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Como es sabido, una de las últimas polémicas generadas por el actual Gobierno en materia de educación tiene que ver con las becas universitarias, que se pretenden reducir de modo importante y, además, vincular a la obtención de notas más elevadas que el mero aprobado. La propuesta ha generado un reacción muy dura por parte de toda la oposición (más la social que la política, que está dedicada a sus enésimos pactos de estado) y un posicionamiento también muy crítico por parte de la Conferencia de Rectores que considera, con razones de peso, que es un ataque a la idea de que la Universidad pública ha de estar abierta a todos, con independencia de su situación económica de partida. El rechazo a las medidas, más allá de lo que se pueda decir sobre el contenido de las mismas, se enmarca en una oposición de fondo de gran parte del sector educativo a muchas medidas de recorte respecto de la enseñanza pública que tienen un tufo muy evidente a voluntad de demolición paulatina de la misma para acabar convirtiéndola en un sistema de mínimos para inmigrantes, clase trabajadora y demás ciudadanos no privilegiados. Análisis que no es aberrante que se haga en términos de clase, a la hora de la verdad, porque las explicaciones que se están dando por parte de los defensores de la reforma, desde las que ofrece el propio Wert exponiendo más o menos que entre todos pagamos a unos haraganes que no se lo merecen, a las que nos aportan antiguos miembros de gobiernos del PP que van diciendo por ahí que a los becarios les pagamos todos un sueldo mensual de casi mil euros, pasando por exóticas afirmaciones como eso de que hay niñas que usan el dinero de la beca para ponerse tetas, dan verdadera vergüenza ajena y dibujan a un tipo de español muy de toda la vida, privilegiado e ignorante, que se siente amo del cortijo por la Gracia de Dios y del Caudillo y que tiene muy claro de qué va todo esto y cómo han de ser las cosas… y a ser posible que lo sigan siendo así siempre.
Lo más llamativo de toda este follón es que en medio del lío tenemos muy oscurecidas las verdaderas claves del debate, que deberían en torno a quién y cómo ha de pagar por la educación superior, si el Estado (esto es, entre todos) la hemos de subvencionar y, ya que estamos, qué es lo que pasa con los señoritos del cortijo. ¿Pagan ellos por su educación superior? ¿Se les pide rendimiento como a los becarios? ¿Por qué unos pueden ser subvencionados a partir de un 5 y otros necesitan un 6’5 para serlo? Así que tratemos de ir a lo fundamental, para ver si nos aclaramos un poco. Y lo hago también, como siempre en este blog, con la idea de recibir feedback y críticas, porque tampoco tengo certezas inamovibles en esto (bueno, de hecho, en casi nada) y sí muchas dudas. De modo que cualquier comentario o crítica que detecte fallas argumentales o incoherencias, o que simplemente me demuestre que lo que digo son majaderías será muy bien recibido.
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Ayer publicaba una columna en El País (edición Comunidad Valenciana) donde explicaba por qué, a mi juicio, la corrupción en España no debe combatirse sólo con jueces y empleando el Código penal. Es un argumento que ya he empleado aquí muchas veces, y que se basa en la evidencia de que el Código penal no es muy eficaz para resolver problemas sociales, especialmente si están muy extendidos (ni llega a todos los que cometen delitos, ni es particularmente justo atribuyendo responsabilidades ni, sobre todo, puede hacer nada respecto de la cantidad de comportamientos chungos que, sin embargo, no son delito) y si, además, vivimos en un país donde la corrupción de menudeo, pequeñita, de baja intensidad, pero constante, es la regla. Y lamentablemente, entre desgobierno y astillas, como ha denunciado siempre certeramente Alejandro Nieto, se mueve este país. Toca asumirlo y empezar a asumir cómo afrontar el problema de una corrupción bastante sistémica y estructural:
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Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón… O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).
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Previously on this blog:
– Las compañías eléctricas toreando sin complejos a los clientes, con la CNE de atenta espectadora (más detalles).
– El Banco de España y su incapacidad para defender al pequeño cliente de las múltiples trampas y trampitas que usan las entidades de crédito (más detalles).
Y en el capítulo de hoy… las Cajas, su desaparición, los controles sobre su actuación, los desmanes varios y, sobre todo, la actuación del Banco de España.
