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El día 8 de junio hay convocada una huelga de funcionarios. Que yo no secundaré. Y no porque me parezcan presentables las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis (y, sobre todo, la actuación global en materia económica y de justicia social de estos últimos años, que no sé mi provoca más ganas de reír o de llorar), sino por un par de ideas que tengo sobre el derecho a la huelga de funcionarios. Aunque no creo que mi posición personal sobre este asunto tenga demasiado interés para nadie sí pienso, en cambio, que exponerlas y comentarlas mínimamente puede ser una buena excusa para analizar en algunos de sus trazos jurídicos más básicos la cuestión de la huelga de funcionarios públicos. Asunto sobre el que hay en estos momentos un enorme consenso político, plasmado en una serie de normas jurídicas bastante claras y poco contestadas, del que, une fois n’est pas coutume, que se suele decir, me siento bastante alejado.
Las dos razones por las que no haré huelga el próximo martes, y que en general me hacen ser bastante poco partidario de las huelgas de funcionarios públicos, son las siguientes:
1. A mi juicio el derecho de huelga es un arma de conflicto de una extraordinaria potencia que, cuando un ordenamiento jurídico se la reconoce a un trabajador, viene contrapesada por algunos elementos que le dan sentido, realzan su valor y contribuyen a convertirla en un instrumento leal y prestigiado. A saber, que el hecho de hacer huelga tiene, para el trabajador, costes. Y no menores. El daño que el trabajador en huelga inflige a la empresa al no trabajar, las consecuencias que el ordenamiento jurídico impone soportar al empleador al reconocer el derecho e impedir por múltiples vías que su ejercicio sea dificultado, están contrapesadas, al menos, por dos grandes sacrificios que, a su vez, padece el trabajador:
– En primer lugar, y como es obvio, la pérdida del salario de los días no trabajados.
– En segundo lugar, la puesta en riesgo de la continuidad de la actividad empresarial y de su misma viabilidad, si como consecuencia de una huelga desproporcionada en el tiempo y en sus efectos la empresa quiebra.
La potentísima arma que supone reconocer a los trabajadores este derecho se ve contrapesada así con estos costes que su ejercicio conlleva, y que inevitablemente condicionan mucho la decisión de ir a la huelga, la hacen muy matizada y verdadera ultima ratio del conflicto social. Provocan, también, que el ejercicio del derecho sea moderado y esté siempre contrapesado por la existencia de un mecanismo de control interno que incentiva un comportamiento responsable por parte de los trabajadores: si se pasan y la empresa va a la quiebra los primeros perjudicados (o bueno, los segundos, después del patrón) son ellos.
Por el contrario, los funcionarios públicos, cuando vamos a la huelga, no tenemos esa espada de Damocles sobre nosotros. Lo cual, a mi juicio, comporta un desequilibrio que hace nuestra huelga menos valiosa, menos meritoria y, además, socialmente perturbadora, en la medida en que incentiva el conflicto colectivo artificialmente inflado. No me parece, por ello, demasiado correcto usarla y abusar de esta ventaja. De hecho, sigo teniendo, a estas alturas, mis dudas respecto de que la corriente que en los años setenta y ochenta del siglo pasado llevó a todos los países europeos a constitucionalizar este derecho también para los funcionarios, a instancias de la OIT, sea una solución sensata. Justamente en atención a la razón que expongo, es más que dudoso, a mi juicio, que los funcionarios hayamos de tener reconocido este derecho.
Lo cual no significa, ojo, que esté diciendo que no lo tengamos. Pues es obvio que de nuestra Constitución se deduce lo contrario, lo cual me lleva a entender, incluso, que huelgas tan poco coherentes como la de los jueces son perfectamente constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, como hemos tenido ocasión con anterioridad de comentar aquí. Una cosa es lo que diga el derecho positivo, y lo que a mi juicio dice la Constitución (o, más bien, cómo ha de interpretarse correctamente ésta) en casos dudosos, como el de la huelga de jueces, y otra bien distinta que esa solución me parezca personalmente la mejor o, incluso, mínimamente sensata.
Si ésta es ya una razón de suficiente peso, a mi juicio, como para tener mis dudas, el hecho de que vivo en un entorno, como es la Universidad, donde tradicionalmente las huelgas de funcionarios ni siquiera han comportado perder el sueldo de ese día de trabajo me hace reafirmarme en mi desagrado a ejercer, de esta forma, un derecho a mi juicio tan importante y valioso como es el derecho de huelga. Porque no sé cómo será la semana que viene, pero las últimas movilizaciones con huelga incluida que vivió la Universidad española, allá cuando los docentes se oponían de forma generalizada a la LOU de Aznar que obligaba a hacer oposiciones públicas fuera de tu Universidad, que son las primeras que yo viví ya integrado en la «comunidad académica» (como becario, en esa época), lo fueron, a mi juicio, de forma harto peculiar. La huelga fue masiva, la secundó casi el 100% del personal (vamos, que no había nadie trabajando en los diferentes centros ese día), pero para que te descontaran el salario del día tenías que enviar un e-mail a la Gerencia de la institución indicando específicamente que habías hecho huelga y que deseabas que te restaran la parte proporcional del sueldo. Huelga hacer mención, intuyo, al magro porcentaje de avisos en este sentido que recibió la Universidad.
