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Parece ya, a estas alturas, definitivo que los jueces irán a la huelga, salvo que la cosa se arregle (que no parece), el próximo 18 de febrero. Y la cosa ha dado lugar a un debate donde, como es lamentablemente habitual en estos casos, las razones que se cruzan no se sitúan exactamente en los términos deseables en toda discusión racional. Al parecer, según opinan gobierno y oposición, los jueces no tienen derecho a la huelga «porque son un poder del Estado» y además la huelga (en esto insiste más el gobierno y en especial el Ministro de Justicia) carece de sentido y no es más que una reacción corporativa a las críticas, durísimas, con las que desde la clase política, empezando por el propio Presidente del Gobierno, se acogió la decisión del Consejo General del Poder Judicial de no sancionar más que con una leve multa al juez Tirado.
En torno a estas dos ideas gira toda el debate suscitado a raíz de la «convocatoria» de las «asociaciones» de jueces, quienes básicamente niegan el argumento de que ellos, «como poder del Estado», no puedan hacer huelga no tanto negando la mayor (argumentar que un juez no es un «poder del estado», signifique eso lo que signifique y suponga lo que suponga, no es algo que precisamente sea del gusto de los jueces, vaya Usted a saber por qué) sino aduciendo que, por muy poder del Estado que sean, en un ordenamiento jurídico moderno y en un Estado de Derecho «lo que no está prohibido está permitido» (y más todavía si estamos hablando de derechos constitucioanalmente consagrados), por lo que, no estando expresamente prohibida la huelga para los jueves, hay que entenderla admitida. Por otra parte, los jueces, formalmente, aducen motivos bien diferentes al «caso Mari Luz» para ir a la huelga, que supuestamente busca reclamar contra la falta de medios de la Administración de justicia y, de paso, más jornal y menos horas (y menos control horario sobre la organización de su tiempo).
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