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Quienes siguen este blog sabrán que una de las (muchas) cosas que me obsesionan es la tendencia de los ayuntamientos de nuestro país a mirar hacia otro lado cuando actividades muy molestas que una serie de señores ponen en marcha para ganar dinero (propósito muy legítimo, como es evidente, y nadie pone en duda hoy en día, pero al que no supedita todo, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico) se dedican a fastidiar la vida, el sueño, el descanso y la tranquilidad a sus vecinos. Hace más o menos un año me refería a la cuestión, con ocasión de un texto que publiqué en El País de la Comunidad Valenciana para dar cuenta del increíble desamparo de los vecinos de Ciutat Vella que luchaban contra estos atropellos en medio de la pasividad del Ayuntamiento de Valencia. Pero el tema es más global, afecta a muchas personas en toda España y va más allá de lo jurídico. Hay consideraciones sociales básicas, atinentes al grado de desarrollo humano de una sociedad, que no se pueden desconocer. Y también, claro, urge empezar a prestigiar derechos que son fundamentales (el derecho a la salud, el derecho a la intimidad) frente al único derecho que parece contar, y más en tiempos de crisis, que es el de ganar dinero, aunque sea a costa de la salud y tranquilidad de los demás.
Una primera constatación inevitable, que aparece rápidamente cuando uno analiza cómo son estas cosas en España, es que el país está todavía por civilizar. Y que como ciudadanos, por nuestra parte, estamos todavía, también, por civilizar. No puede ser que, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, aquí más de un 50% de la población, y hasta un 80% según la OMS en zonas urbanas, padezca niveles de ruido inadmisibles. Y que casi nadie se queje, porque se asume que no servirá de nada, porque se está tan psicológicamente secuestrado que esas molestias se dan por descontadas o por lo que sea. Algo falla. Esa dinámica social, donde parece que «todo vale» para poder divertirse o hacer negocio, aunque sea a costa de los demás, es insostenible. Si este país quiere ser avanzado deberá comenzar a poner en valor la calidad de vida de todos. También, por cierto, a partir de criterios económicos y por razones «de interés». Porque esa idea de que a la postre es, en el fondo, rentable exprimir a la gallina de los huevos de oro del ruido (exprimido que se hace, sobre todo, en beneficio de unos pocos) externalizando los costes pierde de vista que éstos, por mucho que puedan ser difusos, son muchos. En productividad perdida, en calidad de vida, en años de vida… Por no hablar de lo desagradable y antipático que es para las actividades creativas y de valor añadido un país donde muchísima gente no puede dormir o vivir tranquila.
Pero, por encima de esta cuestión, tenemos el tema jurídico. Un ordenamiento que protege unos derechos y una realidad que va por otro lado. Con Administraciones públicas que, lejos de comprometerse y colaborar en la defensa de los derechos de los ciudadanos y facilitar su garantía, son muchas veces las principales responsables de su maltrato. Pongamos el ejemplo de Valencia y su ayuntamiento, donde la pasividad municipal ha llevado a varias condenas judiciales que han ido imponiendo a la Administración la declaración de zonas acústicamente saturadas, algo que era una obligación directamente derivada, dada la situación, de la ley vigente, pero que se había negado a hacer. La primera, en fin, en la frente. La Administración, lejos de colaborar con la justicia y velar por el cumplimiento de la ley, se dedica a amparar y proteger a los infractores. Sólo tras años de denuncias y después de un largo y costoso procedimiento judicial logran los vecinos, y porque lo exige un juez, que se declare la situación de saturación acústica.
