04 pm

  27. 27

    ¿Qué pensarán las personas que están en Prisión Preventiva cuando ven noticias como la libertad con cargos decretada en favor de Félix Millet?

    ¿Por qué las garantías y cautelas que se han adoptado con Félix Millet o con el ex decano Regadera no se toman con el resto de ciudadanos?

    Comentario escrito por menipo — 20 de octubre de 2009 a las 7:46 pm

  28. 28

    A mi juicio, menipo, lo escandaloso es que haya tanta manga ancha con eso de enviar a la gente a la cárcel antes de que hayan sido declarados culpables, no que en este caso un juez sea respetuoso con el principio de presunción de inocencia y se comporte de forma impecable.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 21 de octubre de 2009 a las 1:43 pm

  29. 29

    Por cierto, que el Colegio de Abogados de Madrid se querella contra Garzón y los fiscales. ¡A saber qué intereses inconfesables tienen!

    http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20091021/53807847171/el-colegio-de-abogados-de-madrid-se-querellara-contra-garzon-por-las-escuchas-del-caso-gurtel.html

    El Colegio de Abogados de Madrid se querellará contra Garzón por las escuchas del caso Gürtel
    También lo harán contra los fiscales que actuaron en la grabación de conversaciones entre los letrados defensores y los acusados | El Colegio de Abogados de Madrid considera que las escuchas son «intolerables para el derecho de defensa»

    Aquí está, además, el texto del acuerdo del ICAM:

