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Llevamos un mes de noviembre de lo más deprimente en lo que se refiere a los comportamientos de nuestros políticos, líderes o como se les quiera llamar. En apenas unas semanas Felipe González prácticamente reconoce que el Gobierno de España estaba implicado de forma más que anecdótica en prácticas de guerra sucia contra el terrorismo (aunque al menos expresaba ciertas dudas morales sobre si era o no correcto recurrir a ciertos métodos), George W. Bush admite haber autorizado prácticas de tortura en Guantánamo y además dice estar muy satisfecho porque han sido muy útiles y, para completarlo, Marruecos se pone a masacrar saharauis con el Gobierno español mirando para otro lado y, a poco que se rasca, sacando las excusas de siempre sobre lo importante que es estar a buenas con el vecino y la de beneficios económicos que eso nos reporta.
La verdad es que tiene poco sentido extenderse en cuán revelador es todo esto del panorama que nos ha tocado vivir. Hemos hablado ya en alguna otra ocasión de la marea retro que todo lo invade desde hace un tiempo, de la creciente hegemonía reaccionaria que todo lo puede y que, incluso, tiene capacidad para arrasar con algunas de las nociones más fundamentales del Estado de Derecho en su diseño occidental y garantista. En este bloc lo denunciamos casi desde sus orígenes, lo que permite releer con perspectiva las críticas que en su momento hicimos y hasta qué punto, desgraciadamente, no pecaron de exageradas sino, más bien, de todo lo contrario. Lo más triste de todo es hasta qué punto empiezan a pasar por habituales, por algo dentro del discurso social dominante, este tipo de argumentos y razones.
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Publicado ayer en El País, en su edición de la Comunidad Valenciana:
Un país de bicis
ANDRÉS BOIX 15/11/2010
A veces da la sensación de que a la alcaldesa de Valencia y a quienes mandan en la ciudad ni les gusta demasiado el Cap i Casal ni tienen excesivo cariño a sus vecinos. Hay ejemplos paradigmáticos, como la permisividad, cuando no agrado, con la que contemplan el masivo incumplimiento de todo tipo de normas que logra convertir todos los fines de semana el centro histórico en un gigantesco vertedero. O, en una línea semejante de desconexión con la realidad social de un barrio emblemático y desprecio por su patrimonio histórico, así como por la opinión de los vecinos, la desconcertante obcecación con la que defienden el delirante proyecto de embaldosar los espacios peatonales de las grandes vías de la ciudad al módico precio de casi 5 millones de euros. Los residentes en la zona andan alucinados. El resto, también. Aunque sólo sea por descubrir que incluso en tiempos de crisis se puede destinar con alegría dinero público a semejante extravagancia. Como es evidente, ni la alcaldesa ni su equipo desean, en realidad, hacer daño a la ciudad y a sus vecinos. Los apabullantes resultados electorales que vienen obteniendo demuestran, de hecho, que no es ésa la percepción que se tiene sobre ellos. Pero sí es verdad que su apego a viejas modas y realidades caducas a veces le hace a uno dudar. Es cierto que el cambio de orientación en las políticas públicas es siempre lento y difícil. Pero hay cerrazones especialmente llamativas. Como cuando, como en este caso, los ciudadanos han pasado página de forma masiva y son los políticos, en cambio, quienes se resisten a acompañarlos.
Una creciente marea social, cada vez más visible, cree que el dinero (y no necesariamente tanto, por cierto) hay que gastarlo en reformar la planta viaria actual, hija de políticas desarrollistas actualmente superadas y desacreditadas, para permitir que ganen espacio, comodidad y seguridad tanto peatones como ciclistas. Pero, desgraciadamente, la realidad demuestra que no es fácil que los políticos municipales lo entiendan. El inmovilismo, además, no sólo es cosa de Rita Barberá. De hecho, son muchas las ciudades del país que, a medida que van ganando población y tamaño, se enfrentan a estos mismos problemas y, lamentablemente, están cometiendo errores semejantes a los que se han padecido en la capital. Elche, Alicante, Castellón… incluso Torrent o Paterna empiezan a dotarse de carriles-bici con la timidez y falta de proyecto global que ha lastrado el diseño en Valencia.
Conviene, por ello, aprovechar el inminente debate parlamentario en torno a la ley valenciana de movilidad para forzar a los ayuntamientos a garantizar mejor que los ciudadanos puedan elegir libremente cómo desplazarse gracias a un diseño urbano que permita cierta tranquilidad sea cual sea la opción elegida. Incluso cuando van a pie o en bici. La ley tiene que habilitar a las ciudades que así lo decidan a establecer peajes en sus centros más castigados por el tráfico. E imponer medidas de planificación para cualquier nuevo vial en proyecto, o para el momento en que se acometa la reforma de los ya existentes, de tal modo que se garanticen espacios suficientes a los peatones y vías ciclistas reservadas allí donde son esenciales (en las calles de más de dos carriles). Sólo de esta manera acabaremos logrando que peatones y ciclistas tengan también derechos. Y un país con más bicis y menos coches.