Lo que se empezó a hacer, por medio de un Decreto-ley, en mitad del Mundial de Fútbol del pasado verano, se ha completado en este inicio de 2011, según ha anunciado la Minstra de Economía Elena Salgado esta tarde en rueda de prensa. Ignoramos cómo se plasmará la reforma, pero no es arriegado que de nuevo tendrmeos un Decreto-ley, que es la nueva forma «ordinaria» de legislar». Esperaremos al viernes, en cualquier caso, a ver qué dice el Consejo de Ministros. Lo importante, de todos modos, no es eso. Lo importante es que ya se ha culminado el derribo de las Cajas de Ahorros su puesta a diposición de la banca privada, aprovechando la sensación de que para afrontar la crisis hay que hacer «lo que sea».
Lo que sea, en este caso, se resume en los siguientes pasos, claramente dirigidos a acabar con las Cajas de Ahorros y que ya estaban perfectamente esbozados en los cambios que se introdujeron el verano pasado, que conducían inexorablemente hacia donde conducían, por mucho que nos dijeran que no, que no tenían la intención de acabar con el modelo de entidades financieras públicas que hemos venido construyendo desde hace siglo y medio:
– obligar a las cajas de ahorros a fusionarse para diluir el control regional sobre las mismas y ponerlas en manos de los dos grandes partidos políticos de ámbito nacional, que tienen muy claro que no quieren poner palos en las ruedas al proceso, a diferencia de lo que ocurre con algunos de sus miembros «de provincias» (primer paso ya conseguido a lo largo de 2010 con amenazas de intervención del Banco de España y con el caramelito del dinero del FROB puesto ahí para facilitar liquidez en momentos como éstos, de contracción del circulante);
– incrementar repentinamente las exigencia de solvencia, con la excusa de la crisis, de la desconfianza de los mercados y de Basilea III (que no es tan exigente, y que además da un plazo de adaptación mayor), yendo más allá de lo que se pide a España desde fuera y completándolo, en una vuelta de tuerca asombrosa, según ha explicado hoy en rueda de prensa la Ministra Salgado, con la retorsión, incluso, de exigir más cobertura a las Cajas que a los Bancos y, en concreto, anunciando que serán si cabe más exigentes con las Cajas que «voluntariamente» no se transformen en bancos (la razones de esta exigencia adicional es que, como no están sometidas al escrutino de los mercados, al no cotizar, hay que ser más cuidadosos con ellas… ¡pero no habíamos quedado en que el Banco de España era el mejor supervisor del mundo!, ¡pero no se suponía que los mercados eran irracionales, como cuando atacan la deuda española!, pues no, ahora va y resulta que a las Cajas les metemos más caña que a sus homólogos privados por estar menos expuestas a sus vaivenes, dicen; en la práctica esto servirá para señalar a las cajas como insolventes y a los bancos como una maravilla);
– tras este inopinado incremento de las exigencias por parte del regulador, que lógicamente provoca una tensión adicional en un momento en que la crisis ha hecho que la gestión de cualquier entidad financiera sea muy complicada y ajustada a los límites y márgenes de maniobra (como les pasa a los gobiernos y los límites de déficit, por ejemplo; o a todos nosotros con el presupuesto familiar en un momento de recortes: el colchón de seguridad es menor), el Gobierno declara tajantemente que quien no cumplan estas normas sobrevenidas es que está en situación de insolvencia y, por ello, habrá de ser intervenido, rescatado:- se anuncian unos meses de plazo para ajustar (pero ese ajuste será muy difícil, por no decir imposible en muchos casos, debido a lo que hemos explicado sobre el colchón) las cuentas a las nuevas normas, pero si no se logra en septiembre el Gobierno, sencillamente, nacionalizará las cajas para «sanearlas»;
– vamos, que aquellas Cajas que no se rindan directamente desde un primer momento aceptando ellas mismas convertirse en corderitos bancarios prestos a ser engullidos (que alguna habrá, dado que ahora están ya más que nunca controladas directamente por los partidos estatales) tendrán muchos problemas para justificar ante la opinión pública su solvencia y enormes dificultades, en este contexto recesivo, para incrementar el mínimo de capital exigido hasta el 8% (y el extra anunciado para las Cajas, que no se sabe cuál será), con lo que vamos a asistir a una mortandad brutal;
– el Gobierno meterá dinero en las Cajas, dinero público, dinero de todos, y a continuación (¿alguien lo duda?) las venderá a la banca española, previsiblemente a precio de saldo, alegando que las Cajas están en una situación pésima y que casi nos están haciendo un favor al quitárnoslas de encima; a esto lo está llamando la peña «nacionalización» (algo curioso, porque las Cajas ya son sector público) cuando es una mera inyección de capital destinada, simplemente, a hacer más digerible el bocado.
