Bermejo y la corrupción de baja intensidad

Bermejo ya no es Ministro de Justicia y, más allá de las diferentes opiniones que puedan albergarse sobre si, en la política española, dimitir es o no políticamente rentable a efectos de capear ciertos escándalos, es evidente que habrá pocas personas que sientan que la dimisión (o cese) de Bermejo es una reacción exagerada desde el estricto plano de la ética pública. Porque la actuación del ya ex-Ministro era, además de un ejemplo de temeridad política, manifiestamente impresentable.

Con todo, llama la atención hasta qué punto en España hay una enorme tolerancia con lo que podríamos llamar corrupción de baja intensidad, pues lo que ha puesto en el disparadero a Bermejo y ha propiciado su dimisión ha sido, esencialmente, que se fuera de caza con Garzón en vez de con personajes menos relacionados con actuales procesos de investigación judicial en curso, que lo hiciera sin licencia, que pretendiera aducir un error geográfico para excusar su falta y, más en general, la forma en que ha venido gestionando los diversos conflictos relacionados con la Administración de Justicia desde el Ministerio y muy particularmente su peculiar carácter y su bravuconería, que desembocaron en la primera huelga de jueces de la historia de España.

Y eso es algo que me llama la atención. Con unas formas y un talante (¿sigue de moda la palabreja?) manifiestamente mejorables, lo cierto es que la agenda de Bermejo de modernización y transformación de la Justicia española a mí, la verdad, no me parecía demasiado mal sino, más bien, todo lo contrario (por ejemplo, hablamos largo y tendido aquí de una de sus iniciativas en términos elogiosos, aunque fuera arriesgada). Y, de hecho, ese carácter que le ha perdido es probablemente causa de que haya sido de los pocos que han tenido coraje para oponerse a ciertas tendencias seculares del medio. El problema es que eso de ir contra la corriente en la que toda la clase política (y también la judicial) está cómodamente instalada no suele rentar en exceso. Recordemos, por ejemplo, que por paradójico que pueda resulatr que ahora los jueces afirmen que hicieron huelga contra el Ministro, esencialmente, para defender la independencia judicial, que Bermejo fue precisamente de los pocos que, desde el Gobierno o la clase política dirigente, criticó el último y más reciente apaño de nombramientos en el CGPJ, ganándose con ello la regañina de la Vicepresidenta del Gobierno. ¿Va y resulta que ahora es contra Bermejo contra quien protestan los jueces para exigir que el CGPJ no se entrometa en su independencia?

Ahora bien, desde medios judiciales la huelga, vendida como una reclamación de mejores condiciones y más inversión en la Justicia española, se ha dirigido esencialmente contra Bermejo. Era la pieza que se buscaba y que, finalmente, se han cobrado los jueces. Caza mayor, que les reportará un acuerdo más o menos apañado con el Gobierno en los próximos meses, porque de alguna manera han demostrado cuán desagradables pueden ser en términos de imagen política para un Gobierno las noticias relacionadas con los jueces de piquete informativo. Probablemente por este motivo es complicado que, nuevo Ministro mediante, haya más episodios de esta virulencia en el futuro más próximo. Pero no deja de ser, de nuevo, surrealista que las reivindicaciones de los jueces, criticando, decían, no tanto su «magro» sueldo sino la escasez de medios, hayan sido interpretadas por la opinión pública como una bofetada a un Ministro… que no tiene competencias sobre estas cuestiones en las Comunidades Autónomas donde, precisaente, mayor éxito de convocatoria ha tenido la huelga. Alguien tendría que explicarme, si efectivamente el paro iba de que les pongan más y mejores ordenadores y cosas de esas, qué pinta Bermejo en relación a los medios de que dispone la Justicia en, no sé, Madrid o Valencia.

Y si de lo que se trataba era de protestar contra la injerencia política a cuenta del caso Mari Luz, ¿por qué es Bermejo el centro de las críticas y no lo son, en cambio, el Presidente del Gobierno o el líder de la oposición, siendo como son ambos quienes se lanzaron a encabezar la (demagógica) cacería contra el juez Tirado?

Quiero decir con ello que la huelga de jueces, a mi juicio, y como ya expuse aquí, perfectamente legal y constitucional, ha acabado debilitando enormemente la posición de Bermejo y contribuyendo en gran parte a su dimisión y a la insostenibilidad de su posición política. Pero, como he tratado de exponer, que entienda la huelga legal y posible no significa, obviamente, que crea que los huelguistas tengan razón y que la posición del Ministro hubiera de haber salido debilitada por ello. Por eso me llama poderosamente la atención que, en efecto, lo haya sido.