Pues bien, una huelga así, sencillamente, no me parece bien.
2. Un segundo factor que creo que merece ser considerado, y que personalmente tengo muy en cuenta, es que la huelga en el sector privado impide que una empresa produzca o ponga en el mercado bienes o servicios. Pero, normalmente, ello no imposibilita a los ciudadanos hacerse con ellos por vías alternativas. Puede ser más incómodo, puede ser más caro, puede ser a costa de renunciar al tipo de bien que prefieres, a tu marca preferida o al que estás habituado, pero siempre tienes, al menos, otras opciones.
Por el contrario, con la huelga de funcionarios se priva al ciudadano de servicios esenciales y prestados en régimen de monopolio por la Administración. De alguna manera, a diferencia de lo que ocurre con una huelga en una empresa normal, donde la huelga presiona por la vía de generar prejuicios al patrón, la huelga de funcionarios a quien toma como rehén y le hace padecer las dificultades derivadas del paro es al ciudadano, al usuario de los servicios públicos.
Este factor, combinado con el primero, hace si cabe más antipática (y de una naturaleza radicalmente diferente, a mis ojos, al derecho de huelga, hermoso y de meritorio ejercicio, de los trabajadores) la huelga de funcionarios. Me da la sensación de que se produce una doble desviación que desequilibra, por duplicado, en favor de los trabajadores públicos, un derecho muy valioso cuando su ejercicio es una valiente respuesta a una situación gravísima, que sólo tiene sentido en tales casos por los tremendos costes que hay que arrostrar para ir a la huelga.
A mi juicio, si la Administración presta de veras servicios esenciales (y se supone que así es), ni siquiera la previsión de «servicios mínimos» palía los efectos reseñados. Si, además, entendemos que el estatuto de funcionario público ha de estar reservado precisamente al ejercicio de funciones públicas de especial relevancia para el ciudadano, dotadas de una garantía adicional cual es la indemnidad de quien las ejerce, digo yo que algo tendrá que ver eso con un especial régimen de las mismas que hace poco aconsejable sus suspención. Aunque sólo sea por un día o por unos días.
Combinado este factor con los arriba mencionados, que demuestran que el ejercicio de la huelga por los funcionarios sólo se asemeja a lo que ocurre en el sector privado en el nombre (una idea, ésta, que por lo demás parece quedar confirmada si analizamos la cada vez más escasa conflictividad laboral privada que degenera en huelgas, a medida que la situación global de los derechos de los trabajadores ha sido, más o menos, adecentada, pues éstos prefieren luchar por otras vías menos costosas para lograr las mejoras, no tan esenciales como las de antaño, que ahora se reclaman; mientras que desde hace 20 años las huelgas más importantes son siempre de funcionarios u otro tipo de empleados públicos -o de empresas con concesiones de servicios públicos- donde concurre esa capacidad extra de presión derivada de poder «secuestrar» la prestación de servicios públicos importantes para la sociedad), se entenderá la razón de que no me gusten demasiado (o nada) las huelgas de funcionarios. Y que entienda, en consecuencia, que no he de secundar la de la semana que viene.
Sólo me queda la duda de si, excepcionalmente, tendría sentido la huelga de funcionarios no para emplearla como instrumento de lucha por lograr mejores condiciones laborales (para lo que valdría toda la argumentación expuesta) sino como instrumento de manifestación política, contra una política del gobierno, contra una guerra, contra cuestiones más ideológicas que laborales, en el marco de una convocatoria no restringida a funcionarios sino de carácter general. Esto es, cuando la huelga no es un derecho que sirve para presionar para lograr mejoras laborales sino cuando tiene como finalidad la expresión pública, muy significada y activa, de un desacuerdo radical con una determinada acción pública que concierne a toda la sociedad. La verdad es que, en tales casos, como no hay secuestro, sino acción compartida, como no hay desequilibrio, sino que el coste que trabajadores y funcionarios comparten en esa huelga es el mismo (la pérdida de salario), sí creo que la huelga de funcionarios debiera ser admitida en tales casos y, personalmente, sí le veo, si la situación es la expuesta, cierto sentido. Ocurre, sin embargo, que la huelga de la semana que viene no es una de este estilo.
