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El gobierno de España, tras los fastos sobre la celebración del 40º aniversario de la Constitución española que se celebraron ayer mismo, ha decidido conmemorar a su manera la fecha, sólo un día después, con un nuevo Decreto-ley de veintitantas páginas repleto de medidas de extraordinaria y urgente necesidad (en este caso, sobre ordenación del sector energético y algunas medidas pedidas por algunas grandes industrias, a las que con esto de legislar a la carta y por decreto pues se les apaña fácil el tema). Se trata del XVII Decreto-ley del gobierno de Pedro Sánchez (@victorbethen lleva la cuenta religiosamente cada viernes y sábado en Twitter), a una media prácticamente de uno a la semana si descontamos el período estival. ¡Y es que está visto, oiga, que hay mucha extraordinaria y urgente necesidad por ahí!
Como supongo que a estas alturas no hace falta repetir, la Constitución española de 1978 ha cumplido 40 años. No está nada mal, la verdad, en un país con la historia constitucional del nuestro, lo logrado en este período, como ya hemos comentado otras veces (por ejemplo, aquí). Y ello a pesar de las sombras que convendría no perder de vista, porque los homenajes constitucionales inteligentes son más constructivamente críticos que lo que nos hemos dado aquí. Basta ver tanto las comparecencias que estamos teniendo en el Congreso en la comisión de actualización del texto (bastante modestas en su dimensión crítica), el especial editado por el CEPC para conmemorar y analizar nuestra Carta Magna (que no se ha caracterizado por ser abierto a las críticas o propuestas de mejora ni por buscar voces no alineadas con los grandes partidos) o sencillamente los discursos y tratamiento público de la celebración hechos estos últimos días para constatar que, en nuestro caso, en cambio, no parece que el espíritu crítico haya hecho excesivo acto de presencia. En todo caso, las reflexiones sobre la necesaria actualización del texto, las reformas posibles del mismo a corto plazo o el modo de afrontar un problema territorial que habría que abordar sí o sí de una vez, como ya se han hecho en otras ocasiones en este blog, no voy a reiterarlas. Hoy me interesa hablar de otra cuestión: el desprecio de nuestras elites sociales, políticas e institucionales a nuestra Constitución cuando establece reglas del juego que no les resultan cómodas. Como el escandaloso uso y abuso del Decreto-ley de estas últimas semanas pone de manifiesto de manera clara. El problema, sin embargo, va más allá, porque no estamos ante un problema puntual, sino ante una manifestación más de esa actitud de desprecio.
En efecto, el abiertamente anómalo uso del Decreto-ley que tenemos en España por normalizado y que estas semanas se viene extremando pone de manifiesto, al menos, tres graves problemas. En primer lugar, la existencia de unas elites y actores institucionales que desprecian las garantías y las reglas del juego democrático constitucional de manera flagrante y reiterada. En segundo término, la inexistencia de controles efectivos, debido a una mezcla de incapacidad y pereza por parte de quienes han de actuar ante estos abusos y muy especialmente de nuestro Tribunal Constitucional. Por último, un preocupante estado de adormecimiento entre la opinión pública, pero también de los «expertos» y de parte del mundo académico, que parece contemplar con beatífica satisfacción estos excesos… siempre y cuando los protagonicen «los buenos» (es decir, «los suyos»).
1. El escandaloso abuso del Decreto-ley en España. Que en España se hace un uso abusivo del Decreto-ley no es ninguna novedad. Afortunadamente, requiere ya de poca argumentación, a estas alturas, señalarlo. Desde hace más o menos una década tenemos, por fin, sentencias del Tribunal Constitucional que han ido dejando meridianamente claro que este tipo de legislación «de necesidad» por medio de la cual el gobierno puede dictar normas con rango de ley sólo está disponible para casos tasados por la propia Constitución, de «extraordinaria y urgente necesidad», y que la apreciación de la misma, aunque sea realizada por el gobierno, no excluye que ésta deba concurrir y que haya de presentar una serie de muy concretos perfiles fácticos y jurídicos. En concreto, como es razonable y los mejores tratadistas de las situaciones de necesidad han señalado desde siempre, apoyándose en la jurisprudencia europea en la materia (Vicente Álvarez tiene un libro ya antiguo pero fantástico sobre el tema), no hay extraordinaria y urgente necesidad cuando lo que se hace es legislar sobre cuestiones ordinarias para responder a problemas o retos políticos no acuciantes ni especialmente graves para la ordenación de la convivencia, por muy importantes que puedan ser políticamente para el gobierno de turno. Y tampoco la hay, como es obvio, cuando la respuesta jurídica que se da a un problema se hace frente a realidades no imprevistas o que pueden ser respondidas sin mayor trastorno por medio del procedimiento legislativo ordinario. Nada demasiado difícil de comprender, la verdad. Además de ser lo común en el tratamiento de esta misma cuestión en el Derecho comparado (mucho menos proclive, por cierto, a dejar que los gobiernos emitan normas con rango de ley en situaciones de urgencia, aunque sí permiten, con controles semejantes a los nuestros, órdenes ejecutivas y demás).
