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Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.
Continúa leyendo Ruido, pasividad municipal y… ¿corrupción?…
El día de hoy ha alumbrado una sentencia importante para el urbanismo español y, en concreto, para el modelo de gestión indirecta que incorpora en muchas Comunidades Autónomas que siguieron la estela de la LRAU (Llei Reguladora de la Activitat Urbanística) de 1994, un norma muy innovadora aprobada por las Cortes Valencianas en un momento en que todavía mandaba el PSOE. A partir de la creciente presión que desde la Unión Europea se fue generando sobre la manera en que los estados miembros ordenaban los contratos públicos, que tiene su punto álgido con la Sentencia Scala de Milán, que tocaba de lleno actuaciones de transformación urbanística, se generó un movimiento maximalista que pretendió aspirar a modificar las normas valencianas (y otras de semejante cariz) no tanto porque se consideraran mejores o peores sino, sencillamente, por la supuesta incompatibilidad de las mismas con el Derecho de la Unión. La decisión de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone, de algún modo, un paso atrás en ese camino que se había andado hasta la fecha.
Una democracia menor de edad, por Miguel Ángel Presno Linera y Andrés Boix Palop
El último libro del conocido jurista Bruce Ackerman, siempre dispuesto a bajar a la arena y participar en el debate público en defensa de las libertades y las garantías, lleva por título The Decline and Fall of the American Republic (La decadencia y caída de la República americana). Es un alegato a favor de la recuperación de espacios participativos y una beligerante muestra de preocupación respecto del retroceso que detecta su autor en cuanto a la efectiva capacidad de los estadounidenses para controlar a su gobierno y determinar sus políticas. ¿Les suena de algo?
Resulta particularmente revelador, a la luz de los acontecimientos en forma de protestas públicas y concentraciones que se vienen produciendo en España desde el pasado domingo, comprobar cuáles son algunas de las soluciones que esboza Ackerman para tratar de revertir poco a poco esta situación. Una de ellas es el establecimiento de un Deliberation Day, una jornada festiva previa a cualquier cita electoral que serviría para organizar reuniones de ciudadanos donde éstos pudieran debatir sobre cuestiones políticas, intercambiar puntos de vista y, en definitiva, conformar mejor su posición como paso previo a un ejercicio más responsable y por ello más eficaz del derecho al voto. Cualquiera que haya estado siquiera unas horas en las concentraciones que espontáneamente se han ido diseminando por la geografía española no puede evitar asociar inmediatamente esta propuesta con el debate cívico y los intercambios de información y opinión que se vienen produciendo en las acampadas ciudadanas. ¡Los españoles hemos montado el Deliberation Day antes que nadie y sin ser muy conscientes de ello!
En este contexto de repentina modernidad aparecen, sin embargo, decisiones de órganos como la Junta Electoral Central que nos hacen retroceder en el tiempo, al afirmar que las concentraciones “son contrarias a la legislación electoral (…) y en consecuencia no podrán celebrarse” porque en su interpretación la legislación vigente que prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones, así como la formación de grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio, serían aplicables al caso. Se trata de una decisión equivocada, que interpreta mal nuestro ordenamiento jurídico. Si el marco legal ya peca de paternalista, la exacerbación de las cautelas, concibiendo nuestra jornada de reflexión no como un momento apto para la celebración de un Deliberation Day sino como un día en el que el Estado ha de proteger a los ciudadanos de sí mismos construyendo una suerte de burbuja protectora constituye una prueba más de hasta qué punto la mayor parte de las reivindicaciones de estos días tienen mucho sentido.
En democracia el debate político no se reduce a la contienda electoral ni los partidos tienen el monopolio de la libertad de expresión. La visión que transmite la Junta Electoral es la de un modelo que entiende la participación ciudadana no como algo deseable sino, al revés, como un elemento disruptivo. Un Estado de Derecho plural y participativo no suspende en días como estos los derechos de reunión ni limita los de expresión más allá de lo que sea la regla ordinaria. ¿Dónde está la incompatibilidad entre votar y ejercer otros derechos?
En la mayoría de los países de nuestro entorno el debate en tiempos de elecciones y la búsqueda del voto prosiguen hasta el momento de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo. Por mucho que analizamos la situación de nuestro país no vemos dónde puedan estar las diferencias que nos hacen incapaces de comportarnos como una democracia mayor de edad ni cuáles pueden ser las razones por las que ciertas autoridades entienden que nos han de tutelar y proteger de nosotros mismos y del libre flujo de ideas que pueda surgir de un debate libre. No vemos tampoco dónde están en las concentraciones esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta. ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos no son libres y necesitan preventivamente ser protegidos de sí mismos o de otros conciudadanos?
Conviene recordar de nuevo que el voto no suspende los derechos fundamentales y que una interpretación en este sentido de nuestra ley electoral es constitucionalmente más que dudosa. Pero también habrá que reconocer que probablemente tengamos una mala ley electoral, dado que permite que muchos la interpreten en este sentido. Hemos de acometer cuanto antes una modificación de esta norma y de todas cuantas conforman un modelo de democracia controlada, poco participativa y temerosa de que los ciudadanos asumamos más protagonismo. Una democracia tutelada por cortapisas como obligar a las televisiones, públicas y privadas, a asignar unos tiempos prefijados a cada partido político o que impide la difusión libre de encuestas en los últimos días de campaña revela una vocación dirigista y paternalista impropia del siglo XXI. Aunque el Preámbulo de nuestra Constitución proclama el deseo de establecer una sociedad democrática avanzada, son este tipo de estructuras las que, multiplicadas en nuestra cultura jurídica, impregnan nuestra vida política y hacen la toma de decisiones poco participativa y de escasa calidad. Ya sabemos que en democracia todo el poder emana del pueblo pero la clave, como se preguntaba Bertold Brecht, es ¿adónde va? Esa pregunta es un clamor estos días en las manifestaciones de protesta.
Nuestra democracia, en definitiva, necesita de un lifting urgente porque las reglas que nos dimos en su momento se han quedado viejísimas y chirrían con la realidad de un país moderno y con ciudadanos formados y acostumbrados a vivir en libertad. Tras casi cuarenta años desde la muerte de Francisco Franco ha llegado probablemente el momento de decidir que queremos ser de una vez una democracia madura de ciudadanos mayores de edad. Y empezar a actuar como tales.
Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y Miguel Ángel Presno Linera es Profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo.
Seguimiento de la campaña electoral valenciana (último día) para El País Comunitat Valenciana
Ya está. La campaña ha concluido, los valencianos hemos votado y los resultados nos ha deparado algunas sorpresas, como casi siempre. ¡Qué sería de la democracia sin este elemento teatral que hace que unas elecciones tengan siempre ese componente emocionante, esa esencia impredecible! Porque cuando vamos metiendo todos votos en las urnas, ¿quién sabe?, en el fondo todo queda abierto y en suspenso durante unas horas. Cualquier cosa, o casi cualquier cosa, puede pasar.
