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– Algo de sensatez en el asunto de poner micrófonos a los abogados para saber qué les cuentan sus clientes y cómo pretenden preparar la defensa. Era obvio que una salvajada de tal calibre no podía tener una vida jurídica demasiado larga. Por muchos que haya demasiada gente que se haya querido empeñar en lo contrario. EL TSJ de Madrid va reconduciendo la situación (en el enlace a la noticia tienen los links al auto y voto particular, ambos en PDF), como previsiblemente acabará pasando cuando el asunto llegue al Supremo o, en su caso, al Constitucional. No sólo es que la ley sea clara al respecto, es que, además, cualquier modelo garantista no puede dudar en plantar las barricadas frente a cuestiones de esta índole, por mucho que la tentación del atajo siempre esté presente y que los cantos de sirenas alabando la «eficacia represora contra los delincuentes» siempre cuenten con quien quiera dejarse llevar por ellos. Afortunadamente si este obsceno y turbio asunto de las escuchas ha servido para algo es para comprobar que, al menos entre juristas, sigue habiendo uan mayoría que tiene claro este asunto. No puede decirse lo mismo de políticos y medios de comunicación, desgraciadamente. A día de hoy, la progresía del país y la prensa afín sigue dedicada a justificar la destrucción de las garantías procesales y a exigir la desaparición del derecho de defensa. No pongo enlaces porque la lista sería larga y probablemente injusto cargar las tintas en algunos textos concretos, obviando otros. Hay demasiadas salvajadas sobre este tema, escritas abandonando cualquier pretensión de racionalidad y atendiendo sólo a la trinchera partidista, como para que tenga sentido señalar alguna expresión concreta. Tienen Ustedes donde elegir. Y a buen seguro que se habrán topado con suficientes ejemplos.
– El modus operandi de la Audiencia Nacional, con las técnicas del Juez Campeador en primera línea, como no puede ser de otra manera, va generando una escuela con discípulos prestos a superar al Maestro. El último y surrealista episodio viene de Palma de Mallorca, donde según lo que se deduce de las informaciones periodísticas (lo cual, quizás, obligaría a poner la cosa en duda, pero el grado de deterioro que estamos padeciendo hace temer que no, que la cuestión no se reduce a una mala crónica periodística) un juez ha decidido no sólo grabar a un sospechoso con su abogado (abogado que, como casi siempre, nadie tiene la más mínima duda de que no participa de ninguna trama delictiva más allá de defender los intereses de su cliente) sino, además, en plan «pillo», guardarse las transcripciones como un as en la manga. De esta manera, cuando el cliente estaba declarando, con una medio sonrisa, le ha podido decir algo así como «uy, uy, uy, tengo un secretito, sé que eso no es exactamente lo que Usted le contó a su abogado».
– La reforma de la Universidad y la afección del proceso de Bolonia a la consecución de la excelencia va por buen camino: el Gobierno pretende eliminar a las bravas la tradición de que todas las tesis tengan la misma calificación de «sobresaliente cum laude«. Al margen de la indiscutible sensatez de pretender que, si se supone que hay que calificar más allá de «apto/no apto», en la práctica las calificaciones se correspondan con un mínimo de esfuerzo evaluador, va a ser divertido cómo esta reforma, si se produce, acaba generando, como siempre ocurre en la Universidad en estos casos, el conocido «efecto Pilar del Castillo» (yo he llegado a Catedrática por un sistema que, en cuanto ocupo ese puesto, entiendo demasiado poco exigente pues permite que haya muchos, demasiados -entre los que, por supuesto, no me cuento- en el cuerpo, la mayor parte sin nivel, por lo que hay que cambiar el modelo por otro más duro que, a ser posible, retrase la llegada a la Cátedra de la gente en una década o, al menos, 5 añitos respecto de lo que era habitual antes). Es decir, que me voy a pasar los próximos años de mi carrera académica escuchando a colegas (de mi generación, que hicieron, como yo, el doctorado cuando a todos nos daban la mención de honor) explicar a jóvenes profesores que su tesis fue buenísima y por eso tienen la mención de cum laude. Bienvenida sea la reforma, por las risas que nos vamos a echar.
