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Una de las cuestiones políticas más importantes de nuestros días, por cuanto afecta de lleno a las políticas de reparto de riqueza (esto es, al alma misma de la política) y porque además tiene profundas repercusiones sociales y sobre el modelo de convivencia, es la referida al futuro de las znsiones. Sin embargo, aunque se habla de vez en cuando sobre el tema, lo cierto es que se debate muy poco, aplicando ese curioso mantra de las democracias occidentales de nuestros días de que cuanto más básica es alguna disyuntiva de organización o reparto, menos hay que debatir sobre el tema, no sea que nos llevemos algún disgusto. De manera que sobre las pensiones, al menos en España, hablamos relativamente poco (así por encima se comentan cosillas, sobre su sostenibilidad, sobre cómo pagarlas, sobre el fondo de reserva, sobre planes de futuro más o menos vaporosos…), reformamos sin debate a golpe de decisión tecnocrática (como ha sido el caso con las últimas reformas, que más allá de retoques nimios para las pensiones del presente han ampliado las exigencias de años cotizados y reducido las pensiones para quienes todavía estamos a años de jubilarnos, y que han sido además «recomendadas» de forma bastante evidente por la UE) pero, y sobre todo, no discutimos ni debatimos nada sobre el fondo del problema.
El pseudo-debate sobre pensiones que tenemos montado en España
Esta ausencia de discusión se debe a que, en realidad, aunque las escaramuzas políticas del día a día traten de ocultarlo como buenamente pueden, hay un sorprendente consenso bipartidista en materia de pensiones sólido como pocos. Por parte de lo que podríamos llamar «derecha tradicional» y los poderes económicos que le son afines, que en España han dejado esta labor en tiempos recientes a FEDEA y sus blogs, nutridos por economistas y politólogos afines, se hace hincapié en que el actual sistema no es sostenible y, por ello, en la necesidad de recortar prestaciones e incrementar las exigencias para acceder a las pensiones máximas (como mecanismo evidente de incentivo para que se alleguen más fondos al sistema). Por parte de lo que suele entenderse como «izquierda clásica», en cambio, se plantea la conveniencia de garantizar las prestaciones como mecanismo de solidaridad y cohesión social y se apela a la posibilidad de incrementar para ello las cotizaciones sociales o, incluso, completar cada vez más los recursos del sistema por vía fiscal como mecanismo para que, en unas sociedades ricas como las nuestras, las pensiones puedan mantenerse en términos semejantes a los que hemos vivido hasta ahora, dado que a mayor riqueza, más porcentaje de la misma podría dedicarse a estos menesteres sin que otros se resientan demasiado. Ésta es más o menos la postura «oficial» en estos momentos de la izquierda institucional, con matices más bien menores según las sensibilidades.
El debate político planteado en estos términos es apasionante para muchos, pero esconde difícilmente una realidad tan ampliamente compartida como obvia: que el sistema en los términos actuales es difícilmente sostenible. En el fondo, tanto la izquierda como la derecha clásica lo tienen bastante claro sin estar en demasía en desacuerdo, razón por la cual van llegando sin mayores dificultades a un punto de entente relativamente sencillo, más allá de las escaramuzas del día a día de la política, porque hay que contentar a la parroquia y permitir a economistas y politólogos de uno y otro bando llenar y llenar páginas discutiendo sobre pequeños matices sobre la temporalización y alcance de unas medias que siempre van en la misma línea: así, se van recortando poco a poco las prestaciones, sobre todo para los que han de disfrutarlas no en la actualidad o a corto plazo sino en un futuro medio y largo, que a fin de cuentas nos quejamos menos, mientras a la par se van incrementando poco a poco las aportaciones presupuestarias al sistema, sin que se note mucho ni se discuta en exceso, de modo que los recortes se hagan más soportables y sobrellevables y, sobre todo, a fin de que quienes tienen «generado» un derecho a muy buenas pensiones no se quejen en exceso. A fin de cuentas, en esas clases y edades es donde están quienes toman estas decisiones y sus familias, de modo que toda inyección impositiva para mantener sus niveles de disfrute no puede ser mala. Esta especie de hibridación de las posturas de la izquierda y de la derecha tiene cada vez, por lo demás, defensores académicos más explícitos, que picotean un poco de aquí y otro poquito de allá (la moda ahora es vender el tema, encima, como rebaja de las cotizaciones compensada con el IVA, para que se note menos aún el tocomocho), sin cuestionar en el fondo el consenso conservador de base. Y así, siguiendo esta vía con perfiles muy marcados ya, es como da la sensación que nuestros grandes partidos pretenden afrontar el futuro de los sistemas de provisión social para cuando debamos afrontar nuestra vejez quienes ahora estamos en edad (supuestamente) productiva.
El planteamiento, por tranquilizador, aun asumiendo cierta inevitabilidad de los recortes, que pueda ser para casi todos implicados con cierta capacidad de influencia y de acción (y de ahí, también, su éxito electoral, pues a los pensionistas actuales se les conservan sus derechos; mientras que a todos los demás se nos dice que, dentro de lo que cabe, mejor que no nos quejemos, que podría ser peor… a la vez que se blinda un reparto poco equitativo en beneficio de ciertas clases), no es sin embargo demasiado satisfactorio. No lo es, al menos, desde la perspectiva de un debate público maduro sobre rentas, redistribución e igualdad propio de una democracia avanzada y alfabetizada. Entre otras cosas porque acreciente y extrema soluciones crecientemente injustas, incoherentes con la propia esencia del sistema, a las que hemos dado carta de naturaleza pero que no son nada normales y que alguien habría de plantear de una vez.