Pero más si cabe ha contribuido a debilitar la posición de Bermejo el famoso asunto de la cacería. Y esto es algo que ha de llevar, más si cabe, a la reflexión. Esencialmente, porque lo que ha sido visto como grave es que Garzón y el ya ex-Ministro cazaran juntos, como si para «conspirar» contra el PP sea preciso ir de caza. ¿De veras estamos convencidos de que, puestos a tramar algo, no pueden llamarse, quedar a cenar discretamente, acaso? Y, aunque reconozco que el asunto de estar de caza juntitos (o no tanto, la verdad es que no tengo ni idea -ni tampoco demasiadas ganas- de saber cómo funcionan estas cacerías de ricachones que se pasean por el cortijo como para saber el grado de contacto e intimidad que tienen unos invitados con otros) no da una imagen precisamente buena y demuestra un tipo de «relación» entre jueces que tratan temas muy delicados y políticos con mando en plaza que no es, ni mucho menos, la deseable, tengo mis dudas de que en este país, en general, se entienda con carácter general que este tipo de contactos sean malos y hayan de ser perseguidos, evitados y, si descubiertos, sancionados con el cese. Podemos remitirnos, en este sentido, a numerosas pruebas pasadas, presentes y, a buen seguro, tendremos ejemplos futuros más que notables. Aunque sea sin caza mayor de por medio.¿Se trata pues todo de un notable ejercicio de fariseísmo? En parte, probablemente, sí. Pero es cierto que también hay legítima indignación por la conducta de Bermejo y su carácter chulesco y va y resulta que la gota que colma el vaso es que, encima, caza sin licencia. A partir de este punto se ha generado ya una dinámica imparable de genuina indignación popular. ¡El Ministro de Justicia, que nos hace a los demás cumplir las leyes, no se preocupa lo más mínimo de respetarlas cuando le afectan a él! Y precisamente este fenómeno es el que más me llama la atención. Porque, a fin de cuentas, por inexcusable y grave que pueda ser un incumplimiento de este tipo el problema no deja de ser idéntico al que plantearía una multa de tráfico. ¿Ha de dimitir un responsable político por cometer una infracción administrativa de este tipo, bastante menor? Nuestro ordenamiento lo que prevé en esos casos, como en cualquier otro, es hacer frente a la correspondiente sanción y punto. Y es razonable que todos entendamos que cualquier, aunque sea Ministro, puede cometer (y de hecho es normal que cometa de vez en cuando, como nos puede pasar a todos) pequeñas infracciones administrativas. Se asumen, se paga la multa correspondiente y punto. ¿A cuénta de qué tanto follón?

Sin embargo, lo más sorprendente de toda esta historia, a mi juicio, no es tanto ese exceso de indignación por ciertas conductas como su sorprendente coincidencia con la nula atención, preocupación o crítica que merecen otros aspectos muchísimo más reprobables y presentes en toda esta historia desde un primer momento. Me refiero a lo que he denominado corrupción de baja intensidad al principio de esta entrada. Llevo una semana charlando formal e informalmente con mucha gente de este asunto, leyendo muchos comentarios y, con la excepción de una carta de un lector que publicó El País, parece que a todo el mundo le parece de lo más normal que el Ministro se vaya de cacería a todo tren, con todos los gastos pagados por unos empresarios (incluso la SER entendía que el hecho de que estuviera el organizador vinculado al PP excusaba cualquier comportamiento del Ministro, no se sabe muy bien por qué motivo). ¿Acaso nos parece normal que se ofrezcan regalos de estas características a los Ministros? ¿Acaso no somos conscientes de los riesgos que implican? Por lo visto, leído y oído, parece que no. Y, lamentablemente, el motivo es que, de algún modo, se da por descontado. Cuando uno está en ciertas posiciones, en este país, es agasajado de múltiples maneras, en espera explícita o implícita de ser visto, en recompensa, «con buenos ojos», ya sea para algo concreto y acuciante, ya por lo que pueda pasar en el futuro, y nada de ello es percibido por el común de los ciudadanos como un canon de conducta en exceso grave siempre y cuando los favores materiales recibidos no lleguen a cifras astronómicas o no consistan en bienes inmuebles.