    http://estaticos.elmundo.es/documentos/2009/10/21/abogacia.pdf

    El Colegio de Abogados de Madrid califica la grabación de
    las comunicaciones entre imputados y sus abogados de
    “intolerable para el derecho de defensa”
    Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 20 de octubre de 2009
    Primero.- Otorgar el amparo colegial solicitado a los letrados D. JOSÉ
    ANTONIO CHOCLÁN MONTALVO, Dª. ANA ISABEL MADERA CAMPOS, D.
    JUAN IGNACIO VERGARA PÉREZ, D. IGNACIO PELÁEZ MARQUES, D.
    MANUEL DELGADO SOLÍS, D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL, D. GONZALO
    RODRÍGUEZ MOURULLO y D. PABLO RODRÍGUEZ-MOURULLO OTERO por la
    actuación llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
    Nacional en la pieza separada de intervención de comunicaciones de las diligencias
    previas 275/2008 al ordenarse y practicarse la observación y grabación de todas las
    comunicaciones personales de los imputados en situación de prisión preventiva con los
    letrados personados en la causa o cualesquiera otros que mantuvieran entrevistas con
    ellos.
    Segundo.- Trasladar al Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder
    Judicial, al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Nacional y al Excmo. Sr. Presidente
    del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a cuya Sala de lo Civil y Penal ha sido
    remitida la causa por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, la más enérgica
    protesta por la actuación llevada a cabo por dicho órgano jurisdiccional en la pieza de
    intervención de comunicaciones de las diligencias previas nº 275/08, interesando al
    mismo tiempo del Consejo General del Poder Judicial el cumplimiento de lo previsto en
    el artículo 409 de la LOPJ y recabando del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a
    través de su Sala de lo Civil y Penal, la urgente comprobación de que, en la causa
    mencionada, han dejado de observarse las comunicaciones personales de los imputados
    en situación de prisión preventiva con sus letrados para, en su caso, adoptar las
    disposiciones pertinentes dirigidas al inmediato cese de esa situación, intolerable para el
    derecho de defensa.
    Tercero.- Trasladar al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado la más enérgica
    protesta por la actuación llevada a cabo por el Ministerio Fiscal (Fiscalía Especial
    contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada) en la referida pieza de intervención
    de comunicaciones de las diligencias previas nº 275/08 del Juzgado Central de
    Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, al consentir las resoluciones dictadas por
    dicho Juzgado para la observación de las comunicaciones de los internos con sus
    letrados y tomar posición ante las mismas, injiriéndose en la confidencialidad de la
    relación entre abogado y cliente, al calificar qué comunicaciones se referían en
    exclusiva a estrategias de defensa y debían excluirse de la causa y cuáles debían
    permanecer en ella, interesando al mismo tiempo del Excmo. Sr. Fiscal General del
    Estado la realización de cuantas actuaciones sean precedentes para depurar las
    responsabilidades en que hubieran podido incurrir los Fiscales intervinientes en dicha
    causa.
    Cuarto .- Disponer la personación del Colegio de Abogados de Madrid en los
    procedimientos que se inicien a instancias del Ministerio Fiscal como consecuencia de
    los traslados reseñados para la tutela del interés publico de la justicia de la que es parte
    esencial el derecho de defensa; o, en caso de no iniciarse procedimiento alguno,
    autorizar desde este momento la presentación de querella, en ejercicio de la legitimación
    que le reconocen los artículos 7.3 de la LOPJ, 5 g) de la Ley de Colegios Profesionales,
    4.1.a) del Estatuto General de la Abogacía y 4.a) de los Estatutos de la Corporación,
    contra el Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
    Nacional, Ilmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real, y contra los Fiscales que actuaron en la
    pieza de intervención de comunicaciones de las diligencias previas nº 275/2008, por la
    posible comisión del delito de prevaricación tipificado en los artículos 446 o 447 y del
    delito de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones mediando causa por delito,
    tipificado en el artículo 536, todos ellos del Código Penal, sin perjuicio de las acciones
    que estimen oportunas ejercitar los letrados solicitantes del amparo colegial.
    Quinto.- Expresar públicamente la extrema preocupación del Colegio de
    Abogados de Madrid por la vulnerabilidad del derecho de defensa y de la
    confidencialidad de las relaciones entre el abogado y su cliente, elementos esenciales
    del Estado de Derecho. La quiebra de ese derecho fundamental es especialmente odiosa
    cuando tiene lugar en un escenario donde la declaración de secreto del procedimiento y
    las situaciones de prisión preventiva de los imputados obligan a quienes únicamente
    tienen acceso a las actuaciones y pueden determinar su curso a extremar su celo en la
    observancia de la ley, de las garantías procesales y del derecho a la tutela judicial
    efectiva de todos los afectados. Adicionalmente, la difusión en la opinión pública de
    actuaciones sumariales, que ya quebranta el secreto externo de la instrucción
    consagrado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es aún más
    repudiable si se trata de actuaciones en las que también se ha declarado el secreto
    interno del artículo 302 de la misma Ley, pudiendo ser dicha difusión, cuando se realiza
    por autoridad o funcionario público, constitutiva del delito de quebrantamiento de
    secreto del artículo 417 del Código Penal. Son esas consideraciones las que llevan a ésta
    Junta de Gobierno a dar publicidad al presente acuerdo y a reiterar su llamamiento de
    colaboración leal y responsabilidad común a cuantas autoridades, instituciones y
    profesionales participan en el sistema de la justicia para la defensa de los principios y
    valores proclamados en la Constitución.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 21 de octubre de 2009 a las 1:49 pm

  30. 30

    No me quejo de que a Millet o a Regadera les hayan aplicado correctamente garantías y cautelas, me quejo de todos los casos anteriores similares donde no se aplican y que, en líneas generales, al individuo de la calle le aplican de forma automática Ley de Violencia de Género sin querer entrar a valorar si se está ante una situación de dominio o sometimiento sobre la mujer, o no, y sin ni siquiera intentar probar la existencia de la misma; se aplica de forma mecánica por Jueces y Audiencias Provinciales

    Millet parece que afirma que se apropió de pocos millones de Euros y no reconoce los cerca de 20 millones de Euros que se le imputan; en el caso de que fuese cierto que la cantidad defraudada fuese 20 millones¿se puede considerar su reconocimiento de 3 millones como colaboración con la justicia?