Adicionalmente, tampoco me siento con ganas de secundar una protesta que, aunque entiendo justificada por la impresentabilidad de la política económica de los últimos años, no deja de tener cierto carácter hipócrita. Mientras no nos han recortado los salarios a los funcionarios públicos, ¿dónde estaban quienes se quejan ahora tanto? ¿Dónde estaban los sindicatos? La verdad, no me apetece en exceso participar en un movimiento que, de alguna manera, me parece que, además de protestar contra los últimos recortes, está de alguna manera convalidando el silencio cómplice de años atrás.
En este sentido, la verdad, se podría hablar mucho de los sindicatos en la función pública. Pero quizás convenga dejar esto para la semana que viene, en una segunda parte a estas reflexiones propiciadas por el recorte decretado por el Gobierno y la reacción a las mismas que se están produciendo desde la función pública. En el marco de una reflexión que espero poder desarrollar pero que dejo aquí apuntada: muchas de las ideas expuestas, así como las que vendrán sobre sindicación de empleados públicos, tienen sentido aplicadas a funcionarios que lo son, y que tienen ese privilegiado estatuto, porque ejercen funciones públicas de especial significación, complejidad o compromiso que son mejor realizadas por alguien que trabaja con un régimen de garantías como el funcionarial. Como es obvio, en nuestras Administraciones Públicas hay muchos trabajadores que, aun siendo funcionarios, son en la práctica, a todos los efectos, por el trabajo que hacen, las condiciones en que lo desarrollan y el tipo de relación que tienen con su empleador, muy parecidos a cualquier otro trabajador. Mucho más parecidos a los trabajadores que a sus compañerosque sí ejercen ese otro tipo de funciones.
Ocurre que pienso que todo lo que yo predico de la huelga (o sindicación) de funcionarios públicos tiene sentido si (y sólo si, con carácter global) aplicado a los empleados públicos que tiene sentido que lo sean (funcionarios). Lo cual no incluye, por supuesto, a infinidad de trabajadores públicos que no tiene el menor sentido, a día de hoy, que sean (¿que seamos?) funcionarios.
Y digo esto porque, la verdad, a mi juicio, para los funcionarios, ni siquiera tiene mucho sentido la sindicación o la negociación colectiva (esto último, de hecho, lo va a demostrar en breve el BOE, en cuanto publique el mega Decreto-Ley, con una claridad meridiana que supera con mucho en capacidad de convicción cualquier exposición que pueda hacer yo al respecto). Pero para que esa idea pueda desarrollarse, como es obvio, primero habría que diferenciar entre los trabajadores del sector público que realizan labores que merecen del Estatuto funcionarial (y de las consiguientes cargas inherentes al mismo, como esta restricción de derechos) y los que no tiene el más mínimo sentido que se encuentren ahí.
Pero si les parece, sobre este asunto, mejor si seguimos la semana que viene.
25 comentarios en Huelga de funcionarios y sindicatos en la función pública (I)
Comentarios cerrados para esta entrada.
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Una pregunta.
¿Cuántas empresas han chapado en España como consecuencia de que sus trabajadores vayan a la huelga?.
Ya que veladamente has dejado caer que los empleados públicos somos unos privilegiados, te propongo un artículo de realismo social sobre tu entorno profesional. Tu facultad y tu departamento. Y así acabamos de hacernos el seppuku.
Comentario escrito por josé luis — 22 de mayo de 2010 a las 9:58 pm
Anonadado me dejas. ¿8 de junio? Escribo desde Bilbao, aquí es el 25 de mayo y en Madrid el 2 de junio, sospechosamente precediendo a la fiesta del jueves 3, con la consiguiente «opción a megapuente» de 2 a 6.
Y que conste que soy un rompespañas convencido (llamémoslo federalista), pero si se trata de protestar una medida del gobierno central desde el funcionariado, principalmente estatal, este baile de fechas me parece ya el absurdo supremo. Los que vivimos a caballo entre diversas CCAA ¿tendremos que llevar una «agenda de huelgas» sólo para asegurarnos de no meter la pata y presentarnos el día equivocado a clase/hacer trámites/lo-que-sea?
La verdad es que desgraciadamente, en tu caso, la mayor parte de la población no pensará «menudo esquirol» sino «vaya, uno que sí trabaja, o quizás es que ni cuando va a trabajar trabaja, así que tanto le da», dado que la opinión sobre los trabajadores públicos es la que es, y se autosustenta porque, no negaremos, la idea de escasa labor y estabilidad laboral sirve de gran reclamo para mucha gente que se mete al sector público para precisamente eso, no dar ni chapa.