Más o menos esta misma actitud del español medio es la que explica la reacción a las imputaciones de las que algunos medios de comunicación han dado cuenta realizadas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Y es que la opinión pública, más o menos, ha reaccionando entendiendo que un regalo de trajes por valor de 30.000 € es peccata minuta, algo tan tonto de lo que no vale la pena ni hablar. Y ni mucho menos. A partir de las informaciones publicadas es más que posible albergar muchas dudas sobre la solvencia de las imputaciones y la existencia de pruebas de que algo así ocurriera (de hecho, por ejemplo, yo las albergo, y grandes). Pero si pasó, si de veras alguien ha ido regalando trajes por ese valor al Presidente de la Comunidad Valenciana y él los ha aceptado, es indudable que la conducta es grave. Igualmente grave, como es obvio, que la del Ministro que acepta regalitos en forma de monterías de lujo. Y, por cierto, también igualmente grave, muy probablemente, que la del juez que acepta esos mismos regalos. Por mucho que entendamos, en España, que eso «es lo normal» y que a quienes mandan se les regalan directa o indirectamente prestaciones de todo tipo. Es impresentable y tristísima la constatación de cuán corrupto está el nervio social español, como queda patente en estos casos, cuando la evidencia palmaria de que estas cosas pasan todos los días merece tan poca reflexión y nulo reproche social. Que Bermejo cace sin licencia en Andalucía es asunto gravísimo. Que le vayan invitando empresarios ricachones a juergas con todos los gastos pagados, lo normal, se da por descontado.

Y no es porque las leyes no lo dejen claro. Porque, más allá de lo que pueda decir el Código penal (que, como demuestra la actuación de Garzón para con Camps en el manido asunto de los trajes, si se prueban estas conductas, sí prevé una respuesta, y no muy agradable paea los implicados), también las normas ajenas al Derecho penal que regulan la conducta de los funcionarios son claras. El Estatuto Básico del Empleado Público, recientemente aprobado, por ejemplo, prohíbe en su art. 54.6 a los empleados públicos recibir regalos o dádivas que vayan más allá de los usos sociales (y, por si queda alguna duda, dice que ello es al margen lo que diga el Código penal, dejando bien claro dónde, por lo general, quedará encuadrada esta conducta). Y aunque esta última matización introduce una indeseable flexibilidad e indeterminación en el dictado de la norma, es claro que no pretende con ello admitir la legalidad de regalos a funcionarios de valos miles de euros sino, más bien, todo lo contrario. Y, en lo que se refiere a los Ministros, el Código ético de Buen Gobierno que el propio Presidente Rodríguez Zapatero presentó a bombo y platillo al principio de su primera legislatura prohibía terminantemente aceptar dádivas de cualquier tipo (código, por cierto, que no hay manera de encontrar ahora ni a través de Google ni del buscador de Moncloa, ni de páginas como el 060, en una excelente demostración de qué camino ha seguido el código en cuestión –sobre su localización, véase comentario 1-).

Y es que no se trata de que nuestro ordenamiento jurídico no lo tenga claro. En el orden de los principios y su plasmación legal, está claro que sabemos cuán peligrosa es esa corrupción de baja intensidad y que hay que tratar de eliminarla. El problema es cuando pasamos al mundo de la aplicación del Derecho, al mundo de la realidad, y a cómo tamizan no sólo las personas a las que afectan esas normas sino toda la opinión pública su importancia y significado. Porque dice muy poco sobre los estándares éticos no de la clase política, sino de toda la sociedad, de la que la primera es sólo un reflejo, como lo son también los medios de comunicación, esta generalizada aceptación de que, de alguna manera, el que llega a ciertos cargos de responsabilidad, ha de saber disfrutar de este tipo de prebendas asociadas. Y no.



11 comentarios en Bermejo y la corrupción de baja intensidad
  1. 1

    Gracias a este post, Popota, que debe de tener un rastreador de información oficial en web que pone en evidencia a los propios poderes públicos, me señala dónde encontrar el famoso código ético: en la web del MAP. A partir de esta pista, se llega a unas páginas con normas y documentos de lo más interesates:

    Entrada: http://www.map.es/documentacion/etica.html

    Normas para altos cargos: http://www.map.es/documentacion/etica/Altos_cargos.html

    Normas para funcionarios: http://www.map.es/documentacion/etica/Personal_normal.html