    En relación a la oligarquía catalana y la administración de Justicia ya existen experiencias anteriores bastante clarificadoras: el juez Estevill y sobretodo ¿Qué ha pasado con la denuncia que formuló en sede parlamentaria el President Maragall contra el gobierno de CIU al afirmar que su problema era el 3%?

    Crear 17 mini Tribunales Supremos, 1 por Autonomía, ¿no es darle carta blanca a este tipo de comportamientos ya que va a haber mayor cercanía entre juzgadores y juzgados de la que ya hay con un único TS y con el TC?

    El principio de igualdad brilla por su ausencia.

    Comentario escrito por menipo — 21 de octubre de 2009 a las 4:01 pm

  31. 31

    A todo esto, 1 de cada 4 presos en España son preventivos, con especial incidencia en el caso de los colectivos extranjero y vasco.

    Saludos,

    Comentario escrito por popota — 21 de octubre de 2009 a las 4:24 pm

  32. 32

    Me resulta curioso que el Colegio de abogados con respecto a la actuación de los fiscales, ( quizás seria mejor decir a la omisión en el ejercicio de sus funciones, se limite a «Trasladar al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado la más enérgica protesta por la actuación llevada a cabo por el Ministerio Fiscal»…interesando al mismo tiempo del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado la realización de cuantas actuaciones sean precedentes para depurar las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los Fiscales intervinientes en dicha causa».

    Más que nada porque creo que todos sospechamos donde se va a archivar dicha enérgica protesta.

    P.S El colectivo en preventiva más castigado es el de edades comprendidas entre 31 y 40 años

    Comentario escrito por josé luis — 21 de octubre de 2009 a las 7:24 pm

  33. 33

    Y alguien tendría que comentar, además, que no sólo es que sea un escándalo en materia de garantías inaceptable por conculcar derechos subjetivos a las víctimas de estos abusos.

    Este es un caso especialmente chungo porque los perjuicios sociales no son sólo a medio plazo y abastractos, sino que aparecen a corto plazo, asociados a los problemas y consecuencias criminógenas de tener la mayor tasa de población reclusa de toda Europa.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 22 de octubre de 2009 a las 8:05 am

  34. 34

    El ICAM se querellará contra Garzón por las escuchas:

    http://www.farodevigo.es/espana/2009/10/22/abogacia-querella-garzon-escuchas-ilegales-caso-gurtel/379482.html

    Comentario escrito por popota — 22 de octubre de 2009 a las 9:06 am

  35. 35

    Según la página de Eurostat en el 2007 España tenía una tasa de 146 personas en prisión por cada 100.000 ciudadanos;

    Estaba al nivel de Bulgaria (145 por cada 100.000), Hungría (149 por cada 100.000), Reino Unido [Inglaterra y Gales] (146 por cada 100.000), Reino Unido [Escocia] (139 por cada 100.000), Rumania (154 por cada 100.000), Montenegro (140 por cada 100.000), Liechtenstein (142 por cada 100.000), Luxemburgo (152 por cada 100.000).

    En un nivel “superior” se encuentran República Checa (185 por cada 100.000), Estonia (302 por cada 100.000), Letonia (293 por cada 100.000), Lituania (232 por cada 100.000), Polonia (228 por cada 100.000), Eslovaquia (162 por cada 100.000).

    Bélgica (91 por cada 100.000), Dinamarca (71 por cada 100.000), Alemania (93 por cada 100.000), Irlanda (75 por cada 100.000), Grecia (91 por cada 100.000), Francia (95 por cada 100.000), Italia (84 por cada 100.000), Chipre (79 por cada 100.000), Malta (87 por cada 100.000), Holanda (99 por cada 100.000), Austria (107 por cada 100.000), Portugal (116 por cada 100.000), Finlandia (68 por cada 100.000), Eslovenia (60 por cada 100.000), Suecia (77 por cada 100.000), Irlanda del Norte (82 por cada 100.000), Croacia (87 por cada 100.000), Macedonia (98 por cada 100.000), Turquía (102 por cada 100.000), Serbia (112 por cada 100.000), Islandia (39 por cada 100.000), Noruega (70 por cada 100.000), Suiza (79 por cada 100.000).

