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En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.
La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de «Crisis, recorte de derechos y Estado democrático» por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.
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Hace unos meses, con motivo de una convocatoria de huelga que tenía como destinatarios los funcionarios públicos, tuve ocasión de exponer los motivos por los que no me parecía bien que quienes disfrutamos de ese estatuto tengamos a nuestro alcance como arma de conflicto colectivo la huelga, pues entiendo que es un derecho muy potente cuyo ejercicio, para que sea responsable, requiere de contrapesos que no se dan en la función pública. Quizá recuerde alguno de los lectores de este blog que, en cambio, sí expresé mi sensación de que cuestión diferente es cuando no estamos ante una convocatoria para defender derechos del colectivo y empleada como medio de presión en la negociación para alcanzarlos, sino ante una jornada de lucha y protesta de tipo general por cuestiones orientación política general o de modelo de sociedad que trascienden el ámbito funcionarial: ante una convocatoria de huelga general, en definitiva.
Mañana hay convocada una huelga general que voy a secundar. Porque creo que en esas situaciones sí es legítimo que los funcionarios nos unamos a la protesta de la clase trabajadora ya que, a fin de cuentas, y aunque privilegiados, también somos trabajadores asalariados. Además, una huelga general es una convocatoria que trasciende a los trabajadores y a la que se pueden unir todo tipo de colectivos (profesionales liberales, autónomos, estudiantes… ¡incluso jubilados!) que no son estrictamente trabajadores. Porque una convocatoria de esta índole es, más bien, una manera de protestar públicamente frente a una determinada deriva social y política por la vía de dejar de trabajar o de paralizar tus actividades cotidianas, sean éstas las que sean.
Como es obvio no voy a secundar el paro sólo porque crea que, si la convocatoria es de este tipo, es posible que los funcionarios formen parte de ella. Me uniré al paro porque, además, creo que hay muchos y muy cualificados motivos para hacerlo. Que se resumen en una idea muy sencilla: si la clase trabajadora o quienes se sienten concernidos por sus problemas y su bienestar no reaccionamos ahora, dadas las medidas que se han venido adoptando en los últimos meses, ¿qué tiene que pasar para que lo hagamos?
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