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Empieza en breve el curso. Es decir, que de alguna manera se nos concede (y se me concede) la posibilidad de volver a empezar, rectificar errores, aspirar a hacer las cosas mejor. Esto, claro, en lo que se refiere al curso que, para mí, empieza el lunes. Nuevas clases, nuevos grupos, nuevas materias… y todos los errores del año pasado (de alguna manera) borrados. Se llevan en la mochila, sí; se aprende de ellos, también; pero se empiea el curso con el contador a cero.
A la vez, más o menos, ha empezado en septiembre el curso para todo casi todo el mundo. Y lo ha hecho, en España, con la extraña resurrección de la asignatura de Derecho natural en forma de Educación para la Ciudadanía. O algo así, porque la verdad es que, dado que no he acabado de entender muy bien el follón, debe de ser que todavía no sé, en verdad, de qué va la cosa.
La disputa sobre el marco jurídico de la educación ha ido siempre virulenta en España. Basta asomarse al artículo 27 de la Constitución para sentir vértigo. En medio de una declaración de derechos más o menos sintéticos, el reconocimiento del derecho a la educación y de la obligación estatal de facilitarla se hace de forma farragosa, extensa, plena de recovecos y añadidos, fiel reflejo del campo de batalla que fue, una vez más, la cuestión educativa durante el debate constituyente. Y en esas estamos, todavía, con leyes educativas que se suceden a medida que cambian las mayorías políticas, acompañadas de intensos debates, casi siempre, sobre cuestiones más bien accesorias.
La actual mayoría parlamentaria ha consolidado las posiciones de la enseñanza privada y los privilegios de las clases de religión (católica, esencialmente, aunque por mor del generoso reconocimiento a esta confesión ya están aprovechando, y más que lo harán, otras de la competencia la desmesurada comprensión hacia lo religioso del Estado español para pagarse a cuenta de todos una ronda de adoctrinadores y de tiempo y medios en los currícula oficiales, a la que tienen derecho por eso de la obligación de igualdad de trato constitucionalmente garantizada). A cambio de no inquietar legalmente en esta dirección, de no poner el más mínimo óbice al sistema de conciertos, de aceptar la paulatina afirmación de la escuela pública como recurso para formar (y calmar) la mano de obra barata que necesitará el mercado en unos años (ya sea de procedencia foránea, ya simplemente de origen menos favorecido), eso sí, pretendió introducir como asignatura obligatoria una clase educación cívica, la tan traída Educación para la Ciudadanía.
Como no sé muy bien de qué va el asunto, me limito a dejar constancia de algunas perplejidades que me asaltan, empezando por las dudas que se me ofrece ante, ya digo, esta especie de resurrección del Derecho natural de los antiguos planes de estudio de la licenciatura en Derecho. ¿Se va a formar a los estudiantes en el debate y la discusión libre o plural o, además, se les va a explicar la superioridad innata a las soluciones plasmadas en textos como la Declaración Universal de Derechos del Hombre o, sin ir más lejos, la Constitución española de 1978? Pareciéndome muy bien que se enseñen los fundamentos a partir de los cuales las sociedades occidentales han decidido regir la convivencia, que se razone en torno a sus virtudes y problemas, no tengo tan claro que haya de hacerse excesivo hincapié, como al parecer desean algunos de los más entusiastas defensores de la asignatura, en que esta opción es evidentemente buena y mejor que otras. Aun estando, como lo estoy, personalmente convencido de ello, creo que precisamente la mejor comprensión del modelo en que vivimos obliga a no dar a esta valoración un peso excesivo. A lo mejor estamos equivocados. E, incluso si no lo estamos, es bueno, mejor para todos, que quienes crean que sí puedan expresarse con toda la virulencia argumental posible para tratar de convencernos. Y hemos de dar una oportunidad de que así sea, también en lo que se refiere a nuestras propias convicciones al respecto. Conviene aprender a dejar que sean inquietadas y nos conviene ser capaces de permitirnos ponerlas (tabién nosotros mismos) en duda.