    Actualmente en España, según el INE, somos 45.967.632 habitantes y según el Ministerio del Interior en Agosto del 2009 había una población carcelaria de 76.509 personas lo que daría, si las matemáticas no me fallan, una tasa de población carcelaria de 166 por cada 100.000; habiendo 16.317 presos preventivos nos da una Tasa de 35,5 presos preventivos por cada 100.000 habitantes.

    TASA DE CRIMINALIDAD COMPARADA EN LA UE EN EL AÑO 2007 SEGÚN MINISTERIO DEL INTERIOR.
    http://www.mir.es/DGRIS/Balances/Balance_2007/pdf/bal_criminalidad_2007.pdf (página 3)

    ESPAÑA 47,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.
    REINO UNIDO 101,6
    LUXEMBURGO 55,7
    BÉLGICA 94,7
    DINAMARCA 80,0
    ALEMANIA 77,5
    IRLANDA 24,1
    GRECIA 41,2
    FRANCIA 62,3
    ITALIA 55,6
    HOLANDA 79,5
    AUSTRIA 73,8
    PORTUGAL 39,5
    FINLANDIA 64,9
    SUECIA 119,4

    Evidentemente los datos son orientativos ya que no se discriminan los tipos de delitos y en cuanto a la tasa de población carcelaria el nº de habitantes de los pequeños países influye bastante sobre la misma.

    Comentario escrito por menipo — 22 de octubre de 2009 a las 11:51 am

  36. 36

    Tráfico quiere más calles limitadas a 30 km/h

    la DGT firmará un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincidas, para incluir una ordenanza municipal común en la que se fijaría que el 80% de las calles de las ciudades estarían restringidas a 30 kilómetros por hora de velocidad máxima.

    La Dirección General de Tráfico se ha propuesto reducir el número de víctimas de accidentes de circulación en ciudad

    Creo que fue este año cuando algún lumbrera del Parlamento propuso que aparcar el coche en zona de discapacitados fuese considerado delito para así conseguir que la gente se concienciase.

    En el momento en que prohiban el uso de automóviles conseguirán siniestralidad cero.

    ¿Puede ser considerada Desviación de Poder el uso de las normas de tráfico para que el Estado obtenga ingresos económicos económicos adicionales? Hay muy pocos radares colocados en puntos de alta siniestralidad mientras que abundan en aquellos puntos donde hay un límite de velocidad anormalmente bajo para el tipo de vía.

    El poder legislativo es el primero en abusar del «ius puniendi» del estado.

    Comentario escrito por menipo — 22 de octubre de 2009 a las 6:08 pm

  37. 37

    Empieza a palparse una reacción casi generalizada en ámbitos jurídicos y profesionales contra la sucesión de desmanes a que estamos asistiendo. Copio y pego el artículo que publicaba ayer Miguel Bajo en «El Mundo».

    ABOGADOS ESPIADOS Y OTROS DESMANES; por Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal

    Algo ocurre con la Administración de Justicia en los llamados procesos políticos. El mal no reside en una pretendida politización -a mi juicio inexistente-, sino en una insensibilidad absoluta y repetida frente a los principios de un Estado de Derecho. Los ejemplos son muy elocuentes.

    En un conocido proceso -por supuesto, político-, ha habido más de 100 imputados, y se ha producido el hecho insólito de que todos han sido detenidos por la Policía, teniendo que pasar, en muchos casos, las arbitrarias 72 horas en los calabozos, para ser puestos a continuación en libertad sin más. Esas detenciones han sido decididas por la autoridad judicial y consentidas, en los casos en los que hubo recurso, por el Tribunal Superior, que aplaude así la inexplicable actitud del instructor.