    Queda saber si el CGPJ tiene alguna norma similar para los jueces. Aunque lo lógico es que, en defecto de norma propia, se aplique analógicamente la regulación para los funcionarios. Eso mismo argumentaban ellos mismos respecto de su derecho de huelga, por cierto.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 28 de febrero de 2009 a las 7:23 pm

  2. 2

    Estoy de acuerdo contigo en la mayor parte de lo que dices, salvo en lo que respecta a la huelga de jueces. Tengo varios amigos jueces, y realmente es penoso el estado de muchos de los juzgados y alarmante y vergonzosa la falta de medios. y eso SÍ depende del Ministerio de Justicia. Los secretarios judiciales y demás personal son pagados por las CCAA, los jueces por el Ministerio, en un perfecto ejemplo del caos que existe en la gestión de nuestros asuntos públicos. Por no haber, no hay ni una red informática común entre los juzgados…
    Que en un juzgado no tengan ni para comprar estanterías es, nunca mejor dicho, de juzgado de guardia. Y eso sucede, te guste o no. Si quieres interpretar la huelga de jueces como un acto contra Zapatero o Bermejo, estás en tu derecho. Más bien es el propio Zapatero quien prefiere que se entienda de ese modo, para que no se hable de su nefasta gestión y se carguen las culpas contra los jueces. Ya hemos visto cómo se ha demonizado la figura del juez Tirado con el caso «Mari Luz», cuando es un ejemplo perfecto del desorden generalizado que reina en el sistema judicial. Evidentemente es más rentable políticamente echar a los leones al juez, y ocultar discretamente el desinterés del gobierno por mejorar la Justicia.

    Me parece muy significativo que los jueces hagan una huelga y no pidan subidas salariales, si no más medios materiales. Si la gente no quiere entender eso, que luego no se queje de lo mal que funciona la justicia.

    Comentario escrito por Luis — 28 de febrero de 2009 a las 9:19 pm

  3. 3

    Luis, estoy de acuerdo contigo en la valoración que te merece la respuesta política, y especialmente del Gobierno, al caso «Mari Luz», como ya he mencionado.

    Pero creo que conviene aclarar que las competencias del Ministerio de Justicia llegan a pagar a los jueces y poco más en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Porque, como dices, éstas se encargan de pagar al resto del personal de la oficina judicial. Pero no sólo. Además, son quienes han de proveer de medios, no sólo personales, sino también materiales, a los juzgados.

    Es cierto que el Ministerio, aunque en colaboración con las CC.AA. y a partir de sus peticiones y de sus compromisos de dotarlos de medios, es quien decide la planta judicial y crear más juzgados aquí o allá. Pero los jueces nunca han presionado demasiado para que se creen más juzgados (es más, el sistema de selección actual de jueces, muy controlado desde dentro, garantiza que hay menos personas que aprueban la oposición de las necesarias cada año).

    Las CC.AA. donde más impacto ha tenido la huelga han sido, curiosamente, aquellas que tienen transferidas las competencias. Si en Valencia faltan medios y ordenadores no es culpa del Estado, es culpa del Gobierno autonómico y de sus responsables (nutridos, curiosamente, en los últimos años, a partir de jueces que van y vuelven y que, más curiosamente todavía, han capitaneado las manifestaciones huelguísticas y han capitalizado mediáticamente la atención… ¿contra sí mismos?

    Que los propios jueces no hayan dirigido su huelga contra estos gobiernos autonómicos sino contra el central demuestra que, más allá de lo que formalmente soliciten, de lo que se quejan, en realidad, es de cosas que sí dependen del Gobierno central, a saber: más salario, más poder para organizar la oficina judicial (el manido asunto de los señalamientos), protesta contra la pretensión de sancionar, a través del CGPJ, a los jueces por casos como el de «Mari Luz».

    Ésas son la reivindicaciones reales, no nos engañemos. Y por eso van contra el Ministerio. A partir de ahí tiene sentido que nos pongamos a debatir sobre si tienen sentido y razón o no. Pero no vale la pena discutir sobre un asunto, el de si hacen falta más medios o no para la Justicia sobre el que, en realidad, esta huelga no va (como demuestra, reitero, contra quien va dirigida) y sobre el que:
    a) Todos están de acuerdo, jueces, gobierno central, gobiernos autonómicos, oposición… en que habría que meter más dinero.
    b) Todos lo consideran, sin embargo, un asunto secundario y todos acaban prefiriendo dedicar dinero a otras cosas. Y eso incluye a los gobiernos autonómicos allí donde mandan y al central allí donde la competencia es todavía es suya, a las respectivas oposiciones, a quienes este asunto les ha dado históricamente igual y a los propios jueces, que también han sido muy proclives históricamente a aceptar que el incremento de dinero destinado a la Justicia se destinara a otras partidas.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 01 de marzo de 2009 a las 11:43 am