No obstante, los resultados, también como casi siempre, se han movido dentro de los márgenes previstos. Hay detalles sorprendentes, pero como en un cuadro impresionista la verdadera imagen política del país la obtenemos si nos alejamos. ¿Qué es lo que vemos?
Vemos un Partido Popular de la Comunidad Valenciana que sigue siendo absolutamente hegemónico. Tras 16 años en el poder apenas si ha sufrido desgaste. Es más, y aunque en estas elecciones ha perdido votos en términos reales y en porcentaje (en torno a un 4%, que es una cifra respetable), como consecuencia de la factura cobrada por los ciudadanos por la parálisis política y la debilidad del Gobierno valenciano derivada de los múltiples escándalos surgidos recientemente, parece incluso que todavía estamos en la fase ascendente de su ciclo. Convocatoria tras convocatoria, desde 1995, consolidan voto y ensanchan su base social, aumentan la ventaja con el PSPV y ganan más y más ayuntamientos tanto en ciudades medianas y grandes como en decenas de pequeños pueblos de Castellón, Valencia y Alicante.
Comprobamos que el PSPV, o els Socialiestes Valencians (o el PSOE, que es como se llama en las papeletas) sigue en un imparable descenso a los infiernos. Cuando en 2003 perdió el «suelo electoral» del 35% y Camps logró su primera mayoría absolutísima el comentario casi unánime de la gente que dirige el cotarro socialista y todos sus apoyos sociales, intelectuales y políticos fue el mismo. En medio del desánimo repetían como un mantra que «al menos, de ahí no se puede bajar». Pues sí. Se puede. Alarte ha logrado perforar a la baja todos los registros históricos del partido, no ya cayendo por debajo del 30%, la barrera que se consideraba psicológica, sino llegando a un 27’5%. De nuevo, ayer, en medio del desánimo, se oía a quienes quieren aferrarse al poder interno en el partido decir eso de que «al menos, a peor no vamos a ir y a partir de ahora las cosas sólo pueden mejorar». Estamos, como se ve, en las mismas.
Sinceramente, mucho tendrían que cambiar las cosas en el PSPV y, también, en los referentes sociales, intelectuales, periodísticos e incluso económicos que todavía dan apoyo a la marca para estar seguros de que, en efecto, estamos contemplando el suelo electoral del partido. Y la evolución reciente no aconseja ser optimista. Los socialistas valencianos tienen que dejar de pensar, en primer lugar, que los votos de quienes tenemos una sensibilidad, ideas, corazón (o como quieran llamarlo) progresista les pertenecen. Porque no es así. Nuestro voto es nuestro y se lo damos a quien mejor nos parece. En su bochornosa comparecencia de prensa de ayer, Jorge Alarte, tras haber logrado hundir al partido y a la izquierda valenciana hasta simas nunca conocidas, se dedicó a explicar que la responsabilidad de lo ocurrido era de los demás y que a él, por favor, que no le miremos. Entre líneas se leía que la culpa es de la crisis, del contexto europeo, de Canal 9, de Rodríguez Zapatero (los lamentables resultados de los dos socialistas regionales que más festejaron la muerte política de ZP, Barreda y Alarte, ahí quedan para la historia, para enmarcarlos)… ¡e incluso de quienes no hemos votado a su ilusionante proyecto!
En este blog, desde el primer día, he manifestado mi perplejidad ante la campaña del PSPV. Carente de proyecto alternativo, copiando contenidos al del PP (que por muy hegemónico que sea, hay que recordar que es una propuesta de modelo de sociedad muy conservadora, lo que quizá hace que a los votantes de izquierdas no nos guste demasiado) y anclado sólo sobre un leit-motiv recurrente de crítica a la derecha valenciana: el PP es corrupto e indigno. El mensaje no funciona por muchos motivos. Porque los votantes necesitamos algo más que crítica a la corrupción para sentirnos identificados con un proyecto y porque, sobre todo, la crítica a la corrupción no es, ni mucho menos, patrimonio del PSPV. De hecho, ni siquiera son Alarte y compañía los más indicados para hacer una campaña basada en «la dignidad de un voto». Porque carecen de la credibilidad mínima que puede hacer que el votante que quiera dignidad cívica y, por ejemplo, un gobernante que cumpla sus compromisos se fije en ellos. Por acudir al último ejemplo, ¿alguien cree que un líder como Jorge Alarte, que prometió solemnemente que dimitiría si no lograba mejorar los resultados de 2007 y que ya vimos ayer por la noche que está dispuesto a aferrarse al poder orgánico en el PSPV con uñas y dientes, es visto por la ciudadanía como quien puede enarbolar la bandera de la dignidad?
Alarte y los suyos han jugado desde el primer momento en clave de poder (y, además, poder orgánico, lo que hace si cabe la cosa más triste). Les da igual el proyecto, les da igual para qué ganar las elecciones. Lo que quieren es ganarlas. Si para ello interpretan, como de hecho hacen, que la mejor estrategia es copiar los contenidos proogramáticos del PP, pues lo van a hacer. Y lo hacen. Como, además, por encima de todo, su preocupación es asegurarse el poder interno en el PSPV, con la excusa de que «en 2011 no hay nada que hacer y lo que toca es preparar al partido para poder dar batalla en 2015», pues no se cortan un pelo. Y un partido como el PSPV, mayoritario por no decir hegemónico en la oposición en pueblos, ciudades y Corts Valencianes hasta hace unas horas, con muchos medios materiales, apoyos mediáticos, magma social detrás e, incluso, el Gobierno central de España, con todo lo que eso supone, ha afrontado este ciclo electoral dándolo por perdido de antemano. ¡Ni siquiera han intentado emplear en su provecho la pavorosa crisis económica, de la que tanta culpa tiene también el modelo económico implantado por el Gobierno valenciano del PP! ¡Ni siquiera con la que está cayendo en términos de corrupción han logrado posicionar al partido como alternativa!
Un partido como el PSPV ha de afrontar cualquier elección con la convicción y el proyecto, con los cuadros y los candidatos, con las ideas y el programa… suficientes para, al menos, plantear batalla. Lo grave de estas elecciones ya no son siquiera los desastrosos resultados, sino esa patética renuncia a jugar de antemano el partido y empezar desde el minuto 0 a echar la culpa al árbitro y a los elementos. Alarte ha jugado sólo en clave interna, construyendo un búnker para protegerse ante la derrota, expulsando a los críticos del partido, cambiando incluso candidatos a última hora si los resultados de las primarias no le convenían (el fiasco de Sagunt ilustra muy bien las consecuencias de esta táctica por muy efectiva que sea para controlar el partido y la poltrona) y laminando cualquier expectativa de cambio progresista. Dicen sus apoyos, entusiasmados al notar el calor que dan los cargos que todavía conserva el partido y que ellos monopolizan, que esta táctica era necesaria para «controlar el partido» y ponerlo en marcha de cara a 2015″. Si no fuera para echarse a llorar la cosa sería de risa.