Y ya está. De golpe y porrazo, el sector bancario español se habrá zampado, como lleva 3 décadas pretendiendo hacer (eso sí, siempre esparando para lograrlo contar con la ayuda del legislador y del gobierno, dado que no ha habido manera de expulsarlas del mercado a base de ofrecer mejor servicio y de dar más ventajas a sus clientes, ¡a pesar de las constantes críticas a la ineficiente gestión de las Cajas!, -una sorprendente ineficiencia que les permitía, increíblemente, competir de tú a tú con «la banca más solvente del mundo») a las Cajas de Ahorro, que representan la mitad del sector financiero español, y, además, la mitad más próxima y cercana a la sociedad, a los pequeños ahorradores y, por cierto, las únicas entidades gestionadas desde la periferia y desde núcleos de población no centrales.
Traigo aquí parte de las reflexiones de julio pasado, que como el Mundial lo ocupaba todo, seguro que pasaron inadvertidas, pero que son de plena actualidad, en las que trataba de explicar las razones por las que esto, por mucho que nos digan, no es algo bueno:
¿Por qué es grave que algo así ocurra? Pues al margen de la ausencia de debate, de la espectacular silenciación de cualquier oposición por parte de una prensa española que tiene bien claro quién manda, de la manera en que poco a poco, esos mismos dueños del país han acabado logrando convencer a las elites políticas y funcionariales de que cedan también en su resistencia, de la manera en que se aprueba la norma, del momento elegido… al margen de todo eso, porque las razones de fondo para cambiar el modelo de Cajas de Ahorro no se sostienen. Voy a tratar de trazar una serie de puntos, señalados a vuelapluma y enunciados de modo necesariamente breve, por lo que esto es así. Espero se me disculpe la concisión en cada una de las razones:
En primer lugar porque las Cajas de Ahorro, contra la línea de opinión dominante, han jugado un importantísimo papel en este país y han funcionado moderadamente bien, satisfactoriamente. Son rentables, ganan dinero y están gestionadas de modo más que competente. De hecho, ésa es la razón por la que la gran banca desea cargárselas como competencia y comérselas para quedarse con sus clientes (que se han ganado compitiendo en buena lid en el mercado). Si fueran un desastre no necesitarían ayuda pública, vía una norma que se las ofrece en bandeja, para liquidarlas por medio de su mejor acción en el mercado.
En segundo lugar, porque la tan criticada influencia política en las mismas, que es innegable, no ha generado, si miramos el mapa global del sector, una peor gestión que la que se ha realizado siguiendo criterios puramente “empresariales”. De hecho, si miramos a la historia de los últimos 40 años, y también a la actual crisis, los pufos más espectaculares los han protagonizado, en general, en España, bancos más que Cajas de Ahorro. Otra cosa es que las medidas del Banco de España tengan todo este asunto en el armario y que, de momento, la “entidad supervisora” esté escondiendo las vergüenzas del secrtor (y las suyas propias) tras una sucesión de normas impresentables que permiten no actualizar balances. Eso sí, toda esa “comprensión” con el sector privado se torna exigencia radical cuando miramos a las Cajas, a las que han obligado a fusionar para centralizar en Madrid todo el poder económico posible (el caso de la fusión entre Bancaja y Cajamadrid es probablemente uno de los ejemplos más escandalosos de cómo funcionan las cosas en este país) y están ahora conduciendo con descaro al matadero para que BBVA y Santander se las vayan quedando en un futuro no muy lejano.
En tercer lugar, porque, como es obvio, si las Cajas dedican sus beneficios a pagar dividendos habrá mucha menos obra social. Y la obra social de las Cajas ha sido muy importante en este país. Unas instituciones que revertían en la sociedad de donde extraían sus beneficios gran parte de éstos pasarán a funcionar con una lógica estrictamente capitalista. Se supone, sí, que por esos dividendos que reciban los inversores los ciudadanos obtendremos una parte, vía impuestos. Dado cómo está el asunto de las SICAV y, en general, la imposición a las rentas de capital, la cosa es para ponerse a llorar. En todo caso, y dado que la obra social de las Cajas, además de para cosas interesantes, sirve para pagar favores, uno tiene la esperanza de que, al menos, esto conlleve ciertas estrecheces al sector de artistas y Familia Real especializados en vivir de estos dineros. Pero no caerá esa breva. La obra social que primero desaparecerá será la otra.