El segundo paso de la actuación muncipal es el que se está generalizando en estos momentos. Los jueces obligan a declarar una zona como ZAS (acústicamente saturada) y a adoptar las medidas correctoras oportunas para zanjar el problema. Pero en Valencia el Ayuntamiento ha encontrado la solución a meterse en el berenjenal de ponerse serio: disimular, hacer «como que». De modo que en lugar de una ZAS de verdad ha optado por hacer una declaración formal pero ayuna de ninguna medida restrictiva que pueda servir para corregir algo. Todo lo más declama una retahíla de medidas que ya formaban parte de la legalidad vigente y que presenta como nuevas, asegurando que «ahora sí que sí» va a ponerse serio para exigir su cumplimiento. Y nada más. Bueno, sí. Un «regalito» envenenado para los vecinos: cortar el tráfico «para que no haya ruido de coches», pues el Ayuntamiento parte de la delirante premisa de que el ruido y las molestias son esencialmente imputables al tráfico y no a los locales de ocio. Locales que, gracias a esto, disponen de la calle para montar terrazas ilegales y prolongar allí la fiesta, en la calle, algo que se ha agudizado tras la ley contra el tabaco que impide fumar dentro de los locales. En fin, una burla en toda regla ante la que los vecinos, qué remedio, no tienen otra que volver a iniciar un proceso judicial para exigir que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia, no sólo formalmente, sino materialmente, esto es, con medidas reales y efectivas para atajar la verdadera fuente de ruido.
En un alarde de desprecio por los ciudadanos y por sus derechos, ni siquiera la promesa de cumplir con las normas ya vigentes (¡ahora sí que sí!) se verifica, sino todo lo contrario. En Valencia, en Ciutat Vella, desde que está aprobada la ZAS no sólo es que sigan abiertos muchos locales sin licencia tan ricamente (por ejemplo, uno en la calle en la que vivo, que además tiene música sin estar insonorizado y nunca cierra antes de la madrugada, pero al que la policía todo se lo consiente porque, según el Ayuntamiento, «al no tener licencia no tiene horario de apertura ni obligación de insonorización», ¡olé!) o que sigan funcionando con toda normalidad los muchos que lo hacen con una licencia falsa (es legendario el caso de uno de los más conocidos pubs de la ciudad, que oficialmente es una «ensaladería»)… ¡es que están apareciendo más! Es el mundo al revés. La ZAS, como es una ZAS falsa, no mejora las cosas sino que las empeora. De nuevo en mi calle, sin ir más lejos, una supuesta tienda de ropa se dedica desde hace un par de meses a la venta de comida y bebida para llevar sin entender que la moratoria respecto de la aparición de nuevos negocios de este estilo vaya con ellos. ¡Total, si son una tienda de ropa!. Por supuesto, también el resto de locales siguen a su bola y en medio del caos y de la burla a la legalidad generalizada ya son varias las cervecerías sin ambientación musical de la calle que han dejado a sus clientes instalarse a beber en la vía pública, con la puerta abierta y la música a todo meter para que puedan estar en el pub que de facto son (aunque la licencia se empeñe en decir lo contrario… ¡pues que se fastidie la licencia!) pero al aire libre, a la fesca, fumando y con la calle para ellos, pues, eso sí, recordemos, se ha cortado diligentemente el tráfico «para minorar los ruidos y las molestias». Un esperpento en acción, diario, gentileza del Ayuntamiento de Valencia y pagado por los vecinos.
¿Qué está pasando aquí? Una primera constatación es que los niveles de descontrol e incompetencia municipales son brutales. El Ayuntamiento, de hecho, lo reconoce sin empacho alguno y suele decir que ellos son conscientes de las muchas infracciones pero que no dan abasto, que no pueden hacer nada, que «toda la ciudad está igual». Sin embargo, hay elementos que permitirían cuestionar esta explicación.
A saber, ¿por qué si hay una norma que prohíbe fumar en los locales y ésta se cumple rigurosamente y nadie se atreve a dejar fumar en su pub, sabedor de que se le puede caer el pelo, en cambio todos ponen música sin permiso y sin insonorización, instan a sus clientes a beber en la calle -lo que también está prohibido por una ley autonómica- y cierran a la hora a la que les da la gana? Pues, como bien intuye cualquiera con dos dedos de frente, porque se sanciona según, cómo y por las razones que a la Administración interesan. Han decidido ponerse serios con lo del tabaco y los resultados son inmediatos. Con todo lo demás no hay ni un minimo atisbo de cumplimiento de la norma simplemente porque no desean hacerla cumplir.