Estas restricciones son, además de bastante claras, particularmente importantes y necesarias porque los Decretos-ley, al alterar el reparto constitucional de competencias para la producción legislativa, permiten al gobierno hacer lo que en principio hace y debe hacer sólo el parlamento: aprobar normas con rango de ley. Toda aprobación de un Decreto-ley, por ello, implica una subversión excepcional del reparto constitucional de competencias y de la distribución del poder. En favor del gobierno, por supuesto. Es por ello esencial contener e interpretar muy restrictivamente esta habilitación constitucional. De otro modo, estaríamos eliminado gran parte de la capacidad política efectiva del parlamento. Y ello por mucho que luego los Decretos-ley sean convalidados parlamentariamente. Como es obvio, el procedimiento de convalidación, incluso cuando se vehicula por medio de la conversión del Decreto-ley en una ley, tiene muchas restricciones e impide al parlamento hacer uso de sus capacidades normales de propuesta, enmienda y deliberación. ¿Recordamos lo deficiente democráticamente que nos pareció a todos la falta de «garantías democráticas» asociadas a un debate parlamentario pleno en casos como la aprobación de las leyes de desconexión catalanas? Pues más a o menos a un debate así de capitidisminuido se ve condenado el parlamento cada vez que decide si convalida o no un Decreto-Ley. Es decir, se le quita en la práctica casi toda su capacidad legislativa, que queda reducida a bendecir o no lo hecho ya (y que ya se está aplicando) por el gobierno. Una especie de situación deliberativa «entre la espada y la pared» que deja muy poca, por no decir nula, capacidad de maniobra. En esos casos, sencillamente, el Parlamento no legisla sino que avala (o no), más o menos a regañadientes, lo hecho por el gobierno.
Que el parlamento no legisle no es lo que quiere la Constitución, como es obvio, pero parece que aquí a todo el mundo le da bastante igual cuando interesa pasarse por alto la regla. Por ejemplo, nos la hemos pasado por alto en casi todos los Estatutos de Autonomía amparando que se extienda a ellos la posibilidad excepcional de limitar los poderes de los parlamentos que en la Constitución sólo se prevé en favor del gobierno del Estado (algo que a mi juicio es inconstitucional, como además demuestra la práctica posterior de uso de estos instrumentos). Y nos la pasamos por alto de manera regular en lo que hace a la producción jurídica del gobierno del Estado. Pero pocas situaciones tan escandalosas y reveladoras como la que vivimos en la actualidad, con un gobierno que abiertamente ha reconocido su voluntad de «gobernar por Decreto» ante la falta de mayorías parlamentarias suficientes que apoyen de manera natural sus políticas.
La situación que está viviendo España en estos momentos, pues, lejos de ser coyuntural o muestra de deficiencias o problemas de constitucionalidad puntuales, es estructural: tenemos un gobierno que no es que gobierne por decreto, sino que legisla por decreto, para lograr así aprobar sus medidas de modo mucho más rápido, completo y a su gusto de como lo serían si hubieran de ser adoptadas por medio del procedimiento legislativo ordinario y tal y como está previsto en la Constitución: con el parlamento legislando. Que la situación se repita semana tras semana, que abarque ya a estas alturas varios centenares de páginas de legislación sobre los más variopintos temas -desde exhumar a Franco a dar ayudas a industrias para evitar deslocalizaciones-, que el gobierno la tenga totalmente asumida como fórmula para paliar su debilidad parlamentaria… todo ello debería hacer sonar todas las alarmas.