    En la práctica totalidad de los procesos políticos que todavía se encuentran vivos, se ha decretado el secreto de las actuaciones para todos las partes personadas -excepto el Ministerio Fiscal-, durante períodos sorpresivamente prolongados. Esta situación, que dificulta hasta extremos inaceptables la defensa del imputado, ha sido bendecida para sorpresa del jurista por los Tribunales Constitucional y Supremo.

    Ante la atónita mirada del ciudadano, dichos procesos políticos doblemente secretos, son recogidos alegremente por los medios de comunicación, dándose en repetidas ocasiones el caso curioso, por no decir indignante, de que el informador pertenecía a un medio periodístico de ideología contraria a la de los afectados con las imaginables consecuencias.

    Todo este ambiente consentido por las Instituciones del Poder Judicial -léase, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, o Ministerio de Justicia- ha degenerado hasta el punto de consentir la intolerable decisión de intervenir la comunicación de un preso con su abogado, teniendo en cuenta que dicho preso no estaba detenido como presunto terrorista, ni por delitos de sangre, ni como violador irredento, es decir que no suponía un peligro capital para ningún ciudadano, resulta una medida además de ilegal, intolerable.

    Aunque para Hamlet algo oliera a podrido en Dinamarca, no podemos ni debemos trasladar la misma situación a la actual Administración de Justicia española. Pero ¡sí! se puede sostener que algo hiede a estancamiento ante la insensibilidad manifiesta de algunos insignes juristas que, no obstante, forman parte de las agrupaciones de jueces y fiscales más preclaras.

    Se ha dicho que el desgarro de vestiduras manifestado por el Colegio de Abogados de Madrid ante tan abusivo desmán obedece a un profundo corporativismo, y esta imputación puede ser piedra de alarmante escándalo, no porque se tenga opinión negativa del colectivo de abogados -merecedores a veces de calificativos más fuertes-, sino por lo que supone de frívola indiferencia frente a la trasgresión lacerante del derecho de defensa.

    Pienso que insistir en el quebranto que implica para el Estado de Derecho la violación del secreto de la comunicación del imputado con su abogado -en un delito económico-administrativo, recuérdese-, es una obviedad, a pesar de lo cual parece obligado insistir.

    Mi indignación manifiesta aquí es que estos lodos -la insensibilidad frente a tamaño desatino-, provienen de aquellos polvos frívolamente consentidos, como la inexplicable actitud de un instructor -al que difícilmente le cabe el calificativo de juez-, que ordena detener a más de 100 presuntamente imputados por un delito político-económico, o la admisión de la inexplicable prolongación del secreto en procesos inquisitoriales, así como la displicencia indolente con que se acoge la filtración de dichos secretos a los medios de comunicación.

    Esto no es un drama teatral danés, pero algo huele a modorra anestésica, a deja-vu en la trastienda de la Administración de Justicia española.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 29 de octubre de 2009 a las 1:02 pm

  38. 38

    Buscando información sobre las escuchas ilegales, di con este artículo. Impecable y muy didáctico, Andrés.
    Lástima que haya quien despache éste o cualquier otro tema con dos o tres lugares comunes y dos o tres descalificaciones sin reflexionar y sin argumentar con un mínimo rigor.
    Yo escribí un pequeño texto, mucho más sencillo y más escueto, pero en la misma línea de preocupación y de subrayar la importancia de este asunto.
    http://carlosjaviergalan.blogspot.com/2010/01/derecho-de-defensa-y-grabaciones.html

    Comentario escrito por Carlos J. Galán — 13 de enero de 2010 a las 6:57 pm

  39. 39

    A decir verdad, estoy todavía formando mi opinión sobre este tema. Es mucho más complejo de lo que la gente se empeña en creer (y la mayoría de los medios quiere hacernos creer). Debo decir que mis conocimientos jurídicos son ínfimos (más razón aún para informarse).

    Tengo unas preguntas, al hilo de otros blogs que he leído.