Comentario escrito por Nacho Pepe — 23 de mayo de 2010 a las 12:52 am
Nacho Pepe, creo que será el 8 en toda España. Iba a ser el 2, pero precisamente la opción de acueducto que generaba ha provocado el cambio. Está muy mal visto, lógicamente, montar una huelga en lunes, viernes o días que permitan alargar puentes.
Los hosteleros, en cambio, han protestado. Ellos querían una huelga-acueducto como Dios manda.
José Luis, digo abiertamente que los funcionarios tenemos privilegios. Algo, por lo demás, evidente. La cuestión es cuándo estos privilegios están justificados, tienen sentido, y cuándo no. Así como qué respectivas limitaciones tenemos. Justamente eso es lo que trataba de explicar. Hay muchos privilegios funcionariales que me parecen de lo más sensato. Y siempre van de la mano de limitaciones. Por eso no me gusta este derecho de huelga, como si fuéramos trabajadores normales, que podemos ejercer sin buena parte de los costes al uso.
Describir cómo funciona mi departamento requiere una novela costumbrista más que un simple artículo. Uno de mis sueños es tener un día tiempo para hacerlo. Habiendo la cantidad de sexo, acosos y puñaladas traperas por cuestiones miserables podría salir algo muy divertido si tuviera talento para ello. Lamentablemente, no sé si sabré hacerlo.
¡Aunque siempre puedo pasados los datos y anécdotas más jugosas a Ferran Torrent y que se encargue él
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 23 de mayo de 2010 a las 9:28 am
Quizás tampoco habría que olvidar que tu sueldo de profesor titular, Andrés, no es el de un auxiliar administrativo de tu departamento. Ni sus supuestos «privilegios» son los tuyos (supongo que son precisamente los tuyos los que te parecen «sensatos»). Ni se lleva tus sobresueldos por másters, conferencias y otras actividades, etc.
Comentario escrito por Pedro García Pilán — 23 de mayo de 2010 a las 1:50 pm
Pedro, si lees con atención todo mi comentario encontrarás, precisamente, una referencia a lis casos, como el que comentas, en que la relación, por muy funcionaral que sea en teoria, en la práctica se asemeja totalmente a la de un empleado normal. De hecho, creo, a mis compañeros auxiliares administrativos sí les quitan el sueldo si no can a trabajar, por ejemplo.
Creo que ya he dicho claramente que, como no puede ser menos, mis reflexiones no se refieren a esa situación.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 23 de mayo de 2010 a las 2:03 pm
Pues sí, han retrasado la huelga del 2 al 8, eso me pasa por postear sin guglear un poco antes. Bueno, ya puestos a portestar por hechos consumados, tanto da.
Y mi otra confusión viene por el hecho diferencial vasco, donde ELA y LAB han convocado, como digo, para el 25.
Supongo que en Euskadi puede ser la risa con unos funcionarios haciendo un día huelga y otros otro (y otros los dos, y otros ninguno…) según afinidades político-sindicales. Aunque imagino que depnderá simplemente de lo que se administración estatal o autonómica.
Comentario escrito por Nacho Pepe — 23 de mayo de 2010 a las 4:27 pm
Ojalá te animes a escribir esa novela.
No es mi intención entrar a discutir sobre el tema de privilegios aquí o acullá. Los hay en determinados sectores de lo público y también de lo privado ( bien has escrito tú sobre los futbolistas).
Tampoco el entrar en el tema del privilegio del «trabajo para toda la vida», pues todos somos conscientes que en las Administraciones Públicas hay empleados públicos que son interinos y laborales temporales que tienen la puerta abierta a la calle en cualquier momento… ¡y no son pocos!.
Como asalariados por cuenta ajena que somos todos no veo claro que hipotéticamente unos tuvieran derecho a sindicarse y a la huelga y otros no. Pero son discusiones peregrinas porque la realidad, como bien has dicho es la que es. ( Por cierto, en mi opinión otra cosa serían los jueces. No propiamente funcionarios, si no más bien poder judicial. Aunque he de decir que una vez leí que Garzón se consideraba un funcionario. Así que si él lo dice… yo no tengo nada que objetar).
En lo que respecta a la posibilidad de encontrar ofertas o bienes sustitutivos en el caso de huelgas en el sector privado.. qué quieres que te diga… todavía recuerdo las colas en las gasolineras.. por no decir también el caso de los pilotos de aviones, controladores y demás. ( Bueno en el fondo el sector privado en determinadas ocasiones también presta servicios públicos).
Me he extendido y a lo que quería llegar es el por qué me planteo secundar la huelga. Y lo digo sin saber el alcance exacto del «tijeretazo» ya que no se ha publicado todavía el Decreto-ley.