Estas dinámicas internas acaban generando una reducción del talento disponible enorme. El PSPV en estos años ha expulsado o ha logrado que se marcha gente muy válida, sustituida por palmeros de Alarte. El caso de la ciudad de Valencia es, por ejemplo, clamoroso. La campaña, además de desganada y carente de proyecto, ha hecho gala de una absoluta falta de la más mínima profesionalidad. Sólo basta recordar un ejemplo muy ilustrativo. No puede ser que un partido que aspira a gobernar en la Comunidad Valenciana se permita el lujo de que 2 de sus principales lemas de campaña, «Otro camino es posible» y «Juntos somos más» estén mal traducidos al valenciano en las vallas, con groseros errores gramaticales impropios de un equipo de trabajo profesional. A Alarte y compañía les puede parecer que diseñar unas vallas que decían «Altre camí és possible» (en lugar de «Un altre camí és possible»») o «Junts som més» (en vez de «Junts en som més») no tiene demasiada importancia. Por eso ni siquiera se dignaron a cambiarlas una vez les fue indicado el error. Incluso en su web, donde el cambio costaba 5 minutos y 0 euros, apareció hasta el último segundo el slogan con la falta sintáctica. ¿Alguien se imagina que si el error se hubiera deslizado en la valla en su versión castellana no se hubiera corregido? Lo peor de estas cosas ya no es tanto el hecho en sí, sino lo que demuestran sobre quiénes y cómo han llevado esta campaña: gente poco profesional, poco cualificada, poco trabajadora y, lo que es peor, a la que los resultados y la propia campaña en sí misma, en realidad, les daba un poco igual. Total, si ellos van a seguir cuatro años más sí o sí tras la limpieza interna acometida…
Mientras tanto, eso sí, nos han dejado claro que sólo votarles a ellos era «digno». Que nuestro voto, si era de izquierdas, les pertenece por no se sabe muy bien qué razón. Porque ellos son la dignidad. Aunque incumplan promesas solemnes como la de Alarte de irse si pasaba algo como lo que ha pasado.
Por todos estos motivos las elecciones dejan un sabor agridulce. El dominio del PP parece erosionado, aunque la debacle socialista no lo haga visible todavía. El mascarón de proa de su proyecto, la ciudad de Valencia, presenta grietas enormes que sorprendentemente el PSPV no ha logrado identificar, obsesionado con copiar la estrategia al PP. Con la táctica de presentar candidatos absurdos que obedcen a lógicas internas el batacazo de los socialistas valencianos en las grandes ciudades como Valencia, Castellón, Elche, Alicante ha sido monumental, con los peores resultados, con mucho de la historia, algo plenamente lógico si atendemos a quiénes eran los cabezas de lista y a las campañas miserables desplegadas. Y no vale acudir al contexto, pues en otros muchos lugares, con candidatos más dignos, al menos se han salvado los muebles.
Sí han visto las grietas, y se han metido por ellas, Compromís y Esquerra Unida. Son las alegrías de las elecciones, un tanto imprevistas, aunque no del todo, como ya dijimos por aquí. Con el sorpresón sobre todo, protagonzido por Joan Ribó en Valencia, que ha logrado el sorpasso respecto de Esquerra Unida (que por su parte logra volver al Ayuntamiento de Valencia) y que ha conseguido, en su estela, y en gran parte debido a estos excepcionales resultados en la ciudad de Valencia, que Compromís no sólo entre holgadamente en el parlamento autonómico sino que lo haga como el grupo mayoritario de ese tercer espacio que está, a día de hoy, en construcción. En este blog hablábamos hace unos días de la valía de Ribó y de su proyecto de ciudad, sencillo, coherente, moderno, europeo… y que sabía intuir que los ciudadanos, en el fondo, estamos bastante más hartos de lo que parece de Rita Barberá y esta ciudad low-cost de oropel huero, de ostentación pomposa pero vacía, que está diseñando. Es muy gratificante comprobar que la gran labor de Ribó y la gente de Compromís en esta campaña en la ciudad de Valencia, así como en muchísimos otros lugares, les ha proporcionado unos resultados excepcionales en las elecciones municipales y autonómicas. Su entrada significa no sólo aire fresco sino poder mirar al futuro con más esperanza. Porque se quiebra la dinámica bipartidista a la que cada vez más parecíamos abocados y porque obligará a ponerse las pilas a PSPV, a Esquerra Unida… e incluso al Partido Popular.
Aunque con resultados mucho menos exitosos de lo esperado, Esquerra Unida ha salvado los muebles, y logra seguir en las Corts Valencianes y entrar de nuevo en los ayuntamientos de Valencia y Alicante. La coalición sigue con déficits de poder municipal importantes y necesita urgentemente una puesta al día en caras, actitudes y capacidad de transmisión de su mensaje a la sociedad. Esperemos que la savia nueva que entra en el parlamento y en muchos ayuntamientos aporte imaginación, trabajo y tesón.
Porque el País Valenciano necesita una alternativa progresista moderna, trabajada e inteligente. Y parece que, a día de hoy, no es sensato confiar en que sean los socialistas valencianos los que la vayan aproporcionar. La aparición de dos espacios en la oposición, el de Esquerra Unida y el de Compromís, es por este motivo una excelente noticia que la sociedad valenciana necesitaba como el respirar. Ahora se tienen que poner a trabajar pensando en Baden-Württenberg, por ejemplo, donde la derecha alemana, la CDU, había gobernado más de 40 años y la oposición socialdemócrata era incapaz de imponerse… hasta que apareció un partido de clases medias, de profesionales, de estudiantes… moderno, con ideas adaptadas a la nueva realidad social y de repente erosionó la hegemonía conservadora, se impuso a los socialdemócratas como partido mayoritario de la oposición, empezó a ganar ciudades importantes (la primera, Friburgo de Brisgovia) y ha acabado, hace unas semanas, logrando gobernar (en coalición con el SPD), en la región.
Compromís y Esquerra Unida han de ser ambiciosos. El PSOE valenciano tiene que salir urgentemente de su dinámica actual. No puede confiar eternamente en que los otros lo hagan tan mal que, casi por incomparecencia de los rivales, vaya a recoger todo el voto contrario al PP. Eso se acaba. Ayer mismo lo vimos. Basta repasar los éxitos municipales de la izquierda en el país para comprobar que tienen que ver, siempre, con la emergencia, con porcentajes de voto espectaculares (por ejemplo, en Alcoi), de esos terceros espacios alternativos al PSPV. Nadie puede saber qué va a pasar y si la cosa puede o no cuajar. Dependerá de muchas cosas y de la inteligencia política, de la gracia y del encanto con la que trabajen Compromís y Esquerra Unida. Pero si los socialistas valencianos confían en que simplemente porque los otros lo harán mal ellos se pueden sentar a recoger la hegemonía de la izquierda tranquilamente van directos al suicidio político. Porque a veces los otros, fíjate tú, lo hacen bien. La irrupción de Compromís y Esquerra Unida, sobre todo de los primeros, es fantástica en sí misma. Pero lo es también porque obligará al PSPV a salir de sus ensoñaciones de una vez. Y si no, pues tampoco pasa nada. Hay alternativas.
