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Pues la verdad es que hoy podría hablar de muchas cosas. Del excelente (como siempre) artículo de José Yoldi sobre uno de los muchos efectos disfuncionales de la salvaje ley contra la violencia de género , que demuestra que la paciencia de los operadores jurídicos empieza a estar más que colmada con algunas de las cositas de esta ley. O de la conferencia que hoy han dado en Valencia, invitados por la Academia de Jurisprudencia y Legislación valenciana (o como se llame esa cosa, que la verdad es que no lo sé muy bien), dos penalistas de primer nivel, Córdoba Roda (U. de Barcelona) y Rodríguez Morullo (U. Autónoma de Madrid) sobre el patético estado de las garantías en el proceso penal. Han hablado de detenciones para forzar a los sospechosos a confesar, de escuchas telefónicas a abogados, de registros inconstitucionales, de conformidades que sirven de mecanismo de presión y que se pretenden emplear para condenar a otros sospechosos… Y es que el proceso de degradación es imparable, como el Tribunal Constitucional se encarga de recordar cada dos por tres, con sentencias de esas que abochornan a cualquier juristas con un mínimo sentido de las garantías (véase el ejemplo más reciente, donde justifican que se te meta la policía en el ordenador sin pedir permiso del juez ni nada para ver qué tienes y todo porque el delito -posesión de pornografía infantil- es especialmente odioso y las chorradas al uso que parecen justificar cualquier cosa… ¡cómo si el resto de delitos, un asesinato, por ejemplo, no fueran también odiosos!).
Vamos, todo muy edificante, como es norma en este país en lo últimos y comentábamos hace nada en relación a indultos a banqueros (¡para que luego digan que no hay garantías en este país para los delincuentes!). Pero una noticia se ha cruzado en mi intención de charlar sobre alguno de estos temas. La que informa de la última ocurrencia de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que por lo visto está notificando a electores que fueron identificados por la Policía de Madrid por ir a votar con una camiseta verde para que hagan alegaciones respecto de un posible incumplimiento de la legislación electoral, lo que habría supuesto un delito del art. 144 LOREG, por realizar propaganda electoral acabada la campaña.
La cosa viene a ser así, por resumirla de manera fácil para que se entienda:
– En España en 2011 puedes tener que votar en lugares (centros escolares concertados) donde hay mesas electorales debajo de inmensos crucifijos, pósteres conmemorando visitas del Papa o mensajes antiabortistas. A pesar de que el Estado tiene una obligación de neutralidad mucho más fuerte que la de los ciudadanos (por motivos obvios que no vale la pena ni desarrollar), este tipo de mensajes se entienden por las distintas Juntas Electorales como perfectamente apolíticos y, por ello, no se aceptan las reclamaciones de los electores que las hacen (algo que me consta perfectamente porque he estado votando durante años en un asqueroso colegio concertado que llenaba el hall de proclamas contra el matrimonio gay y el aborto para el día de las elecciones -o a lo mejor para todos los días, y que así el Estado pague un concierto para que se adoctrine a los niños a gusto- sin que ninguna de las reclamaciones realizadas haya fructificado nunca).
– En cambio, esas mismas Juntas Electorales consideran que el hecho de que un ciudadano vaya a votar vestido con una camiseta verde con un mensaje a favor de la escuela pública es un acto de campaña, de propaganda, y que por esta razón supone un delito electoral del art. 144 LOREG.
– Mientras tanto, candidatos de diversos partidos políticos, algunos de manera tan notoria como el Presidente de Baleares, han osado pedir el voto en la tele el mismo día de las elecciones. Incluso mediando denuncia de los partidos rivales, la Junta Electoral de Mallorca no ha entendido que esa acción sea un acto de campaña y tampoco que constituya un delito electoral del 144 LOREG.
– Por último, como es sabido, el art. 145 LOREG prohíbe publicar encuestas a partir de cierto día de la campaña y castiga también con penas de cárcel a quien incumpla esta obligación. Una norma absurda, una de tantas, en los tiempos que corren. Lo que no quita para que llame la atención que ciertos diarios o directores de periódicos la incumplan de manera notoria, exhiban su falta de respeto por la norma y que tampoco pase nada.