Las incoherencias internas de un sistema que se basa en un supuesto modelo de cotización que se falsea y en una apelación a un reparto… que acaba siendo muy regresivo
En efecto, es cierto que el modelo actual no es sostenible. Nada que objetar a esa evaluación. Por lo demás, no es un problema estrictamente español, aunque en nuestro caso sea más exagerado. En lo que ha sido un rasgo generacional de lo que en España podríamos llamar «Generación T», que ha exacerbado una dinámica que por otro lado es común a toda Europa occidental, es cierto que el modelo actual de pensiones ha beneficiado desproporcionadamente, y todavía beneficia mucho, a quienes empezaron a jubilarse hace una década y media y a quienes se jubilarán en la próxima década. Son una generación que va a cobrar unas pensiones que nunca nadie tuvo (y muy superiores a lo que cotizaron) gracias al esfuerzo de sus hijos… que nunca cobrarán pensiones equivalentes en términos de poder de compra, entre otras cosas porque habrán habido de dedicar muchos recursos de las mismas a pagar las de esa generación. Todo ello, como es sabido, con base en un sistema supuestamente «de cotización» pero que se aleja de todo cálculo real actuarial para la determinación efectiva de las prestaciones a las que detiene derecho. Es decir, que se supone que se van a recibir pensiones «según lo que se ha cotizado» pero, a la postre, éstas son muy superiores a esa cifra, «por cuestión de justicia» social» y se determinan políticamente en una cantidad muy superior a lo que efectivamente se ha aportado y debiera por ello tocar (al menos, si fuéramos a un sistema de verdad «de cotización»: la diferencia la puede calcular cualquier persona tan fácilmente como viendo lo que le daría un plan de pensiones privado por unas cotizaciones mensuales equivalentes a las que ha hecho, y se ve con facilidad que estamos hablando de que en tal caso se recibiría entre un tercio y la mitad, de media, de lo que a la postre acaba poniendo el sistema público; otra forma de comprobar la diferencia entre uno y otro modelo es analizar los regímenes de Seguridad Social y los de las mutuas profesionales creadas en aquellos ámbitos de actividad donde no llegaba la Seguridad Social, mutuas todas ellas que han acabado por desaparecer de facto pues a medida que las pensiones públicas se iban haciendo generosas el equilibrio aportaciones-pensiones que podían ofrecer las mutuas era cada vez más difícil de lograr).
Así pues, la supuesta característica técnica del sistema de que sea «de cotización», pura y simplemente, no se cumple. Hay transferencias de unos sectores a otros y de unas generaciones otras, porque de alguna manera hay que cubrir las diferencias. Y ello comporta un determinado modelo «de reparto», que si se analiza de cerca es mucho menos agradable de lo que nos venden. Porque, a la postre, y expuesto de manera sencilla y simplificadora, ¿cómo llevamos desde hace años cubriendo esa diferencia? Pues con el esfuerzo extra, diferencial, de los cotizantes presentes, que aceptan contribuir para cubrir ese «sobrecoste» para garantizar a los actuales pensionistas sus niveles de prestaciones porque el pacto (implícito, aunque todo el mundo lo da ya por roto) es que, llegado el día, ellos recibirán también una sobreprestación. Sin embargo, para que un sistema como el señalado, que tiene todos los elementos de esquema piramidal, funcione, hace falta que lo que en cualquier esquema Ponzi: que sigan entrando, de forma continuada y regular, más rentas de las que salen, que se amplíe la base de la pirámide. En toda Europa occidental, y en España particularmente, ello se lograba gracias a la combinación de un crecimiento demográfico mediano y un crecimiento económico más o menos robusto: mientras ambos se mantuvieran era posible seguir pagando de más y mantener la esperanza de que en el futuro, a los que ahora ponían el dinero, se les recompensara también en mayor medida. Para ello, sin embargo, y como ya se ha dicho, ha de haber una masa salarial suficiente detrás y un crecimiento económico vigoroso. A día de hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro desde hace, más o menos, unas dos o tres décadas. Y aunque no sabemos a ciencia cierta lo que nos deparará el futuro, no parece que ni la inmigración ni la mecanización vayan a ser suficientes como para paliar las necesidades de ampliar la base de la pirámide, por un lado, y el crecimiento económico, por otro, que tenemos. De ahí el recurso a ese modelo consensual de ir por una parte reduciendo poco a poco prestaciones, a ver si se nota poquito y conseguimos ir saliendo del lío (como en la vieja fábula explicativa de la rana a la que si se le sube la temperatura del agua de la pecera poco a poco no se entera y acaba, por esta razón, muerta, mientras que sí habría reaccionado y saltado ante cambio abrupto de temperatura) y, sobre todo, a ir cubriendo cada vez más parte del sistema de pensiones no con contribuciones sino con impuestos.
Y es a partir de aquí, y de la aparición y generalización de esta dinámica, cuando empiezan a aparecer no pocas contribuciones. El modelo de «reparto» clásico, por llamarlo de alguna manera, del sistema de pensiones vigentes es, sobre todo, como se ha explicado, generacional (quienes están trabajando transfieren muchas rentas a quienes están jubilados para que cobren pensiones muy por encima de lo que cotizaron), pero en el resto, al menos como ficción, se supone que lo que se recibe se corresponde a lo «cotizado». Por ello se hace que todo el tinglado se sufrague, en teoría, no con impuestos sino con cotizaciones. Quienes más aportan, como esto no son impuestos sino cotizaciones pues tienen derecho a recibir más. Supuestamente, así, «se contiene» una excesiva transferencia de rentas de los que tienen y aportan más a los que ganan menos, que se supone que tampoco sería plan, nos dicen. Y como ha de haber una equivalencia entre lo cotizado y lo recibido, pues desde siempre se han introducido elementos adicionales que no contienen los sistemas de impuestos para limitar aún más todo riesgo de reparto y progresividad excesivos, como que las contribuciones se «topean» (es decir, que cuando se llega al tope máximo de lo que se podría recibir a partir de la cotización fijada, pues también ha sido la regla general que se fijen límites máximos a lo que se cotiza y aporta al sistema). Por esta misa razón, como no estamos en un modelo de cubrir necesidades personales cuando uno llega a la vejez, sino ante, de alguna manera, un modelo que te «retribuye» según lo aportado, quien ha cotizado lo suficiente también generan pensiones incluso si mueren (viudedad, orfandad…) que serán tanto mayores no atendiendo a la situación de mayor o menos amparo o necesidad de quienes las reciban sino «a lo cotizado». Además, las cotizaciones a la Seguridad Social se pagan de un modo diferente a los impuestos, con una carga que se reparten trabajador y empleador. Y, por supuesto, a la postre, cada cual recibe «según ha aportado» (razón por la cual casi todo el mundo piensa que la pensión, y en su cuantía exacta, es algo que «se ha ganado» porque «lo ha cotizado»). Por último, y para cuadrar el sistema, hay pensiones de quienes no han contribuido, que inicialmente sufragaba el propio sistema, pero que muy rápidamente, en la medida en que empezaron a ser más generosas (aumente éste por razón de justicia social por lo demás bastante evidente), pasaron a ser inasumibles y a ser soportadas por el sistema tributario. Se argumenta para ello, con cierta razón, que la protección social de quienes no han cotizado es un asunto de interés general y que a todos concierne, con lo que se habrá de pagar con impuestos, como cualquier servicio público en razón del interés general.