Por último, y en nota a pie de página, una reflexión final. El PP ha logrado que una imparable marea azul tiña prácticamente toda España. En 2012 es casi seguro que Mariano Rajoy pase a ser presidente del Gobierno. También es muy probable que sea un presidente del Gobierno que haya de seguir lidiando durante algunos años con una situación económica difícil. Es decir, que en 2015 la izquierda valenciana no tiene excusa. Incluido Alarte (que a buen seguro seguirá porque así es este país), aunque él sea especialista en echar la culpa al empedrado. A partir de hoy mismo la partida de 2015 se juega en lo que siempre es la clave en la política: organizar una alternativa que presente un proyecto de sociedad, de convivencia, de país, que logre convencer a cuanta más gente mejor porque, sencillamente, sea un modelo más válido, más moderno, más trabajado, más creíble… y sus virtudes sean obvias para los ciudadanos. Un proyecto que nos permita ilusionarnos y que haga que tengamos ganas de formar parte de él. El PP, nos guste o no, ha logrado durante estas décadas construir uno para la Comunidad Valenciana y ha convencido de sus bondades a mucha gente. La izquierda valenciana no lo tiene pero cuenta con la ventaja de que las grietas del conservador son cada vez más evidentes.
La conclusión no puede ser más evidente: ¡A trabajar!
Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 16) para El País Comunitat Valenciana
Bruce Ackerman, uno de los más importantes iuspublicistas del momento, profesor en Yale y conocido defensor de la causa de la democracia y los derechos humanos (por ejemplo, ha sido uno de los más significados opositores a las prácticas de tortura y restricción de derechos que la Administración Bush puso en su momento en marcha) ha publicado hace poco un libro fantástico sobre la decadencia del modelo de democracia liberal y su evolución hacia una partitocracia controlada por las grandes empresas ribeteada de populismo y tendente a ceder a las tentaciones autoritarias cada vez con mayor facilidad. El libro, con el expresivo título de The Decline and Fall of the American Republic es, sencillamente, imprescindible, porque por mucho que algunas de las cosas que allí se cuentan afecten sólo a los Estados Unidos hay otras muchas, casi todas, que de una manera u otra reflejan problemas de todas las democracias occidentales de nuestros días.
Los americanos no sólo escriben libros jurídicos muy,
muy buenos. Además ponen unas portadas chulísimas.
Ackerman no se limita a diagnosticar problemas. También aporta propuestas de solución. Y una de ellas es muy llamativa. Se trata de una figura, llamada Deliberation Day (sobre la que también ha escrito con James Fishkin otro libro, detallando la propuesta), que es esencial a juicio de Ackerman y otros muchos para mejorar la calidad democrática y lograr que los ciudadanos se impliquen en el debate público de forma más madura y responsable, como única vía para tratar de frenar los riesgos que nuestras democracias padecen como consecuencia de la extensión de discursos simplistas y populistas. Planteado de manera resumida, lo que Ackerman pide es que más o menos una semana antes de las elecciones se establezca un día festivo en los Estados Unidos, que permitiría a los ciudadanos reunirse en espacios públicos para charlar, comentar la situación política, intercambiar ideas, plantear debates… La propuesta, incluso, impone que las autoridades se impliquen en facilitar y organizar estos encuentros, no sólo decretando un día festivo sino cediendo equipamientos, instalaciones, etc. Se supone que con algo así se reforzaría la calidad democrática y aunque los resultados serían difíciles de medir es indudable que la idea es muy buena, que mal no podría hacer y que muy probablemente tendría efectos tanto tangibles como intangibles muy positivos. Tiene sólo un problema: es un proyecto muy complicado de poner en práctica, no tanto porque sea difícil establecer un día festivo, sino porque lograr que los ciudadanos lo empleen de forma masiva en discutir y debatir en lugar de en irse a pescar es cuando menos difícil.
En España, de repente, y espontáneamente, hemos montado una especie de Deliberation Day casero. Y ha funcionado. Las concentraciones que desde hace casi una semana se suceden en ciudades y pueblos son foros donde manifestar la indignación ante la esclerosis de nuestro sistema político, pero también están actuando como entornos para la reflexión y el intercambio de pareceres, para la discusión política. En las redes sociales, en Internet, vía Facebook y a través de Twitter, las ideas fluyen, la información se comparte. Se habla de participación política y de derechos sociales, aparecen muchas preguntas y hay quienes las van resolviendo. Han sido muy distribuidos vídeos y explicaciones sobre cómo funciona nuestro sistema electoral y se han comentado propuestas de reforma… La gente que ha estado en las concentraciones, y se cuentan ya por decenas de miles en toda España los que hemos pasado al menos unas horas por ahí con otros ciudadanos brindando por la democracia, ha disfrutado de un entorno reivindicativo pero festivo, donde el debate y el compromiso cívico han sido la norma.
Sorprendentemente, la Junta Electoral Central ha decidido que algo así es incompatible con la jornada de reflexión que determina nuestra ley electoral. Una jornada respecto de la que la única restricción explícitamente recogida en la ley electoral es la prohibición de que los partidos que se presentan a las elecciones pidan el voto se ha convertido, a partir de una interpretación muy restrictiva y retrógrada de cómo es una sociedad democrática, en un día en el que, al parecer, los derechos de participación política y de expresión de los ciudadanos pasarían a estar severamente limitados. De una norma que parece aspirar, con la visión proteccionista pasada de moda que es propia de nuestra norma electoral (por ejemplo, prohibiendo la publicación de encuestas estos últimos días), a proteger a los ciudadanos de la ofensiva publicitaria de los partidos, que éstos se retiren y dejen espacio a la sociedad civil para que «reflexione» sin interferencias externas e interesadas guiadas por el interés y el dinero, hemos pasado a convertir este día en un espacio hipócritamente virginal en lo político donde se limitan derechos de los ciudadanos y se pretende protegerlos… ¿de sí mismos?, ¿del debate?, ¿de la discusión cívica?
La fiesta en Valencia. ¿Hace falta que nos protejan de esto?