Las reglas en 2011, al menos según nuestras Juntas Electorales, se resumen en lo siguiente: #anchopamí (es decir, para el Estado, para la Iglesia, para los banqueros importantes del país, para los políticos en activo, para los medios de comunicación potentes, para los directores de periódicos famosos) y #ojodeunaagujapati (es decir, para el ciudadano de a pie). Ya veremos cómo acaba esta historia, pero de momento, con el historial reciente de las Juntas Electorales españolas (por ejemplo, con las acampadas del 15-M) uno se puede esperar cualquier cosa de esta gente. Y no, precisamente, buena.
Está claro que conviene dejar un tiempo entre el momento en que se producen unas elecciones y la constitución de las Cámaras parlamentarias. Así se pueden recontar con calma los votos, meter el voto de no residentes, resolver recursos e impugnaciones… pero, sinceramente, ¿no da la sensación de que tenemos unas reglas un poco desfasadas en cuanto a tiempos? Con lo rápido que va todo hoy en día, las posibilidades tecnológicas, la eficacia en recuentos, lo profesionalizados que están los partidos políticos, ¿no sería conveniente acortar un poco los plazos? Aunque, bien visto, quizás esto no deja de ser una pequeña tontería. En Estados Unidos votan a principios de noviembre y el Presidente no toma posesión hasta finales de enero, por eso de dar tiempo a quienes iban en carro a poder reunirse en el Colegio Electoral una vez seleccionados por los electores y que la información llegara. Y tampoco les ha pasado nunca nada demasiado grave (claro, si no tenemos en cuenta lo de Bush vs Gore; en fin…).
PS: No es por nada, pero así, también, nos libraríamos de cosas como estas, que la verdad es que dan como un poquito de vergüenza. Es sencillamente bochornoso esto de que se saque la basura así, de esta manera, sin coste político alguno…
Las elecciones del domingo han confirmado que, como se preveía, la izquierda española agrupada en torno al PSOE ha padecido un descalabro notable. Más allá de la mayoría absoluta del PP y lo que ello suponga en clave estatal para el PSOE se abre también ahora una fase importante para su marca local, un PSPV que lleva mucho tiempo más que difuminado. De eso hablo hoy en mi columna quincenal en El País Comunidad Valenciana. La columna entera, aquí.
Las crisis tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, en países como el nuestro son prácticamente los únicos momentos en que aflora cierta indignación popular frente a desmanes por lo demás habituales y si la cosa se generaliza empiezan a llegar incluso sentencias que ponen un mínimo coto al cortijo admnistrativo que, en corruptelas varias de baja intensidad (pero extendidas por todos los órganos de nuestra Administración, cual absceso de una virulencia y agresividad inigualables) asuelan nuestra organización pública y la convierten en un monstruo que nada tiene que ver con los principios constitucionales en que ha de inspirarse. Hace no mucho hablábamos de que uno de los agujeros negros de nuestro Derecho público se refiere al empleo público y las numerosas puertas falsas que hemos dejado entreabiertas, para uso de quienes saben dónde se encuentran. Comentábamos también que el hecho de que el control judicial sobre estas prácticas sea tan insuficiente es una de las razones de que no haya manera de erradicar esta lacra. Ahora, bien, de vez en cuando aparece algún juez o tribunal que se pone las pilas. Es lo que ha ocurrido hace poco en un par de ocasiones.
En los últimos meses decisiones esenciales sobre el futuro de la Unión Europea han dejado de tomarse en los foros diseñados al efecto por los Tratados y se adoptan, de manera abierta y sin que nadie se haya escandalizado en exceso, entre los socios de un fondo de rescate instrumentado como sociedad anónima regida por el Derecho inglés y domiciliada en Luxemburgo. Frente a las tradicionales críticas sobre el «déficit democrático» de las instituciones europeas, por la poca participación del Parlamento europeo en la toma efectiva de decisiones y la importancia de una burocracia muy impermeable y ajena a las preocupacones de la ciudadanía, lo de ahora no es una cosa que deba ser analizada siquiera en términos de «déficit». Directamente, hemos liquidado cualquier atisbo de participación democrática que vaya algo más allá de la limitada y periódica capacidad de control que los ciudadanos de (algunos) países socios de la UE tiene sobre sus gerifaltes (que son luego, a la postre, los que hacen y deshacen a su antojo en la Unión). Comparada esta situación, podría incluso afirmarse que la manera en que funciona el BCE permite más control ciudadano que lo que estamos construyendo, si no fuera porque a uno se le escapa desde hace tiempo la risa floja, también, al pensar en el BCE.
