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Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón… O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).
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Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.
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Ayer publiqué en el diario El País, edición de la Comunidad Valenciana, un artículo sobre el descontrol que se apodera de Valencia durante las Fallas y cómo, con la aquiescencia del Ayuntamiento, prácticamento todo pasa a valer gracias a la manida excusa de que «estamos en fiestas».
La situación de caos generalizado en beneficio de quienes quieren maximizar sus deseos de fiesta o de los múltiples negocietes asociados que menudean al socaire de las celebraciones comporta, inevitablemente, muchas restricciones en los derechos de otros ciudadanos, que han de padecer todo tipo de incomodidades, especialmente de noche, pues se supone que los valores culturales y tradicionales de la fiesta justifican restriccions en los demás de derechos fundamentales. Ahora bien, cuando las fiestas son como las Fallas, y la actuación (por llamarla de alguna manera) del Ayuntamiento de Valencia comporta la autorización de unos 400 (sí, han leído bien, CUATROCIENTOS) emplazamientos en toda la ciudad con autorización para celebrar verbenas emitir música en directo hasta las cuatro de la mañana durante 3 y hasta 4 noches seguidas (amén del anticipio ya tradicional, la «propina fallera» de las noches de viernes y sábado previos a las fiestas), tenemos un problema general y gravísimo de perturbación de la vida, salud y trabajo de quienes tienen la desgracia de ser niños, ancianos, dependientes o simplemente personas que trabajan y al día siguiente han de estar despiertas de buena mañana.
¿Cómo es posible que algo así se consienta jurídicamente?
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En esta línea de preocupación e inquietud que no está generando a los juristas la peculiar transposición que se está haciendo de la Directiva Bolkenstein en España, ayer publiqué en El País Comunidad Valenciana el siguiente texto, donde auguro lo peor tras los recientes cambios normativos. Si hasta la fecha los servicios de actividades de los ayuntamientos españoles se han caracterizado por el enorme descontrol, lo que genera muchos problemas a los vecinos y concede muchas ventajas a los empresarios, imaginemos en qué se puede convertir esto cuando se generalice, como se intuye que va a pasar, la desaparición de controles públicos y su sustitución por declaraciones responsables y comunicaciones previas donde habrá agentes privados con capacidad para certificar cumplimientos de la normativa vigente.
Descontrol con las licencias
ANDRÉS BOIX 07/03/2011
No sé si se habrán fijado en que los hosteleros de este país se quejan de todo. Aquí el debate público no lo ocupan propuestas sobre nuestro modelo productivo, sino los reiterados lamentos de los dueños de locales de ocio pidiendo que se cambie todo tipo de leyes para eliminar cualquier restricción que les perjudique. No les gusta que no se pueda fumar. Ni que se prohíba beber a la puerta de sus locales. Querrían ocupar las vías públicas hasta el último metro con sus terrazas. Así como zonas públicas como los paseos marítimos. Los horarios de cierre son dictatoriales. Por no olvidar la más habitual y recurrente de sus críticas, cuando despotrican contra quienes exigen respeto al sueño y descanso de los demás. Oiga, que aquí todos estamos de fiesta, haciendo caja y al que no le guste, pues mire, que se vaya del pueblo.
Sin embargo, a los probos empresarios del sector no les parece todo mal. En concreto, no se escucha crítica alguna de sus asociaciones a cómo funcionan, por lo general, los servicios de actividades de nuestros Ayuntamientos, encargados de dar las licencias y de vigilar que se cumplen las normas. Algo es algo. Probablemente tenga que ver con que, por poner el ejemplo de la ciudad de Valencia, en Ciutat Vella los servicios municipales tienen censados menos de 20 locales, entre discotecas y pubs con ambientación musical, que tengan permiso para mantenerse abiertos más allá de la una de la madrugada. Sí, han leído bien. Una veintena escasa… Pues eso.
No es de extrañar que una gestión administrativa tan deficiente, anclada en la idea de que el mejor control municipal es el que no existe, acabe con escándalos como el de la denuncia de extorsión a cuenta de la licencia de un prostíbulo que ha sido noticia estos días. Es lo que inevitablemente ocurre cuando una Administración, en este caso el Ayuntamiento de Rita Barberá, en lugar de hacer su trabajo se instala en la inacción cómplice con los que no cumplen las normas fomentando, entre el aplauso de los hosteleros, el laissez faire y el descontrol.
Mientras tanto, se está empezando a producir una importante transformación jurídica de mucho calado sin apenas debate ciudadano. Una directiva europea (la de servicios) se ha interpretado en España de modo inédito en Europa como una norma que obligaría a eliminar buena parte de los tradicionales controles administrativos previos sobre estas licencias. La Generalitat Valenciana ya ha publicado un decreto que va en esta línea y permite aventurar qué será lo que nos deparará el futuro. La Administración no concederá las licencias, sino que habrá agentes privados que validarán que los locales cumplen con la legislación y con ello será suficiente para abrir. Hay quien dice que, dado que los Ayuntamientos, en la práctica, apenas si cumplían con sus obligaciones, pues que no pasa nada porque la cosa se oficialice y que, al menos, ahora habrá otros mecanismos de control. A otros, en cambio, nos da un poco de miedo, a la vista de cómo funcionan las cosas por aquí, cómo puede acabar todo esto si se suma a la inacción pública la aparición de una intermediación privada como la que empieza a intuirse. Porque estamos hablando de un campo donde, sin una Administración que inspeccione y supervise con medios y con rigor (aunque sea a posteriori), el abono a la corrupción sería espectacular. ¡Vaya panorama!