(el enlace a la foto nos lo ha pasado orayo en el anterior post)
No nos hace falta una jornada de reflexión destinada a protegernos, como si fuéramos menores de edad, de nuestra capacidad de reflexionar en grupo. Porque, como dicen los concentrados, #estoesreflexión. Precisamente esta es una de las maneras (obviamente, hay otras muchas) de reflexionar, de participar, de comprometerse cívicamente. De hecho, una tan interesante que hay quien aspira a tratar de generar algo semejante, como comentábamos. Aquí, en cambio, como somos así, consideran las estructuras de poder dominantes que lo que hay que hacer es prohibirlo. ¡Los americanos más listos de sus mejores Universidades suspirando por tener algo como esto y a nosotros nos aparece como caído del cielo y nos lo queremos liquidar! Que a chulos no nos gana nadie es indudable.
Afortunadamente parece que el sentido común se va a imponer y el civismo ciudadano, la falta de incidentes, la manifiesta desproporción de emplear violencia para acabar con estos espacios ciudadanos espontáneos… va a conducir a una reacción pausada por las fuerzas de orden público. Aunque sean ilegales, las concentraciones no parece que vayan a ser disueltas. Lo que demuestra desde muchos vectores que sí, que #estoesreflexión y que hay que protegerla, no liquidarla. ¡Ha logrado incluso que cierta dosis de sentido común se introduzca en nuestra vida política y que nadie con dos dedos de frente esté pidiendo que se disuelvan a palos a quienes están de fiesta democrática!
Al contrario, lo que está pasando es que los ciudadanos han hecho suyas las protestas y las concentraciones. Es de prever que el día de hoy sean muchos miles los que se aproximen a las plazas de nuestras ciudades y pueblos a tratar el debate sobre asuntos públicos como una fiesta. Que es lo mejor que le puede pasar al debate público, la verdad.
Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 15) para El País Comunitat Valenciana
Un día más sin campaña electoral. Y van… Bueno, en realidad, sí hay campaña. Alarte está de marathon 24 horas por mercados, pueblos y fábricas tratando de que alguien le conozca y pueda desentrañar las alternativas que ofrece el PSPV mientras Rita Barberá con su desparpajo habitual responde a las condenas judiciales y el espectáculo laxista que es Valencia en temas de ruido prometiendo que si gana se pondrá seria con los excesos. Vamos, nada que logre apartar el foco de la movilización ciudadana que, a estas alturas, tiene ya histerizados a los partidos políticos. Cuando el pasado lunes dediqué este seguimiento a tratar el tema, hubo un par de personas que me comentaron por los pasillos de la Facultad que era un error dar cancha a los «perroflautas» y que quienes tenemos un blog perdemos la pespectiva de las cosas, cegados por los que leemos por aquí, pero que la cosa no tenía ninguna importancia en el mundo real. No tenían razón. Porque en una democracia de verdad nada hay más importante que atender a lo que la gente dice. ¿Incluso en campaña electoral? Especialmente en campaña electoral.
Los partidos políticos que dominan la escena, PP y PSOE, están nerviosos. No tanto porque piensen que todo lo que está ocurriendo pueda tener efectos electorales profundos a corto plazo, que de momento no lo creen. Aunque resulta evidente que en el PP de Madrid sí andan muy preocupados por si de resultas de todo esto IU sube mucho, UPyD recibe voto de los descontenos y logra entrar en el Parlamento de Madrid y al final de la película ello se traduce en una dolorosísima pérdida de la mayoría absoluta que, si bien es una perspectiva poco probable, supondría todo un terremoto político. De una manera semejante, aunque por motivos algo distintos, quienes están preocupados en Valencia son los responsables del PSOE local, pues temen que el efecto incontrolado de las protestas pueda drenarles votos en favor de Esquerra Unida o de Compromís, llegando incluso a facilitar que los dos obtengan representación, lo que se traduciría en un batacazo del PSOE mucho mayor del ya de por sí doloroso e importante bajón que está previsto. Pero, como decía, no es éste el motivo esencial de los nervios de los grandes partidos. No. Ellos, simplemente, están nerviosos porque, acostumbrados a controlarlo todo, es una desagradable novedad que haya un vector, por muy inocuo que pueda ser, que se escape a tus designios. Aquí llevamos muchos años acostumbrados, con una democracia de muy mala calidad, a que todo esté atado y bien atado. Y de repente una serie de ciudadanos revoltosos lo ponen todo patas arriba y los muy díscolos no atienden al sistema de incentivos y palos que de ordinario garantiza el control del cotarro. Por mucho que la lógica diga que el efecto electoral será más bien mínimo reconocerán que la cosa es molesta. Introduce incertidumbre. Y la incertidumbre es un fastidio. Sobre todo si estás acostumbrado a despejarla expeditivamente empleando para ello el Boletín Oficial del Estado. Recordemos, por ejemplo, que vivimos en un país en el que incluso se ha sentido la necesidad de obligar por ley a las televisiones públicas y también a las privadas, por si faltaba algo, a informar unos tiempos tasados para cada partido político, de manera proporcional a los resultados pasados. Da igual que hagan algo o no, que sean noticia o no, que digan cosas de interés o no… nuestras leyes se encargan de disciplinarnos el consumo mediático de información con unas dosis predeterminadas de PP y de PSOE al por mayor, salpimentadas con mínimas referencias a los demás que logran colarse dentro (del resto de opciones, directamente, pues ni informamos).
De diseño, moderno y occidental en las formas, pero esto no deja de ser un embudo.
Los españoles nos merecemos más y podemos hacerlo mejor.
Este modelo de democracia de muy baja calidad, muy impermeable a las demandas de los ciudadanos, muy fortificada frente a la aparición de alternativas y ante la posibilidad de que gente de fuera del sistema de partidos dominantes pueda llegar a pintar algo, una democracia con unos déficits participativos enormes, es precisamente lo que están criticando los acampados. Porque quienes critican a los que protestan por la heterogeneidad de sus reivindicaciones no se han dado cuenta todavía (y es que, caray, hay que repetirse, pero es que sí, es que no se enteran) de que sí hay un potentísimo hilo conductor en la protesta: queremos una democracia de verdad, una en la que cuente la opinión de los ciudadanos y no la de unas minorías supuestamente benévolas que nos dicen lo que es mejor para nosotros. La idea, nada descabellada, que late en toda la acción del movimiento #15M, desde su génesis a su desarrollo actual, es la misma y es muy unitaria. Muchas de las cosas que pasan, de las barbaridades contra colectivos como jóvenes, inmigrantes o trabajadores que hemos visto recientemente, se han producido y están produciendo, sencillamente, porque no tenemos mecanismos particpativos reales que permitan influir en la toma de decisiones y porque además el sistema institucional democrático ordinario (eso de votar cada cuatro años y tal) está diseñado de manera tal que bloquee la aparición de contrapoderes y para asentar a las oligarquías sociales y económicas que llevan el timón. No se trata de definir qué políticas queremos en economía, pensiones, derechos sociales, medio ambiente… No. Se trata de definir qué derechos políticos y de participación real pensamos que es bueno que tengan a su disposición los ciudadanos. Porque esas reglas del juego son básicas y esenciales para articular mayorías de verdad legítimas desde un punto de vista democrático. Que nuestro modelo, diseñado hace casi 40 años en un determinado contexto, está totalmente esclerotizado y ha dejado de funcionar de manera satisfactoria hace mucho tiempo que es una evidencia de la que la generalización de la corrupción de baja intensidad en el país es sólo un síntoma más.