Resulta evidente, por ello, que lo que está ocurriendo no es imposible de evitar y que se explica exclusivamente por una voluntad constante y reiterada del Ayuntamiento de dar cobertura a un sector, el de la hostelería del copazo y la borrachera, que tiene integrado como elemento estructural de su actividad el incordiar a los demás y conculcar derechos de otras personas. La cuestión, entonces, pasa a ser preguntarnos, como Mourinho, ¿por qué? ¿A santo de qué este sistemático desprecio a los ciudadanos para que unos pocos ganen dinero?
Caben, por supuesto, dos hipótesis. Una. más benévola, sería la que diría que, simplemente, estamos ante la descomunal incompetencia e inacción derivada de que, en el fondo, desde nuestros Ayuntamientos no se ven estas cosas como algo tan grave. Con esto de la crisis, además, pensarían que «pobres hosteleros», que lo están pasando muy mal, que no hay que «pasarse» con ellos. Y parecería que creen firmemente que la cochambrosa imagen nocturna de la ciudad sirve de atractivo turístico que reactivaría la economía de muchos negocios en la ciudad. Angelitos. Según su silogismo, aunque los costes los soporten los vecinos y el erario público (masacrado a limpiar porquería y a reparar mobiliario y jardines) y los beneficiacios sean mayoritariamente gente de fuera (turistas que vienen a emborracharse aquí y a hacer el bestia como no pueden hacerlo en sus países de origen, así como los propietarios de la mafia del copazo, que son en su mayoría ricachos que ponen a trabajar a jovencitos sin contrato mientras ellos viven en chalets fuera de la ciudad), en el fondo, por algún motivo, creen que compensa. Y hala, a putear a los vecinos para lograr estos objetivos. ¡Total, como no se quejan y siguen votando a los torturadores!
Obviamente, los números no avalan esta impresión de que la cosa sea rentable y ponen de manifiesto la escasa importancia económica del sector. Los cálculos más optimistas estiman que las Adminstraciones Públicas sacan unos dos millones de euros al año en impuestos y tasas con la hostelería de Ciutat Vella. Sólo el refuerzo en limpieza se lleva más dinero. Los empleos cotizados generados no llegan ni a un centenar de contratos a tiempo completo, agregando todos los datos. Vamos, que cerrando todos los locales y poniendo un Mercadona de tamaño grande en el barrio se genera mayor actividad económica y empleo, amén de servir para «hacer barrio» mucho más que su okupación consentida por la mafia del copazo. Claro, que hablamos de actividad económica y de ocupación… legal.
Porque es evidente que, como todos sabemos, actividad económica y empleo no declarado lo hay por encima de esas cifras. Pero llama la atención que se sacrifiquen derechos de los ciudadanos tan alegremente para garantizar este flujo de beneficios opacos fiscalmente y sostener puestos de trabajo que no son tales sino explotación desvergonzada. Si el argumento de que la rentabilidad económica justificaría limitar derechos fundamentales de los ciudadanos es impresentable y cae por su propio peso en el descrédito, más todavía lo es cuando, además, esos supuestos beneficios son oscuros, negros, negrísimos y amparan prácticas defraudatorias y de precarización.