El argumento es convincente, porque es cierto que hay razones de interés público evidentes en garantizarnos a todos una vejez digna, suficientemente tranquila y asistida. Una sociedad civilizada es, entre otras muchas cosas, la que no se preocupa en dejar en situación de necesidad a sus personas mayores. Así pues, hay que asumir que va a tener mucho futuro el argumento de que se completen las pensiones en el futuro, cuando sea necesario, por vía fiscal. De hecho, esta idea avanza con fuerza también en la izquierda: por ejemplo, el PSOE la planteó abiertamente y de manera ambiciosa en la pasada campaña electoral, proponiendo un impuesto específico para el pago de pensiones. Y desde posiciones conservadores se ha asumido además ya con toda naturalidad que además de los recortes, este es el sistema: por ejemplo, para orfandad o viudedad. Pero, además, se tiene claro que van a a ser necesarios los fondos recabados vía impuestos para completar las pensiones de forma que sean suficientemente dignas para que los partidos cuya base electoral está compuesta por ciertas capas de la población puedan respirar tranquilos. Lo hemos visto ya con las propuestas como la de emplear parte del IVA para reducir las cotizaciones. La dinámica está lanzada y ver la evolución de lo que nos espera en materia de pensiones, junto a recortes paulatinos para asegurar su sostenibilidad, no requiere de ser un gran analista: vamos a ir usando impuestos cada vez par cubrir más y más partes del sistema: primero fueron las no contributivas, luego viudedades y orfandades, luego alguna otra situación excepcional como la necesidad de bajar cotizaciones, y acabaremos en pagar así un porcentaje de las pensiones si queremos que sigan manteniendo poder adquisitivo… hasta que el final uno se acaba preguntando si no sería mejor pagarlas todas con impuestos, como sostiene cierta izquierda, y asunto resuelto.
A fin de cuentas, lo que distingue jurídicamente (y en términos económicos y sistémicos) a las cotizaciones e impuestos tampoco es tanto, se nos dice. Y no falta razón a quienes así lo defiende. ¿Supone muchas diferencias para el común de los mortales entre que nos detraigan salario para impuestos y la parte que va a la SS? Pues, la verdad, ninguna. Desde un cierto punto de vista, s el sistema sería más transparente así: eliminemos las cotizaciones a la Seguridad Social, que todo se recaude vía impuestos y que el sistema de pensiones se financie enteramente de este modo. ¿Acaso no sería mejor?
El problema es que al hacerlo así afloraría con toda su crudeza una de las realidad menos amables del modelo actual de pensiones, que genera una incoherencia que se multiplica y agrava conforme más y más parte del monto total de las prestaciones se pagan por vía fiscal: su carácter profundamente regresivo, y ello a pesar de que aparentemente debería contener transferencias de rentas de los que tienen más a los que tienen menos, aunque no fueran éstas excesivas. Si pagáramos todo con impuestos sería muy difícil seguir justificando una esencia del sistema, supuestamente «de cotización», que protege, aun hoy, y a pesar de las quiebras que ya se han producido a esa idea, el que siga pudiendo funcionar como un peculiar redistribuidor de recursos en favor de las rentas más altas. Como no son impuestos, no estamos ante un «reparto», sino que cada cual recibe «según ha cotizado», y no parece haber problema por ello en que unos cobren más (y durante bastantes más años: los datos sobre esperanza de vida según nivel de renta en España son casi secreto de Estado, para que la gente no se moleste demasiado, pero basta ver la distribución de la esperanza de vida por CCAA para que el patrón aflore de forma clara: Madrid, Navarra, País vasco encabezan la tabla… y es por una razón sencilla): ¡es simplemente que tengo derecho a ello porque lo he cotizado, me lo he ganado! En cambio, si el sistema pasa a ser totalmente sufragado vía impuestos, claro, es difícil seguir sosteniendo el peculiar reparto basado en la renta previa de los sujetos y que acaba provocando el peculiar efecto de que entre todos los de una generación comparativamente más pobre hemos de pagar pensiones más altas a los de una generación que ha estado y está mejor que quienes trabajan. Además, los más ricos reciben más, y lo hacen durante bastantes más años, con lo cual ellos son los que disfrutan de la parte del león de esa peculiar desproporción.
Sorprende mucho por ello, la verdad, que las propuestas de cierta «izquierda» (toda, en realidad) abunden en la solución de meter dinero vía impuestos en el sistema (como hacía el PSOE en la pasada campaña electoral) sin revisar la otra pata del supuesto modelo de cotización: y es que, desparecida la base del modelo de la «cotización» en cuanto a las entradas de dinero , ¿no había de desaparecer también la consecuencia de la misma, esto es, el hecho de recibir según lo cotizado?
Una propuesta sobre un modelo de pensiones futuras, sostenibles y ajustadas a la lógica de que el Estado ha de contribuir para proveer de servicios a sus ciudadanos en beneficio de todos
La primera idea base a partir de la cual habría que construir un nuevo modelo de pensiones es, por ello, muy sencilla: si se van a pagar con impuestos, y bien está que así sea para garantizar que el sistema sea estable y sostenible, para poder atender a un interés general obvio, como es garantizar una vejez digna a todos, el corolario debiera ser obvio: hay que garantizar la misma pensión estatal a todo el mundo.