La primera evidentemente porque se me baja el sueldo. Todos contabamos, ya no este año sino el anterior incluso que nos lo congelaran ( total, una subida del 0,3 o del 0,8 es más o menos lo mismo). No hubieramos dicho nada. Pero lo de la bajada no se ha visto nunca. En términos de salario supone volver a 6, 7 u 8 años atrás. Si a eso le sumas la próxima subida de IVA y de la renta a los «ricos» ( entiéndase: las clases medias de toda la vida) ya te puedes imaginar. Y encima hace dos días les daban miles de millones a la banca y hace dos minutos ( el mismo día del Consejo de Ministros en cuestión o el día después ) se convocaban ayudas públicas millonarias para la acción sindical en centros de enseñanda concertados o similares.
Y a ver si disponen algo sobre los Remanentes de Crédito Presupuestario que resulten de esta ocurrencia. Supongo que no permitirán la trampa.
En segundo lugar, pues todo lo que ya habéis dicho sobre las mentiras del Impostor.
Y para finalizar: por su linea continuista pero con «dos tazas» o «dos huevos duros» como diría Groucho de modificaciones legislativas que claramente han perjudicado, por no decir jodido de lo lindo, al Cuerpo al que pertenezco.
Perdón por el rollo pero todos necesitamos desahogarnos en algún que otro momento.
Comentario escrito por josé luis — 24 de mayo de 2010 a las 12:37 am
La verdad, José Luis, es que puedo suscribir prácticamente todo lo que escribes.
A mí me pasa que, trabajando en lo que trabajo, con el estatuto que tengo, hacer una huelga me parece casi una burla (máxime si tenemos en cuenta que no me quitarían el sueldo). Prefiero, por ello, personalmente, no quedar confundido con el movimiento.
Hay un factor adicional que he apuntado en el mensaje inicial pero no he desarrollado demasiado. Si a uno le parecen mal los recortes a trabajadores y funcionarios, ¿qué coño hace votando a partidos como PP y PSOE? La ridiculez que siento pensando en que vamos a ver una huelga prácticamente general de funcionarios, colectivo que vota en un 90% a esos partidos y que los volverá a votar me hace dudar del sentido de una acción como la huelga, que más parece una manifestación de cara a la galería que una muestra de cabreo y rechazo serio. Porque si hubiera cabreo y rechazo serio a medidas como ésas, en un contexto como el que bien señalas (hacer pagar a los «ricos» los problemillas que los «pobres» han estado teniendo estos últimos años), digo yo que lo primero que debería ocurrir es que alguien empezara a votar a un partido de centro-izquierda moderadito como IU o incluso a partidos de izquierda.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 24 de mayo de 2010 a las 8:00 am
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf
Si yo te contara de los de IU…
Ayer comenté mis puntos a favor de ir a la huelga. Mi punto en contra de ir es que entiendo y tengo asumido que el trabajo que desempeño me impide significarme políticamente ( entiéndase «políticamente» en un término amplio).
He de manifestar públicamente mi sana envidia por tu capacidad en plantear cuestiones y porqués. Fíjate: hasta ayer no me había planteado el porqué tienen que tener derecho a la huelga y sindicación los funcionarios. La desazón que me has provocado no es poca. Mi consuelo es que la tuya no debe de ser menor. Solo espero que no acabes como un Larra del siglo XXI, cansado de este país de charanga y pandereta.
Espero tus comentarios al Real Decreto-Ley que he enlazado. Yo voy a leerlo a ver qué sorpresas nos depara.
Comentario escrito por josé luis — 24 de mayo de 2010 a las 8:55 am
Por favor, ¡no me cuentes nada de los de IU! A estas alturas ya tengo asumido que mi única posibilidad de votar a alguien en las próximas elecciones pasa por votar a IU, más simbólicamente que por apoyarlos realmente, dado el tipo de personal que pulula por ahí (pasados de rosca, viejas glorias y, en general, gente de muy, muy bajo nivel… pues en esta vida la peña es pragmática y el 90% de los tipos listos que podrían estar en IU se han ido hace tiempo al PSOE, que es donde pueden prosperar). ¡Pero al menos que IU suba tendría cierto contenido simbólico, sería un cierto mensaje!
Veo que al fin se ha publicado el Decreto-ley más esperado de los últimos tiempos. Esperemos, dado que por fin se han atrevido a publicarlo, al menos, que ésta sea la versión final y definitiva y no lo vayan rectificando a lo largo de la semana, publicando correcciones de errores y demás formas chungas de ir metiendo cambios.
Constato ya, desde un primer momento, que los complementos retributivos que redondean sueldos en las altas esferas de la Administración (desde nuestros universitarios quinquenios y sexenios a la productividad) no se tocan. Esto tiene una pinta de acabar siendo regresivo dentro de los propios colectivos funcionariales que, como sólo añade esperpento a lo que ya de por sí es un cachondeo, no puede sino ser saludado.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 24 de mayo de 2010 a las 9:12 am
…»El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas públicas quedó plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprobada por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010″…
¡¡Tendrán cara los hijo…!!