En cuarto lugar, porque las Cajas han nacido y crecido con el esfuerzo de clientes, impositores, gestores y, en general, sociedad civil. Que ahora se permita que se regale por cuatro duros todo este patrimonio público acumulado al sector privado no tiene nombre. O sí. En cualquier caso, a la vista de la ausencia total de preocupación ciudadana porque este robo a plena luz del día se consume, cuando no el apoyo entusiasta a que se las queden los bancos “para que desaparezcan los chupópteros” (a la vista está que, en estos tiempos, al ciudadano no se la hace posible imaginar que haya chupópteros que viven de nuestro dinero en el sector privado), hay que concluir que es la propia sociedad civil la que parece encantada con regalar su patrimonio.
En quinto lugar, porque el sector financiero funciona mejor con Cajas de Ahorro que sin ellas. La experiencia comparada lo demuestra sin dificultades. Países de la situación, talla y músculo financiero de España sin cajas de ahorro hay pocos, porque es un coste que no se puede uno permitir. En nuestro país, su función de “pequeña banca de proximidad”, que recoge el ahorro privado de muchos ciudadanos y luego lo pone en el mercado del crédito ha sido básica debido a las dificultades de nuestra banca para acceder al mercado del crédito interbancario a tipos de interés asequibles. De hecho, parte de la crisis económica y financiera actual se debe a que, debido a las presiones sufridas por las Cajas en los últimos años, éstas han actuado cada vez más como la banca tradicional, abandonando (en parte) ese negocio de proximidad tradicional. En cuanto han venido mal dadas, eso ha drenado el crédito y los riesgos excesivos han impedido que funcionara el lubricamente para la pequeña y mediana inversión que suponía esa tradicional captación de capitales que hacían las Cajas.
Y, en sexto lugar, porque este proceso, además, fomenta la concentración en el sector financiero. Y a la vista está (tenemos, de hecho, experiencias recientes) que las bancas y cajas que tanto en España como en el mundo, en general, mejor se han comportado, han sido las pequeñas y medianas, mientras que las grandes se han apalancado que da gusto y han pasado (y pasan) por dificultades mucho mayores (eso sí, socorridas con dinero público si es preciso por eso de que son “demasiado grandes para caer”). Por no hablar de la diferente afección al sistema que supone que quiebre alguna entidad pequeña que el que lo haga una grande, que debiera llevar a la conclusión de que es más sano un entorno con diversas entidades medianas que otro con un par de mastodontes. Llama la atención hasta qué punto las leyes sagradas del capitalismo (fomentar la competencia entre los diversos actores del mercado, por un lado; y no poner todos los huevos en la misma cesta, por otro) son normas que el consenso de sabios dedicados a esto de la regulación del sector financiero entiende que no han de aplicarse, precisamente, al propio sector.
Pues ya está. Se acabó. Adiós a las Cajas. Ya veremos quién, cómo y a qué precio se las quedan. Y cuánto tardan. Pero la partida ha terminado. Game over. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
P.S.: En el texto anteriormente enlazado y en parte reproducido de julio del año pasado se inició un muy interesante debate sobre el comentario que realicé y la situación de las Cajas. No he cambiado sustancialmente de opinión y, de hecho, creo que la evolución de los acontecimientos demuestra que muchos de, por no decir todos, los recelos expresados en julio tenían mucho sentido. Pero ello no quita para que en los comentarios se pusieran de manifiesto objeciones muy interesantes y se generara un debate que, aprovechando que el tema vuelve a estar de actualidad, les recomiendo que relean porque, de verdad, vale la pena. También, por cierto, porque hubo quien aportó información muy interesante con evidente conocimiento de lo que estaba hablando. Ya digo, les recomiendo que repasen los comentarios.
Estamos hoy, los funcionarios españoles, llamados a secundar una huelga en protesta por los recortes anunciados por el Gobierno. Hace un par de semanas ya tuve ocasión de manifestar que, no compartiendo en absoluto las medidas aprobadas por quienes mandan, sean éstos quienes sean, tenía muchas reservas respecto de la conveniencia de secundar una huelga como la planteada. Por muchas razones en las que se mezclaban mi propio desacuerdo con quienes las convocan y se quejan ahora cuando han sido muleta de apoyo de una política económica suicida, de una política social de vergüenza, de una minoración general y constante de los servicios públicos y de la difusión y afianzamiento de un marco ético sobre la convivencia que me parece repugnante, donde los mínimos deseos personales han de ser primados, siempre que sea posible, sobre cualquier consideración atinente al bien común. De hecho, en el fondo, la huelga de hoy es un triste epígono de estas muy consolidadas tendencias sociales y del comatoso estado al que se dirigen, de la mano, sindicatos y función pública.