Es, sencillamente, lo más justo y eficiente. Y ello porque sí, es cierto que los ciudadanos, aunque lo hagan vía impuestos, también aportan más (o mucho más) si ganan más, si tienen más rentas, que se tienen menos. Pero, si de lo que hablamos es de que un Estado civilizado y una sociedad avanzada ha de proveer para sus personas mayores un suficiente nivel de protección para garantizarles una vida digna, como ocurre con cualquier servicio público o cualquier política cuyo objetivo es el bienestar general, ¿desde cuándo es razonable asumir que por pagar más, por pagar más impuestos en este caso, se ha de recibir más? Expresado de forma clara y directa: no tiene ningún sentido que el Estado pague pensiones mayores a quienes han «aportado» más (ya sea vía impuestos, pero también lo habría de ser vía cotizaciones desde el momento en que éstas nunca lo fueron de verdad porque luego había reparto y transferencias, ocurre simplemente que si el modelo se basa en suficiencia vía impuestos la contradicción es mucho más visible y obvia). El mantenimiento teórico, a pesar de sus fallas y contradicciones, del sistema de «cotización» no sirve a día de hoy para nada más que para establecer una cortina de humo al respecto que aparentemente sirve a casi todos, aún, para justificar estas diferencias de trato en la pensión que se «tiene derecho a cobrar». Pero lo cierto es que éstas no se sostienen ni justifican, en el fondo, si hacemos un análisis mínimamente racional. Además, los argumentos para un cambio a un sistema de provisión social y protección de la vejez más equitativo son abundantes:
- Desde la perspectiva del Estado y del conjunto de la sociedad, es evidente que cubrir las necesidades de las personas mayores es de indudable interés público, pero lo ha de ser cubrir (y lo mejor posible) las de todas las personas, y además de modo suficiente, algo que no tiene nada que ver con que el Estado se convierta en intermediario (como hace hasta ahora, siendo además un intermediario de apropiación de rentas intergeneracional) para garantizar por medio de su capacidad coactiva el mantenimiento de las mayores rentas de unas personas sobre otras: ahí no hay interés público alguno. En cambio, lo habría, y más que evidente, en una redistribución más igualitaria de todo el montante destinado a pensiones, pues de este modo se evitarían graves problemas de exclusión y de salud que a día de hoy aún tenemos, pero sólo en los pensionistas más desprotegidos. Una sociedad con menores niveles de exclusión y menores problemas sociales, en definitiva, es mejor para todos. Y justifica mejor el empleo de recursos públicos de todos para ello, logrados en proporción a lo que cada uno tiene.
- Las personas que más han contribuido con impuestos tienen los mismos derechos a recibir servicios públicos y cobertura social que los demás, pero no más: no hay escuelas públicas para los hijos de quienes pagan más renta con mejores instalaciones y profesores premium ni hospitales de última generación para los que más han aportado al sistema nacional de salud a través de sus impuestos, afortunadamente. ¿Nos imaginamos una sociedad donde algo así ocurriera? Sería asquerosa y horrible y no la aceptaríamos. Llama mucho la atención que hayan conseguido, en cambio, con la muleta de la supuesta «cotización», que lo hagamos con toda naturalidad con el sistema de pensiones y que, incluso, las reformas que desde la izquierda llaman al sostenimiento fiscal de las mismas sigan empeñadas en conservar estas diferencias. Un sistema donde el poder público garantiza aquellos mínimos que consideramos imprescindibles para la vida en sociedad y no hace de garante de las diferencias sociales y de protector acérrimo de los más favorecidos, estableciendo sistema de reparto en su beneficio, es también mejor para todos. Porque el contenido ético de la actuación del Estado es esencial a la hora de legitimar su acción.
- Además, son precisamente las personas que más ganan y las que en mejor situación económica están las que, durante sus años productivos, más posibilidades tienen de acumular rentas y de ahorrar para la vejez, de modo que caso de que pretendan conservar su nivel de vida diferenciado tras jubilarse lo pueden hacer con mucha más facilidad. Les basta ser más previsoras y cuidarse de ello. Lo cual no deja de ser, a la postre, un problema individual, una vez garantizado que sus mínimos van a estar cubiertos, no una preocupación pública. Por ello, no debería ser el Estado quien les hiciera ese papel. Y menos aún extrayendo rentas a otros para ello.
En definitiva, las pensiones del futuro están llamadas a ser pagadas por todos, como pagamos todos los servicios públicos, porque hay un interés público evidente en hacerlo: que esta sociedad se organice de moda que los mayores puedan (podamos, cuando nos toque) vivir con dignidad. Para ello, habrá que pagarlas con nuestros impuestos, según nuestras posibilidades presentes, lo que comportará transferencias, de ricos a pobres, y también generacionales. Pero, a cambio de todo ello, esta labor estatal ha de ser lo más eficiente y justa posible.
Para que sea eficiente, ha de dejar que sean los individuos privados los que se apañen, y asuman los riesgos y las consecuencias de sus posibles errores y aciertos, para querer diferenciarse teniendo una mejor situación y, además, ha de tratar de consumir lo menores recursos de todos posibles que garanticen lograr el objetivo de tener a todo el mundo bien cubierto (algo que también es mucho más fácil de lograr con un modelo de pensiones iguales para todos, que desinfla de presiones el sistema a cuenta de los colectivos depredadores, piénsese que una 600.000 personas cobran en España pensiones de más de 2.000 euros al mes, mientras que en toda Alemania son sólo unas 60.000 y extraigan conclusiones).
Además, y para ser justo, un sistema de pensiones público, como cualquier otro servicio público que emplea recursos de todos, ha de garantizar una misma prestación para todos, porque esa prestación se da por razón de consideraciones de ciudadanía, no económicas.Ésa y no otra es la función estatal, garantizar derechos de ciudadanía, no rentas privilegiadas y diferenciadas. Para eso otro, en su caso, ya está el mercado.