  4. 5

    Hola:

    Hay un GRAN FALLO: el código de buen gobierno existe y es visible:

    http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/codigo_buen_gobierno/codigo_pdf/document_es/Codigo_Buen_Gobierno.pdf

    Hay que ser un poco más cuidadoso con lo que se dice (sobre todo si es tan serio)

    Comentario escrito por Emilio — 04 de marzo de 2009 a las 9:51 am

  5. 6

    Me sorprende enormemente el comentario (3) del Dr. Boix, a quien suponía mejor informado, pero que realiza dos afirmaciones del todo inexactas:

    1) «Los jueces nunca han presionado demasiado para que se creen más juzgados». No es verdad. Bien de forma individual, bien a través de los Decanatos o de las Salas de Gobierno, la demanda de nuevos juzgados ha sido constante y reiterada desde hace muchos años. Otra cosa es que esas peticiones no encuentren eco ni salgan en la prensa, pues los jueces tienden a llevar las cosas con discreción, costumbre que se ha roto el día 18 de febrero.

    2) «Es más, el sistema de selección actual de jueces, muy controlado desde dentro, garantiza que hay menos personas que aprueban la oposición de las necesarias cada año».

    Eso, eso, contribuya usted a propalar una «leyenda negra», tan difundida como falsa. ¿Qué quiere decir «controlado desde dentro?, ¿desde dentro de qué?. Si se refiere al Tribunal examinador de la oposición (que es el único que decide quién aprueba o suspende), difícilmente pueden controlar los jueces un órgano en el que tienen tan escasa representación: el presidente y dos magistrados, a los que se unen dos catedráticos, un abogado del Estado, un abogado en ejercicio y un secretario de primera categoria. Cada uno de ellos tiene un voto y nada más. ¿Me puede citar algún tipo de órgano de selección en el que exista una pluralidad de juristas comparable a esta? No, desde luego, en las amistosas comisiones que designan a los docentes universitarios, que -sin embargo- se sienten legitimados para criticar repetidamente un sistema selectivo justo, eficaz y garantista.

    De todos modos, soy consciente de la imposibilidad de luchar contra los elementos: alguien, en los antros de la política, decidió hace tiempo que estos jueces no servían, porque no son de fiar y, cuando menos te lo esperas, salen aplicando la Ley y te hacen la pascua. Desde entonces, se intenta pergeñar una fórmula que permita «espigar» y escoger a «los mejores» … de los amigos, para lo cual se quiere contar (y se contará) con la colaboración de la siempre dócil y politizada universidad.

    P.S. Last but not least: muy al contrario de lo que dice el comentario, la huelga también se dirigió contra las CCAA con competencias, y así se les comunicó, haciéndoles saber cuáles eran las reivindicaciones correspondientes, entre las que -por cierto- no está el salario. Sí, por supuesto, la potestad del juez sobre el proceso, porque lo que parece haberse inventado en estos días -de forma realmente innovadora en el mundo del Derecho- es la figura de un «juez» carente de gran parte de los poderes necesarios para ejercer su función. «Como no nos fíamos de los jueces, vamos a quitarles el poder». Esa es la idea, pero, cuando se lleve a cabo, ya no tendremos jueces ni sistema democrático.

    Comentario escrito por Luisa — 04 de marzo de 2009 a las 10:31 pm

  6. 7

    Luisa, muchas gracias por tu crítico comentario. Trato de responderte, siguiendo tu mismo orden:

    1. Si, como afirmas, las reivindicaciones para lograr la incorporación de más jueces han sido constantes pero muy discretas, debido a la costumbre que dices tienen los jueces de resolver sus cositas con los políticos sin que la opinión pública se entere demasiado, me parece muy injusto que me reproches luego a mí, o a la opinión pública, que no nos hayamos enterado.