A los ciudadanos los poderes públicos españoles nos quieren callados y poco protestones porque consideran que la política no es cosa nuestra, sino de una serie de personas que ya sea por casta o por dedicación son las que tienen derecho a participar del debate público. Nos dejan votar, sí, cada equis tiempo, pero esencialmente entre una serie de opciones precocinadas previamente gracias a un sistema electoral, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico que necesitan urgentísimas reformas porque tienen como vocación fortificar a los partidos hegemónicos antes que representar los votos de los ciudadanos. Tenemos reconocidos algunos derechos de participación en la toma de decisiones públicas que se violan sistemáticamente sin sanción, pues obviarlos es, en realidad, lo que el modelo de tomas de decisiones español aconseja.
Esto es lo que ha prohibido la Junta Electoral: concentración ayer noche en Valencia de
peligrosos ciudadanos reuniéndose y protestando, algo inaceptable en democracia
Y por si hay alguna duda respecto de todo lo dicho, ahí tenemos lo que pasó ayer. Estuvimos aquí durante todo el día discutiendo sobre la legalidad de las concentraciones y manifestaciones en campaña electoral, en la jornada de reflexión e incluso en día de elecciones. Y tratamos de explicar qué dice nuestra Constitución, aparentemente, así como las implicaciones de entenderla de una manera o de otra. Porque resulta obvio, como por otra parte ha declarado el Tribunal Constitucional, que los ciudadanos no perdemos en campaña nuestros derechos. Y debiera resultar también evidente que precisamente en campaña electoral, porque la política la hacemos todos, los ciudadanos, y no sólo los partidos, no sólo es que los mantengamos. Es que en ese contexto los derechos de partipación política son más importantes que nunca. Una democracia participativa no prohíbe las manifestaciones en una jornada de reflexión. Sólo lo hace si hay serios y evidentes riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes, con el objetivo de evitar la coacción o la violencia. Porque una democracia no funciona bien con violencia o con coacciones. Pero tampoco funciona bien sin debate. Y sin que en el mismo estemos todos. Por esta razón resulta abiertamente delirante la decisión de ayer de la Junta Electoral Central prohibiendo, declarando fuera de la ley, que los españoles nos reunamos el sábado y el domingo para hablar de política, para protestar o para lo que sea por muy cívico y pacífico que sea nuestro comportamiento. Los argumentos de la resolución son de lectura obligada y espeluznada. Se los resumo de forma no jurídica: nuestra más alta institución electoral nos está diciendo que los ciudadanos votemos calladitos, contentos, sin rechistar… a lo que hay, pero que además mejor que no hablemos, que no nos juntemos, que no debatamos en público y que nos abstengamos, por supuesto, de protestar, porque todas esas son actitudes potencialmente peligrosas y disruptivas en una democracia.
Precisamente contra esa visión de la vida política está protestando hoy en España tanta gente. Afortunadamente no es la única manera de organizarnos como sociedad. Ni siquiera la que a juicio de muchos, como es mi caso, se desprende de nuestra Constitución. Lo que ocurre es que unas estructuras rancias, rígidas, burocratizadas, oligárquicas, representativas de una España generacional, social y económicamente hegemónica han secuestrado nuestra democracia y la manejan de la manera más restrcitiva posible, para que no haya sustos. Lo que pasa es que, a este paso, cualquier día tendremos uno bien gordo.
Miguel Ángel Presno ha analizado con urgencia la resolución de la JEC. Me permito enlazar su texto y copiarlo aquí (dado que muy amablemente ya nos lo dejó ayer en los comentarios de la anterior entrada):
(…) la Junta Electoral Central ha decidido que no se pueden celebrar las concentraciones previstas para el sábado. La prohibición se fundamenta, según dicha resolución, en que nuestra legislación prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones; también trata de evitar que se formen grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio y, asimismo, no se puede pedir el voto para ninguna de las candidaturas concurrentes ni tampoco la exclusión de cualquiera de ellas. La Junta ignora la propia Ley Orgánica de cuya intepretación es actor autorizado: primero, la finalidad de estas convocatorias no es captar sufragios para las diferentes candidaturas, por lo que no hay un motivo constitucionalmente válido para impedir el ejercicio del derecho fundamental de reunión; segundo: en un Estado democrático el debate político no se reduce al debate electoral ni los únicos legitimados para expresarse políticamente son los concurrentes a unas elecciones; tercero: tal cosa debe ser así incluso en la jornada de reflexión, como declaró el Tribunal Constitucional el año pasado cuando anuló, por inconstitucional, una resolución que había impedido conmemorar el Día Internacional de la Mujer por estar convocada el día previo a unas elecciones autonómicas; cuarto: la Junta Electoral ignora también que en democracia no hay un día del derecho de reunión o de la libertad de expresión; todos los días son días para el ejercicio de los derechos fundamentales, salvo, como ocurre precisamente con el sufragio, que se trate de derechos que por la propia previsión constitucional se ejercen cada cierto tiempo. Pero la democracia -y el ejercicio de derechos fundamentales como la convocatoria de una concentración o la expresión colectiva de una expresión son parte esencial de un sistema democrático-, no se paraliza un día al año; la reflexión política no existe si no se puede expresar de manera pública en cualquier momento y lugar. ¿Dónde está la incompatibilidad entre ejercer, o no, el sufragio y poder ejercer otros derechos? En la mayoría de los Estados democráticos del mundo el debate político prosigue hasta el momento mismo de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo. ¿Dónde están esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta? ¿Quién, en palabras de esa Junta, ha dificultado o coaccionado el libre ejercicio del derecho de voto? ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos que pueden votar el domingo no son libres y necesitan ser protegidos de sí mismos? ¿Es que la Junta Electoral Central le ha perdido el respeto a los ciudadanos?
No tengo nada que añadir en Derecho. Porque además este tema, a día de hoy, ya no es esencilamente jurídico sino político. Probablemente las manifestaciones no serán disueltas dado que, aun siendo ilegales según la JEC, mientras no generen problemas de orden público no tendría sentido disolverlas arriesgando, con ello, mucho, pues dispersar por la fuerza a varios miles de personas entraña un riesgo evidente en materia de seguridad pública. Por no mencionar que es dudoso, por mucho que nuestras autoridades se estén cubriendo de chapapote democrático con sus decisiones (disolución a palos de la concentración de Sol el pasado lunes, peticiones de ilegalización, una JEC que se pone en mode liberticida on en cuanto se excitan sus bajas pasiones…), que alcancen ciertos niveles. Como comenta hoy Guillermo López, no parece fácil que lleguemos a presenciar cómo nuestras fuerzas de seguridad desalojan plazas por la fuerza en una actuación que ni el mismísimo régimen militar de Mubarak se atrevió a acometer.