    ¿Qué precedentes existen sobre las escuchas autorizadas por un juez? Si se habían utilizado antes en casos no de terrorismo, ¿ha habido condenas?

    ¿No podrían haberse simplemente anulado las escuchas, en lugar de haber condenado al juez que las autorizó? Se dice «por ahí» que esto no es más que un ajuste de cuentas.

    Por cierto, me ahorraría mi mención de «ajuste de cuentas» si usted no mencionara a «juristas ambiciosos, ávidos de protagonizar titulares».

    Personalmente, no me gusta ninguna frase basada en simpatías o antipatías. Me da igual que sea ajuste de cuentas o que el tal Garzón sea ambicioso o no. Lo que quiero es acercarme lo más posible a la verdad.

    Un saludo y gracias.

    Comentario escrito por Fernandilllo — 10 de febrero de 2012 a las 9:35 am

  40. 40

    Fernandillo, desde que el TC aclaró directamente que la excepción a la prohibición general de estas escuchas sólo era posible en casos de terrorismo (y con autorización judicial) ha habido un precedente claro, el juez que ávido de protagonismo y titulares, deseoso de aparecer como el héroe que encontraba el cadáver de Marta del Castillo, puso escuchas a su abogado. Se generó un enorme revuelo, con protestas del Colegio de Abogados de Sevilla. El abogado afectado, que creo que era de oficio, prefirió no meterse en líos. Y la Fiscalía no actuó de oficio, al igual que aquí tampoco lo ha hecho. El factor diferencial con el tema de Garzón es que en este supuesto los abogados afectados sí reaccionaron.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 10 de febrero de 2012 a las 12:03 pm

  41. 41

    Fernandillo: es falso lo que dice Andrés en el comentario número 40, ha habido más casos, como el de Pablo Vioque. José Yoldi lo explica en au artículo de hoy (dónde también podrás comprobar lo honrados que son los abogados de la Gürtel)
    http://politica.elpais.com/politica/2012/02/09/actualidad/1328824498_608327.html Aunque claro, supongo que para todos estos grandes defensores del derecho a la defensa (me recuerdan a Gallardón cuando habla del «derecho a la maternidad») aquel juez que ordenó las escuchas y que con ello previó el intento de asesinato del fiscal Zaragoza será un juez prevaricador.

    Sobre el derecho de defensa, más claro el agua:

    http://politica.elpais.com/politica/2012/02/09/actualidad/1328805234_835100.html

    Comentario escrito por Juan Carlos — 10 de febrero de 2012 a las 12:44 pm

  42. 42

    Juan Carlos, no es verdad que ese caso sea comparable. Ahí hay unas escuchas porque hay indicios previos de participación en la preparación de un delito por parte del abogado. A estas alturas debiera haber quedado ya muy claro que ése es un supuesto radicalmente diferente.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 10 de febrero de 2012 a las 1:02 pm

  43. 43

    En esta materia las interpretaciones extensivas de supuestos excepcionales ¿a qué nos llevaría?.

    A alguien se le olvidó por el camino el título preliminar de la LOPJ.

    Comentario escrito por josé luis — 10 de febrero de 2012 a las 12:57 pm

  44. 44

    Está muy bien eso, evitar delitos cometiendo delitos. No sé cómo no se nos había ocurrido antes.

    Comentario escrito por josé luis — 10 de febrero de 2012 a las 1:08 pm

  45. 45

    ¿Entonces los indicios sólo existen cuando tú dices que existen? Porque resulta que en la Gürtel había claros indicios de que sus cabecillas estaban utilizando a sus abogados (como las grabaciones pusieron de manifiesto) para blanquear su dinero, al menos esos indicios eran claros según la polícia, según la fiscalía, según el juez Garzón y según el juez Pedreira. Pero claro, las comparaciones sólo son válidas cuando a ti te vienen bien para defender tus posiciones.