Lo que está pasando, sencillamente, es que estamos asistiendo a un continuado ejercicio inconstitucional de la capacidad de normar y legislar en nuestro sistema. Sorprendentemente, a nadie parece preocupar en exceso. Y menos que a nadie, a nuestro Tribunal Constitucional.
2. Un Tribunal Constitucional indolente y complaciente con el poder. Cuando en un Estado de Derecho se dan este tipo de situaciones, tan escandalosamente antidemocráticas e inconstitucionales, lo normal es que salten todas las alarmas y, sobre todo, que haya remedios para contener el problema o, incluso, atajarlo y solucionarlo definitivamente. Obviamente, para situaciones como ésta es clave la respuesta del Tribunal Constitucional o institución equivalente. Un órgano que, de nuevo queda demostrado en este caso, no está en España a la altura de las circunstancias por esa mezcla suya tan característica de ser servicial y complaciente con el poder (hemos vivido ejemplos recientes muy bochornosos, con un Tribunal Constitucional incluso enmendando la plana al propio órgano consultivo interno del Gobierno del Reino de España para rescatar a este último) y a la vez bastante vago y malo técnicamente.
El Tribunal Constitucional tardó «sólo» unos treinta años en empezar a controlar la existencia o no de la «extraordinaria y urgente necesidad» de los Decretos-ley, cuando la constatación de que el cachondeo en que se había convertido la cosa empezó a ser incluso demasiado obscena. Desde entonces, y periódicamente, nos contenta con sentencias que constatan lo obvio: que tal o cual gobierno empleó el Decreto-ley de manera incorrecta y abusiva, invocando una situación de supuesta urgencia que no era tal, y que en consecuencia la norma en cuestión no era válida. Hasta aquí, todo bien. ¡Se ha tardado en empezar a controlar la cosa pero al menos ya se hace! Albricias.
Lamentablemente, para no incomodar demasiado a los gobiernos, el Tribunal Constitucional ha adoptado la costumbre de hacer esto, eso sí, «a gobierno pasado». Mientras gobernaba Rodríguez Zapatero iba revisando los Decretos-ley de la época de Aznar y señalando de vez en cuando algún problema, luego cuando gobernó Rajoy alguna anulación de Decretos-ley de Rodríguez Zapatero cayó y ha sido llegar Pedro Sánchez al poder y ya hemos tenido un par de sentencias que nos dicen que el gobierno de Rajoy empleó mal el instrumento y que anulan el Decreto-ley correspondiente. Todo bien, si no fuera porque esta anulación no lleva anudada la de la convalidación parlamentaria del mismo, de manera que, por intervenir tan tarde, acaba por no tener más efecto que la «sanción política» y de imagen al gobierno de turno (¡qué suerte que sea siempre a gobiernos que ya han dejado el poder!). Y poco más.
Como puede comprenderse la situación es totalmente insatisfactoria y no desincentiva el empleo desviado del instrumento. Como, por otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez nos demuestra cada semana que tiene muy claro. «Gobernar por decreto» es en España posible siempre y cuando se logre luego la convalidación parlamentaria poniendo a los posibles socios entre la espada y la pared con la suficiente pericia. Y lo es, sencillamente, porque el Tribunal constitucional lo permite.
¿Qué habría de hacer el Tribunal Constitucional? No es tan difícil, batería con ser diligente, rápido y actuar para no dar rienda suelta a las inconstitucionalidades. Así, aprovechando las potestades de ordenación de su agenda de que dispone, y del mismo modo que ha hecho en otros casos cuando ha considerado que la situación requería de una respuesta rápida (las leyes catalanas de desconexión e incluso meras declaraciones parlamentarias sobre la independencia son anuladas a la velocidad del rayo, por poner sólo un ejemplo muy reciente conocido por todos), debería garantizar que cualquier recurso de inconstitucionalidad planteado por los habilitados para ello frente a un decreto-ley que cuestionara su extraordinaria y urgente necesidad fuera resuelto inmediatamente, de modo preferente y sumario, de manera que, si ésta no existiere, el Decreto-ley fuera declarado nulo y expulsado del ordenamiento jurídico antes de la votación parlamentaria para decidir su convalidación, que pasaría a ser directamente imposible si el Decreto-ley carecía la debida base constitucional.