Andrés Boix Palop es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.
Anda revolucionado el país con el nuevo proyecto de ley del Registro Civil que ha preparado el Ministerio de Justicia y que se ha remitido hace poco al Parlamento. El motivo es que su artículo 49.1 señala lo siguiente:
Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de los apellidos.
En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil determinará el orden de los apellidos según su orden alfabético.
El proyecto no cambia la situación actual en una cosa: el padre y la madre pueden, de común acuerdo, decidir el orden de los apellidos de sus hijos. Sí lo hace a la hora de fijar la solución por defecto en caso de desacuerdo. Si en la actualidad ello implica preservar la tradicional preeminencia del varón el proyecto, en cambio, opta por una solución que da prioridad al apellido que comienza por una letra anterior en el alfabeto. Solución que para tratar de evitar la discriminación por razón de sexo acaba conduciendo a futuros desajustes, como se ha señalado reiteradamente desde hace días, en la medida en que supone que paulatinamente irían desapareciendo muchos apellidos. Hay quien propone el sorteo para paliar este efecto. Hay quien apuesta por el apellido menos común.
En cualquier caso, son cuestiones menores. A mí me parece mucho más importante responder a la siguiente pregunta. ¿Ha de fijar una ley el orden de los apellidos? ¿Qué sentido tiene que se haga así, que haya una pauta obligatoria que hay que seguir necesariamente?
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Publicado ayer en El País, en su edición de la Comunidad Valenciana.
Una nueva ley electoral
ANDRÉS BOIX 01/11/2010Desde hace unas semanas el presidente de la Generalitat acompaña sus intervenciones públicas con referencias a la conveniencia de cambiar la ley electoral valenciana. Según ha razonado Francisco Camps, la actual ley electoral provoca cierto desapego entre ciudadanos y políticos, debido a que los diputados se deben más a sus partidos, que los incluyen en las listas, que a los electores. Tiene toda la razón al señalarlo. La solución que ha esbozado, o al menos ésa es la que mencionó en el Debate de Política General, sería el cambio a un modelo parecido al inglés, al francés o al vigente en los Estados Unidos, donde los diputados son elegidos en circunscripciones electorales uninominales. Como es evidente, esta propuesta dista de ser neutra respecto de los resultados electorales previsibles en nuestro país. Si de verdad Camps cree bueno cambiar el sistema debería proponer una alternativa menos claramente favorable a su partido.
Además, una nueva ley electoral así diseñada, si bien es cierto que incrementaría el grado de responsabilidad de los diputados para con los ciudadanos (cada uno de nosotros tendríamos «nuestro diputado», que habría de rendir cuentas de una manera más directa de lo que ahora es habitual), también potenciaría las mayorías absolutas y el bipartidismo. Lo cual, aun teniendo como efecto positivo, sin duda, facilitar la gobernabilidad, tiene como contrapartida limitar el pluralismo y la efectiva representación del amplio abanico de ideas políticas que en realidad alberga toda sociedad.Es obvio que las dificultades para lograr una óptima gobernabilidad o la excesiva atomización de nuestro modelo de partidos no son, a día de hoy, problemas de nuestro sistema político. En cambio, somos bastantes los que a lo largo de estas décadas de democracia autonómica hemos votado alguna vez a partidos que, a pesar de haber obtenido un número de votos apreciable, han quedado excluidos por la aplicación de las reglas electorales. Sería mucho mejor diseñar un sistema que permitiera esa mayor ligazón entre representantes y representados pero que, a la vez, no penalizara el pluralismo ideológico.
Dado que elegimos un número elevado de diputados autonómicos (99) es posible establecer este modelo mixto. Así, una cincuentena de ellos podría ser elegidos por un sistema como el que propone Camps, con circunscripciones uninominales que comprenderían unos 100.000 ciudadanos cada una. Las ciudades de más de 100.000 habitantes y las comarcas podrían ser la base para el cómputo. Por ejemplo, la ciudad de Alicante se dividiría en tres zonas, cada una de las cuales elegiría un diputado; Castellón y Elche en dos; Valencia en ocho; mientras que Torrevieja sería una única circunscripción. Comarcas como Els Ports o L’Alcoià elegirían un diputado; otras como La Marina Alta, L’Horta Nord o La Safor, dos… y así con cada una de ellas. El resto, unos cuarenta diputados, podrían ser elegidos en una única lista de ámbito autonómico, con un reparto proporcional que garantizaría que un partido con un 2,5%-3% de los votos en todo el territorio tuviera, al menos, un diputado. Así lograríamos, a la vez, una mejor representación de la diversidad y un sistema que fomentara el contacto entre elegidos y ciudadanos sin, por lo demás, previsiblemente, poner en riesgo la gobernabilidad.
Andrés Boix Palop es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.
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