No sé si la asignatura irá de eso o no. Pero me temo que no. Parece que, por el contrario, se apuesta por una especie de adoctriamiento en u nuevo Derecho natural con la extravagancia, eso sí, de que además será servido à la carte según los gustos del jefe de cocina de cada centro. Con su ideario, parecen decir, se lo aliñen a su gusto. Precisamente por este motivo desde el Ministerio se muestran sorprendidos por las críticas: aseguran que cada centro puede optar por orientar la asignatura, según su ideario, a su gusto. Para ello se muestra que hay libros de texto en el mercado de todo tipo, aptos para que todo el mundo pueda disfrutar de la asignatura sin verse en lo más mínimo inquietado en sus convicciones. Es una pena y una desgracia porque de lo que debería tratarse es, justamente, de todo lo contrario. Si a nadie va a inquietar la asignatura es que no sirve de nada.
Los padres católicos más extremistas saben que pueden llevar a sus hijos a colegios que impartirán la asignatura con manuales que, por ejemplo, tachan el matrimonio homosexual de contrario a la ley natural, inmoral e ilegal. Más allá del escándalo de que libros de texto con semajante contenido, objetivamente falso (y es que estas uniones, como es sabido, ilegales, ya no son), no sólo sean autorizados sino que además se pongan de ejemplo del buen rollete que rodea la asignatura, donde todas las concepciones caben y pueden ser aceptadas, lo que cabe plantear es la utilidad de unas lecciones más reafirmantes y confirmativas que otra cosa. Puestos a aceptar eso, ¿de veras hace falta la asignatura? ¿Qué se pretende con ella?
Es evidente que la personalidad del profesor modula y modulará siempre estas cosas. En lo malo y, también, en lo bueno (esperemos que quienes tengan que dar clase con los libros de texto arriba mencionados, por ejemplo, los sepan emplear como material de apoyo a algo más enriquecedor que la repetición de letanías más propias de cultos medievales que otra cosa). No pasa nada por ello. Es más, se trata de algo bueno. Y puede que simplemente a base e esta diparidad se logre algo tan importante como que, sencillamente, se hable, se comente, se discuta. Mejor hablar las animaladas y tener que dedicar un tiempo a explicarlas y justificarlas, porque de ahí alguna falla surgirá, que despacharlas con cuatro reglas de conducta impuestas. Vale. Pero, puestos a imponer una asignatura de este tipo como obligatoria, quizás habría estado mejor una definición más estricta. Ocurre, sin embargo, que no es lo que se quiere. Más signficativo que el ero hecho de que existan libros con contenidos como los señalados es que desde el Ministerio los vayan poniendo por ahí como ejemplo de su actitud para con la asignatura, de verdadera prueba del nueve. ¿De qué? ¿De que esto es un cachondeo que no vale la pena tomarse demasiado en serio?
Cuando yo estudié, hace ya unos quince años, la secundaria de entonces no existía Educación para la Ciudadanía. Teníamos Religión o Ética y a unos les enseñaban el catecismo mientras que a otros nos enseñaban a discutir y reflexionar sobre valores a partir de muy variados temas y materiales. La verdad es que, en general, guardo un excelente recuerdo de la asignatura en cuestión y creo que aprendí en ella, con los años, muchas cosas. Más importantes, probablemente, que las que aprendí en otras clases. Por lo demás, nunca he echado en falta tener los conocimientos que adquirían afanosamente mis compañeros de religión. Aunque, la verdad, sí creo que en Historia, en Filosofía, podría haber habido una mayor atención al hecho religioso, a su significación e importancia para nuestras sociedades. Pero, al parecer, existiendo la posibilidad de cursar una asignatura de orientación confesional y evangelizadora, esta aproximación no se entendía que fuera necesaria sino más bien superflua y perturbadora.