Para que después digan que ZP no tiene poder a nivel planetario. Si ha estado él solito a punto de cargarse el euro y provocar una catástrofe más grande que la actual.
O cuanto menos que nos echaran de la moneda única. ¿ Si no qué significa lo que dijo Merkel de que otra Grecia nada de nada, que lo próximo serían «voladuras controladas»?.
Comentario escrito por josé luis — 24 de mayo de 2010 a las 9:18 am
Como funcionario basura (interino) que soy no me cabe en la cabeza que no se haga huelga el día 8. Eso sí, dentro de mi colectivo (profes de secundaria) hay una cantidad de personas que viven en una realidad paralela impresionante. Todos esos no harán huelga.
Comentario escrito por desempleado — 24 de mayo de 2010 a las 9:46 am
Apoyaré las huelgas de funcionarios el día que las hagan a la japonesa
Comentario escrito por A.ntoine — 24 de mayo de 2010 a las 12:57 pm
A.ntoine, el día que los funcionarios de este país hicieran una huelga de celo se paralizaría el país. No solo porque habría muchos que trabajarían mucho menos de lo que lo hacen habitualmente (pues existen, y no son pocos, los funcionarios que hacen más de lo que les es exigible, por compromiso público, vocación y sentido de la responsabilidad). También porque el sistema no está pensando, ni tiene capacidad, para procesar el trabajo ordinario que generaría (así como la manera en que se generaría) el cumplimiento de las normas.
De hecho, la huelga de celo está prohibida en España, precisamente por esta razón. Se considera, por ello, abusiva cualquier huelga que no consista en la cesación del trabajo y, en consecuencia, no está a disposición de los trabajadores. Transcribo el art. 7 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que desde esa fecha (y, por supuesto, por vía de nuestro querido Decreto-ley) regula esta cuestión:
Artículo 7.
1. El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias.
2. Las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 24 de mayo de 2010 a las 1:05 pm
Pues entonces hágamos una NO huelga de celo, Andrés, todo el mundo a rajatabla con sus funciones y que venga el superior jerarquico para preguntarte porque coño no avanza la cola de la ventanilla o porque narices los informes en lugar de tener 3 hojas de copiar – pegar, son de 17 bien argumentados… por poner dos ejemplos.
España seria un caos porque como bien apuntas, no estamos preparados para que la practica y la teoria coincidena en la esfera real…
Comentario escrito por jordimercado — 24 de mayo de 2010 a las 4:37 pm
Yo creía que las huelgas a la japonesa no eran huelgas de celo, más bien lo contrario (informes de media hoja de copiar-pegar, da igual cómo estén, aprobado y vengan dos más)
De todas formas, no sabía que las huelgas de celo estaban prohibidas. La leche.
Comentario escrito por A.ntoine — 25 de mayo de 2010 a las 10:46 am
Hola, soy profesora titular de universidad me habilité en las nacionales del 2007, he sido becaria toda mi vida, divorciada con un hijo pequeño que me ha acompañado en mi carrera, el precio personal que he pagado por mi vocación y por la «estabilidad» laboral es tremendo.
Mis horas de trabajo las organizo yo, y trabajo mucho, demasiado, no tengo hora de empiece y de término, me encanta y a veces me agobia, sobre todo en la utilización de las nuevas tecnologías y en la implementación de la mentira Bolonia, que nos está destruyendo.
Pienso que la educación pública en este país se está haciendo añicos paso a paso pero seguro.
No me gustan las huelgas, no creo en ellas, pero me parece que algo hace falta por parte del funcionariado, que en la universidad que es lo que conozco y particulamente con Bolonia más se favorece el «pillaje» a por el impacto, mientras nos «evacúan» los sexenios: ojo que un sexenio 6 años reconocimos de trabajo significan 100 euros más al mes.
Y todo por un sueldo, que al menos en mi caso, me da vergüenza si comparo con algunos países de Europa, ya que estamos con la adecuación al espacio europeo de educación superior…
Os animo a vestir en masa «el uniforme bolonio» y seguir trabajando con más ganas que nunca.
(Para más detalles podéis mirar en facebook, es una performance).
Comentario escrito por Pilar Pérez — 26 de mayo de 2010 a las 12:06 am
Hola. 100% de acuerdo en que no todo el personal que trabaja en las Administraciones Públicas debería ser funcionario. No todas las funciones que desempeña hoy una Administración son públicas y no necesitan las garantías de la figura de funcionario, entre las que destaca la dificultad para poder peder esa condición.
Esa garantía está ahí por algo y es, en parte, para preservar la imparcialidad e independencia de la masa de personas que desempeñan funciones públicas. Pero, qué imparcialidad e independencia necesita un señor enfermero en un hospital.