Así pues, la pensión del futuro, pagada por los impuestos de todos, debiera ser igual para todos. Y ya está. Así de sencillo. No entiendo cómo es posible que los partidos de izquierdas no lo planteen desde hace años. Supongo que es una consecuencia más de la captura explicativa que sufren a cuenta de esos relatos a los que ya nos hemos referido, al «yo lo he generado, lo he cotizado». Y, también, qué duda cabe, debe de ser resultado de que las elites estatales y de los partidos, también los de izquierdas, estén dominadas por personas a quienes el modelo descrito conviene fenomenalmente bien.
Obviamente, una transición al modelo señalado no se puede hacer de la noche a la mañana. Habría que, por ejemplo, y aunque sea injusto, garantizar a los actuales pensionistas su pensiones actuales (pero, por ejemplo, no permitir su actualización y mejora mientras sean superiores a lo efectivamente generado). También a las personas cercanas a la jubilación habría que respetarles probablemente la pensión con la que han organizado, más menos, su vida próxima. A los demás, por ejemplo, no deberían tener en cuenta nuestra efectiva cotización hasta la fecha y, por ejemplo, «guardárnosla» como posible incremento de la pensión que el Estado determine en un futuro para todos o alguna medida equivalente. En todo caso, las medidas transitorias no empecen que la adopción del nuevo modelo es extraordinariamente sencilla de poner en marcha y que, además, y muy probablemente, según se prefiriera políticamente mantener o no los actuales recursos destinados al sistema, siendo ambas elecciones perfectamente legítimas, bien incrementaría mucho las pensiones a día de hoy más bajas, bien permitiría una rebaja de las actuales cargas (las cotizaciones, que desaparecerían sustituidas por impuestos nuevos que, poco a poco, y a medida que se hiciera la transición, serían mucho menos costosas de mantener, al menos mientras no hubiera un incremento muy sustancial de la pensión, por cuanto se eliminaría la carga que suponen para el sistema las pensiones altas y muy altas que a día de hoy, y por muchos años, todavía vamos a pagar).
Una última cuestión, y por supuesto clave, es determinar cuál debería ser ese nivel igual para todos de pensión pública en el que se basaría el nuevo modelo. A mi juicio es claro que debiera ser el suficiente para que cualquiera pudiera mantener sin demasiados problemas una vida digna, teniendo eso sí en cuenta que al final de la vida, y en un Estado como el español (donde los servicios sociales y asistenciales a la vejez son los únicos que están no sólo a nivel europeo sino incluso por encima de la media, mientras en todo lo demás, infancia, discapacitados, inmigrantes, pobreza, gastamos menos de la mitad de la media, como explica magistralmente este libro de Borja Barragué et alii), las necesidades son normalmente menores que en momentos en que uno, por ejemplo, ha de sacar adelante una familia. Por esta razón me parece que esa pensión pública debiera ser, siempre, y como máximo, equivalente al salario mínimo mensual que consideramos socialmente suficiente y justa retribución para una persona que esté trabajando en nuestra sociedad para sacar adelante una actividad productiva. De hecho, que coincidan y así se determine explícitamente tiene muchas ventajas. De una parte, porque es obvio que nadie podrá quejarse y decir que no estamos fijando una prestación pública insuficiente o injusta, si consideramos que esa retribución es justa para quien trabaja y suficiente para vivir estando activo, habrá de serlo necesariamente para cuando se llega a mayor, máxime si cuestiones como la sanidad, el transporte o la asistencia social están, como es el caso en España, moderadamente bien cubiertas. Además, una medida de vinculación como ésta, como es evidente, tendría un efecto indirecto evidente e inmediato más que positivo: todos los pensionistas tendrían un incentivo claro para apoyar subidas del salario mínimo y, con ello, de las retribuciones de todos aquellos que están efectivamente trabajando para producir la riqueza necesaria para que se cubran los recursos públicos de donde salen, en el fondo ya hoy, las pensiones y el resto de políticas públicas. Que, sinceramente, es algo que se echa mucho de menos en las prioridades políticas y de voto del colectivo a día de hoy en España, si no sabe mal ni se considera de mal gusto recordarlo, porque las cosas son como son y esto es así. Y si sólo tener a políticos (pasa en Podemos) cobrando con referencia al salario mínimo ha provocado que éstos tengan un enorme interés, tan legítimo como de parte gracias al «incentivo» que ello supone, imaginemos lo bueno que sería que todos los pensionistas tuvieran no sólo claro intelectualmente que sus pensiones dependen, como muchas otras cosas, del trabajo y del reparto de otros muchos, sino que, además, fueran muy conscientes, en sus propias carnes y cuentas corrientes, de cómo de íntima es esa vinculación.
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PS: De las repercusiones de un modelo así y de su lógica en un mundo de trabajo cada vez más escaso y donde las prestaciones alternativas e incluso los modelos de renta básica van, por ello, a ser cada vez más frecuentes hablamos otro día. Pero es evidente, creo, que su cohonestación con el mismo es relativamente sencilla y muy fácil de estructurar de forma coherente. También, y de forma de nuevo fácil de cohonestar con esa realidad, una medida así cambiaría muy probablemente el mismo concepto de lo que es la jubilación y eliminaría algunos de los problemas jurídicos que ya se dan, y que están llamados a generalizarse a medida que las pensiones sean más precarias y vayamos a otro tipo de economía, como son los derivados de normas que impiden trabajar, aunque sea a tiempo parcial, mientras se percibe una pensión (entre otros muchos problemas parecidos, que tienen todos que ver con la obsolescencia de una visión de la jubilación y las pensiones que no acaba de cuadrar bien en una sociedad donde los límites entre trabajo, ocio, actividad, inactividad se diluyen y donde, además, las formas de obtener rentar van a variar mucho más aún de lo que ya estamos viendo ya).
Con motivo del pasado Dia del País Valencià (9 d’octubre) escribí en Agenda Pública sobre los problemas de financiación autonómica que, como es ya evidente a estas alturas para todos, padece la Comunidad Valenciana, muy similares a los que han acabado de colmar la paciencia de tantos ciudadanos de Cataluña. No puede discutirse en estos momentos la gravedad de los efectos de un sistema que funciona muy mal y que, llegados a este punto, han empezado a provocar efectos no sólo económicos sino políticos. Por esta razón, más allá de los casos concretos de Cataluña o Valencia conviene reflexionar sobre el modelo de financiación en sí mismo, que necesita de una urgente transformación en profundidad. Es un tema sobre el que ya se ha discutido en este blog (incluso tratando de esbozar hace ya cuatro años una propuesta que ahora quedará algo rectificada en sus detalles), pero al que, inevitablemente, hay que volver.