Sólo de esta manera, como es obvio, se lograría una efectiva garantía del cumplimiento del reparto de poderes y del modelo de ejercicio de la potestad legislativa que prevé la Constitución (y se establecería un claro desincentivo para que los gobiernos aprobaran Decretos-ley sin que exista una situación que lo justifique). Mientras no sea así, lo que tenemos en estos momentos es una abierta y reiterada violación de la Constitución, sorprendentemente consentida por todos y, en primer lugar, por el Tribunal Constitucional.
¿Por qué no adopta este órgano esta sencilla medida? Pues porque por lo visto no debe de entender tan grave que se den estas violaciones de la Constitución cuando son las elites políticas e institucionales que mandan las que las cometen. Aunque sea de manera sistemática y reiterada. Por eso, como decía al principio, muy probablemente la causa última de esta situación esté en el carácter indolente, en su perfil técnico lamentable y, sobre todo, en la tendencia manifiesta a la obediencia política del Tribunal Constitucional. Una pena, sin duda. Eso sí, tampoco es que haya mucha presión política para que actúe de otra manera. Y he ahí el tercer problema.
3. Una opinión pública, y unas elites, que asumen como perfectamente normal el desprecio a la Constitución vigente siempre y cuando sea en su beneficio. En definitiva, esta situación, que sería escandalosa en casi cualquier otro país democrático y con cierto apego a su Constitución y sus reglas del juego democrático, es en cambio posible en España. No parece, por ejemplo, que ni siquiera tener un gobierno aprobando un Decreto-ley a la semana de más que dudosa constitucionalidad por no concurrir los presupuestos mínimos exigidos para aprobarlos suponga demasiado trastorno para nadie (incluso hay editoriales por ahí analizando la cuestión a partir de lo que eso supone como dinámica política, pero que validan la fórmula de «gobernar por decreto» sin inmutarse). Todo esto es posible, incluso, mientras las mismas elites que violan sistemáticamente un aspecto tan central del texto constitucional como es la ordenación de la potestad de hacer leyes y el establecimiento de sus fundamentos y reglas democracias están de festejo del texto constitucional y predicando, hacia fuera, la importancia del respeto al mismo. Y lo es, sobre todo, porque ni las elites políticas que controlan las instituciones ni las elites socioeconómicas que (junto a las primeras) controlan los medios de comunicación procesan la situación como demasiado grave ni escandalosa. Probablemente ni siquiera la tengan por anómala, sino como parte de «lo normal»: algo a lo que debemos de estar acostumbrados y asumir como un elemento más de la pugna política entre esas elites por ser las que vayan mandando en cada momento. Así, quienes no están en el poder se quejan cuando los otros lo hacen, y viceversa. Pero con poca convicción, algo lógico porque saben que harán lo mismo cuando las tornas cambien y el reparto de papeles sea diferente. Basta a estos efectos constatar cuántas manifestaciones articuladas de preocupación por esta cuestión se pueden leer en los medios de comunicación, ya sean públicos o concertados, o incluso en los espacios de reflexión recientemente surgidos donde (y es una buena noticia) participan cada vez más académicos, pero (y es una mala noticia) de forma muy controlada también, me temo, por el poder (aunque sea a base de dar dinero y cargos, según a quién toque mandar en cada momento, en recompensa a los que se portan bien, que a la vista está que son mayoría).
La Constitución española de 1978 ha sido un instrumento muy útil para mejorar la convivencia y hacer de España un país (mucho) mejor. No reconocer sus problemas y necesidad de reformas es hacerle un flaco favor, un tanto obtuso cuando además se justifica y explica esta cerrazón en la necesidad de «proteger y respetar la Constitución». Que esto, además, lo argumenten quienes a la vez están violando algunos de los elementos básicos de la arquitectura institucional y democrática de la Constitución española de 1978 sólo demuestra la desfachatez de ciertas elites, que únicamente defienden la Constitución cuando de ello obtienen un beneficio directo pero que tienen en cambio muy, claro, y lo demuestran día a día «por decreto», que no se sienten vinculados al texto constitucional cuando las obligaciones que del mismo se derivan les pueden suponer algún perjuicio o pequeño quebranto político o económico.
