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Esta semana han empezado las clases y con ellas queda definitivamente lanzado el curso 2008-2009. Empieza con buenos augurios para la Universidad y el respeto a las reglas del juego.
Porque España es un país, por ejemplo, donde montas un negocio basado en vender sellos a personas que te los compran con la legítima aunque cuando menos peculiar convicción de que muchos otros llegarán detrás para comprar más y más sellos con la consiguiente revalorización de los activos y el Gobierno te manda a la Guardia Civil, algún juez de la Audiencia Nacional te mete en la cárcel y todos tan contentos. Por estafador. En cambio, llevar dos años vendiendo títulos de licenciado en Medicina (sí, es cierto que de momento sólo venden, a precio generoso, estudios de primero y segundo de Medicina, Odontología y demás, y que lo hacen para evitar que las Facultades públicas se dediquen a formar a una panda de genocidas sin escrúpulos) sin tener la más mínima autorización para ello; es más, habiendo visto rechazada su evaluación por el organismo independiente encargado de analizar si se tienen las mínimas condiciones para poner en marcha una carrera (y ello a pesar de que han contado con todos los favores, incluyendo alguna manifiesta ilegalidad, por parte del Gobierno valenciano); tiene una recompensa bien distinta: el Gobierno (valenciano, en este caso) te inaugura el fantasmal curso académico y te paga las obras de la nueva Facultad.
Supongo que aspirar a que aparezca la Guardia Civil a detener a quien vende títulos académicos falsos o, al menos, a que lo haga el Ministerio de Educación y ponga fin a este sonrojante episodio utilizando sus competencias de alta inspección es una ingenuidad. Tendrá que ver con tal pasividad, claro, que, a fin de cuentas, tampoco estamos hablando de algo tan importante. Que se despachen títulos de médico, odontólogo y demás por quien tenga a bien dedicarse a tan noble tarea sólo puede ser bueno para todos: el libre mercado activará la competencia, bajarán los precios, mejorará la formación de los «licenciados»… gracias a que el Estado, en su sabia inacción, ha dejado a la mano invisible poner las cosas en su sitio. ¡Nada que ver con el tráfico de sellos a gran escala, que supone riesgos gravísimos para la sociedad en su conjunto y que sí requiere de todos los medios contraterroristas que tenemos a mano para ponerle fin!
Como a estas alturas ya se ve claramente cómo va a acabar esta historia (con el foralista Gobierno valenciano apoyando a «su» Universidad y haciendo caso omiso de cualquier norma estatal en la materia, sin que el Gobierno de España vaya a hacer nada para impedirlo y, es más, tragando de aquí a unos meses y aceptando el fait accompli), sólo queda resignadamente felicitar a quienes han sido los artífices de este milagro, que habrá permitido convertir en médicos en dos o tres añitos a todos los nenes bien de Valencia que, a falta de capacidad para incorporarse al sistema público de formación de profesionales de la salud, tenían unos papás con dinero suficiente para pagarse este remedio proporcionado por el Arzobispado.
Tras la entrevista que enlacé hace unas semanas a Antonin Scalia, un artículo de Santiago Muñoz Machado en El Imparcial me pone sobre la pista de una reciente entrevista con Stephen G. Breyer, que también forma parte en estos momentos del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos. Nombrado por Bill Clinton, su sensibilidad jurídica es bien diferente en diversos aspectos a la exhibida por Scalia, sin que ello signifique necesariamente que un modelo de juez sea el adecuado y otro, en cambio, totalmente equivocado. Ahora bien, lo que en cualquier caso resulta apasionante es precisamente este contraste y el hecho de que convivan ambas maneras de entender su función, en cuestiones nucleares, y ambas maneras de entender el Derecho, plasmándose sus diferencias en tantos aspectos concretos, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Un órgano que, precisamente, estructuralmente, está diseñado para que este tipo de debates se produzcan de esta forma.Le entrevista Jeffrey Rosen, profesor en la Universidad George Washington y habitual pluma para cuestiones jurídicas para la revista The New Republic, una de esas publicaciones serias y profundas que tienen los estadounidenses y que desgraciadamente son totalmente ajenas a la cultura española (esperemos que por poco tiempo):
Unos meses antes el propio Rosen había charlado también con Stephen G. Breyer en el marco de unas jornadas. El vídeo, asimismo, está disponible en Internet:
A partir de estas entrevistas, y más allá de las interesantes reflexiones que pueda suscitar su contenido (que me gustaría desarrollar en los comentarios, a partir de comentarios vuestros, y así me evito largar un rollo que espante a todo el mundo, como ocurrió con la entrevista a Scalia), me interesa sobremanera destacar el diferente trato que jueces y juristas reciben en la sociedad estadounidense y en la nuestra, así como las también evidentes distancias en la forma y manera en que ellos afrontan su función y su actuación en el seno de la sociedad. Hay un ejercicio de la responsabilidad en un plano radicalmente diferente al que encontramos en España (y esto no es algo que simplemente se perciba en días como hoy, con la reciente renovación a toque de corneta partidista del CGPJ) del que probablemente todos debiéramos aprender. Y no sólo los jueces, como se trasluce claramente de la actuación, por ejemplo, del decano de Berkeley en este vídeo (que he encontrado gracias a esa maravillosa herramienta del «related videos»), cuyas intenciones y ambiciones son absolutamente ajenas a lo que suele ser la labor de un jurista español:
Christopher Edley, dean of Berkeley School of Law, on the secret world of the Supreme Court
Feliz regreso a todos a la rutina del curso, después de un verano que deseo haya resultado estimulante y provechoso, amén de divertido e, incluso, si ha habido suertecilla, un período que haya permitido también descansar.
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