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Según anticipan los medios de comunicación, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Partido Popular presentado contra la conocida como ley de igualdad y, más en concreto, contra las disposiciones de la misma que imponían la paridad en las listas electorales. Es decir, que a juicio del órgano que controla la constitucionalidad de las leyes en España no existe óbice alguno en nuestra ley de leyes al establecimiento de una medida como ésta.
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Estos dos últimos días se ha celebrado en Valencia un interesante congreso sobre las transformaciones que se están produciendo en nuestros días en torno al hecho urbano. Cambios sociales, económicos, políticos, ambientales, arquitectónicos… que conforman una incipiente nueva cultura urbana con enormes repercusiones para quienes somos, de una forma u otra, hijos de un modo de convivencia que debe mucho, por no decir todo, a la concreta articulación de la vida en comunidad libre y autogobernada que nace, precisamente, en las primeras aglomeraciones urbanas (Stadtluft macht frei… aunque, eso sí, nach Jahr und Tag, según la regla medieval del Statutum in favorem principum).
Las intervenciones de los distintos participantes en el I Congreso de Nueva Cultura Urbana pueden ser vistas y descargadas a través de su web (sección multimedia), algo que, a mi juicio, puede ser muy interesante, máxime si tenemos en cuenta que han intervenido personajes tan atractivos como Jeremy Rifkin o Richard Florida.
Dado que a lo largo de estos dos días he tenido que compatibilizar mis obligaciones docentes con la asistencia a las distintas conferencias (y que no todos los vídeos han sido colgados todavía) no puedo comentar todas las intervenciones, pero sí querría destacar algunos de los aspectos que más me han llamado la atención de cada una de las que sí he podido presenciar, más como incitación a quienes puedan estar interesados que con la pretensión de resumirlas:
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Una lectora del bloc me remitió amablemente esta interesantísima noticia que publicaba ayer El País antes incluso de que yo pudiera hacerme con el periódico (¡gracias!). Luego, lógicamente, han sido muchos los colegas que me han comentado, por una u otra vía, aspectos relacionados con esta importante resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.
Y es que, la verdad, no es sólo porque sepan todos ellos que me interesan mucho estos temas: es que se trata de toda una revolución. Porque, por primera vez, alguien se pone manos a la obra y empieza a reconstruir un mínimo ámbito de protección de la intimidad, en estos tiempos de internética full disclosure, ya sea voluntaria o no, provocada por la puesta a disposición en abierto, en la Red, de una infinidad de documentos que directa o indirectamente hablan sobre nosotros, en comunión con la fenomenal capacidad de búsqueda y criba de los actuales buscadores, con Google a la cabeza.
La noticia de El País empieza ficcionado una serie de casos semejantes a una historia a la que yo me he referido en alguna ocasión cuando me ha tocado hablar sobre el particular (algo últimamente me ha pasado en alguna ocasión, por haberme dedicado a estos temas): una amiga mía, cuando conoce a algún chico que le gusta, se mete en Google en cuanto puede para averiguar todo lo posible sobre él y ya le ha ocurrido en algún caso que ha encontrado cosas desagradables o que, sin serlo, relacionaban aspectos no especialmente lustrosos de la vida del sujeto (del estilo de un indulto penal). Todo ello gracias a que ahora es posible, y facilísimo, detectar e identificar datos que, en principio, nuestro modelo legal no publicaba en documentos oficiales asumiendoque nadie los fuera a poder encontrar fácilmente. Piénsese, por ejemplo, en el caso referido de un indulto a una condena penal. Se publica como garantía y con la idea, justamente, de acrisolar el perdón de la sociedad frente a una condena, ya porque se entiende injusta, ya por los motivos que sean. Y, con un indulto, como es evidente, se anuda cierto derecho al olvido, a que la vida de esta persona se reconstruya sin tener que tener siempre presente el baldón que la condena puede suponer. Nada más lejos de lo que ocurre si éste es público y siempre aparece en el «perfil» que Google da de nosotros. Y nada más injusto. ¡Piénsese que incluso los antecedentes penales se cancelan porque todos tenemos derecho a que la sociedad (y las chicas, si es el caso) nos juzguen a partir de lo que somos ahora y no de los que fuimos o de un error del pasado!
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Tal y como he expuesto anteriormente, inicio una serie de propuestas de reforma legal con motivo de las elecciones de 9 de marzo de 2008.