Pero el mal ya está hecho. Nos están diciendo que ir a la concentración mañana es ilegal e incluso delictivo. Con ello, qué duda cabe, pretenden parar las manifestaciones y que mucha gente, como es lógico ante la ilegalización, deje de ir. Pero basta pasear por cualquier plaza española hoy para comprobar qué es lo que hemos prohibido y sentir una enorme vergüenza. Esa es la vergüenza que anima a muchos, cada vez a más, a exigir unos cambios que son, a día de hoy, sencillamente inaplazables. Porque yo quiero votar y voy a votar. Pero quiero hacerlo libremente, discutiendo, hablando y quejándome por las cosas que no me gustan, respetando que los demás lo puedan hacer también y dándonos unos cauces de participación que garanticen que la voluntad de quienes son más porque logran convencer con sus ideas a una mayoría será después articulada a través de leyes y acción política.
Porque hoy nos liquidan prácticamente el derecho de reunión. Pero a saber qué viene después.
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Bonus track jurídico: La Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2010, ya comentada ayer, que certifica que los ciudadanos no perdemos el derecho de reunión en campaña electoral o día de reflexión.
Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 14) para El País Comunitat Valenciana
Como saben los habituales, este blog se ocupa durante estos días a seguir la campaña electoral en Valencia pero de ordinario es un espacio de análisis jurídico. Por lo que parece que, aprovechando que la campaña electoral ha desaparecido definitivamente, incendiada por las manifestaciones, acampadas y concentraciones de jóvenes derivadas de la jornada del #15M, tiene mucho sentido dedicar el análisis de hoy a la legalidad o ilegalidad de las concentraciones en cuestión. O, más bien, a la corrección o incorrección de las decisiones de delegaciones del gobierno y juntas electorales que por todo el país estuvieron ayer prohibiendo a los ciudadanos salir a la calle. Por lo visto, tras el éxito de la acción policial del lunes por la noche que sólo ha logrado multiplicar el problema, todavía hay quien piensa que la solución sigue siendo el palo. Aunque sea palo jurídico.
Jurídicamente la cuestión es muy interesante y tiene el interés añadido de que se supone que a lo largo del día de hoy la Junta Electoral Central hablará y sentará un criterio uniforme para todo el país. Ya hay análisis en Internet muy interesantes escritos por algunos de nuestros primeros especialistas. Sin ninguna duda, por ejemplo, hay que recomendar y leer lo que cuenta Miguel Ángel Presno, profesor en Oviedo, que apoya con abundante jurisprudencia constitucional sus argumentos. Aviso desde un principio que yo me voy a limitar, con pequeños matices, a seguir su estela, tratando simplemente, dado el seguimiento que este blog está teniendo a lo largo de la campaña, de explicar de manera sencilla algunas de las claves jurídicas, con la esperanza de que cualquier persona que lea esto, sin necesidad de formación jurídica previa, pueda tener claro cuáles son éstas.
Así que allá vamos. A mi juicio las ideas básicas que conviene retener son las siguientes:
1. En España los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos sin pedir autorización a nadie. También a manifestarnos sin que nadie haya de dar el visto bueno. Lo dice la Constitución en su artículo 21 y es un derecho fundamental. Una de esas reglas de convivencia básicas que fundamentan lo que es un Estado de Derecho y permiten detectar qué Estados no lo son. Es sabido que para esta garantía, como para todos estos derechos, la regla interpretativa es sencilla a la hora de definir sus posibles límites: hemos de tratar de restringirlos lo menos posible. Todos los poderes públicos están obligados a «mimarlos», a tratar de expandir su ámbito y posibilidades de ejercicio, en la medida de lo posible.
2. Sin embargo, cuando una reunión se produce en la vía pública, los ciudadanos sí tienen la obligación de comunicar a la autoridad responsable en materia de orden público (la Delegación del Gobierno en casi toda España, pues la competencia es por lo común del Estado) sus intenciones a fin de que ésta pueda valorar si hay o no riesgos para bienes o personas. A partir de esta comunicación la Delegación ha de valorar si concurren o no estos riesgos y excepcionalmente, en ese caso (pero sólo si no hubiera manera de lograr compatibilizar derechos de otras personas y el de reunión de los manifestantes) podrá impedir la manifestación. Tal decisión, además, como es evidente, es controlable por un juez, que se encarga de revisar la actuación administrativa. De nuevo, como es obvio, estas posibles limitaciones han de ser adoptadas sólo cuando sea imprescindible para salvaguardar esos otros bienes de importancia constitucional, pues de nuevo lo que hemos de tratar es de limitar lo menos posible el derecho fundamental.
3. A estos efectos, el ciudadano convocante o responsable tiene 10 días para anunciar la reunión o manifestación, a fin de que haya tiempo para realizar el citado análisis o preparar medidas alternativas. En casos extraordinarios, en reacción a una situación imprevista, urgente o reciente (en definitiva, sobrevenida), la Ley orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión prevé que se pueda realizar con sólo 24 horas de antelación.
4. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General parece que prohíbe en pre-campaña y campaña electoral ciertas manifestaciones que alteren la dinámica de campaña. En concreto, dice su art. 50.5 que sólo los partidos pueden hacer campaña y hay varios preceptos que prohíben actuaciones que de una manera u otra dificulten la campaña o la pongan en riesgo. Como puede verse, la norma es poco precisa. ¿Qué es hacer campaña electoral? Pedir el voto públicamente para un partido, ¿lo es? ¿Y pedir que no se vote a un partido ? ¿Lo es plantear una reivindicación política o social del tipo que sea, respecto de la que hay que suponer que cada partido tendrá una posición? Como puede constatarse, estamos en un marco poco rígido, voluntariamente flexible pero que, recordemos, tiene que ser interpretado a la luz de que los derechos fundamentales no se pueden limitar más allá de lo imprescindible. Los ciudadanos no pierden en campaña los derechos y libertades que les reconoce la Constitución, como la libertad de expresión o el derecho de reunión. Es más, los debieran tener si cabe más protegidos. La idea central que debe ser retenida, y que ha reiterado el Tribunal Constitucional, es que estos preceptos no pueden ni deben ser interpretados como artículos que excluyan los derechos fundamentales políticos y de participación de los ciudadanos.
Sólo una interpretación muy restrictiva de estas posibilidades, en una línea abiertamente opuesta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ampararía cosas como las que venimos escuchando estos días: que no se puede criticar públicamente a un partido, o manifestarte contra cierta política, o que no se puede convocar una acampada para pedir que no se vote en las elecciones. Nada de eso es estrictamente hacer «campaña electoral» (pedir el voto para una organización a la que perteneces y con la que te presentas a unos comicios), con lo que justificar estas restricciones carece de sentido constitucional y es abiertamente liberticida.