    Comentario escrito por Juan Carlos — 10 de febrero de 2012 a las 2:00 pm

  46. 46

    Juan Carlos, según los hechos probados de la sentencia no habría habido indicio alguno que permitiera o justificara grabar a R. Morullo, Choclán, Peláez y, según dice la sentencia, tampoco hay en ningún momento justificación en los autos que aprueban las escuchas al respecto. No parece que esos hechos sean contradichos con nadie. Al menos, no en lo que a mí me consta.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 11 de febrero de 2012 a las 9:08 am

  47. 47

    Y hay más casos. Tendrías que docuemntarte mejor Andrés, a ver si te van a salir casos similares por todas partes

    http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-11-2009/abc/Nacional/la-sala-valida-las-escuchas-en-prision-a-un-abogado-de-la-mafia-rusa-con-kalashov_1131239765888.html

    El otro día te puse a un Catedrático de derecho constitucional y hoy te pongo a otro:

    http://elpais.com/diario/2010/03/25/opinion/1269471604_850215.html

    Pero nada, estarán todos en contra del derecho de defensa. ¡Todos prevaricadores!

    Comentario escrito por Juan Carlos — 10 de febrero de 2012 a las 4:37 pm

  48. 48

    Por cierto, que el artículo de Marc Carrillo lo puedo suscribir de la primera a la última línea. ¿De dónde se extrae que avale las escuchas indiscriminadas a abogados?

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 12 de febrero de 2012 a las 7:47 am

  49. 49

    Es obvio que podemos estar así hasta el día del juicio final, pero cada vez que tú digas (tú o cualuquiera, incluso el TS en esa sentencia llena de despropósitos) que se grababa a los impresentables de Peláez y de Choclán, y a Morullo, yo te diré que eso es falso. A los que se grababa es a Correa y a Crespo y que en esas grabaciones queda de manifiesto que estos dos chorizos utilizaban a otros abogados corruptos para blanquear dinero. Porque es que resulta que hay abogados corruptos, no muchos, alguno que otro, pero haberlos haylos, por mucho que en este blog se parta de la premisa de que todos los abogados son poco menos que Santos. Lo que pretendéis es crear zonas de impunidad y eso es lo que acaba de hacer el TS: ¡Chorizos del mundo utilizad a vuestros abogados para seguir delinquiendo desde la cárcel! El Tribunal Supremo de España os ampara.

    Comentario escrito por Juan Carlos — 11 de febrero de 2012 a las 10:25 am

  50. 50

    Creo que te confundes. Yo no he dicho que Garzón haya prevaricado. He dicho que hay unos elementos subjetivos del tipo que son de difícil prueba, lo que obliga, al contrario, a cierta reserva si uno no conoce la causa a fondo. Lo que sí digo es que las escuchas me parecen abiertamente ilegales y muy peligrosas para un Estado de Derecho. Yo no me empeño, ni mucho menos, en pretender deducir de ello la culpabilidad de Garzón. Lo que pasa es que tú si te empeñas en defender la legalidad de las escuchas como argumento esencial para defender a Garzón. Es ahí donde no estamos de acuerdo.

    A mí Garzón me da igual. Es más, como dice InVino me recuerdo sintiendo gran júbilo culpable con lo de Pinochet y los GAL. Y no me alegra una condena penal de nadie. Menos todavía de una persona a la que dese lejos creo muy equivocado en muchas pero no malintencionado. Y a mí no me gusta que se condena gente no malintencionada. Creo que el tema de Garzón (que desde hace años es ya «tema AN») se tendría que resolver, porque es grave para los intereses generales y para el Estado de Derecho. No con condenas penales. Porque la culpa, además, no es de Garzón sino del complejo que ha permitido y amparado esto. Ahora bien, precisamente por eso me horroriza ver a la izquierda española defendiendo estas escuchas.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 11 de febrero de 2012 a las 10:48 am