Que no haya una denuncia general de esta situación, por lo demás, sólo demuestra que cuarenta años después estamos, sin duda, mucho mejor que estábamos, pero que queda mucho, pero mucho, por mejorar en nuestra sociedad y capacidad de respuesta cívica frente a los abusos del poder. Así que ¡feliz 40º aniversario a nuestra Constitución de 1978… y a ver si somos capaces entre todos de mejorarla y de incrementar nuestras exigencias democráticas y cívicas respecto de nuestras instituciones y sus intérpretes!
11 comentarios en Gobernar por decreto: ¡feliz 40º aniversario de la Constitución del 78!
Comentarios cerrados para esta entrada.
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Si tú mismo dices que luego los decretos son convalidados, la verdad, no veo qué problema hay. Eso también es democracia: seguir las reglas y poder apoyarlas en mayorías democráticas, como la del actual gobierno. ¿O esque resulta que ahora a Sánchez no lo eligieron las Cortes por una más que sobrada mayoría (más que a Rajoy en 2016, de hecho)?
Comentario escrito por J.076 — 10 de diciembre de 2018 a las 3:58 pm
El 0% de los americanos vivos votaron su constitución. Es que una cosa no quita la otra. Lo importante es el mecanismo que permita el cambio, y en eso la constitución es perfecta.
Comentario escrito por Intelestual — 11 de diciembre de 2018 a las 3:41 pm
Sinceramente, no entiendo ni la primera crítica (precisamente el texto del post trata esa cuestión, es como si no lo hubieras leído), ni el segundo comentario (¿quién ha dicho nada de cuánta gente viva ha votado la Constitución aquí? ¡Estamos hablando del escándalo que es que se incumpla de manera flagrante sin que pase nada!)-
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 11 de diciembre de 2018 a las 4:29 pm
[…] ANDRÉS BOIX PALOP lashes out at the Spanish government’s emergency edict regime of Pedro Sanchez and the elites' contempt for the constitutional rules they find uncomfortable (Spanish). […]
Pingback escrito por A Christmas Wish | Verfassungsblog — 15 de diciembre de 2018 a las 5:37 pm
¿Hay división de poderes en España? No. Eso es evidente. Es lo que Andrés denuncia: que el Poder ejecutivo usurpa funciones del Poder legislativo y que el Tribunal Constitucional (Poder judicial) actúa según el dictado del Ejecutivo de turno. Es decir, Andrés denuncia que el Poder ejecutivo usurpa funciones de los otros dos poderes.
¿Por qué pasa eso? Porqué en España no tenemos una democracia sino una oligarquía.
Porqué en España no hay una constitución, sino una carta otorgada.Una Constitución debe establecer la división de poderes. Si el texto no lo hace no es una constitución.
Andrés, respondiendo a tu pregunta: la CE nunca se ha cumplido, por eso no es un escándalo que se incumpla sistemáticamente.
Lo primero que hay que hacer es definir democracia. ¿Qué es una democracia? Democracia no es algo quantitativo sino cualitativo. O hay democracia o no la hay. No hay más democracia o menos democracia…
Democracia: sistema político caracterizado por dos atributos, separación de poderes y representación de la nación.
¿Los tres poderes están separados en el régimen político del 78? Andrés dice que no. Y es cierto. No están separados. «Montesquieu ha muerto»supuestamente lo dijo Alfonso Guerra en 1985.
La mera existencia de una bancada azul en el Congreso constituye una afrenta al parlamento. La existencia de un ministerio de Justicia (Dependiente del Ejecutivo) es otra afrenta.
¿Existe representación de la nación en España? No, los españoles no tienen un diputado que les represente. ¿Quien conoce a su diputado? Creo que nadie. Porqué en España no se escoge a un diputado sino que se refrenda una lista que han hecho otros y los diputados representan a los que los han escogido, a los que lo han puesto en la lista. Supuestamente lo dijo Alfonso Guerra: «El que se mueve no sale en la foto». Aludía a la disciplina de partido. Efectivamente, donde hay disciplina de partido no hay representación.