    En cualquier caso, supongo que es una cuestión de percepciones. Tú tienes la sensación de que no sólo es algo que se reclama, sino que se reclama desde hace muchos años. Yo, quizás por esa opacidad que mencionas, tengo la sensación de que el asunto ha aparecido sólo recientemente y siempre como una cuestión no primordial. Pero si me dices que eso es algo que sólo puede saberse bien «desde dentro» se corta toda posible discusión. Tú sabes de qué hablas y los demás no. Vale. Los demás, al menos, sí sabemos qué es lo que ha trascendido hacia fuera de las reivindicaciones judiciales estos últimos años y es obvio que ésa no ha sido la más notoria. Normalmente eso es un buen indicativo de que tan importante no sería.

    Por lo demás, si nos vamos a la convocatoria de huelga, la petición de más jueces sólo aparece en 7º lugar (lo que señalo únicamente porque los jueces resaltan mucho que el incremento retributivo sólo lo pedían como su última y marginal reivindicación, dando a entender que había una prelación clara en sus exigencias, como por lo demás es bastante claro que así es cuando se lee la convocatoria) y de manera poco exigente, la verdad (http://www.ajfv.es/20090210-comunicacion-convocatoria-huelga–6-febrero-2009.html). Copio y pego:

    «Incremento de las plazas judiciales mediante la convocatoria de 250 plazas judiciales anuales durante un periodo de 5 años a través de los sistemas de ingreso en la carrera judicial actualmente existentes
    El éxito de esta medida se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados».

    Es decir, que la petición es que por 5 años (y sólo por cinco años) se convoque un número de plazas ligeramente superior al que se convoca habitualmente. Y, como se dice textualmente, no necesariamente para incrementar el número de órganos judiciales. Si ponemos en relación esta petición con la muy razonable 5ª parece claro que lo que se pide es no tanto que haya más jueces sino que haya suficientes para cubrir las plazas y posibles vacantes.

    No parece, la verdad, y no lo digo yo, lo dicen las propias asociaciones de jueces convocantes, que este asunto de que haya muchos más jueces sea, ni mucho menos, la prioridad.

    Dicho lo cual, aprovecho para matizar una cosa que creo se te ha pasado. Yo, cuando hablaba de la falta de interés de los jueces en que se aumente su número me manifestaba sorprendido de que fueran contra el Ministro y adujeran este motivo para ir a la huelga cuando es un asunto que sabido es (o, al menos, debido a la discreción antes citada y a convocatorias de huelga como ésta, así se tiene la impresión fuera del gremio) tampoco ha importado demasiado a los jueces. En ningún momento he dicho que esta actitud me parezca criticable en sí misma.

    Es más, creo que ha quedado claro que soy bastante escéptico respecto a que la solución de la Justicia pase por aumentar el número de jueces y de plazas. Ya he señalado que, de hecho, las plazas actuales no se cubren. ¿Para qué crear y convocar más, entonces? No le veo demasiado sentido.

    2. Y llego así a la segunda de tus críticas, referida a la «leyenda negra». Cuando he dicho que el sistema estaba muy controlado desde dentro me refería a la capacidad de control que el propio cuerpo tiene sobre el mismo. Obviamente matizada, como bien señalas, por la composición plural de los tribunales. Pero, a su vez, me reconocerás que esa composición plural no implica que el «liderazgo» dentro de esos tribunales corresponda normalmente a los magistrados que los componen. Y, añado, no me parece ni ilógico ni mal que así sea.

    Lo que pretendía significar es que es este control interno el que ha establecido un nivel de exigencia alto y unas dificultades objetivas para cubrir las plazas actuales. ¿De veras entonces la solución pasa por crear más? Mientras no cambie ese rigor y esa exigencia lo único que tendríamos es más plazas sin cubrir y provistas a base de sustitutos y suplentes de muy diverso pelaje.

    Y no estoy diciendo que me parezca mal ese rigor y esa exigencia. Es más, todo lo contrario. Y honra al estamento judicial que así sea. Y, además, es una medida sana e inteligente de respeto al propio cuerpo. Lo que digo es que ese rigor esencialmente está establecido «desde dentro». Y que, por ello, es contradictorio ser el causante de que no puedan cubrirse más de x plazas al año y, a la vez, exigir al Ministerio que dote 3x y quejarte amargamente de que no sea así.

    No sé si se entiende mi argumento.

    Dicho lo cual, me permitirás que me sienta legitimado para criticar el sistema selectivo, por muchas virtudes que tenga, cuando piense que alguna sombra también hay. Que, por cierto, lo creo, como en el hilo que dedicamos a debatir sobre posibles modificaciones en el modelo de oposición a jueces estuvimos discutiendo.