– He publicado con el Profesor Albert Ituren, un compañero del Departamento, un pequeño comentario sobre la proyectada reforma del urbanismo valenciano. Aquí tienen el enlace. No es que cambie demasiado la cosa, que es lo que tratamos de explicar, a pesar de la habitual fanfarria que suele acompañar todo cambio legislativo. Estaría bien, en este sentido, que algún día apareciera algún jurista que sepa de verdad cómo se cuece en urbanismo en España y contara toda la verdad sobre quién y cómo se queda la plusvalía en este país y con este modelo de urbanismo. Porque la supuesta teoría (contra la que se rebelan eximios urbanistas, por cierto, luchando contra ella con una pasión que a todos los espectadores reafirma en su sensación de que, efectivamente, es una idea que se traduce a la práctica) de que es la sociedad la que ha de quedarse con las mismas y que a los propietarios el suelo se les valora por lo que es antes de cualquier operación urbanísitca es la más parecida metáfora actual del famoso traje nuevo del emperador. Por supuesto, niños y mayores, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, a la hora de la verdad, y en su vida cotidiana bien que lo demuestran, tienen, tenemos, perfectamente claro a quién va a parar la plusvalía. Que ser propietario, a efectos urbanísticos, caray, es lo importante.
Apenas dos días después de su dimisión como Director de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, a la que continúa asesorando, tenemos la ocasión, esta misma tarde, de mantener un interesante coloquio con Joan Navarro sobre estas cuestiones. A partir de una ponencia inicial sobre «Mercados digitales y propiedad intelectual», se abrirá un coloquio moderado por el Profesor José María Vidal y yo mismo, donde todos los interesados por estas cuestiones quedáis invitados a participar.
El debate-coloquio tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Filologia de la Universitat de València, esta misma tarde, jueves 25 de marzo de 2010, a partir de las 18.00 horas.
Para más detalles sobre el acto y el ponente: http://ww.uv.es/demopode
Ya he comentado en alguna ocasión la perplejidad que me generan las muchas preguntas que no acierto a responder(me) sobre qué hacen, exactamente, nuestras tropas en Afganistán. Se trata de una cuestión probablemente más política que jurídica, pero dado que la guerra y la intervención militar, las decisiones relacionadas con la misma, la adopción de éstas… sn cuestiones todas ellas jurídicamente regladas, es también pertinente plantearse si todo esto que estamos haciendo, sea más o menos cuestionable, es además legal. O no.
Por eso es interesante el recurso contencioso administrativo que la entidad Justícia i Pau de Barcelona ha interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno adoptada el 12 de febrero de 2010 de enviar un contingente de 511 militares a Afganistán. En el escrito de interposición del recurso se solicita, como medida cautelar, que se ordene la paralización del envío de tropas o, en su caso, que se ordene su vuelta a casa. El recurso, según la nota de prensa que han enviado, se basa en que la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) supone la participación en una guerra contraria al Derecho español y al Derecho internacional.
Los argumentos en que se fundamenta el recurso contencioso-administrativo son (y copio la nota de prensa):
1. El envío de tropas se ha realizado al margen de la Constitución españolacuyo artículo 63.3 establece que «Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz». Este artículo resulta aplicable porque en Afganistán se está llevando a cabo una guerra. Aunque el envío de tropas fue autorizado por el Congreso de los Diputados el día 18 de febrero, no ha intervenido ni el Senado ni el Jefe del Estado.
2. Las tropas españolas no pueden participar en una misión de la OTAN que se sitúa claramente al margen del Tratado del Atlántico Norte, ratificado por el Estado español. Los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte sólo contemplan el uso de la fuerza armada en ejercicio del derecho a la legítima defensa ante un ataque armado a una de las partes en Europa o América del Norte, y hasta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya tomado las medidas pertinentes. La ISAF se encuentra subordinada a la operación Libertad Duradera, prueba de ello es que el general Stanley A. McChrystal, es el Comandante de ambas.
3.La operación Libertad Duradera es una guerra de agresión ya que incumple de forma manifiesta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y las condiciones a que se somete el derecho de legítima defensa establecidos en los artículos 2.4 y 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
4. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autorizan el uso de la fuerza por parte de la ISAF son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no puede convalidar una guerra de agresión como es la guerra de Afganistán, ya que eso viola el contenido de la Carta de las Naciones Unidas.
Personalmente, no puedo negar que la iniciativa me parece de un enorme interés. Ya digo que no tengo muy claro qué están haciendo allí nuestras tropas. Pero el Derecho sirve, entre otras cosas, para enfrentarnos a situaciones donde prima la incertidumbre. Respecto a qué se debe hacer para afrontar un determinado conflicto, por ejemplo. Y, así, si se trata de actuar militarmente, no es ocioso respetar las formalidades jurídicas que nos hemos dado que disciplinan cómo hemos de usar nuestras Fuerzas Armadas. En concreto, por ejemplo, si materialmente lo que estamos es participando en una guerra. Porque esas formalidades son las que permiten un debate amplio y abierto, franco y lo más honrado intelectualmente posible, sobre el asunto.
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