En mi anterior post, decía que Andrés tenía algo en común con un famoso jurista alemán. La apología que hace del régimen político que padecemos.
El Régimen del 78 es irreformable. Lo es por concepto. ¿Para qué hay que reformarlo? ¿Qué funciona mal en él? La destrucción del significado de las palabras (Corrupción lingüística), la corrupción moral, la corrupción económica, la corrupción en la Universidad, etc. ¿Qué problema tiene? Sí lo que quieres es que una minoría gobierne sobre una mayoría a través del engaño, de la mentira, es un sistema perfecto. ¿Por qué hay que reformarlo?
Hay una frase que condensa todo este problema: «A un poder solo lo detiene otro poder».
La Carta Otorgada de 1978, no se puede reformar, se tiene que derogar. Y se tiene que hacer una Constitución, una de verdad.
Verdad frente a mentira.
Andrés ha decidido destruirse a si mismo defendiendo una mentira, por debilidad, por cobardía, por traición a si mismo (Porqué, Andrés no es tonto. Él sabe que defiende una gran mentira). Evidentemente, la mentira es apoyada por la Universidad, por la prensa, por la opinión publicada y por lo que piensa la gran mayoría de españoles.
En cambio, yo defiendo la verdad. En mi bando, no está el «Establishment». Sólo unos cuantos españoles. Pero bueno, defendemos la verdad: que en España no hay democracia, sino un régimen de poder oligárquico. Pero somos la verdadera élite intelectual de España en lo que a ciencias sociales se refiere. ¿Por qué? Porqué a diferencia de Andrés, no reflexionamos sobre cuantos ángeles caben en la cabeza de un alfiler.
Comentario escrito por POCHOLO — 17 de diciembre de 2018 a las 9:20 am
Entonces Andrés, J.076 tiene razón cuando dice: «Si tú mismo dices que luego los decretos son convalidados, la verdad, no veo qué problema hay». A J.076 le parece lo más normal del mundo que un gobierno siga las reglas y haga leyes a través del decreto-ley. ¿Qué problema hay en seguir las reglas? Y el tío, te argumenta: ¿Acaso el gobierno de Sanchez no ha seguido las reglas a la hora de constituirse?
Y te digo yo, Andrés, ¿Acaso no sigue el gobierno de Sánchez las reglas de este régimen corrupto?
Y cuando intelestual te dice: «El 0% de los americanos vivos votaron su constitución». Te pregunto: acaso no dice una verdad como un templo?
Y luego, te mata diciendo: «Lo importante es el mecanismo que permita el cambio, y en eso la constitución es perfecta.» Y aquí, volvemos al franquismo y a ese santo que dijo: «de la ley a la ley». Es una Constitución cojonuda porqué permite el «cambio» sin cambiarla. Es una constitución buenísima. Por qué ese empeño en reformarla?
¿No te da la sensación Andrés que en vez de un debate te están recitando «El País»?
El Régimen político de 1978 se basa en una Gran Mentira, que se hizo una transición del Franquismo que nos llevó a una democracia, cuando lo que pasó es que pasamos de una dictadura militar a una oligarquía de Partidos políticos.
Sobre una mentira no se puede construir nada sólido. Todo es inestable. Todos sabemos que todo es falso. Que nunca cumplen lo que prometen y que siempre nos engañan. Y todos votáis pensando que votáis a lo menos malo.
Comentario escrito por POCHOLO — 17 de diciembre de 2018 a las 10:15 am
«exigencias democráticas»
«mayorías democráticas»
«juego democrático»
«país democrático»
Exigencias «democráticas», mayorías «democráticas», juego «democrático», país «democrático», y así hasta reventar.
Corrupción del lenguaje: qué es un juego democrático o un país democrático. O una exigencia democrática? De qué estamos hablando? Es absurdo. De marcianos.
Que gastáis la palabra «democracia». Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
Comentario escrito por POCHOLO — 17 de diciembre de 2018 a las 10:34 am
Manuel García-Pelayo, un jurista que fue Presidente del tribunal Constitucional entre 1980 y 1986. Reconoce la virtud del Estado de Partidos. Y considera que la mejor manera de integrar las masas en el Estado es a través del oligárquico Estado de Partidos.