    Que el sistema de selección de profesorado universitario sea no ya mucho peor que el de los jueces sino directamente infame espero que no sirva para desacreditar cualquier crítica que desde la Universidad pueda hacerse y que ésta sea valorada en lo que pueda (o no) valer en sí misma. Si ya tenemos una Universidad de por sí, como bien dices, dócil y lacayuna (defecto, por cierto, no exclusivo de la Universidad, sino muy generalizado en la sociedad española y sorprendentemente, también, en las siempre cortesanas elites culturales, profesionales y funcionariales del país), ¡sólo faltaría que no pudiéramos opinar de nada, aunque tengamos algo sensato que decir y lo digamos, por nuestros muchos pecados originales! De todos modos, la lamentable normativa de selección del profesorado y los todavía más impresentables usos generalizado en la Universidad española espero que me puedan ser reprochados en la medida en que los defienda o participe de ellos activamente. Pero no para descalificar mis opiniones sobre cualquier otro asunto.

    3. Por último, y respecto a tu apostilla final: entre las reivindicaciones sí está una relativa al salario (véase el link que he puesto antes) y, la verdad, me sorprende que afirmes que la huelga también iba contra las CC.AA. con competencias. ¡Si con esas CC.AA. ni se han sentado a negociar, ni antes ni después de la huelga! Vaya huelga más rara, que ni te contestan, ni se ponen al teléfono, ni te importa demasiado que así sea, ni nada. Por no hablar de las apariciones ante la prensa conjuntas que, por ejemplo en mi Comunidad Autónoma (Valencia) el ínclito decano de los jueces se ha dedicado a hacer de la mano del gobierno autonómico para insultar al resto de operadores jurídicos y ponerse, como siempre, a las órdenes del Conseller de turno (ahora consellera porque el conseller está en el CGPJ que desde hace años apañan dócilemente entre partidos políticos y jueces de asociaciones mayoritarias). Quiero decir que si en Valencia, por ejemplo, la huelga ha sido convocada también contra el Consell el fracaso de comunicación y de capacidad de presión contra el Gobierno autonómico ha sido mayúsculo. Lo que ocurre es que, como es evidente, no se trataba de eso. La huelga iba contra el Ministerio, como más o menos todos tenemos claro a poco sinceros que seamos. Y del Ministerio, en la mayor parte de España, depende lo que depende (respecto de las pretensiones de la huelga en cuestión, básicamente, el rollo del proyecto de ley, que no su aprobación final, sobre la oficina judicial y los señalamientos y, claro, los salarios).

    De la cuestión de la independencia judicial hablamos otro día, que si no me extiendo mucho. Pero me llama la atención esa visión de España como un país con una acrisolada independencia judicial que los jueces emplean en, gallardamente, controlar al poder político y a la Admisnitración. Independencia torvamente amenazada por perder la capacidad de hacer los señalamientos.

    Disculpas por la extensión de esta respuesta, pero es que creo que la intervención de Luisa (gracias de nuevo, para este tipo de cosas es para lo que apetece tener un blog y comentarios como el tuyo son los que enriquecen la discusión) lo merecía.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 05 de marzo de 2009 a las 10:16 am

  7. 8

    He releído la convocatoria de huelga. En ella se indicaban como reinvidicaciones «las acordadas por las asociaciones de Jueces (Comisión Interasociativa Permanente), excepto la relativa a las retribuciones, que no se considera prioritaria”. La supresión del tema retributivo, ya que el gobierno lo estaba utilizando para deslegitimar la protesta, se acordó mucho antes de la huelga, en los primeros días posteriores a la reunión de la CIP del 12 de enero.

    Aunque varios de los puntos de la tabla reivindicativa son de competencia autonómica, tengo que reconocer que la convocatoria de huelga se envió al CGPJ y al ministerio. Esto puede tener una buena explicación: el ministerio (el gobierno) ostenta la iniciativa legislativa, fija la planta y paga a los jueces, el Consejo los gobierna, pero entre los jueces y magistrados y una Comunidad Autónoma no existe ningún tipo de relación orgánica ni funcional, por lo que resultaría algo extraño hacer una huelga frente a ella. No obstante, sí se comunicó la huelga a los responsables regionales, a efectos informativoa.