Desde un punto de vista general y abstracto, que es como vale la pena afrontar el diseño general de un sistema si uno aspira a que tenga sentido (en lo que no deja de ser sino una burda aproximación a trabajar partiendo de una posición semejante al velo de la ignorancia del que hablara Rawls), parece importante definir qué efectos serían deseables y cómo parece más lógico intentar conseguirlos. Para ello, además, hay que definir previamente qué fines nos parecen deseables. Pero eso no parece demasiado difícil de hacer. Tenemos un sistema cada vez más complicado y, la verdad, sería mucho mejor que fuera más sencillo. Tenemos un sistema que nunca ha logrado un reparto de los recursos más o menos igualitario entre la población y, la verdad, al menos mientras seamos un único país y vivamos como ciudadanos en un mismo marco estaría bien que el resultado tendiera a asignar los mismos recursos a todos. Por último, tenemos un sistema que desincentiva la corresponsabilidad fiscal y, la verdad, estaría bien que el gasto público se hiciera por entes que, a su vez, estuvieran obligados a dar la cara democráticamente para recaudar, de modo que como sociedad las decisiones sobre esfuerzo fiscal estuvieran influidas por las repercusiones directas sobre el dinero disponible por parte de las Administraciones implicadas.
Todo ello es lo que ya traté de abordar en 2008, como propuesta sobre las cuestiones claves que debieran haber sido motivo de intenso debate político con motivo de las elecciones que se realizaron ese año. Increíblemente (o no tan increíblemente dado que el problema no se abordó) estamos casi 5 años después en las mismas. Así pues, veamos qué se proponía en ese momento y cómo tendría sentido, en su caso, matizar algo de lo dicho entonces (añadidos y matizaciones en cursiva).
Continúa leyendo A vueltas con la financiación autonómica…
El pasado día 15, de nuevo, miles de personas desfilaron por las calles para manifestar, otra vez, nuestro disgusto e indignación. Por una crisis económica que, como siempre, se ceba con los más débiles y los menos protegidos. Por unos sistemas democráticos cada vez más formales, donde todos somos muy conscientes de que la opinión de las mayorías (si vienen de abajo) importa poco. O, al menos, importa poco cuando afecta a ciertos intereses. Por la innegable constatación de que las formas de participación política que las democracias liberales pusieron en marcha son insuficientes para canalizar los deseos de integración cívica de unas sociedades de masas muy diferentes, más profundas socialmente, complejas y heterogéneas. En resumen, porque todos tenemos la sensación de que no pintamos demasiado (por ser generosos) ni individual ni colectivamente y porque mientras ciertas elites viven muy bien, cada vez mejor, sin sufrir los costes de la transformación económica en curso, otros se llevan la peor parte sin que el reparto tenga que ver con los méritos, capacidad y trabajo de los respectivos sujetos.
El movimiento 15-M, quienes se dicen indignados y reclaman Democracia Real Ya, han puesto en marcha algo que en la breve historia democrática de España nunca se había intentado: canalizar debates, participación, protestas, reivindicaciones… desde la base y al margen de la agenda social, mediática y política, que en nuestro país ha funcionado siempre de manera muy engrasada para generar una especie de consenso débil que servía de pasaporte democrático para desactivar cualquier atisbo de conflictividad social… y también de discusión política. Es una novedad muy importante, y muy de agradecer. Pero tiene el problema de que si queda en la mera reivindicación y protesta, si se queda en la potente pero desarticulada expresión de indignación será un movimiento, a la hora de la verdad, inane y poco perturbador. Por eso el 85% de la población, dice el CIS, apoya sus reivindicaciones. Porque no hay nada, o casi nada, en las mismas, que sea en verdad conflictivo. Lo que desactiva su potencia renovadora. Habrá servido, eso sí, para recuperar la política para la ciudadanía, sí, pero sólo en sus primeros estadios. ¿Qué es necesario para ir más allá?
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Como ya comenté en este blog hace unos meses, escribí no hace mucho un trabajo dedicado a analizar el concepto normativo de libro. Esto es, me dediqué durante 30 páginas a realizar disquisiciones sobre qué es un libro y, sobre todo, qué es un libro para nuestro Derecho.
La razón de acometer una tarea como ésa, aparentemente tan rara, es que la aparición de libros electrónicos y la decisión de la nueva ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas de adoptar como criterio legal para identificar a un libro no su pinta o soporte físico (que es la clave que ha definido, a la hora de la verdad, desde la generalización del formato códice hace unos 1.500 años, lo que entendemos por libro) sino el hecho de que se trate de un material legible, sea cual sea su formato, permitía despejar algunas dudas pero dejaba otras. Por ejemplo, ¿son libros ahora los «audilibros» que no son, de por sí, legibles, como es obvio? ¿Son libros los que recogen, sin texto alguno, fotografías o dibujos? Vamos, cosas así
Antes de que nadie me lo diga, lo hago yo mismo: Sí, ya sé que los que nos dedicamos al Derecho estamos chalados y perdemos el tiempo miserablemente en análisis cuyo sentido y utilidad práctica son más que dudosos. Ahora bien, tengo dos atenuantes que plantear. El caso es que, por extraño que pueda parecer, me lo pasé bien haciendo el trabajo ya que me permitió leerme algunas historias del libro y de su importancia cultural cojonudas (hay franceses y alemanes que han escrito verdadera virguerías llenas de erudicción sobre el tema) de las que aprendí muchas cosas. Pero, además, es que todo este asunto sirvem por increíble que parezca, para algunas cosas. No diré que para resolver cuestiones básicas, esenciales o muy importantes, pero sí para dejar claras algunas cosillas y permitir apreciar ciertos contrasentidos. Así, por ejemplo, para denunciar las incoherencias del legislador. Una de ellas, sangrante, era la siguiente, que trato de resumir a modo de pregunta de una manera que espero sea entendible por todos (así como deseo que sirva también para comprender que el asunto algo de incidencia económica tiene):
– Si la ley dice que libro es todo lo legible, con independencia del formato, y explícitamente se indica que un libro «normal» (de toda la vida de Dios) y un libro electrónico son lo mismo, ¿cómo era posible justificar que a una misma realidad, ontológicamente entendidas ambas opciones como «la misma cosa» por la ley, luego sean tratadas diferenciadamente por la misma ley -bueno, en realidad otra, pero en Derecho entendemos que el ordenamiento jurídico ha de ser unitario y coherente- que decía que una realidad había de pagar unos impuestos y otra -que se supone que era la misma- una cantidad diferente?