El caso es que, en esta semana en que se han desencadenado todo tipo de acontecimientos, la nebulosa de nuevos poderes asentada en Europa (nebulosa que en realidad no es tan difícil de identificar, pues estamos hablando de las burocracias tradicionalmente asentadas en la UE, totalmente impregnadas del ideario germánico tradicional en lo económico y de los modos de comportamiento franceses respecto de las instituciones comunitarias) ha liquidado al Gobierno griego y, este mismo fin de semana, al Gobierno italiano. Ambos han sido sustituidos por sendos «gabinetes técnicos» encabezados por antiguos personajes que, siendo al menos nacionales de los respectivos Estados, llevan muchos años cabildeando por Bruselas y Frankfurt, convenientemente imbuidos de los valores del momento.
El caso griego, como es sabido, es desastroso. Desde hace tiempo. Pero que el gobierno que lleva dos años tratando de arreglar el entuerto sea descabalgado por la presión europea justo en el momento en que plantea supeditar la aceptación de unos recortes a un referéndum da que pensar, la verdad. Cualquier credibilidad de las razones dadas para relevar a Papandreu en aras a calmar a los mercados lo cierto es que tiene poco recorrido dado que la persona que lo va a sustituir, Papademos, participó de la mítica época de falseamiento generalizado de las cuentas griegas. El problema no era, como es sabido, que el anterior gobierno heleno no estuviera haciendo ajustes y comportándose con seriedad. Tampoco debe de haber mucha gente que confíe sinceramente en la capacidad del nuevo gobierno de hacer las cosas mucho mejor, a la vista de la situación y las cartas con las que cuentan. Tienen los nuevos gobernantes, eso sí, la gracia de que no juguetean con eso de preguntar al pueblo.
En Italia la cosa es más o menos parecida. Berlusconi puede ser muchas cosas, pero no ha variado en exceso las tradiciones italianas en materia de déficit y deuda. Mucha deuda acumulada, mayoritariamente en manos italianas, y un déficit contenido dentro de lo que cabe, aunque poco crecimiento económico, con todo lo que ello conlleva. Son las constantes vitales de la economía italiana desde hace años, gobierne un sátiro incompetente (Berlusconi) o un sabio profesor amado por Europa (como Prodi). Resulta ridículo que nadie pueda creer en serio que un Gobierno nuevo vaya a cambiar sustancialmente este rumbo, más que nada porque es la consecuencia de una serie de complejos equilibrios en una sociedad, la italiana, a la que no puedes imponer soluciones alegremente como si fueran varios cientos de miles de pringados tercermundistas en lugar de 60 millones de habitantes de un país culto, con sectores y regiones muy desarrollados económicamente y acostumbrado a ciertos niveles de bienestar… y democracia. El caso es que, ante el paulatino acoso de colegas europeos y del Banco Central, exigiendo recortes, Berlusconi remoloneaba, sabedor de que el humor social del italiano medio es diferente al de los sabios europeos (más que nada, claro, porque la pensión no se la recortan a ellos). Finalmente, tras todo tipo de presiones, Berlusconi ha dimitido. No se van a convocar elecciones. Aunque en medio año acaba la legislatura y no habrá más remedio. ¿A santo de qué esta prórroga de la legislatura italiana? ¿Alguien piensa que la interinidad del Gobierno técnico de verdad ayudará a contener la sangría mucho tiempo? En cualquier caso, dada la aversión a las urnas que manifiestan nuestros nuevos tecnócratas da un poco de miedo pensar en que esas elecciones que se yerguen amenazantes en un futuro muy próximo puedan acabar convertidas en a saber qué. No es descabellado pensar en una prima de riesgo italiana por las nubes, también, dentro de unos meses. Estos que argumentan que en unas condiciones así no se pueden convocar elecciones a saber lo que pueden llegar a decir en ese caso.
La Unión Europea ha tenido siempre en su germen una semilla antidemocrática muy potente, anclada en la desconfianza de las elites europeas de posguerra a las decisiones populares en tiempos de crisis. La idea de que una burocracia weberiania potente y bien organizada, llena de tíos listos cooptados entre las elites, siempre será mejor que las pulsiones nacionales populistas forma parte del credo de la Unión. Pongamos a técnicos, a especialistas, a tomar decisiones alejados de las presiones electorales, viene a ser el concepto, y así todo irá mejor. Sin embargo, allí donde el propio Weber alertaba sobre la jaula de oro en que pueden convertirse los procesos de racionalización llevados al extremo, nadie en la Unión Europea parece estar tomando nota de que la dirección que desde hace años vienen marcando esos expertos supuestos no parece ser un éxito contrastado. Al menos, no de momento. Y la verdad es que, puestos a poder equivocarnos exactamente igual que cualquier burócrata o «técnico», no estaría de más plantearnos la conveniencia de dejar que fueran los ciudadanos los que tomaran aquellas decisiones que se van a convertir en claves para su futuro y el de la organización de las sociedades en las que viven.