    Las peticiones de creación de nuevos órganos, materializadas en incontables y documentados informes, acumulan polvo en los archivos del Consejo del Poder Judicial. No es obligatorio creerme, pero esas peticiones -antiguas, insistentes y repetidas- figuran en las memorias anuales (publicadas) de cada uno de los Tribunales superiores de Justicia. Es cierto que ningún juez se ha encadenado a la puerta de su tribunal pidiendo más juzgados. De todas formas, tal como apuntas, la solución a los problemas de la Justicia no pasan por multiplicar el número de órganos, por razones que sería largo y complejo exponer.

    No abundan interlocutores tan razonables y agudos. Muchas gracias por tu contestación.

    Comentario escrito por Luisa — 05 de marzo de 2009 a las 11:38 am

  8. 9

    Me parece muy interesante tu reflexión sobre la corrupción de baja intensidad.

    A mi entender el asunto de la cacería del ex ministro y el Juez sí que ha sorprendido desagradablemente. A nivel público no éramos conocedores que un Juez superestrella y el ministro de justicia sea un hecho normalizado que coincidan en una cacería.

    En el imaginario social las cacerías por su importe elevado se asocian a los empresarios ricos y “jet set”, no a unos funcionarios aunque sea de alta jerarquía, pero claro resulta que van invitados. ¿Es lícito que acepten invitaciones a actos sociales cuya participación tiene un precio?.

    Recuerda la película de Berlanga de la “Escopeta Nacional”. Además esa imagen del Ministro con los animales muertos al lado, despierta un sentimiento de rechazo, no discuto que tenga derecho a gustarle la caza.

    Yo no creo que el nivel de transigencia se haya rebajado más bien creo que el nivel de persecución se ha rebajado. Quizás ciertas conductas no son constitutivas de ilícito penal, pero sí infringen normativa administrativa y son susceptible de sanciones administrativas, pero no se persiguen por esta vía y no se hace público.

    Quizás se acabaría con esa imagen de impunidad salvo casos flagrantes que acaban en condenas penales.

    Del otro tema del artículo, que largamente habéis abordado (Luisa y tu) sobre las reivindicaciones de los jueces y su acierto hay un tema en el que humildemente abro un tercer frente .

    La responsabilidad del funcionamiento de los juzgados como servicio público al administrado- usuario es corresponsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas .

    ¿Qué quiero decir con ello?.No sirve de nada crear nuevos juzgados si no te coordinas con todas las partes implicadas para asegurarte que se podrán poner en funcionamiento.

    Es necesario crear de forma conjunta y/o coordinada unos registros de procedimientos comunes, unos gestores documentales informáticos, y unos sistemas de notificación electrónicos, y comunes para todo el territorio.

    No es cuestión de que la competencia sea del Ministerio o de las CCAA es de ambos .

    Saludos,

    Comentario escrito por Vicki — 09 de marzo de 2009 a las 1:51 pm

  9. 10

    Hola:

    Amb retard i per casualitat he arribat a este bloc, que em sembla molt interessant, tant per les qüestions que tracteu com per la forma com les tracteu.

    Dit això, i vist que els enllaços al codi de bon govern diria que no funcionen adequadament, vos enllace l’ordre que el conté (apareguda en el BOE 56 del 2005) i que vaig penjar en el meu web a causa dels continguts relacionats amb tractaments protocol·laris:

    http://www.geocities.com/Athens/Oracle/7229/Fitxes/Textos/Arxius/O516-2005.htm

    Espere que ara sí que el pugau localitzar.

    Moltes gràcies per totes les reflexions –que compartixc amb pesar– i fins a l’altra.

    Comentario escrito por Miquel Boronat Cogollos — 13 de abril de 2009 a las 8:52 pm

  10. 11

    hola,
    Según creo entender en el mensaje anterior (no entiendo bien el catalán, pero con el francés y un poco de sentido común… se intuye), el link original que puse en el comentario 3 no funciona correctamente.

    Doy más referencias:

    ORDEN APU/516/2005, de 3 de marzo,por la
    que se dispone la publicación del Acuerdo del
    Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005,
    por el se aprueba el Código de Buen Gobierno
    de los miembros del Gobierno y de los altos
    cargos de la Administración General del
    Estado.

    El link este es correcto:

    http://www.map.es/documentacion/etica/altos_cargos/Buen_Gobierno/parrafo/0/text_es_files/file/Codigo_Buen_Gobierno.pdf

    Y en todo caso metiendote en http://www.map.es y poniendo en su buscador «codigo buen gobierno» sale el link total.

    Un saludo y suerte!!

    Comentario escrito por Emilio — 14 de abril de 2009 a las 11:11 am

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