Pues bien, parece que esta extraña situación ha variado, al fin. El Gobierno ha decidido equiparar el IVA del libro electrónico al del libro de papel. No sé si la medida es buena o sensata. Sí sé que, jurídicamente, a la luz de que la ley del libro dice que ambas cosas son lo mismo y deberían en lógica consecuencia ser tratadas igual por el Derecho, hacía ya tiempo que la medida urgía. Ya era hora, vamos.
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Por cierto, si se me permite, allá va una coda sobre el trabajo de los juristas, la llamada «investigación jurídica» y a qué nos dedicamos en mi oficio:
Como es evidente y a nadie se le escapa, nada ha tenido que ver mi explicación de la situación en el trabajo referido con el cambio legislativo. Las dos o tres veces que una idea mía, sostenida en un artículo o libro, ha acabado siendo la solución escogida por nuestro legislador o por la Administración (me pasó sobre todo con un trabajo sobre las licencias de obras menores, que propugnaba su desaparición y sustitución por una simple notificación del inicio de las obras por parte del ciudadano, que es una solución que luego se ha ido extendiendo y generalizando) tengo la íntima convicción de que nada ha tenido que ver con lo que yo escribí, argumenté y defendí. Simplemente, es que lo que a mí se me ocurrió era tan obvio y evidente que se les ocurrió, también, a otros muchos. O que algún otro factor, por casualidad, propició el cambio (en el caso del libro electrónico, por ejemplo, tiene mucha pinta de que en el fondo es una rebaja del IVA alentada por la crisis y la presión del sector, que es cada vez más potente) en un sentido semejante a lo que yo sustuve. Pero, no me engaño sobre el particular, en ningún caso tiene que ver con que alguien haya leído lo que yo escribí y se haya convencido. Lo puedo afirmar con tanta seguridad porque conozco los datos de lectura efectiva de la mayor parte de las cosas que escribo (y sí, en efecto, cualquier entrada de este blog, que suele ser consultada por unas 500 personas a lo largo de la semana de su publicación, lo cual puede indicar que a lo mejor se la leen efectivamente unas 25-50 personas siendo optimistas, tiene más lectores que cualquier trabajo o artículo jurídico que escriba yo en libros o revistas especializadas). Asimismo, soy perfectamente consciente de que la capacidad de influencia y convicción que tenemos, incluso cuando somos leídos, es más bien escasa.
De todos modos, y por si sirve de algo, invito a leer el trabajo (o a pedírmelo por correo electrónico si no lo tienen a mano) a quien pueda interesar el tema. Hay más ejemplos de paradojas en la actual regulación y de efectivo trato jurídico diferenciado a unos y otros tipos de libro a pesar de que se supone que normativamente son lo mismo. ¡A ver si recordándolo alguien se anima a cambiar la situación!
Jurídicamene es del mayor interés que el asunto de las primas de AIG, que tiene al gobierno de Barack Obama en una situación incomodísima, esté generando reacciones que ponen en cuestión dogmas que se habían instalado recientemente en nuestras conciencias con sorprendente facilidad. Como, por ejemplo, la idea de que establecer tipos fiscales de, digamos, un 90% supone entrar de lleno en ese ámbito donde el carácter confiscatorio de la medida la hace inconstitucional a la luz de las previsiones, ya explícitas, ya implícitas, que la mayoría de textos constitucionales (y también la Constitución española, cuyo artículo 31.1 lo señala textualmente cuando afirma que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio«) contienen en este sentido. Pues bien, parece que el Congreso de los Estados Unidos ha decidido aprobar una ley, por cierto (y para más inri) con efectos retroactivos, que implica un tipo del 90% sobre las ganacias en cuestión. Y su constitucionalidad no parece excesivamente cuestionada. Al menos, no para lo que podría ser.
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Como es sabido por todos, el mejor indicador del nivel de desarrollo de un país es su sistema fiscal. Si éste no existe, estamos en Sudán, por ejemplo, y las cosas, es de temer, han de ir más o menos mal a la generalidad de quienes allí viven, luego para nosotros lo más probable es que también. Los que logran cierta autotutela de sus bienes, haciendas e intereses lo hacen porque pueden (y como pueden), lo que equivale a condenar a esa sociedad al imperio de la ley del más fuerte, de la violencia y del subdesarrollo para grandes masas de la población. Muy poca gente con un mínimo de sentido común, velo de la ignorancia mediante, preferiría vivir en una sociedad así a hacerlo, qué sé yo, en Suecia, con su sistema fiscal expoliatorio, que dicen algunos (¡ay, qué tiempos, cuando países tan poco sospechosos como EE.UU. podían tener tipos marginales para rentas muy altas del 60%, y las democracias escandinavas del 80%, permitiendo esos buenos viejos debates sobre qué tipo era constitutivo de «expolio» inconstitucional!).
Pagar impuestos es lo que hace a un pueblo civilizado. Y lo que le libera de la tiranía. Sólo una sociedad que disponga de un sistema fiscal justo, o mínimamente justo, es capaz de mejorar y prosperar. Y sólo en una sociedad así es posible el desarrollo en un mínimo de libertad e igualdad de cualquier persona, con independencia de su origen, de su cuna y de condicionantes adicionales varios. El éxito de Europa y de Occidente en los últimos siglos se basa, en gran parte, precisamente en esto. No es que tengamos sistemas fiscales perfectos (o que los hayamos tenido), pero sí hemos disfrutado de los mejores, comparativamente, disponibles hasta la fecha. Y eso ha permitido a nuestras sociedades convertirse en insólitas islas de prosperidad y de justicia e igualdad social.