A partir de mi experiencia, como se deduce de lo dicho, me siento inclinado a considerar que la religión sobra en las escuelas con su formato actual, mientras que en cambio hace falta profundizar en su estudio de una manera descriptiva y también, como es lógico, crítica. Se infiere también con facilidad que sí creo importante una clase del estilo de las de ética que yo recibí. Pero, llegados a este punto, y a la vista de lo que se sabe sobre la misma, ¿acaso la Educación para la Ciudadanía que se ha montado es de este estilo? Porque parece que no y la mejor prueba de ello es la misma subsistencia, como alternativa a las clases de religión, de la asignatura que yo ya cursaba hace quince años. Si fueran la misma cosa, como es evidente, la habrían suprimido y liberarían a los niños que simplemente no quisieran dar religión.
Por último, en relación con todo el lío montado a cuenta de la asignatura, se ha debatido extensamente sobre la posibilidad de objetar a la misma por motivos de conciencia. Llama la atención que el argumentario de quienes se muestran convencidos del amparo que nuestro sistema jurídico da a tal opción personal se basa, sencillamente, en la alegación de que el Tribunal Constitucional ha aceptado (así, con el derecho a no practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los supuestos que no constituyen delito para médicos que aleguen motivos de conciencia) que cualquier deber jurídico puede ser salvado si imperiosos motivos de conciencia dificultan su conciliación con el credo personal del sujeto. De la misma forma que estos mismos sectores defienden la posibilidad de objetar a los jueces que no desean casar homosexuales, los padres de los niños que entiendan que los contenidos de la asignatura son ofensivos para su moral personal o familiar podrían conseguir que sus hijos dejaran de asistir a las clases sin que de ello se derivaran las consecuencias que el ordenamiento prevé respecto de la no superación de la materia.
La objeción de conciencia está expresamente permitida en la Constitución, por motivos de conciencia, respecto del deber de defender a la patria utilizando armas y realizando el servicio militar otrora obligatorio (para los varones). Es cierto que el Tribunal Constitucional ha aceptado en otros casos que, a pesar de no haber expresa mención constitucional, ciertos conflictos entre valores constituciones de difícil resolución puedan amparar la objeción de conciencia de aquellas personas que no comulgan con la solución adoptada por la mayoría. Pero, como es evidente, este derecho supone una quiebra cierta y muy grave. Un ordenamiento jurídico no tiene muchos visos de cumplir sus funciones si permite objeciones de conciencia a la carta. Por eso el TC lo que en realidad dijo, y tuvo mucha importancia, es que en ciertos casos límite, a pesar de su no reconocimiento constitucional, algunos supuestos de objeción sí podían, excepcionalmente, estar amparados por la libertad de conciencia. Se trataba, pues, de una excepción y como tal, estrictamente, hay que analizarla. Que, además, ha de ser declarada por el Tribunal Constitucional.
No parece, la verdad, que los contenidos de una asignatura como la descrita, como tampoco los serían los de una materia dedicada a reflexionar y a discutir, supongan una afección, ni mucho menos, del calado suficiente. Porque no se trata de que subjetivamente alguien pueda entender severamente violentada su conciencia sino de que haya razones objetivables que permitan afirmarlo en el marco propio de una sociedad liberal. Si fuera de otra forma, como a nadie bienintencionado se le escapa, estaríamos afirmando el derecho de cualquier ciudadano a incumplir cualquier deber cuya razón no comparta. Es necesario algo más para justificar una objeción, algo que permita justificar la diferencia de trato respecto de aquellos que, por ejemplo, plantean la famosa objeción fiscal al gasto militar, nunca reconocida.
Post Scriptum: En materia de objeción ¿de conciencia? a la regulación vigente en materia de educación, por cierto, acabo de recordar que el espectáculo de la Universidad montada por el Arzobispado de Valencia continúa: acaban de comenzar a impartir clases para formar «médicos» en una «Facultad de Medicina» fantasma, esto es, sin la debida homologación de plan de estudios. Con dos cojones. Parece ser que 50 estudiantes siguen los estudios, se supone que sabedores de que lo que han empezado a cursar no se sabe muy bien lo que es, pero en ningún caso un título académico oficial. Pero no importa, el Conseller acudió a inuguarar este extravagante curso académico y el Director General de Universidades de la Generalitat Valenciana prometió que se lo arreglarán y les convalidarán retroactivamente lo que estudien, mientras felicitaba a las autoridades eclesiásticas por su valiente iniciativa. La cosa tiene mucho mérito, porque esta Universidad del Arzobispo, además de «objetar» a varias normas estatales han ignorado la propia normativa de la Generalitat Valenciana en la materia, como ya mencionamos en su día. Habría que empezar a dejar claro que estas presuntas «objeciones» no son sino abiertos y flagrantes incumplimientos de ciertas personas y sectores que, simplemente, se saben o sienten con carta blanca para hacer lo que les plazca.