No entiendo porqué insistes en intentar reformar algo que ha alcanzado la perfección en cuanto a timar a gente intelectualmente inferior. Es la respuesta a la afirmación que hacía antes: por qué tienes que destruirte a ti mismo, en vez de seguir acríticamente el dogma. O hacer como García-Pelayo y decir: «esta gentuza, este ganado que solo sirve para pagar impuestos, no está preparada para tomar decisiones importantes y debe seguir siendo tratada como niños pequeños, retrasados mentales, a la hora de decidir que hacemos con su dinero. García-Pelayo era más honrado y honesto que tú.
Comentario escrito por POCHOLO — 17 de diciembre de 2018 a las 10:47 am
¿Por qué insistes en debatir sobre cuantos ángeles pueden caber en la cabeza de una aguja?
Eso no lo entiendo.
Comentario escrito por POCHOLO — 17 de diciembre de 2018 a las 10:49 am
Si entendemos pues que en España, como en la dictadura de Franco, hay unidad de Poder (Los tres poderes dependen del ejecutivo) También podemos ver que hay división de funciones. Hay un gobierno (como el gobierno franquista), un parlamento (como los diputados de las Cortes franquistas) y una judicatura. División de funciones, pero no de Poder. Es como lo que pasa en una S.A. Hay una dirección, un departamento de contabilidad, un departamento logístico, etc. Pero no hay poderes distintos enfrentados. Sino un solo poder: quien manda es la dirección (En este caso, Pedro Sánchez)
Volviendo al texto de Andrés, él se pregunta: como puede ser que nadie se de cuenta de que que un gobierno legisle (Cuando en una democracia quin realmente legisla es la nación) es una aberración, un escándalo. Y yo le contesté, pues porqué esa anormalidad en España es normal. Para entender lo que es una democracia hay que conocerla. Y los españoles nunca han vivido lo que es una democracia, nunca. Pasaron de un sistema parlamentario (La segunda república) a una dictadura. Y de la dictadura al Estado de Partidos.
Pero ese no es el tema. El tema es el independentismo catalán. La lucha por el Poder en Cataluña. Como van unos oligarcas (Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla, Junqueras, el pusdemón, etc.) que han estado robando a los catalanes durante 40 años, ser la solución al Estado de Partidos. Unos vividores que han estado vampirizando los presupuestos de la Generalitat durante todos estos años. Pero si estos oligarcas que han contado siempre con la complicidad del resto de oligarcas españoles dicen: «Volem un Estat Propi!!» para seguir robando a los catalanes otros 40 años. Y dicen, a nosotros no se nos puede aplicar la ley, porqué nosotros somos oligarcas y estamos por encima del resto de mortales. Una gentuza que encarga una Constitución a espaldas de los catalanes. Una gentuza que quiere montar su propio chiringuito, su propio Estado de Partidos, para evitar que en algún momento algún Tribunal español, con algún cambio de gobierno, saque a la luz su corrupción y sus delitos. Una gentuza que quiere que sean los tribunales catalanes (Que controlan ellos) los que les juzgue. Y el ganado bovino más tonto de España, son los independentistas catalanes que proclamaban detrás de los Millet, los Pujol, los Mas y los Pusdemones, es decir detrás de sus amos: Volem votar per ser lliures!!!
Como les van a liberar los que se están desde hace 40 años riéndose de ellos… No se puede ser más burro.
No, mesells voleu votar perquè vosaltres sou esclaus i gaudiu portant un dogal al coll!!! Caps de soca.
Voleu votar perquè no sou lliures.
Comentario escrito por POCHOLO — 19 de diciembre de 2018 a las 4:15 pm
En la era twitter hay que tomar medidas a diario y de una manera rapida. Si a esto le juntas las fakenews y que estos abusos solo pueden ser corregidos tarde y mal, tienes un coctel peligroso. A mi entender desde el 96 más o menos se ha entrado en una etapa de solucionar los problemas por vías expeditivas, sin dejar que la ley nos estropee la foto. En nombre del bien común, y con la opinión publica a favor, se puede hacer lo que a uno le venga en gana…
Comentario escrito por Sergi Penya — 22 de diciembre de 2018 a las 7:53 am