  51. 51

    A mí me parece que el único confundido aquí eres tú, querido Andrés. Absolutamente nadie defiende las escuchas indiscriminadas a abogados, pero es obvio y evidente que Marc Carrillo está mucho más cerca de avalar la legalidad de las ecuchas de la Gürtel que de lo contrario. Aparte de confundido te contradices continuamente porque dices que no consideras que Garzón haya prevaricado, pero en otro lugar has escrito que lo hecho por Garzón supone «un modelo de escuchas ilegales y de investigación penal propios de regímenes totalitarios», asumiendo como tuya esa barbaridad escrita por los excelentísimos magistrados del Supremo, ¿cómo es posible defender que un juez realiza prácticas típicas de un Estado totalitario y que esas prácticas no constituyen prevaricación? Eso es inasumible desde cualquier punto de vista, si en una democracia un juez se comporta como si estuviera en un régimen totalitario es que ese juez es un prevaricador, de hecho no puede haber mayor evidencia de prevaricación que esa. Te tendrías que hacer mirar las cosas que defiendes Andrés, un jurista no puede ser tan flagrantemente incoherente.

    Y también estás confundido en lo relativo a mi postura sobre las escuchas como mi argumento principal para defender la no prevaricación de Garzón. Yo creo que las escuchas ordenadas por Garzón fueron ajustadas a derecho (es decir, pienso lo mismo que la fiscalía, que dos jueces del TSJM, que Francisco Balaguer, que Marc Carrillo y que otros muchos prestigiosos juristas), pero acepto por supuesto que es un tema de controversia jurídica y que mi posición puede ser minoritaria (y hasta equivocada), de hecho el TSJM las declaró ilegales con argumentos de peso, como los tuyos, que yo no comparto, pero que respeto y me parece un debate interesante. Ahora bien, aquí lo importante no es la legalidad o ilegalidad de las escuchas de la Gürtel, lo importante de la sentencia del Supremo es la supuesta prevaricación de Garzón… Y para eso mi postura sobre la legalidad de las escuchas es irrelevante, de hecho yo podría compartir tu opinión sobre que son claramente ilegales y seguiría defendiendo con el mismo enfasis (o incluso más) que Garzón no prevaricó al ordenarlas, porque eso es clarísimo…

    La sentencia del Supremo repasa la jurisprudencia de la prevaricación y en entre otras muchas cosas de similar tenor se dice que para que un juez prevarique tiene que «prescindir de todos lo métodos de interpretación admisible en derecho», con los que tiene que haber «una absoluta colisión de la actuación judicial». La actuación del juez tiene que ser «exponente de una clara irracionalidad» y tiene que tener «plena conciencia del carácter injusto» de lo que está haciendo. Y todo ello es obvio que no se dio en la actuación de Garzón, ya que la interpretación de Garzón a la hora de realizar las escuchas es compartida por una parte de la academia, por la fiscalía y por dos magistrados del TSJM: el magistrado Pedreira que prorrogó las escuchas y defendió la legalidad de las mismas http://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201001/27/espana/20100127csrcsrnac_1_Pes_PDF.pdf y el magistrado Suárez Robledano que emitió un voto particular en la sentencia del TSJM que invalidó parte de las escuchas http://www.elpais.com/articulo/espana/jueces/invalidan/escuchas/Gurtel/considerarlas/delito/proximo/tortura/inquisitorial/elpepuesp/20100325elpepunac_17/Tes

    Por lo tanto, es evidente que la interpretación de Garzón es compartida por una parte importante de la comunidad jurídica y es absolutamente imposible argumentar que esa interpretación es «exponete de una clara irracionalidad»,a no ser que consideremos irracionales a la fiscalía, a dos magistrados del TSJM y a Catedráticos de derecho de enorme prestigio.

    De ahí que la sentencia del Supremo sea una barbaridad indefendible y la condena por prevaricación a Garzón una injusticia de enormes dimensiones. Y eso es lo que tendríáis que estar diciendo ahora, Andrés, InVino y cualquier persona que se precie de defender la Justicia.

    Comentario escrito por Juan Carlos — 12 de febrero de 2012 a las 11:37 am

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