Propuesta 1. Sobre el modelo de financiación autonómica y, más en general, en torno al modelo de financiación pública de nuestro país
El actual modelo de financiación de las diferentes Administraciones públicas que rige en España tiene numerosos problemas (que no es el momento de detallar exhaustivamente y mucho menos de justificar pero que sí conviene recordar, al menos, en sus elementos estructurales más importantes):
– Es muy complicado.
– Es diferente para unas partes del territorio y para otras (algo que, más allá del sistema del cupo vasco, pudo tener sentido cuando los niveles competenciales de las distintas regiones diferían mucho, pero que en la actualidad sólo es fuente de conflictos).
– Fomenta una constante lucha en los diferentes agentes (CC.AA., pero no exclusivamente) por una mayor parte del pastel, desviando esfuerzos que serían mejor empleados en buscar un óptimo rendimiento al dinero de que se dispone o mejores formas de luchar contra el fraude o de idear sistemas impositivos más eficaces y justos.
– Genera irresponsabilidad fiscal, en la medida en que los ingresos con los que cuentan las Administraciones públicas no dependen, en su gran mayoría o un porcentaje muy elevado, de su propia actividad recaudatoria (con la excepción del Estado, que es el «gran racaudador» del que todos se aprovechan).
– Compromete la estabilidad de ciertos servicios básicos prestados por algunas Administraciones (CC.AA., municipios…), en la medida en que la financiación de los mismos, dada la insfuciencia financiera de estas administraciones para hacerles frente, depende de transferencias que, aunque siempre acaben llegando (porque es ley de vida), no dejan de ser jurídicamente «graciosas» por parte del Estado o de la Comunidad Autónoma, respectivamente.
– Plantea enormes problemas en lo que se refiere a la financiación de los entes locales.
– Ha fracasado como agente de redistribución de la riqueza (como demuestra el incremento de los últimos años en las diferencias de renta regional, simbolizado a la perfección en la «escapada» de la región de la capital).
– Genera enormes diferencias, más allá de toda justificación, en la renta disponible pér cápita de la que disponen para prestar servicios equivalentes a sus ciudadanos las Administraciones encargadas de ello.
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Dado que se nos vienen encima las elecciones generales en apenas seis semanitas, y aprovechando una ocasión tan bonita, voy a permitirme ir lanzando, a medida que se me ocurran y tenga tiempo de plasmarlas, una serie de propuestas de reforma legislativa que me gustaría que fueran acometidas en la próxima legislatura. Y que, huelga decirlo, me parece que sería importante que pudieran llevarse a buen puerto.
Con ello, como es obvio, me alejaré (según el sentir de muchos) de lo que es el Derecho público para adentrarme en el pantanoso territorio de la política. Hay, de hecho, quienes afirman esto de que una cosa es el Derecho administrativo y otra la política con toda la buena voluntad. Los hay, incluso, quienes así lo hacen a pesar de tener la actividad política en muy buen concepto (supongo que también los habrá que afirmarán la separación, antes al contrario, para tratar de dignificar la política separándola del nefando mundo del Derecho, eso seguro). Si tales planteamientos son comunes entre quienes ven muy digno que a uno le guste una u otra cosa pero están poco por la labor de aceptar de buen grado que haya quienes pretendan maridarlos hasta un punto no digamos ya lo que ocurre con quienes comulgan con una de las más dominantes ideas sobre la cosa pública en estos tiempos de pensamiento único y facilón: ésa que tacha la política de actividad indigna per se. Mucho me temo que, para ellos, estas nuevas series del bloc puedan ser particularmente obscenas (en sentido estricto). Pero no pierdo la esperanza de poder convencerles de que, a lo mejor, la ocurrencia no es tan excéntrica.
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En la oceánica entrevista que Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, ha realizado al presidente del gobierno y que el diario ha publicado por partes a lo largo de esta semana, hay un momento delirante, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, interrogado sobre sus creencias religiosas, responde ni más ni menos que:
«Sí, estoy bautizado. Me amparo en mi derecho constitucional a no responderle. ¿Me lo va a respetar?»
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Acaba de conocerse una importante Sentencia del Tribunal Supremo, que tumba una convalidación legislativa realizada por una ley valenciana y que, de paso, obliga a demoler, también, las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. La cosa requiere de algún comentario. De momento, más detalles aquí y un enlace a la sentencia en PDF aquí.
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