Una segunda lectura, más cínica, nos lleva a concluir que tales niveles de desvergüenza e incompetencia no son los normales ni siquiera en unos ayuntamientos como los nuestros. Que, por ejemplo, por mucho que el Ayuntamiento de Valencia estuviera totalmente plagado de burros y de ignorantes, de vagos y de haraganes, sería imposible llegar a unos resultados tan pésimos si no fuera porque, en el fondo, se trabaja consciente y activamente para conseguir esta situación. Es decir, porque se funciona voluntariamente para ir contra el ordenamiento jurídico y las leyes. Un comportamiento que sólo se explica si se mete dinero, ilegalmente, para «incentivarlo». Es decir, y en resumen, que un cínico nos diría que tanto no se puede meter la pata y que esto sólo se explica si alguien (y no una o dos personas, sino bastantes más) está, más bien, metiendo la mano. Una sospecha avalada por la chulería de los hosteleros cuando responden a las quejas vecinales, por las amenazas a veces muy explícitas que reciben los que denuncian locales ilegales y por las propias advertencias de la policía de «mejor no te metas en líos, que denunciar no te va a servir de nada a pesar de que el tío esté en plan ilegal y sólo te puede traer problemas», al más puro estilo Chicago años 30, que todos los vecinos de Ciutat Vella se han escuchado alguna vez (cuando no han experimentado las consecuencias en forma de acoso de todo tipo a ellos y a sus familias, mientras la Policía Local te dice que sí, que ellos saben que todo eso pasa, pero que no pueden hacer nada… y se van a tomar una copichuela gratis al acabar el servicio al bar que no tiene licencia, que a esas horas ya debería estar cerrado y que reparte listados entre algunos clientes con las direcciones de los vecinos que denuncian para que llamen a los telefonillos de madrugada).
Pues bien, convendría que el Ayuntamiento de Valencia se empezara a mirar este tema muy en serio. El descontrol en el servicio de licencias es tan patente que ya no se puede esconder. La colaboración con los infractores tan escandalosa que tarde o temprano esto tiene que explotar. De hecho, parece que el show ya ha empezado y con un poco de suerte cogerá la cosa carrerilla. Porque con la crisis la gente paga menos. Y los mecanismos tan bien engrasados de estos años empiezan a fallar. Sólo unos ejemplos de las últimas semanas:
– ¿Cómo es posible que locales sin licencia funcionen sin problemas durante años y años sin ser cerrados, en contra de lo que disponen las ordenanzas municipales, y por muchas molestias y denuncias que generen? Ya digo que esta situación es muy frecuente. Por ejemplo en mi calle hay varios casos, algunos incluso posteriores a la ZAS. Pero al parecer hay mecanismos para lograr esto. Y que todos los hosteleros se conocen al dedillo. Los creadores de riqueza, es lo que tienen. Que son emprendedores, están al día, y que se las saben todas.
– ¿Cómo es posible que las denuncias vecinales y la constatación de flagrantes ilegalidades no supongan problema alguno para los locales ni comporten su cierre si se demuestran reales? Pues porque el Ayuntamiento, según dice, se niega a cerrar locales, afirmando que no tiene competencia (en contra de lo que dicen sus propias normas) y remitiéndose a lo que decida en 5 ó 6 años un juez. Si hay ganas de iniciar un procedimiento judicial y algo de suertecilla. De locos, vamos. Ahora bien, como es obvio, el Ayuntamiento de Valencia no funciona siempre así. Cuando interesa sí se tiene claro qué es eso de la autotutela ejecutiva y de la diferencia entre medidas de policía y sancionadoras. Por ejemplo, si alguien denuncia en los medios de comunicación que le han pedido dinero para legalizar el local, entonces sí, entonces sí se cierra. Alucinante, pero cierto. En esos casos el Ayuntamiento sí tiene claro que es competente y que puede hacerlo. Pero sólo en esos.
– ¿Cómo es posible que no se multe a los pubs que venden alcohol para consumo en la calle, que montan terrazas ilegales en la vía pública, que tienen música sin permiso, que cierran a la hora que les da la gana? Pues porque no se puede controlar todo, ni siquiera tras denuncia de particular. Ya saben, no se da abasto, todala ciudad está así, y bl, bla, bla… Y porque la política del ayuntamiento es multar sólo si las molestias son gravísimas, pues con lo mal que está todo lo que hay que hacer es centrarse en lo más grave (una media de 200 denuncias diarias sólo para el perímetro ZAS de Ciutat Vella por lo visto no entra en esa categoría). Pero, sin embargo, a veces, no hay empacho alguno para multar. Porque poder, se puede. La cuestión es querer. Lo curioso es lo selectivo de la volición municipal. Ahora no, ahora no, ahora tampoco… uy, ahora no, ahora no… ¿y ahora, de repente, sí? ¡Qué cosas!