Pero junto a estos motivos, también aproveché para explicar por qué, desde un punto de vista estructural, no me convencían las huelgas de funcionarios como instrumento para reclamar mejoras laborales. Quedó pendiente analizar una segunda parte indisolublemente asociada a estas consideraciones: la situación y actuación de los sindicatos y la negociación colectiva en la función pública.
Continúa leyendo Huelga de funcionarios y sindicatos en la función pública (II)…
Quienes hemos tratado, desde el viernes pasado, de encontrar en el BOE el Decreto-ley con el tijeretazo aplicado por el Gobierno a funcionarios, pensionistas y demás hierbas molestas del Estado del Bienestar hems tenido que esperar hasta hoy. Nos que sea grave dejar pasar unos días, a fin de cuentas eso nos ha permitido charlar sobre el asunto, de lo enfadados que estamoss, de lo alucinantes que son las medidas… especialmente entre funcionarios, pues a fin de cuentas esta primera ronda, esencialmente, corre de nuestra cuenta.
Pero no deja de ser curioso que, a pesar de la urgencia con la que se reunió el Consejo de Ministros, del empleo del Decreto-ley y de las prisas que metieron Obama e incluso el Primer Ministro chino, ¡sí, el chino!, con sus llamadas a Rodríguez Zapatero, hayan pasado varios días sin que se conozca el texto exacto que concretaba los recortes. Hasta hoy miusmo, al parecer, lo estaban peinando. Y añadiendo artículos y artículos para tratar de regular específicamente la situación, prácticamente, de cada cuerpo.
En fin, si tienen interés, ahí lo tienen, recién salido del horno. Ha habido que esperar hasta el BOE de hoy, pero al fin ha llegado. Hossana en el cielo.
Con tanto interés por descubrir cómo se concretaba el tijeretazo, los Boletines de estos pasado días habrán merecido un escrutinio bastante más intenso del habitual. Llama por ello la atención que este mismo sábado, con toda la tranquilidad del mundo, el Ministerio de Cultura se haya largado la concesión de una serie de subvenciones por vía directa, con toda la tranquilidad del mundo, y por importes en ocasiones notables.
Como no deja de ser una alegría que, en tiempos de tribulación como los que vivimos, siga habiendo dinero para lo realmente importante, copio y pego la lista de agraciados. El 22 de diciembre, más.
a) A la Fundación Cristóbal Balenciaga, para gastos de funcionamiento, 430.000 euros.
b) Al Ayuntamiento de Barcelona para las obras de reforma del Museo de Historia de Barcelona, 250.000 euros.
c) Al Ayuntamiento de Montblanc para la restauración de la muralla, 400.000 euros.
d) A la Universidad de Alcalá, para el proyecto de investigación «Relaciones Iglesia-Estado durante los siglos XVII y XVIII», 700.000 euros.
e) A la Fundación Leer León para cancelación de su déficit de explotación, 135.000 euros.
f) A la Fundación Hospital de la Santa Creu y Sant Pau para sus gastos de funcionamiento, 300.000 euros.
g) Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales, 600.000 euros.
h) A la Fundación Federico García Lorca de Granada para el desarrollo de las actividades del Centro García Lorca de Granada, 27.000 euros.
i) A la Fundación Hospital de la Santa Creu y Sant Pau para el proyecto de rehabilitación del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, 400.000 euros.
j) A la entidad cultural Foto-Film Calella para Festimatge-Certamen Estatal de la Imatge de Calella, 50.000 euros.
k) A la Coral de Cámara de Pamplona para el desarrollo de sus actividades, 204.000 euros.
l) Al Consorcio Patronato del Festival del Teatro Clásico de Mérida para el desarrollo de las actividades del Festival, 300.000 euros.
m) Al Ayuntamiento de Cassá de la Selva para la construcción del Centro de Artes Escénicas, 300.000 euros.
n) Al Ayuntamiento de Terrassa para la rehabilitación del Teatre Principal de Terrassa, 250.000 euros.
ñ) Al Ayuntamiento de Sant Martí de Riucorb para la construcción del Teatro y Centro Cultural, 250.000 euros.
o) Al Ayuntamiento de Vic para el Complejo Cultural-Teatro de Vic, 1.000.000 euros.
p) Al Ayuntamiento de Collado Villalba para la construcción del Centro Nacional de Teatro de la Discapacidad, 550.000 euros.
Felicidades a todos los premiados.
Si alguno de ellos tiene a bien contarnos cómo se consiguen estas cosas, estaremos encantados de aprender un poco.
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