Algunos pensaréis: vale, pero si la sanidad es pública, ¿por qué no un enfermero-funcionario?
Porque, en nuestro modelo de función pública evoluionaron las funciones del Estado y éstas se ampliaron a lo que se conoce como Administración prestacional o de servicios, se empezó, paralelamente, década de los 60 en España, a utilizar la figura del personal laboral para esas funciones que no están orientadas a producir actos administrativos o, más allá, ejercicio de funciones públicas. Y por qué. Por la flexibilidad del régimen de esas figuras y por no requerir la elaboración de esos trabajos de las garantías de inamovilidad e imparcialidad.
Pero ahora vivimos una situación esquizofrénica en la que que una plaza esté ocupada por funcionarios o personal laboral no atiende a ninguno criterio a pesar de que las leyes de función pública detallan los casos en que un determinado trabajo ha de ser desempeñado por personal laboral. Pero, qué pasa ahí: nada de nada.
Pero para afirmar lo anterior quizás deberíamos empezar por determinar qué son funciones públicas hoy.
Junto con el post de los derechos sindicales tienes pendiente un debate más profundo sobre qué puestos de trabajo en una Administración Pública deberían estar cubiertos por funcionarios sin derecho a huelga y cuáles por personal laboral que se rija por Convenio colectivo y normativa laboral.
Pero por ser éste último más largo y profundo, te dejamos que pospongas la tarea a septiembre. Sería una muy bonita manera de empezar el siguiente curso acedémio, pero sobre el de derechos sindicales, ¡CUMPLE!
Por último decir que me gusta que cuestiones si tú has de ser funcionario público. Has dado en el clavo de una duda que yo tampoco teng resuelta.
¿Ha de haber un cuerpo de maestros públicos funcionarios?, ¿qué se está presevando ahí?, ¿es la única manera de preservar eso?
La Constitución de 1931 lo tenía claro,
Art.48. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
¿Atendía eso a un momento histórico?, ¿a una visión muy ideologizada de la sociedad?.
Se me ocurren más preguntas…, de ahí lo largo y profundo de ese debate para el que ansiosos esperamos septiembre.
Firmado: Plataforma por la recuperación de un discurso serio sobre la función pública y en general sobre todo el personal que presta sus servicios en una Administración.
Y no, no vivo en el S.XIX, vivo en el XXI
Comentario escrito por Mar — 02 de junio de 2010 a las 8:34 pm
Gracias por el comentario, obviamente decimonónico, Mar.
Tengo poco que comentar, porque estoy de acuerdo contigo en casi todo.
Dicho lo cual, ¿qué es lo que justifica la protección extra que va asociada a la garantía funcionarial?
A mi juicio, el ejercer poder público, por un lado, y el hecho de que sea mejor para la sociedad en general que ese poder público se ejerza con independencia y sometimiento no al jefe, no al político, sino a la ley.
A partir de ese criterio, sobran un huevo de funcionarios. No de empleados públicos, sino de funcionarios.
Sobre los profesores tengo dudas. Suele decirse que es bueno que tengan esa garantía porque así se afianza la libertad de cátedra, que es básica en una sociedad liberal. Probablemente es verdad. Pero, personalmente, creo que en estos momentos la libertad docente está bien poco amenazada en sus aspectos ideológicos. Y además no es por el poder público por donde se resiente. Y somos funcionarios. Y, sin embargo, a mi juicio es obvio que hay poco ejercicio de la libertad, por mucha que tengamos reconocida. Algo falla. A lo mejor tenemos una gran protección reconocida frente a un enemigo que ya no es, que ha dejado de ser, el enemigo. Aunque bien está quizás, seguir teniéndola porque, ¿quién sabe? si a lo mejor se fuera la protección el enemigo volvería.- Quizás sólo no se hace presente, justamente, porque la barrera funciona.
Por otro lado, los profesores examinamos. Ahí sí, en cuanto de esos exámenes se deriven consecuencias públicas (por ejemplo, títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas), se podría entender que hay un ejercicio de funciones públicas que casa bien con la figura del funcionario.
En cualquier caso, dado el escaso uso que damos a nuestras garantías (tanto parta defendernos del pensamiento uniformizador como para actuar con visión de Estado, como servidores públicos, en el ejercicio de nuestras funciones), a mi casi que me parece que lo más sensato sería reconocer esta realidad y asumir que si los profes, teniendo todas esas garantías, actuamos sin aprovecharlas, lo más justo sería que nos las quitaran: trabajadores normales y ya está.
¿O acaso hay muchas diferencias en cómo se comportan los profesores de los centros públicos respecto de los de los privados? Si hacemos gala de ese carácter, si honramos de ese modo tan de mínimos nuestro compromiso con el ERstado, todo está dicho.