Y la duda de fondo que se le queda a uno es la misma siempre. ¿Por qué a veces se quiere, muy pocas, eso sí, pero generalmente no? ¿Es normal, es regular, que sólo se cierren locales cuando éstos denuncian extorsiones? ¿Nadie pretende hacer cumplir normas de cuyo buen funcionamiento dependen derechos como la salud y el descanso de la gente? ¿De verdad esto es sólo incompetencia? Pero, aún así, asumiendo que esto se deba únicamente a mala organización, descontrol e incapacidad, ¿de verdad pensamos que podemos seguir así?
11 comentarios en Ruido, pasividad municipal y… ¿corrupción?
Comentarios cerrados para esta entrada.
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Ya sé que está muy feo, pero… ¿un bidón de gasolina?
Comentario escrito por NiNeu — 31 de mayo de 2011 a las 5:25 pm
Ya en serio, el tema es que la corrupción ha alcanzado tales cotas, el cancer está tan extendido, que en alguna parte hay que amputar.
El cómo, ni idea. No soy de leyes. ¿No es posible actuar contra algunos responsables (personas físicas) del ayuntamiento, por dejación de sus obligaciones?
Como bien has comentado, hasta que se quiera, creo que no hay nada que hacer.
Comentario escrito por NiNeu — 31 de mayo de 2011 a las 5:28 pm
Conviene recordar, para que no parezca que esto es cosa del PP, cuál fue la reacción del inefble PSPV de la ciudad de Valencia cuando un juez condenó al ayuntamiento por no decretar la zona ZAS: salió la concejala encargada en el PSOE de temas de ruido, Carmiña del Río, a decir que era una vergüenza estigmatizar a la ciudad y a los empresarios del ocio, que Valencia tenía una hstelería cojonuda y que había que defenderla a muerte y cosas de esas.
Brutal. El PSPV debe de ser el único partido del mundo que condenan a la alcaldesa del otro partido por incumplir de manera grave la ley violando los derechos de los vecinos, algunos tan importantes como el derecho a la salud y que lo que hace es constituirse en batallón de rescate del gobierno municipal. Obviamente, la pasta que manejan los hosteleros para comprar publicidad y demás es mucha más que la que tienen las asociaciones de vecinos.
Comentario escrito por Indignado — 31 de mayo de 2011 a las 5:47 pm
Impecable y triste relato, aunque dé cuenta de situaciones tan esperpénticas como las enlazadas. Es llamativo, la verdad, el bajísimo nivel democrático y ético de nuestras administraciones locales.
Comentario escrito por Juan.es — 31 de mayo de 2011 a las 9:45 pm
Tienes toda la razón del mundo para protestar de que en Ciutat vella hay mucho ruido de fiesta. Que muchos locales se pasan la legalidad por el forro. Que posiblemente es así porque es un negocio que da pasta a quién interese.
Pero a pocos pasos de Ciutat vella encontrarás unas estupendas rondas que tienen tráfico de día y de noche. A mí, personalmente, que he vivido cerca de una me resultaba muy difícil dormir. Adicionalmente, si en el barrio había alguna verbena, cosa que no es infrecuente, pues más de lo mismo.
En resumen, caca, pedo, culo, pis. Sin un urbanismo que eche a patadas a vehículos y festeros no hay nada que hacer. Y excepto en Donostia, esta no parece ser la tónica en la península.
Comentario escrito por Gekokujo — 01 de junio de 2011 a las 5:25 am
Nuevo palo judicial al Ayuntamiento de Valencia y nuevo éxito de Amics del Carme:
http://www.levante-emv.com/valencia/2011/06/01/tsj-obliga-eliminar-tres-puntos-ordenanza-municipal-ruido/811865.html
El Ayuntamiento se montó una modificación de la ordenanza alucinante (pretendía «multar» a los denunciantes, así como no cerrar los locales que generaban molestias) y se han delcarado ilegales esas pretensiones.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 01 de junio de 2011 a las 9:47 am
Mi consejo es que en plan Charles Bronson en «Deathwish» comience a tomarse la justicia por su mano.