6 comentarios en Inicio de curso
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Al margen de idologías, en la educación, ¿quién impone programas de asignaturas y exigencia?? ¿Puede un gobierno que permite pasar de curso con 4 suspenso imponer una asignatura, sea lo que sea??
Si la religión estaba más o menos in/justificada, es aceptable que exista una de parchís, ¿no estaba mejor la ética que comentas?…, ¿o ésa no servía y necesitaban otra que pudiese mascarse en alguna fundación de diputados socialistas?
¿Por qué no apartar la educación de las manos de los políticos y, lo que es más importante, de los pedagogos y psicólogos metidos a pedagogos (aca, Marchesi)???
Acabaremos pidiendo que los planes de estudios vengan de Oslo o de Seúl así como la exigencia… y sí, la religión a la parroquia que corresponda…
P.D.: Si tu ayuntamiento no cumple las leyes, (la tontería de las banderas, por ejemplo), ¿se puede hacer objeción fiscal del IBI??
Comentario escrito por asertus — 21 de septiembre de 2007 a las 2:41 pm
A mí lo de la «Educación para la Ciudadanía» siempre me recuerda un pasaje de Doctor Zhivago (la peli), cuando la hija de Lara muestra un retrato del zar que ha hecho en clase de «IC» (Instrucción Cívica) y dice: «el zar era un enemigo del pueblo.» A lo que Zhivago: «Bueno, tal vez él no sabía que era un enemigo del pueblo». Y la niña: «Pues debería haberlo sabido: ¿es que tu niño no estudia IC?»
Comentario escrito por Ksiaze — 21 de septiembre de 2007 a las 9:35 pm
Sólo un inciso, asertus.
El Gobierno no ha dicho que se pueda pasar curso con cuatro suspensos, sin necesidad de tener que recuperarlas. Ha dicho que en el Bachillerato una persona que ha suspendido cuatro de primero podrá matricularse de algunas de segundo, además de las de primero que le hayan quedado, en vez de tener que repetir todo el curso, incluídas las asignaturas que ya tenía aprobadas.
Comentario escrito por Caesitar — 21 de septiembre de 2007 a las 9:55 pm
Por lo que yo he visto, EpC no se parece nada a la asignatura de Derecho Natural que cursé en la universidad.
Comentario escrito por klapton — 23 de septiembre de 2007 a las 10:13 pm
Hombre Andrés, no has hecho mención al esperpento levantino de impartir las clases de «EpC» en inglés por obra y gracia del Opusdeista Camps…
Cuéntele a la parroquia de que va el último sainete del PP valensiano.
Y por cierto, el CEU San Pablo de Valencia, dado que no tiene los «papeles en regla» (cosa algo extraña teniendo en cuenta quien gobierna en la Comunidad y de que pie cojean) no ha tenido los arrestos de llamarla «Facultad de Medicina» o «Licenciatura en Medicina» como debiera y en su lugar ha preferido malnombrar a esas pseudoclases de paraciencia con el criptico nombre de «estudios de medicina»…¿Usted es licenciado en Medicina? No, yo tengo unos «estudios»…que me costaron 1 kilo de las antiguas pesetas/año para mayor gloria del Arzobispado.
Vivir para ver.
Comentario escrito por Garganta Profunda — 24 de septiembre de 2007 a las 12:44 pm
#2: muy bien traído…
Comentario escrito por Público — 27 de septiembre de 2007 a las 2:27 pm