Andrés Boix Palop es Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universitat de València
El pasado jueves el diario El País, en su edición de la Comunitat Valenciana, me publicaba un artículo sobre la desidia del Ayuntamiento de Valencia a la hora de atajar los problemas relacionados con el ruido nocturno generado por actividades autorizadas por el propio Ayuntamiento. Al margen de comentar cuestiones más o menos conocidas, como es el hecho, sorprendente, de que las Administraciones aprueben normas que luego no tienen el más mínimo interés en cumplir (es el caso de la propia ordenanza de contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia o de su normativa en materia de actividades) o de la dantesca imagen que produce la reiterada y abierta negativa de las autoridades a cumplir no ya con las leyes estatales, autonómicas o de la Unión Europea sino, incluso, ¡con sentencias judiciales que les condenan a adoptar medidas para limitar el ruido una vez constata su responsabilidad por la inacción continuada! trataba de alertar sobre hasta qué punto era preocupante la pinta que tenía la actuación del Ayuntamiento y sus claras intenciones de colaborar con los infractores para que continúen campando a sus anchas. Porque, si ni siquiera hace cumplir las normas actualmente en vigor, ¿acaso se puede esperar que se tome en serio la adopción de nuevas medidas para atajar el problema del ruido en una zona ya declarada judicialmente como acústicamente saturada? Porque, si es ya evidente a estas alturas que quien dicta las normas es la mafia del ruido y del copazo, ¿acaso podía confiar alguien en que todo este proceso de consultas y reflexión condujera a un fin diferente al de tratar de conseguir que, pese a las condenas y las leyes, todo siga igual para preservar el modelo de negocio de algunos, fundamentado en avasallar los derechos de los demás ciudadanos para llevarse un buen dinerito?
Pues con sorprendente rapidez, apenas dos días después, las peores previsiones se cumplen. Un 31 de julio, muy convenientemente (eso sí, para compensar y que no se diga, ¡dan un mes para presentar alegaciones, los tíos, en plan rumboso!), aprovechando las vacaciones y tratando de que pase inadvertido el escándalo que supone esta situación de abierta rebeldía frente a la ley y frente a las sentencias de condena (y aprovechando también, por cierto, el silencio cómplice de casi toda la prensa local, invadida de anuncios de la mafia de ruido y del copazo, muy eficaces, al parecer, para dejarles claro, también, a qué intereses han de servir), el Ayuntamiento aprueba provisionalmente las medidas con las que, según estiman sus responsables, dan cumplimiento a la orden del juez.
El resumen de las nuevas limitaciones es fácil de hacer: ninguna (porque eso de que se adelante media hora el cierre de las terrazas, «excepto de marzo a octubre y los fines de semana» y además «dando media horita para que se desmonten con calma» es, qué quieren que les diga, una burla impresentable). O bueno, sí. Hay una medida: joder a los inmigrantes. La única restricción novedosa es contra los kebabs y los chinos. Curiosamente, las bestias negras de los hosteleros de la mafia del copazo y del ruido, que llevaban un tiempo quejándose de «competencia desleal» y de que «degradaban la zona». A ellos sí les restringirán el horario mientras los otros, los responsables de la degradación y de la invasión de todo el centro con turismo basura de botellón, les dan vía libre para seguir a su bola. No sólo son los responsables de la degradación del entorno y de que el tipo de turismo que lo frecuente sean turistas borrachos buscando garrafón y un lugar donde «todo valga» para hacer el salvaje que en ningún otro lugar de Europa se autoriza. Es que, además, la autoridad municipal les va a permitir monopolizar a los que ya han creado el problema su rentabilización económica, expulsando a las alternativas adicionales de baratillo que, lógicamente, son las únicas que se sienten atraídas por un entorno de esas carcacterísticas. Porque, claro, como esa gente no es de aquí, por lo visto no sabe cómo hay que «engrasar» (por vías siempre legales, por supuesto) a las autoridades y medios de comunicación locales para que, caiga quien caiga, la ciudad te sea rendida a tus pies y puedas hacer tu buen dinero sin tener licencia, sin pagar impuestos, sin seguridad social, ocupando la vía pública, cerrando a la hora que te dé la gana e incumpliendo todo tipo de normativas y leyes sin que pase absolutamente nada. Porque lo peor de todo es que las laxas, laxísimas medidas son, además, papel mojado. Aún está por ver el barrio eso de que un local sancionado y clausurado por no tener licencia, por cerrar a la hora que más le agrade, por ocupar la vía pública, por vender alcohol a menores… (y si me lee alguien del Ayuntamiento y piensa que miento que se ponga en contacto conmigo o con la asociación de vecinos y les pasamos un listado de infractores que llevan años haciendo lo que les pluge sin tener el más mínimo problema).
No por previsible, dado el evidente secuestro de nuestras autoridades locales, que en vez de velar por los vecinos tienen como prioridad la protección de los intereses espurios de unos pocos, es menos lamentable el desenlace.
Dejo a continuación copiado el artículo de prensa publicado el jueves.
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