Adquiera una Colt modelo «Python» y que empiece el desmierde…
Comentario escrito por Garganta Profunda — 02 de junio de 2011 a las 10:19 am
Mi solidaridad y ánimo a Andrés. No vivo en Valencia, pero es que en mi pueblo los sucesivos concejales de festejos se han dedicado a bombardearnos con decibelios desde que tengo uso de razón, con los vecinos de una calle (siempre la misma) llamándoles para que bajen de una puta vez el volumen de los altavoces, que van a dejar sordos a todo el que se acerque y resquebrajados los cristales de las viviendas, y a la siguiente vuelven a hacerlo. ¿Querrán expulsarnos para recalificar todo y construir Delta City sobre el Viejo Detroit? ¿Donde está Robocop cuando se le necesita?
Por cierto, hablando de negligencias inexplicables: ¿Cómo calificar lo de la auténtica infestación de gorrillas en el Paseo Maritimo, cercanías de hospitales, Blasco Ibañez, etc? Porque eso de que «no se puede hacer nada» no se lo cree ni su madre. Anda que cuando vino el Campechano a la copa america no los hicieron desaparecer como por arte de magia.
Un indignado.
Comentario escrito por Pogrom Pom Pom — 02 de junio de 2011 a las 9:28 pm
Si las Exposiciones de Motivos de las leyes reflejan «el espíritu del legislador» conviene recordar que en nuestra Ley 37/2003, llamada «del ruido» se dice que «interesa justificar la exclusión del alcance de la Ley de la contaminación acústica originada en la práctica de actividades domésticas o las relaciones de vecindad, siempre y cuando no exceda los límites tolerables de conformidad con los usos locales. En la tradición jurídica española y de otros países de nuestro entorno más próximo, las relaciones de vecindad han venido aplicando a todo tipo de inmisiones, incluidas las sonoras, un criterio de razonabilidad que se vincula a las prácticas consuetudinarias del lugar. Parece ajeno al propósito de esta Ley alterar este régimen de relaciones vecinales, consolidado a lo largo de siglos de aplicación, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido de esta Ley en nada modifica la plena vigencia de los tradicionales principios de convivencia vecinal». En pocas palabras, como desde hace siglos hemos construido nuestra «convivencia vecinal» a gritos, ¿qué derecho hay a reclamar silencio?
Comentario escrito por Miguel Presno — 04 de junio de 2011 a las 1:19 pm
Bien visto, Miguel, aunque, la verdad, qué quieres que te diga… ¡si se aplicara a los locales de ocio (al menos, en Valencia) la mitad de exigencia que se aplica a los vecinos, ya nos daríamos con un canto en los dientes!
Porque aquí lo sorprendente es que, y más todavía con esto de la crisis, parece que el único derecho fundamental que tenemos reconocido es el de ganar dinero y, a tal fin, hacer lo que nos dé la gana.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 04 de junio de 2011 a las 9:14 pm
En efecto, lo del ruido es algo escandaloso. Yo vivo cerca de un casal, y me he quejado por escrito varias veces al Ayto ya, y he llamado otras tantas a la Policía Local, por el ruido insoportable que de vez en cuando meten. Porque sí, porque les da la gana. Pero no pasa nada, esta gente tiene patente de corso para joder a los vecinos, hasta la madrugada, queramos o no queramos. Total, para comerse un plato de arroz de pie y estar fumando en la calle del casal. Vamos, de horteras y bobos. Pero ¡cualquiera se mete en los ayuntamientos con los «todopoderosos» casales falleros y la tropa que los habita!
Comentario escrito por Ximo García — 25 de junio de 2011 a las 7:25 am