En todo caso, siendo todo el panorama sombrío y desalentador, lo es mucho más la docilidad y entusiasmo servil con el que desde España toda la opinión pública y publicada jalea la «intervención» de la UE sobre Grecia o sobre Italia. Sí, ya sé que nos jugamos mucho dinero y que parte de la pasta que puede volatilizarse es nuestra. Pero, ¿de verdad nos queremos fiar más de los «expertos» que de nosotros mismos para decidir cómo repartimos y cómo gastamos? ¿Por qué exótica razón habríamos de hacerlo, dado su reciente y creciente historial de yerros? Y, sobre todo, ¿qué pasará el día que también nos impongan soluciones de este estilo a nosotros? ¿Qué pasará el día que el gobernante encadenado sea uno que nos gusta, que nos parece cabal o, incluso, el que nos hemos dado a nosotros mismos? ¿Sacaremos los pompones también, como hemos hecho a lo largo de esta semana?
Esta campaña electoral, poco emocionante políticamente, es interesante porque está aportando novedades muy significativas sobre el momento que vive nuestra democracia. Mientras cada vez más ciudadanos se manifiestan indignados al grito de «no nos representan»en medio de una crisis económica pavorosa, mientras la parálisis en la Unión Europea se hace cada día más patente frente a unas fuerzas económicas por lo visto imposibles de contener, mientras las líneas de fractura de los modelos democráticos saltan por los aires en Grecia (y también en España)… una batería de normas a cual más cuestionable acompañan esta nueva campaña electoral con el objetivo explícito de dificultar la presentación de candidaturas minoritarias y la visibilidad de las opciones diferentes a las mayoritarias y ya asentadas.
Dos de estas reformas son especialmente importantes y merecen un comentario más detallado: la que impone a aquellos partidos sin representación la recolección de avales para poder presentarse y la que obliga a las televisiones privadas a dar unos tiempos de cobertura informativa determinados y prefijados, durante la campaña electoral, a las diversas opciones políticas en liza.
Continúa leyendo Normas de campaña, pluralismo y opciones minoritarias…
Un juez de lo penal de Valencia ha condenado a un concejal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, por injuriar a España 2000, un partido abiertamente xenófobo, calificándolo, entre otras cosas, de «banda terrorista». La sentencia, en Comic Sans (lo que es siempre un detalle simpático y de agradecer, ¡qué diablos! -un día habrá que investigar a qué se debe esa querencia de la judicatura por ese tipo de letra), la tienen aquí.
Amadeu Sanchis criticó con extrema dureza la convocatoria que realizó España 2000 a una manifestación en el barrio valenciano de Benimaclet contra «la inmigración masiva, los okupas y el paro». En medio de las muchas críticas que se sucedieron durante esos días, por parte de vecinos, comerciantes y políticos, Esquerra Unida solicitó a la Delegación de Gobierno la prohibición de la reunión alegando que se trataba de una convocatoria realizada en realidad por «bandas terroristas que amenazan, coaccionan, torturan y, ya en muchos casos, asesinan». Estas razones se difundieron, además, en una nota pública de Esquerra Unida, de la que ha derivado en condena (suponemos que si estas razones hubieran quedado circunscritas a la petición a la Subdelegación no habrían sido consideradas relevantes a efectos de lesionar honor alguno… o no).
En cualquier caso, este suuesto es interesante para analizar algunos límites de la libertad de expresión en la discusión política. Más que nada porque decir de un partido que es una banda terrorista, aunque sea en sentido figurado (y aunque lo hayamos escuchado muchas veces referido a Batasuna, PNV, Esquerra e incluso del PSOE), es probablemente ir al límite de lo que no es abiertamente injurioso. Y, sin embargo… ¿tiene en verdad sentido la condena por injurias en un contexto como el señalado, de crítica política (por mucho que sea virulenta) a una convocatoria de otro partido?
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