Ahora bien, la imperante degradación del compromiso cívico, la «italianización» de la cosa pública que cada día es más evidente, está minando hasta unos extremos hace apenas 30 ó 40 años impensables este elemento básico de la convivencia que es la redistribución fiscal. Porque, como es sabido por todos, y no hace falta explicar con detalle, nuestro actual Derecho se basa en la canonización de todo tipo de ventajas fiscales y vías de escape para quienes más tienen. Las razones y justificaciones que han permitido esta tendencia son muchas y variadas. No ha lugar reiterqarlas aquí. La extraña complacencia con las que las clases medias, a cambio de algunas migajas, han consentido el expolio fiscal de los poderosos, tristísima, tampoco merece mayor glosa. Pero, se comente o no por extenso, y esto es lo que importa, los daños son enormes y serán más graves, si cabe, en el futuro. Indicios de que ésta es la imparable dirección no faltan. Cada día.
Así, mientras los recién nombrados miembros del Gobierno de Obama han de dimitir uno a uno porque a poco que son investigados aparecen numerosas vergüenzas fiscales (todas con un mismo común denominador: la élite política, cultural y económica de ese país, como la de cualquier democracia occidental, a poco que nos pongamos exigentes analizando sus declaraciones de la renta, demuestra ser sospechosamente lerda en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aunque con una muy curiosa y selectiva torpeza, pues los errores, olvidos y omisiones se acumulan sistemáticamente de modo que lo que de hecho han pagado es menos de lo que tocaba, y no al revés), la escena se completa con delirantes situaciones a cargo de la clase baja asalariada (sobre la que recae el grueso del esfuerzo impositivo en la actualidad) o de quienes están todavía por debajo: porque la fuerza de trabajo que alimenta la máquina con sudor inmigrante «ilegal» sí paga impuestos. A veces, incluso, se empeña en pagar por todos los medios, cometiendo ilegalidades para poder hacerlo.
El día que en España alguien empiece a contar verdades sobre quién paga aquí y quién no la cosa será de echarse a llorar. No a reír porque, muy, probablemente, será demasiado tarde como para que la cosa pueda tener un remedio no demasiado traumático. Entre otras cosas, por lo mal que funcionan los posibles mecanismos de alerta. Por ejemplo, en la Universidad española, convertida en desgraciado símbolo de estos tiempos de aprovechamiento privado impresentable de lo público, el «utópico» profesorado, rehén de sus miserias y de las ganas de poder comprar, ellos también, el Mercedes, lejos de aprovechar nuestra privilegiada situación (de independencia, de autonomía y de que nuestro trabajo consista precisamente en «estudiar» y denunciar qué cosas pasan) para arrimar el hombro se ha generalizado la opción de, ya puestos, poner también el cazo y cobrar la sumisión con que nos ponemos al servicio de quien manda. Que, para suerte de los profesores de Universidad, todavía se paga algo mejor que otras sumisiones (aunque esto durará poco, claro, porque en el fondo la institución, por esta vía, está perdiendo toda capacidad de influencia, que es de donde viene que se pueda rentabilizar poner su nombre al servicio de la defraudación fiscal). Por eso, entre otras cosas, a veces, hasta se nos «olvida» ir a clase. Siempre que haya algún trabajillo retribuido por ahí al que se pueda dar prioridad, a ser posible fiscalmente opaco, la clase será algo secundario, preterido por la noble actividad de convertirse en asalariado partícipe en cualquier negocio turbio. Así están las cosas, de tristes. Con los universitarios haciendo ímprobos esfuerzos por pasar a ser de esos que no pagan impuestos, o pagan muy pocos, a pesar de ganar más, en vez de denunciar el estado actual de cosas. Y con los inmigrantes, eso sí, deslomándose por trabajar y por pagar a la Seguridad Social.
Cambiar el pasado es excelente un libro que acaba de publicar Miguel Azpitarte, profesor de Derecho constitucional en Granada, en la editorial Tecnos. La obra versa sobre una de las cuestiones asociada a más problemas prácticos pero, a pesar de ello, menos tratada en nuestro Derecho: la retroactividad de la ley no punitiva. Y es que, si bien hay una abundante bibliografia y una sólida y precisa jurisprudencia en lo que se refiere a la ley penal (y por extensión a cualquier norma sancionadora), resulta llamativo hasta que punto, en cambio, subsisten las vacilaciones en lo que respecta a los concretos perfiles y, muy especialmente, límites constitucionales a la retroactividad fuera de ese ámbito.
Es ésta una cuestión, además, a la que me tuve que enfrentar en su día, de forma tangencial, cuando estudié los problemas de constitucionalidad de las leyes de convalidación. En la medida en que, por definición, una convalidación legislativa despliega efectos retroactivos, es obvio que constitucionalmente no será posible aprobarlas allí donde haya un límite a la retroactividad. Así, como es evidente, no podrá haber convalidación legislativa cuando estemos dentro del ámbito proscrito por el art. 9.3 de la Constitución, esto es, referidas a «disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales». Y, como decía, si bien es más o menos posible aprehender qué entiende nuestro Derecho por «disposiciones sancionadoras no favorables» (con lo que respecto de éstas no cabrá convalidación legislativa alguna) no es, ni mucho menos, fácil ni pacífico concluir de manera categórica qué es lo que la Constitución española entiende por «restrictivas de derechos individuales». Aunque esté claro, pues, que no habrá convalidación legislativa, como no habrá ley retroactiva de otro orden, que genere tal efecto de «privación» sobre lo que sean «derechos individuales», la discusión en torno a qué signifique exactamente aquélla y a cuál es el concreto ámbito de los derechos individuales dista de estar zanjada (pueden consultarse aquí algunas conclusiones al respecto, necesariamente sintetizadas).
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