Aunque a mí, claro, me gustaría un modo donde hubiera funcionarios que , coherentemente, actuáramos de otra manera… Ahí sí que, probablemente, tendrían sentido las garantías.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 03 de junio de 2010 a las 7:39 pm
Se puede ver que, de alguna manera, mi visión es algo así como «los privilegios jurídicos, para quien se los merece» ¡Y para quien se los trabaja!
Lo cual, y a pesar de que en el comentario anterior he ejemplificado en los profesores, puede aplicarse a muchos cuerpos de funcionarios. ¿A casi todos? De hecho, a mi juicio, muchas de las cosas lamentables que pasan en este país son posibles porque, entre todos, hemos abdicado de nuestra posibilidad, que en realidad es deber, de comportarnos, correspondiendo al Estado y a la sociedad por los privilegios que tenemos, con valentía y con altitud de miras. Casi todo lo que pasa en nuestras Administraciones Públicas de malo, de chungo, de corrupto en ocasiones (/ya sea de alta intensidad esta corrupción, ya de baja intensidad, tanto da) ocurre porque,e n el fondo, los funcionarios han (hemos) optado por no dar batallas, no vayamos a salir perjudicados. Porque siempre hay alguien dispuesto a que todo valga. Porque siempre habrá quien acepte tragar con lo que haya de tragar. Y los demás, lamentablemente, acaban (acabamos) aceptándolo. Cuando no «colaborando»·. Lo típico. «Total, para que lo haga otro lo hago yo. Y así al cargo de libre designación me lo llevo también yo y no el otro, que es un impresentable, un pelota y no tiene dignidad».
Dándose, como se da, esa situación, la verdad es que da un poco de vergüenza tener una situación diferente a la del resto de trabajadores cuando, en general, los funcionarios, en este país, nos comportamos respecto del patrón y de la ley con la misma actitud, o muy similar, a la de quienes trabajan por cuenta ajena en el sector privado.
¡Para lograr ese resultado no hace falta reconocer garantías funcionariales de ningún tipo!
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 03 de junio de 2010 a las 7:57 pm
En abstracto sigo creyendo en la relación funcionarial, no como privilegio de casta sino como garantía del Estado de Derecho.
En concreto… pues no sé, cada uno tenemos nuestras mil y una batallitas. En el fondo, la partitocracia ha socavado tanto y tantas cosas, se ha infiltrado hasta en el último rincón de lo público y lo privado que evidentemente la desesperanza ha cundido.
Si por los políticos profesionales y de afición fuera, sin distinción de partidos, los funcionarios serían estudiados en los libros de historia como unos infectos parásitos de la sociedad.
Comentario escrito por josé luis — 04 de junio de 2010 a las 6:39 pm
Otro interino con sueldo basura que apoyará la huelga. Poca gente de mi entorno la hará, y me parece tristísimo que se quiera debilitar de esta forma el sector público y en lugar de movilizarnos, que es lo que hubiera ocurrido por menos en la generación de nuestros padres, nos dediquemos a tirarnos los trastos a la cabeza entre nosotros, entre trabajadores y sindicatos. Al final los más poderosos tiene todo el trabajo hecho, el capital siempre manda y mandará. Si yo fuera un gran empresario ahora mismo me sentaría a comer palomitas y me descojonaría viendo como nos ahogamos nosotros mismos y encima en silencio, encantados de la vida.
Comentario escrito por huelga8junio — 07 de junio de 2010 a las 10:56 pm
Simplemente eres un esquirol, lo escondas con palabrería barata o no…ya te llegara el turno, cuando el problema sea tuyo. Lo bueno de internet es que esto queda archivado, será bueno recordartelo cuando te ocurra lo mismo a ti, nadie llorara por tu futuro.
Comentario escrito por genial — 29 de junio de 2010 a las 4:20 pm
Muchos funcionarios nos estamos preguntando en qué consiste nuestro estatuto, después del RDL 10/2010 y del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si también se nos niega el derecho a la huelga -que conste que yo he ido a trabajar en las dos convocadas este año- ¿nos queda únicamente la opción de poner la otra mejilla?
Comentario escrito por Borde — 03 de noviembre de 2010 a las 10:47 pm
Si se me permite.
Ya en su día se comentó el tema de que seguíamos cotizando a la SS por el sueldo que teníamos antes de la bajada ( salvo que retribuciones futuras fueran mayores).
Me consta que a finales del año pasado y principios del presente en las Delegaciones de Gobierno se informaba que a partir del presente año se cotizaba por lo que se ganaba.
Pues va a ser que no:
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/143514.pdf
( pag. 6)
Un saludo
Comentario escrito por josé luis — 24 de enero de 2011 a las 10:10 am