5. Por este motivo, la explicación que ha justificado en sentido material la prohibición de la manifestación por parte de la Junta Electoral de Madrid (por acudir al ejemplo más conocido) es jurídicamente un error. Decir que «la petición del voto responsable a que se hace referencia puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto» es, sencillamente, en Derecho, una salvajada. ¿De verdad está diciendo la Junta Electoral que un ciudadano no puede de manera pública pedir el voto responsable porque eso interfiere ilegalmente en la libertad de los demás? ¿O que no se puede pedir colectivamente eso mismo en una reunión? ¿De verdad alguien puede sostener racional y razonablemente que algo así afecta a la libertad de los ciudadanos? La respuesta resulta tan obvia que no requiere de dar muchas más razones. Aceptar la tesis de la Junta significaría, sencillamente, que los ciudadanos perderían cualquier manifestación externa de su libertad ideológica durante estos períodos, ya fuera la libertad de expresión, ya la de reunión, pues deberían callar y aparentar neutralidad para no «alterar» la libre dinámica electoral de sus conciudadanos y que sólo los partidos políticos tendrían derecho a hablar de temas relacionados con las elecciones, entendidos con toda la amplitud que se quiera, durante esos días. Las razones de la Junta se ridiculizan por sí solas.
6. Algo más de sentido tiene la justificación material alegada para prohibir la manifestación. No se habría comunicado con los 10 días de antelación pertinentes según la ley y, en esos casos, únicamente la concurrencia de circunstancias sobrevenidas justificaría poder convocar con sólo 24 horas. Sin embargo, y siendo importante en Derecho respetar las formas y cuestiones como los procedimientos y los plazos, no podemos olvidar que la fuerza de una prohibición basada en estas razones es sensiblemente menor a una prohibición por meras razones materiales. Planteado con crudeza, ¿de verdad estamos dispuestos a prohibir la legítima, no violenta y materialmente correcta manifestación de disgusto de muchos, pero muchos, ciudadanos por una cuestión de plazo? Pues bueno, la verdad es que yo sí. Las formas son importantes en un Estado de Derecho. Así que cuando hay que cumplirlas, pues se cumplen. La cuestión es que, como casi siempre, las cuestiones formales admiten muchas lecturas y son dúctiles…
7. Como decíamos, las cuestiones formales las carga el diablo. Es indudable que la primera concentración en Sol, la que fue disuelta en la noche del lunes al martes, carecía de amparo en Derecho por no haber sido notificada en plazo. Ahora bien, esta segunda, comunicada con las 24 horas de rigor, ¿seguro que no lo tiene? ¿De veras estamos dispuestos a negar que, por ejemplo, la voluntad de protestar contra la acción policial que disolvió la primera concentración, la oportunidad y manera de llevar a cabo esa decisión, no permite una concentración de protesta a partir de la cual la misma ya evolucionaría en su contenido de manera libre? ¿No sería acaso un motivo perfectamente válido y sobrevenido que haría válida una concentración con ese fin en sólo 24 horas? Porque aquí conviene recordar que la manifestación comunicada en 24 horas ha de responder a cuestiones de actualidad, sobrevenidas, imprevistas… que motivan una voluntad pública de expresión de apoyo, rechazo o lo que sea. La valoración de la conveniencia o importancia de hacerla es de quienes quieran convocarla y unirse a ella y no puede sustituirse por una valoración de «importancia» del evento desencadenante como suficiente para permitir el ejercicio del derecho por órgano revisor alguno. Porque cada uno da importancia a lo que quiere y se manifiesta por lo que le parece. Eso es una democracia. Nadie te dice qué es más o menos prioritario. Lo decide cada uno. ¿Acaso no podemos entender muy importante lo ocurrido en el desalojo, por muy legal que fuera, como para dar origen a concentraciones de protesta? Máxime cuando, además, de hecho, es lo que ha ocurrido. Pues ha sido la manera en liquidar la protesta inicial la que ha generado un efecto contagio inmediato.
La conclusión de todo lo expuesto es sencilla: si la razón de peso para prohibir las concentraciones es formal ese obstáculo es ciertamente menor, pues su misma naturaleza permite sortearlo, también formalmente si se quiere, con facilidad. Y habrá quien dirá que eso sería un cierto fraude de ley, pero ante tal alegación habría que apelar a la vis expansiva de los derechos fundamentales. ¿Se puede restringir o limitar un derecho porque formalmente se ejercite de manera más amplia, protestando por más cosas, que por la cuestión que ha dado origen a la reunión? Obviamente, la respuesta es no. Así que es dudoso que las Juntas Electorales tengan demasiada base legal también aquí. He de aclarar, sin embargo, que en este punto me alejo un poco de la opinión de Presno que he enlazado antes, quien entiende que la razón formal dada por la JE sí sería suficiente.
8. Por cierto, que él también señala, con toda la razón, que las Juntas tienen competencias sobre actos electorales y acciones de agentes que están en campaña. No se comprende la razón por la que se han arrogado competencia para decidir sobre la legalidad de manifestaciones o reuniones como las que estamos viendo. Eso debe seguir haciéndolo la Delegación del Gobierno en cada provincia, que tendría que hacerse valer para recuperar la competencia, aunque parece que, de momento, están callados y satisfechos al ver cómo es otro quien hace el trabajo sucio.
El resumen es sencillo. Los ciudadanos tenemos también derecho en campaña electoral a decir lo que pensamos, y a manifestarnos, si lo hacemos cumpliendo con el marco jurídico que limita el ejercicio de estos derechos. Sin insultar o difamar, sin recurrir a la violencia, sin poner en peligro personas o bienes. Mientras las manifestaciones o reuniones derivadas del #15M sigan en esta línea, sólo consideraciones de tipo formal de base no demasiado sólida pueden aspirar a prohibirlas. Actuar de esa manera, y más todavía si a la prohibición siguen detenciones, empleo de la fuerza para dispersar o imputaciones por los diversos tipos delictivos que nuestro ordenamiento desencadena en estos casos (desobediencia, delito electoral, amén de los que pueden producirse como consecuencia de la violencia que todo desalojo supone) significaría desconocer algunas de las bases constitucionales que permiten considerar España un Estado de Derecho.
Los manifestantes consideran que estamos en una mera «democracia formal» y que quieren una «democracia real». Yo también quiero una democracia real, además de formal, pero no desconozco la enorme importancia que tiene, también, y como requisito sine qua non, que haya mecanismos robustos de «democracia formal». El problema es que ciertas interpretaciones que estamos leyendo estos días, en ocasiones incluso de órganos del Estado muy autorizados, permiten detectar que incluso esas instituciones formales gozan de mala salud en estos tiempos. De otra manera no se explica que la conclusión dominante en ciertos foros sea que los ciudadanos, en una democracia, como haya campaña electoral, tienen la obligación de estar calladitos y no significarse políticamente.
Votar y callar, votar y callar…
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